Ley 4/2024, de 9 de mayo, de medidas tributarias, financieras y administrativas

�2. Nacimiento o adopci髇 en el medio rural:

Los contribuyentes residentes en municipios o entidades locales menores cuya poblaci髇 no exceda de 5.000 habitantes podr醤 deducirse por cada hijo nacido o adoptado durante el periodo impositivo que genere el derecho a la aplicaci髇 del m韓imo por descendiente las siguientes cantidades:

• – 1.420 euros si se trata del primer hijo.
• – 2.070 euros si se trata del segundo hijo.
• – 3.300 euros si se trata del tercer hijo o sucesivos�.

�1. Por adquisici髇 o rehabilitaci髇 de la vivienda habitual por j髒enes en el medio rural.

Los contribuyentes que durante el per韔do impositivo satisfagan cantidades por la adquisici髇 o rehabilitaci髇 de la vivienda que vaya a constituir su residencia habitual en el territorio de la Comunidad de Castilla y Le髇 podr醤 deducirse el 15% de las cantidades satisfechas siempre que se cumplan, simult醤eamente, los siguientes requisitos:

• a) Que los contribuyentes tengan su residencia habitual en la Comunidad de Castilla y Le髇 y que a la fecha de devengo del impuesto tengan menos de 36 a駉s.
• b) Que se trate de su primera vivienda.
• c) Que la vivienda est� situada en un municipio o en una entidad local menor de la Comunidad de Castilla y Le髇 que en el momento de la adquisici髇 o rehabilitaci髇 no exceda de 10.000 habitantes, con car醕ter general, o de 3.000 habitantes, si dista menos de 30 kil髆etros de la capital de la provincia, y tenga un valor, a efectos del impuesto que grave su adquisici髇, menor de 150.000,00 euros.
• d) Que se trate de una vivienda de nueva construcci髇 o de una rehabilitaci髇 conforme al concepto establecido en el apartado 6 de este art韈ulo.
• e) Que la adquisici髇 o rehabilitaci髇 de la vivienda se produzca a partir del 1 de enero de 2023.

La base m醲ima de esta deducci髇 ser� de 10.000 euros anuales y estar� constituida por las cantidades satisfechas para la adquisici髇 o rehabilitaci髇 de la vivienda, incluidos los gastos originados que hayan corrido a cargo del adquirente y, en el caso de financiaci髇 ajena, la amortizaci髇, los intereses, el coste de los instrumentos de cobertura del riesgo de tipo de inter閟 variable de los pr閟tamos hipotecarios regulados en el art韈ulo decimonoveno de la Ley 36/2003, de 11 de noviembre, de Medidas de Reforma Econ髆ica, y dem醩 gastos derivados de la misma. En caso de aplicaci髇 de los citados instrumentos de cobertura, los intereses satisfechos por el contribuyente se minorar醤 en las cantidades obtenidas por la aplicaci髇 del citado instrumento.

La aplicaci髇 de esta deducci髇 requerir� que el importe comprobado del patrimonio del contribuyente al finalizar el per韔do de la imposici髇 exceda del valor que arrojase su comprobaci髇 al comienzo del mismo al menos en la cuant韆 de las inversiones realizadas, sin computar los intereses y dem醩 gastos de financiaci髇. A estos efectos, no se computar醤 los incrementos o disminuciones de valor experimentados durante el per韔do impositivo por los elementos patrimoniales que al final del mismo sigan formando parte del patrimonio del contribuyente.

2. Por actuaciones de rehabilitaci髇 subvencionadas en el marco de planes estatales o auton髆icos de vivienda destinadas a la mejora de la eficiencia energ閠ica, la sostenibilidad y la adecuaci髇 a la discapacidad de la vivienda habitual.

Los contribuyentes que realicen actuaciones de rehabilitaci髇 de viviendas situadas en la Comunidad de Castilla y Le髇 que constituyan o vayan a constituir su vivienda habitual y que sean subvencionadas en el marco de programas regulados en planes estatales o auton髆icos de vivienda, podr醤 deducirse el 15 % de las siguientes inversiones:

• a) Instalaci髇 de paneles solares, a fin de contribuir a la producci髇 de agua caliente sanitaria demandada por las viviendas, en un porcentaje, al menos, del 50 por ciento de la contribuci髇 m韓ima exigible por la normativa t閏nica de edificaci髇 aplicable.
• b) Cualquier mejora en los sistemas de instalaciones t閞micas que incrementen su eficiencia energ閠ica o la utilizaci髇 de energ韆s renovables.
• c) La mejora de las instalaciones de suministro e instalaci髇 de mecanismos que favorezcan el ahorro de agua, as� como la realizaci髇 de redes de saneamiento separativas en el edificio que favorezcan la reutilizaci髇 de las aguas grises en el propio edificio y reduzcan el volumen de vertido al sistema p鷅lico de alcantarillado.
• d) Las obras e instalaciones de adecuaci髇 necesarias para la accesibilidad y comunicaci髇 sensorial que facilite el desenvolvimiento digno y adecuado de uno o varios ocupantes de la vivienda que sean discapacitados, siempre que 閟tos sean el contribuyente o su c髇yuge o un pariente, en l韓ea directa o colateral, consangu韓ea o por afinidad, hasta el tercer grado inclusive.

La base de esta deducci髇 estar� constituida por las cantidades realmente satisfechas por el contribuyente para la realizaci髇 de las inversiones, con el l韒ite m醲imo de 20.000 euros.

La deducci髇 se practicar� en el ejercicio en el que se perciba el pago de la subvenci髇 concedida para la actuaci髇 de rehabilitaci髇 de la vivienda habitual, en los t閞minos previstos en la normativa reguladora de la citada subvenci髇.

3. Por rehabilitaci髇 de viviendas en el medio rural destinadas a su alquiler.

Los contribuyentes que realicen actuaciones de rehabilitaci髇 de viviendas que cumplan los requisitos establecidos en la letra c) del apartado 1 de este art韈ulo podr醤 deducirse el 15% de las cantidades invertidas cuando concurran las siguientes condiciones:

• a) Que durante los cinco a駉s siguientes a la realizaci髇 de las actuaciones de rehabilitaci髇 la vivienda se encuentre alquilada a personas distintas del c髇yuge, ascendientes, descendientes o familiares hasta el tercer grado de parentesco del propietario de la vivienda, sin perjuicio de lo previsto en la letra siguiente.
• b) Que, si durante los cinco a駉s previstos en la letra anterior se produjeran periodos en los que la vivienda no estuviera efectivamente alquilada, la vivienda se encuentre ofertada para el alquiler de acuerdo con las instrucciones que en gesti髇 de este impuesto se dicten mediante orden de la consejer韆 competente en materia de hacienda.
• c) Que el importe del alquiler mensual no supere los 300 euros.
• d) Que la fianza legal arrendaticia se encuentre depositada conforme lo establecido en la normativa aplicable.

La base de esta deducci髇 estar� constituida por las cantidades realmente satisfechas por el contribuyente para la realizaci髇 de las actuaciones de rehabilitaci髇, con el l韒ite m醲imo de 20.000 euros.

4. Por el arrendamiento de la vivienda habitual por j髒enes.

Los contribuyentes menores de 36 a駉s que durante el per韔do impositivo satisfagan cantidades en concepto de alquiler de su vivienda habitual situada en Castilla y Le髇 podr醤 deducirse el 20 % de las cantidades satisfechas con un l韒ite de 459 euros, con car醕ter general.

5. Por el arrendamiento de la vivienda habitual por j髒enes en el medio rural.

El porcentaje establecido en el apartado anterior ser� el 25% con un l韒ite de 612 euros cuando la vivienda habitual se encuentre situada en un municipio o en una entidad local menor de la Comunidad de Castilla y Le髇 que no exceda de 10.000 habitantes, con car醕ter general, o de 3.000 habitantes, si dista menos de 30 kil髆etros de la capital de la provincia.

El importe deducible por el contribuyente por aplicaci髇 de los apartados 4 y 5 anteriores no podr� superar la diferencia entre las cantidades efectivamente satisfechas por el mismo en concepto de renta de alquiler y el importe del total de las ayudas que perciba de cualquier administraci髇 o ente p鷅lico por dicho concepto.

6. Concepto de rehabilitaci髇 de viviendas.

A efectos de la aplicaci髇 de los apartados 1 y 3 de este art韈ulo, el concepto de rehabilitaci髇 de viviendas es el recogido en el art韈ulo 20. Uno.22. B de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor A馻dido, o norma que le sustituya�.

• 玤) Las cantidades destinadas por el contribuyente a la adquisici髇 de un veh韈ulo turismo nuevo que tenga la consideraci髇 de veh韈ulo el閏trico puro o de veh韈ulo el閏trico con autonom韆 extendida o de veh韈ulo h韇rido enchufable con autonom韆 en modo el閏trico de m醩 de 40 kil髆etros. El importe m醲imo de la deducci髇, que se prorratear�, en su caso, entre los adquirentes, ser� de 4.000 euros por veh韈ulo y su aplicaci髇 est� sujeta al cumplimiento de las siguientes condiciones:
  • – El valor de adquisici髇 del veh韈ulo, impuestos incluidos, no podr� superar los 40.000 euros.
  • – El veh韈ulo adquirido no podr� estar afecto a actividades profesionales o empresariales, cualquiera que sea el titular de estas actividades.
  • – La deducci髇 solamente ser� de aplicaci髇 en el periodo impositivo en el cual se matricule el veh韈ulo cuya adquisici髇 genera el derecho a aplicar la deducci髇.
  • – El veh韈ulo adquirido deber� mantenerse en el patrimonio del contribuyente al menos durante cuatro a駉s desde su adquisici髇.
  
  En el supuesto de que el contribuyente tuviera derecho a la deducci髇 a que se refiere la Disposici髇 adicional quincuag閟ima octava de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas F韘icas y de modificaci髇 parcial de las leyes de los impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, la cuant韆 de la misma minorar� el importe m醲imo de deducci髇 de 4.000 euros establecido en el p醨rafo anterior�.

�4. La aplicaci髇 de cualquiera de las deducciones reguladas en este cap韙ulo requerir� justificaci髇 documental adecuada a la deducci髇. En concreto:

• a) El contribuyente que opte por la aplicaci髇 de la deducci髇 por familia numerosa deber� estar en posesi髇 del documento acreditativo expedido por el 髍gano de esta Comunidad competente en la materia.
• b) El contribuyente que se aplique las deducciones reguladas en las letras c), d) y e) del art韈ulo 9 deber� estar en posesi髇 de la justificaci髇 documental a que se refiere la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de R間imen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo.
• c) El grado de discapacidad se acreditar� mediante certificaci髇 expedida por el 髍gano competente en la materia.
• d) La adquisici髇 por el contribuyente de un veh韈ulo que genere el derecho a la aplicaci髇 de la deducci髇 establecida en la letra g) del art韈ulo 9, la fecha de esta adquisici髇 y la cantidad efectivamente satisfecha por el contribuyente se acreditar醤 mediante factura.
• e) La acreditaci髇 de que la rehabilitaci髇 de la vivienda habitual se ha realizado en el marco de programas regulados en planes estatales o auton髆icos de vivienda, se realizar� mediante justificante de la transferencia bancaria emitida por el 髍gano gestor de dichos programas en pago de la subvenci髇 que los financia.�.

• 玜) Se asimilan a los c髇yuges los miembros de uniones de hecho que hayan tenido convivencia estable de pareja durante, al menos, dos a駉s anteriores a la fecha de devengo del impuesto y cuya uni髇 se haya inscrito en el Registro de Uniones de Hecho de Castilla y Le髇 o en registros an醠ogos de otras administraciones p鷅licas, tanto de estados miembros de la Uni髇 Europea como pertenecientes al Espacio Econ髆ico Europeo.�

玈e establece una bonificaci髇 en la cuota del impuesto del 100 por 100 aplicable en la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas a los arrendamientos de fincas r鷖ticas, siempre que el arrendatario tenga la condici髇 de agricultor, en situaci髇 de alta en la Seguridad Social por su actividad agraria, en el R間imen Especial de Trabajadores Aut髇omos (RETA) o en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agraria (SETA), y sea titular de una explotaci髇 agraria a la que queden afectos los elementos arrendados�.

1. Se establece una bonificaci髇 en la cuota del impuesto del 50 por ciento aplicable en la modalidad de Actos Jur韉icos Documentados para las primeras copias de escrituras y actas notariales que documenten los actos de agrupaci髇, agregaci髇, segregaci髇 y divisi髇 que se efect鷈n sobre suelos destinados a uso industrial o terciario.

2. La aplicaci髇 de la bonificaci髇 prevista requerir� que en la escritura o acta notarial que documenta el acto de agrupaci髇, agregaci髇, segregaci髇 o divisi髇 quede expresamente recogido que el suelo sobre el que se act鷄 est� destinado a uso industrial o terciario.�

�1. Para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes y el acceso telem醫ico de los documentos a los registros p鷅licos, las personas titulares de notar韆s con destino en la Comunidad de Castilla y Le髇 remitir醤, por v韆 telem醫ica, al 髍gano directivo central competente en materia de tributos un documento informativo de los elementos b醩icos de las escrituras por ellas autorizadas, as� como la copia electr髇ica de las mismas�.

• 玝) Respecto al cumplimiento de las obligaciones de las personas titulares de notar韆s de proporcionar la informaci髇 prevista en el art韈ulo 32.3 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y en el art韈ulo 52 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur韉icos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, cuya remisi髇 podr� efectuarse en soporte directamente legible por el ordenador o mediante transmisi髇 por v韆 telem醫ica, las condiciones y dise駉, circunstancias y plazos en que esta forma de presentaci髇 sea obligatoria�.

�5. Con independencia de las eventuales actualizaciones anuales de las tarifas, en cualquier momento, a propuesta de la consejer韆 competente por raz髇 de la materia o de la consejer韆 competente en materia de hacienda, se podr醤 revisar las cuotas de las tasas para garantizar el cumplimiento de los requisitos de cuantificaci髇 establecidos en el art韈ulo 11 de esta ley. A este fin, se evaluar� el coste del servicio, actividad o prestaci髇 vinculada a la tasa y el resto de los elementos de cuantificaci髇 recogidos en el art韈ulo 11 de esta ley aplicando el procedimiento que establezca la consejer韆 competente en materia de hacienda mediante orden.

La aprobaci髇 de las cuotas revisadas se podr� realizar por orden de la consejer韆 competente en materia de hacienda�

�3. Con independencia de las actualizaciones anuales previstas en el apartado anterior, en cualquier momento, a propuesta de la consejer韆 competente por raz髇 de la materia o de la consejer韆 competente en materia de hacienda, se podr醤 revisar los importes de los precios p鷅licos para garantizar el cumplimiento de los requisitos de cuantificaci髇 establecidos en el art韈ulo 19 de esta ley. A este fin, se evaluar� el coste del servicio o actividad vinculada al precio y el resto de los elementos de cuantificaci髇 recogidos en el art韈ulo 19 de esta ley aplicando el procedimiento que establezca la consejer韆 competente en materia de hacienda mediante orden.�

玊asa por la participaci髇 en las pruebas de selecci髇 para acceder a la condici髇 de personal al servicio de la Administraci髇 de la Comunidad y en pruebas de selecci髇 convocadas y gestionadas por la Administraci髇 de la Comunidad mediante convenio para acceder a otras Administraciones P鷅licas.�

獵onstituye el hecho imponible de la tasa la actividad administrativa derivada de la participaci髇 como aspirantes en las pruebas selectivas de acceso a los Cuerpos y Escalas de funcionarios, a las categor韆s de personal estatutario o las categor韆s de personal laboral convocadas por la Administraci髇 de la Comunidad de Castilla y Le髇, as� como en las pruebas selectivas de acceso a otras Administraciones P鷅licas, convocadas y gestionadas por la Administraci髇 de la Comunidad mediante convenio.�

�4. En el caso de tratarse de una prueba de selecci髇 convocada y gestionada por la Administraci髇 auton髆ica mediante convenio para la cobertura de plazas de los Cuerpos de Polic韆 Local de ayuntamientos de la Comunidad de Castilla y Le髇: 38 euros.�

�13. Tramitaci髇 de expedientes de autorizaciones administrativas en materia de industria, incluida, en su caso, la inscripci髇 en el registro: se aplicar醤 las cuant韆s del apartado 1.a) que correspondan por cada proyecto.�

�13 bis. Tramitaci髇 de expedientes de autorizaci髇 administrativa previa o autorizaci髇 administrativa de construcci髇 de instalaciones en materia de energ韆, seg鷑 los siguientes tramos:

Siendo N el presupuesto del proyecto, expresado en miles de euros.

En el caso de tramitaci髇 conjunta de autorizaci髇 administrativa previa y de construcci髇, solo se abonar� una tasa.�

獵onstituye el hecho imponible de esta tasa la actividad administrativa realizada para la inscripci髇 o la renovaci髇 y actualizaci髇 de certificado de eficiencia energ閠ica de edificio existente o parte del mismo, o de certificado de eficiencia energ閠ica de obra terminada, en el Registro P鷅lico de Certificaci髇 de Eficiencia Energ閠ica de Edificios de Castilla y Le髇.�

• 玠) A los consorcios adscritos a la Comunidad, el t韙ulo I; el cap韙ulo III del t韙ulo III; el t韙ulo IV; la secci髇 2.� del cap韙ulo II del t韙ulo V; el art韈ulo 199; el t韙ulo VI; el cap韙ulo IV del t韙ulo VII, y el t韙ulo VIII.
• e) A las entidades a que se refiere la letra f) del apartado 2 del art韈ulo 2, el t韙ulo I; el cap韙ulo III del t韙ulo III; el cap韙ulo I, los principios establecidos en el cap韙ulo VI y las normas de procedimiento de gesti髇 de los gastos del cap韙ulo VII del t韙ulo IV; la secci髇 2.� del cap韙ulo II del t韙ulo V; el art韈ulo 199; el t韙ulo VI; el cap韙ulo IV del t韙ulo VII, y el t韙ulo VIII.�

獿os escenarios presupuestarios plurianuales estar醤 integrados por un escenario presupuestario de ingresos, un escenario presupuestario de gastos y los programas de actuaci髇 plurianual de las empresas p鷅licas, las fundaciones p鷅licas y las dem醩 entidades pertenecientes al sector p鷅lico de la Comunidad con su mismo r間imen presupuestario.�

1. Las empresas p鷅licas, las fundaciones p鷅licas y las dem醩 entidades pertenecientes al sector p鷅lico de la Comunidad con su mismo r間imen presupuestario elaborar醤 anualmente un programa de actuaci髇 plurianual integrado por una previsi髇 de la cuenta de resultados y del cuadro de financiaci髇 relativa a los tres ejercicios inmediatamente siguientes, de acuerdo con los objetivos definidos para la entidad.�

�1. La Consejer韆 de Hacienda determinar� la estructura de los escenarios presupuestarios plurianuales, el procedimiento para elaborarlos, la documentaci髇 necesaria que se ha de aportar, as� como los plazos para formularla.

Las Consejer韆s remitir醤 a la Consejer韆 de Hacienda sus propuestas de programaci髇 plurianual relativas a los tres ejercicios siguientes. Se incluir醤 tambi閚 las correspondientes a los organismos aut髇omos, entes p鷅licos de derecho privado, entidades y 髍ganos con presupuesto limitativo y empresas y fundaciones p鷅licas y dem醩 entidades con su mismo r間imen presupuestario adscritas o vinculadas a ellas�.

• 玠) Los presupuestos de explotaci髇 y los de capital de las empresas p鷅licas, las fundaciones p鷅licas y las dem醩 entidades pertenecientes al sector p鷅lico de la Comunidad con su mismo r間imen presupuestario, excepto cuando hayan sido constituidas por las universidades p鷅licas de acuerdo con su normativa espec韋ica y no participen en la dotaci髇 fundacional en m醩 del cincuenta por ciento, globalmente considerado, otras entidades del sector p鷅lico auton髆ico.�

• 玝) Los gastos e ingresos y las operaciones de inversi髇 y financieras que se realicen en el ejercicio por las empresas p鷅licas, las fundaciones p鷅licas y las dem醩 entidades pertenecientes al sector p鷅lico de la Comunidad con su mismo r間imen presupuestario, excepto cuando hayan sido constituidas por las universidades p鷅licas de acuerdo con su normativa espec韋ica y no participen en la dotaci髇 fundacional en m醩 del cincuenta por ciento, globalmente considerado, otras entidades del sector p鷅lico auton髆ico�.

獷stas limitaciones no se aplicar醤 a los compromisos derivados de la carga financiera de la deuda y de los arrendamientos de inmuebles y de equipos, incluidos los contratos mixtos de arrendamiento y adquisici髇, ni a los gastos de n髆ina y seguridad social, en los que s髄o se autorizar醤 los correspondientes al ejercicio en curso, aunque los nombramientos o contratos tengan car醕ter indefinido o excedan del ejercicio presupuestario. Tampoco se aplicar醤 estas limitaciones a los gastos financiados con recursos finalistas concedidos dentro del Plan de Transformaci髇, Recuperaci髇 y Resiliencia y tampoco a aquellos gastos financiados totalmente con otros recursos finalistas concedidos, no computando a efectos del c醠culo de los porcentajes del apartado 2 de este art韈ulo ni los compromisos ni los cr閐itos iniciales definidos a nivel de vinculante financiados con ambos recursos finalistas. Para acreditar dicha financiaci髇 ser� suficiente una certificaci髇 del Servicio o Unidad que tenga atribuida la gesti髇 econ髆ica del centro gestor instructor del expediente�.

�1. La Junta de Castilla y Le髇, en casos especialmente justificados, podr� autorizar, a propuesta del titular de la Consejer韆 de Hacienda, el incremento del n鷐ero de anualidades, la superaci髇 de los porcentajes establecidos en los art韈ulos 111 y 112 y la autorizaci髇 y adquisici髇 de compromisos de gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores en el caso de que no exista cr閐ito inicial.

2. Las modificaciones de los compromisos autorizados por la Junta de Castilla y Le髇 en anualidades posteriores a las previstas en los art韈ulos 111 y 112, que supongan incremento de los importes en alguna de las anualidades, requerir醤 nueva autorizaci髇.

3. Las autorizaciones a que se refiere el apartado anterior se producir醤 a iniciativa del consejero correspondiente, previos los informes que se estimen oportunos y, en todo caso, el de la Direcci髇 General competente en materia de presupuestos. De todas ellas se dar� cuenta a las Cortes de Castilla y Le髇.�

獿a tramitaci髇 de los expedientes de gasto podr� iniciarse en un ejercicio presupuestario anterior a aquel en el que vaya a comenzar su ejecuci髇 y alcanzar, como m醲imo, hasta el momento inmediatamente anterior a la autorizaci髇 del compromiso de gasto. No obstante, en el caso de expedientes de contrataci髇, de encargos a medios propios y de convenios podr醤 ultimarse incluso con la adjudicaci髇 y formalizaci髇 del correspondiente contrato, la formalizaci髇 del encargo o la suscripci髇 del convenio.

La Consejer韆 de Hacienda determinar� los requisitos concretos a los que debe ajustarse la tramitaci髇 de los expedientes a que se refiere este art韈ulo�.

�1. Las minoraciones son las modificaciones que reducen los cr閐itos y los ingresos estimados. Ser醤 aprobadas por el titular de la Consejer韆 de Hacienda y podr醤 producirse bien como consecuencia de reorganizaciones administrativas, bien cuando los cr閐itos est閚 financiados con recursos finalistas y su cuant韆 efectiva resulte inferior a la que pudo estimarse al aprobar los presupuestos o no se prevea su ejecuci髇 durante el ejercicio.�

�1. Las empresas p鷅licas, las fundaciones p鷅licas, y las dem醩 entidades con su mismo r間imen presupuestario, excepto cuando hayan sido constituidas por las universidades p鷅licas de acuerdo con su normativa espec韋ica y no participen en la dotaci髇 fundacional en m醩 del cincuenta por ciento, globalmente considerado, otras entidades del sector p鷅lico auton髆ico, elaborar醤 anualmente un presupuesto de explotaci髇, que detallar� los recursos y dotaciones anuales correspondientes, y un presupuesto de capital con el mismo detalle. Estos presupuestos se integrar醤 en los presupuestos generales de la Comunidad.�

�1. Las variaciones anuales de los presupuestos de explotaci髇 y capital de las entidades cuyo r間imen sea el establecido en este cap韙ulo que supongan modificaci髇 de las aportaciones, subvenciones, donaciones, legados, o endeudamiento a largo plazo, habr醤 de ser autorizadas por la Consejer韆 o entidad a que est閚 adscritas o vinculadas, previo informe de la Consejer韆 de Hacienda, cuando tal modificaci髇 exceda de la cuant韆 de 600.000 euros o signifique al menos un diez por ciento del presupuesto inicial, porcentaje que se aplicar� acumulativamente en cada ejercicio. Las restantes variaciones ser醤 autorizadas por la propia entidad y habr醤 de comunicarse a la consejer韆 a la que est� adscrita o vinculada la entidad y a la competente en materia de hacienda en los t閞minos que se establezca reglamentariamente.

2. Las consejer韆s y entidades a las que est閚 adscritas o vinculadas las entidades a que se refiere el apartado anterior deber醤 establecer los mecanismos de seguimiento y control de las variaciones de los presupuestos.�

�2. Las empresas p鷅licas, las fundaciones p鷅licas y las dem醩 entidades con su mismo r間imen presupuestario presentar醤, adem醩, una memoria relativa al cumplimiento de las obligaciones de car醕ter econ髆ico financiero que asumen como consecuencia de su pertenencia al sector p鷅lico. Dicha memoria se adaptar� al contenido que al efecto disponga la Consejer韆 de Hacienda e incluir� informaci髇 acerca de las transferencias y subvenciones recibidas y los resultados con ellas obtenidos, as� como de la ejecuci髇 de los contratos programa y su grado de cumplimiento�.

�2. Las Consejer韆s a que est閚 adscritas o vinculadas las empresas p鷅licas, las fundaciones p鷅licas y las dem醩 entidades con su mismo r間imen presupuestario comunicar醤 a la Comisi髇 correspondiente de las Cortes cada dos meses las variaciones de los presupuestos que se autoricen de acuerdo con lo establecido en el art韈ulo 138 de esta Ley�.

• 玣) los gastos correspondientes a las actuaciones objeto del r間imen excepcional de emergencia regulado en el art韈ulo 120.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector P鷅lico, por la que se transponen al ordenamiento jur韉ico espa駉l las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. La no sujeci髇 no comprende la fiscalizaci髇 previa de la orden de pago a justificar, en el supuesto de que se libren fondos con este car醕ter para atender los gastos de emergencia�.

獷fectuado el cierre del ejercicio presupuestario anterior y la apertura del presupuesto en vigor se proceder� al registro de los compromisos y otras operaciones de ejercicios anteriores de acuerdo al orden de prelaci髇 que establezca el titular de la Consejer韆 de Hacienda.

Cuando en los presupuestos generales de la Comunidad no hubiese cr閐ito o su dotaci髇 resulte insuficiente para imputar las correspondientes operaciones de gasto a los cr閐itos de la secci髇 presupuestaria u organismo de la administraci髇 institucional, se seguir� el procedimiento siguiente:

• 1. El Servicio de Contabilidad de la Intervenci髇 General de la Administraci髇 de la Comunidad obtendr� una relaci髇 de las operaciones que no se hubiesen podido imputar a los cr閐itos presupuestarios del presupuesto vigente con la especificaci髇 de los distintos expedientes afectados, que remitir� al respectivo servicio gestor con la indicaci髇 de que en el plazo de treinta d韆s deber� comunicar al Servicio de Contabilidad de la Intervenci髇 General las actuaciones a realizar con respecto a las operaciones pendientes de registro contable incluidas en la relaci髇.
  En aquellos supuestos en los que la autorizaci髇 o el compromiso del gasto estuviera condicionado, en el propio negocio o acto jur韉ico del que derive, a la existencia de cr閐ito adecuado y suficiente en los Presupuestos Generales de la Comunidad, el 髍gano administrativo se abstendr� de continuar su tramitaci髇 o iniciar su ejecuci髇 y, con car醕ter previo a acordar la anulaci髇 de los actos jur韉icos dictados as� como, en su caso, la resoluci髇 de los negocios jur韉icos celebrados, valorar� el presupuesto de gastos autorizado, a fin de considerar soluciones alternativas antes de que opere la condici髇 resolutoria, para lo cual deber� notificar de forma fehaciente al tercero tal circunstancia.
• 2. Si cumplido el citado plazo de los treinta d韆s, no hubiera sido posible la imputaci髇 presupuestaria de las operaciones indicadas, el Servicio de Contabilidad de la Intervenci髇 General proceder� a registrar de oficio retenciones de cr閐ito de no disponibilidad por un importe igual al de dichas operaciones. Las retenciones de cr閐ito se aplicar醤 a los cr閐itos que el Servicio de Contabilidad determine, preferentemente dentro del mismo cap韙ulo y programa del presupuesto al que correspondan las mismas. El Servicio de Contabilidad comunicar� al servicio gestor correspondiente las retenciones de cr閐ito realizadas de oficio.
• 3. Hasta el momento en que se realicen las actuaciones relativas a las operaciones pendientes de registro, el servicio gestor podr� solicitar al Servicio de Contabilidad de la Intervenci髇 General la anulaci髇 de las retenciones de cr閐ito indicadas en los apartados anteriores, siempre que simult醤eamente se registren por el Servicio de Contabilidad nuevas retenciones de cr閐ito, de acuerdo con la comunicaci髇 recibida del servicio gestor, por un importe igual al de las retenciones de cr閐ito a anular, a fin de que queden retenidos los cr閐itos en aquellas dotaciones cuya minoraci髇 ocasione menos trastornos para el servicio p鷅lico.
• 4. El registro en el Sistema de Informaci髇 Contable de Castilla y Le髇 de las retenciones de cr閐ito y de sus anulaciones a las que se refieren los apartados 2 y 3 anteriores se efectuar� por el Servicio de Contabilidad de la Intervenci髇 General de la Administraci髇 de la Comunidad, a efectos de poder efectuar el control efectivo de la imputaci髇 definitiva de todas las operaciones pendientes de registro.
• 5. A las transferencias de cr閐ito necesarias para garantizar el adecuado registro contable de las operaciones incluidas en la relaci髇 elaborada por el Servicio de Contabilidad de la Intervenci髇 General, no les ser� de aplicaci髇 las limitaciones establecidas en el art韈ulo 123.2 de esta ley, correspondiendo a la Junta de Castilla y Le髇 su autorizaci髇 cuando se produzcan los supuestos previstos en dicho apartado�.

獶isposici髇 adicional vig閟ima Ampliaci髇 del plazo de duraci髇 de nombramientos de personal interino por programas de car醕ter temporal

Cuando el nombramiento de personal interino se produzca por la ejecuci髇 de programas de car醕ter temporal, conforme determina el art韈ulo 10.1.c) del texto refundido de la Ley del Estatuto B醩ico del Empleado P鷅lico, el plazo m醲imo de tres a駉s de duraci髇 previsto en este art韈ulo podr� ampliarse hasta doce meses m醩 en caso de necesidad justificada.�

• 玠. Tener cumplidos diecis閕s a駉s y no exceder de la edad de jubilaci髇 forzosa establecida, en los t閞minos contenidos en el art韈ulo 67 del texto refundido de la Ley del Estatuto B醩ico del Empleado P鷅lico, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.�.

�3. Para poder participar en los procedimientos de provisi髇 de puestos de trabajo de car醕ter directivo, los interesados deber醤 reunir, a la fecha finalizaci髇 del plazo de presentaci髇 de solicitudes, los siguientes requisitos, que deber醤 mantenerse durante todo el procedimiento:

• a. Ostentar la condici髇 de personal estatutario fijo de los Servicios de Salud del Sistema Nacional de Salud, de funcionario de carrera de cualquiera de las Administraciones P鷅licas, o de personal laboral fijo perteneciente a la Administraci髇 P鷅lica de la Comunidad de Castilla y Le髇, siempre que su convenio de aplicaci髇 as� lo prevea.
• b. Cumplir los requisitos de grupo de clasificaci髇, categor韆, cuerpo o escala, titulaci髇 en su caso, y dem醩 requisitos establecidos para el desempe駉 del puesto de trabajo.

No obstante, las convocatorias podr醤 estar abiertas a personal que no re鷑a los requisitos establecidos en dicho apartado.

En estos casos, la provisi髇 se efectuar� conforme al r間imen laboral especial de alta direcci髇.

En el supuesto de cese del personal sujeto a un contrato laboral especial de alta direcci髇, no proceder� indemnizaci髇 alguna�.

獷l personal funcionario de carrera, estatutario fijo o laboral fijo de cualquier Administraci髇 P鷅lica que pase a ocupar un puesto directivo en los centros e instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud, desde otro puesto que no tuviera este car醕ter directivo, no podr� percibir retribuciones inferiores a las que pudieran corresponderle en su puesto de trabajo p鷅lico de origen, tomando como referencia el conjunto de retribuciones fijas y peri骴icas del puesto de trabajo dentro del a駉 inmediatamente anterior a su nombramiento.�

�1. Por necesidades de servicio y con ocasi髇 de vacante o ausencia del titular con derecho a reserva de puesto, el personal estatutario fijo con nombramiento en propiedad en la misma Gerencia podr� desempe馻r temporalmente y con car醕ter voluntario una plaza de otra categor韆 del mismo nivel de titulaci髇 o de un nivel superior, siempre que ostente la titulaci髇 correspondiente.

Excepcionalmente, y solamente cuando no pueda cubrirse la plaza con personal de la propia gerencia, el personal estatutario fijo con nombramiento en propiedad en el Servicio de Salud de Castilla y Le髇 podr� acceder mediante promoci髇 interna temporal a una plaza de otra categor韆 del mismo nivel de titulaci髇 o de un nivel superior, en otra Gerencia, siempre que ostente la titulaci髇 correspondiente.�

�2. La jubilaci髇 forzosa se declarar� al cumplir el interesado la edad establecida, en los t閞minos contenidos en el art韈ulo 67) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto B醩ico del Empleado P鷅lico.

El Servicio de Salud de Castilla y Le髇 solamente podr� autorizar la prolongaci髇 voluntaria en el servicio activo, hasta cumplir los setenta a駉s de edad, cuando los Planes de Ordenaci髇 de Recursos Humanos contemplen esta necesidad.

No obstante, podr� entenderse que tal necesidad existe en situaciones excepcionales al margen de las previsiones concretas del Plan de Ordenaci髇 de Recursos Humanos vigente. A estos efectos, mediante orden del consejero competente en materia de sanidad, se har� constar tanto la excepcionalidad de la situaci髇 que motiva que la necesidad se entienda existente, como las categor韆s y, en su caso, especialidades, a las que tal necesidad afecta�.

玃ersonal Estatutario Investigador

Descripci髇 de las funciones m醩 relevantes de las distintas categor韆s de Personal Estatutario Investigador

Categor韆 Investigador licenciado con t韙ulo de especialista en ciencias de la salud

El desarrollo de las funciones de investigaci髇, transferencia del conocimiento e

innovaci髇 en el 醡bito cl韓ico que generen un nuevo conocimiento cient韋ico y una mejora de los servicios asistenciales y el cuidado de la salud, funciones de informaci髇 y educaci髇 sanitarias, cualquier otra funci髇 relacionada que se les asigne o venga determinada por una m醩 eficiente gesti髇 y seg鷑 se determine reglamentariamente.

Categor韆 Investigador diplomado con t韙ulo de especialista en Ciencias de la Salud

El desarrollo de las funciones de investigaci髇, transferencia del conocimiento e innovaci髇 en el 醡bito cl韓ico que generen un nuevo conocimiento cient韋ico y una mejora de los servicios asistenciales y el cuidado de la salud, funciones de informaci髇 y educaci髇 sanitarias, cualquier otra funci髇 relacionada que se les asigne o venga determinada por una m醩 eficiente gesti髇 y seg鷑 se determine reglamentariamente.

Categor韆 Investigador diplomado sanitario

El desarrollo de las funciones de investigaci髇, transferencia del conocimiento e innovaci髇 en el 醡bito cl韓ico que generen un nuevo conocimiento cient韋ico y una mejora de los servicios asistenciales y el cuidado de la salud, funciones de informaci髇 y educaci髇 sanitarias, cualquier otra funci髇 relacionada que se les asigne o venga determinada por una m醩 eficiente gesti髇 y seg鷑 se determine reglamentariamente.�

�1. Partiendo de la cuant韆 establecida para el complemento de productividad en cada ejercicio presupuestario, de acuerdo con la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Aut髇oma de Castilla y Le髇, se constituir� el fondo global m醲imo de incentivos variables para el cumplimiento de los objetivos del PAG de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y Le髇.

2. La determinaci髇 de la cuant韆 individual m醲ima a percibir por cada profesional se establecer� anualmente a partir del fondo global m醲imo de incentivos y del n鷐ero estimado de efectivos con derecho a su percepci髇, teniendo en cuenta los 韓dices de ponderaci髇 relativa seg鷑 la categor韆 profesional / puesto ocupado / 醡bito de gesti髇 que se establecen en el Anexo I.

3. La cuantificaci髇 del complemento de productividad variable por cumplimiento de objetivos del PAG que corresponda percibir de forma efectiva a cada profesional resultar� de aplicar a la cuant韆 individual m醲ima seg鷑 la categor韆 profesional / puesto ocupado / 醡bito de gesti髇 el indicador porcentual de cumplimiento de los objetivos del Plan Anual de Gesti髇 del Servicio/Unidad y/o Equipo en el que est� integrado dicho profesional y, en su caso, la reducci髇 por tiempo trabajado. La evaluaci髇 del cumplimiento de los objetivos anuales previstos en el PAG as� como la liquidaci髇 de la productividad variable se realizar� con car醕ter anual en el ejercicio siguiente.

4. Para la percepci髇 del complemento de productividad por cumplimiento de objetivos del PAG, ser� necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos:

• a) Haber prestado servicios en jornada ordinaria en el Centro de Gesti髇 al menos una cuarta parte del per韔do objeto de evaluaci髇.
  A los efectos de percepci髇 del complemento de productividad, el tiempo en incapacidad temporal no se considerar� tiempo de trabajo efectivo a partir del decimosexto d韆 que se haya estado en situaci髇 de incapacidad temporal en c髆puto anual. No obstante, s� se considerar醤 tiempo de trabajo efectivo los periodos de baja por accidente de trabajo y por enfermedad profesional.
  Se considerar醤 igualmente como tiempo de trabajo efectivo las situaciones de riesgo durante el embarazo o la lactancia natural, as� como los permisos retribuidos por maternidad, por paternidad, por lactancia de un hijo menor de doce meses, por adopci髇 o acogimiento simple, por acogimiento preadoptivo o acogimiento permanente, por cuidado de un familiar de primer grado por razones de enfermedad muy grave y por cuidado de hijo menor afectado de c醤cer u otra enfermedad grave.
  Los liberados sindicales, a tiempo completo, percibir醤 como incentivos la media aritm閠ica de los percibidos por el personal de su categor韆 profesional del servicio o equipo en la que estuviere ubicada la plaza en la que estuviere liberado y en las mismas condiciones que las correspondientes al personal hom髄ogo.
• b) Facilitar la informaci髇 necesaria para la evaluaci髇 y verificaci髇 del cumplimiento de objetivos.
• c) La obtenci髇 por cada Servicio, Unidad y/o Equipo de al menos el 50% de la puntuaci髇 del pacto de objetivos.
• d) Adicionalmente, partiendo de la cuant韆 establecida para el complemento de productividad en cada ejercicio presupuestario, de acuerdo con la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Aut髇oma de Castilla y Le髇, se constituir� otro fondo para los incentivos del personal directivo de los centros e instituciones sanitarias de la Gerencia Regional, que se distribuir� en funci髇 del grado de cumplimiento del Centro de los objetivos del PAG, teniendo en cuenta los 韓dices de ponderaci髇 relativa seg鷑 el puesto ocupado / 醡bito de gesti髇 que se establecen en el Anexo II.�

獳l titular de la consejer韆 competente en materia de sanidad le corresponde, como responsable de la gesti髇 de cada programa de gasto, la determinaci髇 de los fondos de incentivos para el cumplimiento de los objetivos del Plan Anual de Gesti髇, que dentro de las asignaciones presupuestarias, corresponda anualmente a cada 醡bito y a cada centro de gesti髇 para el abono de la productividad por cumplimiento de objetivos.�

�1. El importe de los complementos de carrera profesional del personal funcionario y laboral ser醤 id閚ticos a los establecidos para el personal estatutario para la modalidad de carrera del art韈ulo 85 b) de la Ley 2/2007, del Estatuto Jur韉ico del Personal Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y Le髇.

2. El complemento de carrera profesional horizontal que se perciba ser� el correspondiente al grupo o subgrupo al que pertenezca el cuerpo, escala, especialidad o categor韆 en el que el empleado p鷅lico se encuentre en servicio activo.

Si el empleado p鷅lico accediese a otro cuerpo, escala, especialidad o categor韆 integrado en un grupo o subgrupo diferente al de origen, comenzar� el progreso en 閟te en la categor韆 profesional I. No obstante, continuar� percibiendo el complemento de carrera que tuviera reconocido en el grupo o subgrupo de origen, hasta que se le reconozca la nueva categor韆 profesional que conlleve un complemento de carrera de importe superior al que ven韆 percibiendo, sin que en ning鷑 caso pueda percibirse m醩 de un complemento de carrera horizontal.

3. El importe de la carrera profesional para el personal de la Gerencia Regional de Salud ir� referenciado al establecido para el a駉 2018 para las dos modalidades de carrera profesional reguladas en el art韈ulo 85 de la Ley 2/2007 de 7 de marzo del Estatuto Jur韉ico del Personal Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y Le髇. El personal sanitario percibir� los complementos de carrera correspondientes al Art. 85 a) cuando est� destinado en centros e instituciones sanitarias. En el resto de los casos el importe de la carrera ir� referenciado al establecido para el a駉 2018, para la modalidad de carrera del art韈ulo 85 b).

A los efectos de esta Ley, se considera destinado en centros e instituciones sanitarias el personal sanitario integrante de los cuerpos de inspecci髇 m閐ica, de inspecci髇 farmac閡tica y de los enfermeros subinspectores cuando presten servicios propios de dichos cuerpos en cualquiera de los centros adscritos a la Gerencia Regional de Salud.�

La presente ley es de aplicaci髇 a los empleados p鷅licos de las entidades locales de la Comunidad de Castilla y Le髇, sin perjuicio de lo dispuesto en su legislaci髇 espec韋ica y de la facultad de estas, en atenci髇 a sus caracter韘ticas propias, de establecer la carrera profesional, as� como modelos de carrera no coincidentes con el establecido para los empleados p鷅licos de la Administraci髇 Auton髆ica.�

�1. La Administraci髇 de la Comunidad, con la finalidad del mantenimiento del empleo en determinadas circunstancias, conceder� subvenciones:

• a) A las empresas que presenten un expediente de regulaci髇 de empleo de suspensi髇 o reducci髇 de jornada, con acuerdo con los representantes de los trabajadores, fundado en causas t閏nicas, econ髆icas, organizativas o de producci髇, o en aplicaci髇 del mecanismo RED de Flexibilizaci髇 y Estabilizaci髇 del Empleo; as� como a las empresas que presenten un expediente de regulaci髇 de empleo de suspensi髇 o reducci髇 de jornada por causa de fuerza mayor temporal o est閚 atravesando una situaci髇 de crisis econ髆ica.
• b) A las empresas para la realizaci髇 de acciones dirigidas a la reducci髇 del absentismo laboral.
• c) A los trabajadores afectados por un expediente de regulaci髇 de empleo de suspensi髇 o reducci髇 de jornada fundado en causas t閏nicas, econ髆icas, organizativas o de producci髇, o en causa de fuerza mayor temporal, o en aplicaci髇 del mecanismo RED de Flexibilizaci髇 y Estabilizaci髇 del Empleo.�

�1. La Administraci髇 de la Comunidad, con la finalidad de mejorar la seguridad y la salud en el trabajo, en los t閞minos que se establezcan en las bases reguladoras, conceder� subvenciones que promuevan:

• a) La contrataci髇 de servicios de prevenci髇 de riesgos laborales.
• b) La retirada y sustituci髇 de materiales t髕icos o peligrosos en centros de trabajo.
• c) La adquisici髇 y renovaci髇 de elementos de puestos de trabajo a distancia.
• d) La mejora de las instalaciones de trabajo.
• e) La realizaci髇 de acciones que contribuyan al bienestar laboral.
• f) La adquisici髇, adaptaci髇 o renovaci髇 de equipos de trabajo.�

1. La Administraci髇 de la Comunidad podr� conceder subvenciones a las Organizaciones Profesionales Agrarias m醩 representativas en la comunidad aut髇oma con el fin de mantener sus actividades sindicales en el sector agrario en general, previa convocatoria en la que se determinen el plazo para la presentaci髇 de las solicitudes, los requisitos exigidos y las bases para su concesi髇.

2. Asimismo, la Administraci髇 de la Comunidad podr� conceder subvenciones a favor de aquellas organizaciones profesionales agrarias, o federaciones o coaliciones de aqu閘las, que hayan obtenido el reconocimiento como entidad colaboradora al amparo de lo establecido en el art韈ulo 174.2 de la Ley 1/2014, de 19 de marzo, Agraria de Castilla y Le髇, y su normativa de desarrollo, por su contribuci髇 en la aplicaci髇 de los planes, programas y medidas en los que se articula la pol韙ica agraria de la Comunidad y la Pol韙ica Agr韈ola Com鷑. Ser醤 los convenios que, en su caso, se suscriban por parte de la Administraci髇 con las referidas entidades colaboradoras, en los que habr醤 de contemplarse entre otras cuestiones, las funciones que asuman dichas entidades, los que instrumentar醤 la subvenci髇 correspondiente.�

�4. Para que la concesi髇 de la subvenci髇 sea efectiva, deber� producirse la aceptaci髇 del beneficiario en el plazo que establezca la resoluci髇 de concesi髇, en ning鷑 caso superior a 30 d韆s desde la notificaci髇 de la propia resoluci髇, transcurrido el cual se entender� que renuncia a la subvenci髇.

Atendiendo a la especial naturaleza de la subvenci髇, la Junta de Castilla y Le髇, al autorizar la concesi髇 de la subvenci髇, podr� establecer que 閟ta sea efectiva si el beneficiario no la rechaza expresamente en el plazo de diez d韆s desde que se notifique la resoluci髇 de concesi髇.�

�1. Podr醤 realizarse pagos anticipados, que tendr醤 la consideraci髇 de pagos a justificar, cuando en las normas reguladoras de las subvenciones se haya previsto tal posibilidad y, en su caso, el r間imen de las garant韆s exigibles. Dichas previsiones deber醤 ser autorizadas por la consejer韆 competente en materia de hacienda. En el caso de subvenciones plurianuales, la citada autorizaci髇 tendr� car醕ter anual, siendo necesarias autorizaciones para cada uno de los a駉s en los que se prevea el pago anticipado de dicha subvenci髇.�

�5. Las subvenciones con cargo a los cr閐itos del FCL-Pacto Local para gastos de inversi髇 destinados a municipios menores de 20.000 habitantes y entidades locales asociativas se otorgar醤 previa convocatoria p鷅lica y se regir醤 por lo establecido en sus bases reguladoras.

Las subvenciones con cargo a los cr閐itos para operaciones corrientes destinadas a municipios menores de 20.000 habitantes y entidades locales asociativas, de existir, se distribuir醤 entre todos los destinatarios en funci髇 de los criterios que se establezcan en sus bases reguladoras, considerando un t閞mino fijo y otro variable que pondere, entre otros, la poblaci髇 y el n鷐ero de entidades locales menores, o bien, se otorgar醤 previa convocatoria p鷅lica y se regir醤 por lo establecido en sus bases reguladoras.

6. En todo caso, una vez que las entidades locales beneficiarias hayan acreditado la contrataci髇 de los proyectos de inversi髇 subvencionados, la Administraci髇 de la Comunidad anticipar� a dichas entidades el importe total de las ayudas concedidas. En el caso de subvenciones para operaciones corrientes, el anticipo del importe total de las ayudas podr� realizarse una vez que se haya acreditado el compromiso de gasto relativo a las operaciones corrientes, o una vez que se haya justificado la actuaci髇 subvencionada, de acuerdo con lo que establezcan sus bases reguladoras.�

�4. El patrimonio de las C醡aras Agrarias Provinciales extinguidas se integrar� en el Patrimonio de la Comunidad de Castilla y Le髇.

Los recursos econ髆icos que pudieran derivarse de los actos de disposici髇, administraci髇, gesti髇 y explotaci髇 del referido patrimonio, que se adscribe a la Consejer韆 competente en materia agraria, se han de destinar a fines y servicios de inter閟 general agrario en el 醡bito territorial de Castilla y Le髇, consider醤dose incluido el del desarrollo rural en aquellos aspectos que se relacionen con el 醡bito agrario.�

獶isposici髇 Adicional decimosexta Requisitos y procedimiento para el acotamiento de los bienes comunales de las entidades locales

1. Parte de los bienes comunales de las entidades locales podr� ser acotada, adem醩 de para los fines espec韋icos de ense馻nza, recreo escolar, caza o auxilio a los vecinos necesitados previstos en el art韈ulo 106 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las entidades locales, para fines de car醕ter medioambiental que, respetando la naturaleza y normas del aprovechamiento y disfrute de estos bienes, tengan por objeto el desarrollo de proyectos de inversi髇 adecuados al estado de la t閏nica del tiempo en el que haya de aplicarse.

2. El acotamiento no cambia la calificaci髇 jur韉ica de la parte del bien acotada que continuar� teniendo, en su totalidad, naturaleza jur韉ica de bien comunal, aplic醤dose, por tanto, las normas de aprovechamiento y disfrute de estos bienes.

En todo caso, el acotamiento inicial y los acotamientos sucesivos de cada bien comunal deber醤 ser inferiores a la mitad de la superficie del bien comunal, que seguir� teniendo un aprovechamiento por el com鷑 de los vecinos.

3. No podr� hacerse un acotamiento en aquellos bienes comunales donde haya intervenido cualquier administraci髇 p鷅lica en su planificaci髇 u ordenaci髇 o se hayan realizado inversiones p鷅licas, o privadas financiadas con fondos p鷅licos, mientras estas contin鷈n en uso o prestando un servicio p鷅lico. Del mismo modo, no podr� hacerse un acotamiento en aquellos bienes comunales cuyos terrenos aparezcan recogidos como vi馿dos y como cultivos permanentes en el Registro de Explotaciones Agrarias de Castilla y Le髇, salvo en el caso de instalaciones de generaci髇 renovable que est閚 vinculadas a las explotaciones del vi馿do y los cultivos permanentes.

4. El acotamiento de un bien comunal deber� observar el siguiente procedimiento:

• a) Tr醡ite de consulta p鷅lica a los vecinos de la entidad local titular del bien comunal.
• b) Tr醡ite de informaci髇 p鷅lica por un plazo no inferior a quince d韆s.
• c) Aprobaci髇 del acotamiento por la Entidad Local por acuerdo de la mayor韆 absoluta del n鷐ero legal de miembros de la corporaci髇.
  En el expediente de acotamiento que se someta a aprobaci髇 por la entidad local deber� constar expresamente:
  • 1�. El Plano, descripci髇 y superficie del bien comunal y de la parte que se pretende acotar suscrito por t閏nico competente.
  • 2�. Resultado de la consulta p鷅lica, en la que conste la opini髇 de los vecinos de la Entidad Local titular del bien.
  • 3�. Memoria justificativa en la que deber� acreditarse:
    • – La concurrencia de un fin social o medioambiental espec韋ico para la realizaci髇 del acotamiento.
    • – La proporcionalidad, respecto al uso y la superficie del acotamiento del bien comunal, de acuerdo con las previsiones de esta disposici髇 adicional.
    • – La justificaci髇 de que el acotamiento no impide o menoscaba el uso que por costumbre exista en el resto del bien comunal, y que dicho acotamiento reportar� ventajas o beneficios, econ髆icos o de cualquier otra 韓dole, al conjunto de los vecinos.
    • – Que se aplican las normas de aprovechamiento sobre la parte acotada del bien comunal, de acuerdo con lo previsto en la ley.
  • 4�. Las autorizaciones administrativas pertinentes en funci髇 del destino que vaya a darse a la parte acotada del bien comunal, as� como las que, en su caso, sean precisas para su aprovechamiento.
  • 5�. Resultado del tr醡ite de informaci髇 p鷅lica, y la debida y fundada contestaci髇 por la corporaci髇 local.
• d) Una vez aprobado el acotamiento por la Entidad Local, se remitir� a la consejer韆 competente en materia de administraci髇 local, el certificado del acuerdo del pleno de la corporaci髇 local junto con el expediente completo, para su autorizaci髇, quedando, en este caso, definitivamente acotado el bien comunal.�

�2. Corresponde a la consejer韆 competente en materia de ordenaci髇 del territorio la aprobaci髇 de los Planes y Proyectos Regionales. Esta aprobaci髇 se justificar� por el inter閟 general del sector afectado o de las actuaciones previstas, o bien porque a causa de su magnitud o caracter韘ticas, la influencia del Plan o Proyecto trascienda el 醡bito local, o por la necesidad de satisfacer la demanda de viviendas con protecci髇 p鷅lica�

�3. La aprobaci髇 de los Planes Regionales de 醡bito territorial y de los Proyectos Regionales determinar� la sujeci髇 de sus promotores y de los propietarios de los terrenos al r間imen de derechos y deberes urban韘ticos regulado en la legislaci髇 urban韘tica, siempre que definan sus determinaciones con la precisi髇 equivalente, al menos, al planeamiento urban韘tico preciso en cada caso. La ordenaci髇 contenida en dichos planes y proyectos tendr� a todos los efectos la consideraci髇 de revisi髇 del planeamiento urban韘tico que en su caso estuviera vigente.

En particular, los planes y proyectos regionales que no incluyan usos de car醕ter residencial podr醤 limitar al cincuenta por ciento las reservas para equipamientos y plazas de aparcamiento. Mediante estudios de detalle se podr� aplicar esta previsi髇 a los planes y proyectos regionales en vigor.�

�1. Corresponde a la consejer韆 competente en materia de ordenaci髇 del territorio, previo informe favorable de la consejer韆 competente por raz髇 de la materia objeto del instrumento, iniciar el procedimiento establecido de aprobaci髇 de los Planes y Proyectos Regionales, de oficio o a instancia de quien presente una propuesta. La consejer韆 competente en materia de ordenaci髇 del territorio podr� denegar la solicitud, o bien disponer la apertura de un per韔do de cuarenta y cinco d韆s de informaci髇 p鷅lica y audiencia a las administraciones p鷅licas, que se anunciar� en el 獴olet韓 Oficial de Castilla y Le髇� y en uno de los peri骴icos de mayor difusi髇 del 醡bito. Durante este per韔do la documentaci髇 podr� consultarse en las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y Le髇 correspondientes al 醡bito del Plan o Proyecto.�

�6. La consejer韆 competente en materia de ordenaci髇 del territorio aprobar� el Plan o Proyecto Regional mediante orden que se publicar� en el Bolet韓 Oficial de Castilla y Le髇 y se notificar� a las administraciones p鷅licas afectadas, con indicaci髇, en su caso, de los compromisos que asume el promotor y de las condiciones espec韋icas para la ejecuci髇 del Plan o Proyecto�.

�3. El incumplimiento de las condiciones impuestas en la orden de aprobaci髇 de los planes y proyectos regionales dar� lugar a su caducidad, que se producir� mediante nueva orden de la misma consejer韆. Reglamentariamente se fijar醤 los plazos que determinen el inicio del procedimiento de caducidad, seg鷑 la naturaleza y caracter韘ticas de los diferentes tipos de planes y proyectos�.

獷n particular, los usos citados en el apartado 2.c) del art韈ulo 23 se considerar醤 usos permitidos cuando cuenten con declaraci髇 de impacto ambiental favorable o con un informe de impacto ambiental que determine que no tienen efectos adversos significativos sobre el medio ambiente.�

• 玠) Cuando adem醩 de licencia urban韘tica se requiera licencia ambiental, ambas ser醤 objeto de resoluci髇 鷑ica, sin perjuicio de la tramitaci髇 de piezas separadas. La propuesta de resoluci髇 de la licencia ambiental tendr� prioridad, por lo que si procediera denegarla, se notificar� sin necesidad de resolver sobre la licencia urban韘tica; en cambio, si procediera otorgar la licencia ambiental, se pasar� a resolver sobre la urban韘tica, notific醤dose en forma unitaria. Todo ello con la excepci髇 prevista en el art韈ulo 45.3 del texto refundido de la Ley de Prevenci髇 Ambiental de Castilla y Le髇.�

�2. El Registro recoger� un ejemplar completo de los instrumentos de ordenaci髇 del territorio y de planeamiento y gesti髇 urban韘ticos, incluidos los convenios, que se aprueben en el 醡bito de la Comunidad Aut髇oma, as� como de los estatutos de los consorcios y sociedades urban韘ticas y de las entidades urban韘ticas colaboradoras que se constituyan.

A efectos de garantizar la debida protecci髇 de los datos personales, el ejemplar de los instrumentos, convenios y estatutos a remitir al Registro de Urbanismo deber� contener en Anexo separado toda aquella documentaci髇 referida a este tipo de datos, que no ser� objeto de publicidad�.

1. Las entidades certificadoras son entidades p鷅licas o privadas, con personalidad jur韉ica propia, que pueden colaborar con las administraciones p鷅licas mediante la realizaci髇 de tareas de car醕ter instrumental, material, t閏nico, auxiliar o de apoyo a las actuaciones de verificaci髇, inspecci髇 y control del cumplimiento de la normativa en materia de urbanismo, ordenaci髇 del territorio, vivienda y arquitectura, tales como:

• a) Verificar que los proyectos y cualesquiera otros documentos exigibles para la tramitaci髇 de procedimientos administrativos cumplen:
  • 1�. Los requisitos de integridad documental, suficiencia e idoneidad.
  • 2�. La normativa aplicable.
  • 3�. Las determinaciones de los instrumentos de planeamiento, gesti髇 y evaluaci髇 aplicables.
• b) Verificar que las obras y dem醩 actuaciones ejecutadas al amparo de autorizaciones, licencias e instrumentos an醠ogos se adecuan a lo previsto o autorizado en los mismos.
• c) Emitir certificados de conformidad respecto de las actuaciones y documentos que hayan verificado, as� como, en caso de disconformidad, advertir de los defectos detectados.
• d) Recabar informes preceptivos o autorizaciones sectoriales en representaci髇 de las administraciones p鷅licas o de los interesados.

2. Las entidades certificadoras ser醤 habilitadas para su actuaci髇 en la Comunidad de Castilla y Le髇 mediante orden de la consejer韆 competente en materia de urbanismo.

3. Reglamentariamente se establecer� el procedimiento y requisitos de habilitaci髇 y registro de las entidades certificadoras, as� como sus especialidades de funcionamiento.

4. La colaboraci髇 entre administraciones p鷅licas y entidades certificadoras se articular� a trav閟 de contratos suscritos en el marco de la normativa sobre contrataci髇 del sector p鷅lico, o bien a trav閟 de convenios o encargos a medios propios.

5. Las entidades certificadoras:

• a) Se regir醤 por los principios de independencia, imparcialidad y confidencialidad.
• b) Ser醤 responsables de los da駉s y perjuicios causados por el ejercicio de sus funciones.
• c) No ejercer醤 potestades p鷅licas, y sus actuaciones se entender醤 sin perjuicio de las que correspondan realizar a las administraciones p鷅licas en ejercicio de sus funciones.
• d) Podr醤 actuar a instancia y en representaci髇 de las administraciones p鷅licas o de terceros interesados.
• e) Deber醤 conservar y custodiar la documentaci髇 de las actuaciones realizadas en el desarrollo de sus funciones durante al menos cinco a駉s, teni閚dola en todo momento a disposici髇 de las administraciones p鷅licas competentes en cada caso.
• f) Deber醤 informar a las administraciones p鷅licas competentes en cada caso as� como a los interesados, de las actuaciones que realicen y que les afecten, as� como sobre el estado de tramitaci髇 de los expedientes en los que intervengan.
• g) Deber醤 identificar al personal t閏nico que intervenga en sus actuaciones, incluyendo su titulaci髇, formaci髇 y experiencia profesional.
• h) Se someter醤 a las actuaciones de inspecci髇, control y vigilancia que consideren necesarias las administraciones p鷅licas.

6. Los certificados de conformidad emitidos por las entidades certificadoras no tendr醤 la consideraci髇 de acto administrativo. Podr醤 ser asumidos por las administraciones p鷅licas, pero sin que en ning鷑 caso tengan car醕ter vinculante para las mismas; tampoco podr醤 limitar ni excluir sus actuaciones.

7. El incumplimiento de las obligaciones de las entidades certificadoras se califica como infracci髇 urban韘tica leve, salvo cuando de sus efectos resulte la comisi髇 de infracciones urban韘ticas graves o muy graves, en cuyo caso tendr醤 dicha calificaci髇.�

• 玧) Aprobar planes y programas cuando los mismos afecten a varias consejer韆s, as� como directrices vinculantes para todos los 髍ganos de la Administraci髇 de la Comunidad. A su vez podr� aprobar directrices para las fundaciones y empresas p鷅licas, las cuales pasar醤 a tener car醕ter vinculante siempre que sean refrendadas por los 髍ganos societarios o de la fundaci髇 competentes�.

�2. La mesa de contrataci髇 estar� constituida por un Presidente, un m韓imo de tres Vocales y un Secretario designado por el 髍gano de contrataci髇. Entre los Vocales figurar醤 necesariamente un letrado de los Servicios Jur韉icos de la Comunidad y un Interventor.

Por resoluci髇 del titular de la Intervenci髇 General podr� acordarse los supuestos en que, en sustituci髇 del interventor, podr醤 formar parte de las mesas de contrataci髇 funcionarios del citado Centro, espec韋icamente habilitados para ello�.

�2. El ejercicio de esta competencia por la Administraci髇 de Castilla y Le髇, o entidades del sector p鷅lico auton髆ico, deber� ser autorizado por la Junta de Castilla y Le髇, excepto cuando sean constituidas por las universidades p鷅licas de acuerdo con su normativa espec韋ica y no participen en la dotaci髇 fundacional en m醩 del cincuenta por ciento, globalmente considerado, otras entidades del sector p鷅lico auton髆ico. El acuerdo de la Junta de Castilla y Le髇 determinar� las condiciones y limitaciones que deba cumplir la creaci髇 de la persona jur韉ica fundacional�.

�4. En las fundaciones p鷅licas de la Comunidad de Castilla y Le髇 la mayor韆 de los miembros del patronato ser醤 designados por la Administraci髇 General de la Comunidad o las dem醩 entidades del sector p鷅lico auton髆ico.

Los acuerdos del patronato de las fundaciones p鷅licas de la Comunidad de Castilla y Le髇 se adoptar醤 por las mayor韆s previstas en sus Estatutos, debiendo respetarse lo siguiente:

• a) Para la adopci髇 de los acuerdos previstos en el art韈ulo 14.1, se requerir� mayor韆 absoluta de los miembros del patronato, sin perjuicio de que puedan preverse otras mayor韆s m醩 reforzadas en los Estatutos.
• b) En ning鷑 caso podr� exigirse la unanimidad como criterio de adopci髇 de acuerdos.�

�2. La Junta de Castilla y Le髇 podr� asumir la convocatoria unificada de las plazas vacantes en aquellos Ayuntamientos que as� lo acuerden mediante los oportunos convenios de colaboraci髇.

Cuando as� se determine en la convocatoria unificada, podr醤 ofertarse en el mismo proceso selectivo, a resultas, los puestos de trabajo que, de conformidad con los correspondientes ayuntamientos, resulten vacantes por haber obtenido los efectivos policiales que los ocupaban nueva plaza tras la resoluci髇 del proceso selectivo unificado al que corresponde la convocatoria, y siempre que dichos efectivos policiales fueran integrantes de Cuerpos de Polic韆 Local de ayuntamientos que hubieran participado en dicho proceso selectivo unificado.

Las plazas a resultas se ofertar醤, por una sola vez, a aquellos aspirantes que resulten aptos en la relaci髇 complementaria aprobada por el tribunal calificador a los efectos previstos en el p醨rafo 2� del art韈ulo 61.8 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto B醩ico del Empleado P鷅lico.�

�6.3 Cafeter韆, caf�-bar o bar: Son establecimientos e instalaciones preparados para dispensar y consumir bebidas y comidas indistintamente en mesas o en las barras. Cuando dispongan de acompa馻miento musical procedente de cualquier emisor, su nivel de emisi髇, medido en el interior del establecimiento, estar� limitado conforme a la normativa aplicable en materia de ruido.

6.4 Pizzer韆, hamburgueser韆, bocater韆 y similar: Son establecimientos e instalaciones preparados para dispensar comida y bebida r醦ida. Su consumo podr� realizarse en el interior del establecimiento o expedirse para uso externo. Cuando dispongan de acompa馻miento musical procedente de cualquier emisor, su nivel de emisi髇, medido en el interior del establecimiento, estar� limitado conforme a la normativa aplicable en materia de ruido.�

獷l Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad, en adelante Inventario General, incluir� la totalidad de los bienes y derechos que integran el patrimonio de la Comunidad, con las 鷑icas excepciones de los bienes muebles fungibles y de aquellos muebles cuyo valor no supere la cuant韆 que se determine mediante resoluci髇, con forma de orden, por la consejer韆 con competencias en materia de patrimonio.�

�2. Los edificios en los que tenga su sede m醩 de una consejer韆 o entidad institucional estar醤 afectados a la consejer韆 competente en materia de hacienda, salvo que 閟ta acuerde su afectaci髇 o adscripci髇 a alguna de ellas, en atenci髇 a su car醕ter predominante o a cualquier otra circunstancia que as� lo aconseje en aras de una mayor eficacia en la administraci髇 del edificio, la cual se llevar� a cabo conforme a lo que se determine reglamentariamente.�

�2. La consejer韆 competente en materia de vivienda, previo informe favorable de la consejer韆 competente en materia de hacienda, podr� ceder aquellos inmuebles cuyas facultades de disposici髇 le correspondan conforme el apartado anterior a favor de empresas p鷅licas de la Comunidad de Castilla y Le髇, 鷑icamente con la finalidad de promover la construcci髇, rehabilitaci髇, gesti髇 o administraci髇 de viviendas de titularidad p鷅lica, incluyendo las que vayan a incorporarse al parque p鷅lico de alquiler social.

3. Los inmuebles a los que se refiere el apartado primero ser醤 inventariados y valorados por la consejer韆 competente en materia de vivienda, de acuerdo con los criterios establecidos por la consejer韆 competente en materia de hacienda, y el inventario se remitir� durante el primer trimestre de cada a駉 a esta 鷏tima consejer韆, debidamente valorado y suscrito por el titular del 髍gano directivo correspondiente.�

• 玤) Fomentar, promover, construir, enajenar y arrendar viviendas acogidas a alg鷑 r間imen de protecci髇 p鷅lica o incluidas en programas de fomento de acceso a la vivienda, para lo que se podr醤 conceder garant韆s, u otras ayudas que permitan reducir el coste financiero, en operaciones de cr閐ito formalizadas con entidades financieras por los beneficiarios de dichos programas; todo ello conforme a lo previsto en la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector P鷅lico de la Comunidad de Castilla y Le髇.�

• 玥) Realizar llamadas de mala fe, que comuniquen avisos falsos, al tel閒ono de urgencias y emergencias 1-1-2, cuando este hecho produzca la movilizaci髇 de dos o m醩 recursos y como consecuencia de ello no permitan la asistencia de esos recursos a otros incidentes para los que deber韆n haber sido movilizados o se ponga en riesgo de forma manifiesta la integridad f韘ica de las personas que formen parte de los mismos.�

• 玞) Realizar llamadas inapropiadas al tel閒ono de urgencias y emergencias 1-1-2, cuando tal infracci髇 no pueda ser calificada como grave.�

�1. La Comunidad de Castilla y Le髇 promover� la concentraci髇 de fincas forestales para mejorar su gesti髇 y conservaci髇.

2. En la concentraci髇 de fincas forestales ser� de aplicaci髇 el procedimiento previsto en la Ley 1/2014, de 19 de marzo, Agraria de Castilla y Le髇, y en el Decreto 1/2018, de 11 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Concentraci髇 Parcelaria de la Comunidad de Castilla y Le髇, sin perjuicio de otras especialidades que pudieran establecerse reglamentariamente.�

1. Se consideran entidades selv韈olas de colaboraci髇 aquellas entidades responsables de ejecutar por cuenta de la Administraci髇 forestal o del titular del monte las actuaciones relacionadas con la gesti髇 forestal que reglamentariamente se les atribuyan.

2. Los titulares de los montes podr醤 acogerse a los servicios de estas entidades de forma voluntaria, concretando el alcance de su relaci髇 mediante cualquier instrumento v醠ido en derecho.

3. Reglamentariamente se desarrollar� el r間imen jur韉ico de las entidades selv韈olas de colaboraci髇, as� como el Registro de entidades selv韈olas de colaboraci髇 de Castilla y Le髇, en el que deber醤 estar debidamente registradas las entidades de este tipo que operen en esta Comunidad.

4. La consejer韆 competente en materia de montes podr� ejercer a trav閟 de entidades selv韈olas de colaboraci髇 funciones de car醕ter material o t閏nico relacionadas con el art韈ulo 5 de esta ley, cuando tengan por objeto el fomento, el aprovechamiento y la planificaci髇 forestales dentro del marco que establezca el desarrollo reglamentario indicado en el apartado precedente.

5. El control del ejercicio por parte de estas entidades de las funciones indicadas en el apartado precedente corresponde a la consejer韆, sin perjuicio de lo que corresponda al titular de los montes de que se trate.

6. La actuaci髇 de estas entidades no podr� impedir ni interferir la funci髇 de verificaci髇, control e inspecci髇 propia de la consejer韆. Estas entidades no tendr醤 en ning鷑 caso la condici髇 de autoridad.

7. En el caso de los montes administrados por la consejer韆 competente en materia de montes seg鷑 lo indicado en los apartados 1 y 2 del art韈ulo 7 de esta ley y en su art韈ulo 101, la entidad selv韈ola de colaboraci髇 que pretenda operar en ellos deber� ser seleccionada por la entidad titular o por la consejer韆 con respeto a los principios de publicidad, concurrencia y p鷅lica competencia, conforme a lo que se establece en esta ley y en la normativa sobre contratos del sector p鷅lico. Cuando dicha entidad ostente el car醕ter de medio propio de la Administraci髇 titular del monte o de su gesti髇, se seguir� el procedimiento espec韋ico previsto por la normativa vigente para las encomiendas o encargos a este tipo de medios.

8. Las entidades selv韈olas de colaboraci髇 deber醤 tener car醕ter t閏nico, personalidad jur韉ica propia y disposici髇 de los medios necesarios para el desempe駉 adecuado de las funciones que puedan asumir, y responder醤 frente a la Administraci髇 y el titular del monte por los da駉s y perjuicios que se deriven del ejercicio de dichas funciones.�

�5. Cuando la disposici髇 o titularidad de servicios ecosist閙icos tenga un valor de mercado, las entidades p鷅licas titulares de montes podr醤 suscribir contratos para su cesi髇 a terceros. Estos contratos podr醤 incluir en su objeto la realizaci髇 de las acciones precisas para generar o promover tales servicios, y tener como duraci髇 m醲ima el turno de las especies objeto de los mismos.�

�8. En aquellos supuestos en los que el ejercicio de las actuaciones sometidas a r間imen de autorizaci髇 seg鷑 lo previsto en el cap韙ulo I del t韙ulo V de la presente ley pudiera suponer una reducci髇 de los servicios esenciales de los montes relacionados en los subapartados a) a d) del apartado 2 de este art韈ulo, la autorizaci髇 por la autoridad competente podr� quedar condicionada a la ejecuci髇 por parte del solicitante de medidas que permitan minimizar o compensar dicha reducci髇.�

• 玠) Los j髒enes menores de 36 a駉s.�

�3. Podr醤 calificarse como viviendas j髒enes aquellas cuya superficie 鷗il no sea inferior a 40 ni superior a 70 metros cuadrados y cuyos destinatarios sean menores de 36 a駉s; excepcionalmente, cuando resulte acreditado que no existe demanda de menores de 36 a駉s, podr醤 ser destinatarios de las mismas quienes no ostenten dicha condici髇.�

A los efectos de lo dispuesto en el art韈ulo 16 y en la disposici髇 transitoria primera de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, el r間imen jur韉ico aplicable a la vivienda de protecci髇 p鷅lica en Castilla y Le髇 es el previsto en la legislaci髇 auton髆ica en materia de vivienda, con independencia de que el suelo sobre el que se promuevan las viviendas proceda o no de la obligaci髇 de reserva para construcci髇 de viviendas sujetas a un r間imen de protecci髇 p鷅lica establecida en la legislaci髇 vigente.�

1. Se regula este procedimiento de mediaci髇, que ser� aplicable cuando se exija como requisito previo para que los grandes tenedores de vivienda puedan interponer determinadas demandas.

2. A efectos de este procedimiento:

• a) La condici髇 de persona en situaci髇 de vulnerabilidad econ髆ica se acreditar� mediante dictamen emitido por el servicio competente en materia de asistencia social del Ayuntamiento, o en su defecto de la Diputaci髇 Provincial, conforme a lo previsto en el apartado 4 de esta disposici髇.
• b) Actuar� como 髍gano mediador el servicio territorial de la Junta de Castilla y Le髇 competente en materia de vivienda de la provincia donde radique el inmueble.

3. El procedimiento de mediaci髇 se iniciar� a instancia del gran tenedor mediante solicitud ante el 髍gano mediador, indicando el objeto de la controversia y la identidad y datos de localizaci髇 de la persona susceptible de ser demandada, si los conoce, as� como de quien, en su caso, ejerza su representaci髇 con la debida acreditaci髇.

4. Recibida la solicitud, el 髍gano mediador:

• a) La notificar� a la persona susceptible de ser demandada.
• b) Informar� a dicha persona del procedimiento a seguir y de las consecuencias que le supondr韆 la aceptaci髇 o no de la mediaci髇.
• c) Solicitar� a dicha persona:
  • 1�. Su conformidad para participar en el procedimiento de mediaci髇.
  • 2�. Su autorizaci髇 para que el servicio competente en materia de asistencia social acredite su condici髇 de persona en situaci髇 de vulnerabilidad econ髆ica.
  • 3�. Su autorizaci髇 para acceder a los datos econ髆icos y dem醩 circunstancias de car醕ter personal que acrediten su vulnerabilidad econ髆ica, o alternativamente, que presente la documentaci髇 acreditativa de dicha situaci髇 de vulnerabilidad.
• d) En caso de que no se conozcan los datos de identificaci髇 o de localizaci髇 de la persona, o no haya sido posible practicar la notificaci髇, el 髍gano mediador proceder� a la notificaci髇 edictal de las solicitudes citadas en la letra anterior.
• e) En caso de que no se reciba respuesta de la persona en el plazo de diez d韆s h醔iles desde el d韆 siguiente a la fecha de notificaci髇 o de publicaci髇 del edicto, o en caso de que se reciba respuesta en la que la persona exprese su disconformidad para participar en el procedimiento, se entender� intentado este, y as� se le comunicar� al gran tenedor, el cual podr� proceder conforme a lo dispuesto en el apartado 8.
• f) Cuando la persona preste su conformidad, constando que otorga un consentimiento informado, el 髍gano mediador lo trasladar�, junto con la documentaci髇 acreditativa de sus circunstancias econ髆icas y personales, al servicio competente en materia de asistencia social para que emita el dictamen citado en el apartado 2.b) en un plazo no superior a veinte d韆s h醔iles, que podr� ir acompa馻do de una propuesta de alternativas dirigida al 髍gano mediador. Trascurrido dicho plazo sin su emisi髇, o si 閟te determinase que no existe vulnerabilidad, se dar� por terminado el procedimiento, y as� se comunicar� al gran tenedor, el cual podr� proceder conforme a lo dispuesto en el apartado 8.

5. Obtenido el dictamen de vulnerabilidad, el 髍gano mediador citar� a las partes o a sus representantes, para celebrar una sesi髇 de mediaci髇 conforme a las siguientes reglas:

• a) La incomparecencia injustificada del presunto vulnerable conllevar� la finalizaci髇 del procedimiento con los efectos previstos en el apartado 8. Si la incomparecencia fuese del gran tenedor se entender� que desiste del procedimiento.
• b) El 髍gano mediador dirigir� la sesi髇, facilitando a las partes la exposici髇 de sus posiciones y su comunicaci髇 de modo igual y equilibrado, proponiendo alternativas viables en funci髇 de los medios con que se cuente tras el an醠isis de las circunstancias de las partes y de las posibles ayudas y subvenciones existentes en materia de vivienda, y orient醤doles a la adopci髇 de acuerdos. Asimismo les informar� del desarrollo del procedimiento y del marco jur韉ico aplicable al objeto de la controversia.
• c) O韉as las partes, el 髍gano mediador informar� de las consecuencias jur韉icas del acuerdo alcanzado, o en su defecto, de los tr醡ites posteriores.
• d) El 髍gano mediador levantar� acta en la que har� constar:
  • 1�. El objeto de la controversia.
  • 2�. La identidad de las partes, y si estas comparecen o no.
  • 3�. El resultado del procedimiento, detallando en su caso el contenido de los acuerdos alcanzados, los compromisos de cada parte, con su temporizaci髇, as� como las medidas y prestaciones de apoyo que pudieran activarse por la administraci髇.
• e) El acta ser� facilitada a las partes y tendr� una vigencia de tres meses.

6. La duraci髇 del procedimiento de mediaci髇 no podr� superar los dos meses desde la fecha de entrada de la solicitud. En caso de que transcurra dicho plazo sin resoluci髇, se estar� a lo dispuesto en el apartado 8.

7. El procedimiento de mediaci髇, incluida la documentaci髇 utilizada en el mismo, es de car醕ter confidencial. La obligaci髇 de confidencialidad incumbe tanto al 髍gano mediador como a las partes intervinientes, ninguna de las cuales podr� revelar la informaci髇 que hayan podido obtener derivada del procedimiento.

8. En caso de que el procedimiento no se lleve a cabo por incomparecencia de la persona susceptible de ser demandada, por ausencia de su conformidad para participar en el procedimiento, por la emisi髇 del dictamen de vulnerabilidad fuera de plazo, por no iniciarse el procedimiento en el plazo de dos meses desde la fecha de la solicitud o por demorarse m醩 de dos meses desde su inicio, la parte que solicit� el inicio del procedimiento podr� presentar ante el 髍gano judicial correspondiente declaraci髇 responsable de que ha acudido al procedimiento de mediaci髇, y que lo ha hecho con cinco meses de antelaci髇 a la presentaci髇 de la demanda judicial, junto con justificante acreditativo de ello emitido por el 髍gano mediador. Si el justificante no se emitiera en el plazo de 5 d韆s h醔iles desde la fecha de su solicitud, se entender� evacuado en sentido acreditativo.

9. Lo dispuesto en este art韈ulo ser� tambi閚 de aplicaci髇, en lo que corresponda, a otros procedimientos que requieran la previa acreditaci髇 de la condici髇 de vulnerable econ髆ico o la celebraci髇 de un procedimiento de mediaci髇.

10. El acta resultante de la mediaci髇 servir� para poder elaborar, juntamente con los servicios sociales que hayan dictaminado la vulnerabilidad, una propuesta de medidas alternativas que recoja las prestaciones o recursos correspondientes a cada 醡bito competencial, en relaci髇 con las posibles alternativas habitacionales o necesidades de atenci髇 inmediata.�

�1. A los efectos de lo establecido en la presente ley y en las normas que la desarrollen, podr醤 ser objeto de pesca las especies que, mediante orden, se declaren como pescables. El resto tendr醤 la consideraci髇 de no pescables.�

�4. El PORA tiene car醕ter de estrategia para la gesti髇 de los recursos pesqueros de Castilla y Le髇 y se aprobar� mediante Acuerdo de la Junta de Castilla y Le髇, previo informe de los Consejos Territoriales de Pesca y del Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y Le髇.�

�1. La consejer韆 competente en materia de pesca, mediante orden, establecer� las normas reguladoras de la pesca en la Comunidad en consonancia con lo previsto en los instrumentos de planificaci髇 vigentes, debi閚dose someter, con car醕ter preceptivo, a informe de los 髍ganos con funciones de asesoramiento en materia de pesca.�

�5. Las limitaciones en cuanto a n鷐ero m醲imo de ca馻s establecidas en este art韈ulo no ser醤 de aplicaci髇 en el caso de competiciones y entrenamientos deportivos organizados por la Federaci髇 Castellano Leonesa de Pesca y Casting.�

A partir de la entrada en vigor de la presente ley, el Plan Regional de Ordenaci髇 de los Recursos Acu醫icos de Castilla y Le髇 pasar� a denominarse Plan de Ordenaci髇 de los Recursos Acu醫icos.

Todas las referencias de esta ley y dem醩 normativa vigente al Plan Regional de Ordenaci髇 de los Recursos Acu醫icos se entender醤 realizadas al Plan de Ordenaci髇 de los Recursos Acu醫icos.�

獳rt韈ulo 34 Objeto y finalidad

1. La concentraci髇 parcelaria tiene por objeto la ordenaci髇 de las fincas r鷖ticas, con la finalidad de constituir y mantener explotaciones agrarias de estructura y dimensiones adecuadas que permitan su mejor aprovechamiento, incrementando la rentabilidad de la actividad.

2. Excepcionalmente, la zona de concentraci髇 podr� estar constituida por terrenos cuya superficie sea mayoritariamente forestal, siempre que se justifique, de manera motivada, su contribuci髇 a incrementar significativamente la rentabilidad de explotaciones agrarias.�

• 玤) Las zonas que as� se determine en los instrumentos de planificaci髇 de los espacios de la Red Natura 2000.�

�5. Los PRUG de los Parques Nacionales se aprobar醤 por decreto de la Junta de Castilla y Le髇. Los PRUG de los parques regionales, naturales y de las reservas naturales se aprobar醤 mediante orden de la consejer韆 competente en materia de conservaci髇 del patrimonio natural. Su periodo de vigencia ser� fijado en el mismo, no pudiendo ser superior a 10 a駉s.�

1. El 髍gano competente para resolver sobre la autorizaci髇 ambiental es el titular de la Consejer韆 competente en materia de medio ambiente.

2. El titular de la Consejer韆 competente en materia de medio ambiente podr� delegar en el titular de la Delegaci髇 Territorial de la Junta de Castilla y Le髇 correspondiente, la tramitaci髇 y resoluci髇 de expedientes relativos a actividades o instalaciones recogidas en el Anexo II, cuando razones t閏nicas, econ髆icas, sociales, jur韉icas o territoriales lo aconsejen.

3. El plazo m醲imo para resolver el procedimiento y notificar la resoluci髇 ser� de seis meses. Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado la resoluci髇 podr� entenderse desestimada la solicitud.�

�3. En caso de que el titular de la actividad o instalaci髇 sometida a autorizaci髇 ambiental o a licencia ambiental proyecte realizar una modificaci髇 de car醕ter sustancial, esta no podr� desarrollarse en tanto la autorizaci髇 ambiental o la licencia ambiental, respectivamente, no sea modificada.

No obstante, cuando la actividad se encuentre en un pol韌ono industrial, el Ayuntamiento podr� otorgar la licencia urban韘tica previamente a esta modificaci髇, para aquellas construcciones que se ajusten a la normativa urban韘tica vigente.

Si la actividad o instalaci髇 est� sujeta a comunicaci髇 ambiental deber� presentar una nueva comunicaci髇 ambiental.�

�1. El Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenaci髇 del Territorio de Castilla y Le髇, adscrito a la Consejer韆 competente en dichas materias, es el 髍gano superior colegiado en materia de prevenci髇 ambiental.

Le corresponde, en aquellos casos en los que se determine reglamentariamente, realizar la correspondiente propuesta de resoluci髇 definitiva en los expedientes relativos al otorgamiento y a la modificaci髇 sustancial de las actividades o instalaciones sometidas al r間imen de autorizaci髇 ambiental cuando deban ser resueltos por el titular de la Consejer韆 competente en materia de medio ambiente.

Asimismo, formular� la propuesta de declaraci髇 de impacto ambiental, o, en su caso, la propuesta de informe de impacto ambiental en los expedientes de evaluaci髇 de impacto ambiental relativos a los proyectos sometidos a evaluaci髇 de impacto ambiental, los proyectos que afecten a m醩 de una provincia, los que se tramiten como proyecto regional o los que, por su importancia, considere oportuno el titular de la Consejer韆.

Se excluyen los proyectos sometidos a evaluaci髇 de impacto ambiental ordinaria incluidos en el Anexo I, grupos 2, 6 y 7, de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre.�

• 玤) El inicio de la ejecuci髇 de las instalaciones sometidas a autorizaci髇 ambiental o a licencia ambiental en suelo r鷖tico sin contar con las mismas.�

Las actividades e instalaciones sometidas al r間imen de comunicaci髇 que a la entrada en vigor de esta ley est閚 en funcionamiento o en construcci髇 en el marco de una licencia urban韘tica ya emitida, y que conforme a lo previsto en esta ley pasen al r間imen de licencia ambiental, no precisar醤 la obtenci髇 de dicha licencia para continuar o comenzar su funcionamiento, salvo cuando se realicen modificaciones que precisen de la emisi髇 de una nueva licencia ambiental.�

獳nexo II.
Actividades o instalaciones sometidas a autorizaci髇 ambiental.

Se someten al r間imen de autorizaci髇 ambiental, las actividades o instalaciones citadas en el Anejo 1 del Texto refundido de la Ley de prevenci髇 y control integrados de la contaminaci髇 aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre.�

�1.21) Los auditorios y locales donde se proyecten pel韈ulas, se celebren exposiciones o congresos o se ejecuten obras teatrales, conferencias u otras actividades culturales.�

�2.6) Instalaciones o actividades ganaderas no incluidos en el r間imen de autorizaci髇 ambiental y distintas a granjas de cerdos intensivas afectadas por la normativa b醩ica estatal del sector porcino de cualquier tipo de explotaci髇, orientaci髇 o clasificaci髇 zoot閏nica y a otras indicadas en este Anexo.�

�3.5) Instalaciones de generaci髇 energ閠ica, calefacci髇 y agua caliente en cualquier tipo de edificaci髇 existente o en proyecto, o que se ubiquen en suelo urbano, alimentadas con energ韆 e髄ica, solar u otras fuentes renovables que no impliquen la combusti髇 de sustancias.�

�3.6) Instalaciones t閞micas de potencia inferior a 20 MW.�

�5. En caso de nuevo arrendamiento y para favorecer la continuidad de la gesti髇 cineg閠ica, en los contratos p鷅licos o privados de arrendamiento de los cotos de caza se podr醤 establecer los derechos de tanteo y retracto a favor del arrendatario anterior.�

�5. Con car醕ter voluntario, el cambio de titularidad de un coto de caza podr� otorgarse cumpliendo con los mismos requisitos y procedimiento que para su constituci髇.�

• 玜) Las autopistas, autov韆s, carreteras y v韆s f閞reas, as� como sus m醨genes y zonas de servidumbre cuando estas se encuentren valladas.�

• 玞) Caminos de uso p鷅lico, v韆s pecuarias se馻lizadas y rutas ciclo turistas, BTT y trial homologadas y se馻lizadas.�

�4. En los terrenos citados en el apartado 1.c) de este art韈ulo se permite portar armas abiertas o con el seguro puesto, en periodos, d韆s u horarios h醔iles siempre que no se encuentren a la vista personas o veh韈ulos ajenos a la cacer韆.

5. Durante la celebraci髇 de cacer韆s colectivas de caza mayor se podr醤 colocar los puestos en los terrenos citados en el apartado 1.c) de este art韈ulo, siempre que las cacer韆s sean debidamente se馻lizadas. En tal caso, no se podr� disparar en la direcci髇 de estos.

6. Cuando un titular cineg閠ico pretenda practicar la caza en los terrenos citados en el apartado 1.c) de este art韈ulo que atraviesen terrenos cineg閠icos o constituyan el l韒ite de los mismos, en modalidades diferentes de la indicada en el apartado anterior, deber� incluir dicha pretensi髇 en el plan cineg閠ico correspondiente.�

�5. Los propietarios de los vedados y los titulares de las zonas de seguridad, especialmente de autopistas, autov韆s, carreteras y v韆s f閞reas de titularidad auton髆ica o local, deber醤 adoptar las medidas necesarias para evitar los da駉s de las especies cineg閠icas procedentes de estos predios en las fincas lim韙rofes. Se podr醤 establecer las adecuadas t閏nicas de cooperaci髇 o colaboraci髇 con el Estado sobre las infraestructuras mencionadas que sean de su titularidad y que permitan el adecuado ejercicio de las competencias concurrentes en esta materia.�

�4. No se exigir醤 los requisitos citados en los apartados 2 y 3 en los traslados y sueltas de piezas de caza menor para zonas de adiestramiento o entrenamiento de perros o de aves de cetrer韆, en un n鷐ero inferior a diez por transporte. Para la celebraci髇 de campeonatos oficiales de caza en la modalidad de San Huberto no se exigir醤 los requisitos citados en el apartado 3 siempre que se realicen en n鷐ero no superior a noventa y se comunique previamente a la Consejer韆.�

�8. Falsear los datos que deben aportarse para constituir, ampliar o realizar un cambio de titular de un coto de caza.�

�1. Temporada de caza.

Se entiende por temporada de caza el periodo comprendido entre el 1 de abril y el 31 de marzo del a駉 siguiente.�

�2.d) Caza de paloma torcaz y zorzales en pasos: desde el 1 de octubre hasta el segundo domingo de febrero del a駉 siguiente.�

�3.a) Temporada general: jueves, s醔ados, domingos y festivos de car醕ter nacional y auton髆ico. No se podr� practicar la caza sobre las mismas especies durante m醩 de tres d韆s consecutivos, salvo que el plan cineg閠ico lo contemple.�

�3.c) Caza de paloma torcaz y zorzales en pasos: sin limitaci髇.�

�4. Periodos h醔iles para la caza mayor:

• a) Ciervo, gamo: desde el primer domingo de septiembre hasta el cuarto s醔ado de septiembre 鷑icamente a rececho y aguardo/espera; desde el cuarto domingo de septiembre hasta el cuarto domingo de febrero del a駉 siguiente, en todas sus modalidades.
• b) Mufl髇: durante todo el a駉 鷑icamente a rececho y aguardo/espera; desde el cuarto domingo de septiembre hasta el cuarto domingo de febrero del a駉 siguiente, en todas sus modalidades.
• c) Corzo: para ambos sexos, desde el 1 de abril hasta el primer domingo de agosto, y desde el 1 de septiembre hasta el segundo domingo de octubre. Adem醩, las hembras tambi閚 podr醤 cazarse desde el 1 de enero hasta el cuarto domingo de febrero.
• d) Rebeco: desde el 1 de mayo hasta el 15 de julio y desde el 1 de septiembre hasta el 15 de noviembre.
• e) Cabra mont閟: desde el 1 de marzo hasta el 30 de junio, y desde el 15 de septiembre hasta el 15 de diciembre.
• f) Jabal�: desde el 1 de abril hasta el primer domingo de agosto, y desde el 1 de septiembre hasta el cuarto s醔ado de septiembre, 鷑icamente a rececho y aguardo/ espera. Desde el cuarto domingo de septiembre hasta el cuarto domingo de febrero del a駉 siguiente, en todas las modalidades.�