Ley 6/2024, de 5 de diciembre, de la Generalitat, de simplificación administrativa

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Sumario

Ley 6/2024, 5 diciembre, rectificada por Corrección de errores («D.O.C.V.» 19 diciembre). LE0000941253_20241210

Presidencia de la Generalitat

LEY 6/2024, de 5 de diciembre, de la Generalitat, de simplificación administrativa.

Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos y todas las ciudadanas que Les Corts han aprobado y yo, de acuerdo con lo establecido por la Constitución y el Estatuto de Autonomía, en nombre del rey, promulgo la siguiente Ley:

PREÁMBULO

Las alusiones contenidas en el preámbulo de esta norma como Decreto ley, vienen referidas al Decreto ley del que proviene la misma.

I

El presente decreto ley, por el que se adoptan medidas de simplificación administrativa y mejora de la calidad regulatoria para la reactivación económica en la Comunitat Valenciana, responde a la necesidad de afrontar un contexto económico complejo y cambiante. A pesar de que se ha observado una recuperación económica tras la crisis provocada por la covid-19, la economía de la Comunitat Valenciana, al igual que la del resto de España, enfrenta desafíos significativos. La inflación persistente, las tensiones geopolíticas globales y los cambios en la política monetaria han generado un entorno que demanda reformas urgentes y profundas en el ámbito administrativo.

La guerra en Ucrania, iniciada en febrero de 2022, ha exacerbado los problemas en las cadenas de suministro globales y ha incrementado los precios de los productos energéticos, llevando la inflación a niveles no vistos en décadas. En 2023, la inflación media en España alcanzó el 3,5 %, con la inflación subyacente situándose en el 6 %, que refleja las dificultades estructurales que enfrenta la economía.

El Banco Central Europeo (BCE), con la salvedad de la reducción acordada por su Consejo de Gobierno a principios de junio, ha respondido a estas tensiones inflacionistas con una política monetaria más restrictiva con el consiguiente encarecimiento de la financiación para empresas y familias. A partir de julio de 2022, el BCE aumentó las tasas de interés en diez ocasiones consecutivas, llevándolas del territorio negativo hasta el 4,5 % en septiembre de 2023. Este ajuste ha sido necesario para controlar la inflación, pero también ha contribuido a una desaceleración económica. El euríbor, el índice de referencia para la mayoría de las hipotecas en España, también ha experimentado un aumento significativo, pasando de cifras negativas a superar el 4 % en octubre de 2023, para luego estabilizarse alrededor del 3,6 % en diciembre de 2023, lo que ha supuesto un incremento en las cuotas hipotecarias, tanto para las nuevas hipotecas como para las ya existentes. Además, las rápidas subidas de los tipos de interés en un corto periodo de tiempo han provocado episodios de perturbación en el sistema financiero, generando problemas en algunos bancos, tanto en Estados Unidos como en Europa, lo que ha añadido una capa adicional de inseguridad a la situación económica.

En la Comunitat Valenciana, la economía ha mostrado señales de desaceleración con un crecimiento del PIB del 2,4 % en 2023, una disminución respecto a los años anteriores. Sectores clave como el agrícola y el industrial han experimentado caídas significativas, en parte debido a condiciones climáticas adversas como la sequía que ha afectado gravemente a las explotaciones agrícolas y ganaderas, con repercusiones directas en la industria agroalimentaria.

Además, el Índice de Cifra de Negocios en la Industria de la Comunitat Valenciana para marzo de 2024 ha registrado una variación anual del -4,7 %, una vez corregidos los efectos estacionales y de calendario, lo que refleja una contracción en las ventas de las empresas industriales en comparación con el año anterior.

En el sector servicios, se observa también una desaceleración en la actividad. Los indicadores de actividad del sector servicios muestran que el crecimiento en este sector ha sido menor al esperado, con una variación anual del -3,2 % en marzo de 2024. Esta disminución en el sector servicios ha afectado la dinámica general de la economía valenciana. Asimismo, los índices de producción industrial también reflejan una disminución en marzo de 2024, con una caída del 5,4 % en varios subsectores industriales como el textil y el calzado.

Además de estos retos, la Comunitat Valenciana sufre de una infrafinanciación crónica. Según el informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), la Comunitat Valenciana ha recibido sistemáticamente menos financiación per cápita en comparación con otras comunidades autónomas desde 2002. En 2021, la financiación por habitante ajustado fue de 2.730 euros, 233 euros menos que la media nacional y 687 euros menos que Cantabria, la comunidad mejor financiada. Este déficit de financiación ha limitado la capacidad de la región para invertir en servicios públicos e infraestructura, exacerbando las dificultades económicas y sociales de la región.

Según el informe de BBVA Research, aunque el PIB de la Comunitat Valenciana creció un 2,4 % en 2023, este aumento fue menor que el 5,9 % registrado en 2022. Además, la caída de las exportaciones relacionadas con el sector automotriz y otros problemas en la industria han contribuido a una evolución económica menos vigorosa en comparación con la media nacional. La tasa de desempleo sigue siendo alta, y se anticipa que el déficit público de la Generalitat, que fue del 2,5 % del PIB en 2023, seguirá siendo uno de los más elevados del panorama autonómico.

Según el Informe de Coyuntura y Perspectivas Económicas de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) del cuarto trimestre de 2023, la tasa de crecimiento del empleo en la región ha sido del 1,8 %, inferior a la media nacional del 2,2 %. Además, la inversión extranjera directa ha disminuido en un 15 % en comparación con el año anterior, lo que refleja una menor confianza en el entorno económico de la región. La tasa de actividad también ha descendido ligeramente, situándose en el 58 %, un punto porcentual por debajo de la media nacional. Estos datos, difíciles de prever tras las tensiones geopolíticas globales, subrayan la necesidad urgente de medidas que impulsen el crecimiento económico y la generación de empleo en la Comunitat Valenciana.

La extraordinaria y urgente necesidad de adoptar medidas se ve reforzada por el notable incremento de los precios de la vivienda y el alquiler, que han alcanzado niveles récord históricos. En el último año, el precio del alquiler ha aumentado un 12,6 %, mientras que, en los últimos cinco años, el alquiler se ha incrementado en un 41 %. Del mismo modo, el precio de la vivienda ha subido un 16 % en el mismo período. Este contexto económico es aún más crítico si se compara con la evolución del poder adquisitivo de los valencianos y las valencianas, que ha disminuido un 2,5% en los últimos cinco años.

Esta situación afecta gravemente a la capacidad de la ciudadanía para acceder a una vivienda asequible, incrementando la presión sobre los recursos familiares y dificultando el acceso a un derecho básico. La combinación de precios altos y la falta de oferta suficiente genera un entorno en el que es urgente actuar para mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública, con el fin de facilitar las políticas públicas que aborden esta crisis.

Además, la situación actual del mercado inmobiliario no solo afecta a la ciudadanía, sino también a la competitividad de la Comunitat Valenciana como destino de inversión. Un entorno administrativo complejo y lento desincentiva la inversión tanto nacional como internacional, lo que a su vez limita la creación de empleo y el crecimiento económico. La mejora y simplificación de los procesos administrativos permitirán atraer más inversiones, dinamizar el mercado inmobiliario y mejorar el acceso a la vivienda, contribuyendo de esta manera al bienestar general de la sociedad.

El Consell, consciente de estas dificultades, ha decidido adoptar este decreto ley para abordar de manera inmediata y efectiva medidas para hacer frente a la situación actual, que permitan no solo mantener la actividad económica sino también estimularla. Este Decreto ley no solo responde a una necesidad económica urgente, sino que también pretende sentar las bases para una administración capaz de afrontar los desafíos sobrevenidos y de contribuir de manera decisiva al bienestar y al desarrollo económico de la Comunitat Valenciana.

II

El entorno macroeconómico actual en la Comunitat Valenciana, caracterizado por un crecimiento económico limitado, riesgos financieros y una inflación persistente que desestabiliza la economía, justifica la necesidad urgente de adoptar reformas normativas y medidas que permitan desarrollar actividades productivas en un entorno favorable para nuevas inversiones y el crecimiento de empresas existentes. La mejora regulatoria, como política pública transversal, es esencial para promover la productividad, la creación de empleo y un crecimiento económico sólido, así como para mejorar la prestación de servicios y el bienestar de las personas y empresas.

Estudios de la OCDE indican qué regiones con mejores indicadores de calidad regulatoria e institucional presentan un crecimiento potencial más robusto y mayores tasas de productividad y bienestar para sus ciudadanos y ciudadanas. Además, las mejoras en la legislación administrativa tienen un impacto positivo en la actividad económica y la renta per cápita, al proporcionar seguridad jurídica y centrarse en lo esencial, sin consumir recursos en lo superfluo. Es necesario un cambio cultural rápido en la Administración para hacerla más ágil, accesible y proactiva, creando un marco regulatorio eficiente para activar la economía y recuperar la sociedad del bienestar.

Desde un enfoque económico, es imprescindible la mejora regulatoria. Las barreras innecesarias, los marcos normativos complejos, las duplicidades y la fragmentación del mercado afectan negativamente a la productividad y al crecimiento. Por ello, es crucial contar con mercados flexibles, competitivos y bien regulados para adaptar el tejido productivo a nuevas necesidades, fomentar el correcto funcionamiento de actividades económicas, atraer inversiones, impulsar el crecimiento y el empleo, y, en consecuencia, el bienestar y la prosperidad.

El compromiso con la mejora de la calidad regulatoria en la Comunitat Valenciana es estratégico y se ha reforzado institucionalmente con la creación de la Dirección General de Simplificación Administrativa dentro de la Presidencia. Este compromiso se evidencia también en el Pacto Social y Económico por el Impulso de la Comunitat Valenciana, firmado con agentes económicos y sociales, esencial para transformar la Administración Pública, mejorar los servicios y eliminar cargas administrativas y regulatorias injustificadas.

El presente decreto ley se alinea con la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2020-2030, buscando instituciones eficaces e inclusivas e incluye medidas basadas en la mejora regulatoria para incrementar la transparencia, la seguridad jurídica, la racionalización administrativa y la coordinación dentro de la propia Administración y con el resto de las administraciones de la Comunitat Valenciana.

La regulación eficiente y pro competitiva es prioritaria para avanzar en la recuperación y transformación económica, eliminando barreras innecesarias para la actividad empresarial, alineándose con la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado y la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas.

En definitiva, en la actual coyuntura económica, la Generalitat busca facilitar el acceso y ejercicio de actividades productivas, atraer inversiones, simplificar trámites y cambiar la cultura administrativa para hacerla más ágil, accesible y proactiva hacia empresas y ciudadanía.

III

El artículo 44 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana permite al Consell dictar medidas legislativas provisionales en caso de extraordinaria y urgente necesidad mediante decretos leyes. Este decreto ley respeta estos límites y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en su interpretación del artículo 86.1 de la Constitución Española.

En cuanto a la necesidad extraordinaria y urgente, la jurisprudencia constitucional ha señalado que su apreciación es parte del juicio político del Gobierno (por ejemplo, sentencias 61/2018, de 7 de junio, FJ 4 y 142/2014, de 11 de septiembre FJ 3). El Tribunal Constitucional ha precisado que el decreto ley es constitucionalmente válido siempre que su fin sea abordar una situación concreta y urgente que requiere acción normativa inmediata, en un plazo más corto que el del procedimiento legislativo ordinario o de urgencia (SSTC 6/1983, de 4 de febrero, FJ 5; 11/2002, de 17 de enero, FJ 4; 137/2003, de 3 de julio, FJ 3; 368/2007, FJ 10; 31/2011, de 17 de marzo, FJ 4; 137/2011, de 14 de septiembre, FJ 6, y 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8).

El Tribunal Constitucional también ha defendido que el decreto ley es adecuado para paliar “coyunturas económicas problemáticas» y sus graves efectos (STC 31/2011, de 17 de marzo, FJ 4 y STC 137/2011, de 14 de septiembre, FJ 6). En este caso, la situación descrita se considera una “coyuntura económica problemática» que el decreto ley pretende abordar con medidas necesarias para los intereses generales, existiendo una “conexión de sentido» entre la situación habilitante y las medidas adoptadas (STC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; SSTC 96/2014, de 12 de junio, FJ 5, y 183/2014, de 6 de noviembre, FJ 4).

Estas medidas, mediante la simplificación de trámites o mejoras regulatorias, buscan aumentar la eficiencia, la inversión y la actividad productiva en la Comunitat Valenciana para paliar los efectos de la situación económica. Las circunstancias que justifican este Decreto ley requieren que las medidas entren en vigor con celeridad para abordar las situaciones derivadas de la crisis económica, lo cual no sería posible mediante el procedimiento legislativo ordinario o de urgencia, pues no se aprobarían en tiempo y forma, perdiendo su eficacia esperada.

IV

La necesidad de modernizar y agilizar la Administración Pública en la Comunitat Valenciana es cada vez más apremiante, especialmente en el contexto económico y social presente, que exige respuestas rápidas y eficaces.

La ineficiencia de los procesos administrativos actuales no solo afecta a las personas usuarias, sino que también impone una carga significativa sobre la Administración. La duplicación de tareas, la necesidad de manejar grandes cantidades de documentación física y la falta de automatización en muchos procedimientos suponen una pérdida de medios y de tiempo. Esto limita la capacidad de la Administración para centrarse en tareas más estratégicas y de mayor valor añadido.

La complejidad normativa y la fragmentación del marco legal han creado un entorno en el que las empresas y la ciudadanía deben navegar a través de una maraña de regulaciones y requisitos que, a menudo, son difíciles de entender y de cumplir. Este escenario desincentiva la inversión y ralentiza el crecimiento económico. Las pequeñas y medianas empresas (pymes), que son el motor de la economía valenciana, se ven particularmente afectadas por estos obstáculos administrativos que consumen tiempo y recursos que deberían destinarse a actividades productivas.

El actual marco legislativo, aunque bien intencionado, ha demostrado sus limitaciones. La lentitud en la adopción de nuevas tecnologías, la falta de integración entre diferentes sistemas administrativos y la persistencia de procedimientos manuales y físicos son algunos de los problemas que se han identificado. Estos problemas no solo ralentizan los procesos administrativos, sino que también aumentan el riesgo de errores y pérdidas de información, lo que puede tener consecuencias graves tanto para la Administración como para la ciudadanía.

El empleo del decreto ley como instrumento jurídico para modificar numerosas disposiciones normativas se justifica plenamente por la necesidad de poner en marcha estas medidas de manera rápida y ágil. El contexto actual de crisis económica, social y habitacional requiere respuestas inmediatas y efectivas que no pueden esperar los largos plazos inherentes al procedimiento legislativo ordinario. Seguir el cauce tradicional podría tardar años en ofrecer soluciones, mientras que las necesidades de la ciudadanía y de las empresas son urgentes y demandan una acción inmediata. La única manera de abordar un beneficio real para todas las personas físicas o jurídicas cuya repercusión sea inmediata es a través de una norma de urgencia que abarque todos los sectores y todas las disposiciones susceptibles de simplificarse.

El marco normativo vigente en la Comunitat Valenciana presenta una serie de rigideces y complejidades que impiden una gestión ágil y eficiente. Modificar múltiples normativas a través de un decreto ley permite una actualización simultánea y coherente del ordenamiento jurídico, eliminando duplicidades y contradicciones que dificultan la aplicación de políticas públicas efectivas. Esta herramienta legislativa es esencial para adaptar rápidamente el marco normativo a las nuevas exigencias y facilitar la reactivación económica y la mejora de los servicios públicos.

Es crucial que estas medidas se apliquen de manera uniforme a toda la Administración de la Generalitat y a la Administración local, garantizando coherencia y efectividad en su implantación.

El carácter extraordinario y urgente de las circunstancias actuales legitima el uso del decreto ley, una figura reconocida por la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana para situaciones que requieren una intervención rápida y decidida. La adopción de estas medidas a través del decreto ley permite actuar con la celeridad necesaria para mitigar los efectos de la crisis y responder a las demandas de la sociedad de manera eficiente y efectiva.

V

Existe una imperiosa necesidad de agilizar el funcionamiento de la Administración para impulsar el crecimiento económico y la mejora en la prestación del servicio público. La demanda social y empresarial de simplificar y agilizar la Administración es compartida por sus propios gestores y gestoras, quienes también padecen sus deficiencias regulatorias y organizativas y son conscientes de que existen aspectos que deben modificarse para que pueda servir con objetividad los intereses generales y pueda actuar de acuerdo con el principio de eficacia, tal y como dispone el artículo 103 de la Constitución Española.

Las Leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, representan un enérgico respaldo a las medidas de simplificación administrativa y a la generalización de la administración electrónica, hasta el punto de que constituyen los dos ejes sobre los que se articulan sus principales novedades.

El Decreto 220/2014, de 12 de diciembre, que aprueba el Reglamento de administración electrónica de la Comunitat Valenciana, y el Decreto 165/2010, de 8 de octubre, del Consell, por el que se establecen medidas de simplificación y de reducción de cargas administrativas en los procedimientos gestionados por la Administración de la Generalitat y su sector público, supusieron un avance significativo en su momento, sentando las bases para la administración electrónica y la simplificación administrativa. Sin embargo, han quedado obsoletos ante la evolución tecnológica y las nuevas expectativas de la ciudadanía y de las empresas.

A lo largo de los años, se ha evidenciado que los procedimientos administrativos siguen siendo percibidos como burocráticos, lentos y, en muchos casos, redundantes. La falta de interoperabilidad entre diferentes sistemas y plataformas, la duplicación de requisitos documentales y la escasa integración de procesos electrónicos son algunos de los problemas que persisten y que han generado una evidente frustración general.

Este decreto ley, como instrumento clave para agilizar la actuación administrativa, se fundamenta en el conjunto de vertientes en que se basa la simplificación administrativa: la regulatoria, la organizativa, la procedimental y la tecnológica; asimismo, se dirige hacia tres ámbitos: las empresas, la ciudadanía en general y la propia organización pública.

Una máxima que define la filosofía con la que se ha redactado este texto legal es la simplificación desde el diseño, por la cual se garantiza que los requisitos de simplificación se deben tener en cuenta desde el momento en que se planifican, diseñan o rediseñan normas, organizaciones y procedimientos administrativos. La introducción de criterios de racionalización en la tramitación permitirá aprobar con mayor diligencia disposiciones generales que prioricen la eficacia administrativa, la agilidad, la transparencia y la administración electrónica.

Mediante este decreto ley se pretende establecer una regulación sólida que comprenda todos los factores y sectores implicados o afectados por la simplificación administrativa, sin agotar sus posibilidades regulatorias, de manera que sean las disposiciones que desarrollen esta ley las que, sobre la base del marco creado, puedan regular con más flexibilidad y detalle aquellos aspectos necesarios para alcanzar con plenitud los fines deseados.

La creación y ejecución de una planificación de la simplificación es urgente para estructurar y priorizar las acciones necesarias para optimizar los procedimientos administrativos y mejorar la calidad de los servicios públicos. La formación de gobernanza es necesaria para coordinar y supervisar los esfuerzos de simplificación administrativa, asegurando una implementación coherente y efectiva en toda la Administración.

Corresponde a los poderes públicos impulsar aquellas medidas que maximicen la confianza del sector privado y que permitan que las actividades económicas se desarrollen en un marco de seguridad, que favorezca nuevas iniciativas y el afianzamiento y extensión de las ya existentes en el tejido productivo valenciano. Para ello, este decreto ley consagra el principio de transversalidad organizativa, incorporando mecanismos de coordinación y colaboración y sistemas de acompañamiento individualizado, así como un marco general de racionalización del régimen de intervención administrativa y un portal único de búsqueda y tramitación guiada y unificada de procedimientos.

La ciudadanía es un objetivo preferente de este decreto ley. Se configura el deber de la Administración de la Generalitat de acercarse a ella por distintos canales, reduciendo las cargas administrativas que debe soportar y asistiéndole en su relación con la Administración sin que los medios electrónicos constituyan un obstáculo para hacer efectivos sus derechos.

La puesta en marcha de los cambios procedimentales y organizativos necesarios requiere dirigir la mirada y hacer una revisión de la propia organización, sus estructuras, métodos de trabajo, formación de sus empleadas y empleados públicos y tecnologías. En el objetivo de simplificar es esencial tener en cuenta la administración electrónica y la transformación digital, los cuales son instrumentos básicos para la simplificación administrativa, en la medida que su adecuada implementación representa un importante ahorro de costes y un motor para el desarrollo.

Asimismo, el presente decreto ley asienta los pilares para construir una administración orientada al dato que, mediante su uso ético, seguro y responsable, sea cercana a la ciudadanía, transparente, inclusiva y participativa y con una fuerte capacidad en la toma objetiva de decisiones a través de la medición de los resultados que producen sus políticas públicas. Asimismo, apuesta por las tecnologías más innovadoras, como la robotización y la inteligencia artificial.

Para la consecución de sus fines el decreto ley pone en valor la conveniencia de colaborar con las entidades locales, con la finalidad de lograr que las actuaciones estén lo más coordinadas posibles, dando un servicio unificado a la ciudadanía y aprovechando las sinergias para un mejor rendimiento en beneficio del conjunto de la población de la Comunitat Valenciana.

La coyuntura económica a la que el presente decreto ley pretende subvenir requiere, asimismo, de un conjunto de medidas necesarias e imprescindibles para atender a los intereses generales afectados. Existe una conexión de sentido o relación de adecuación entre la situación definida, que constituye el presupuesto habilitante, y las medidas que este decreto ley adopta en los ámbitos de la Administración local, transparencia, participación y convenios de colaboración, cultura y deporte, servicios sociales e igualdad, agricultura, ganadería y pesca, hacienda, economía, administración pública, administración electrónica, sanidad, educación, medio ambiente, infraestructuras, urbanismo, innovación, comercio y turismo. Este decreto ley, consciente de la gravedad de la situación económica actual, establece medidas específicas en cada uno de los mencionados sectores con el objetivo de simplificar los procedimientos y reducir las cargas administrativas, en beneficio tanto de la prestación del servicio público como de la activación de la economía.

VI

El título I regula la simplificación administrativa.

Disponer de un marco regulador general de la simplificación administrativa resulta esencial para lograr una actuación clara y común de la Administración frente a los retos urgentes de la sociedad y las necesidades de la ciudadanía.

El capítulo I regula el objeto y finalidad del título I del decreto ley, su ámbito de aplicación y los principios rectores que lo guían, tales como el principio de buena regulación, el de mínima intervención administrativa y el de coordinación y colaboración. Estos principios aseguran que las medidas adoptadas sean proporcionales, necesarias y efectivas. Además, este capítulo proporciona las principales definiciones para facilitar la comprensión del texto normativo y establece el deber general de promoción de la simplificación en el ámbito regulatorio, procedimental y organizativo. Los criterios de simplificación administrativa contenidos en este capítulo son esenciales para garantizar que todos los cambios sean coherentes y alineados con los objetivos de eficiencia y accesibilidad.

El capítulo II se enfoca en la planificación y organización administrativa de la simplificación. Esta planificación se realizará de forma consensuada, a través de órganos colegiados con participación de todas las personas y entidades implicadas y de carácter multidisciplinar. La Oficina de Simplificación Administrativa y Gobierno del Dato, adscrita al órgano competente en materia de simplificación administrativa, será la unidad encargada de analizar los procedimientos administrativos y servicios de la Administración de la Generalitat y su sector público instrumental, con el fin de eliminar las cargas administrativas y optimizar los procedimientos.

En el capítulo III se incluyen medidas de simplificación administrativa previas a la aprobación de las normas, destacándose la necesidad de realizar un análisis ex ante de simplificación de las propuestas normativas. Este análisis permitirá identificar y eliminar posibles obstáculos antes de que las normas sean aprobadas, evitando que se introduzcan cargas innecesarias. La Memoria del Análisis de Impacto Normativo asegurará que se adoptan las alternativas más eficientes, mejorando la calidad normativa y evitando efectos adversos. Además, se establece la obligación de revisar y actualizar constantemente la normativa autonómica, como medida para mantener un marco regulatorio ágil y adaptado a las necesidades cambiantes de la sociedad y de la economía.

El capítulo IV regula medidas para impulsar la actividad económica e incluye mecanismos de coordinación y colaboración y sistemas de acompañamiento individualizado. El tratamiento preferente de Proyectos de Interés Autonómico y la gestión coordinada de procedimientos son medidas urgentes para dinamizar la economía regional, facilitando la puesta en marcha de actividades económicas con impacto positivo en empleo y riqueza.

Asimismo, prevé la creación de un portal único para la tramitación unificada de procedimientos administrativos. Este portal facilitará a la ciudadanía y a las empresas el acceso a los servicios públicos, ofreciendo una plataforma centralizada y eficiente para la gestión de sus trámites. Se impulsa la utilización de los regímenes de la declaración responsable y la comunicación. Además, las personas interesadas podrán obtener certificados emitidos por entidades colaboradoras que verifiquen la documentación presentada ante los órganos públicos; a tal efecto, se regulan las obligaciones y responsabilidades de dichas entidades. Estas medidas tienen como finalidad reducir el tiempo y esfuerzo requeridos para cumplir con los requisitos administrativos, fomentando así un entorno más favorable para la actividad económica.

El capítulo V se enfoca en las medidas de simplificación dirigidas a la ciudadanía, facilitando el acceso a los servicios y el uso de un lenguaje claro y sencillo. Se crean mecanismos para acercar la Administración a las personas, mediante la atención personalizada y la asistencia en las relaciones con la Administración. Estos mecanismos incluyen, entre otros, búsquedas guiadas, información de interés disponible en la carpeta ciudadana y la asistencia del personal funcionario habilitado. Asimismo, se incorporan medidas específicas para minimizar la brecha digital, de modo que toda la ciudadanía, independientemente de su nivel de habilidades tecnológicas, pueda acceder en igualdad de condiciones a los servicios públicos. Esta integración digital es esencial para garantizar la equidad y accesibilidad a los servicios administrativos.

El capítulo VI incorpora medidas aplicables tanto a empresas como a ciudadanos y ciudadanas, tales como la reducción de plazos, el sentido positivo del silencio administrativo y la interoperabilidad entre sistemas. Se prohíbe a la Administración de la Generalitat y su sector público instrumental solicitar a las personas interesadas la aportación de datos o documentos que puedan consultar en la Plataforma Autonómica de Interoperabilidad. Además, se introduce la figura de los entes habilitados, competentes para la realización de transacciones electrónicas en representación de las personas interesadas.

En el capítulo VII se regulan medidas de simplificación de carácter interno, que implican cambios en el modelo operacional y organizativo de la Administración. Estas medidas incluyen la implantación de un gestor de expedientes común, la gestión por procesos y la formación de las personas empleadas públicas, resultando cruciales para crear una Administración más eficiente y capaz de responder de manera efectiva a las necesidades de la ciudadanía.

El capítulo VIII incorpora la adopción de tecnologías avanzadas como la automatización, robotización e inteligencia artificial, así como nuevos sistemas de identificación y firma esenciales para modernizar la Administración Pública, reduciendo tiempos de respuesta y errores, y mejorando la prestación de servicios.

El capítulo IX recoge medidas de colaboración y organizativas para impulsar la simplificación administrativa en la administración local, asegurando que todas las administraciones de la Comunitat Valenciana ofrezcan soluciones únicas e integradas a la ciudadanía. Es urgente que los entes de la Administración local adopten normativas de simplificación para armonizar procedimientos y colaborar eficazmente con la Generalitat, asegurando una administración coherente y eficiente en todo el territorio autonómico.

Finalmente, el capítulo X incorpora el régimen sancionador por incumplimientos relacionados con las declaraciones responsables y las comunicaciones y con las entidades colaboradoras de certificación y los entes habilitados, para garantizar el cumplimiento de las nuevas medidas de simplificación administrativa, disuadiendo de cometer infracciones y asegurando la integridad y la eficacia del sistema administrativo.

VII

El título II contiene las modificaciones en materia de Administración local, transparencia, participación y convenios de colaboración.

El capítulo I recoge las modificaciones en materia de Administración local.

En el marco de lo dispuesto en el título I de este decreto ley, que incorpora en su ámbito de aplicación a las entidades locales, se modifica la Ley 8/2010, de 23 de junio, de régimen local de la Comunitat Valenciana, con el objetivo de agilizar de forma urgente la tramitación administrativa mediante la modificación del órgano competente para la resolución y notificación de los procedimientos.

Asimismo, se modifica la Ley 5/2023, de 13 de abril, integral de medidas contra el despoblamiento y por la equidad territorial en la Comunitat Valenciana, de manera que solo los proyectos normativos con rango de ley de la Generalitat y los planes sectoriales que de forma directa e inequívoca afecten a municipios en riesgo de despoblación incorporarán una valoración de perspectiva sobre el despoblamiento. Anteriormente, esta obligación se extendía a todos los proyectos, generando retrasos importantes en la tramitación de las normas, como consecuencia de la obligación de elaborar informes que, en muchos casos, carecían de contenido sustantivo. Dado que el despoblamiento es un problema grave en algunos municipios de la Comunitat Valenciana, la valoración del impacto debe hacerse con todas las garantías cuando realmente se requiera. Dotar de agilidad al procedimiento de tramitación de normas es urgente y necesario para garantizar los derechos y libertades de la ciudadanía.

Se procede a modificar el Decreto 92/2021, de 9 de julio, del Consell, de regulación del personal funcionario con habilitación de carácter nacional, con el objetivo de agilizar la tramitación administrativa mediante la asignación de competencias del órgano superior al órgano directivo. La simplificación administrativa en su vertiente organizativa tiene una afección directa a la calidad de los servicios públicos; estos ajustes se presentan como una medida rápida y altamente efectiva en materia de gestión de personal.

El capítulo II recoge las modificaciones en materia de transparencia.

A través de este decreto ley se modifica la Ley 1/2022, de 13 de abril, de transparencia y buen gobierno de la Comunitat Valenciana, en respuesta a los avances tecnológicos, las demandas sociales y los principios de eficiencia administrativa que requieren la adecuación del texto normativo con carácter urgente.

Se modifica la regulación de la información de relevancia jurídica objeto de publicidad activa, artículo 16, con la finalidad de adaptar la norma a la regulación actual de la inteligencia artificial y a la tendencia jurisprudencial de la Unión Europea. Con la nueva redacción se concreta la norma y se aporta seguridad jurídica, ya que se identifican de forma concreta los sistemas de inteligencia artificial y algorítmicos a los que hay que dar publicidad, así como la información a publicar sobre estos. Asimismo, se opera otra modificación que tiene como objeto que la Abogacía en las consultas que se les plantean se pronuncie de oficio sobre la incidencia de estas en la interpretación de las normas, lo que conllevaría la publicidad de los informes, concretando a su vez que los informes objeto de publicidad activa serán, en su caso, los informes jurídicos facultativos; este cambio incide en la reducción de trámites y plazos y en la mejora de la seguridad jurídica.

Se modifica el artículo 21 relativo a la información sobre convenios de colaboración, encargos de gestión, encargos de ejecución a medios propios y acción concertada. Los encargos a medios propios y las encomiendas de gestión tienen una regulación distinta, por lo que cabe una diferenciación dentro del articulado, de modo que se sustituye el término de encargos de gestión por encomiendas de gestión. Asimismo, se clarifica y concreta la información que hay que publicar relativa a convenios, encargos a medios propios, encomiendas de gestión y acción concertada.

En un esfuerzo por simplificar y agilizar los procesos administrativos, se llevan a cabo modificaciones en los artículos 33 y 35 con el objeto de acumular trámites y ampliar los órganos con competencias para resolver, de manera que las solicitudes de acceso a la información pública se resuelvan con mayor agilidad.

En relación con los datos, surge de la necesidad de establecer criterios uniformes para la definición de datos considerados de alto valor, reconocer la variabilidad en esta categorización y referenciar a la normativa estatal y europea como guía para unificar los criterios aplicables, a través de la modificación del artículo 40. Por otro lado, se elimina el precepto que preveía el consejo asesor de reutilización, artículo 42, como consecuencia de la falta de creación de dicho órgano hasta la fecha, no considerando que su creación aporte valor añadido y sí una duplicidad organizativa nada deseable en una administración que apuesta firmemente por la simplificación administrativa.

Se modifica la Comisión Interdepartamental de Gobierno Abierto para unificar las materias de transparencia y participación en un único órgano. De manera análoga se asignan funciones de participación, en el ámbito de los diferentes departamentos del Consell, a las unidades de transparencia ya existentes. Con esta integración, a través de la modificación de los artículos 44 y 45, se elimina estructura administrativa y redundancias, consolidando las tareas bajo una misma unidad.

Por último, se suprime el artículo 61 de la Ley 1/2022, de 13 de abril, porque el título I del presente decreto ley formula una regulación de la Memoria de Análisis de Impacto Normativo más simplificada y coherente con la simplificación administrativa, por lo que cabe suprimir la regulación que sobre esta materia hacía la Ley 1/2022, de 13 de abril, y que nunca se llegó a desarrollar ni a aplicar.

El capítulo III recoge las modificaciones en materia de participación.

Se realizan una serie de modificaciones de la Ley 4/2023, de 13 de abril, de participación ciudadana y fomento del asociacionismo de la Comunitat Valenciana.

En respuesta a la urgente necesidad de garantizar una atención eficaz a las demandas ciudadanas, se modifica su artículo 12, regulador de la iniciativa ciudadana en el ámbito de la Generalitat, con la finalidad de reducir el plazo otorgado al departamento competente para elaborar un informe sobre las iniciativas ciudadanas que hayan alcanzado los apoyos requeridos, pasando de tres meses a uno. Esta medida se fundamenta en la premisa de que la Generalitat debe procurar una respuesta razonada en un tiempo adecuado, sin dilaciones innecesarias. Al simplificar el procedimiento, se facilita una atención más ágil y efectiva a las demandas de la ciudadanía, promoviendo así una participación ciudadana más dinámica y satisfactoria.

Con el objetivo de preservar la calidad del portal principal de participación ciudadana, se modifica la redacción del artículo 14.3 de la citada ley, que permitirá, sin menoscabar el portal principal, la publicación en medios complementarios de acuerdo con lo previsto en las normas sectoriales. Este ajuste promueve la claridad y la seguridad jurídica al garantizar la flexibilidad necesaria para adaptarse a diversos procedimientos sectoriales sin comprometer la integridad del proceso de participación ciudadana.

Asimismo, se lleva a cabo una reducción de los plazos de la consulta pública previa y la audiencia ciudadana de un mes cada una a quince días naturales, lo que requiere modificar el apartado 4 del artículo 14. Esta reducción de los plazos para la participación ciudadana se justifica en que la experiencia ha demostrado la falta de operatividad de periodos tan dilatados para la participación ciudadana. Con la modificación operada, la consulta se realizará con los mismos derechos y garantías y se simplificará notablemente la tramitación normativa, a través de un procedimiento que permitirá que las normas se aprueben de manera más ágil, respondiendo así a las necesidades y expectativas de la ciudadanía.

Con el fin de mejorar la gestión administrativa y fortalecer la participación ciudadana, se modifica la frecuencia de convocatoria de los presupuestos participativos, pasando de dos años a cuatro. Esta modificación del artículo 19 se basa en la necesidad evidente, tras el primer proyecto piloto en 2021, de adaptar el proceso a la complejidad de ejecutar propuestas a nivel autonómico. Además, se reconoce la importancia de ampliar y enriquecer las fases de información, debates y evaluación de propuestas para una participación ciudadana más sólida. Esta medida contribuirá a una gestión más eficiente y a una participación ciudadana más significativa en los asuntos públicos.

Para promover la coherencia y fomentar la participación ciudadana en las políticas públicas, se modifica la regulación de la elección de personas auditoras, artículo 23, con la finalidad de eliminar la obligatoriedad de la participación de las personas representantes de las entidades ciudadanas del Consejo de Participación Ciudadana. De esta manera, el equipo auditor reflejará adecuadamente la diversidad de la población valenciana y su designación por sorteo y, con ello, una participación ciudadana más equitativa y efectiva en la mejora de las políticas públicas.

Con el propósito de simplificar la Administración y promover una participación ciudadana más efectiva, se realizan dos modificaciones legislativas, a través de los artículos 42 y 43, que consisten en la unificación del plan de participación ciudadana de la Generalitat y en el plan estratégico de transparencia, denominándolo Plan Estratégico de Gobierno Abierto, y la asignación de funciones de participación a las unidades de transparencia, en coherencia con lo también modificado en la Ley 1/2022, de 13 de abril, de transparencia y buen gobierno de la Comunitat Valenciana.

El capítulo IV recoge una modificación en materia de actividad de los grupos de interés.

Se procede a modificar el artículo 18 de la Ley 25/2018, de 10 de diciembre, reguladora de la actividad de los grupos de interés de la Comunitat Valenciana, para eximir de su aplicación a los instrumentos de planificación territorial.

La Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana (ETCV) y los Planes de Acción Territorial (PAT) son herramientas de planificación territorial reguladas por la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (TRLOTUP). Estos instrumentos se aprueban mediante decreto del Consell y tienen una naturaleza mixta: parte normativa y parte no normativa (planos, decisiones estratégicas, etc.). Cualquier defecto formal en estos instrumentos que contradiga una norma puede llevar a su nulidad, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo. La seguridad jurídica es esencial para el ordenamiento y la estabilidad económica y social. Sin embargo, la rigidez en la calificación de los vicios en los reglamentos de planificación territorial y urbanística puede provocar su anulación por defectos menores, complicando su tramitación debido a la complejidad técnica y jurídica y a las numerosas exigencias de la legislación sectorial.

Este problema ha llevado a la anulación de muchos instrumentos de ordenación, lo que afecta negativamente a la seguridad jurídica y paraliza la planificación administrativa, con repercusiones en la actividad económica, la política de vivienda y la protección del medio ambiente.

La actividad económica en general, la política de vivienda, la satisfacción de las necesidades de la sociedad e incluso la protección del medio ambiente dependen de la ordenación que se haga del suelo, y cualquier situación que permita que el mismo esté sin ordenar o sometido a instrumentos de planificación revividos y con décadas de desfase temporal en cuanto a las necesidades reales de cada momento será nefasta. Y a este resultado están conduciendo las declaraciones de nulidad de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística, dentro de las cuales cabe destacar no sólo esa reviviscencia de planes antiguos absolutamente desconectados de la realidad, sino también la “nulidad en cascada» de todo el planeamiento de desarrollo e, incluso, de los actos de aplicación. La imposibilidad formal de subsanar trámites de procedimiento que ni siquiera resultan sustanciales ha provocado ya una crisis en el sistema que no solo pone en riesgo su credibilidad, sino que tiene efectos paralizadores de una actividad administrativa de planificación y programación no ya necesaria, sino imprescindible para la consecución de múltiples intereses generales.

El carácter integrado de la ETCV y de los PAT hace que necesariamente hayan de intervenir en su tramitación multitud de órganos administrativos de administraciones distintas, por lo que, en la práctica, se hace material y humanamente imposible poder realizar correctamente el informe previsto en el citado artículo 18 de la Ley 25/2018.

Se procede a modificar el Decreto 172/2021, de 15 de octubre, del Consell, de desarrollo de la Ley 25/2018, de 10 de diciembre, reguladora de la actividad de los grupos de interés de la Comunitat Valenciana, en su artículo 21, de manera que, si previamente o a lo largo del procedimiento de elaboración de un anteproyecto de ley o de un proyecto de decreto del Consell no se han producido actividades de influencia relacionadas con el anteproyecto o proyecto, no sea necesario emitir informe de huella de los grupos de interés negativo para su tramitación, como se exigía hasta ahora, sino una mera constatación en el expediente de esta circunstancia por parte del órgano de tramitación. La simplificación del procedimiento de tramitación de normas, mediante la supresión de trámites que carecen de un valor añadido, deviene esencial y urgente para dar respuesta a la ciudadanía en sus necesidades.

El capítulo V recoge las modificaciones en materia de convenios de colaboración.

Se realizan las siguientes modificaciones del Decreto 176/2014, de 10 de octubre, del Consell, por el que regula los convenios que suscriba la Generalitat y su registro.

Esta disposición ya fue modificada, entre otras, a través del Decreto ley 6/2021, de 1 de abril, del Consell, de medidas urgentes en materia económico-administrativa para la ejecución de actuaciones financiadas por instrumentos europeos para apoyar la recuperación de la crisis consecuencia de la covid-19, con la finalidad de agilizar el procedimiento de tramitación de los convenios, reduciendo el número de estos cuya suscripción debe someterse a la autorización del Consell.

La modificación del artículo 160.1.b) de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, que se prevé en el proyecto de Decreto ley de simplificación administrativa de la Generalitat, en el sentido de que la autorización que debe emitir el Consell se produzca cuando las subvenciones de concesión directa se instrumenten mediante convenio y la cuantía supere el millón de euros, supone la necesidad de armonizar la redacción del párrafo b) del apartado 6 del artículo 12 del Decreto 176/2014, de 10 de octubre, del Consell. Así, la modificación del umbral del importe de los convenios que deben someterse al Consell (que pasaría de 150.000 € a 1.000.000 €) supondrá una drástica reducción en el conjunto de asuntos que se someten al Consell, y esto implicará un ahorro de entre una y dos semanas en la tramitación de cada convenio, que, por otro lado, ya tiene un control administrativo suficiente con la emisión de los informes preceptivos que deben elaborarse durante el procedimiento previo a la firma de cada convenio.

Asimismo, la clara separación de funciones en la tramitación del procedimiento de aprobación de los convenios que suscriba la Generalitat, entre las subsecretarías y los centros gestores, contribuirá a evitar discrepancias entre estos órganos y a operar con más agilidad durante la tramitación. Esa es la razón para modificar el artículo 6.2, delimitando, con más claridad, las funciones que competen a unos y a otros órganos.

Junto a esto, atribuir siempre al mismo órgano la elaboración de la memoria económica, con independencia del procedimiento de que se trate, también aclara la distribución de funciones entre los centros gestores y las respectivas subsecretarías, y enmienda la divergencia que plantean los artículos 40.2 del Decreto 77/2019, de 7 de junio, del Consell, de regulación del Procedimiento de gestión del presupuesto de la Generalitat (“2. La memoria deberá ser suscrita por la persona titular del centro directivo proponente por razón de la materia y responsable de la ejecución y seguimiento del correspondiente programa presupuestario; en el caso de que se trate de sujetos del sector público instrumental de la Generalitat, se suscribirán por las personas que ejerzan la presidencia o dirección») y 12.2.a) del Decreto 176/2014, de 10 de octubre, del Consell, por el que regula los convenios que suscriba la Generalitat y su registro (“a) Memoria económica suscrita por la persona titular de la subsecretaría correspondiente o, tratándose de organismos públicos, por el órgano que ejerce funciones equivalentes en estos»). Además, la realidad apunta al hecho de que las subsecretarías, para elaborar la memoria económica, se basan en los informes y los datos que suministran los centros gestores, por lo que se produce, en la realidad, una duplicidad de intervenciones en el mismo asunto. El hecho de que la memoria económica sea suscrita por los centros gestores en todos los casos puede suponer también la reducción de unos días en la tramitación de los convenios que suscriba la Generalitat, ya que la información se remitirá completa a la subsecretaría, para que inicie la tramitación, sin que esta, a su vez, tenga que detener el procedimiento para completar la documentación con la elaboración de la memoria económica, para el contenido de la cual tiene mucha más información el órgano superior o centro directivo promotor del convenio.

Por último, con la modificación de la disposición adicional tercera del Decreto 176/2014, de 10 de octubre, del Consell, se pretende promover la tramitación conjunta de convenios con un contenido muy similar, con lo cual se reducirán significativamente el número de procedimientos a tramitar, y se ahorrará la emisión de informes que no aportan nada respecto de otros informes ya emitidos. De esta manera, se logrará no reproducir una y otra vez informes idénticos sobre convenios igualmente iguales, salvo tres aspectos que son los que individualizan realmente cada convenio.

La reducción significativa de procedimientos y la eliminación de trámites, que se puede conseguir con las modificaciones normativas indicadas, tendrán, como beneficiarias directas, a las personas físicas o jurídicas que suscriban convenios con la Administración de la Generalitat y su sector público instrumental.

El título III contiene las modificaciones en materia de patrimonio cultural y deporte.

El capítulo I recoge las modificaciones en materia de patrimonio cultural.

Los más de 25 años de vigencia de la Ley de la Generalitat 4/1998, de 11 de junio, del patrimonio cultural valenciano, han favorecido un constante incremento en la apreciación general del patrimonio cultural, lo que ha supuesto un elevado incremento de los bienes objeto de protección, siendo en la actualidad la Comunitat Valenciana la comunidad autónoma que cuenta con mayor número de bienes protegidos. En concreto, entre los quinientos cuarenta y dos municipios de la Comunitat Valenciana, se encuentran protegidos mil novecientos sesenta y un bienes de interés cultural de carácter singular, seis mil setecientos bienes de relevancia local, a los que se tendrían que añadir treinta y dos conjuntos históricos y más de quinientos núcleos históricos tradicionales.

Este crecimiento exponencial de los bienes que gozan de protección en el ámbito de la Comunitat Valenciana ha supuesto un incremento directamente proporcional de la carga administrativa que debe soportar la ciudadanía y empresas, entidades locales y la propia Administración de la Generalitat, en tanto que la inclusión de un bien en el Inventario general del patrimonio cultural supone, más allá del reconocimiento público de sus valores, una serie de limitaciones al tráfico jurídico habitual, tanto en la esfera jurídico-privada –que se plasma en limitaciones a su trasmisión, a la intervención en los mismos o su uso por particulares, generación de derechos de tanteo y retracto, obligaciones registrales, etcétera–, como en la esfera jurídico-pública –repercusiones en el planeamiento urbanístico, en la disciplina urbanística o en la gestión de actos populares o festividades como manifestaciones inmateriales del patrimonio, que afectan a las competencias municipales–. Ello sin perjuicio del beneficio para toda la sociedad que la inclusión de los bienes en el Inventario general del patrimonio cultural valenciano conlleva.

La vigente Ley de la Generalitat 4/1998, de 11 de junio, del patrimonio cultural valenciano, instituyó la figura de los bienes de relevancia local, como manifiesta el apartado VI de su preámbulo, con la vocación de establecer para los mismos un régimen propio, sin perjuicio de las normas de esta ley que le son de aplicación, vinculado a la normativa urbanística y, en particular, a los catálogos de protecciones. Sin embargo, la implementación de los catálogos de protecciones no ha seguido el ritmo que la legislación pretendía alcanzar. Partiendo de la consideración de la conveniencia de tales instrumentos en la protección del Patrimonio cultural y en la mejora de la eficiencia de la gestión administrativa de esta protección que tales instrumentos urbanísticos suponen, en beneficio último de la ciudadanía y de las empresas, en el presente proyecto se formulan medidas de impulso de la aprobación de los catálogos de protecciones, en tanto que su existencia constituye la mayor aportación a la simplificación administrativa y la racionalización de los procedimientos. La necesidad de este impulso la evidencia que únicamente el veinte por ciento de los municipios valencianos, tras estos veinticinco años, cuentan con un catálogo de protecciones vigente y actualizado.

Los beneficios descritos no pueden ocultar el hecho de que estas cargas administrativas han devenido un lastre tanto para la actividad de la sociedad civil, como para la efectiva protección de los bienes inventariados; consciente, asimismo, de que la simplicidad y la racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos contribuye a fomentar el aprecio general del patrimonio cultural y constituyen principios generales de la actuación administrativa, el Consell aprecia que llegado este momento ha de procederse a las necesarias reformas con carácter urgente a fin de evitar ralentización de la actividad que está causando un irreparable perjuicio de desafección hacia el patrimonio cultural valenciano. Las modificaciones contenidas en el presente decreto, que determinan un nuevo ciclo en la filosofía de la protección del patrimonio cultural, aconsejan abordar la reforma descrita a la mayor celeridad posible, siendo adecuado este instrumento. El fin que justifica la urgencia es subvenir la concreta situación descrita que requiere la acción para llevar a efecto los objetivos gubernamentales, en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes.

En cuanto al segundo presupuesto habilitante de la legislación de urgencia, concebida como conexión entre la situación de necesidad definida y las medidas que en este decreto ley se adoptan, la reforma incluye modificaciones en la Ley de la Generalitat 4/1998, de 11 de junio, del patrimonio cultural valenciano y de los siguientes decretos: Decreto 23/1989, de 27 de febrero, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se regula el ejercicio de competencias en materia de patrimonio histórico; Decreto 208/2010, de 10 de diciembre, del Consell, por el que se establece el contenido mínimo de la documentación necesaria para la elaboración de los informes a los estudios de impacto ambiental a los que se refiere el artículo 11 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat, del patrimonio cultural valenciano; Decreto 62/2011, de 20 de mayo, del Consell, por el que se regula el procedimiento de declaración y el régimen de protección de los bienes de relevancia local, y Decreto 107/2017, de 28 de julio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de regulación de las actuaciones arqueológicas en la Comunitat Valenciana.

Esta reforma aborda todos los objetivos de racionalización competencial, simplicidad administrativa para la ciudadanía y racionalización de los procedimientos administrativos, además de los principios constitucionales de descentralización, desconcentración y coordinación, lo que incluye tanto los artículos que constituyen el núcleo básico, como todas las previsiones normativas necesarias para su mejor implantación.

En la regulación contenida en los preceptos que este capítulo del decreto ley modifica o introduce en los textos normativos, los objetivos expuestos se articulan en torno a los siguientes ejes: el favorecimiento de los procedimientos de declaración singular de bienes integrantes del patrimonio cultural frente a declaraciones genéricas, la agilización de la tramitación de los procedimientos de declaración singular, en beneficio tanto de la protección brindada, como de la seguridad jurídica de las personas afectadas por la declaración, el mantenimiento de la coherencia jurídica y técnica con el resto de la regulación aplicable en materia de patrimonio cultural y la adecuación de la respuesta administrativa a la relevancia de los valores culturales protegidos.

Para ello, se favorece la aprobación de los catálogos de protecciones como el mejor instrumento para mantener un nivel adecuado de protección al patrimonio, y se desconcentran en los ayuntamientos las competencias para salvaguardar los bienes radicados en sus términos municipales, mediante modificaciones introducidas en el artículo 47 y la disposición adicional quinta de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat, del patrimonio cultural valenciano, y el artículo 10 del Decreto 62/2011, de 20 de mayo, del Consell.

En segundo lugar, se sustituye la autorización previa de la conselleria competente en materia de patrimonio cultural por la declaración responsable para determinadas actividades y actuaciones de escasa relevancia patrimonial, modificándose en este sentido los artículos 18, 35.1 y 60 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del patrimonio cultural valenciano; los artículos 1.º y 5.º del Decreto 23/1989, de 27 de febrero, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se regula el ejercicio de competencias en materia de Patrimonio histórico, al cual se añaden dos anexos que regulan, respectivamente, las intervenciones que no afectan a los bienes de interés cultural y aquellas intervenciones en Conjuntos Históricos y entornos de Bienes de Interés Cultural que carecen de trascendencia patrimonial; los artículos 4 y 9, así como el anexo I y los artículos 3 y 8 del anexo II, todos ellos del Decreto 208/2010, de 10 de diciembre, del Consell, por el que se establece el contenido mínimo de la documentación necesaria para la elaboración de los informes a los estudios de impacto ambiental a los que se refiere el artículo 11 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat, del patrimonio cultural valenciano, y los artículos 4, 11 y 18, añadiéndose además un apartado 4 al artículo 26 del Decreto 107/2017, de 28 de julio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de regulación de las actuaciones arqueológicas en la Comunitat Valenciana.

Finalmente, la experiencia acumulada en la tramitación de los instrumentos de declaración de valores culturales ha revelado que, en determinados procedimientos, por el elevado número de personas afectadas, la tramitación sin dilaciones indebidas mientras se adecúan los medios a los fines institucionales y se respeta el principio de agilidad en las actividades materiales de gestión está comprometida y, con ella, la protección de esos bienes. Por esta razón se sustituyen, de manera excepcional y justificada, las notificaciones por publicaciones, adicionales a las ya previstas en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, salvaguardando los derechos de las personas. De igual forma, se pretende evitar la centralización de la información y las comunicaciones en la Generalitat. En este sentido, se modifican los artículos 22, 27 y 29 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del patrimonio cultural valenciano.

El capítulo II recoge las modificaciones en materia de deporte.

El título VII de la Ley 2/2011, de 22 de marzo, del deporte y la actividad física de la Comunitat Valenciana, relativo a la inspección deportiva y régimen sancionador, requiere una revisión urgente en cuanto a funciones de la misma, potestades del personal inspector, y dependencia orgánica de la inspección deportiva.

En primer lugar, porque la disposición adicional séptima de la Ley 2/2022, de 22 de julio, de ordenación del ejercicio de las profesiones del deporte y la actividad física en la Comunitat Valenciana, establece que: “La Generalitat Valenciana ha de crear en el plazo de un año, a partir de la entrada en vigor de esta ley, las plazas recogidas en la memoria económica de la Ley del cuerpo de inspección del deporte y la actividad física, que deben depender de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, tal como marca el artículo 98 de la Ley 2/2011 del deporte y la actividad física de la Comunitat Valenciana. Las funciones de dicho cuerpo de inspección han de ser las recogidas en el artículo 98 de la Ley 2/2011, además de velar por la calidad de las actividades, recursos e instalaciones deportivas en las que ejerzan su actividad los y las profesionales que regula esta ley».

En consecuencia, existe un imperativo legal para dotar económica y presupuestariamente las plazas previstas de personal inspector para el ejercicio de las funciones que son propias, funciones que no están siendo ejercidas por inexistencia del cuerpo de inspección del deporte y la actividad física, y que requieren una puesta en marcha inmediata, por lo que, considerando la necesidad de iniciar el funcionamiento de la Inspección Deportiva, se requiere acción normativa en un plazo breve consistente en una nueva redacción de la inspección, adecuada y actualizada a la estructura actual, esto es, considerando que las funciones de la Inspección Deportiva, según la normativa actual, se hacen depender del extinto Consell Valencià de l’Esport (suprimido en virtud del artículo 6 de la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de medidas de reestructuración y racionalización del sector público empresarial y fundacional de la Generalitat, que establece: “1. Queda suprimido el Consell Valencià de l’Esport, entidad de derecho público creada por la Ley 3/2006, de 12 de mayo, de la Generalitat, de conformidad con lo previsto en el Decreto ley 7/2012»), por lo que resulta conveniente estructurar la dependencia orgánica de la Inspección Deportiva y actualizarla al órgano directivo competente en materia de deporte.

En segundo lugar, se modifica el artículo 99, relativo a los inspectores e inspectoras no sólo en cuanto a la dependencia orgánica del órgano directivo con competencias en materia de deporte, sino también en lo que se refiere a la condición de agente de la autoridad y presunción de veracidad de las actas del personal inspector. Asimismo, se realiza una modificación para adecuar la regulación al lenguaje inclusivo.

Por último, las potestades de la inspección deportiva previstas en el artículo 100 requieren una ampliación en el sentido de permitir el libre acceso a instalaciones deportivas y requerir y examinar documentación relacionada con la función inspectora, indispensables para el correcto desempeño de las funciones inspectoras.

En conclusión, se considera oportuna y necesaria la modificación de los artículos 98 a 100, de un lado, para incardinarlos orgánica y jerárquicamente en un órgano determinado y existente, y, de otro, a efectos de garantizar el correcto desempeño de las funciones y potestades de la Inspección Deportiva.

El título IV incorpora las modificaciones en materia de servicios sociales e igualdad.

En este título se abordan diversas modificaciones necesarias para mejorar la eficiencia administrativa y adaptar la normativa a las nuevas realidades y necesidades de la sociedad valenciana. Se revisan y actualizan leyes y decretos clave para asegurar una gestión más ágil y eficaz, que responda de manera adecuada a los desafíos actuales en estos ámbitos.

El capítulo I incluye las modificaciones en materia de servicios sociales.

La Ley 18/2017, de 14 de diciembre, de cooperación y desarrollo sostenible, marcó el inicio de una nueva estrategia de la Generalitat en materia de cooperación internacional al desarrollo. La cooperación internacional al desarrollo, como política pública de la Generalitat, comprende el conjunto de actuaciones y recursos, que se dirigen a mejorar las condiciones de vida de los países y territorios más empobrecidos. En este sentido, el órgano colegiado superior asesor y principal activo de participación en la política pública de cooperación internacional al desarrollo, que tuvo su origen en la anterior Ley 6/2007, de 9 de febrero, es el Consejo Valenciano de Cooperación Internacional al Desarrollo, el cual ha mantenido desde su creación una periodicidad anual en sus sesiones en las que ha quedado patente su fortaleza como órgano de consenso.

Sin embargo, la creación en la Ley 18/2017, de 14 de diciembre, del Alto Consejo Consultivo para el Desarrollo de la Agenda 2030, no ha resultado, desde su origen un órgano de participación con las expectativas para las que fue creado, habiéndose constituido el 18 de diciembre de 2018, sin que, desde entonces, y tras más de 5 años, se haya vuelto a convocar. Las principales razones son la heterogeneidad y gran número de sus vocales, así como la diversidad de funciones poco sistematizadas, lo que dificulta enormemente su composición y agilidad, no alcanzándose, por tanto, los objetivos esperados.

Por ello, se deroga el artículo 12 de la Ley, y en el mismo sentido, por coherencia, la modificación de la disposición final segunda del mismo texto legislativo. Así mismo se incluye una nueva disposición adicional cuarta en la Ley 18/2017, de 14 de diciembre, para, de esta forma, adecuar la normativa autonómica a la normativa estatal que viene determinada por la disposición adicional tercera de la Ley 1/2023, de 20 de febrero de cooperación para el desarrollo sostenible y la solidaridad global, en su párrafo tercero. A través de ésta se armonizarán procedimientos en materia de subvenciones en proyectos y programas de cooperación internacional al desarrollo.

El Decreto 167/2006, de 3 de noviembre, del Consell, que desarrolla la Ley 12/2003, de 10 de abril, de la Generalitat, sobre perros de asistencia para personas con discapacidades, no ha sido objeto de ninguna modificación en estos años, presentando necesidades imperiosas de simplificación administrativa, dada la necesidad de simplificar el procedimiento (que prevé dos fases: resolución de aptitud psicofísica que corresponde emitir a los centros de valoración y orientación de discapacidad, y desarrollo de las pruebas para el reconocimiento del perro de asistencia); suprimir causas impeditivas de este reconocimiento (poco acordes con la Convención internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad), y la dificultad de convocar comités de calificación para el desarrollo de las pruebas.

El Decreto 75/2016, de 17 de junio, del Consell, por el que se regula el Consejo Valenciano de Cooperación al Desarrollo, requiere de la conveniencia de adoptar medidas que permitan una mayor agilidad en sus trámites, destacando especialmente en materia de rendición de cuentas, y adaptarlo a las nuevas tecnologías de acceso a la información pública. Ello permite, en el ámbito que nos ocupa un mejor y más amplio conocimiento y divulgación de las actuaciones llevadas a cabo anualmente en materia de cooperación internacional al desarrollo. A través de la presente modificación se pretende dotar de mayor agilidad administrativa a la memoria de gestión elaborada anualmente por el centro gestor, una vez haya tenido conocimiento de ésta el máximo órgano de participación en materia de Cooperación al Desarrollo, es decir, el Consejo Valenciano de Cooperación. Tras ser informado por éste, la memoria de gestión será objeto de publicación en la sede electrónica de la Generalitat sin dilaciones.

La Ley 18/2017, de 14 de diciembre, de cooperación y desarrollo sostenible, establece en su artículo 12 la creación del Alto Consejo Consultivo para el Desarrollo de la Agenda 2030. En su disposición final segunda, se prevé el desarrollo reglamentario de la misma en materia de consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. A través del Decreto 94/2018, de 20 de julio, del Consell, de creación de órganos de asesoramiento y participación en materia de objetivos de desarrollo sostenible, se procedió al desarrollo, entre otros, del Alto Consejo Consultivo para el Desarrollo de la Agenda 2030. En el marco del decreto ley se procede a su supresión, justificada por la falta de materialización de este en la práctica, ya que han transcurrido más de cinco años desde la última sesión convocada. Por coherencia normativa, se modifica el artículo 3 y se elimina el capítulo II del Decreto 94/2018, de 20 de julio, del Consell, de creación de órganos de asesoramiento y participación en materia de objetivos de desarrollo sostenible. A través de la presente modificación, se pretende efectuar una simplificación de los órganos colegiados de la Administración del Consell, manteniendo aquellos que han supuesto realmente un ámbito de actuación práctico, eficaz y de consenso.

Las modificaciones que se introducen en el Decreto 59/2019, de 12 de abril, del Consell, de ordenación del sistema público valenciano de servicios sociales, responden a criterios de simplificación administrativa. En concreto, se suprime el apartado relativo a la emisión de la propuesta de resolución en los procedimientos de obtención de visado previo; de este modo, tras la emisión del informe favorable de la Oficina Técnica de Proyectos y Obras, se emitirá la correspondiente resolución. También se cumple con el criterio de reducción de los plazos de tramitación modificando el plazo previsto para la autorización por cambio de titularidad pasando de seis meses a un mes, a contar desde la entrada de la solicitud en el registro electrónico de la Generalitat. Asimismo, se modifican los artículos relativos a la aportación inicial del proyecto básico y de ejecución visado por el colegio profesional correspondiente, que podrá ser sustituido en el momento de iniciarse el procedimiento por un certificado de colegiación del personal técnico firmante de la documentación técnica. Por todo lo anterior y en aras de un sistema normativo que mejore la calidad de los servicios públicos y configure una administración cercana y accesible, es necesaria la tramitación de urgencia de las modificaciones antes mencionadas.

Se modifica en el artículo 25 del Decreto 38/2020, de 20 de marzo, del Consell, de coordinación y financiación de la atención primaria de servicios sociales, para agilizar la tramitación de adendas a los contratos programa, simplificando el procedimiento y reduciendo la carga burocrática. Esta medida es crucial para asegurar la eficiencia en la gestión presupuestaria y la prestación de servicios sociales a través de la cooperación interadministrativa.

La aprobación, mediante un decreto ley, de la modificación del Decreto 35/2021, de 26 de febrero, del Consell, de regulación del acogimiento familiar, resulta necesaria y adecuada, por las siguientes razones. El Comité de Derechos del Niño en su Observación General número 5 recomienda revisar de forma continua la legislación interna para garantizar el pleno cumplimiento de la Convención de Derechos del Niño. Con ese espíritu y para garantizar y mejorar la situación de las niñas, los niños y los y las adolescentes que se encuentran en acogimiento se pretende la modificación del Decreto 35/2021, de 26 de febrero, del Consell, de regulación del acogimiento familiar. Velar por el interés superior del menor es un principio de actuación de todas las entidades ya sean públicas y privadas y así se reconoce entre otros en el artículo 2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, de modificación parcial del Código civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil que impone que en todas las medidas que adopten las instituciones públicas o privadas primará el interés superior de las personas menores de edad. En el transcurso de los años se ha demostrado que el superior interés de las niñas, niños y adolescentes requiere su integración y desarrollo en un entorno familiar que le proporcione la debida asistencia moral y material. Este entorno familiar solo lo pueden ofrecer las familias acogedoras a través de su empatía, afecto y dedicación. En consecuencia, la figura del acogimiento familiar es esencial para las niñas, niños y adolescentes que, por diversas circunstancias, tienen que estar en acogida. Desgraciadamente, según los datos aportados en el informe de infancia de los presupuestos del 2024, la Comunitat Valenciana cuenta con 1616 niños, niñas o adolescentes en acogimiento residencial por no haber podido encontrar una familia de acogida. Así mismo, según el mismo informe, del total de 1964 familias acogedoras tan solo 796 son familias educadoras. Esta situación se puede explicar, tanto por la especial complejidad y dedicación que requiere el acogimiento familiar, como por las excesivas cargas burocráticas que deben soportar las familias acogedoras. Por ello es necesario tomar medidas enérgicas que reduzcan la carga administrativa que deben de soportar las familias acogedoras y procurar el superior interés de los niñas, niños y adolescentes.

Por todo lo anterior, resulta necesario y urgente simplificar el procedimiento administrativo y reducir las cargas burocráticas que soportan las familias de acogida. En este sentido se pretende eliminar el carácter preceptivo previo de ciertos informes técnicos y la reducción de la documentación aportada por la ciudadanía. Debido a la importancia de la infancia y la adolescencia y la necesidad ineludible de contar con un mayor número de familias acogedoras, que permitan, por un lado “desinstitucionalizar» a las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en un recurso residencial y por otro darles una experiencia vital en familia, no es conveniente ni prudente proceder a una tramitación ordinaria del Decreto 35/2021, de 26 de febrero, del Consell, de regulación del acogimiento familiar, ya que toda dilación en la tramitación puede agravar la situación actual y perjudicar gravemente el interés superior de las niñas, niños y adolescentes de la Comunitat Valenciana.

La Orden de 19 de noviembre de 2001, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad en el ámbito de la Comunitat Valenciana, solo ha sido objeto de una modificación por la Orden 2/2019, de 16 de julio, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. La necesidad de modificaciones en esta materia viene impulsada por la reciente aprobación del Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre, por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, que permite una aplicación lo más eficiente posible de los nuevos baremos, a través de medios informáticos. La función de evaluación de las personas para la determinación del grado de discapacidad tiene una gran importancia, pues este reconocimiento supone la vía de acceso a múltiples beneficios, ventajas y prestaciones, además del ejercicio de los consiguientes derechos como persona con discapacidad, correspondiendo estas funciones al órgano competente de la Comunitat Valenciana.

De todo ello se desprende que constituye una necesidad urgente establecer mecanismos y modificaciones en el régimen de funcionamiento de los equipos multiprofesionales, con el objetivo de reducir los tiempos de espera de las personas solicitantes y la resolución de los expedientes del reconocimiento de grado de discapacidad. Para ello, la modificación de la Orden de 19 de noviembre de 2001, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, contiene disposiciones organizativas y procedimentales, para conseguir un procedimiento ágil, apoyado en la interconexión de la comunicación de los datos, que evite en muchos casos la cita previa para la valoración, abrir el número de personas profesionales cualificadas y contar con equipos de evaluación proporcionales al incremento de la población, que cubran con ratios adecuadas el número de solicitudes y la especialización y concentración de todas las reclamaciones previas a la vía jurisdiccional social en un equipo autonómico de valoración, para homogeneizar su resolución y descargar de trabajo a los equipos multiprofesionales de base.

La Orden de 21 de noviembre de 2003, de la Conselleria de Bienestar Social, se modifica para actualizar su terminología, en consonancia con el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre. Esta actualización garantiza un lenguaje inclusivo y alineado con los estándares actuales de derechos y dignidad para las personas con discapacidad.

Estas modificaciones se justifican por la extraordinaria y urgente necesidad de adaptar y optimizar el marco normativo a las demandas de la sociedad valenciana. La crisis económica y social generada por los diversos factores, descritos al inicio de este preámbulo, ha exacerbado las necesidades de los colectivos más vulnerables y ha evidenciado las limitaciones del actual sistema administrativo.

El capítulo II incorpora las modificaciones en materia de igualdad.

La vigente redacción del artículo 20 de la Ley 9/2003, de 2 de abril, para la igualdad entre mujeres y hombres obliga a todas las empresas que quieran obtener ayudas a tener un plan de igualdad visado por la Administración de la Generalitat, lo que conlleva una situación discriminatoria respecto de aquellas empresas que no están obligadas a ello. Por tanto, se elimina la obligación de que todas las empresas y entidades que quieran obtener ayudas tengan que tramitar el correspondiente procedimiento para obtener el visado, pasando a ser un criterio de valoración y desempate.

Se considera que concurren razones de extraordinaria y urgente necesidad para modificar el sentido de la norma y premiar, por un lado, la excelencia en materia de igualdad mediante la elaboración de planes o medidas de igualdad en empresas no obligadas a ello, e incluir, por otro, cláusulas que valoren la calidad en dichos planes con la obtención de un sello de calidad que supone un reconocimiento a las empresas y entidades de la Comunitat Valenciana que destacan por la aplicación de políticas de igualdad y que han obtenido el visado de sus planes de igualdad.

Como consecuencia de la modificación de la Ley 9/2003, de 2 de abril, para la igualdad de mujeres y hombres, resulta necesario modificar el Decreto 133/2007, de 27 de julio, del Consell, sobre condiciones y requisitos para el visado de los planes de igualdad de las empresas de la Comunitat Valenciana por motivos de seguridad jurídica. El procedimiento regulado en el Decreto 133/2007 para la obtención por las empresas y entidades que desarrollan su actividad en la Comunitat Valenciana del visado de los planes de igualdad supone una duplicidad respecto a los documentos ya exigidos por el Registro y Depósito de Convenios Colectivos, Acuerdos Colectivos y Planes de Igualdad (REGCON) para la inscripción del correspondiente plan de igualdad, por lo que se considera que concurren razones de extraordinaria y urgente necesidad para modificar el sentido de la norma, simplificando los requisitos necesarios para su obtención, y así agilizar el procedimiento, sustituyendo todos esos documentos por una declaración responsable de su depósito e inscripción en el REGCON, que el órgano instructor podrá consultar en dicho registro público. La obligación de presentar una evaluación final se mantiene solo en el caso que la empresa o entidad solicite tras su vigencia un nuevo visado, eliminándose dicha obligación en los demás supuestos. Con estas modificaciones normativas se pretende facilitar a las empresas y entidades la tramitación del procedimiento de visado, liberar de cargas administrativas a la propia Administración, beneficiar a las pymes, que hasta ahora se veían penalizadas al tener que presentar un plan de igualdad con el mismo procedimiento que las grandes empresas, y fomentar con medidas de acción positiva las políticas de igualdad, desde su promoción y no su penalización.

El Decreto 63/2014, de 25 de abril, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento para el reconocimiento de las indemnizaciones y las ayudas económicas a las víctimas de violencia sobre la mujer, previstas en la Ley 7/2012, de 23 de noviembre, de la Generalitat, integral contra la violencia sobre la mujer en el ámbito de la Comunitat Valenciana, regula la tramitación de la indemnización por muerte o invalidez y las ayudas de emergencia a víctimas de violencia sobre la mujer. Desde la publicación del citado decreto se han producido cambios normativos tendentes a simplificar cargas administrativas y hacer más ágil el procedimiento para las solicitantes de estas ayudas que no están recogidos en esta norma y que requieren una modificación inmediata de la misma. En la reducción de plazos se ha tenido en cuenta la Ley 9/2016, de 28 de octubre, de regulación de los procedimientos de emergencia ciudadana en la Administración de la Comunitat Valenciana, que reduce a la mitad los plazos máximos establecidos para resolver y notificar los procedimientos relativos a “ayudas económicas e indemnizaciones por causa de muerte». Por todo lo anteriormente expuesto, se considera de extraordinaria y urgente necesidad modificar el citado decreto en los términos expuestos para facilitar el acceso a estas ayudas por parte de las víctimas de violencia que lo soliciten, evitándoles trámites innecesarios y demoras en la resolución del procedimiento.

La Orden de 3 de mayo de 2007, de la Conselleria de Bienestar Social, regula la ayuda económica a favor de las víctimas de violencia de género establecida en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género. Desde la publicación de la citada Orden se han producido cambios normativos tendentes a simplificar cargas administrativas y hacer más ágil el procedimiento para las solicitantes de estas ayudas que no están recogidas en esta norma y que requieren una modificación inmediata de la misma. En la reducción de plazos se ha tenido en cuenta la Ley 9/2016, de 28 de octubre, de regulación de los procedimientos de emergencia ciudadana en la Administración de la Comunitat Valenciana, que reduce a la mitad los plazos máximos establecidos para resolver y notificar los procedimientos relativos a “ayudas económicas a mujeres víctimas de violencia de género». Por todo lo anteriormente expuesto, se considera de extraordinaria y urgente necesidad modificar la citada orden en los términos señalados para facilitar el acceso a estas ayudas por parte de las víctimas de violencia que lo soliciten, evitándoles trámites innecesarios y demoras en la resolución del procedimiento.

El título V recoge las modificaciones en materia de hacienda, economía, administración pública y administración electrónica.

El capítulo I incorpora las modificaciones en materia de hacienda.

La Ley 1/2015, de 6 de febrero, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, es una norma fundamental de nuestro ordenamiento jurídico en tanto en cuanto regula, entre otros aspectos, la actividad de fomento del sector público de la Generalitat, así como el control interno de la actividad económico-financiera del sector público de la Generalitat, ejercido por la Intervención General.

En el marco de la Generalitat, la gestión eficiente y transparente de las subvenciones, junto con una actividad de control interno eficaz, son esenciales para fomentar el desarrollo socioeconómico y el bienestar ciudadano. Simplificar estos procedimientos es crucial para garantizar que los recursos se asignen y utilicen de manera rápida y efectiva, evitando trabas burocráticas que puedan retrasar la ejecución de proyectos e iniciativas clave. Una simplificación adecuada no solo agiliza la respuesta de la Administración a las necesidades de la población, sino que también facilita el cumplimiento de los principios de legalidad, eficiencia y transparencia en la utilización de los fondos públicos. En este sentido, es de extraordinaria y urgente necesidad modificar el actual marco normativo de manera que se simplifique y optimice la gestión de subvenciones y el control interno, permitiendo así un servicio público adecuado y eficaz.

Las modificaciones siguientes afectan a la actividad de fomento regulada en la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, y se centran en agilizar la tramitación de convenios que articulan concesiones directas de ayudas con entidades privadas. Específicamente, se modifica el artículo 160, apartado 1, para que únicamente aquellos convenios que superen el millón de euros deban sujetarse a autorización del Consell, en lugar del umbral actual de 150.000 euros. Esta medida permitirá una mayor celeridad en la ejecución de proyectos y una reducción de la carga burocrática, sin menoscabar el control y la supervisión necesarios. Asimismo, se incorpora una modificación para aclarar que el límite de seis millones de euros es por entidad beneficiaria. Esta precisión normativa busca consolidar y formalizar prácticas ya establecidas, brindando mayor certeza jurídica y coherencia en la aplicación de las normas. Por otro lado, se modifica el artículo 165 para aclarar el criterio que determina la naturaleza jurídica de las bases reguladoras de las subvenciones y, en coherencia, los artículos 160, 164 y 166. Esta modificación pretende resolver las discrepancias interpretativas que existen, en línea con la doctrina del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana y la jurisprudencia más reciente del Tribunal Supremo. De este modo, se busca evitar la tramitación innecesaria de actos administrativos plúrimos como disposiciones de carácter general, contribuyendo a una mayor eficiencia administrativa.

Finalmente, se fomenta el uso de las declaraciones responsables en la concesión de ayudas, con la limitación de que no impliquen un pago anticipado superior a determinados porcentajes. Además, se liberan de determinadas cargas administrativas las convocatorias destinadas a menores y alumnado, siempre que lo recojan sus bases, con la adición de un nuevo apartado en la disposición transitoria novena.

En relación con la función de control interno, corresponde a la Intervención General de la Generalitat el control interno de la gestión económica y financiera del sector público de la Generalitat, mediante el ejercicio de la función interventora, el control financiero y la auditoría pública. El desarrollo de estas tareas de control se realiza fundamentalmente a través de sus servicios centrales o de sus intervenciones delegadas, tal como se prevé en el artículo 92 del citado texto legislativo. No obstante, la disposición adicional primera de la Ley 1/2015 permite que la Intervención General pueda contar con medios adicionales para la realización de sus cometidos, estableciendo que, para la ejecución del Plan Anual de Auditorías, en caso de insuficiencia de medios propios, pueda recabar la colaboración de empresas privadas de auditoría. En conclusión, por razones de eficacia, al contar la Intervención General de la Generalitat para ejercer sus funciones de control del sector público instrumental de la Generalitat con el auxilio del personal auditor interno que desarrolla sus tareas en la propia entidad; de eficiencia, al permitir diseñar un control de forma complementaria sin solapamientos generadores de ineficiencias, y de economía, al permitir reducir el coste de contratación de personas auditoras externas colaboradoras en la ejecución del Plan Anual de Auditorías, se incluye una nueva disposición adicional, la disposición adicional décimo quinta, en la Ley 1/2015.

Esta modificación está relacionada con la modificación del artículo 9 del Decreto ley 1/2011, de 30 de septiembre, del Consell, de medidas urgentes de régimen económico-financiero del sector público empresarial y fundacional, que se realiza conjuntamente con esta, ya que resulta necesario contar con ambas normas con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica en relación al deber de colaboración del personal auditor interno en las labores de auditoría de la Intervención General de la Generalitat.

Asimismo, se modifica la disposición adicional décimo segunda de la Ley 1/2015, “Personas interventoras habilitadas», para responder a la necesidad de ampliar el ámbito del personal susceptible de ser habilitado a aquel personal que, sin ser personal funcionario de la Administración de la Generalitat por no haberse integrado, haya obtenido destino definitivo en la misma, siempre que este personal pertenezca a alguna de las escalas, subescalas, clases o cuerpos de intervención de cualquier administración pública, lo que garantiza su formación para llevar a cabo determinadas actuaciones en sustitución de las personas pertenecientes al Cuerpo Superior de Intervención y Auditoría de la Generalitat, cuando las necesidades del servicio así lo requieran.

Por último, se introduce una nueva disposición adicional décimo sexta. De igual manera que la Ley 7/2023, de 26 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat, fijó el régimen de control interno y contabilización de los gastos extrapresupuestarios, resulta necesario fijar este régimen para las prestaciones económicas en materia de dependencia y renta valenciana de inclusión. Las prestaciones económicas en materia de dependencia y renta valenciana de inclusión son prestaciones sociales fundamentales, cuya tramitación reviste de especial complejidad, atención y diligencia, atendiendo a los fines sociales a los que responde. La tramitación mensual de las personas que pasan a percibir tales prestaciones económicas, los que dejan de percibirlas, así como aquellos que sufren variaciones respecto de su derecho a percibirlas es un proceso numeroso, constante y cambiante que exige que los procedimientos que los sustenta resulten ágiles y respondan a las básicas necesidades a las que responden. Con la finalidad de agilizar la tramitación presupuestaria y contable de los actos administrativos que acompañan la gestión económica de estas prestaciones económicas, resulta adecuado adecuar el régimen de control interno y fiscalización al momento de la contabilización de estos, atendiendo al examen previo de la documentación justificativa que los acompaña.

La extraordinaria y urgente necesidad de estas medidas queda justificada, especialmente en el caso de la modificación de la disposición adicional décimo quinta de la Ley 1/2015, así como en el artículo 9 del Decreto ley 1/2011, en la permanente y sistemática verificación, realizada mediante la auditoría pública y las restantes técnicas de control de la actividad económico-financiera del sector público de la Generalitat, junto con la necesidad de contar con el personal auditor externo para el ejercicio del control del sector público de la Generalitat en este ejercicio 2024. Además, la más pronta reordenación y coordinación de la distribución de competencias entre los diferentes órganos que participan en el control de la actividad económico-financiera del sector público de la Generalitat favorecerá de manera efectiva, el control de la actividad económico-financiera del sector público y también la simplificación administrativa.

En el marco de la Ley 20/2017, de 28 de diciembre, de la Generalitat, de tasas, se elimina el trámite de certificación previa por el órgano competente de la Generalitat, previsto en el artículo 13.1-1. Esta modificación busca agilizar y simplificar los procedimientos administrativos, facilitando el despliegue rápido y eficiente de redes de banda ancha en la Comunitat Valenciana, y promoviendo así el desarrollo tecnológico y económico de la región. Por otro lado, respecto de la modificación del artículo 14.4-2, la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la formación profesional concreta el compromiso asumido por España de modernización de nuestro país, facilitando la cualificación, la empleabilidad y, en consecuencia, la generación de riqueza. Pone en el centro de la acción política a la persona y a su necesidad de cualificarse y mantenerse actualizada a lo largo de toda su vida. Sin embargo, la realidad demuestra que en España y, en la Comunitat Valenciana, existe un elevado porcentaje de población que, siendo capaces de desempeñar las tareas propias de su profesión, no disponen de una acreditación formal, lo cual les coloca en una situación de desventaja con relación a otras personas trabajadoras. De hecho, les limita la movilidad laboral, sus posibilidades de aprendizaje permanente y el desarrollo de su carrera profesional. Para responder a esta necesidad de acreditación profesional de los trabajadores y las trabajadoras el Plan de Modernización de la Formación Profesional, a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, asignó a las administraciones competentes, a partir del año 2020, los fondos necesarios para cubrir la totalidad de gastos generados por los procedimientos para la acreditación de competencias profesionales, condicionados a la consecución de un hito de unidades de competencias acreditadas.

Pese a los esfuerzos realizados por el Consell para extender los procedimientos acreditación y conseguir el hito, la participación de la población valenciana sigue siendo muy escasa. Ello se debe en gran medida a la existencia de unas tasas obligatorias para acceder al procedimiento de acreditación y que suponen una barrera insalvable para muchos ciudadanos y ciudadanas. La eliminación de dicha barrera se considera imprescindible para garantizar el acceso de la población valenciana al proceso de acreditación, en igualdad de condiciones al resto de la ciudadanía de otras comunidades autónomas para la que el procedimiento es gratuito y favorecerá el lanzamiento de procedimientos de acreditación masiva para los colectivos que lo necesiten. Todo ello, sin suponer un detrimento de recursos públicos valencianos, puesto que se trataría de una medida temporal supeditada al mantenimiento de la disposición de estos fondos, el 31 de diciembre de 2025.

El capítulo II incorpora modificaciones en materia de economía.

Se modifica el Decreto 118/2022 de 5 de agosto, del Consell, por el que se regula la inclusión de cláusulas de responsabilidad social en la contratación pública y en las convocatorias de ayudas y subvenciones.

Desde su entrada en vigor, esta disposición ha generado numerosas consultas y dudas, tanto entre los órganos de contratación, como entre las empresas interesadas en ser adjudicatarias de contratos públicos.

La Conselleria de Hacienda, Economía y Administración Pública ha constatado, a través de consultas a todos los departamentos del Consell, que la actual regulación del decreto produce efectos negativos sobre la contratación y las convocatorias de ayudas y subvenciones.

Por otro lado, la Junta Superior de Contratación Administrativa también emitió un dictamen, el Dictamen 1/2024, de 29 de febrero de 2024, recomendando la modificación del Decreto 118/2022 en la misma línea de lo manifestado en su informe de 18 de febrero de 2022. En concreto, la Junta Superior de Contratación Administrativa destaca varios problemas fundamentales derivados de la aplicación del citado decreto, como la obligatoriedad de establecer un criterio de adjudicación de responsabilidad social, así como la ponderación asignada a este criterio. La Junta entiende que estas disposiciones pueden contravenir la normativa básica estatal y comunitaria sobre contratos públicos, al no garantizar la igualdad de trato y la no discriminación entre las personas licitadoras; asimismo, recomienda otorgar al órgano de contratación la libertad de establecer la ponderación de estos criterios en cada caso, adaptándola al objeto, contenido y finalidad del contrato.

Todos estos problemas afectan directamente a la ejecución presupuestaria de 2024. Por tanto, y con la finalidad de superar los actuales problemas jurídicos y de aplicación de que adolece este Decreto, se procede a eliminar la obligatoriedad de incorporar cláusulas de responsabilidad social como criterios de adjudicación, permaneciendo como obligatoria la incorporación de las condiciones especiales de ejecución, y se suprime la ponderación asignada a los criterios. Asimismo, se elimina la obligatoriedad de incluir en las bases reguladoras de subvenciones la ponderación y puntuación de las cláusulas de responsabilidad social en las solicitudes.

El capítulo III recoge las modificaciones en materia de administración pública.

La Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la función pública valenciana, en su artículo 11, creó la Escola Valenciana d’Administració Pública (EVAP) como organismo autónomo de la Generalitat adscrito a la conselleria competente en materia de función pública, con personalidad jurídica pública propia, autonomía funcional y de gestión y plena capacidad de actuar, al que le corresponde la selección del personal empleado público de la Administración de la Generalitat, la formación, actualización y perfeccionamiento de este último y del personal del sector público instrumental de la Generalitat, así como la investigación, estudio, información y difusión de las materias relacionadas con la administración y la gestión pública.

Por Decreto 19/2023, de 3 de marzo, del Consell, se aprobó su reglamento de organización y funcionamiento, determinándose que, en tanto no se pusiera en funcionamiento, se mantendrían de forma transitoria las competencias en materia de selección y formación del personal empleado público en la Dirección General de Función Pública.

Hasta el momento, la EVAP no se ha puesto en funcionamiento y, con el objetivo de lograr una mayor simplificación de las estructuras y procedimientos administrativos que favorezcan una mayor eficiencia de los recursos públicos, se considera que es posible acometer sus funciones desde un único órgano, la Dirección General de Función Pública, evitando, de una parte, la dispersión de una gestión que en muchas ocasiones está interconectada, y, de otra, propiciando en el marco de este proyecto de decreto de ley tanto la simplificación y ordenación de la citada gestión, como el no incrementar el gasto público. Todo ello sin dejar de asumir que muchas de las competencias asignadas a ese organismo, así como el papel de potente órgano de gestión del empleo público que se le atribuyó, resultan fundamentales para una adecuada política de recursos humanos y deben, no solo mantenerse, sino impulsarse mediante una adecuada política de investigación y estudio que permita la captación de talento y la mejora de la profesionalización del personal empleado público.

Por todas estas razones se considera más eficiente en la actual coyuntura la supresión de la EVAP en su configuración como organismo autónomo, razón por la cual se realizan las correspondientes modificaciones de la Ley 4/2021 para eliminar de su texto las previsiones que respecto a su creación fueron realizadas en el momento de su aprobación.

Así, por un lado, de conformidad con la disposición derogatoria única de la Ley 4/2021, el vigente Decreto 3/2017, de 13 de enero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de selección, provisión de puestos de trabajo y movilidad del personal de la función pública valenciana, debe entenderse derogado en todo aquello que se oponga, contradiga o resulte incompatible con la citada ley.

Y, de otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado cuarto a-7 del Acuerdo de 7 de mayo de 2024, del Consell, por el que se ratifica el Acuerdo de 25 de abril de 2024 de la Mesa General de Negociación del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral (MGN I), se ha dado comienzo a los trabajos técnicos de redacción inicial del futuro decreto de selección y provisión, con la finalidad de que pueda ser aprobado por el Consell a finales de año. Su aprobación resulta imprescindible para disponer de un reglamento en dicha materia acorde con lo dispuesto por la Ley 4/2021 que dote de una total seguridad jurídica al gran número de procesos selectivos existentes derivados, entre otros aspectos, de la obligatoriedad de reducir la temporalidad impuesta por la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

En este sentido, debe señalarse que las competencias que tiene atribuidas actualmente la EVAP en materia, principalmente, de selección del personal empleado público, condiciona el texto del futuro decreto de selección y provisión, el cual, en virtud del principio de jerarquía normativa, no puede obviar su existencia, puesto que esta se prevé en la vigente redacción de la Ley 4/2021. Por lo que, en caso de no modificarse con carácter urgente, habría que esperar, para su tramitación final, a la aprobación de las modificaciones mediante la futura Ley de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat, para el año 2025.

Asimismo, y en conexión también con el texto del futuro decreto de selección y provisión, se modifica el artículo 67.7 suprimiendo el inciso final del precepto relativo a determinados aspectos de las convocatorias de selección de personal, con la finalidad de dotar de una mayor flexibilidad y simplificación a su tramitación, y con el objetivo de la mejora de los procesos selectivos en un contexto en el que estos se han incrementado notablemente como consecuencia, en buena medida, de los planes de estabilización.

Por otra parte, las modificaciones que afectan a los artículos 8.1.s) y 114.1 responden a razones organizativas y de competencia derivadas de la estructura actual de las consellerias, que hacen necesario adaptar y concretar la regulación contenida en la Ley 4/2021.

Por ello, se considera necesario y urgente que se modifique la Ley 4/2021 suprimiendo dicho organismo mediante decreto ley, hecho que no solo supone la reducción de organismos y la simplificación de los procedimientos, sino el poder dar cumplimiento al Acuerdo de la MGN I aprobando el nuevo decreto de selección y provisión en los plazos previstos.

Por último, se modifica el artículo 62.2 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de manera que las personas que superen las pruebas selectivas ya no deban aportar certificado médico oficial que certifique que poseen las capacidades y aptitudes físicas, sino declaración responsable en la que manifestarán poseer las capacidades y aptitudes físicas y psíquicas, que podrá ser verificada, en su caso, con los informes médicos que emita el servicio de prevención correspondiente. Esta modificación resulta necesaria a la luz de la carga administrativa que suponía para las personas que habían superado los procesos selectivos, pero sobre todo para el sistema sanitario valenciano, que requería atender esta obligación restando tiempo a las personas que realmente lo necesitan. La situación actual de la atención primaria de nuestro sistema de salud debe ser liberada de estas funciones accesorias en pro de sus auténticos fines, la atención de aquellas personas que requieren asistencia sanitaria.

El capítulo IV recoge las modificaciones en materia de administración electrónica.

Se modifica el artículo 94 del Decreto 220/2014, de 12 de diciembre, del Consell, que aprueba el Reglamento de administración electrónica, para determinar que, en las consellerias competentes en materia de sanidad y educación, el informe de coordinación de impacto informático será emitido por el órgano con competencias en materia de tecnologías de información de las respectivas consellerias. Esta modificación asegura que cuestiones organizativas no interfieran en la agilidad de la emisión de los informes necesarios para la tramitación de normas. La rapidez en la emisión de estos informes es imprescindible para dar una respuesta eficiente y oportuna a las necesidades de la ciudadanía.

El título VI recoge las modificaciones en materia de interior.

Los Organismos de Control Acreditado (OCA) nacieron como consecuencia de la necesidad de abreviar plazos y tareas burocráticas a través de la realización de labores complementarias a las administrativas y consistentes en la comprobación, informe y certificación de los establecimientos públicos.

Con la Ley 2/2012, se atribuye al OCA una función en cierto modo equivalente a la labor administrativa, de modo que su labor, efectuada de acuerdo con los requisitos normativamente establecidos, fuera suficiente para la referida apertura. Con estas premisas, si la Ley 2/2012 fue una norma basada en la “extraordinaria y urgente necesidad», sobre todo por el substrato socioeconómico actual, la vigente Ley 8/2012, de 23 de noviembre, por la que se regulan los organismos de certificación administrativa, supone una continuación y una vía directa de desarrollo de aquella, concebida para posibilitar su necesaria aplicación práctica.

El vínculo inmediato entre ambas normas supuso la consolidación de una normativa destinada al fomento de la economía, a la necesidad de dotar al sistema de elementos o mecanismos prácticos para este fin, a la creación de herramientas que favorezcan el quehacer de las personas emprendedoras, así como, a asentar el principio de “confianza en la ciudadanía», que es uno de los pilares en que se basa el impuso de la declaración responsable y de la comunicación previa, expresamente recogidas en el título I del presente decreto ley.

En coherencia con la apuesta que este decreto ley hace por el régimen jurídico de la declaración responsable, es necesario y urgente proceder a modificar la referida Ley 8/2012, de 23 de noviembre, para que la Administración pueda, a través de los OCA, tener garantías del cumplimiento de las condiciones declaradas por las personas interesadas.

Las modificaciones operadas a través de este decreto ley se fundamentan en ampliar el ámbito de aplicación de la citada ley, actualmente circunscrito a la materia de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos, así como a las actividades contenidas en la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de prevención, calidad y control ambiental de actividades en la Comunitat Valenciana y exigir que los OCA se hallen acreditados por organismo oficial para cada uno de los ámbitos y actuaciones que constituyan su contenido de actuación atendiendo a los requisitos y condiciones que disponga cada una de estos.

Con la modificación de los artículos 1, 2, 9, 11, 13, 16 y 17 se establecen las condiciones y los requisitos destinados a evitar disfuncionalidades y vacíos en el control de todas aquellas actividades, cuyas normas sectoriales prevean el uso de esta figura, especialmente en el ámbito de los regímenes de la declaración responsable y de la comunicación.

Las razones de extraordinaria y urgente necesidad se encuentran vinculadas a lo dispuesto en el título I, con el fin de reforzar el impulso de las declaraciones responsables y las comunicaciones.

El título VII recoge las modificaciones en materia de sanidad.

El capítulo I incorpora las modificaciones en materia de personal del Sistema Valenciano de Salud.

En fecha 29 de diciembre de 2021 fue publicada en el Boletín Oficial del Estado, la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, con el carácter de legislación básica, dictada al amparo de los artículos 149.1 7.ª y 18.ª y 149.1 13.ª de la Constitución Española.

Esta ley pretende activar un conjunto de medidas regulatorias directamente ordenadas a atajar la excesiva temporalidad en el ámbito de las administraciones públicas, unas de carácter preventivo y otras con finalidad sancionadora proporcionadas y disuasorias.

Una de las actuaciones previstas es la adopción de medidas para mejorar la eficiencia de los recursos humanos, reduciendo los altos niveles de temporalidad y flexibilizando su gestión en las administraciones públicas, estableciendo como objetivo situar la tasa de temporalidad estructural por debajo del 8 por ciento en el conjunto de las administraciones públicas españolas, siempre respetando los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito y capacidad.

Para conseguir su objetivo, la Ley 20/2021 establece un plazo de resolución para los procesos de estabilización de empleo temporal, tanto para los ya convocados como para los que se convoquen tras su entrada en vigor. Así, tanto el artículo 2 como la disposición transitoria primera de la citada ley establecen que los procesos selectivos deberán finalizar antes del 31 de diciembre de 2024.

La disposición adicional cuarta de la citada Ley establece que las administraciones públicas deberán asegurar el cumplimiento de estos plazos mediante la adopción de medidas apropiadas para un desarrollo ágil de los procesos selectivos, tales como reducción de plazos, digitalización de procesos o acumulación de pruebas, entre otras. Por su parte, la nueva disposición adicional decimoséptima del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, introducida por el artículo 1 de la Ley 20/2021, señala que las administraciones públicas serán responsables del cumplimiento de las previsiones contenidas en la misma, para lo que deberán promover, en sus respectivos ámbitos, el desarrollo de criterios de actuación que permitan asegurar el cumplimiento de sus objetivos, así como una actuación coordinada de los distintos órganos con competencia en materia de personal.

Con el fin de cumplir con estos mandatos, en fecha 21 de diciembre de 2022 fue publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la Resolución de 16 de diciembre de 2022, del conseller de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se adoptaron las medidas necesarias para la ejecución y desarrollo de los procesos a convocar en ejecución de la Ley 20/2021.

Con el transcurso del tiempo se ha comprobado que las medidas implementadas en dicha resolución son insuficientes para la consecución de los fines marcados en el plazo establecido para ello, por diversos motivos: la especial dificultad que conlleva la tramitación de los procedimientos selectivos del personal estatutario; el elevado número de categorías profesionales sanitarias (más de 150); el volumen de plazas que se encontraban pendientes de ejecutar en el momento de publicación de la Ley 20/2021 y que se están teniendo que ejecutar junto con las convocatorias dictadas en su ejecución (más de 22.000 plazas ofertadas en conjunto a las que se han presentado más de 150.000 aspirantes).

Una cuestión que afecta muy directamente, comprometiendo el cumplimiento de los plazos es la obligatoriedad establecida en la normativa vigente de convocar y resolver concursos de traslados previos a la resolución de los procesos selectivos de todas las categorías.

Sin embargo, el mandato impuesto a esta Administración por la Ley 20/2021 sigue vigente, sin que se hayan establecido moratorias ni prórrogas de plazo, por lo que se hace necesario implementar nuevas medidas que se consideran necesarias para conseguir alcanzar los fines impuestos. Además, este año 2024 cuenta con una problemática añadida en relación con las personas profesionales sanitarias especialistas dado que, como consecuencia de la pandemia sufrida en el año 2020, las nuevas personas especialistas no finalizarán su periodo de formación hasta el mes de septiembre, lo que dificulta aún más la cobertura de las necesidades asistenciales de las instituciones sanitarias.

Es por ello por lo que se incluyen una serie de medidas de carácter transitorio en relación con determinados aspectos regulados en el Decreto 192/2017, de 1 de diciembre del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de selección y provisión de personal estatutario al servicio de instituciones sanitarias públicas del Sistema Valenciano de Salud, que tienen por finalidad agilizar los procesos de selección y provisión convocados en ejecución de los procesos de estabilización excepcionales previstos en las ofertas de empleo público correspondientes a los años 2017, 2018, 2019 y 2022, así como acabar con situaciones de temporalidad que impiden la consolidación de equipos asistenciales.

La primera de las medidas transitorias se refiere a la publicación en la web de los actos de trámite (listados provisionales) de los concursos de traslados. La exigencia de publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de todos los trámites ralentiza el desarrollo de estos impidiendo, en muchos casos, tener control sobre la situación de los procesos, dado que la fecha de publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana está sujeta a condicionantes que escapan al control del órgano que tramita los procedimientos.

Por el contrario, la publicación en la web de estos actos de trámite no impide su general difusión y agilizan en gran medida los procesos. Por ese motivo, sustituir la publicación de estos trámites en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana por su publicación en la página web se considera una medida adecuada para conseguir el objetivo de reducir el tiempo de tramitación y garantizar el cumplimiento del plazo establecido.

La aplicación de esta medida afectará a las convocatorias que se publiquen tras la entrada en vigor del presente decreto ley, así como a aquellas publicadas con anterioridad cuyas bases no contengan una regulación expresa contraria a esta previsión.

La segunda medida se refiere a la supresión del requisito relativo al grado de carrera profesional previsto en el artículo 35.2 del Reglamento de selección y provisión de personal estatutario al servicio de instituciones sanitarias públicas del Sistema Valenciano de Salud, aprobado por Decreto 192/2017, de 1 de diciembre, del Consell, para los concursos de traslados convocados para la provisión de plazas básicas de características específicas. Parece incongruente la imposición de requisitos añadidos, como es el reconocimiento de un grado de carrera concreto, cuando el desarrollo de los sistemas de carrera no es homogéneo en los distintos Servicios de Salud, lo cual provoca que profesionales fijos que desde hace años están desarrollando sus funciones en plazas de características específicas en nuestro Sistema Valenciano de Salud a través de comisión de servicio no puedan consolidar esta situación, perpetuando, en consecuencia, situaciones de temporalidad, lo cual es contrario al espíritu de la Ley 20/2021 que pretende la consolidación de los equipos estabilizando empleo temporal.

La tercera y última medida consiste en la prórroga de las comisiones de servicio hasta la resolución de los concursos de traslados de la categoría. Con ello se pretende únicamente evitar que el personal que cumpla el periodo máximo de duración de la comisión de servicios deba cesar en el puesto que ocupa, ocasionando perjuicios a la prestación del servicio, por afectar a la organización asistencial y a la atención a la persona usuaria. Perjuicios difícilmente justificables cuando, en un corto período de tiempo, se resolverán los concursos de traslados de las diferentes categorías, permitiendo una regularización de gran parte de las comisiones de servicio. En definitiva, se trata de otra medida que contribuye al objetivo de estabilizar empleo temporal.

El indicado plazo de 31 de diciembre de 2024 para la finalización de los procesos selectivos, de obligado cumplimiento de acuerdo con lo establecido por la Ley 20/2021, justifica tanto el contenido de las medidas como la extraordinaria y urgente necesidad de su adopción, teniendo en cuenta el corto espacio de tiempo disponible y el gran volumen de los procedimientos afectados.

El capítulo II incorpora las modificaciones en materia de farmacia.

La Ley 6/1998, de 22 de junio, de ordenación farmacéutica de la Comunitat Valenciana, tiene como fundamento garantizar la mejor asistencia a los ciudadanos y a las ciudadanas en condiciones de igualdad entre los mismos, buscando simultáneamente un uso racional de los medicamentos. Dentro del conjunto de establecimientos farmacéuticos, imprescindibles para una adecuada distribución y dispensación de medicamentos, son de especial interés las oficinas de farmacia. En los municipios y entidades locales menores carentes de oficina de farmacia, la Conselleria de Sanidad puede autorizar la apertura de un botiquín farmacéutico que garantice la atención farmacéutica a su población, y que necesariamente, estará vinculado a una oficina de farmacia de la misma zona farmacéutica o de otras zonas farmacéuticas colindantes. En la actualidad, existen municipios en zonas rurales con despoblamiento que carecen de oficina de farmacia y botiquín que cubra las necesidades farmacéuticas de la población.

La prestación farmacéutica constituye un elemento principal en la atención a salud, y el derecho a la protección de la salud es un derecho constitucional; por tanto, el objetivo de la modificación de la Ley 6/1998 de 22 de junio de ordenación farmacéutica de la Comunitat Valenciana, y de la Orden de 1 de junio de 2000 de la Conselleria de Sanidad, por la que se regulan los botiquines farmacéuticos de la Comunitat Valenciana, es dar solución a las situaciones de municipios con una baja densidad de población, donde no se dispone de oficina de farmacia, y los ayuntamientos tienen dificultades para disponer de un local para un botiquín farmacéutico. Las razones son la exigencia de la exclusividad del local y una superficie mínima de 30 metros cuadrados. En este sentido, se flexibilizan los requerimientos para abrir un botiquín en una superficie del local de 20 metros cuadrados y poder compartir la zona destinada a dispensación, con el local destinado al consultorio auxiliar del municipio, siempre que no coincidan las actividades de ambos en el tiempo. De esta manera, se simplifica la solicitud de los botiquines farmacéuticos por parte de los ayuntamientos, velando por garantizar la prestación farmacéutica en los municipios con población inferior a 500 habitantes.

El título VIII recoge las modificaciones en materia de educación y empleo, con objeto de reducir cargas administrativas.

El capítulo I incorpora las modificaciones en materia de centros docentes.

Se modifica el Decreto 2/2009, de 9 de enero, del Consell, por el que se establecen los requisitos mínimos que deben cumplir los centros que impartan el primer ciclo de la Educación Infantil en la Comunitat Valenciana. En concreto, se suprime el apartado 1 de su disposición adicional segunda que establece que, para atender las necesidades de la variable demanda de puestos escolares en los distintos tramos de edad, la conselleria competente en materia educativa podrá establecer el procedimiento para que, en cada curso escolar, pueda autorizarse el funcionamiento de cualquier otra distribución de unidades o unidades mixtas, diferente a la autorizada inicialmente, siempre y cuando se cumplan los requisitos de espacios legalmente establecidos.

La supresión normativa elimina un procedimiento provisional para unas situaciones en las cuales es aplicable el procedimiento general de autorizaciones que regula el Real Decreto 332/1992, de 3 de abril, sobre autorizaciones de centros docentes privados, para impartir enseñanzas de régimen general no universitarias, un procedimiento definitivo ya existente que, por tanto, prescinde de la prórroga. Este procedimiento de modificación de la autorización provisional supone una carga administrativa tanto para la Administración como para la titularidad de los centros.

La experiencia acumulada desde que se dictó el Decreto 2/2009, de 9 de enero, del Consell, por el que se establecen los requisitos mínimos que deben cumplir los centros que impartan el primer ciclo de la Educación Infantil en la Comunitat Valenciana, ha demostrado no solo la innecesariedad, sino también las disfunciones que conlleva mantener dos procedimientos paralelos de autorización, con carácter provisional y definitivo, que tienen una misma finalidad y requieren la emisión de los mismos informes, pero que en el caso de la autorización provisional se fija para un curso escolar, con posibilidad de prórroga anual, y que debe ser solicitada con mucha antelación al comienzo del siguiente curso escolar, con lo que los centros no conocen con exactitud qué necesidades reales tendrán para dicho periodo. En su lugar, se aboga por mantener únicamente el trámite de autorización definitiva, que puede ser iniciado a instancias de los centros en cualquier momento, aportando con ello una mayor sencillez, agilidad y flexibilidad.

El capítulo II incorpora las modificaciones en materia de trabajo, cooperativismo y seguridad laboral.

Se modifica el artículo 7 de la Orden 28/2016, de 28 de noviembre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a los sindicatos y organizaciones sindicales, en proporción a su representatividad, en el ámbito de la Comunitat Valenciana; así como el artículo 9 de la Orden 5/2020, de 10 de septiembre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se aprueban las bases reguladoras y se establece el procedimiento de concesión de las ayudas del Programa de fomento del trabajo autónomo en la Comunitat Valenciana.

Ambas modificaciones suponen la adopción de medidas de simplificación documental en los procedimientos administrativos al suprimir la obligación de aportar determinada información, además de contribuir a hacer efectivo el derecho reconocido a las personas interesadas en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, de no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra administración.

El título IX recoge las modificaciones en materia de agricultura, ganadería y pesca, con objeto de simplificar los procedimientos en este ámbito.

El capítulo I incorpora las modificaciones en materia de agricultura y ganadería.

Se modifica la Ley 5/2019, de 28 de febrero, de estructuras agrarias de la Comunitat Valenciana con el objeto de simplificar el trámite de comprobación de la condición de profesional del sector agrícola, eliminando el certificado que tienen que presentar para conseguir los beneficios fiscales previstos en el título V de dicha ley. Con la modificación se suprime la obligación de solicitar un certificado para acreditar la condición de agricultor o agricultora profesional ya que pueden comprobarlo las propias oficinas liquidadoras de hacienda.

El Decreto 99/2012, de 22 de junio, del Consell, por el que se crea la Comisión Técnica de Seguridad de Balsas para Riego de la Comunitat Valenciana, fijó la composición y funciones de la Comisión. Entre sus funciones está la de informar preceptivamente las normas de explotación y los planes de emergencia de las balsas para riego, con carácter previo a su aprobación por la dirección general con competencias en seguridad de balsas para riego. Con la experiencia acumulada se concluye que la Comisión no es el órgano administrativo adecuado para informar preceptivamente los planes de emergencia y las normas de explotación, por tratarse de documentos técnicos muy específicos, referidos a balsas concretas, y por la pérdida de agilidad administrativa que supone, ya que la comisión se convoca, como máximo, dos veces al año. Esta situación provoca importantes retrasos en la aprobación de los planes de emergencia y normas de explotación, con el consiguiente peligro que supone para la seguridad de las personas y de las infraestructuras no tener planes de emergencia y normas de explotación aprobados y operativos ante una potencial rotura de una balsa. Esta situación explica la extraordinaria urgencia e imperiosa necesidad que justifica la modificación de las funciones de la Comisión.

El capítulo II incorpora las modificaciones en materia de pesca.

La modificación del Decreto 41/2013, de 22 de marzo, del Consell, por el que se establecen las normas sobre la pesca marítima de recreo de la Comunitat Valenciana, obedece a la necesidad de facilitar y fomentar la presentación telemática de solicitudes, así como clarificar los requisitos que se requieren para la práctica de la pesca marítima de recreo desde tierra, en embarcación y submarina y unificar el plazo de duración de los procedimientos administrativos según el tipo de licencia y el efecto del silencio administrativo. Dicha simplificación, resulta imprescindible para cursar diligentemente y con todas las garantías las licencias presentadas.

El título X recoge las modificaciones en materia de medio ambiente, agua, infraestructuras y territorio.

El capítulo I incorpora medidas en materia de calidad ambiental.

La Ley 6/2014, de 25 de julio, de prevención, calidad y control ambiental de actividades en la Comunitat Valenciana, establece el régimen jurídico al que se someten las actividades en función de su potencial incidencia ambiental, diferenciando en función de su mayor o menor capacidad de producir molestias, alterar las condiciones de salubridad del medio ambiente u ocasionar riesgos o daños a las personas o al medio ambiente, los procedimientos para tramitar estas autorizaciones, así como los órganos competentes para su tramitación.

Con el fin de facilitar la tramitación de dichas autorizaciones y en virtud de la experiencia acumulada en los últimos años, se considera que existen razones que justifican la urgente necesidad de actualizar algunos artículos de la ley, con la finalidad de contribuir a la mejora de la situación actual.

Se modifica el artículo 7 con la finalidad de llevar a cabo la necesaria actualización de las vías de acceso a las resoluciones otorgadas, dejando el Registro ambiental de instalaciones para el acceso exclusivo a las autorizaciones ambientales integradas, cuya autorización corresponde a la Generalitat; y por lo que se refiere al acceso a las licencias ambientales, resulta mucho más operativo remitir a las páginas web de cada uno de los ayuntamientos. De esta forma se evitarán duplicidades, máxime si se tiene en cuenta que, hasta la fecha, el Registro ambiental de instalaciones solo recoge la información relativa a licencias ambientales de un mínimo porcentaje de municipios. Esta modificación requiere, asimismo, la modificación del artículo 63 de la ley.

Como consecuencia de la derogación de ciertas normas que actualmente solo tenía vigentes algunos artículos residuales referentes a la composición de las comisiones de análisis ambiental integrado, y que se incorporan a la disposición derogatoria de la Ley 6/2014, de 25 de julio, se actualiza el artículo 20 con objeto de mejorar la seguridad jurídica y la calidad regulatoria en este ámbito.

En coherencia con lo dispuesto en el título I de este decreto ley, se modifica el artículo 23 de la ley para dar un mayor impulso a una figura que la Ley 6/2014, de 25 de julio, ya preveía y que se creó con la finalidad de agilizar la tramitación de la autorización ambiental integrada. Se trata de la anterior certificación de verificación documental, actualmente denominada certificación documental acreditada, la cual faculta a que las entidades colaboradoras de certificación verifiquen la idoneidad de la documentación presentada ante la administración, lo que ahorra tiempo y recursos a esta, que puede destinarlos a otras fases de la tramitación donde es imprescindible el ejercicio de las potestades públicas.

La modificación del artículo 37 obedece a la eliminación de la referencia que hacía este artículo sobre la obligación de que la declaración de Interés comunitario (DIC) se aportarse junto con la solicitud de la autorización ambiental integrada. La finalidad es eliminar la referencia a que la DIC se aporte siempre al inicio del procedimiento, porque en algunos casos existe la posibilidad de aportar la DIC en un momento posterior, como ya se había recogido en el artículo 28 para las instalaciones generadoras de biometano o biogás, así como de hidrogeno renovable o para la fabricación de sistemas para el almacenamiento de energía. Esta modificación contribuirá a agilizar la tramitación de la autorización ambiental integrada para todo tipo de instalaciones.

La modificación del artículo 46 es necesaria para aclarar los casos en los que opera el silencio positivo, así como para determinar los apuntes que debe contener el Registro ambiental de instalaciones en relación con la modificación de instalaciones que supongan una disminución de su capacidad de producción hasta quedar por debajo de los umbrales del anexo I.

Una medida de calado para agilizar la tramitación de las licencias ambientales y que va a tener un gran impacto en la actividad y puesta en marcha de pymes en nuestra Comunitat es el cambio de régimen en la emisión del trámite de dictamen ambiental; para ello, se modifican los artículos 57 bis y 58. La Ley 6/2014, de 25 de julio, regula íntegramente el procedimiento de concesión de la licencia ambiental, aplicable a aquellas actividades no sujetas a autorización ambiental integrada, y cuya tramitación y resolución compete a los ayuntamientos. En dicho procedimiento se incluye un trámite de dictamen ambiental que debe preceder al otorgamiento de la licencia ambiental, dictamen que ha de emitir el propio ayuntamiento en el caso de municipios con población de derecho igual o superior a 50.000 habitantes. Dicho dictamen será también formulado por los ayuntamientos con población de derecho inferior a 50.000 e igual o superior a 10.000 habitantes, si bien se prevé, con carácter excepcional, que puedan solicitar su emisión por la dirección territorial con competencias en materia de medio ambiente, en el caso de carecer de medios personales y técnicos precisos para su emisión. Para los municipios de población inferior a 10.000 habitantes el dictamen ambiental lo emite la mencionada dirección territorial, salvo que se solicite, la delegación del ejercicio de dicha competencia en el caso que se acredite disponer de los medios personales y técnicos suficientes. El dictamen ambiental ha de completarse con el pronunciamiento del correspondiente ayuntamiento en las materias de su competencia. En estos últimos casos, hasta ahora, la ley preveía que el dictamen fuese emitido por las comisiones territoriales de análisis ambiental integrado. No obstante, se ha valorado que la demora en la tramitación que puede ser generada por la convocatoria de estas comisiones territoriales, puede ser suplida por la emisión de un informe de la dirección territorial correspondiente, con las consultas previas que pueda considerar necesarias, previamente a su emisión. Para ello, se procede a modificar los artículos 58 y 60 de la referida ley, así como parte de su preámbulo.

También se hace necesario modificar la disposición adicional sexta para agilizar los trámites en los casos de cambio de régimen de intervención administrativa ambiental aplicable de instalaciones que inicialmente están sometidas a autorización ambiental integrada, pero pasan al régimen de licencia ambiental, quedando, en ocasiones, durante años en una situación sin determinar jurídicamente, lo que supone retrasos injustificables en el pronunciamiento administrativo, con la consecutiva pérdida de recursos empresariales y el potencial peligro para el medio ambiente.

Se suprime la disposición adicional octava y se incorpora su contenido a la disposición adicional cuarta, cuyo contenido se actualiza y regula el régimen aplicable a las instalaciones ganaderas.

En coherencia con las modificaciones operadas en este decreto ley sobre el Decreto-legislativo 1/2021, de 18 de junio, entre las que se establecen una serie de determinaciones, garantías y posibles beneficios a otorgar a los denominados Proyectos de Interés Autonómico, se incorpora una disposición adicional undécima a la Ley 6/2014, de 25 de julio, que regula el régimen aplicable a los Proyectos de Interés Autonómico.

Por último, se procede a actualizar la referencia de algunos epígrafes del anexo II “Actividades sometidas al régimen de la licencia ambiental», que desde hace años vienen generando dudas y duplicidades o referencias que generan confusión.

Se procede a modificar la Ley 6/2022, de 5 de diciembre, del cambio climático y la transición ecológica de la Comunitat Valenciana. La modificación afecta al artículo 76 de la Ley 6/2022, de 5 de diciembre, del cambio climático y la transición ecológica de la Comunitat Valenciana.

El concepto refugio climático es un término especialmente utilizado en el ámbito de gestión de los ecosistemas y de un amplio espectro ideológico. Desde una perspectiva ecológica, las especies necesitan adaptarse a las condiciones cambiantes o emigrar a zonas más adecuadas, para reducir el riesgo de extinción, por lo que identificar espacios que tengan menor variabilidad climática permiten, a modo de refugios, albergar biodiversidad. Son, por tanto, “soluciones basadas en la naturaleza» o ecosistemas que permiten refugiar biodiversidad ante la amenaza de los cambios globales, promoviendo la resiliencia climática y fomentando los sumideros naturales de carbono, tanto en ecosistemas terrestres y acuáticos como marinos. La utilización que de este concepto ecosistémico se hace en el artículo 76 de la Ley 6/2022 es inadecuada porque, al referirse exclusivamente a la especie humana, restringe considerablemente su más amplio significado. Por ello, entendemos que es más adecuado cambiar la actual denominación por la de “espacios climáticos».

Asimismo, se está elaborando el desarrollo reglamentario del precitado artículo 76 con la denominación de “espacios climáticos». Teniendo en cuenta que los datos e informes científicos disponibles sobre la situación meteorológica prevista este verano pronostican temperaturas extremas y sequía, procede incluir la modificación de dicha denominación en el Decreto ley de simplificación administrativa, con la finalidad de armonizar la regulación contenida en la Ley 6/2022, de 5 de diciembre, con la prevista en el desarrollo reglamentario, y así poder aplicar las medidas de protección que contempla el decreto, con la mayor brevedad, lo que supone un beneficio para la población, al disponer de una regulación que pretende mitigar unos efectos climáticos adversos cada vez más frecuentes.

El capítulo II incorpora medidas en materia de medio natural y animal.

La presente modificación legislativa responde a la urgente necesidad de fortalecer la protección del medioambiente, un componente esencial de la sociedad del bienestar y el desarrollo económico sostenible. Las reformas en la Ley 11/1994, de espacios naturales protegidos; la Ley 13/2004, de caza; el Decreto 188/2014, del Consell, y la Ley 2/2023, sobre protección y bienestar animal, buscan armonizar las normativas vigentes con la legislación estatal, mejorar la seguridad jurídica y garantizar una gestión más eficiente de los recursos naturales y espacios protegidos en la Comunitat Valenciana. Estas medidas incluyen la clarificación de derechos de tanteo y retracto, la adaptación de planes de ordenación de recursos naturales y el refuerzo de las competencias de las personas agentes medioambientales en la Red Natura 2000. Además, se abordan los problemas derivados del aumento de poblaciones de ungulados y los accidentes con fauna cinegética, permitiendo a los ayuntamientos una respuesta más ágil y adaptada a las necesidades locales. Las modificaciones también buscan agilizar los procedimientos administrativos y asegurar el bienestar animal, en consonancia con las competencias de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio. Estas acciones son fundamentales para conservar la biodiversidad, mejorar la seguridad ciudadana y promover un desarrollo sostenible y equilibrado del territorio valenciano.

En concreto, se modifican los siguientes artículos de la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de espacios naturales protegidos de la Comunitat Valenciana. Con la modificación del artículo 19, sobre derechos de tanteo y retracto, se realiza una adaptación a la legislación básica señalada en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad, en el sentido de señalar los ámbitos de los espacios naturales territoriales afectados, clarificar que será el transmitente el obligado a notificar y, por último, se modifica el papel de los registradores y las registradoras de la propiedad y mercantiles, en el ejercicio de la Generalitat de los derechos de tanteo y retracto.

Se modifica el artículo 34, relativo al contenido de los planes de ordenación de recursos naturales. Con esta modificación se realiza una adecuación a lo establecido en los trámites de evaluación ambiental estratégica, y una clarificación en la legislación aplicable valenciana de los contenidos de estos instrumentos de ordenación territorial. Además, esta modificación aporta seguridad jurídica a estos instrumentos de planificación de espacios naturales, por cuanto se completa y desarrolla el contenido de estos.

Con la modificación del artículo 48 sobre órganos de gestión, se determina que serán las normas de desarrollo orgánico y funcionales las que establezcan qué estructura administrativa y de gestión serán las competentes para la gestión de los espacios naturales protegidos, incluyéndose un listado de las funciones que desempeñan las personas que se encarguen de la gestión de los espacios naturales protegidos. En segundo lugar, desaparece la singularidad de que la dirección del parque natural de l’Albufera tuviese un rango y nivel de jefatura de servicio y dependiese orgánicamente de una subdirección general. Con la modificación se pretende equiparar este puesto de trabajo con el resto de los puestos de trabajo de este tipo.

Además, se añade la disposición adicional octava para dar respaldo a las actuaciones de las personas agentes medioambientales en materias de espacios naturales y Red Natura 2000 y va en consonancia con el texto legislativo que se está tramitando a nivel estatal de legislación básica de agentes medioambientales. La extensión de las facultades propias de la persona agente de la autoridad a los ámbitos de los espacios naturales protegidos y Red Natura 2000 más allá de lo hasta ahora contemplado en la legislación forestal y de caza.

Se procede a modificar la Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de caza de la Comunitat Valenciana. La tendencia general del número de accidentes registrados en la Comunitat Valenciana por colisión con fauna cinegética es ascendente de acuerdo con los registros almacenados desde 2007 por el Servicio de Caza y Pesca. Estos sucesos conllevan en multitud de ocasiones la presencia de fauna herida en la calzada, en las cunetas y en sus límites, que requiere ser sacrificada de forma urgente por bienestar animal y seguridad vial. Por ello, se plantea la necesidad de clarificar en la Ley de caza el carácter de esta acción, para que no sea entendida como una acción de caza, ni requiera permisos específicos para su ejecución.

Por otra parte, la dinámica favorable de las poblaciones de ungulados silvestres, en especial el aumento muy significativo de los niveles poblacionales de jabalí está provocando cada vez con mayor frecuencia la incursión de ejemplares de estos ungulados en núcleos urbanos y urbanizaciones, incluso en playas, poniendo en riesgo la seguridad ciudadana. La necesidad de acometer acciones programadas, pero también acciones urgentes, requiere de respuestas rápidas que normalmente promueven el ayuntamiento afectado como administración más cercana. Por ello, en estas situaciones de riesgo para la seguridad ciudadana, interesa que no sea la conselleria competente en materia de caza quien justifique y autorice las acciones de control, sino que sean los ayuntamientos quienes tenga la competencia de justificarlas y autorizarlas, eliminando la intervención de la persona titular de la dirección territorial de la conselleria competente en caza.

Asimismo, esta tendencia creciente de las poblaciones de ungulados silvestres en la Comunitat Valenciana y los impactos que conlleva ha provocado el establecimiento de programas de seguimiento de fauna que permiten conocer con detalle las densidades y la evolución de las poblaciones en distintas zonas de la Comunitat, pero no abarcan siempre la totalidad del territorio valenciano. Por ello, es necesario flexibilizar la forma de abordar las directrices de gestión cinegética, de forma que se puedan establecer para ámbitos espaciales distintos (local, comarcal, provincial o autonómico), según el avance del conocimiento de la situación en cada lugar, para que no se demoren las directrices de gestión por fiarlo todo a unas directrices de ámbito autonómico que pueden tardar en llegar.

Por último, se recupera como prohibición para la caza deportiva el uso de explosivos y cebos envenenados, rectificando así un error material involuntario cometido en la anterior modificación de esta ley. Por todo ello, se introducen modificaciones en los artículos 2, 12, 13, 39, 44, 58 y 60 de la Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de caza de la Comunitat Valenciana.

Se modifican diversos artículos de la Ley 3/2014, de 11 de julio, de la Generalitat, de vías pecuarias de la Comunitat Valenciana. La modificación del apartado 4 del artículo 33 elimina la obligatoriedad de la garantía, que pasa a ser potestativa y a criterio técnico de la conselleria competente, lo cual se decidirá durante la instrucción del expediente y en función de las características de la actuación.

Esta modificación, coherente con las determinaciones del artículo 54 de la misma Ley 3/2014, en el que se establecen otras garantías también con carácter facultativo, agiliza el procedimiento de autorización de ocupaciones temporales al eliminar un trámite en los casos en los que se estime no necesario.

Esta nueva redacción aclara, por otro lado, los trabajos que podrían ser objeto de esta garantía, esto es, la restitución del espacio afectado una vez finalizadas las obras de instalación, debido a que la posibilidad de depositar una garantía que asegure la reposición cuando finalice el plazo fijado en la autorización de ocupación viene regulado en el referido artículo 54 de la misma Ley 3/2014.

En el apartado 1 del artículo 34 se modifica la condición de que la intervención esté “declarada de interés general» por “considerada de interés general». Esta modificación resulta necesaria al no existir una norma, estatal o autonómica, que regule la tramitación de las declaraciones de interés general, por lo que no está establecido el procedimiento a seguir para su declaración, los requisitos necesarios para ello, los órganos que serían competentes para resolverlo o quienes estarían legitimados para solicitarlo o iniciarlo. Como consecuencia de lo anterior, la condición de disponer de una declaración de interés general puede considerarse una petición imposible al no encontrarse dicha figura ni definida ni reglada.

Es cuestionable, por lo tanto, la legitimidad de exigir para la autorización de concesión demanial que la infraestructura, instalación u obra pública haya sido declarada de interés general; siendo, por lo tanto, una exigencia que entorpece el procedimiento.

En consecuencia, se concluye que la condición de que infraestructura, instalación u obra pública sirva al interés general debe entenderse como un principio inspirador a considerar durante la instrucción del correspondiente expediente de autorización de concesión demanial, de la misma manera que este opera en multitud de disposiciones normativas en vigor.

En cuanto a la modificación del apartado 3 del artículo 34, se elimina la obligatoriedad de la garantía, que pasa a ser potestativa y a criterio técnico de la conselleria competente, lo cual se decidirá durante la instrucción del expediente y en función de las características de la actuación.

Esta modificación, coherente con las determinaciones del artículo 54 de la misma Ley 3/2014, en el que se establecen otras garantías también con carácter facultativo, agiliza el procedimiento de autorización de ocupaciones temporales, al eliminar un trámite en los casos en los que se estime no necesario.

Esta nueva redacción aclara, por otro lado, los trabajos que podrían ser objeto de esta garantía, esto es, la restitución del espacio afectado una vez finalizadas las obras de instalación, debido a que la posibilidad de depositar una garantía que asegure la reposición cuando finalice el plazo fijado en la autorización de concesión demanial viene regulado en el referido artículo 54 de la misma Ley 3/2014.

La Ley 2/2023, de 13 de marzo, de la Generalitat, sobre protección, bienestar y tenencia de animales de compañía y otras medidas de bienestar animal, tiene por objeto establecer normas generales para la protección, bienestar y tenencia responsable de los animales de compañía y la protección en determinadas situaciones de otros animales que se encuentran de manera permanente o temporal en la Comunitat Valenciana, con independencia del lugar de residencia de sus responsables legales y temporales.

Tras la publicación y entrada en vigor de la Ley 2/2023, de 13 de marzo, se hacía necesario iniciar un amplio proceso de desarrollo normativo para su efectiva implantación y para hacer posible la transición del anterior modelo de protección, bienestar y tenencia de animales de compañía al nuevo modelo propugnado por la citada ley. Se trata de un cambio, por el alcance que representa, requiere de un desarrollo normativo en consonancia, tanto con el objeto de desarrollar aquellos aspectos que la propia Ley 2/2023, de 13 de marzo, de la Generalitat, sobre protección, bienestar y tenencia de animales de compañía y otras medidas de bienestar animal indica, como con el objeto de conciliar la normativa autonómica ya existente, la reciente Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales como normativa básica estatal con esta ley.

En este corto periodo de aplicación de la normativa estatal y la autonómica en materia de protección, bienestar y tenencia de animales de compañía y otras medidas de bienestar animal, y con vistas a la preparación de un desarrollo reglamentario de nuestra Ley 2/2023, de 13 de marzo, de la Generalitat, se ha evidenciado la necesidad de aclarar aspectos que han suscitado dudas en su interpretación, y así subsanar lagunas en su redacción e introducir puntualizaciones para dotarlo de mayor claridad y seguridad jurídica. Ambas leyes regulan aspectos esenciales e inaplazables del nuevo modelo de protección, bienestar y tenencia de animales de compañía y otras medidas de bienestar animal y son normativas con un gran calado procedimental.

A lo anteriormente expuesto cabe añadir que, dada la división orgánica y funcional de la anterior Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica en lo que actualmente son la Conselleria de Agricultura, Ganadería y Pesca y la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, la inmensa mayoría de competencias en materia de protección y bienestar animal han pasado a formar parte de la Dirección General de Medio Natural y Animal, por lo que es necesario realizar una modificación parcial de algunos puntos para adecuarla a las nuevas competencias asumidas por la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio.

Es necesario configurar un espacio normativo regulador coherente tanto con las normas vigentes como las que se encuentran en periodo de tramitación y de aprobación a corto plazo. La Ley indica que este desarrollo normativo ha de hacerse de acuerdo con una previsión temporal de regulación sucesiva, coherente y concordada en un periodo de 2 años desde su entrada en vigor. Sin embargo, esta previsión se ha visto afectada por la conjunción de distintos factores como alteraciones en el funcionamiento de los servicios y órganos directivos de las consellerias anteriormente mencionadas, por lo que es necesario y urgente realizar las modificaciones propuestas.

A través de estas modificaciones se busca garantizar el correcto desarrollo normativo y armonizar algunos aspectos contenidos en las mencionadas leyes, con las normas vigentes y las que se van a aprobar a corto y medio plazo en desarrollo o basándose en la Ley 2/2023, de 13 de marzo, de la Generalitat, como el proyecto de Orden de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, por la que se establecen ayudas a las entidades de protección y defensa de los animales de compañía y entidades para la conservación de la biodiversidad animal y mejoras en el hábitat de la Comunitat Valenciana, cuyo expediente está en pleno proceso de tramitación, para consolidar el nuevo modelo de protección animal y conservación de la biodiversidad de la Comunitat Valenciana y dotar de seguridad jurídica a la regulación vigente en materia de protección y bienestar animal, teniendo en cuenta que, entre sus principales finalidades, la Ley 2/2023, de 13 de marzo, pretende fomentar el voluntariado y establecer una colaboración continuada con las entidades de protección y defensa animal y la sociedad civil para poner en marcha planes de acción que protejan a los animales, así como consolidar la importante y necesaria labor de la protección, defensa y conservación de la biodiversidad animal, la protección del medio ambiente y la mejora del hábitat de la Comunitat Valenciana.

Se modifica el Decreto 188/2014, de 7 de noviembre, del Consell, por el que se regula la figura de guarda jurado de caza en la Comunitat Valenciana y la habilitación para el control de predadores. La creciente necesidad de control de las poblaciones de jabalí ha llevado a la homologación de diversos elementos de captura (cajas trampa de diversos tipos, capturadero de control remoto y trampa pig-brig) cuyo uso para la práctica de la caza deportiva o recreativa no está permitido, pero sí lo está si se autoriza por razones de control. Estos medios de captura deben ser manejados por personal cualificado y su empleo debe contar con una autorización administrativa. Con las modificaciones propuestas en el Decreto 188/2014, se pretende agilizar la obtención de la acreditación de habilitado para el control de predadores, así como algunas de las obligaciones exigidas en cuanto a la identificación de las trampas.

El capítulo III incorpora medidas en materia de infraestructuras.

Se modifica la Ley 1/1999, de 31 de marzo, de tarifas portuarias, en concreto los apartados 2, 3 y 4 del artículo 48, con la finalidad de incorporar la regulación técnica de la base imponible, en cumplimiento de resoluciones del Jurado Económico Administrativo de la Generalitat, lo que es imprescindible por cuestiones de seguridad jurídica. La urgencia de su adopción es debida a la necesidad de su efecto inmediato en la liquidación de la tasa.

Se modifica la Ley 7/2018, de 26 de marzo, de seguridad ferroviaria. La Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària (AVSF) es un organismo autónomo, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, creada por la Ley 7/2018, de 26 de marzo, de seguridad ferroviaria (Ley 7/2018), y cuyo estatuto fue aprobado por el Decreto 272/2019, de 27 de diciembre, del Consell. La AVSF empezó a ser operativa en mayo de 2021 con la creación de sus primeros puestos de trabajo. Desde entonces ha ido incrementando paulatinamente su actividad y asumiendo las competencias y funciones asignadas en la citada normativa.

Desde que la AVSF está plenamente operativa, se ha puesto de manifiesto que algunas de las disposiciones incluidas en su ley reguladora limitan la eficiencia en la gestión de sus competencias, de modo que es necesario realizar algunas modificaciones para permitir la simplificación de la actividad administrativa, la celeridad en la tramitación de los procesos y la mejora en la información a la ciudadanía sobre los requisitos, documentación y procedimientos.

En concreto, las modificaciones necesarias en materia de simplificación administrativa afectan a los artículos 14, 15, 16, 63, 64 y 65 de la Ley 7/2018, de 26 de marzo, y a los artículos 11 y 16 del Decreto 272/2019, de 27 de diciembre, del Consell, de aprobación del Estatuto de la Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària.

En primer lugar, se ha constatado la necesidad de realizar modificaciones en la normativa que afectan a la distribución de competencias del Consejo Rector, la Presidencia y la Dirección General. Se realiza un esfuerzo de concreción y actualización de estas en la ley y en el reglamento de desarrollo, con la finalidad de agilizar los trámites, mejorar la gestión y dinamizar el funcionamiento efectivo de la AVSF.

En segundo lugar y respecto al capítulo II del título VI de la Ley 7/2018, que regula el régimen de infracciones y sanciones, con la tramitación de los primeros expedientes sancionadores se ha puesto de manifiesto la necesidad, por un lado, de mejorar la tipificación y descripción de varias infracciones y, por otro, de modificar la competencia para acordar su inicio y resolución, de modo que no se generen lagunas en la aplicación de los procedimientos, se agilice su tramitación y se facilite la identificación y descripción de las distintas infracciones, lo que redundará no solo en su gestión y resolución, sino incluso en la prevención de las conductas que dan lugar a las infracciones y sanciones.

Las modificaciones propuestas se circunscriben al ámbito de la seguridad ferroviaria, por lo que la urgente necesidad de los cambios propuestos es patente por su propio objeto. La AVSF debe tramitar y resolver sus procedimientos con la mayor celeridad y eficiencia posibles, en aras de garantizar el cumplimiento de sus fines como autoridad responsable de la seguridad del sistema ferroviario de competencia de la Generalitat.

El capítulo IV incorpora medidas en materia de territorio, urbanismo y paisaje.

La Ley 5/2014, de 25 de julio, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje (LOTUP), ha tenido desde su aprobación continuas alteraciones. Diez modificaciones desde la aprobación de la LOTUP hasta el Texto Refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio (TRLOTUP). Tras la aprobación del TRLOTUP han sido ocho las normas con rango de ley que han modificado su texto.

Pese a los continuos cambios normativos efectuados, sigue existiendo un importante grado de insatisfacción en relación con la aplicación de la norma. Se percibe que los procedimientos de aprobación de los planes y de las autorizaciones urbanísticas se dilatan excesivamente en el tiempo y que la regulación urbanística es demasiado rígida y no da adecuada respuesta a los problemas reales.

Como respuesta a esa situación, se ha iniciado el estudio de una reforma de la legislación urbanística y de ordenación del territorio valenciana con el objetivo de simplificar trámites, eliminar cargas administrativas, superar incoherencias y mejorar su redacción; ello, desde una perspectiva global, tras una seria reflexión, y con criterios de calidad. Al mismo tiempo, no se quiere dejar sin la necesaria tutela jurídica una serie de valores e intereses generales que merecen ser preservados. Además, la celeridad y la simplificación han de ser compatibles con la seguridad jurídica y no han de suscitar dudas sobre su pleno ajuste con el resto del ordenamiento jurídico, en particular con lo establecido en la legislación básica que pueda resultar en cada caso de aplicación.

Sin embargo, existen algunas modificaciones concretas que no pueden esperar a la tramitación ordinaria de un nuevo texto legal, sino que deben ser puestas en marcha de modo urgente. Estas tienen diversos alcances, como cambios respecto a la aplicación de las directrices de la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana (ETCV) en el planeamiento urbanístico o la conveniencia de introducir determinadas normas de aplicación directa en los suelos del litoral. Por un lado, se hace necesaria una nueva regulación de los Proyectos de Inversiones Estratégicas Sostenibles (PIES) y de los Proyectos Territoriales Estratégicos (PTE), puesto que la actual regulación en esa materia se ha demostrado insatisfactoria y no está permitiendo poner en marcha determinadas iniciativas que no pueden esperar. Por otro lado, se hace necesario de modo inmediato implantar determinadas medidas en relación con la tramitación de los planes urbanísticos que agilicen el procedimiento, establezcan con claridad los plazos, regulen con más detalle los informes sectoriales y fijen de modo más flexible los plazos de vigencia de los informes ambientales estratégicos, los documentos de alcance y las declaraciones ambientales estratégicas. Las medidas relativas a los informes sectoriales se hacen también extensivas a la tramitación de las declaraciones de interés comunitario.

Se proponen determinados cambios puntuales relacionados con la aplicación de las directrices de la ETCV en el planeamiento urbanístico, mediante la modificación de los artículos 3, 7, 15, 20 y 172 del TRLOTUP. Los criterios tendrán un carácter orientador del desarrollo territorial, eliminando de las consultas a las administraciones públicas el informe de carácter vinculante sobre la aplicación de la ETCV y los planes de acción territorial en el ámbito de los criterios generales de crecimiento territorial y urbano.

Aunque se redactó y aprobó como documento orientativo, consultivo o inspirador, lo cierto es que la posterior modificación legal que atribuyó carácter normativo a las determinaciones de la ETCV supuso un trastoque de la naturaleza esencial de ese documento, pervirtiendo las características que lo definían para convertirlo en otra norma limitativa más, circunstancia que obedecía más a cuestiones “metaterritoriales» y de naturaleza organicista que a la idea general de disponer de un documento puramente territorial cuya “auctoritas» sirviese de referencia a la redacción de los instrumentos de planeamiento en tanto que ejercicio de la “potestas» de ordenación propia de las administraciones territoriales.

Dicha subversión de sus valores originarios ha tenido como resultado -en la aplicación práctica del instrumento– la generación de un buen número de conflictos relacionadas con la potestad constitucionalmente reconocida a los municipios de poder ordenar su territorio, su término municipal. Donde más presencia ha tenido el choque ha sido en la aplicación de los límites al crecimiento territorial impuestos -que no recomendados o aconsejados– por la propia Estrategia; máxime cuando la aplicación de dichos límites se ha venido efectuando mediante la aplicación de una fórmula matemática cuyos parámetros, exclusivamente cuantitativos o geográficos, ha generado un reduccionismo insoportable para los ayuntamientos al no contemplar otras variables distintas de las referidas.

El resultado de todo ello ha sido la negación de discrecionalidad a los ayuntamientos, restándoles capacidad decisoria e impidiéndoles el ejercicio de la potestad de ordenar su término municipal aún a riesgo de equivocaciones. De este modo, la Generalitat ha sustituido la función orientadora de la Estrategia, por otra constreñidora o limitativa, que no solo la desnaturaliza, sino que la sitúa en posición de proscribir -probablemente sin base legal suficiente– el derecho de los ayuntamientos a ordenar su territorio siempre que de ello no derive perjuicio territorial supramunicipal. La limitación meramente cuantitativa a la que obedecen los límites de crecimiento de la Estrategia no encaja en este esquema.

La apremiante necesidad de resolver los conflictos generados por la contradicción expuesta exige devolver la ETCV a su función original, pues su naturaleza orientativa fue alterada mediante el artículo 114 de la Ley 10/2015, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat, una modificación legislativa ignorante de cuanto se ha afirmado anteriormente. En este sentido, el texto propuesto modifica determinados artículos del TRLOTUP sustituyendo el carácter vinculante que otorgó a los informes sobre las determinaciones de la estrategia la modificación citada por el orientativo que nunca debió perder.

Se plantea también la conveniencia de introducir determinadas normas de aplicación directa en los suelos de litoral, mediante la introducción del apartado 6 en el artículo 210, referido a las “normas de aplicación directa a las construcciones y edificaciones en el suelo no urbanizable».

Se abordan diversas medidas con el objeto de aclarar y agilizar los procedimientos en materia de paisaje. Así, mediante la modificación del apartado 4.b) del artículo 6 se incorporan, como supuesto adicional en el que no sea necesaria la elaboración de instrumento de paisaje, los proyectos sin incidencia en el paisaje que se sometan a evaluación ambiental simplificada, previo informe del servicio con competencias en la materia.

La modificación del apartado 7 del artículo 6 se justifica en el hecho de que uno de los supuestos en los que el TRLOTUP no exige instrumento de paisaje es en la elaboración de la sección cultural del catálogo de protecciones. En este caso, dado que en ocasiones la regulación de los bienes contenida en las fichas de los correspondientes elementos a proteger no incluye los condicionantes exigidos, se introduce para su aclaración que los criterios y condicionantes paisajísticos que afecten el elemento protegido formarán parte de su ficha.

Según el artículo 6.3 del TRLOTUP el paisaje condicionará tanto los planes como los proyectos, requiriendo la incorporación de condicionantes, criterios o instrumentos de paisaje. No obstante, en relación con determinados proyectos, no queda clara la competencia para la emisión del informe en materia de paisaje, por lo que se considera adecuado clarificar mediante la modificación de los apartados 3.d) y 6 del artículo 44 que los informes en materia de paisaje de planes y proyectos corresponden a la onselleria cuando la aprobación del plan o proyecto sea estatal o autonómica y, así mismo, cuando la aprobación del plan, proyecto o concesión de la autorización administrativa correspondiente sea municipal, también corresponderá al municipio informar los instrumentos de paisaje.

Por último, la modificación del apartado c del artículo 217 permite eliminar un supuesto de solicitud de informe en materia de paisaje.

Respecto a la regulación de los Proyectos de Interés Autonómico, que vienen a sustituir a los Proyectos de Inversión Estratégica Sostenible y los Proyectos Territoriales Estratégicos, la regulación de los PIES y PTE que se contiene en la redacción actual del Decreto Legislativo 1/2021 por el que se aprueba el TRLOTUP ha resultado excesivamente burocrática y farragosa, lo que viene siendo considerado por los agentes económicos que han mostrado interés en desarrollar proyectos de inversión en la Comunitat Valenciana como un freno considerable a los mismos. En general, esa regulación actual parte de ciertas premisas que han resultado tener una eficacia muy discutible como, por ejemplo, que este tipo de iniciativa las pueda proponer una administración pública, cuando la situación ideal debería ser que fueran el centro de la colaboración público-privada, partiendo de la iniciativa de inversión empresarial privada en la realización de proyectos que puedan resultar estratégicos para la Comunitat.

Por otra parte, a nivel de procedimiento se considera que, a diferencia de lo que sucede en la actualidad, donde el pronunciamiento favorable del Consell es una mera determinación del carácter estratégico de la actuación y la procedencia de su tramitación como proyecto de inversión estratégica sostenible, pero no supone en ningún caso la aprobación del plan o proyecto, el objetivo debería ser que el pronunciamiento del Consell sobre el carácter estratégico de la inversión para la Comunitat Valenciana no necesitara de nada más para hacer posible la ejecución del proyecto.

Y en este sentido se orienta la reforma que se plantea donde se incide en el carácter ejecutivo de la decisión del Consell y se establecen una serie de determinaciones, garantías y posibles beneficios a otorgar a los denominados Proyectos de Interés Autonómico, sin que ello implique una merma de la seguridad jurídica del procedimiento ni una disminución de las garantías ambientales o paisajísticas.

Con los Proyectos de Interés Autonómico, el Consell gozará de un instrumento ágil y ejecutivo a través del cual poder canalizar el impacto sobre el territorio de la Comunitat de iniciativas de inversión que incrementen la competitividad territorial de la Comunitat y generen empleo estable y de calidad, en particular fomentando la implantación de un tejido empresarial puntero a nivel nacional e internacional en aspectos relacionados con la innovación y el desarrollo industrial y terciario.

La regulación de los proyectos de interés autonómico supone la modificación de los artículos 17, 63 a 66, y la derogación de los apartados y letras de los artículos 14.3, 16.5.f), 44.3.e), 46.1.c), y 105.7.a) y de la disposición adicional novena del TRLOTUP. A su vez, se regula el régimen transitorio.

Se justifica la extraordinaria y urgente necesidad en la nueva regulación de los proyectos de inversión estratégica y proyectos territoriales estratégicos en la necesidad de poder disponer de un procedimiento ágil que permita tramitar, con garantías, pero con celeridad, los proyectos de inversión estratégica y los proyectos territoriales estratégicos, lo que es claramente una necesidad pública de gran relevancia. La actual tramitación establecida en el TRLOTUP ha resultado ser excesivamente farragosa y burocrática, y así viene siendo considerado por los agentes sociales.

De este modo resulta necesario que, de modo inmediato, se disponga de un nuevo procedimiento que permita tramitar con agilidad y eficacia estos proyectos. En este sentido, es razonable concluir que existe una situación de urgencia que debe ser abordada.

La nueva regulación de la figura permitirá eliminar aquellas dificultades, consiguiendo una tramitación ágil, con todas las garantías necesarias. Se trata de medidas concretas y que se aplicarán de inmediato. No hacerlo afecta negativamente de modo relevante a los intereses estratégicos a los que responden esos proyectos.

Es necesario disponer de ese procedimiento de modo inmediato, por lo que se requiere una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes.

Se añade un nuevo punto, el g), al apartado 3 del artículo 44, con objeto de reforzar el soporte legal en actuaciones de la Generalitat con asunción de competencias urbanísticas municipales. Por coherencia se procede a modificar el artículo 82.1 TRLOTUP, al objeto de aclarar que es a la administración promotora a la que le corresponde la recuperación de plusvalías regulada en dicho precepto.

Respecto a las modificaciones relativas a la tramitación de instrumentos de planeamiento, con la nueva redacción del artículo 51, la consulta previa solo será necesaria en el caso de la redacción completa de la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana, de los Planes de Acción Territorial y del Plan General estructural. Se pretende así simplificar la tramitación de planeamiento. De este modo, se solucionan las numerosas dudas sobre la necesidad de efectuar esos trámites en el caso de modificaciones puntuales de aquellos instrumentos de planeamiento, Catálogos, Planes Especiales, Planes de Reforma Interior, Planes Parciales y otros. Esta solución se ajusta a la doctrina establecida por el Tribunal Supremo en su sentencia de 6 de febrero de 2023, recurso 1337/2022. En esta sentencia se estableció la doctrina de que “no rigen en la aprobación de los instrumentos de ordenación urbanística la normativa contenida en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas para el procedimiento de aprobación de las disposiciones reglamentarias, sin perjuicio de que pudiera establecerse remisión expresa en la normativa autonómica».

Con la modificación del plazo de consultas del artículo 53.1 del TRLOTUP, se adapta este precepto a la actual redacción del artículo 19 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Según lo establecido en la disposición final octava de la Ley de evaluación ambiental, su artículo 19 es básico excepto en lo relativo al plazo y a la previsión de que no se tendrán en cuenta los pronunciamientos recibidos pasado el plazo. Con esta nueva redacción se consigue que sean aplicables en su totalidad las medidas de agilización que, en materia de evaluación ambiental, se introdujeron en la Ley de Evaluación ambiental, a través del Real Decreto ley 36/2020, de 30 de diciembre. En la nueva regulación estatal el plazo es, en todo caso, de treinta días.

Con la modificación del párrafo segundo del artículo 53.7 se cambia el plazo de vigencia del informe ambiental y territorial estratégico. La vigencia del informe ambiental estratégico se regula con carácter básico en el artículo 31.4 de la Ley de evaluación ambiental. Sin embargo, el plazo concreto de vigencia de cuatro años no tiene la condición de precepto básico, según resulta de la disposición final octava. De este modo, la ley autonómica, por ejemplo, habría podido prever un plazo de vigencia de 6 años. Lo que se pretende es que el plazo sea de 4 años, pero con la posibilidad de prórroga por 2 más. Esta solución es plenamente conforme con la legislación básica y permite que pueda prorrogarse el actual plazo de 4 años. De este modo, se posibilita seguir la tramitación de determinados instrumentos de planeamiento, sin tener que volver a iniciar la tramitación.

Se modifica el artículo 53.6 del TRLOTUP en relación con el plazo de caducidad del documento de alcance. La actual redacción del artículo 53.6 del TRLOTUP, para el supuesto tipo de un Plan General estructural, que siempre se somete al procedimiento de evaluación ambiental ordinario, obliga a que, desde la notificación al ayuntamiento del documento de alcance, el ayuntamiento, en un plazo máximo de dos años, deba elaborar el documento completo de Plan (con toda su voluminosa documentación), exponerlo al público, resolver las alegaciones, aprobar la versión resultante y solicitar del órgano ambiental que emita la declaración ambiental y territorial estratégica. Es prácticamente imposible realizar todas esas actuaciones en un plazo tan breve.

Se da una nueva redacción del apartado 6 del artículo 53 del TRLOTUP, de forma que el momento final para el cómputo del plazo, al igual que sucede con el resto de las leyes autonómicas que sí que lo establecen, sea el del sometimiento del plan a información pública. Esta forma de calcular el plazo sigue el modelo usado por el resto de las comunidades autónomas que sí lo establecen y es mucho más razonable. Además de cambiar el momento final del cómputo del plazo, en la nueva redacción se especifica que la prórroga se adopta por acuerdo del órgano ambiental. Para que no existan dudas de que esta regla también se aplica a los documentos de alcance emitidos antes de la entrada en vigor de la modificación (lo que beneficia a los municipios afectados), se incluye una disposición transitoria.

Se modifica el plazo de vigencia de la declaración ambiental y territorial estratégica, regulado en los apartados 1 y 2 del artículo 59. El artículo 27 de la Ley de evaluación ambiental regula la vigencia de la declaración ambiental estratégica. Sin embargo, y según lo establecido en la disposición final octava de la Ley, el plazo de dos años no tiene la consideración de precepto básico, por lo que la legislación autonómica que regule cada uno de los sectores de los planes sujetos a evaluación ambiental puede fijar un plazo distinto. Puesto que la tramitación de los Planes suele prolongarse durante el tiempo, el plazo de dos años se quedaba corto, con el riesgo de la caducidad de la declaración ambiental. El nuevo plazo de cuatro años, prorrogable por dos más, permite afrontar la tramitación de los planes urbanísticos con garantía.

El artículo 60 del TRLOTUP actualmente está sin contenido, por tanto, se procede a dar contenido a este precepto para establecer reglas especiales en relación con la emisión de los informes sectoriales en la tramitación de instrumentos de planeamiento urbanístico, ello en la línea de simplificar y agilizar la tramitación de los planes, fijando para los regulados por la legislación autonómica un plazo, en todo caso, de un mes para su emisión.

Es urgente que estos principios, que ya figuran en otras legislaciones urbanísticas autonómicas, se apliquen de inmediato en la tramitación de los instrumentos de planeamiento urbanístico valenciano.

También se extienden las reglas sobre los informes sectoriales del artículo 60 a los informes sectoriales de las DIC. Para ello se modifica el apartado 4 del artículo 223, con lo que además se consigue eliminar la publicación del anuncio en el tablón de edictos del ayuntamiento y sustituir la previsión legal de que la documentación esté accesible en un local de la Conselleria, por la previsión de que la documentación esté accesible en la Plataforma Urbanística Digital. Se eliminan así trámites desfasados, empleando las herramientas digitales ya disponibles.

Se plantean diversas modificaciones para regular de modo directo y con plazos ’oncretos el trámite de información al público del plan. Desde la primera Ley del Suelo de 1956, todas las leyes urbanísticas han regulado con detalle y en términos muy amplios la participación ciudadana en la tramitación de los planes urbanísticos.

En definitiva, la articulación concreta de la participación en el procedimiento de aprobación de los planes es uno de los contenidos propios de la legislación urbanística, que regula de modo completo esa cuestión. Sin embargo, el TRLOTUP presenta una peculiaridad que separa a esta ley del resto de leyes urbanísticas autonómicas, pues en varios de sus artículos parece que la determinación exacta de la modalidad de participación en la tramitación de los planes se remite a una figura posterior: el denominado “plan de participación». De hecho, según el artículo 53.4 del TRLOTUP, es el órgano ambiental el que, en el documento de alcance, establecería ese “plan de participación», indicando incluso “las modalidades o amplitud de la información o consulta» (ese contenido del documento de alcance no está previsto en la Ley de evaluación ambiental). Si se examina la legislación urbanística del resto de comunidades autónomas, se observa que, salvo la de Navarra, ninguna utiliza la figura del “plan de participación». Las modalidades y amplitud de la información al pública se establecen en todos los casos directamente en la ley urbanística.

Se realiza una modificación en tres artículos del TRLOTUP para que quede claro que es directamente la ley la que ha de establecer con precisión las modalidades y los plazos del trámite de participación al público de los planes urbanísticos, sin remisión alguna a lo que pueda determinarse en cada caso en el llamado “plan de participación». De este modo, en primer lugar, se plantea la modificación del punto 4 del artículo 53, eliminando la letra c).

La regulación de la participación en la tramitación del Plan urbanístico la va a regular directamente el TRLOTUP. El artículo 19 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, no contempla que sea el documento de alcance el que determine cuál deba ser el contenido del trámite de participación de cada plan. Con la eliminación de ese párrafo, además, se simplifica la tramitación. En segundo lugar, se plantea la modificación del artículo 55 con una regulación directa y completa del trámite de participación del procedimiento de aprobación de los planes, sin remisión a otras figuras adicionales, mejorando la anterior redacción.

Se propone una nueva redacción de las letras b) y d) del apartado 2 del artículo 56, y de la letra a) del apartado 1 del artículo 61, con el objeto de adaptar su redacción a la nueva idea de que es directamente el TRLOTUP el que establece el procedimiento, y no el documento llamado antes plan de participación y la remisión al artículo 55.2, tras la nueva redacción de ese precepto.

Se plantea un paquete de modificaciones con objeto de aclarar diversos aspectos. La modificación del apartado 3 del artículo 33 sobre “Política pública de suelo y vivienda», tiene por objeto aclarar, después de la coma, que la frase se refiere a cualquier tipo de municipio sin límite de población. En este sentido se opta por transcribir la normativa básica estatal. En el artículo 68, que se refiere a la “Suspensión del otorgamiento de licencias», se considera que debe añadirse también la suspensión de licencias de cambio de uso. Se considera necesario aclarar en la letra b del apartado 4 del artículo 72, “Principios generales y conceptos de gestión urbanística», que la determinación del aprovechamiento promedio es únicamente a efectos expropiatorios.

Se modifica el apartado 3 del artículo 109, “Supuestos expropiatorios», ya que la técnica de la expropiación aplicada a las personas propietarias que se abstienen de participar en un programa de actuación produce confusión, pues realmente se refiere a la necesidad de compensar económicamente a la persona propietaria que no se adhiere a un programa, lo que deberá realizarse mediante la oportuna indemnización en el procedimiento de reparcelación forzosa, por el derecho que le asiste a la persona propietaria de obtener la correspondiente indemnización por la privación del bien. Así pues, se propone la referida modificación, por entrar en contradicción con la actual redacción del artículo 118 y 146 del mismo texto.

Se modifica el artículo 110 “Derecho a la expropiación rogada» en sus apartados 3.c), 6 y 9.b), en base a la imposibilidad de solicitar expropiación rogada por parte de las personas propietarias que hubiesen obtenido una autorización para usos y obras provisionales o conste un rendimiento económico; se considera que ese límite no puede ser indefinido en el tiempo, puesto que tal circunstancia puede dejar sin contenido el propio derecho a la expropiación rogada, máxime cuando la explotación de un inmueble no puede ser por sí misma un inconveniente para ejercitar ese derecho. En relación con la regulación sobre formulación de la hoja de aprecio por parte de las personas propietarias en régimen de proindiviso, se trata de aclarar la legitimidad que asiste a los comuneros en cada fase del procedimiento de expropiación rogada. Respecto al régimen del pago de intereses se añade, para mayor claridad, que la demora imputable al Jurado de expropiación forzosa no se puede imputar a la administración expropiante.

La modificación de las letras b) y c) del apartado 1 del artículo 120 “Requisitos para la asignación de la condición de agente urbanizador en régimen de gestión por personas propietarias», se fundamenta en dos premisas básicas.

En primer lugar, descontar los bienes de titularidad pública; una administración difícilmente va a manifestar la voluntad de integrarse dentro de una agrupación de interés urbanístico. Si la Administración pretende asumir la gestión procede que lo haga mediante una gestión directa bien municipal, bien autonómica o incluso mediante convenio por la Administración estatal. En el caso de que un ayuntamiento considere que la gestión se desarrolle por las personas propietarias, la base del cómputo ha de ser sobre la superficie de terrenos de titularidad de las personas particulares descontando los terrenos, cualquiera que sea su naturaleza, si es de una administración pública. Los bienes de las administraciones públicas pueden ser de dominio público o patrimonial y esta calificación es indistinta en el momento de constituir la Agrupación, porque no se entra a valorar si tienen o no aprovechamiento. En esta fase del procedimiento no se tiene en cuenta si generan o no aprovechamiento; de hecho, hay bienes de dominio público que al haber sido obtenidos por expropiación generan aprovechamiento y, sin embargo, se descuentan. El ayuntamiento es el que decide si quiere una gestión directa o por las personas propietarias; en consecuencia, si pretende acceder a la gestión por dichas personas propietarias y estas han de acreditar que representan más del 50 % de la superficie afectada por el ámbito debe ser únicamente en relación con aquellos suelos que son de titularidad privada y no los que son de dominio público, descontándose los suelos que se califican tanto de dominio público como patrimoniales.

En segundo lugar, realizar el cómputo inicial sobre las parcelas catastrales. La ley ha de garantizar que el ayuntamiento, como administración encargada de comprobar la legitimación, tenga la capacidad de hacerlo en sede municipal, sin perjuicio de que dicha titularidad, para gozar de plenos efectos jurídicos, haya de encontrarse posteriormente avalada por la titularidad que surge del Registro de la Propiedad. Estamos en una fase muy incipiente, y la base de datos de la que disponen los ayuntamientos es la base catastral, por lo que es una forma de que el ayuntamiento compruebe, indiciariamente, si la persona aspirante a urbanizadora puede tener el apoyo o no de las personas propietarias afectadas; base de datos que, por otra parte, suele estar más actualizada y más acorde con la realidad que la del Registro de la Propiedad.

En el artículo 145 “Derechos y deberes básicos de la persona propietaria», se modifica, en la letra c) del apartado 1, la expresión expropiación por indemnización en metálico, coherente con el procedimiento de gestión del suelo que se realiza y con la previsión del artículo 146, que dispone que la reparcelación se limitará a prever a favor de la persona propietaria no adherida la indemnización correspondiente. Se insiste, además, en el carácter previo de la indemnización a percibir para la inscripción en el Registro de la Propiedad.

Se considera necesario incluir un nuevo apartado 4 en el artículo 147 en el que expresamente se indique que el régimen de emplazamiento a las personas propietarias procederá exclusivamente cuando se trate de reparcelación forzosa, ya que al definir el apartado 3 que no podrán aprobarse reparcelaciones sin efectuar el trámite de emplazamiento, y ello sin excluir la reparcelación voluntaria, podría darse el supuesto de que se exigiera tal obligación cuando dicha figura se contempla como un acuerdo de las personas propietarias para el cumplimiento de sus obligaciones urbanísticas del modo más acorde a sus preferencias, por lo que resulta innecesario.

Con la modificación del artículo 175 “Contenido documental del Programa de Actuación Aislada», se trata de flexibilizar la documentación a presentar en un programa, ya que en función del objeto del mismo se requiere una documentación, tal como el propio artículo expresa. Por otra parte, en coherencia con lo argumentado respecto de las personas propietarias no adheridas, se elimina la expresión justiprecio, manteniendo la de indemnización.

En coherencia con la modificación del artículo 120, se modifica la letra a) del artículo 177, y, donde decía “dominio público», pasa a decir “de titularidad pública».

Se incluye un nuevo apartado en el artículo 194 “Declaración de incumplimiento y régimen de edificación forzosa», ante la necesidad de que se establezca el plazo del procedimiento superior al general de tres meses, puesto que sumando todos los plazos parciales excede con creces de este. Se fija así en un año, plazo que comenzará a contarse el día en que se dicte la orden individualizada de edificación o rehabilitación.

La modificación del apartado 6 del artículo 198, “Venta forzosa», se justifica en la necesidad de eliminar la expresión “sin que el precio del inmueble sea inferior al valor correspondiente a efectos expropiatorios», ya que, en tal caso, la primera convocatoria contemplaría un incremento de un 25 %, lo que resultaría incongruente. También se pretende clarificar que ese 25 % se contempla como un ingreso para el ayuntamiento actuante, no como un potencial ahorro para la persona adquirente.

Finalmente, ante el vacío legal existente en los supuestos en que se solicita licencia de segregación para parcelas que ostentan una doble clasificación urbanística, se propone añadir una letra c en el apartado 1 del artículo 247.

Se justifica la extraordinaria y urgente necesidad en las modificaciones puntuales que se introducen en relación con la tramitación de los planes urbanísticos o con la tramitación de las declaraciones de interés comunitario, así como de las otras medidas adicionales, en la sensación que se percibe entre todas las personas operadoras que actúan en el campo del urbanismo de que el procedimiento de aprobación de los planes urbanísticos se dilata en exceso en el tiempo. La jurisprudencia ha llegado a señalar que tramitar un Plan se ha convertido en una “labor titánica» (sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana de 5 de diciembre de 2011). La situación es grave y se requiere de una intervención inmediata de los poderes públicos.

Sin perjuicio del estudio de una futura reforma normativa más profunda que concluirá con la tramitación de un texto de reforma de la legislación urbanística, las modificaciones señaladas se deben acometer de modo inmediato. Es un sentir común que uno de los problemas en la tramitación de los planes está en la emisión de los informes sectoriales, los plazos de las fases de tramitación, la duración de la tramitación de los planes. Por ello, con el fin de no frustrar la tramitación de muchos planes, resulta urgente ampliar los plazos de vigencia del documento de alcance, del informe ambiental y territorial estratégico y de la declaración ambiental estratégica.

En definitiva, las medidas puntuales que se proponen tienen clara conexión con la situación de urgencia que se pretende solucionar. Se trataría de medidas concretas y de eficacia inmediata para hacer frente a la situación. También se requiere una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes. Todo ello es extensible a los plazos de tramitación de las declaraciones de interés comunitario.

Se plantean otras medidas en relación con la agilización de la tramitación de instrumentos de planeamiento. En este sentido se plantea la modificación del artículo 228.2 para evitar dudas en la tramitación de los Planes especiales de minimización, eliminando de ese párrafo el inciso “que conserven una parcelación de características rurales».

En el momento de redactar los planes especiales de minimización se están planteando dudas sobre el alcance y significado del requisito que figura en el artículo 228.2 del TRLOTUP, según el cual sería necesario que las agrupaciones de viviendas susceptibles de ser incluidas en la delimitación “conserven una parcelación de características rurales».

No es fácil establecer el sentido último de ese requisito ni su finalidad, en el contexto del régimen de minimización regulado en los artículos del 228 al 231 del TRLOTUP, cuya facilitación es en sí mismo un fin de interés general.

Así las cosas, y para evitar cualquier duda al respecto y facilitar la aprobación de los planes especiales de minimización que se están elaborando, se elimina del apartado 2 del artículo 228 del TRLOTUP el inciso “que conserven una parcelación de características rurales».

Se modifica también en el presente decreto ley las previsiones existentes en el TRLOTUP sobre instrumentos de planeamiento ya evaluados ambientalmente con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 21/2013, de evaluación ambiental. En este sentido, se suprime la disposición transitoria 30.ª del TRLOTUP, la cual exigía la tramitación de una nueva evaluación ambiental estratégica de instrumentos de planeamiento aprobados definitivamente en su momento y que ya obtuvieron una evaluación ambiental favorable conforme a la normativa exigible en el momento de su aprobación. No tiene sentido duplicar un trámite ambiental ya realizado y vulnerar el referido principio de vigencia indefinida de los planes, con los riesgos de indemnizaciones por responsabilidad patrimonial a asumir por la Generalitat que ello conlleva, caso de mantenerse el efecto desclasificatorio automático que se regula actualmente en la disposición transitoria 30.ª. Esta derogación no vulnera lo regulado en la disposición transitoria primera, apartado 3, de la Ley 21/2013, en tanto en cuanto la pérdida de vigencia de las declaraciones de impacto ambiental, allí reguladas, se refieren a proyectos o actividades, pero no a planes, lo cual es coherente con el indicado principio de vigencia indefinida de estos.

Se modifican algunos artículos del Decreto 201/2015, de 29 de octubre, del Consell, por el que se aprueba el Plan de acción territorial sobre prevención del riesgo de inundación en la Comunitat Valenciana. Actualmente, para cualquier licencia urbanística en suelo no urbanizable afectado por peligrosidad de inundación, el ayuntamiento solicita informe al departamento de la Generalitat con competencias en materia de riesgo de inundación. Con la modificación del apartado 2 del artículo 3, se pretende que los ayuntamientos de mayor entidad, dentro de su municipio apliquen el PATRICOVA en la concesión de licencias municipales, si bien por parte de la Generalitat, se seguiría informando el planeamiento municipal, las declaraciones de interés comunitario y las infraestructuras. Esto reduciría en aproximadamente 200 el número anual de solicitudes de informe que se reciben en el departamento competente en riesgo de inundación, lo que supone una minoración del 10% del número total de expedientes para los que se solicita informe, y una mayor agilidad en la tramitación municipal de la propia concesión de las licencias. La modificación del apartado 2 del artículo 18 pretende clarificar el sentido del texto vigente ya que frecuentemente se ha podido comprobar que erróneamente se ha interpretado que era aplicable únicamente a las instalaciones que tuvieran una declaración expresa como infraestructura puntual estratégica, no siendo ese el significado del precepto que se ha de considerar. La modificación del apartado B.4 del anexo I se justifica en la necesidad de establecer de forma precisa las zonas en las que no se permitirán los vallados, por su incompatibilidad territorial derivada de su afección por inundabilidad. De este modo, no será necesario requerir la emisión de informes a este tipo de actuaciones.

El titulo XI recoge las modificaciones en materia de energía, comercio y turismo.

El capítulo I incorpora medidas en materia en materia de energía.

Este decreto ley introduce modificaciones de calado en el TRLOTUP y en Decreto ley 14/2020, del Consell, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica.

El suministro energético es una parte central y de suma relevancia en las economías modernas y es la base de la sostenibilidad y resiliencia de todos los servicios básicos, incluyendo, por ejemplo, los servicios sanitarios, los financieros, el transporte, la agricultura, el agua y otros muchos que consideramos esenciales para asegurar la calidad de vida de los ciudadanos y de las ciudadanas. La garantía del suministro eléctrico debe ser una aspiración de toda sociedad que busque el bienestar de sus miembros.

Teniendo en cuenta lo anterior, en los últimos años la sociedad española se ha visto expuesta a una crisis grave de suministro energético, con una volatilidad extraordinaria de los precios de la energía y una persistencia en los altos costes, lo que ha abocado a pérdidas relevantes para las industrias y a un incremento sostenido de los costes de bienes y servicios para la ciudadanía, impactando por tanto a todos los sectores de la sociedad, especialmente a las familias.

El sector energético se encuentra en plena transición y aplicando cambios fundamentales en sus dinámicas y formas de generación de energía. La descarbonización de las fuentes de energía mediante la penetración de fuentes renovables que generan electricidad localmente y de forma asequible está suponiendo una transformación de las dinámicas de suministro de energía y generando nuevos equilibrios geopolíticos que hacen que la soberanía energética de los Estados y las regiones cobre una importancia capital en las políticas públicas.

Las energías renovables son la fuente de generación de energía eléctrica más competitiva, observándose que, cuanto mayor es su penetración en el mix energético, más bajos son los precios de la energía. A ello debe añadirse que las energías renovables suministran energía de manera autóctona, protegiendo a la ciudadanía y a las industrias de las volatilidades de los mercados energéticos y los riesgos geopolíticos del suministro, afianzando y asegurando la disponibilidad de energía en el largo plazo y otorgando estabilidad y seguridad a las inversiones empresariales. Por si fuera poco, las renovables son la fuente de generación energética de más rápida construcción y con mayor flexibilidad de despliegue, generando soluciones modulares y específicas en cada momento para una demanda compleja y cambiante.

Dado que el despliegue ambicioso y urgente de renovables es la principal forma de enfrentarse a la crisis descrita, las instituciones europeas, nacionales y autonómicas están apostando fuertemente por sustituir unas fuentes de energía por otras. La Generalitat se marcó el objetivo de aumentar significativamente la potencia instalada en energía renovable con un horizonte posible a final de esta década de hasta 6.000 MW en centrales fotovoltaicas y 4.000 MW en eólicas. Con el objetivo expreso de tender en 2027 a alcanzar la soberanía energética de la Comunitat Valenciana, se aprobaron dos decretos-ley cuyo propósito era acelerar y ordenar el despliegue de renovables: el Decreto ley 14/2020, del Consell, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica, y el Decreto ley 1/2022, del Consell, de medidas urgentes en respuesta a la emergencia energética y económica originada en la Comunitat Valenciana por la guerra en Ucrania.

El resultado de la aplicación de estos marcos jurídicos ha sido claramente insuficiente. La Comunitat Valenciana continúa importando masivamente energía de otros territorios a través de las redes de transporte y sólo un porcentaje muy reducido de la generación autóctona es de fuentes renovables, lo que la coloca ampliamente expuesta a la volatilidad de los precios y los riesgos geopolíticos, dada la baja penetración de estas energías. A ello se suma el cierre programado para 2030 de la central nuclear de Cofrentes, que supuso en 2022 el 42,9 % de la energía, lo que situaría a la Comunitat Valenciana, salvo que se instalen otras fuentes de energía urgentemente, en una posición muy delicada respecto al balance de generación/demanda de energía eléctrica.

Cabe destacar también que la Comunitat Valenciana tiene unos consumos de gas natural muy por encima de la media española, especialmente en la provincia de Castellón, que es una de las provincias con mayor consumo de gas de toda España. Como se ha visto en los últimos años, la dependencia del gas natural como fuente de energía supone un riesgo extraordinario para el tejido industrial valenciano.

A cierre de 2023, el grado de avance de la transición energética hacia fuentes de origen renovable continuaba siendo ínfimo, con graves retrasos en las tramitaciones de proyectos debido a barreras burocráticas, trámites superfluos y enfoques normativos contraproducentes e incoherentes con los objetivos fijados por la propia Generalitat. La comparativa con otras comunidades autónomas sólo permite concluir que los marcos jurídicos aprobados en los últimos años fueron disfuncionales y que no han servido al propósito buscado.

La disfuncionalidad tiene un efecto grave y directo sobre la seguridad de un suministro energético asequible para la sociedad, y los retrasos y barreras que el anterior marco jurídico establecía al desarrollo de energías renovables pone en riesgo a las empresas promotoras de energías renovables, que han depositado garantías económicas en importantes sumas, han invertido multitud de recursos y cuyos proyectos podrían ser cancelados en caso de incumplirse los plazos previstos en el Real Decreto ley 23/2020, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica, con graves pérdidas para un sector ampliamente implantado en la Comunitat Valenciana, y con una tradición de décadas ejerciendo en todos sus ámbitos: promoción, ingeniería, fabricación de equipos, servicios legales y financieros, operación, mantenimiento, etc.

Todo el contexto anterior lleva a concluir que la Comunitat se encuentra ante una situación de urgente y extraordinaria necesidad, lo que hace necesaria la aprobación, mediante decreto ley, de las modificaciones legislativas pertinentes. Las disposiciones incluidas en esta norma aspiran a impulsar una transición energética justa, fiable, acelerada y competitiva, sin prescindir de la seguridad jurídica, la protección del medio ambiente y procurando que los beneficios de las renovables reviertan también en las comunidades locales.

La reforma promueve una mejora de la calidad sistemática de la norma, procurando aglutinar toda la normativa relativa a instalaciones renovables en la normativa sectorial y reduciendo el fraccionamiento normativo en distintas disposiciones, así como reordenando ciertas disposiciones que confundían la sistemática con su redacción anterior.

La norma detalla definiciones hasta ahora confusas como las de central fotovoltaica, subestaciones eléctricas o parque eólico, e incluye por primera vez la definición de las instalaciones de almacenamiento energético “stand-alone», para las cuales se concreta la ordenación de usos y aprovechamientos en el suelo no urbanizable, para poder incluir entre sus usos y aprovechamientos esas instalaciones de almacenamiento energético. Se incluye como un uso autorizable en suelo no urbanizable (SnU) a las plantas de biogás y de biomasa.

El nuevo marco jurídico amplía la limitación máxima de ocupación para plantas fotovoltaicas hasta un 10 % del suelo no urbanizable (común y protegido, agregados) de cada municipio. Esta reforma está sustentada en dos motivos. El primero, un criterio sociológico basado en el informe final de los resultados de la macroencuesta sobre el “Estado de situación sobre Transición Ecológica en los municipios valencianos» llevada a cabo por la anterior Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, publicados el 4 de abril de 2022, que evidenciaban que la percepción de los municipios sobre la proporción del término municipal, sin distinguir clasificación del suelo, que potencialmente podría destinarse a instalaciones solares fotovoltaicas oscilaba entre un mínimo del 12,1 % en los municipios de la provincia de Alicante y un máximo del 17 % en los municipios de la provincia de Valencia. El segundo motivo se sustenta en la preferencia por un enfoque más evaluador de los casos concretos de ocupación y sus efectos sinérgicos, en lugar de una limitación apriorística y uniforme de la limitación máxima, que no atiende a los casos concretos ni a las circunstancias reales urbanísticas de cada municipio. En cualquier caso, cada municipio podrá eximirse unilateralmente de ese límite máximo de ocupación del suelo mediante acuerdo de Pleno.

La norma concreta como un uso admisible en suelo no urbanizable, el de las instalaciones de generación y almacenamiento energético renovable, sometiendo su autorización a la regulación establecida en el Decreto ley 14/2020. Esta previsión hace prescindible la necesidad de obtención de una Declaración de Interés Comunitario expresa para su implantación, por lo que se elimina dicho requisito por completo, eliminando así la barrera burocrática que supondría este procedimiento, que era reiterativo en relación con el procedimiento del Decreto ley 14/2020. El objetivo perseguido con esta modificación es el de armonizar el régimen jurídico aplicable a la implantación de las instalaciones de energía renovable con la intención manifestada por la legislación valenciana en reiteradas ocasiones de “establecer a todos los efectos el uso de producción de energías renovables en suelo no urbanizable», reconociendo definitivamente que el uso de generación de energías renovables es propio del suelo no urbanizable.

Se elimina también la restricción y los criterios de implantación de instalaciones fotovoltaicas en suelos cartografiados por el Instituto Cartográfico Valenciano como de alta y muy alta capacidad agrológica. Esta restricción imponía una prohibición total basada en criterios de ordenación territorial diametralmente contraria al espíritu de la modificación expresada en el párrafo anterior y generaba serias dudas sobre su legalidad en relación a la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, dado que se basaba en un criterio de planificación económica que afectaba a la libertad de los actores económicos respecto del uso del suelo en cuanto a su supuesta potencialidad de uso para una determinada actividad económica designada por la Administración, algo impropio de una economía de mercado. La realidad es que tanto los ayuntamientos como la Generalitat ya cuentan con otros instrumentos urbanísticos que les permiten proteger los suelos agrícolas si consideran que tienen valores que merezcan protección, como son los suelos clasificados como suelo no urbanizable “de protección agrícola» o los protegidos a través de instrumentos de ordenación territorial aprobados por la Administración autonómica. Resulta así innecesario incrementar el suelo protegido por este valor a través de la aplicación directa y generalizada de la cartografía de la Generalitat que, además, fue elaborada hace más de 30 años y con una metodología de bajo detalle, por lo que no refleja la verdadera y actual situación de los suelos agrícolas ni de los valores, características y circunstancias que reúnen las ubicaciones en cuestión. Se trataba de una barrera innecesaria y desproporcionada, dado que la actividad de generación de energía renovable está sometida a regímenes de intervención administrativa altamente exigentes, públicos, transparentes y participativos en los que ya se analiza el impacto que el proyecto puede tener sobre el suelo y ello en estricta atención a los concretos valores que concurren en el mismo, como puede ser sus valores agrológicos. En cualquier caso, la restricción no permitía evaluar el estado del arte actual de las instalaciones fotovoltaicas, que permiten su instalación mediante hincas con levísima afección al suelo y combinar la generación de energía eléctrica con actividad agraria.

No obstante, la norma incorpora un criterio relativo a la priorización de implantación en suelos agrarios abandonados, infrautilizados, poco productivos o con estructuras de explotación de viabilidad limitada, lo cual supone una clara señal para personas promotoras y administraciones públicas de cuáles son los lugares que se consideran prioritarios para el despliegue de proyectos fotovoltaicos. Estos criterios se consideran mucho más acertados que una cartografía de capacidad agrológica elaborada con poco detalle a finales del siglo pasado, dado que atienden a la situación real de la actividad agrícola en cada ubicación concreta y permiten una evaluación detallada técnica de cada caso, en lugar de ceñirse a una ordenación apriorística, desfasada, generalista y poco concreta, como era la cartografía del Instituto Cartográfico Valenciano.

La reforma incorpora un pronunciamiento preceptivo y vinculante exclusivo para los proyectos de tramitación autonómica por parte del órgano competente en materia de territorio y paisaje respecto a la oportunidad de implantación del proyecto en la ubicación propuesta, teniendo en cuenta el informe municipal, la clasificación y las características del suelo, los informes sectoriales recibidos, así como las alegaciones presentadas en el trámite de información pública.

Con el objeto de proporcionar seguridad jurídica a la tramitación urbanística de los proyectos, se prohíbe que los ayuntamientos puedan decretar suspensiones de licencias que afecten a la tramitación de proyectos de generación de energía renovable. En un contexto similar, se establece una disposición específica para regular los informes-certificados de compatibilidad urbanística emitidos por los ayuntamientos con el objeto de acotar el contenido de los mismos a materia estrictamente urbanística y territorial, propia de este tipo de informes, y se crea un trámite preceptivo no vinculante en el que el ayuntamiento afectado puede pronunciarse en materia de cumplimiento de los criterios previstos en la normativa, así como en el ejercicio de su autonomía en competencias que le son propias, especialmente en materia urbanística, con un mayor peso en caso de implantación en suelo no urbanizable protegido. También se reforman los requisitos para la autorización de instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo doméstico en suelo no urbanizable.

Se simplifica el régimen de los denominados proyectos prioritarios energéticos. Además, se añade la posibilidad de que la conselleria competente en materia de agricultura pueda proponer al Consell tal declaración, debido a que el recurso eólico disponible para el desarrollo de proyectos eólicos y el espacio disponible para la implantación de proyectos fotovoltaicos suelen estar ubicados en zonas rurales. Los proyectos de energías renovables afectan directamente a las comunidades rurales y pueden suponer un catalizador diferencial para impulsar el desarrollo rural y la revitalización de ciertas áreas, por lo que resultaba necesario que la conselleria competente en materia de desarrollo rural tuviera la potestad de proponer al Consell la declaración de proyectos que se declaren como prioritarios por motivos de dinamización rural.

Se regula la intervención de la conselleria con competencia en materia de ordenación del territorio para los proyectos de tramitación estatal, limitándolo a una verificación del cumplimiento de los criterios específicos previstos en la normativa, de modo que esta intervención no sea una suerte de segunda evaluación ambiental, simplificando y aclarando así los trámites necesarios y siendo vinculante para los ayuntamientos afectados en el marco del procedimiento de licencia de obras. Esta limitación de intervención no menoscaba la protección medioambiental ni la ordenación territorial, dado que el trámite se realizará una vez el proyecto esté en disposición de solicitar la licencia de obras, por lo que se habrá recibido declaración de impacto ambiental favorable y las autorizaciones administrativas previa y de construcción. Siguiendo las recomendaciones para el despliegue de energías renovables, se introduce la figura del silencio administrativo positivo para esta verificación. Un retraso en el pronunciamiento del órgano podría suponer un bloqueo del trámite de emisión de licencia de obras, que deben tramitarse de forma simultánea y no secuencial. La introducción de esta figura es coherente con el hecho de que este trámite se entiende es una mera verificación de unos criterios ya evaluados en trámites anteriores, por lo que es deseable que se permita que la falta de respuesta por parte de la autoridad o autoridades competentes, dentro de los plazos establecidos, suponga la aceptación de una determinada solicitud en la fase correspondiente de un proceso de concesión de permisos para proyectos de energías renovables.

El nuevo marco jurídico aspira, además, a dar señales a personas promotoras y administraciones públicas de algunas de las buenas prácticas identificadas, entre las que destacan que las empresas impulsen la dinamización de la actividad agrícola en su entorno contactando y colaborando con las comunidades de regantes, las cooperativas agrícolas y otras entidades vinculadas a la actividad agraria del área de implantación. Las recomendaciones para el desarrollo ordenado y exitoso de energías renovables mencionan expresamente la necesidad de promover los usos múltiples de los emplazamientos, por lo que también se añade que se analice la posibilidad de hacer aprovechamiento múltiple del suelo, de modo que se combine la generación de energía eléctrica con alguna actividad agraria. Otra de las buenas prácticas que se introducen consiste en que en los entornos rurales se analice la posibilidad de cooperar y colaborar con las redes de desarrollo rural. En este sentido, siguiendo las orientaciones sobre buenas prácticas para acelerar los procedimientos de concesión de permisos para proyectos de energías renovables que recomiendan la adopción de medidas para que las comunidades locales se beneficien de las instalaciones de energías renovables situadas en su proximidad, se incluyen reducciones en el canon de uso y aprovechamiento del suelo no urbanizable con destino municipal para incentivar las buenas prácticas y compensar así la carga tributaria autonómica sobre proyectos renovables. Es bueno y deseable que las personas promotoras colaboren con los agentes locales, creando sinergias entre ellos y así puedan avanzar juntos de la mejor manera posible dinamizando la economía sin renunciar al cuidado del medio ambiente.

Se elimina el criterio de distanciar a los proyectos fotovoltaicos al menos 500 metros de bienes relevancia local, con el objeto de adecuar este precepto a la normativa autonómica sectorial específica, puesto que el precepto incurre en una contradicción con el Decreto 62/2011, de 20 de mayo, del Consell, por el que se regula el procedimiento de declaración y el régimen de protección de los Bienes de Relevancia Local, lo que suponía una exigencia desproporcionada para los proyectos de centrales fotovoltaicas. También se racionaliza la evaluación de la peligrosidad de inundación remitiendo al Decreto 201/2015, del Consell, PATRICOVA, en lugar limitar la implantación mediante un criterio territorial.

Se modifican los criterios energéticos específicos para la implantación y diseño de centrales fotovoltaicas permitiendo capacidades de, al menos, el 100 % de la potencia instalada de la central fotovoltaica en líneas eléctricas donde el trazado subterráneo sea mayor del 50 % de la longitud total de la línea y pérdida de potencia total en la transmisión sea menor o igual al 5 % de la potencia instalada.

Se redefine la forma de cálculo de las garantías de desmantelamiento cuya cuantía final es más ajustada ya que se establecen actualizaciones quinquenales que se realizan en base a una referencia ya conocida y no a previsiones futuras.

Por último, se modifica la disposición adicional cuarta para determinar la previsión de cargas de las redes de distribución y de las instalaciones eléctricas en los nuevos desarrollos de suelos de uso industrial y se añaden una disposición adicional de autorizaciones para torres de medición de viento y una disposición transitoria que garantice la continuidad de los expedientes, sin provocar iteraciones ni retrasos adicionales, así como favorecer la reversión de informes o evaluaciones cuyo carácter desfavorable no lo fuera con arreglo a la normativa actual.

La regulación supone la modificación de los artículos 211 –apartados 1.d), 1.e) y subapartado 7–, 215.3, 216.1, 219.2, y la derogación del apartado 7 del artículo 7, del artículo 10 bis, y de la disposición adicional octava, todo ello del TRLOTUP; y la modificación del Decreto ley 14/2020, del Consell, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica.

Por otro lado, la modificación abordada del Decreto 88/2005 es imprescindible, no solo por coherencia con las medidas principales de impulso de las instalaciones de producción de energía eléctrica basadas en energías renovables establecidas en el presente Decreto ley, sino porque sin dicha reforma, orientada a la simplificación, coordinación y agilización de las autorizaciones administrativas de todo tipo de instalaciones eléctricas sometidas al régimen de autorización administrativa previa, el referido impulso del cambio de modelo energético desde el lado de la generación eléctrica se vería muy limitado por el papel que para ellas juegan las redes de transporte y de distribución. Sin perjuicio de lo anterior, la modificación urgente del Decreto 88/2005 tiene también su fundamento en la necesidad de contribuir a la reactivación económica de cualquier tipo de actividad, dado el carácter universal y esencial del suministro eléctrico para la sociedad y en la que es necesario, dentro del marco normativo básico, reducir al máximo la obtención de las autorizaciones administrativas necesarias para la construcción y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas de generación, transporte, distribución, líneas directas, acometidas y las infraestructuras eléctricas de las estaciones de recarga de vehículos eléctricos de mayor potencia, así como mejorar e intensificar la participación y la propia condición que ocupa la persona solicitante de las instalaciones eléctricas que el mismo sufraga en los procedimientos de autorización frente a las empresas de red.

Por tanto, dicha modificación plantea principalmente los siguientes cambios más significativos en aras a la agilización del procedimiento, como son: se aumenta la exclusión a las infraestructuras eléctricas de las estaciones de recarga de vehículos eléctricos de potencia superior a 3000 kW (antes eran 250 kW) (artículos 2, 3 y 4); se simplifican los trámites para un mayor número de instalaciones ya que solo requerirán autorización de explotación las instalaciones de producción de energía eléctrica con potencia instalada no superior a 500 kW (antes eran 100 kW) (artículo 2 bis); se simplifica la concesión de autorización de explotación atribuyendo a los servicios territoriales todas estas autorizaciones salvo las que afecten a más de una provincia (artículo 4); se simplifica el trámite de las instalaciones a desmontar asociadas a la instalación proyectada (artículo 5); se simplifican los casos donde no será necesaria la información pública cuando haya modificaciones no sustanciales (artículo 9); se elimina documentación a aportar en el trámite de aprobación del proyecto de ejecución y en el de autorización de explotación (artículos 11, 12 y 16); se simplifica el trámite de autorización de transmisión de instalaciones, eliminando la obligación de que solo podrá llevarse a cabo una vez se haya finalizado su construcción y haya obtenido la autorización de explotación (artículo 19).

Las medidas contenidas en la presente modificación normativa se configuran con la finalidad de impulsar y agilizar las autorizaciones administrativas necesarias para la construcción y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas de generación, transporte, distribución, líneas directas, acometidas y las infraestructuras eléctricas de las estaciones de recarga de vehículos eléctricos de mayor potencia, de manera que facilite la dinamización e implantación de la actividad económica asociada a toda la infraestructura energética. En definitiva, con las modificaciones expuestas, junto con las del Decreto ley 14/2020, se consigue tener una visión global del sector energético con la pretensión de dinamizar, agilizar y simplificar trámites en las actividades económicas asociadas a las instalaciones eléctricas de generación, transporte, distribución, impulsando su puesta en marcha.

El capítulo II incorpora medidas en materia en materia de comercio.

Se modifican la Ley 3/2011, de 23 de marzo, de comercio de la Comunitat Valenciana, en relación con los siguientes aspectos: zonas de gran afluencia turística (ZGAT) y ordenanzas municipales de venta no sedentaria.

Se estima oportuno y proporcional que se pueda aceptar una declaración responsable municipal para entender que se dan las circunstancias que justifican la declaración de una zona de gran afluencia turística, sobre la base del principio de confianza y buena fe en las relaciones interadministrativas. Además, esas declaraciones de zona de gran afluencia turística pasan a tener una vigencia indefinida. Actualmente las zonas de gran afluencia turística (ZGAT) tienen una vigencia de siete años, prorrogables. Al pasar a tener una vigencia indefinida se evita un trámite a los ayuntamientos, sin perjuicio de que si se constata en algún momento que se han modificado o desaparecido las circunstancias que motivaron dicha declaración, el órgano competente en materia de comercio pueda modificar o revocar la declaración. Esta vigencia indefinida se hace extensiva a las ZGAT ya declaradas mediante la modificación de la disposición transitoria cuarta de la Ley 3/2011, de 23 de marzo.

Por último, se elimina el requisito de que quienes se dediquen a la actividad de la venta no sedentaria deban haber cumplido con todas las obligaciones pendientes con la hacienda local del municipio donde se desarrollará dicha venta. Se limita esta posibilidad, si así lo contemplan las ordenanzas, solo a aquellas obligaciones tributarias directamente vinculadas al ejercicio de la actividad. De esta manera los comerciantes podrán desarrollar su actividad, que es su principal fuente de ingresos, aunque tengan obligaciones pendientes de satisfacer por otras causas ajenas a la actividad comercial (impuesto de bienes inmuebles, tarifa de aguas, etcétera). Con esta medida se evita perjudicar a las personas que se dedican a la venta no sedentaria que son residentes en el municipio, ya que quienes no lo son nunca se verán afectadas por obligaciones tributarias municipales de otra índole, ajenas a la venta.

El capítulo III incorpora las medidas en materia de turismo.

La extraordinaria y urgente necesidad de realizar estas modificaciones en el sector turístico se fundamenta en varios aspectos críticos. Primero, el turismo es uno de los pilares fundamentales de la economía de la Comunitat Valenciana; constituye un sector estratégico con cifras que han alcanzado el 16 % del Producto Interior Bruto en 2023, siendo la comunidad autónoma que está liderando el crecimiento de ingresos turísticos en 2024. A este contexto deben unirse las cifras récord de llegada de turistas que se está produciendo en la actualidad, para lo que la administración debe estar preparada. El fortalecimiento del sector combinado con su propia sostenibilidad es esencial para el bienestar económico de la región.

En segundo lugar, esta importancia cuantitativa y cualitativa justifica la enorme necesidad de atender a su desarrollo ordenado, por su directa afectación al resto de sectores económicos y por sus relevantes repercusiones en el ámbito social, laboral y medioambiental. Asimismo, es necesario adaptarse a las normativas europeas y las mejores prácticas internacionales, que requieren de una actualización constante del marco normativo. Por tanto, la normativa reguladora del sector debe ser lo más clara, coherente y adecuada posible a las premisas anteriores. Las modificaciones propuestas aseguran que la Comunitat Valenciana esté alineada con los estándares más avanzados y que se adapta a las necesidades de las personas administradas y de las empresas, garantizando una administración más ágil y eficiente, capaz de responder con rapidez y efectividad a las demandas del sector turístico.

Por último, los procedimientos administrativos deben responder a las necesidades del sector, ser acordes con la normativa y adecuarse a la administración electrónica, la digitalización, la accesibilidad y la simplificación de trámites que permitan una respuesta más rápida a las necesidades del mercado, mejorar su competitividad y la calidad de los servicios turísticos. Además, el incremento de la carga administrativa ha generado un entorno en el que las empresas turísticas enfrentan barreras significativas para operar y expandirse.

En relación con la Ley 15/2018, de 7 de junio, de la Generalitat, de turismo, ocio y hospitalidad de la Comunitat Valenciana, se adecúa la normativa para aclarar definiciones, requisitos, obligaciones y causas, mejorando la información sobre los requisitos, la documentación y los procedimientos necesarios. Además, se agrupan las funciones de órganos colegiados como el Consejo de Turismo y la Comisión Interdepartamental para agilizar la gestión de los servicios públicos, lo que supone la eliminación de órganos innecesarios y la redistribución de sus competencias, lo que contribuirá a una mayor eficiencia administrativa.

Las modificaciones del Decreto 62/1996, de 25 de marzo, del Consell, por el que se aprueba el reglamento regulador de la profesión de guía de turismo, tienen varios objetivos: simplificar y agilizar la obtención de la habilitación de guía de turismo, permitiendo que se pueda obtener sin necesidad de superar pruebas convocadas, en aquellos casos en que se esté en posesión de determinados títulos académicos y se acredite la competencia lingüística. Además, se añade la posibilidad de incluir nuevos idiomas a la habilitación ya obtenida sin necesidad de esperar a nuevas convocatorias de pruebas, lo que supone una mejora de la calidad de los servicios ofertados a la ciudadanía.

En cuanto al Decreto 5/2020, de 10 de enero, del Consell, de regulación del estatuto del municipio turístico de la Comunitat Valenciana, se adecúa a la Ley 15/2018, concretando obligaciones y corrigiendo errores para mejorar la información sobre requisitos, documentación y procedimientos.

Dentro de la política de eliminación de órganos, cuyas funciones puedan ser asumidas por otros, se modifica el Decreto 7/2020, de 17 de enero, del Consell, de regulación de los órganos para la coordinación de la acción turística y del organismo público para la gestión de la política turística, con la finalidad de eliminar el Comité de Ética del Turismo, cuyas funciones pueden ser asumidas por otros órganos, lo que supone agilizar la gestión eficaz de los servicios públicos. Además, se adecua la redacción a la vigente estructura organizativa en materia de turismo y se facilita y agiliza el nombramiento de la persona titular de la Secretaría General de Turisme Comunitat Valenciana.

El Decreto 10/2021, de 22 de enero, del Consell, por el que se regula el alojamiento turístico en la Comunitat Valenciana, lleva a cabo adecuaciones de los requisitos técnicos obsoletos en el mercado turístico, y se mejora la redacción de artículos para favorecer la interpretación de proyectistas y empresas turísticas.

Asimismo, el Decreto 1/2022, de 14 de enero, del Consell, de regulación del Registro de turismo de la Comunitat Valenciana, se adecúa a la normativa turística vigente, realizando aclaraciones para facilitar la tramitación registral y eliminando elementos innecesarios, de manera que se mejora así la información sobre requisitos, documentación y procedimientos.

Se incorporan las siguientes disposiciones comunes en la parte final del Decreto ley.

Se incluyen siete disposiciones adicionales en relación con los plazos para la aprobación de la Guía metodológica para la elaboración de la memoria del análisis de impacto normativo, los plazos para la suscripción de los convenios con las entidades locales y la designación de representantes, los fundamentos y garantías adicionales en materia de protección de datos para los sistemas de identificación biométrica en la asistencia a la ciudadanía por parte del personal funcionario habilitado y la regulación sobre los espacios de datos y entrenamiento de procesos y algoritmos, la creación de la Oficina de inversiones y proyectos estratégicos y la adaptación de la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana (ETCV) y del Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (PATIVEL) a las Normas de Aplicación Directa en suelo no urbanizable del litoral.

La disposición derogatoria prevé la derogación de las siguientes normas:

• – En materia de impacto ambiental, se deroga la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de evaluación ambiental; el Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Reglamento de la ley 2/1989, de 3 de marzo, de impacto ambiental; el Decreto 32/2006, de 10 de marzo, de modificación del anterior, así como cualquier norma de modificación de los citados decretos y Orden de 3 de enero de 2005, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, por la que se establece el contenido mínimo de los estudios de impacto ambiental que se hayan de tramitar ante esta conselleria.

  En la Comunitat Valenciana y, en relación con la evaluación ambiental de proyectos de competencia autonómica, coexisten dos normas distintas: la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y la Ley autonómica 2/1989, de 3 de marzo, de evaluación ambiental.

  La aplicación de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, está dando lugar a dudas interpretativas de todo tipo, pues no está claro en qué casos seguirían siendo aplicables los procedimientos previstos en ella, que poco tienen que ver con los establecidos en la legislación básica del Estado. Actualmente, la normativa estatal en materia de evaluación de impacto ambiental de proyectos es más exigente que la autonómica, estableciendo un procedimiento específico y de directa aplicación y conteniendo todos los elementos necesarios para la tramitación de los expedientes. Por el contrario, la normativa autonómica contiene preceptos que no pueden aplicarse (por el carácter básico de la anterior) y unos anexos que, lejos de resultar más exigentes en general, suponen una dificultad en su aplicación e interpretación y una carga adicional para el administrado por las dudas en su correspondencia con los parámetros definitorios de sus proyectos. En consecuencia, es urgente derogar las citadas normas, ya que su vigencia está dificultando la tramitación de numerosos proyectos.

• – En materia de servicios sociales, se deroga el Decreto 48/2021, de 1 de abril, del Consell, de regulación de la Comisión delegada del Consell de Inclusión y Derechos Sociales. Esta comisión se creó con carácter permanente y decisorio, con el fin de desconcentrar algunas funciones superiores de la acción política del Consell, en el ámbito de las políticas sociales, de igualdad, de servicios sociales, de atención sociosanitaria, de educación y de justicia; asimismo, debe informar, con carácter preceptivo, antes de su aprobación o publicación, sobre cualesquiera proyectos normativos con afección en las materias de inclusión, igualdad o derechos sociales. Sin embargo, de la transversalidad de estas políticas públicas se colige la necesidad de abordarlas desde una perspectiva global, abarcando ámbitos funcionales muy diversos, que exceden del conjunto de materias competencia de los diferentes departamentos del Consell que integran la referida comisión. Asimismo, respecto de las funciones asignadas a esta comisión delegada en la elaboración de las normas se entiende oportuna su supresión, por redundante en los controles sobre el impacto social de la normativa ejercidos por los diferentes órganos y organismos competentes. En consecuencia, se procede a su supresión para simplificar la organización administrativa, evitando la duplicidad de órganos con funciones concurrentes.
• – En materia de función pública, se deroga el Decreto 19/2023, de 3 de marzo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento de la Escola Valenciana d’Administració Pública. Dado que, mediante este decreto ley se suprime dicho organismo, procede la derogación del referido decreto.
• – En materia de educación, se deroga:
  • a) El Decreto 178/1988, de 15 de noviembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se establece la composición y funciones de la Comisión Interdepartamental para la aplicación del uso del valenciano, según la Ley 4/1983, de 23 de noviembre, de uso y enseñanza del valenciano. La composición de la comisión ha quedado obsoleta dada la actual estructura de los niveles superiores y directivos en las consellerias. Después de más de cuarenta años desde la entrada en vigor de la Ley 4/1983, de 23 de noviembre, de uso y enseñanza del valenciano, existe un marco normativo que ha avanzado en los diferentes aspectos que corresponden al ámbito competencial de la Comisión Interdepartamental. En consecuencia, se considera que carece de sentido mantener la Comisión Interdepartamental, por lo que se procede a su supresión, siguiendo los criterios de simplificación administrativa de eliminación de estructuras y órganos que no aportan valor añadido a la administración.
  • b) El Decreto 13/2019, de 8 de febrero, del Consell, de creación de la Red Pública de Servicios Lingüísticos Valencianos, crea la citada red, constituida por el conjunto de entidades públicas titulares de servicios de planificación lingüística con la finalidad de crear sinergias en el ámbito de la normalización del valenciano, a través de la elaboración de estrategias conjuntas y la comunicación ágil entre entidades. Tras la entrada en vigor de la red no consta que se haya aprobado ningún plan de actuación que coordine las diferentes entidades, ni memoria que valore el funcionamiento, por lo que se considera que la red no está respondiendo a la finalidad para la que se creó. Así, se concluye que puede procederse a su supresión siguiendo los criterios de simplificación administrativa de eliminación de estructuras y órganos que no aportan valor añadido a la Administración.
  • c) La Orden 8/2011, de 23 de febrero, de la Conselleria de Educación, por la que se establece el procedimiento de autorización provisional previsto en la disposición adicional segunda, apartado 1, del Decreto 2/2009, de 9 de enero, del Consell, por el que se establecen los requisitos mínimos que deben cumplir los centros que impartan el primer ciclo de la Educación Infantil en la Comunitat Valenciana.
• – En materia de hacienda se deroga el Decreto 28/2012, de 3 de febrero, del Consell, por el que crea la Comisión Interdepartamental para el seguimiento e impulso de las políticas de racionalización y austeridad en el gasto en el ámbito de la Generalitat, ya que sus funciones han sido asumidas por la Comisión Interdepartamental para la mejora de la eficiencia del gasto público de la Generalitat, creada por el Decreto 18/2024, de 6 de febrero, del Consell.

Asimismo, se introducen cuatro disposiciones transitorias en materia de planificación y urbanismo.

Se hace necesario prever disposiciones que regulen el régimen transitorio de los procedimientos de evaluación ambiental de proyectos, dada cuenta de la modificación normativa operada, y de la aplicación de la nueva regulación de los procedimientos urbanísticos, atendiendo a los cambios operados respecto a los plazos de vigencia y prórrogas del documento de alcance, del informe ambiental y territorial estratégico y de la declaración ambiental y territorial estratégica, del procedimiento de aprobación de los planes urbanísticos, de la nueva regulación de los informes sectoriales, o sobre los Proyectos de Inversión Estratégica Sostenible o Proyectos Territoriales Estratégicos aprobados por el Consell de la Generalitat. Además, se añade una disposición transitoria para garantizar la continuidad de los expedientes de proyectos de producción o suministro energético a través de energías renovables.

Por último, se incorporan seis disposiciones finales en las que se establecen los plazos para la aprobación de dos disposiciones de carácter general: el Decreto de administración electrónica y simplificación administrativa y el Decreto de creación del Registro general de entidades colaboradoras de certificación y el Registro de entes habilitados; se dispone el rango de las disposiciones reglamentarias modificadas; se recoge el respeto al principio de autonomía local, y se establece la entrada en vigor.

VII

En cuanto a la estructura, el presente decreto ley consta de ciento treinta artículos, distribuidos en once títulos, siete disposiciones adicionales, cuatro disposiciones transitorias, una derogatoria y seis disposiciones finales.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, este decreto ley se ajusta a los principios de buena regulación. De igual modo, se cumple con el principio de necesidad, que ha quedado plenamente justificado. También se cumplen los principios de seguridad jurídica, proporcionalidad y eficacia, destacándose que las medidas que incorpora son congruentes con el ordenamiento jurídico e incorporan la mejor alternativa posible dada la situación de excepcionalidad, al contener la regulación necesaria e imprescindible para lograr los objetivos mencionados.

En cuanto al principio de transparencia, vista la urgencia para la aprobación de esta norma, se exceptúan los trámites de consulta pública previa y de audiencia e información públicas, de conformidad con el artículo 133.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre y con el artículo 14 de la Ley 4/2023, de 13 de abril, de participación ciudadana y fomento del asociacionismo de la Comunitat Valenciana.

En consecuencia, de acuerdo con el artículo 44.4 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, y el artículo 58 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de la Generalitat, del Consell, a propuesta del president de la Generalitat, en virtud de las competencias en materia de simplificación administrativa que le atribuye el Decreto 10/2023, de 19 de julio, del president de la Generalitat, por el que se determinan el número y la denominación de las consellerias, y sus atribuciones, y con la deliberación previa del Consell, en la reunión de 9 de julio de 2024,

TÍTULO I
Regulación general de la simplificación administrativa

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

CAPÍTULO II
Planificación y organización para la simplificación administrativa

CAPÍTULO III
Medidas de simplificación normativa

Artículo 11 Revisión del ordenamiento jurídico

1. Para crear un entorno de seguridad jurídica que facilite el ejercicio de derechos de la ciudadanía, así como las inversiones productivas y el desarrollo de proyectos empresariales solventes y sostenibles, la Administración de la Generalitat realizará anualmente una revisión del ordenamiento jurídico autonómico para adaptar las normas a los criterios de simplificación regulados en este título de la ley.

LE0001004467_20260703 Número 1 del artículo 11 redactado por Número Tres del artículo 37 de Ley 3/2026, de 29 de junio, de la Generalitat, de medidas urgentes frente a la hiperregulación, la agilización de procedimientos y la garantía de la unidad de mercado («D.O.C.V.» 2 julio)Vigencia: 3 julio 2026

2. Esta revisión se podrá llevar a cabo de forma individual o mediante una única norma con rango de ley en la que se incorporen todas aquellas modificaciones normativas a propuesta de los departamentos del Consell competentes según la materia.

CAPÍTULO IV
Medidas de impulso a la actividad económica

Sección 1
Impulso de proyectos empresariales

Sección 2
Canal Empresa

Sección 3
Declaración responsable y comunicación

Sección 4
Entidades colaboradoras de certificación

Artículo 18 Régimen de Certificación Documental Acreditada

1. Para agilizar los procedimientos administrativos de la Administración de la Generalitat y su sector público instrumental, especialmente los sometidos a régimen de autorización, las personas interesadas podrán obtener un certificado, emitido por entidad colaboradora de certificación, acreditativo de la verificación de la documentación que deba presentar ante los órganos o entidades públicos y que se denominará certificación documental acreditada, en los procedimientos en los que se prevea la participación de estas entidades.

LE0001004467_20260703 Número 1 del artículo 18 redactado por Número Cuatro del artículo 37 de Ley 3/2026, de 29 de junio, de la Generalitat, de medidas urgentes frente a la hiperregulación, la agilización de procedimientos y la garantía de la unidad de mercado («D.O.C.V.» 2 julio)Vigencia: 3 julio 2026

2. La verificación consistirá en la revisión, informe y/o validación de la documentación que deban presentar las personas interesadas, pronunciándose sobre su suficiencia e idoneidad para los fines que legalmente procedan, dentro del ámbito de las respectivas profesiones.

3. La Administración asumirá como completa, suficiente y adecuada la documentación presentada que se acompañe de la Certificación Documental Acreditada, sin perjuicio de las facultades del órgano competente para realizar los requerimientos de subsanación que procedan, si con posterioridad se detectasen insuficiencias o deficiencias que sean subsanables.

4. Las funciones de las entidades colaboradoras de certificación no sustituirán las potestades propias de la Administración, que podrá verificar las funciones y actuaciones desarrolladas por las personas interesadas.

5. Si como consecuencia del inicio de un procedimiento de investigación o sancionador a la entidad colaboradora, la Certificación Documental Acreditada adoleciera de algún vicio, el acto administrativo deberá ser objeto de una revisión de oficio.

6. En ningún caso, la Certificación Documental Acreditada sustituirá al visado colegial ni a las funciones propias de las respectivas profesiones.

7. El uso de las entidades colaboradoras será, en todo caso, voluntario por parte de las personas interesadas.

Artículo 19 Designación y publicación

1. El procedimiento de designación de las entidades colaboradoras de certificación será único. Su resolución corresponderá al órgano directivo competente en materia de simplificación administrativa, a propuesta del departamento competente por razón de la materia o entidad del sector público correspondiente sobre la viabilidad de la designación.

2. Podrán ser designadas como entidades colaboradoras de certificación:

• a) Los colegios profesionales, cuyas personas colegiadas ejercientes, individualmente o asociadas en las formas que autoricen las normas profesionales, estén legitimadas para actuar en el ámbito de competencias profesionales que les confiera legalmente el título que ostenten.
• b) Las cámaras de comercio, en su ámbito territorial de actuación.
• c) Los organismos de certificación administrativa y las entidades colaboradoras previstas en la regulación sectorial correspondiente.
• d) Aquellas otras personas jurídicas o entidades que se determine reglamentariamente o en la normativa sectorial de aplicación.

3. Para obtener la designación, las entidades solicitantes deberán cumplir, como mínimo, los siguientes requisitos:

• a) Contar con profesionales habilitados en el número que se determine reglamentariamente, para ejercer las funciones de estas entidades en el ámbito de actividad de que se trate y con experiencia profesional efectiva en trabajos propios de la respectiva profesión.
• b) No estar suspendidas ni tener prohibido el desarrollo de la actividad de certificación regulada en el presente título de la ley, en virtud de resoluciones administrativas o judiciales firmes.LE0001004467_20260703 Letra b) del número 3 del artículo 19 redactada por Número Cinco del artículo 37 de Ley 3/2026, de 29 de junio, de la Generalitat, de medidas urgentes frente a la hiperregulación, la agilización de procedimientos y la garantía de la unidad de mercado («D.O.C.V.» 2 julio)Vigencia: 3 julio 2026
• c) Tener suscrita y en vigor una póliza de cobertura de los riesgos por responsabilidad profesional, en los términos que se determinen reglamentariamente.
• d) No encontrarse en situación de concurso que impida el ejercicio de su actividad, de conformidad con lo establecido en la normativa concursal.
• e) Los requisitos específicos que puedan establecerse para cada actividad en la que hayan de ejercer sus funciones.

Los requisitos mínimos para la designación de las entidades colaboradoras de certificación podrán demostrarse mediante declaración responsable, en los términos que se establezca en la normativa reglamentaria de desarrollo.

El incumplimiento sobrevenido de cualesquiera de los requisitos de designación determinará la pérdida de esta, previa tramitación de expediente contradictorio.

4. Mediante el decreto del Consell se establecerán los requisitos y el procedimiento de designación de las entidades colaboradoras de certificación, de acuerdo con los distintos ámbitos de actuación, y se creará el Registro General de Entidades Colaboradoras de Certificación. El plazo máximo de vigencia de la inscripción en el registro no podrá ser superior a cinco años. La nueva solicitud de inscripción deberá solicitarse con la antelación que se establezca reglamentariamente a la finalización del plazo de vigencia de la anterior. El registro será público y estará accesible en el Portal de Transparencia de la Generalitat. La inscripción no alterará la naturaleza jurídica previa de las entidades colaboradoras de certificación.

LE0001004467_20260703 Número 4 del artículo 19 redactado por Ley 3/2026, de 29 de junio, de la Generalitat, de medidas urgentes frente a la hiperregulación, la agilización de procedimientos y la garantía de la unidad de mercado («D.O.C.V.» 2 julio)Vigencia: 3 julio 2026

5. La prestación de servicios por las entidades designadas podrán ser retribuidos de acuerdo con la normativa sectorial aplicable.

Artículo 23 Inspección y responsabilidad

1. Los órganos competentes por razón de la materia realizarán inspecciones periódicas de las entidades colaboradas de certificación sobre la base del plan inspector que deben elaborar y aprobar.

LE0001004467_20260703 Número 1 del artículo 23 redactado por Número Siete del artículo 37 de Ley 3/2026, de 29 de junio, de la Generalitat, de medidas urgentes frente a la hiperregulación, la agilización de procedimientos y la garantía de la unidad de mercado («D.O.C.V.» 2 julio)Vigencia: 3 julio 2026

2. Las entidades colaboradoras de certificación serán responsables de los certificados que emitan, quedando sometidas al régimen sancionador previsto en este título.

CAPÍTULO V
Medidas de simplificación dirigidas a la ciudadanía

Sección 1
Medidas generales

Sección 2
Reducción de la brecha digital

CAPÍTULO VI
Otras medidas de simplificación

Sección 1
Plazos de resolución y sentido del silencio

Artículo 31 Sentido del silencio

1. La falta de resolución y notificación en plazo en los procedimientos administrativos de la Generalitat tendrá efectos estimatorios, excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario, lo cual deberá quedar debidamente justificado en la Memoria del análisis de impacto normativo. Cuando el procedimiento tenga por objeto el acceso a actividades o su ejercicio, la ley que disponga el carácter desestimatorio del silencio deberá fundarse en la concurrencia de razones imperiosas de interés general.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, producidos los efectos estimatorios por silencio administrativo, la Administración y el sector público instrumental de la Generalitat en el ejercicio de potestades administrativas expedirán y notificarán de oficio y preferentemente de forma automatizada, el certificado acreditativo del silencio.

LE0001004467_20260703 Artículo 31 redactado por Número Ocho del artículo 37 de Ley 3/2026, de 29 de junio, de la Generalitat, de medidas urgentes frente a la hiperregulación, la agilización de procedimientos y la garantía de la unidad de mercado («D.O.C.V.» 2 julio)Vigencia: 3 julio 2026

Sección 2
Petición de datos e interoperabilidad

Sección 3
Entes habilitados

Sección 4
Gobierno del dato y dato único

Artículo 36 Gobierno del dato

1. La Generalitat aprobará mediante acuerdo del Consell un modelo de gobierno del dato, como instrumento organizativo que determinará los criterios y elementos que definirán el gobierno de los datos en la Administración de la Generalitat y su sector público instrumental.

2. El gobierno del dato estará orientado a la consecución de una gestión pública cercana a la ciudadanía, automatizada y segura basada en los siguientes principios de actuación:

• a) Transparencia respecto de la capacidad de poner a disposición de otros órganos o administraciones públicas nuevos datos o documentos.
• b) Protección de datos personales desde el diseño y por defecto.
• c) Corresponsabilidad desde que se capturan, procesan y almacenan los datos hasta que se archivan.
• d) Coordinación entre los órganos respecto de las funciones o roles que se establezcan.
• e) Estandarización, preservando la homogeneidad semántica y sintáctica respecto al significado que tienen los datos.
• f) Calidad del dato mediante el establecimiento de fuentes o base de datos únicos.
• g) Impacto en la gestión pública.
• h) Analítica de datos.
• i) Finalidad estadística de interés de la Generalitat.
• j) Cumplimiento normativo.

3. Las personas tendrán acceso a las consultas de datos y documentos que sobre los mismos se realicen desde el Punto de Acceso General de la Generalitat.

Véase el Acuerdo de 21 de octubre de 2025, del Consell, por el que se aprueba el Modelo de Gobierno del Dato de la Administración de la Generalitat y su sector público instrumental («D.O.C.V.» 17 noviembre).LE0000978150_20251118

CAPÍTULO VII
Medidas internas de simplificación

CAPÍTULO VIII
Nuevas tecnologías para la administración electrónica de la Generalitat

CAPÍTULO IX
Simplificación en los entes de la Administración local

CAPÍTULO X
Régimen sancionador en el ámbito de la Generalitat

Artículo 49 Competencia sancionadora

1. La incoación de los procedimientos sancionadores corresponderá al órgano directivo competente por razón de la materia donde se aporte la declaración responsable o comunicación o donde operen los organismos de certificación, entidades colaboradoras sectoriales y entidades colaboradoras de certificación. La competencia para la imposición de sanciones corresponderá a la persona titular del departamento competente por razón de la materia.

2. En las entidades del sector público instrumental, la incoación y resolución de los procedimientos sancionadores corresponderá a la persona que determinen sus normas de creación y funcionamiento.

3. Respecto de los entes habilitados, la competencia para la incoación del procedimiento sancionador corresponderá al órgano competente para otorgar la habilitación. La imposición de sanciones corresponderá al órgano superior del competente para la incoación.

LE0001004467_20260703 Artículo 49 redactado por Número Nueve del artículo 37 de Ley 3/2026, de 29 de junio, de la Generalitat, de medidas urgentes frente a la hiperregulación, la agilización de procedimientos y la garantía de la unidad de mercado («D.O.C.V.» 2 julio)Vigencia: 3 julio 2026

TÍTULO II
Medidas en materia de administración local, transparencia, participación y convenios de colaboración

CAPÍTULO I
Administración local

Artículo 60 Modificación de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de régimen local de la Comunitat Valenciana

La Ley 8/2010, de 23 de junio, de régimen local de la Comunitat Valenciana, queda modificada como sigue:

Uno. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 170, que quedan redactados de la siguiente manera:

«Artículo 170 Procedimientos

1. La creación y supresión de puestos de trabajo reservados a personal funcionario local con habilitación de carácter nacional se realizará por el órgano directivo competente en materia de administración local, de oficio o a instancia de la entidad local interesada.

2. Los puestos de colaboración serán creados discrecionalmente por la propia entidad local, en los términos que reglamentariamente se desarrollen, correspondiendo al órgano directivo competente en materia de Administración local la clasificación de los mismos.»

LE0000420816_20260703

Dos. Se modifica el apartado 1 del artículo 181, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 181 Desafectación de bienes comunales

1. Los bienes comunales que por su naturaleza intrínseca o por otras causas no hubieren sido objeto de disfrute de esta índole durante más de diez años, aunque en alguno de ellos se haya producido acto aislado de aprovechamiento, podrán ser desprovistos de su carácter comunal y calificados como patrimoniales mediante acuerdo de la entidad local respectiva. Este acuerdo requerirá, previa información pública, el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación y posterior aprobación del órgano directivo competente en materia de administración local.»

LE0000420816_20260703

Tres. Se modifica el apartado 1 del artículo 191, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 191 Comunicación a la Generalitat

1. Toda enajenación, gravamen o permuta de bienes inmuebles habrá de comunicarse al órgano directivo competente en materia de administración local. Si su valor excediera el 25% de los recursos ordinarios del presupuesto anual de la corporación requerirá, además, la autorización de aquel.»

LE0000420816_20260703

Artículo 61 Modificación de la Ley 5/2023, de 13 de abril, Integral de medidas contra el despoblamiento y por la equidad territorial en la Comunitat Valenciana

La Ley 5/2023, de 13 de abril, Integral de medidas contra el despoblamiento y por la equidad territorial en la Comunitat Valenciana, queda modificada como sigue:

Único. Se suprime el apartado 3 y se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 6, que quedan redactados de la siguiente manera:

«Artículo 6 Informe de perspectiva sobre el despoblamiento

1. Los proyectos normativos con rango de ley de la Generalitat y los planes sectoriales que, de forma directa e inequívoca, afecten a municipios en riesgo de despoblación tendrán que incorporar una valoración de perspectiva sobre el despoblamiento, que incluya una evaluación del impacto en términos de reto demográfico, indicando que la normativa regulada y el desarrollo de los planes son adecuados a las singularidades y a los recursos administrativos disponibles en los municipios comprendidos en el artículo 15.

En caso de no afección, se dejará constancia de la concurrencia de esta circunstancia en la Memoria de Análisis de Impacto normativo o en el expediente de tramitación del plan sectorial, en su caso.

Este informe se elaborará por el departamento o centro directivo que proponga el anteproyecto de ley o proyecto de plan o programa, y deberá acompañar a la propuesta desde el inicio del proceso de tramitación.

2. El órgano competente en materia de políticas contra el despoblamiento proporcionará directrices, instrucciones y metodologías para facilitar la elaboración de dicho informe de perspectiva sobre el despoblamiento.»

LE0000751439_20250601

Artículo 62 Modificación del Decreto 92/2021, de 9 de julio, del Consell, de regulación del personal funcionario con habilitación de carácter nacional

El Decreto 92/2021, de 9 de julio, del Consell, de regulación del personal funcionario con habilitación de carácter nacional, queda modificado como sigue:

Uno. Se modifican los apartados 1, 3 y 6 del artículo 2, que quedan redactados de la siguiente manera:

«Artículo 2 Creación, clasificación y supresión de puestos de trabajo necesarios reservados a personal funcionario con habilitación de carácter nacional

1. La creación, la clasificación y la supresión de los puestos de trabajo necesarios reservados a personal funcionario con habilitación de carácter nacional, así como la modificación en la clasificación de estos, las realizará el órgano directivo competente en materia de administración local, de oficio, en supuestos de desaparición de entes locales, o a instancia de la entidad local interesada.

[…]

3. Para la tramitación de los procedimientos de creación, clasificación, supresión y reclasificación de los puestos necesarios se certificará por la secretaría:

• a) El acuerdo plenario en que se proponga la creación, la clasificación, la supresión o la reclasificación.
• b) La población municipal que hay, según la última revisión anual del padrón de habitantes. Este requisito no será exigible para las mancomunidades de municipios.
• c) La realización del trámite de audiencia a las personas interesadas y su resultado.

[…]

6. El órgano directivo competente en materia de administración local, a la vista de la documentación aportada, procederá, previos los informes oportunos, a dictar la resolución de creación, clasificación, supresión o modificación del puesto.»

LE0000703591_20241210

Dos. Se modifica el apartado 2 del artículo 3, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 3 Creación, clasificación y supresión de los puestos de colaboración reservados a personal funcionario con habilitación de carácter nacional

[…]

2. La clasificación de estos puestos de colaboración corresponde, en todo caso, al órgano directivo competente en materia de administración local, que la realizará a propuesta de la entidad local interesada, a la cual se deberá adjuntar un certificado de la secretaría, acreditativo de la modificación de la plantilla o relación de puestos de trabajo, así como de la publicación definitiva de esta en el Boletín Oficial de la Provincia.»

LE0000703591_20241210

Tres. Se modifica el apartado 2 del artículo 4, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 4 Creación, clasificación y supresión de los puestos de trabajo reservados a personal funcionario con habilitación de carácter nacional en mancomunidades de municipios

[…]

2. La creación y la clasificación de los puestos reservados a personal funcionario con habilitación de carácter nacional en las mancomunidades de municipios corresponderá al órgano directivo competente en materia de administración local, que la realizará a propuesta de la entidad interesada. Los puestos se podrán clasificar en categoría primera, segunda o tercera.

En tanto el órgano autonómico competente no cree y clasifique el citado puesto, estas funciones pueden ser ejercidas con carácter voluntario y retribuido, por algún funcionario o alguna funcionaria con habilitación de carácter nacional de alguno de los municipios que integren la mancomunidad o, en su defecto, por personal funcionario con habilitación nacional de una entidad local no integrante de esta, cuya designación previa será efectuada por el pleno de la entidad local y será notificada al órgano autonómico competente en materia de administración local. Este nombramiento no podrá tener una duración superior a un año.»

LE0000703591_20241210

Cuatro. Se modifica el apartado 2 del artículo 6, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 6 Puestos en entidades de ámbito territorial inferior al municipal

[…]

2. Corresponde al órgano directivo competente en materia de administración local, de oficio o a instancia de la entidad local menor correspondiente, la creación, la clasificación y la supresión de los puestos de trabajo reservados a personal funcionario con habilitación de carácter nacional y, en su caso, la exención de la obligación de mantener estos puestos, cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 10 de este decreto. Así mismo, estas entidades podrán formar agrupaciones en los términos previstos en el presente decreto.»

LE0000703591_20241210

Cinco. Se modifican los apartados 1 y 3 del artículo 12, que quedan redactados de la siguiente manera:

«Artículo 12 Procedimiento

1. El procedimiento para solicitar la exención se iniciará mediante un acuerdo plenario de la entidad local, en el que se hará mención expresa al cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente capítulo, y corresponderá al órgano directivo competente en materia de administración local su resolución, previo informe de la diputación provincial correspondiente. En el acuerdo plenario deberá hacerse mención expresa a la imposibilidad de mantener el puesto eximido mediante la agrupación con otras entidades locales.

[…]

3. Cuando desaparezcan las circunstancias que justificaron la exención de un puesto de trabajo, la entidad local afectada tendrá que solicitar la revocación de esta y proceder a la creación y clasificación del puesto de trabajo correspondiente, lo que llevará a cabo el órgano directivo competente en materia de administración local, con el informe preceptivo previo de la diputación provincial correspondiente.»

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CAPÍTULO II
Transparencia

Artículo 63 Modificación de la Ley 1/2022, de 13 de abril, de transparencia y buen gobierno de la Comunitat Valenciana

La Ley 1/2022, de 13 de abril, de transparencia y buen gobierno de la Comunitat Valenciana, se modifica como sigue:

Uno. Se modifican la letra l) del apartado 1 y la letra a del apartado 2 del artículo 16, que quedan redactadas de la siguiente manera:

«Artículo 16 Información de relevancia jurídica

1. Las administraciones públicas del artículo 3.2 deben publicar:

[…]

• l) La relación de sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo de acuerdo con el reglamento de inteligencia artificial que desarrollen o implanten. Asimismo, se incluirá la relación de sistemas automatizados y sistemas de inteligencia artificial de uso general cuyo empleo impacte de manera significativa en los procedimientos administrativos o la prestación de los servicios públicos. Sin perjuicio de su desarrollo reglamentario, y de acuerdo con los principios de transparencia y explicabilidad, la información a facilitar incluirá la descripción, en un lenguaje claro y sencillo, del diseño, funcionamiento y lógica del sistema, su finalidad, su incidencia en las decisiones públicas, el nivel de riesgo que implica, la importancia y consecuencias previstas para la ciudadanía, el punto de contacto al que poder dirigirse, y en su caso, el órgano u órganos competentes a efectos de impugnación. Asimismo, se informará de los criterios generales de impacto y riesgo adoptados para delimitar los sistemas a los que se debe dar publicidad.

2. Además, la Administración de la Generalitat y su sector público instrumental tienen que publicar la información siguiente, adaptada a sus particularidades organizativas:

• a) Aquellos informes jurídicos facultativos de la Abogacía General de la Generalitat que den respuesta a consultas planteadas, en la medida que suponen una interpretación del derecho, es decir, que tengan incidencia sobre la interpretación y la aplicación de las normas. Cada informe jurídico formulado por la Abogacía deberá indicar si tiene o no incidencia sobre la interpretación y aplicación de las normas y por tanto si debe o no ser objeto de publicidad activa.»

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Dos. Se modifica el título y los apartados 2 y 3 y se añade un nuevo apartado 4, en el artículo 21, que quedan redactados de la siguiente manera:

«Artículo 21 Información relativa a convenios de colaboración, encomiendas de gestión, encargos de ejecución a medios propios y acción concertada

[…]

2. Las administraciones públicas y su sector público instrumental deben publicar el texto íntegro de las encomiendas de gestión y encargos a medios propios.

En los encargos a medios propios anualmente se indicará el porcentaje de la actividad realizada por el medio propio a favor de los entes de control. Así mismo, se tienen que indicar los motivos que justifiquen que no se prestan los servicios con los medios personales con los que cuenta el órgano o entidad que encarga y, si procede, las razones que acrediten que no se haya licitado la contratación del servicio de conformidad con lo previsto en la legislación de contratos del sector público.

3. En los convenios, encomiendas de gestión y encargos a medios propios se indicará aquellas cláusulas que contengan información de carácter confidencial y las razones que lo justifiquen, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa sectorial que les sea aplicable, estando sometidas a publicidad activa aquellas partes no confidenciales, así como sus modificaciones y adendas, si las hubiera.

4. La Administración de la Generalitat tiene que publicar información sobre la acción concertada con entidades de iniciativa social para la prestación de servicios sociales. En concreto, deberán publicarse la convocatoria de los acuerdos de acción concertada y resolución de concesión, los conciertos sociales con cada entidad, así como las prórrogas, ampliaciones y minoraciones, revisiones y modificaciones.»

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Tres. Se añade el nuevo apartado 7 al artículo 33, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 33 Tramitación

[…]

7. De acuerdo con el principio de simplificación administrativa, las notificaciones dirigidas a la persona solicitante de la información podrán acumularse en un solo acto cuando lo permita el cumplimiento de los plazos.»

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Cuatro. Se modifica el apartado 1 del artículo 35, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 35 Órganos competentes para la resolución del procedimiento de solicitud de acceso a la información pública

1. En el ámbito de la Administración de la Generalitat son competentes para la resolución del procedimiento las personas titulares de los órganos superiores y directivos responsables funcionales de la información solicitada o aquellos en los que deleguen.»

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Cinco. Se modifica el apartado 5 del artículo 40, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 40 Apertura de datos

[…]

5. En este proceso de apertura de datos, hay que priorizar aquellos datos considerados de alto valor por su potencial para generar beneficios socioeconómicos o medioambientales importantes y servicios innovadores, beneficiar a un gran número de personas usuarias y pymes, contribuir a generar ingresos y por la posibilidad de ser combinados con otros conjuntos de datos. La definición concreta de los datos considerados de alto valor será la que establezca la normativa estatal y europea de aplicación.»

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Seis. Se suprime el apartado 5 del artículo 42.

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Siete. Se modifica el título y los apartados 1 y 2 del artículo 44, que quedan redactados de la siguiente manera:

«Artículo 44 Comisión Interdepartamental de Gobierno Abierto

1. Para la coordinación general en materia de gobierno abierto en el ámbito de la Administración de la Generalitat y su sector público instrumental se crea la Comisión Interdepartamental de Gobierno Abierto. Tiene, entre sus funciones, la colaboración con la conselleria competente en materia de gobierno abierto en la planificación directiva y operativa, el seguimiento periódico y la evaluación de las acciones en la materia. Así mismo, podrá aprobar instrucciones y fijar criterios en la materia.

2. La Comisión Interdepartamental de Gobierno Abierto será asistida en el ejercicio de sus funciones por una comisión técnica designada a tal efecto, que presidirá el centro directivo competente en materia de gobierno abierto.»

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Ocho. Se suprime el apartado 2 y se modifica el título, el apartado 1 y el apartado 4 del artículo 45, que quedan redactados de la siguiente manera:

«Artículo 45 Unidades de transparencia y participación

1. En cada departamento del Consell se creará, dependiente de la subsecretaria, una unidad administrativa específica con funciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, datos abiertos y participación ciudadana, que contará con los recursos humanos y materiales necesarios para el correcto cumplimiento de sus funciones. Esta unidad se encargará de coordinar las actuaciones en estas materias en el ámbito de cada departamento y de colaborar en el seguimiento de su cumplimiento con el centro directivo competente en materia de gobierno abierto, con el fin de asegurar la implementación de las políticas de gobierno abierto de forma homogénea en todos los ámbitos de la actuación administrativa. Asimismo, deberá impulsar y fomentar actuaciones de difusión y conocimiento, así como velar por el cumplimiento de las obligaciones de gobierno abierto en el ámbito de su competencia. Reglamentariamente se regulará la posibilidad de que estas unidades puedan asumir funciones en materia de protección de datos y en la coordinación de la gestión de los sistemas de información.

2. [Suprimido]

[…]

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4. El resto de los órganos y unidades del departamento habrán de prestar la máxima colaboración a la unidad de transparencia y participación en el cumplimiento de sus funciones. Cada órgano será responsable de ejecutar aquellos procesos participativos de acuerdo con sus competencias, facilitar la información pública que obre en su poder que sea objeto de publicidad activa, de tramitar y resolver las solicitudes de información pública que sean de su competencia y de llevar a cabo las medidas necesarias para hacer pública la información que generen en la actividad administrativa como datos abiertos, en las condiciones y con las características que establece esta ley y con la coordinación del órgano competente en materia de transparencia y de los previstos en este artículo.»

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Nueve. Se suprime el artículo 61.

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CAPÍTULO III
Participación

Artículo 64 Modificación de la Ley 4/2023, de 13 de abril, de la Generalitat, de participación ciudadana y fomento del asociacionismo de la Comunitat Valenciana

La Ley 4/2023, de 13 de abril, de la Generalitat, de participación ciudadana y fomento del asociacionismo de la Comunitat Valenciana, queda modificada como sigue:

Uno. Se modifica el apartado 6, del artículo 12, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 12 Iniciativa ciudadana en el ámbito de la Generalitat

[…]

6. Conseguido este apoyo, el departamento competente en la materia dispondrá de un plazo de un mes para elaborar un informe con los argumentos presentados por la ciudadanía y con la postura de la Generalitat sobre la iniciativa según aspectos de valoración técnica, económica y de oportunidad. Este informe se publicará en el Portal de Participación de la Generalitat para conocimiento público.»

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Dos. Se modifican los apartados 3 y 4 del artículo 14, que quedan redactados de la siguiente manera:

«Artículo 14 Disposiciones generales

[…]

3. En el ámbito de la Generalitat, tanto la fase de consulta pública previa como la audiencia ciudadana se llevarán a cabo a través del Portal de Participación del artículo 32, sin perjuicio de que las normas sectoriales establezcan otros medios de publicación complementarios.

4. Para cada fase se establecerá un mínimo de 15 días naturales, durante el cual la ciudadanía podrá manifestar sus observaciones y realizar aportaciones. En caso de que se haya declarado la urgencia de la tramitación del expediente, el plazo será 10 días naturales.»

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Tres. Se modifica el apartado 1 del artículo 19, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 19 Los presupuestos participativos en el ámbito de la Generalitat

1. El Consell, mediante un acuerdo, determinará la dotación presupuestaria que se someterá al proceso participativo, los capítulos de gasto afectados y el calendario de ejecución. Los procesos de presupuestos participativos se convocarán cada cuatro años.»

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Cuatro. Se modifica el apartado 2 del artículo 23, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 23 Auditoría ciudadana

[…]

2. La elección de las personas llamadas a participar en la auditoría se realizará de manera transparente, mediante sorteo de entre las que hayan manifestado interés para participar en los procesos de evaluación.»

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Cinco. Se modifica el texto del artículo 42, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 42 Planificación estratégica de la Generalitat en materia de participación

En el ámbito de la Administración de la Generalitat y su sector público instrumental, el Consell, a propuesta del departamento competente en materia de transparencia y participación, aprobará el plan estratégico regulado en el artículo 46 de la Ley 1/2022, de 13 de abril, de transparencia y buen gobierno de la Comunitat Valenciana, que incluirá también la programación, la implantación y el seguimiento en materia de participación ciudadana, pasando a denominarse Plan Estratégico de Gobierno Abierto.»

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Seis. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 43, que quedan redactados de la siguiente manera:

«Artículo 43 Coordinación e impulso de la participación ciudadana en la Generalitat

1. Para la coordinación general en materia de participación ciudadana en el ámbito de la Administración de la Generalitat y su sector público instrumental, la Comisión Interdepartamental regulada en el artículo 44 de la Ley 1/2022, de 13 de abril, de transparencia y buen gobierno de la Comunitat Valenciana, asumirá también funciones de colaboración con el departamento competente en materia de participación en la planificación directiva y operativa, el seguimiento periódico y la evaluación de las acciones en la materia, denominándose Comisión Interdepartamental de Gobierno Abierto.

2. Con el fin de promover y velar por la aplicación de lo dispuesto en esta ley, en cada departamento del Consell y entidad del sector público las unidades administrativas reguladas en el artículo 45.1 de la Ley 1/2022, de 13 de abril, de transparencia y buen gobierno de la Comunitat Valenciana, asumirán también las funciones de impulso y coordinación con el órgano directivo competente en materia de participación ciudadana, denominándose Unidades Administrativas de Transparencia y Participación. No obstante, previo informe justificado de la subsecretaría correspondiente, y atendiendo al principio de autoorganización de cada departamento, podrá mantenerse la división entre las unidades de participación y las unidades de transparencia.»

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CAPÍTULO IV
Actividad de los grupos de interés

Artículo 65 Modificación de la Ley 25/2018, de 10 de diciembre, reguladora de la actividad de los grupos de interés de la Comunitat Valenciana

La Ley 25/2018, de 10 de diciembre, reguladora de la actividad de los grupos de interés de la Comunitat Valenciana queda modificada como sigue:

Único. Se modifica el apartado 1 del artículo 18, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 18 Informe de participación de los grupos de interés en los procesos de elaboración de normas

1. Cuando las actividades de los grupos de interés previstas en el artículo 4 tengan la finalidad de influir en la elaboración y adopción de anteproyectos de ley y de proyectos de decreto del Consell, la conselleria competente para su tramitación emitirá un informe donde conste la identidad de las personas del artículo 2.1 que hayan mantenido contactos, directos o indirectos, orales o escritos, con cualquier persona que actúe en nombre o defensa de los intereses del grupo de interés con aquella finalidad. También se hará constar detalladamente en el informe la identidad de estas personas, la fecha y el objeto del contacto y la identificación de los grupos de interés para los cuales actúan, así como la postura y pretensiones del grupo de interés.

Este informe se sustanciará sin perjuicio del resto de informes previstos en las normas que regulan la participación ciudadana o la audiencia pública en los proyectos normativos. Por su naturaleza, se excluyen de esta obligación los decretos del Consell que aprueben o modifiquen instrumentos de planeamiento territorial, regulados por la legislación de ordenación del territorio.»

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Artículo 66 Modificación del Decreto 172/2021, de 15 de octubre, del Consell, de desarrollo de la Ley 25/2018, de 10 de diciembre, reguladora de la actividad de los grupos de interés de la Comunitat Valenciana

El Decreto 172/2021, de 15 de octubre, del Consell, de desarrollo de la Ley 25/2018, de 10 de diciembre, reguladora de la actividad de los grupos de interés de la Comunitat Valenciana, queda modificada como sigue:

Único. Se modifica el apartado 2 del artículo 21, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 21 Informe de huella de los grupos de interés

[…]

2. Si previamente o a lo largo del procedimiento de elaboración de un anteproyecto de ley o de un proyecto de decreto del Consell no se han producido actividades de influencia relacionadas con el anteproyecto o proyecto, el órgano competente para su tramitación dejará constancia de esta circunstancia en la Memoria de Análisis de Impacto Normativo».

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Artículo 67 Modificación del Decreto 172/2021, de 15 de octubre, del Consell, de desarrollo de la Ley 25/2018, de 10 de diciembre, reguladora de la actividad de los grupos de interés de la Comunitat Valenciana

Se modifica el apartado 2 del artículo 22 del Decreto 172/2021, de 15 de octubre, del Consell, de desarrollo de la Ley 25/2018, de 10 de diciembre, reguladora de la actividad de los grupos de interés de la Comunitat Valenciana, que queda redactado de la siguiente manera:

Artículo 22 Publicación e incorporación del informe al expediente del proyecto normativo

[…]

2. Así mismo, el informe de huella de los grupos de interés formará parte del expediente cuando se remita para la emisión de informes o para la aprobación de los anteproyectos de ley o de proyectos de decreto del Consell, incorporándose a la memoria de análisis de impacto normativo correspondiente.

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CAPÍTULO V
Convenios de colaboración

Artículo 68 Modificación del Decreto 176/2014, de 10 de octubre, del Consell, por el que regula los convenios que suscriba la Generalitat y su registro

El Decreto 176/2014, de 10 de octubre, del Consell, por el que regula los convenios que suscriba la Generalitat y su registro queda modificado como sigue:

Uno. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 6, que quedan redactados de la siguiente manera:

«Artículo 6 Órganos competentes para elaborar, gestionar y suscribir convenios en el ámbito de la Administración del Consell

1. La propuesta y la elaboración de los proyectos de los diferentes convenios y de sus adendas, la adaptación de su contenido de acuerdo con los diversos informes que se emitan durante la tramitación del procedimiento, así como la propuesta y la elaboración de la modificación, la prórroga, la suspensión y la extinción de los convenios, corresponde a las personas titulares de los órganos superiores y de los centros directivos, en virtud de las competencias que tengan asignadas y en orden a las actuaciones que resulten necesarias para la consecución del objeto del convenio.

2. Con carácter general, el impulso, la tramitación, la coordinación, y, en su caso, el asesoramiento, en los procedimientos de elaboración de los convenios que suscriba la Generalitat es competencia de las personas titulares de las subsecretarías de los respectivos departamentos del Consell.»

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Dos. Se modifican la letra a) del apartado 2, y la letra b) del apartado 6, del artículo 12, que quedan redactadas de la siguiente manera:

«Artículo 12 Actuaciones previas a la suscripción de convenios

[…]

2. Además, en los proyectos de convenio que comporten obligaciones económicas para la Generalitat:

• a) Memoria económica suscrita por la persona titular del órgano proponente o, tratándose de organismos públicos, por el órgano que ejerza funciones equivalentes a estos.

[…]

6. La autorización del Consell para subscribir convenios será preceptiva en los siguientes casos:

[…]

• b) convenios celebrados con personas físicas o jurídicas privadas de los que, directa o indirectamente, se deriven obligaciones económicas para la Administración de la Generalitat o para cualquiera de los entes instrumentales de su sector público, excepto aquellos convenios que instrumenten subvenciones de concesión directa cuando su cuantía no sea superior al importe que establezca, al respecto, la legislación en materia de hacienda pública de la Generalitat»

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Tres. Se modifica la disposición adicional tercera, que queda con la siguiente redacción:

«Tercera Convenios tipo

Los convenios que versen sobre una misma materia y cuyo objeto y contenido sea idéntico, con la excepción de las partes firmantes y el importe y las actuaciones comprometidas, se podrán tramitar en un único procedimiento, que permita la emisión de un único informe de necesidad y oportunidad, una única memoria económica, un único informe del Registro de Convenios de la Generalitat, un único informe de la Abogacía General de la Generalitat, y, en su caso, un único informe de la Intervención o de otros órganos que hubieren de emitir informe siempre que, junto con las cláusulas comunes, se acompañe una relación de las partes con las que se ha de firmar cada convenio individualizado, y el importe y las actuaciones comprometidas en cada uno. Asimismo, la autorización para su suscripción, cuando esta sea preceptiva, se someterá al Consell en una única propuesta, que se referirá al convenio tipo, y que incluirá las singularidades de cada uno de los convenios que está previsto firmar.

A los efectos de la autorización preceptiva del Consell en el caso al que alude el párrafo b) del apartado 6 del artículo 12 de este decreto, la cuantía que se ha de computar es la suma de los importes de los convenios tramitados conjuntamente.»

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Cuatro.

«Artículo 20 Publicación de los convenios

Cuando una norma legal o reglamentaria lo exija, o cuando se trate de un convenio marco, los convenios suscritos y, en su caso, su modificación, prórroga, suspensión o extinción, una vez inscritos en el registro, deberán publicarse en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana mediante resolución del órgano superior o directivo responsable del registro. Dicha publicación deberá realizarse en el plazo máximo de diez días hábiles desde su inscripción, salvo que la correspondiente disposición o convenio indique un plazo distinto.

En estos casos, los sujetos mencionados en el artículo 15.1 del presente decreto enviarán al registro, además de la documentación prevista en el artículo 17.3 de este decreto, el texto del documento suscrito en el formato que determine la normativa reguladora de la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, junto con una diligencia del órgano tramitador de que la traducción de los textos remitidos para su publicación es copia fiel del convenio suscrito.»

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TÍTULO III
Medidas en materia de patrimonio cultural y deporte

CAPÍTULO I
Patrimonio cultural

Artículo 69 Modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del patrimonio cultural valenciano

La Ley 4/1998, de 11 de junio, del patrimonio cultural valenciano, queda modificada como sigue:

Uno. Se modifica el artículo 4, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 4 Colaboración entre las administraciones públicas

1. Las administraciones públicas valencianas actuarán de conformidad con el deber de colaboración, con el fin de mejorar la eficiencia de la gestión pública, facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos y cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera para la mejor consecución de los fines previstos en esta ley. La Generalitat prestará asistencia técnica a las demás administraciones públicas valencianas y establecerá los medios de colaboración con ellas en los casos y en la medida en que fuere necesario para el cumplimiento de los fines de la presente ley.

2. Los municipios están obligados a proteger y dar a conocer los valores del patrimonio cultural existente en su respectivo ámbito territorial. Para ello, podrán colaborar con la Generalitat, mediante las fórmulas de colaboración interadministrativa previstas en la presente ley y en la legislación sobre régimen local y sobre régimen jurídico del sector público, especialmente en los siguientes supuestos:

• a) Tramitar, en los términos previstos en esta Ley y en la legislación urbanística, medioambiental y demás que resulten de aplicación en materia de protección del patrimonio cultural, los instrumentos urbanísticos que garanticen la conservación, la difusión, el fomento, la investigación y el acrecentamiento del patrimonio cultural valenciano, en los términos y plazos establecidos al efecto.
• b) Comunicar a la Administración de la Generalitat cualquier amenaza, daño o perturbación de su función social de que sean objeto tales bienes, así como las dificultades y necesidades de cualquier orden que tengan para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ley.
• c) Adoptar las medidas cautelares necesarias para evitar el deterioro, la pérdida o la destrucción de los bienes del patrimonio cultural.
• d) Ejercer las demás funciones que expresamente les atribuye esta Ley.

Se dará preferencia a la suscripción de convenios de colaboración con aquellos municipios que cuenten con Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos y, en su caso, Planes Especiales de Protección o asuman el compromiso de su tramitación conforme a la letra a de este apartado.

3. Las diputaciones provinciales y la Generalitat colaborarán en el desarrollo de los instrumentos urbanísticos previstos en los artículos 34 y 47 de esta Ley, la conservación, la protección y la puesta en valor de los bienes integrantes del patrimonio cultural, mediante las fórmulas de colaboración interadministrativa previstas en la presente ley y en la legislación sobre régimen local y sobre régimen jurídico del sector público.

4. Las universidades valencianas podrán ejercer cuantas funciones les sean encomendadas por la conselleria competente en materia de cultura y colaborar con esta a través de los mismos mecanismos de colaboración y cooperación previstos para las administraciones públicas valencianas.

5. La articulación de los mecanismos de coordinación, colaboración y cooperación entre las administraciones públicas y las corporaciones de derecho público reguladas en los apartados anteriores determinará los protocolos y los instrumentos conjuntos de actuación, así como los convenios de colaboración, en su caso, con contenido económico o sin él. La financiación de estos mecanismos de coordinación, colaboración y cooperación, cuando proceda, se fijará a través de convenios de colaboración plurianuales u otras fórmulas previstas en la normativa vigente, que serán coherentes, en su caso, con el plan estratégico de subvenciones de la conselleria competente en materia de cultura.

6. El contenido, suscripción, efectos, duración y extinción de los convenios se establecerá reglamentariamente, además de por lo que se dispone para los mismos en la legislación del régimen jurídico del sector público y sobre régimen local.»

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Dos. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 18, que quedan redactados de la siguiente manera:

«Artículo 18 Obligaciones de las personas titulares

1. Las personas propietarias y poseedoras por cualquier título de bienes incluidos en el Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano están obligadas a conservarlos y a mantener la integridad de su valor cultural.

2. Podrán destinar los bienes inventariados de que sean titulares a los usos que tengan por convenientes, siempre que no fueren incompatibles con las obligaciones impuestas en el apartado anterior. No obstante, cualquier cambio de uso deberá ser comunicado previamente, por escrito, a la conselleria competente en materia de cultura. La no oposición de esta en el plazo de un mes, a contar desde la recepción de la comunicación, supondrá la aprobación del nuevo uso.

Tratándose de bienes declarados de interés cultural será necesaria la autorización previa de la conselleria competente en materia de cultura, en los términos de los artículos 36.2 y 41.1 de esta ley. No obstante, precisará únicamente de declaración responsable la celebración de actividades recreativas o socioculturales, que sean de carácter ocasional, reversible, por tiempo limitado y que no supongan afección sobre los bienes declarados de interés cultural.»

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Tres. Se modifica el apartado 1 del artículo 22, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 22 Derechos de tanteo y retracto

1. Sin perjuicio de los derechos de adquisición preferente que la Ley del Patrimonio Histórico Español establece a favor de la Administración del Estado, quienes se propusieren la transmisión a título oneroso del dominio o de derechos reales de uso y disfrute sobre un bien incluido en la Sección Primera del Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano, o respecto del que se hubiera iniciado expediente de inclusión, deberán notificarlo a la conselleria competente en materia de cultura y al ayuntamiento en cuyo término municipal se encuentre el bien a los efectos previstos en el apartado siguiente, indicando la identidad de la persona adquirente y el precio, forma de pago y demás condiciones de la transmisión que se pretende. Tratándose de bienes inmuebles, se identificará con precisión mediante la aportación de plano de situación e identificación catastral y registral, en su caso.»

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Cuatro. Se modifica el apartado 3 del artículo 27, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 27 Procedimiento

[…]

3. La incoación se notificará a las personas interesadas, si fueran conocidas, y al ayuntamiento del municipio donde se encuentre el bien.

Sin perjuicio de su eficacia desde la notificación, la resolución acordando la incoación se publicará en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y en el Boletín Oficial del Estado y se comunicará al Registro General de Bienes de Interés Cultural dependiente de la Administración del Estado para su anotación preventiva. Tratándose de monumentos, jardines históricos y espacios etnológicos se comunicará además al Registro de la Propiedad al mismo fin.

Se podrá sustituir la notificación de la incoación a las personas interesadas sin que ello afecte a las publicaciones exigidas en el párrafo anterior, por la publicación de la incoación en el tablón de anuncios del ayuntamiento del municipio donde se ubique el mismo, conjuntamente con la publicación de la información a través de las sedes electrónicas, portales o páginas web tanto del propio ayuntamiento como de la Generalitat, cuando el elevado número de personas interesadas, la concurrencia de razones de interés público relacionadas con la urgencia, peligro de desaparición, daño o expolio a los bienes referidos en la incoación, así lo aconsejen, previa declaración de los motivos que llevan a esta sustitución en la resolución de incoación.»

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Cinco. Se modifica el apartado 3 del artículo 29, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 29 Inscripción y publicidad

[…]

3. En el caso de conjuntos históricos, la declaración se notificará únicamente al ayuntamiento del municipio donde se ubique. Para el resto de los bienes, declarados de forma individual, se comunicará a las personas titulares del bien, así como al ayuntamiento. Además, en todos los casos se publicará en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y en el Boletín Oficial del Estado.»

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Seis. Se modifica el apartado 1 del artículo 35, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 35 Autorización de intervenciones

1. Las intervenciones en inmuebles y ámbitos patrimonialmente protegidos se ajustarán al siguiente régimen:

• a) Toda intervención que afecte a un monumento, jardín histórico o a un espacio etnológico deberá ser autorizada por la conselleria competente en materia de cultura, previamente a la concesión de la licencia municipal, cuando fuere preceptiva, o al dictado del acto administrativo correspondiente para su puesta en práctica. Las intervenciones en sitios históricos, zonas arqueológicas y paleontológicas y parques culturales se regirán por lo dispuesto en la normativa contenida en la declaración, y en los instrumentos de ordenación que la desarrollen.
• b) Hasta la aprobación o convalidación definitiva del correspondiente plan especial de protección o documento asimilable, en los conjuntos históricos y en los entornos de protección de los bienes de interés cultural requerirán autorización por parte de la conselleria competente en materia de cultura las actuaciones de transcendencia patrimonial que así se determinen en la normativa provisional de protección contenida en la declaración, cuando exista, y que en todo caso incluyen las relativas a obras de nueva planta, de demolición, de ampliación de edificios existentes, y las que conlleven la alteración, el cambio o la sustitución de la estructura portante y/o arquitectónica y del diseño exterior del inmueble, incluidas las cubiertas, las fachadas y los elementos artísticos y acabados ornamentales. También requerirán de autorización las actuaciones de urbanización de los espacios públicos que sobrepasen su mera conservación y/o reposición, y la instalación de antenas y dispositivos de comunicación.
• c) Reglamentariamente, podrán establecerse aquellas actuaciones de entre las que pudieran proponerse sobre bienes inmuebles protegidos por su valor cultural o en sus entornos de protección que no requieren de autorización previa de la conselleria competente en materia de cultura por no suponer afección alguna o por carecer de trascendencia patrimonial.
• d) Excepcionalmente, aquellos ayuntamientos que por razón de población o capacidad de gestión cuenten con una comisión técnica municipal de carácter multidisciplinar integrada por personal funcionario o laboral con titulación técnica y/o superior competente para evaluar la adecuada protección de los valores arquitectónicos, arqueológicos e históricos del ámbito protegido, y en la que exista representación de la conselleria competente en materia de cultura, podrán solicitar la delegación del ejercicio de las competencias señaladas en la letra b del presente apartado. La resolución de la conselleria por la que se produzca esta delegación incluirá los ámbitos o actuaciones exceptuadas de la misma y la obligación de comunicar las autorizaciones o licencias concedidas en el plazo máximo de diez días desde su otorgamiento.»

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Siete. Se modifica el apartado 5 del artículo 47, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 47 Formación de los Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos

5. El anuncio, según lo previsto en la legislación urbanística, de la información pública de los Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos o de los Planes que los contengan, determinará la aplicación inmediata:

• a) Para los bienes de relevancia local, de las medidas de protección establecidas en dichos catálogos y el régimen de protección y las medidas de fomento previstas en esta ley para los bienes del Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano. A estos bienes se les aplicará el régimen transitorio que se prevea reglamentariamente. La resolución por la que se inicie el procedimiento para la inscripción del bien será objeto de publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y determinará la aplicación cautelar del régimen de protección que en la misma se indique.
• b) Para el resto de elementos incluidos en el Catálogo, del régimen de protección establecido en el mismo, incluso tras el alzamiento de la suspensión de licencias previsto en la legislación urbanística.»

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Ocho. Se modifica el apartado 1 del artículo 60, que queda redactado de la manera siguiente:

«Artículo 60 Autorización de actuaciones

1. Las actuaciones arqueológicas o paleontológicas deberán ser autorizadas expresamente por la conselleria competente en materia de cultura. La solicitud de autorización deberá contener un plano en el que se determinen con precisión los límites de la zona objeto de la actuación, la identificación de la persona o las personas propietarias de los terrenos y un programa detallado de los trabajos que justifique su conveniencia e interés científico y la cualificación profesional, determinada reglamentariamente, de la dirección y equipo técnico encargados de los mismos. Tanto la autorización como su denegación habrán de ser motivadas. Las autorizaciones concedidas deberán ser comunicadas al ayuntamiento correspondiente inmediatamente.

Se exceptúan de la necesidad de autorización previa, siempre que se trate de actuaciones arqueológicas de carácter preventivo que no afecten a bienes de interés cultural, la realización de:

• a) Las prospecciones arqueológicas relacionadas con los artículos 11, 47 y 58 de la presente ley; y los trabajos relativos a la arqueología de la arquitectura;
• b) Los trabajos de mantenimiento y conservación; y el estudio y la documentación gráfica o de cualquier tipo, de los yacimientos arqueológicos o paleontológicos, así como de los materiales pertenecientes a los mismos, definidas en el punto 3, apartados b) y c) del artículo 59.
  Las actuaciones exceptuadas de autorización estarán sujetas, con carácter previo a su inicio, a declaración responsable. En ningún caso, esta declaración responsable eximirá de cumplir con las obligaciones legales y reglamentarias referidas al desarrollo de la actuación arqueológica y a la comunicación sobre los resultados de la misma al órgano con competencia en materia de patrimonio cultural.
  Junto con esta declaración, para la cual la conselleria competente en materia de cultura, pondrá a disposición de las personas interesadas modelos normalizados con indicación de la documentación a aportar, se acompañará, como mínimo:
  • a) la descripción de la actuación, y
  • b) la identificación de la dirección técnica arqueológica que deberá cumplir con los requisitos legales y reglamentarios previstos.

Reglamentariamente, se establecerán los documentos adicionales que se requiera aportar con las declaraciones responsables en consideración al tipo de actuación que vaya a llevarse a efecto.»

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Nueve. Se modifica la disposición adicional quinta, que queda redactada de la siguiente manera:

«Disposición adicional quinta Reconocimiento legal de Bienes Inmuebles de Relevancia Local, en atención a su naturaleza patrimonial

Tienen la consideración de bienes inmuebles de relevancia local, mientras no se les excluya en los respectivos catálogos de bienes y espacios protegidos, las siguientes categorías de elementos arquitectónicos:

• 1. Los núcleos históricos tradicionales. Estos espacios urbanos, que se delimitarán en la ordenación urbanística de cada municipio, se caracterizan por componer agrupaciones diferenciadas de edificaciones que conservan una trama urbana, una tipología diferenciada o una silueta histórica característica.
  Los municipios en cuyo término no exista ningún espacio urbano que responda a estas características deberán solicitar su exclusión fundada, conforme al apartado 4 de esta disposición adicional.
• 2. Los pozos o cavas de nieve o neveras, las chimeneas de tipo industrial construidas de ladrillo anteriores a 1940, los hornos de cal, los antiguos molinos de viento y los antiguos molinos de agua, los relojes de sol anteriores al siglo XX, las barracas tradicionales propias de las huertas valencianas, las lonjas y salas comunales anteriores al siglo XIX, los paneles cerámicos exteriores anteriores a 1940, la arquitectura religiosa anterior a 1940, incluyendo los calvarios tradicionales que estén concebidos autónomamente como tales, así como los elementos decorativos y bienes muebles relacionados directamente con el bien patrimonial a proteger.
• 3. El patrimonio histórico y arqueológico civil y militar de la Guerra Civil en la Comunitat Valenciana, además de los espacios singulares relevantes e históricos de la capitalidad valenciana, como todos aquellos edificios que se utilizaron de sede del gobierno de la República, además de los espacios relevantes que utilizaron personajes importantes de nuestra historia durante el período de guerra de 1936 a 1939. Todos estos inmuebles deben estar construidos con anterioridad al año 1940.
  En relación con este patrimonio histórico y arqueológico de la Guerra Civil, sin perjuicio de su reconocimiento legal de bien de relevancia local a la entrada en vigor de esta ley, la conselleria competente en materia de cultura, con la colaboración de la Junta de Valoración de Bienes, deberá ejecutar un inventario específico de estos bienes en el que se diferenciará explícitamente entre bienes protegidos y bienes solo a documentar, conforme a su relativa importancia patrimonial, así como los lugares de la memoria, que pasarán a ser documentados por su importancia histórica.
• 4. Para exceptuar este reconocimiento para elementos que, analizados singularmente, no acrediten reunir valores culturales suficientes para su inclusión en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos, se requerirá justificación suficiente contenida en informe de equipos pluridisciplinares conformados según lo previsto en el artículo 47.2 de esta ley y tendrá que ser informada favorablemente por la conselleria competente en materia de cultura. El informe deberá emitirse en el plazo y con los efectos previstos en el artículo 47.3 de esta Ley.»

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Artículo 71 Modificación del Decreto 208/2010, de 10 de diciembre, del Consell, por el que se establece el contenido mínimo de la documentación necesaria para la elaboración de los informes a los estudios de impacto ambiental a los que se refiere el artículo 11 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat, del patrimonio cultural valenciano

El Decreto 208/2010, de 10 de diciembre, del Consell, por el que se establece el contenido mínimo de la documentación necesaria para la elaboración de los informes a los estudios de impacto ambiental a los que se refiere el artículo 11 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat, del patrimonio cultural valenciano queda modificado como sigue:

Uno. Se modifica el apartado 3 del artículo 4, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 4 Prospección arqueológica

[…]

3. Corresponde a las direcciones territoriales de la conselleria competente en materia de cultura instruir los expedientes administrativos de las prospecciones arqueológicas. Las declaraciones responsables deberán ser suscritas por la persona promotora o la persona interesada del estudio de impacto ambiental y se adjuntará la documentación requerida en el anexo I.»

LE0000438184_20241210

Dos. Se modifican los apartados 1 y 3 del artículo 9, que quedan redactados de la siguiente manera:

«Artículo 9 Disposiciones administrativas de carácter general

1. El procedimiento para la presentación de la declaración responsable se regirá por lo dispuesto en la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat, del patrimonio cultural valenciano, en la legislación reguladora del procedimiento administrativo común y demás normativa de aplicación.

[…]

3. Si por el órgano competente en materia de patrimonio cultural valenciano se comprobara que las declaraciones responsables de prospección o las memorias de impacto patrimonial no contienen los documentos contemplados en el presente decreto, se requerirá a la persona interesada al objeto de que proceda a su subsanación, en los términos y con los efectos previstos en la legislación reguladora del procedimiento administrativo común. En estos supuestos, el plazo previsto en el párrafo anterior no iniciará su cómputo hasta la complementación de la documentación.»

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Tres. Se modifica el anexo I, que queda redactado de la siguiente manera:

«Anexo I
Documentación mínima de las declaraciones responsables de prospección

Documentación mínima de las declaraciones responsables de prospección a presentar, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en las correspondientes direcciones territoriales de la conselleria competente en materia de cultura:

• 1. Datos de la persona promotora del proyecto, plan o programa, obra o actividad.
• 2. Datos de la persona interesada en el expediente: técnico arqueólogo responsable de la prospección.
• 3. Resumen o breve descripción del proyecto, plan o programa, obra o actividad, con indicación del órgano sustantivo competente en la declaración de impacto ambiental, en el que se incluyan las coordenadas UTM y referencia catastral de la zona de afección. Las actuaciones de carácter lineal, dadas sus dimensiones, quedan exentas de presentar la referencia catastral.
• 4. Cartografía digital georreferenciada (con formato shp o dxf) e impresa del ámbito afectado, a escala adecuada:
  • a) Plano/s que incorpore/n la totalidad de los elementos patrimoniales (históricos, artísticos, arquitectónicos, etnológicos y arqueológicos) presentes en las bases de datos gestionadas por el órgano competente en materia de patrimonio cultural del área sobre la que se interviene y de un entorno mínimo de 200 metros. Cuando se trate de actuaciones de carácter lineal, esta obligación se extenderá al área sobre la que se interviene y a un entorno de 2.000 metros.
  • b) Plano/s de emplazamiento sobre cartografía del Instituto Cartográfico Valenciano.
  • c) Plano/s de detalle sobre ortofoto actualizada.»

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Cuatro. Se modifican los apartados 3 y 8 del Anexo II, que quedan redactados de la siguiente manera:

«Anexo II
Contenido mínimo de la memoria de impacto patrimonial

[…]

3. Datos de la persona interesada en la actuación: la o las personas técnicas responsable de la memoria de impacto patrimonial.

[…]

8. Fichas normalizadas de yacimientos arqueológicos y de bienes etnológicos de la conselleria competente en materia de cultura, incorporando cartografía catastral de ubicación y propuesta de área de protección, tanto de los elementos de nueva aparición como la actualización de los ya existentes. La referencia a la ubicación de un yacimiento arqueológico deberá hacerse en coordenadas UTM (Datum ETRS89 y Huso 30) y deberá generarse un polígono que delimite la extensión del yacimiento.»

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Artículo 72 Modificación del Decreto 62/2011, de 20 de mayo, del Consell, por el que se regula el procedimiento de declaración y el régimen de protección de los bienes de relevancia local

El Decreto 62/2011, de 20 de mayo, del Consell, por el que se regula el procedimiento de declaración y el régimen de protección de los bienes de relevancia local, queda modificado como sigue:

Único. Se modifica el apartado 3 y se añaden los apartados 4, 5 y 6 en el artículo 10, que quedan redactados de la siguiente manera:

«Artículo 10 Régimen transitorio de protección

[…]

3. No obstante, en casos excepcionales, los ayuntamientos, previo informe municipal y justificación en que se fundamente la excepcionalidad en causas que afecten a la seguridad de las personas o bienes, la salvaguarda de los valores patrimoniales protegidos o análogas, recabarán de las direcciones territoriales de la conselleria competente en materia de cultura un informe sobre la viabilidad patrimonial de intervenciones que superen el régimen descrito en el apartado anterior, como medio de dar cobertura administrativa a actuaciones de mayor alcance.

4. El informe de viabilidad patrimonial previsto en el apartado anterior no será necesario una vez que el Catálogo de bienes y espacios protegidos haya sido informado favorablemente por la conselleria competente en materia de cultura. A partir de ese momento, la concesión de licencias se ajustará a lo establecido en dicho catálogo.

5. A los efectos de este artículo, hasta que el Catálogo de bienes y espacios protegidos sea informado favorablemente por la conselleria competente en materia de cultura, la delimitación del NHT-BRL coincidirá con el área clasificada como zona urbana núcleo histórico conforme a la legislación urbanística o sus figuras análogas. Asimismo, durante este periodo transitorio, los ayuntamientos concederán las licencias municipales, siendo estos los que garanticen el cumplimiento de los criterios de aplicación directa establecidos en el artículo 8 del presente decreto.

6. En los entornos de protección de los BRL se aplicará el mismo régimen transitorio establecido para los NHT-BRL. Hasta su delimitación definitiva, esta se hará conforme a los criterios previstos en el artículo 11 de este decreto.»

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Artículo 73 Modificación del Decreto 107/2017, de 28 de julio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de regulación de las actuaciones arqueológicas en la Comunitat Valenciana

El Decreto 107/2017, de 28 de julio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de regulación de las actuaciones arqueológicas en la Comunitat Valenciana queda modificado como sigue:

Uno. Se modifica el apartado 1 y se añade un nuevo apartado 4 en el artículo 4, que quedan redactados de la manera siguiente:

«Artículo 4 Régimen de autorizaciones

1. Las actuaciones arqueológicas deberán ser autorizadas expresamente por los órganos de la conselleria competente en materia de cultura, conforme a lo establecido en el presente reglamento, excepto las que se detallan en el apartado 4.

[…]

4. La realización de las actuaciones arqueológicas exceptuadas en el artículo 60.1 de la Ley 4/1998 y de los seguimientos arqueológicos de obras y zanjas de instalaciones urbanas, que se ejecuten en vía pública, así como los trabajos de mantenimiento, reparación y conservación de las mismas, definidos en el artículo 2.c de este decreto, siempre que se trate de actuaciones arqueológicas de carácter preventivo que no afecten a bienes de interés cultural, estará sujeta, con carácter previo a su inicio, a declaración responsable en la que se realice una descripción de la actuación y en la que se manifieste que la dirección técnica de la actuación arqueológica cumple con los requisitos legales y reglamentarios previstos. En ningún caso, esta declaración responsable eximirá de cumplir con las restantes obligaciones legales y reglamentarias referidas al desarrollo de la actuación arqueológica y a la comunicación sobre los resultados de la misma al órgano con competencia en materia de patrimonio cultural.»

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Dos. Se modifican las letras d), h) y j) del apartado 2 del artículo 11, que quedan redactadas de la manera siguiente:

«Artículo 11 Inspección y vigilancia

[…]

2. Los órganos de inspección y vigilancia, en el marco de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4/1998, están facultados para ejercer las siguientes funciones de inspección y control:

[…]

• d) Comprobar el correcto desarrollo de los trabajos de acuerdo con el proyecto autorizado o la declaración responsable presentada, así como el cumplimiento de las condiciones de la autorización y de la normativa de aplicación.
  […]
• h) Determinar, cuando surjan elementos no previstos en el proyecto autorizado o en la declaración responsable presentada, cuantas medidas considere oportunas para la conservación preventiva del yacimiento o de los bienes muebles objeto de la actuación arqueológica.
  […]
• j) Formular la propuesta de revocación de la autorización cuando considere que los trabajos no se desarrollan conforme al proyecto autorizado o a la declaración responsable presentada, que se han incumplido las condiciones de la autorización, la normativa vigente, o que las actuaciones no alcanzan el nivel adecuado.»

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Tres. Se modifica el apartado 3 del artículo 18, y se añaden dos nuevos apartados, el 4 y el 5, que quedan redactados de la siguiente manera:

«Artículo 18 Solicitudes y documentación para la autorización de actuaciones arqueológicas

[…]

3. A la solicitud, con arreglo a los modelos normalizados suministrados por la conselleria competente en materia de cultura, deberá adjuntarse por medios telemáticos la siguiente documentación:

• a) Proyecto arqueológico suscrito por la dirección técnica de la actuación que contenga un programa detallado de los trabajos que justifique su conveniencia o interés científico. En el mismo deberá contemplarse, además, los antecedentes históricos y arqueológicos, metodología y plan de trabajo, la duración total prevista y, en su caso, las diferentes etapas de actuación, así como los medios materiales, técnicos y humanos que permitan su correcta ejecución.
• b) En caso de que se trate de una actuación arqueológica subacuática deberá aportarse, además, la información correspondiente a la geomorfología de los fondos objeto de actuación y la información batimétrica del área.
• c) La delimitación del área de actuación estará siempre georreferenciada en coordenadas, conforme a los requisitos técnicos señalados por la conselleria competente en materia de cultura, debiendo aportarse la correspondiente planimetría en la que se determine con precisión los límites de la actuación.
• d) En su caso, documentación fotográfica del ámbito objeto de actuación.
• e) Currículum vitae de la dirección técnica del proyecto a través del que se acreditará una competencia científica adecuada a la índole del proyecto.
• f) En su caso, datos del equipo interdisciplinar de investigación participante, con indicación de la titulación y experiencia de cada uno de sus miembros. Los órganos competentes podrán requerir la incorporación de una persona técnica especialista de la disciplina que considere conveniente.
• g) Cuando se trate de actuaciones arqueológicas subacuáticas, se aplicarán las normativas recogidas en el “Instrumento de Ratificación de la convención sobre la protección del Patrimonio cultural subacuático, hecho en París del 2 de noviembre de 2001» (BOE, núm. 55, de 05.03.2009) o norma que lo sustituya.
• h) Cuando se trate de una actuación preventiva motivada por la realización de obras o construcciones que impliquen remoción de tierras o derribos deberá presentarse el proyecto que genera la mencionada actuación, aportando la documentación técnica precisa que refleje su incidencia sobre restos de naturaleza arqueológica.
• i) Calificación urbanística o territorial del ámbito afectado por la actuación.
• j) Declaración responsable de encontrarse al día del seguro de responsabilidad civil
• k) Informe de las medidas de protección física y conservación preventiva de la zona de actuación, debiéndose contemplar siempre la preservación de los restos al término de la actividad.
• l) Presupuesto desglosado de la actuación.

4. Las declaraciones responsables a las que se refiere el artículo 4.4 se realizarán a través del modelo normalizado correspondiente y serán suscritas por la persona promotora de las mismas o por su representante en los términos establecidos por la legislación de procedimiento administrativo común.

5. Las declaraciones responsables contendrán:

• a) Datos de la persona promotora solicitante de la declaración y, en su caso, de la representación legal.
• b) Datos de la dirección técnica de la actuación y, en su caso, de la coordinadora o de la empresa a la que pertenezcan que, en todo caso, tendrá consideración de interesada en el procedimiento.
• c) Datos para la notificación electrónica.
• d) Datos de la actuación: título y objeto del proyecto, denominación del yacimiento, dirección del emplazamiento y tipo de actuación arqueológica.
• e) Proyecto arqueológico suscrito por la dirección técnica de la actuación que contenga un programa detallado de los trabajos que justifique su conveniencia o interés científico. En el mismo deberá contemplarse, además, los antecedentes históricos y arqueológicos, metodología y plan de trabajo, la duración total prevista y, en su caso, las diferentes etapas de actuación, así como los medios materiales, técnicos y humanos que permitan su correcta ejecución.
• f) Fecha de inicio prevista de la actuación.
• g) La documentación pertinente de la especificada en el apartado 3 de este artículo.
• h) Las siguientes declaraciones específicas:
  • 1.º) Que la actuación arqueológica será dirigida por la dirección técnica firmante.
  • 2.º) Que no dará comienzo la actuación arqueológica hasta que la dirección técnica no haya entregado, en su caso, la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos aplicables en este Decreto.
  • 3.º) Que facilitará la inspección de la actuación arqueológica durante el desarrollo de los trabajos.
  • 4.º) Que es conocedor o conocedora que el incumplimiento durante la ejecución material de la actuación arqueológica de cualquier precepto legal o reglamentario relativo al patrimonio cultural, así como las restantes obligaciones de la dirección de la actuación arqueológica contempladas en este Reglamento, podrá conllevar su paralización inmediata y podrá suponer una infracción de las contempladas en la Ley 4/1998.
  • 5.º) Que es conocedor o conocedora de que la presente declaración responsable, no le exime de la obligación de obtener las demás autorizaciones o licencias necesarias en aplicación de la legislación urbanística, laboral o cualquier otra de carácter sectorial, así como del cumplimento de cualquier otro requisito exigible por la legislación vigente.»

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Cuatro. Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 26, que queda redactado como sigue:

«Artículo 26 Obligaciones de la dirección técnica de las actuaciones arqueológicas

[…]

4. En virtud de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, las personas que ejerzan la dirección técnica de las actuaciones arqueológicas deberán relacionarse con la Administración a través de medios electrónicos.»

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CAPÍTULO II
Deporte

TÍTULO IV
Medidas en materia de servicios sociales e igualdad

CAPÍTULO I
Servicios sociales

Artículo 76 Modificación del Decreto 167/2006, de 3 de noviembre, del Consell, que desarrolla la Ley 12/2003, de 10 de abril, de la Generalitat, sobre perros de asistencia para personas con discapacidades

El Decreto 167/2006, de 3 de noviembre, del Consell, que desarrolla la Ley 12/2003, de 10 de abril, de la Generalitat, sobre perros de asistencia para personas con discapacidades, queda modificado como sigue:

Uno. Se modifica el apartado 2 del artículo 2, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 2 Atribución de competencias

[…]

2. Asimismo, de acuerdo con los requisitos y condiciones que reglamentariamente se determinan en el presente Decreto y normas que lo desarrollen, se atribuyen a la conselleria competente en materia de Servicios Sociales las siguientes competencias:

• a) Conceder la acreditación y el reconocimiento de la condición de perro de asistencia asignado a un determinado usuario con discapacidad como unidad a la que estará vinculado.
• b) Revisar, suspender y declarar la pérdida de reconocimiento de la condición de perro de asistencia asignado a una determinada persona usuaria.
• c) Ejercer la potestad sancionadora en el marco de lo dispuesto en el capítulo II de la Ley 12/2003, de 10 de abril, de la Generalitat, sobre Perros de Asistencia para Personas con Discapacidades, y lo establecido en el capítulo VI del presente decreto.»

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Dos. Se suprime el artículo 3.

Tres. Se modifica el artículo 4, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 4 Concepto de perro de asistencia

1. A los efectos de lo previsto en el presente decreto, tiene la consideración de perro de asistencia aquel que, habiendo sido adiestrado en centros o entidades de adiestramiento oficialmente reconocidos, haya concluido su adiestramiento y adquirido así las aptitudes necesarias para el acompañamiento, conducción y auxilio de personas con discapacidad, debiendo para ello someterse al procedimiento de reconocimiento y estar acreditado e identificado con el distintivo que establece el anexo del presente decreto.

2. Tendrán la condición de perro de asistencia en el ámbito de la Comunitat Valenciana los perros-guía que se encuentren reconocidos de acuerdo con la legislación estatal y la normativa internacional, así como los perros de asistencia reconocidos oficialmente por otras Comunidades Autónomas de acuerdo con su normativa propia.»

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Cuatro. Se modifica el artículo 8, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 8 Especialidades de adiestramiento

1. Como centros especializados para efectuar el adiestramiento preciso a los perros de asistencia, los centros y entidades de adiestramiento se acreditarán conforme a las especialidades que se indican en el apartado siguiente.

2. El perro de asistencia se acreditará de acuerdo con la especialidad para la que haya sido entrenado, pudiendo prestar servicio a:

• a) Personas con disfunciones visuales, totales o severas.
• b) Personas sordas o con problemas de audición, totales o severos.
• c) Personas con discapacidad física y/o personas con movilidad reducida.
• d) Personas con trastorno de espectro autista y/o psíquica que necesitan o para las que es recomendable el apoyo de un perro de asistencia.
• e) Personas con diabetes, epilepsia u otra enfermedad orgánica o trastorno neurológico que necesiten y disponen de un perro de alerta.»

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Cinco. Se modifica el apartado 4 del artículo 10, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 10 Personal de los centros de adiestramiento

[…]

4. Para el ejercicio de sus funciones, las personas instructoras de perros de asistencia deberán acreditar la formación requerida para el adiestramiento y educación de perros de asistencia otorgada por centros oficiales u organismos públicos, de acuerdo con lo dispuesto para la cualificación profesional de Instrucción de perros de asistencia (Nivel 3), incluida en el Catálogo nacional de cualificaciones profesionales y lo dispuesto en la normativa autonómica.»

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Seis. Se suprime el artículo 15.

Siete. Se suprime el artículo 16.

Ocho. Se suprime el artículo 17.

Nueve. Se suprime el artículo 18.

Diez. Se modifica el artículo 19, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 19 Iniciación

1. Las personas con discapacidad que aspiran al reconocimiento del perro de asistencia y su acreditación como titular del mismo estarán obligadas a presentar su solicitud, conforme al modelo normalizado, dirigido a la persona titular de la dirección general competente en la atención a personas con discapacidad. Para la tramitación es necesaria la siguiente documentación:

• a) Copia del DNI de la persona solicitante, pasaporte o autorización de residencia. De firmarse la solicitud por persona distinta, copia del DNI de la persona firmante y, en caso de no tratarse de sus padres y la persona solicitante menor de edad, la acreditación de su representación legal.
• b) Copia del certificado de discapacidad emitido por los Centros de Valoración y Orientación de Discapacidad de la Comunitat Valenciana u órgano competente de otras Comunidades Autónomas.
• c) Informe psicológico que acredite la necesidad o conveniencia terapéutica del uso de perro de asistencia, en caso de personas con trastorno de espectro autista y/o psíquica que necesitan de asistencia animal.
• d) Informe médico, en caso de personas con diabetes, epilepsia u otra enfermedad orgánica o trastorno neurológico que necesiten y disponen de un perro de alerta.
• e) Certificación de empadronamiento en cualquier municipio de la Comunitat Valenciana.
• f) Certificación del Registro Supramunicipal de Animales de Compañía en el que conste la identidad de su propietario o propietaria y los datos de identidad del perro.
• g) Certificado veterinario que acredite lo dispuesto en el artículo 6.3 del presente Decreto.
• h) Pasaporte reglamentario en vigor, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 49/2005, de 4 de marzo, del Consell, por el que se regula el Pasaporte para Perros, Gatos y Hurones.
• i) Declaración responsable firmada por la persona representante legal del centro de adiestramiento o entidad de adiestramiento homologado oficialmente, que acredite que el perro de asistencia ha sido adiestrado por profesionales, habiendo finalizado el proceso de adiestramiento, ajustándose a las necesidades de la persona con discapacidad con la que va formar una unidad de vinculación para la promoción de su autonomía personal y, en su caso, vida independiente, indicando el número de horas de dedicación a su enseñanza y adiestramiento.
• j) Póliza de responsabilidad civil que cubre los eventuales daños a terceras personas de la persona responsable del perro de asistencia.
• k) En caso de que la titularidad del perro sea la entidad de adiestramiento o se mantenga su titularidad, copia del contrato de cesión de uso del animal.

La documentación señalada que sea interoperable será objeto de consulta por parte de la Administración, a través de la plataforma autonómica de interoperabilidad, salvo que exista oposición por parte de la persona interesada, en cuyo caso deberá aportar la información.

2. En todo caso, los documentos indicados en el apartado anterior tienen carácter de documentación preceptiva, por lo que, si la Administración no dispusiera de la misma, en ningún caso se producirán los efectos de la declaración responsable, para el reconocimiento y acreditación del perro de asistencia.»

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Once. Se modifica el artículo 20, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 20 Instrucción y comprobación

Si al revisar la documentación aportada en la solicitud se comprueba que no cumple con la documentación preceptiva y los requisitos exigidos por la normativa sectorial, de conformidad con el artículo 68 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, se requerirá a la persona interesada para que, en el plazo de 10 días, a contar desde el día siguiente al de la notificación del requerimiento, presente en el registro electrónico de la Generalitat los documentos que deberían haberse aportado en la solicitud y que se relacionarán en el requerimiento de subsanación.»

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Doce. Se suprime el artículo 21.

Trece. Se suprime el artículo 22.

Catorce. Se suprime el artículo 23.

Quince. Se modifica el artículo 24, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 24 Resolución

1. La persona titular de la dirección general con competencias en materia de personas con discapacidad dictará en el plazo máximo de dos meses la resolución expresa estimatoria o desestimatoria del reconocimiento de perro de asistencia, si no hubiese presentado la documentación preceptiva o acreditado los requisitos exigidos.

2. El vencimiento del plazo mencionado sin haberse notificado resolución expresa determinará la estimación de la solicitud por silencio administrativo.

3. Contra la resolución del director o directora general podrá interponerse el correspondiente recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante la persona titular de la secretaría autonómica competente de la conselleria con competencias en materia de servicios sociales, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de procedimiento administrativo.»

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Dieciséis. Se modifican las letras b) y f) del apartado 2, del artículo 25, que quedan redactadas de la siguiente manera:

«Artículo 25 Lugares, establecimientos y transportes

[…]

2. Las personas titulares y responsables de locales y establecimientos públicos o de uso público establecerán medidas y criterios que faciliten el acceso público y la accesibilidad para su utilización por las personas con discapacidades titulares de perro de asistencia, en especial:

[…]

• b) Los servicios y centros de atención social que se hallen incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat, de servicios sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana, y la Ley 11/2003, de 10 de abril, de la Generalitat, sobre el Estatuto de las personas con discapacidad.
  […]
• f) Los lugares, locales e instalaciones sujetos al ámbito de aplicación de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos, así como los centros de ocio, tiempo libre, equipamientos e instalaciones deportivas, conforme a su normativa propia.»

LE0000236534_20241210

Diecisiete. Se modifica el artículo 27, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 27 Prohibiciones, excepciones y limitaciones

1. Queda prohibida la entrada de perros de asistencia en aquellos lugares de centros sanitarios y sociosanitario públicos y privados, que por su propia normativa lo establezcan.

2. La prohibición establecida en el número anterior no regirá para los perros-guía de ciegos o personas con discapacidad visual, total o parcial, que podrán acceder a todos los lugares, salvo quirófanos y salas de operaciones, así como al espacio inmediato a la lámina de agua de las piscinas públicas.»

LE0000236534_20241210

Dieciocho. Se modifica el artículo 29, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 29 Pérdida de la condición de perro de asistencia

1. El perro de asistencia perderá su condición por alguno de los siguientes motivos:

• a) Por fallecimiento de la persona usuaria o del animal.
• b) Por dejar de estar vinculado a una persona con discapacidad.
• c) Por manifiesta incapacidad en el desempeño de las funciones para las que fue instruido, determinando su jubilación total o parcial.
• d) Por incumplir las condiciones higiénico-sanitarias a que se refiere el artículo 6 del presente Decreto.
• e) Por manifestar el animal un comportamiento agresivo.
• f) Por incumplir la persona usuaria las obligaciones previstas en el artículo 10 de la Ley 12/2003, de 10 de abril, de la Generalitat, sobre perros de asistencia para personas con discapacidades.
• g) Por ejercer la persona usuaria malos tratos al perro, sancionables de acuerdo con la normativa de protección de animales aplicable.

2. La pérdida de la condición de perro de asistencia se declarará por el mismo órgano que la otorgó, en procedimiento administrativo en que se incorporarán los informes y las pruebas documentales oportunas, concediendo a la persona titular el trámite de audiencia por el plazo de quince días hábiles.

3. La persona usuaria o su representante legal en el caso de las personas menores de edad podrá renunciar al perro de asistencia comunicándolo al órgano competente.

• – Para apreciar la causa contenida en la letra c) se requerirá informe/certificado de la persona instructora del perro de asistencia.
• – Para apreciar la causa contenida en las letras d) y f) se requerirá informe/certificado de veterinario o veterinaria en ejercicio o denuncia, que haya sido objeto de comprobación.
• – Para apreciar la causa prevista en la letra g), será necesario la acreditación definitiva, tras el expediente administrativo incoado al efecto, si bien se podrá establecer la suspensión, como medida cautelar, desde el momento de la incoación.

4. La resolución por la que se declare la pérdida de la condición de perro de asistencia contendrá igualmente la revocación de la acreditación de su titular, pudiendo ser ésta parcial en relación con la persona usuaria, como perro jubilado que se mantiene por razones afectivas con la persona con discapacidad.»

LE0000236534_20241210

Diecinueve. Se modifica el artículo 31, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 31 Potestad sancionadora

1. Las infracciones administrativas a lo establecido en la Ley 12/2003, de 10 de abril, de la Generalitat, sobre perros de asistencia para personas con discapacidades, serán sancionadas por el órgano de la conselleria competente en materia de servicios sociales, con arreglo a lo previsto en dicha ley, previa instrucción del procedimiento sancionador en el que se determinarán los hechos y circunstancias concurrentes, así como la responsabilidad del causante o causantes de los mismos.

2. Las infracciones administrativas en materia de sanidad y bienestar animal, posesión y mantenimiento de perros de asistencia por sus titulares, así como la actividad de los centros de adiestramiento, serán sancionadas por la autoridad municipal o el órgano de la conselleria competente en materia de sanidad y bienestar animal o de tenencia de animales, con arreglo a la normativa de protección, tenencia de animales de compañía y otras medidas de bienestar animal.»

LE0000236534_20241210

Veinte. Se modifica el artículo 34, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 34 Procedimiento sancionador

1. Para imponer las sanciones previstas en la Ley y en el presente Decreto, se aplicará los criterios, trámites y disposiciones específicas al procedimiento sancionador incluidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común.

2. El órgano competente para la iniciación y resolución de los procedimientos sancionadores por la comisión de infracciones leves, graves o muy graves establecidas será la secretaría autonómica a la que esté adscrita la dirección general competente en materia de atención a personas con discapacidad. La resolución de iniciación se comunicará, en todo caso, a la persona denunciante y, en su caso, también a la asociación u organización que agrupe a las personas con discapacidad que a tal efecto designe en su escrito de denuncia.

3. La instrucción de los procedimientos sancionadores corresponderá al servicio o unidad administrativa competente de la dirección general competente en materia de atención a personas con discapacidad.

4. La resolución se adoptará por el órgano competente para resolver el procedimiento en el plazo máximo de seis meses, desde el acuerdo de incoación del procedimiento.

5. Contra la resolución expresa de la persona titular de la secretaría autonómica imponiendo la sanción o declarando la no existencia de infracción o responsabilidad, podrá interponerse el correspondiente recurso de alzada, ante la persona titular de la conselleria competente en materia de Servicios Sociales, en el plazo de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en la ley de procedimiento administrativo.»

LE0000236534_20241210

Veintiuno. Se modifica la disposición adicional primera, que queda redactada de la siguiente manera:

«Primera Entidades de adiestramiento de perros de asistencia

La conselleria competente en materia de servicios sociales podrá reconocer como entidades de adiestramiento aquellas entidades que, conforme a sus estatutos, tengan como objeto social el adiestramiento de perros de asistencia para personas con discapacidad, inscritas en el Registro de entidades de servicios sociales, que cuenten con profesionales con la cualificación profesional de Instrucción de perros de asistencia (Nivel 3), que se hallen dadas de alta en el epígrafe correspondiente del impuesto de actividades económicas y cumplan el resto de requisitos exigidos a los centros de adiestramiento, pudiendo eximir de alguno de los requisitos exigidos en el presente decreto para las instalaciones, si justifican que la mayor parte del adiestramiento, educación y formación se realiza en el entorno familiar o social de las personas con discapacidad.

Asimismo, se reconocerán a las entidades o centros de adiestramiento, cuyas instalaciones y actividad se encuentren homologadas por el órgano competente de la Administración, si tienen su sede social en otra comunidad autónoma.»

LE0000236534_20241210

Veintidós. Se modifica la disposición adicional segunda, que queda redactada de la siguiente manera:

«Segunda Carácter consultivo del Consell Valenciá de Col·legis de Veterinaris

El Consell Valenciá de Col·legis de Veterinaris tiene el carácter de entidad colaboradora, como órgano consultivo, en todas aquellas actividades relacionadas con la presente normativa que afecten a la participación de las personas veterinarias colegiadas en el desarrollo y aplicación práctica de lo establecido en el presente decreto.»

LE0000236534_20241210

Veintitrés. Se modifica la disposición adicional tercera, que queda redactada de la siguiente manera:

«Tercera Perros de alerta médica

Las personas con diabetes, epilepsia u otra enfermedad análoga, que no acrediten el grado de discapacidad del 33 %, serán eximidas de esta condición, siempre que dispongan de la oportuna prescripción médica sobre la necesidad o conveniencia terapéutica de disponer de un perro de alerta.»

LE0000236534_20241210

Veinticuatro. Se modifica la disposición transitoria primera, que queda redactada de la siguiente manera:

«Primera Homologación de la acreditación de perros-guía

Las personas con discapacidad residentes en cualquier municipio de la Comunitat Valenciana que tengan asignado un perro-guía, adiestrado por la Fundación ONCE del Perro-Guía, deberán acreditar, ante el órgano encomendado de la conselleria competente en materia de Servicios Sociales, en el plazo de tres meses, a contar desde la formalización del contrato de cesión de uso, el cumplimiento de las condiciones de identificación y reconocimiento veterinario, previstas en la Ley 12/2003, de 10 de abril, de la Generalitat, sobre perros de asistencia para personas con discapacidades, para su homologación.»

LE0000236534_20241210

Artículo 77 Modificación del Decreto 75/2016, de 17 de junio, del Consell, por el que se regula el Consejo Valenciano de Cooperación al Desarrollo

El Decreto 75/2016, de 17 de junio, del Consell, por el que se regula el Consejo Valenciano de Cooperación al Desarrollo, queda modificado como sigue:

Único. Se modifica el artículo 10, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 10 Transparencia y rendición de cuentas

1. Anualmente, el órgano directivo con competencias en materia de cooperación al desarrollo elaborará una memoria de gestión del ejercicio anterior, dándose traslado de la misma al Pleno del Consejo Valenciano de Cooperación al Desarrollo, para su informe y su posterior publicación en la sede electrónica de la Generalitat.

2. Las órdenes del día, actas del Consejo, informes anuales e informes emitidos por el Consejo serán de acceso público en la sede electrónica de la Generalitat.»

LE0000577614_20241210

Artículo 78 Modificación del Decreto 94/2018, de 20 de julio, del Consell, de creación de órganos de asesoramiento y participación en materia de objetivos de desarrollo sostenible

El Decreto 94/2018, de 20 de julio, del Consell, de Creación de órganos de asesoramiento y participación en materia de objetivos de desarrollo sostenible, queda modificado como sigue:

Uno. Se modifica el artículo 3, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 3 Estrategia autonómica de desarrollo sostenible

1. La Estrategia autonómica de desarrollo sostenible define la política de la Generalitat de planificación, implementación y seguimiento de las metas de los objetivos de desarrollo sostenible, en el marco del Plan director de cooperación. Dicha estrategia será elaborada por la Comisión Interdepartamental para la Cooperación Internacional al Desarrollo, bajo la coordinación de la conselleria competente en materia de cooperación internacional al desarrollo, desde un enfoque integrador de la dimensión económica, social y ambiental de la sostenibilidad del desarrollo, considerando las perspectivas de género y de infancia con carácter transversal.

2. Corresponde a la conselleria competente en materia de cooperación internacional al desarrollo el seguimiento y evaluación de la estrategia autonómica de desarrollo sostenible, así como elaborar cuantos informes sobre la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible en la Comunitat Valenciana deba presentar la Generalitat, cuando y en los términos en que le sea requerido.»

LE0000626561_20241210

Dos. Se suprime el capítulo II.

Artículo 79 Modificación del Decreto 59/2019, de 12 de abril, del Consell, de ordenación del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales

El Decreto 59/2019, de 12 de abril, del Consell, de ordenación del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales, queda modificado como sigue:

Uno. Se modifica el apartado 2 del artículo 24, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 24 Solicitud

[…]

2. No obstante lo anterior, no será preceptiva la presentación de la documentación a que hacen referencia las letras a), b), y c) del artículo 25.1.1.1 de este decreto cuando la misma se encuentre en poder de la Generalitat, como consecuencia de la inscripción de las personas físicas o jurídicas solicitantes en el Registro general de titulares de actividades, de servicios y centros de servicios sociales de la Comunitat Valenciana, siempre que en el momento de la solicitud no hayan variado sus datos registrales respecto de cuando se produjo la inscripción o sea interoperable, a través de la plataforma autonómica de interoperabilidad, y la persona interesada no se haya opuesto a su consulta o, en su caso, la haya autorizado expresamente. Lo dispuesto en este apartado será aplicable también a todos los procedimientos regulados en este decreto.»

LE0000644407_20251230

Dos. Se modifica la letra b) del apartado 1.2 y el primer párrafo del apartado 2 del artículo 25, que quedan redactados de la siguiente manera:

«Artículo 25 Documentación

[…]

1.2. Documentación específica para centros:

[…]

b) Proyecto básico y de ejecución de la construcción o reforma del edificio o local, junto con el informe de compatibilidad urbanística redactado por la persona técnica competente, incluyendo en el mismo los anexos justificativos de las disposiciones aplicables a los centros de servicios sociales.

El visado colegial podrá ser sustituido, en el momento de iniciar el procedimiento de autorización de funcionamiento, por un certificado de colegiación del personal técnico firmante de la documentación técnica aportada. No obstante, será preceptivo el visado colegial respecto del proyecto básico y de ejecución definitivo sobre el que vaya a emitirse el informe de la oficina técnica para la resolución de autorización de funcionamiento, una vez se hayan subsanado todas las deficiencias detectadas, si las hubiere.

En el supuesto de que se trate de un edificio ya existente, se realicen o no reformas, se aportará, en cualquier caso, documentación técnica donde se justifique, además de las reformas si existieren, que el edificio cumple la normativa en materia de edificación y las disposiciones aplicables a los centros de servicios sociales vigentes en ese momento, así como justificación de que las condiciones estructurales del edificio son correctas y adecuadas al uso a que va a destinarse, según lo que establece la normativa que resulte de aplicación.

[…]

2. Dentro de los dos meses siguientes a la notificación de la resolución por la que se concede la autorización de funcionamiento y, en cualquier caso, a partir del momento de inicio de las actividades del centro, la persona física o jurídica titular solicitante deberá poder acreditar su puesta en funcionamiento. Para ello, deberá tenerse a disposición de la Administración y de la Inspección de Servicios Sociales los siguientes documentos actualizados:

[…]»

LE0000644407_20251230

Tres. Se modifica la letra d) del apartado 2 del artículo 31, que queda redactada de la siguiente manera:

«Artículo 31 Solicitud y documentación de visado previo

[…]

2. La solicitud deberá presentarse electrónicamente según modelo normalizado, adjuntando a la misma la siguiente documentación, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 24.2:

[…]

d) El proyecto técnico básico y de ejecución, o la documentación técnica que corresponda, según se trate de construcción de nueva planta o de edificios ya construidos, con el visado del colegio oficial correspondiente.

El visado colegial podrá ser sustituido, en el momento de iniciar el procedimiento de visado previo, por un certificado de colegiación del personal técnico firmante de la documentación técnica aportada. No obstante, será preceptivo el visado colegial respecto del proyecto básico y de ejecución definitivo sobre el que vaya a emitirse el informe de la oficina técnica para la resolución de visado previo, una vez se hayan subsanado todas las deficiencias detectadas, si las hubiere.

Acompañando al proyecto o documentación técnica se aportará anexo justificativo del cumplimiento de los requisitos exigibles al centro cuyo visado se solicita conforme a la normativa que lo regule, según el tipo de centro de que se trate, así como justificación de que las condiciones estructurales del edificio son correctas y adecuadas al uso a que va a destinarse, según lo establecido en la normativa que resulte de aplicación.»

LE0000644407_20251230

Cuatro. Se suprime el apartado 4 del artículo 32.

Cinco. Se modifica el apartado 2 del artículo 38, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 38 Procedimiento, resolución y dejación sin efectos de la autorización

[…]

2. Una vez la oficina técnica responsable de proyectos y obras haya informado favorablemente el proyecto técnico, el órgano competente en materia de autorización requerirá a la persona física o jurídica solicitante para que, en el plazo de un mes, aporte la correspondiente licencia municipal de obras. Dicho plazo podrá prorrogarse hasta la concesión de la licencia, con el mismo efecto suspensivo, a petición de la persona solicitante. En todo caso, la licencia deberá encontrarse en proceso de obtención, debiendo justificarse documentalmente la solicitud de la misma.

Transcurrido un año desde la suspensión sin que se hubiere aportado la licencia de obras, el órgano competente en materia de autorización advertirá a la persona solicitante de que, transcurridos tres meses sin que la misma hubiere sido aportada tras su concesión, se podrá proceder a la caducidad del expediente en los términos del artículo 95 de la Ley 39/2015, salvo que se acredite la imposibilidad de obtener la licencia en el plazo mencionado.»

LE0000644407_20251230

Seis. Se modifica el apartado 4 del artículo 42, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 42 Instrucción, inscripción y notificación por cambio de titularidad

[…]

4. Una vez instruido el expediente, el órgano competente en materia de autorización procederá a emitir la correspondiente resolución, que deberá dictarse en el plazo de un mes a contar desde la entrada de la solicitud en el registro electrónico de la Generalitat. Transcurrido el plazo indicado en el párrafo primero sin que se produzca la notificación de la resolución a la persona interesada, se entenderá desestimada la solicitud de autorización por cambio de titularidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 58.5 de la Ley 3/2019, sin perjuicio de la obligación de la Administración de dictar resolución expresa y notificarla a la persona interesada.»

LE0000644407_20251230

Siete. Se modifica el artículo 46, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 46 Instrucción, inscripción y notificación

Para la instrucción, inscripción y notificación de la autorización por cierre, temporal o definitivo, deberá seguirse el procedimiento establecido en el artículo 42 de esta norma, salvo lo establecido respecto del plazo máximo para emitir la correspondiente resolución, que en este caso será de seis meses.

Se procederá también a la práctica de oficio de la inscripción que proceda en el libro de registro correspondiente, comunicándolo en tiempo y forma a la parte interesada junto con la resolución de autorización por cierre del centro.»

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Ocho. Se modifica el artículo 63, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 63 Validez, caducidad y renovación de la acreditación

La acreditación concedida a un servicio o centro se entenderá válida mientras se mantengan las condiciones y requisitos exigidos para su otorgamiento.»

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Artículo 80 Modificación del Decreto 38/2020, de 20 de marzo, del Consell, de coordinación y financiación de la atención primaria de servicios sociales

El Decreto 38/2020, de 20 de marzo, del Consell, de coordinación y financiación de la atención primaria de servicios sociales, queda modificado como sigue:

Único. Se modifica el apartado 1 del artículo 25, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 25 Actualización y modificación del contrato programa

1. El contrato programa podrá ser actualizado o modificado por acuerdo de las partes mediante la incorporación de las adendas correspondientes, sin que resulte necesaria la elaboración de un nuevo contrato programa. Dicha modificación se llevará a cabo por resolución de la persona titular de la conselleria competente en servicios sociales previa propuesta dictada por el órgano directivo competente en gestión de los contratos programa, propuesta que deberá ser aceptada por la entidad local afectada.»

LE0000664724_20251230

Artículo 81 Modificación del Decreto 35/2021, de 26 de febrero, del Consell, de regulación del acogimiento familiar

El Decreto 35/2021, de 26 de febrero, del Consell, de regulación del acogimiento familiar, queda modificado como sigue:

Uno. Se modifica el artículo 12, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 12 Acogimiento familiar especializado. Cualificación, formación específica o experiencia

1. Las personas y familias que se ofrezcan para la realización de acogimientos especializados deberán contar, además de con los requisitos comunes exigibles para la formalización de cualquier acogimiento familiar, con una cualificación, experiencia o formación específica adecuadas para asistir a las personas menores de edad referidas en el artículo anterior. En caso de que los solicitantes no tuvieran la formación requerida, la dirección territorial competente les orientará acerca de los programas formativos especializados disponibles que se impartan a través de las distintas administraciones y/o entidades.

2. Las familias acogedoras especializadas deberán disponer de cualificación, formación específica o experiencia en los términos siguientes:

• a) Cualificación: conjunto de cualidades, condiciones específicas y preparación necesaria en el ámbito sanitario, sociocomunitario o socioeducativo que resulten pertinentes y adecuadas al perfil de las personas menores de edad indicados en el artículo 10 de este decreto y para cuyo acogimiento se ofrecen.
  A tal efecto, se valorará la titulación oficial de Diplomatura, Licenciatura, Grado Universitario o en su defecto, otros grados formativos no universitarios que guarden relación con el ámbito sanitario, sociocomunitario o socioeducativo, que resulte pertinente y adecuado al perfil de las niñas, niños o adolescentes indicados en el artículo 10 de este decreto, a cuyo acogimiento se ofrecen o del que solicitan el reconocimiento del carácter especializado, así como otras titulaciones de posgrado y/o máster universitario.
• b) La formación específica, estará intrínsicamente relacionada con las necesidades y circunstancias especiales de las personas menores de edad a acoger, que les permita proporcionar el apoyo y la atención rehabilitadora, terapéutica, educativa o de otro tipo, que sea necesaria. A tales efectos deberán contar con un mínimo de 100 horas de formación específica, pertinente y adecuada al perfil de las personas menores de edad, recibidas en los cinco años inmediatamente anteriores al de la valoración de su aptitud.
• c) La experiencia práctica será como mínimo de dos años dedicada a la atención de personas menores de edad con perfil similar a aquellas para cuyo acogimiento se ofrecen o están desarrollando. A tales efectos computará el tiempo trabajado ya sea con carácter voluntario o mediante relación laboral.»

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Dos. Se modifica el artículo 24, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 24 Ofrecimiento para acoger

1. Podrán ofrecerse para acoger las personas mayores de edad residentes en la Comunitat Valenciana. Los ofrecimientos se realizarán mediante la presentación de un modelo normalizado y, en el caso de familia educadora, un cuestionario relativo al ofrecimiento. El ofrecimiento se presentará, preferentemente por vía telemática, en los Servicios Sociales de Atención Primaria, en las direcciones territoriales competentes en materia de protección de la infancia y la adolescencia, en las oficinas PROP así como en los restantes lugares y registros habilitados para la presentación de documentos dirigidos a las Administraciones públicas de acuerdo con el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

El modelo normalizado de ofrecimiento estará disponible en los lugares mencionados específicamente en el párrafo anterior y además en la página web de la Generalitat.

2. Para poder tramitar el ofrecimiento se deberá de aportar la siguiente documentación:

• a) Datos de identificación (DNI, pasaporte, NIE).
• b) Libro de familia o partida literal de nacimiento o registro individual en el que consten los hechos y actos relativos a la identidad, estado civil y demás circunstancias de todas las personas integrantes de la unidad familiar mayores de 18 años.
• c) Última declaración de la renta.
• d) Certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales, de todas las personas integrantes de la unidad familiar mayores de 14 años.
• e) Certificado de antecedentes penales de todas las personas integrantes de la unidad familiar mayores de 18 años.
• f) Certificado de empadronamiento de las personas que habiten en el domicilio.
• g) Autorización de residencia en España en vigor, en el caso de personas extranjeras oferentes.
• h) informe de salud o la copia de historia clínica actualizada.
• i) La documentación acreditativa de su cualificación, formación específica o experiencia (solo en caso de acogimiento especializado en familia educadora).

3. La documentación prevista en el apartado 2 de este artículo será requerida por parte del órgano competente para la instrucción del procedimiento de declaración de aptitud. Sin embargo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas no se solicitará la documentación prevista anteriormente salvo que las personas interesadas se hayan opuesto a su consulta o, en su caso, no hayan autorizado la misma en el momento de presentar su ofrecimiento.

La consulta se efectuará a través de las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.

No obstante, si la Administración no pudiera recabar los documentos para los que contase con autorización, podrán solicitar a la persona interesada su aportación que tendrá a todos los efectos la consideración de subsanación de la solicitud de conformidad con el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.»

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Tres. Se modifica el apartado 2 del artículo 26, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 26 Instrucción

[…]

2. La instrucción del expediente para la declaración de la aptitud comprende la formación y valoración de las familias o personas en relación con su ofrecimiento concreto. El órgano instructor podrá requerir la aportación de cuantos documentos e informes estime necesarios, sin perjuicio de la documentación indicada en el artículo 24. Entre otros se podrá requerir certificados del Registro central para la protección de víctimas de violencia doméstica y de género y del Registro central de medidas cautelares, requisitorias y sentencias no firmes.»

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Cuatro. Se modifica el artículo 76, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 76 Verificación de la solicitud

El órgano instructor que corresponda según el artículo 72 de este Decreto, verificará las solicitudes y la documentación aportada y comprobará los datos necesarios para la instrucción.

Cuando la solicitud no reúna los requisitos exigibles conforme al artículo 74 y 75 de este decreto u otros que la normativa vigente considere preceptivos se procederá del modo previsto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.»

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Artículo 82 Modificación de la Orden de 19 de noviembre de 2001, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad en el ámbito de la Comunitat Valenciana

La Orden de 19 de noviembre de 2001, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía en el ámbito de la Comunitat Valenciana, queda modificada como sigue:

Uno. Se modifica el artículo 6, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 6 Composición y régimen de funcionamiento de los equipos multiprofesionales de calificación y reconocimiento del grado de discapacidad

1. Los equipos multiprofesionales se organizan conforme a criterios interdisciplinares y deberán contar en su composición con valoradores de discapacidad que deberán reunir el requisito de ser profesionales del área sanitaria y del área social, con titulación mínima de grado universitario o equivalente, que les habilite para el desempeño de sus funciones de trabajo en función de la naturaleza de los expedientes a valorar.

2. La coordinación de las actuaciones del equipo serán realizadas por la dirección del Centro de Valoración y Orientación o la persona que se encuentre en el ejercicio de las funciones de dirección.

3. El equipo multiprofesional de discapacidades se reunirá en junta de valoración para la emisión de dictámenes técnicos facultativos. Esta junta de valoración estará compuesta por la presidenta o el presidente, la secretaria o el secretario y las personas integrantes del equipo que hayan intervenido en la valoración.

4. En los casos de ausencia, vacante o enfermedad de las vocales y los vocales titulares, la dirección del centro podrá sustituirlas por profesionales de la misma titulación que presten sus servicios en dicho centro.

5. El régimen de funcionamiento de los equipos multiprofesional de valoración de discapacidades, se ajustará a lo establecido para los órganos colegiados de las distintas administraciones públicas en las disposiciones básicas de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, y por cuantas normas se dicten al respecto por la conselleria competente en materia de servicios sociales a personas con discapacidad.»

LE0000163029_20251230

Dos. Se añade un artículo 6 bis, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 6 bis Equipo multiprofesional de calificación y reconocimiento del grado de discapacidad de ámbito autonómico

1. Con el objeto de lograr una mayor coordinación y eficiencia en la resolución de procedimientos de valoración de discapacidad, la dirección general competente en materia de discapacidad, bajo su dependencia orgánica y funcional, un equipo multiprofesional de calificación y reconocimiento del grado de discapacidad de ámbito autonómico.

En su composición contará con los valoradores de discapacidad que se designen.

2. El equipo multiprofesional de ámbito autonómico tendrá las siguientes funciones:

• a) Emitir informe técnico en las reclamaciones previas contra la resolución del reconocimiento del grado de discapacidad.
• b) Asesoramiento sobre circunstancias especiales a tener en cuenta para la valoración, así como sobre criterios y medidas específicas de simplificación en el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad que permitan agilizar la resolución, sobre todo en el caso de personas con pluripatologías y/o en situación de dependencia.
• c) Cualquier otra función de asistencia para la coordinación, la mejora de la gestión y la colaboración para la difusión y formación sobre el proceso de la valoración de la discapacidad.
• d) Apoyo y auxilio a los órganos de valoración de ámbito provincial, cuando el centro de valoración y orientación no disponga de equipos multiprofesionales suficientes para realizar valoraciones técnicas, elevando el dictamen propuesto al órgano competente para resolver el procedimiento de reconocimiento del grado de discapacidad.»

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Tres Se modifica el apartado 4 del artículo 8, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 8 Iniciación

[…]

4. La solicitud se presentará, mediante formulario normalizado, preferentemente, a través de los trámites telemáticos específicos para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad. Podrá presentarse por la persona interesada, la persona representante legal, guardador/a de hecho, persona autorizada para la presentación o funcionario/a habilitado/a.

Asimismo, se podrá presentar en el Centro de Valoración y Orientación de Discapacidades de la provincia donde resida o en cualquiera de los lugares y registros públicos que establece el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común.

La solicitud irá dirigida al Centro de Valoración y Orientación o a la Dirección territorial de la conselleria competente en materia de servicios sociales de la provincia donde resida la persona solicitante o donde se acredite haber tenido el último domicilio en el supuesto de residir en el extranjero.»

LE0000163029_20251230

Artículo 83 Modificación de la Orden de 21 de noviembre de 2003, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se crea la Comisión de Coordinación y Seguimiento de la Valoración del Grado de Minusvalía de la Comunitat Valenciana

La Orden de 21 de noviembre de 2003, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se crea la Comisión de Coordinación y Seguimiento de la Valoración del Grado de Minusvalía de la Comunitat Valenciana, queda modificada como sigue:

Único. Se modifica el título, que queda redactado de la siguiente manera:

«Orden de 21 de noviembre de 2003, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se crea la Comisión de Coordinación y Seguimiento de la Valoración del Grado de Discapacidad de la Comunitat Valencia.»

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Artículo 84 Modificación de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones

La disposición adicional decimosexta de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, queda redactada como sigue:

«Disposición adicional decimosexta Régimen de control interno y contabilización aplicable a las prestaciones económicas en materia de dependencia, renta valenciana de inclusión, prestaciones económicas para el sostén a la crianza de personas menores de edad y gastos de asistencia médica cualificada

La fiscalización e intervención de las prestaciones económicas en materia de dependencia, renta valenciana de inclusión y prestaciones económicas para el sostén a la crianza de personas menores de edad y gastos de asistencia médica cualificada se realizará, en cada una de las fases del procedimiento de gasto, en el momento de la contabilización, una vez examinada la documentación justificativa.»

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Artículo 85 Modificación de la Ley 26/2018, de 21 de diciembre, de derechos y garantías de la infancia y la adolescencia

Modificación de la Ley 26/2018, de 21 de diciembre, de derechos y garantías de la infancia y la adolescencia, que queda redactado como sigue:

Único. Se añade un apartado al artículo 6 de la Ley 26/2018, de 21 de diciembre, de derechos y garantías de la infancia y la adolescencia.

«2. En la tramitación de los proyectos normativos se remitirá a la dirección general con competencias en materia de infancia el informe de impacto de infancia una vez firmado y a la dirección general con competencias en materia de familia el informe de impacto de familia una vez firmado, en ambos casos junto con el texto normativo, a fin de que estas direcciones generales puedan realizar, en el marco de sus respectivas competencias, el seguimiento de la incidencia de la infancia y la familia en la actividad normativa de la Generalitat y mejorar las directrices sobre la elaboración de los informes de impacto normativo. »

LE0000634204_20250601

Artículo 86 Modificación de la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de servicios sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana

La ley 3/2019, de 18 de febrero, de servicios sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana queda modificada como sigue:

Uno. Se modifica el artículo 34, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 34 Formas de provisión de las prestaciones del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales

1. Las Administraciones Públicas incluidas en el Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales proveerán a las personas de las prestaciones previstas en esta ley a través de las modalidades siguientes:

• a) Gestión directa o por medios propios.
• b) Acuerdos de acción concertada con entidades privadas de iniciativa social.
• c) Gestión indirecta de acuerdo con alguna de las fórmulas establecidas en la normativa sobre contratos del sector público.

2. La provisión de las prestaciones por una administración pública diferente de la titular de la competencia se efectuará a través de cualquiera de las fórmulas de colaboración y cooperación entre administraciones públicas previstas en el ordenamiento jurídico.»

LE0000638335_20250601

Dos. Se modifica el apartado 1 del artículo 92 que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 92 Contratación con la iniciativa privada

1. Las Administraciones Públicas valencianas podrán contratar la provisión de las prestaciones de su competencia y el mantenimiento de las infraestructuras donde se realizan tales prestaciones con entidades de iniciativa privada, de acuerdo con lo que establece la normativa aplicable en materia de contratos del sector público.»

LE0000638335_20250601

Tres. Se modifica la disposición adicional vigésima que queda redactada de la siguiente manera:

«Disposición adicional vigésima Nuevo modelo de residencias para personas mayores y personas con discapacidad

1. Las residencias para personas mayores dependientes para las cuales se solicite una autorización de funcionamiento del centro o la obtención del visado previo a partir de la entrada en vigor de esta disposición, no podrán superar las 150 plazas residenciales. Todas deberán estar estructuradas necesariamente en módulos convivenciales.

La capacidad de estos módulos será de un máximo de 25 plazas autorizadas y dispondrán cada uno de ellos de al menos comedor con cocina office, un cuarto de estar, un baño común y habitaciones con baño, de forma que se permita la vida habitual y normalizada de los residentes en cada módulo. Asimismo, no se permitirán las estancias diurnas para los usuarios no residentes cuando no se pueda garantizar una delimitación física de los espacios utilizados por estas personas respecto de los residentes.

2. Las residencias de personas con discapacidad deberán estructurarse igualmente en módulos convivenciales.»

LE0000638335_20250601

Artículo 87 Modificación del Decreto 27/2023, de 10 de marzo, del Consell, por el que se regulan la tipología y el funcionamiento de los centros, servicios y programas de servicios sociales, y su ordenación dentro de la estructura funcional, territorial y competencial del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales

El Decreto 27/2023, de 10 de marzo, del Consell, por el que se regulan la tipología y el funcionamiento de los centros, servicios y programas de servicios sociales, y su ordenación dentro de la estructura funcional, territorial y competencial del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales queda modificado como sigue:

Uno. Se modifica el artículo 25, que queda redactado como sigue:

«Artículo 25 Gestión de centros, servicios y programas de titularidad pública

1. Para la gestión de los centros, servicios y programas públicos se puede optar por las siguientes modalidades:

• a) Gestión directa o por medios propios.
• b) Acuerdos de acción concertada con entidades privadas de iniciativa social.
• c) Gestión indirecta de acuerdo con alguna de las fórmulas establecidas en la normativa sobre contratos del sector público»

LE0000749747_20250601

Dos. Se modifica el apartado 1 y se modifican las letras f) y h) y se suprime la letra i) del apartado 2 del artículo 87, que queda redactado como sigue:

«Artículo 87 Funcionalidad básica

1. Los centros, servicios y programas de servicios sociales, con independencia de si forman parte o no del SPVSS, no deben ser considerados como unidades organizativas aisladas, sino como parte de un conjunto articulado y organizado que responda a las necesidades de las personas, familias o unidades de convivencia, mediante la implantación y desarrollo de distintas prestaciones.

2. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, deberán:

[...]

f) Organizar un plan de formación continua para todos sus trabajadores. En cuanto al número de horas se estará en lo regulado en el artículo 23.3 del Estatuto de los Trabajadores. La formación será congruente con el objeto, objetivos y metodología de trabajo del centro, servicio o programa, así como con los puestos de trabajo concretos que se desempeñen. Además de la formación específica, el plan incluirá en cualquier caso formación en modelos de atención centrados en la persona, formación en los derechos de las personas usuarias y práctica profesional segura y ética o prevención de riesgos laborales. Así mismo contará con formación de acogida para el personal de nueva incorporación.

h) Ajustar los salarios y las condiciones laborales del personal de los centros, servicios y programas a los convenios colectivos aplicables a cada ámbito de actuación.

i) Suprimido

[...]»

LE0000749747_20250601

Tres. Se modifica la Disposición Transitoria Novena, que queda redactada como sigue:

«Con carácter general los servicios y centros de servicios sociales, de acuerdo con su tipología y capacidad, deberán contar, antes del 23 de marzo de 2026, con, las plantillas de personal establecidas en este, en cuanto a figuras profesionales, ratios de estas y titulaciones se refiriere.

Respecto al resto de requisitos establecidos para las plantillas de personal, como la vinculación a los convenios colectivos de aplicación o las medidas sobre turnos y presencialidad se adaptarán a las situaciones concretas de cada servicio o centro, también antes del 23 de marzo de 2026.

Con relación al programa de atención domiciliaria, la incorporación de la figura de terapeuta ocupacional se efectuará durante la vigencia del segundo contrato programa prevista para los ejercicios 2025 a 2028.

Esta ampliación será progresiva. y atenderá variables como la cantidad de población de la correspondiente demarcación territorial y/o la necesidad objetiva del programa en base al número de casos atendidos por el mismo.

En el caso concreto de las plantillas de personal en residencias para personas mayores sujetas a los criterios mínimos de autorización, se podrá realizar una incorporación progresiva de las plantillas hasta alcanzar las ratios de personal establecidas a continuación con los siguientes plazos máximos:

• – En fecha 1 de marzo de 2025:
  • • 0,29 de ratio de auxiliares
  • • 0,35 de ratio de atención directa
  • • 0,45 de ratio general
• – En fecha a 1 de marzo de 2026:
  • • 0,32 de ratio de auxiliares
  • • 0,40 de ratio de atención directa
  • • 0,50 de ratio general»

LE0000749747_20250601

Cuatro. Se modifica la Disposición Transitoria Decimonovena, que queda como sigue:

«Disposición Transitoria Decimonovena Centros ocupacionales

En las entidades que dispongan de un centro ocupacional cuyas personas usuarias no se adecuen al perfil que determina el presente Decreto para el acceso al mismo, el equipo técnico del centro procederá a realizar una revisión de los expedientes de todas las personas usuarias, distinguiendo aquellas cuyo perfil se adecúa al centro ocupacional de aquellas otras cuyo perfil se adecúe al de acceso para centro de día de personas con discapacidad intelectual. Consecuentemente, efectuarán el ajuste que corresponda a los aspectos funcionales del centro y al número de plazas, si procede tras la revisión de los expedientes, sin que obligatoriamente se requiera una adaptación de los aspectos espaciales.

Se dispondrá hasta el día 1 de enero de 2026 para que con las personas usuarias cuyo perfil se ajuste al establecido para los centros de día de discapacidad intelectual se genere un nuevo centro de día. En esas circunstancias concretas, ambos centros serán considerados como centros complementarios.

En cuanto a la adecuación de las distintas condiciones exigibles para ellos, se estará a los plazos establecidos en las disposiciones transitorias al respecto, contados a partir de su constitución en centros complementarios y con la resolución actualizada del Programa Individual de Atención a las personas en situación de dependencia (PIA).»

Quinto. Se suprime la disposición transitoria vigesimotercera. Calendario de adaptaciones.

LE0000749747_20250601

Sexto. Se suprime la Disposición Adicional segunda.»

LE0000749747_20250601LE0000749747_20250601

CAPÍTULO II
Igualdad

Artículo 89 Modificación del Decreto 63/2014, de 25 de abril, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento para el reconocimiento de las indemnizaciones y las ayudas económicas a las víctimas de violencia sobre la mujer, previstas en la Ley 7/2012, de 23 de noviembre, de la Generalitat, integral contra la violencia sobre la mujer en el ámbito de la Comunitat Valenciana

El Decreto 63/2014, de 25 de abril, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento para el reconocimiento de las indemnizaciones y las ayudas económicas a las víctimas de violencia sobre la mujer, previstas en la Ley 7/2012, de 23 de noviembre, de la Generalitat, integral contra la violencia sobre la mujer en el ámbito de la Comunitat Valenciana, queda modificado como sigue:

Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 13 del Reglamento mencionado, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 13 Plazo máximo para resolver y notificar

1. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución expresa será de dos meses, contados desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en cualquiera de los registros del órgano competente para resolver.»

LE0000528536_20241210

Dos. Se modifican los apartados 4 y 5 del artículo 20 del Reglamento, que quedan redactados de la siguiente manera:

«Artículo 20 Solicitudes y documentación

La documentación a aportar por las interesadas en este tipo de ayuda será la siguiente

[…]

4. Informe del recurso de atención a mujeres, ya sea ambulatorio o residencial, dependiente de la dirección general con competencia en violencia sobre la mujer, que motive la situación de necesidad o emergencia social de la mujer solicitante.

5. La conselleria competente en la materia comprobará los datos de identidad de la persona solicitante, salvo que medie oposición por parte de esta, en cuyo caso deberá aportar copia del documento nacional de identidad, pasaporte o número de identificación de extranjero, según corresponda.

Si de la comprobación efectuada resultara alguna discordancia con los datos facilitados por la solicitante, la Administración le requerirá la correspondiente documentación acreditativa de la identidad.»

LE0000528536_20241210

Tres. Se modifica el apartado 1 del artículo 26 del Reglamento, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 26 Plazo máximo para resolver y notificar

1. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución expresa será de dos meses, contados desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en cualquiera de los registros del órgano competente para resolver.»

LE0000528536_20241210

Artículo 90 Modificación de la Orden de 3 de mayo de 2007, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se regula la ayuda económica a favor de las víctimas de violencia de género, establecida en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género

La Orden de 3 de mayo de 2007, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se regula la ayuda económica a favor de las víctimas de violencia de género, establecida en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, queda modificada como sigue:

Único. Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 8, que quedan redactados de la siguiente manera:

«Artículo 8 Solicitud y documentación

[…]

2. Para tramitar las ayudas reguladas en la presente orden será necesaria la siguiente documentación:

• a) Formulario de solicitud
• b) Copia del DNI de la solicitante o permiso de residencia en vigor.
• c) Certificado de empadronamiento de la solicitante en algún municipio de la Comunitat Valenciana.
• d) En el caso de que la solicitante tenga hijos o hijas a su cargo, copia del libro de familia y sentencia judicial en firme sobre tutela cuando existiera. En los supuestos de adopción, tutoría o acogimiento de los hijos o hijas o asimilados resolución administrativa o judicial que lo acredite.
• e) Certificado de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria acreditativa de las rentas de la solicitante, o en su defecto documentación que acredite los ingresos que por cualquier concepto perciba o en su defecto declaración de la no percepción de ingresos.
• f) Sentencia condenatoria por un delito de violencia de género, una orden de protección o cualquier otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar a favor de la víctima, o bien por el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de género. También podrán acreditarse las situaciones de violencia de género mediante certificado de los servicios Centrales o direcciones territoriales de la conselleria competente en materia de prevención y atención integral a las mujeres víctimas de violencia y a sus hijos e hijas.
• g) Certificado de discapacidad expedido por los Centros de Valoración y Orientación de la discapacidad.
• h) Cuando se aleguen responsabilidades familiares y exista convivencia, documento de asistencia sanitaria de la Seguridad Social extendido a nombre de la solicitante en la que aparezca el familiar a cargo como persona beneficiaria. Si no existe convivencia, convenio o resolución judicial en el que la solicitante quede obligada a la prestación de alimentos.
• i) Modelo de domiciliación bancaria, debidamente cumplimentado en el que la persona titular de la cuenta deberá coincidir con la solicitante de la ayuda.
• j) Informe de baja empleabilidad

3. El órgano competente consultará los datos que sean interoperables. Solo en caso de falta de autorización expresa u oposición a dicha consulta o cuando la información no esté disponible para su consulta, las personas interesadas deberán aportar la información requerida en el apartado anterior. De todo ello se informará debidamente en el formulario de solicitud.»

LE0000244807_20241210

TÍTULO V
Medidas en materia de hacienda, economía, administración pública y administración electrónica

CAPÍTULO I
Hacienda

Artículo 91 Modificación de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones

La Ley 1/2015, de 6 de febrero, de hacienda pública, del sector público Instrumental y de subvenciones, queda modificada como sigue:

Uno. Se modifican las letras b) y c) del apartado 1 y la letra b del apartado 2 del artículo 160, que quedan redactadas de la siguiente manera:

«Artículo 160 Órganos competentes

1. El Consell será el órgano competente para:

[…]

b) La autorización del correspondiente convenio, cuando las subvenciones de concesión directa se instrumenten mediante esta fórmula jurídica, siempre que su cuantía sea superior a un millón de euros o se trate de convenios con el Estado, otras comunidades autónomas e instituciones públicas, de conformidad con lo previsto en el artículo 17.f) de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell.

c) La autorización previa para la concesión de las subvenciones de concurrencia competitiva si se supera la cuantía de seis millones de euros por sujeto beneficiario. Esta autorización no implicará la aprobación del gasto que, en todo caso, corresponderá al órgano competente para la concesión.

[…]

2. Las personas titulares de las consellerias, tanto en el ámbito de sus departamentos como en el de los organismos públicos vinculados o dependientes, son los órganos competentes para:

[…]

b) Aprobar mediante orden o resolución, según proceda, las oportunas bases reguladoras de la concesión de las subvenciones.»

LE0000546067_20251230

Dos. Se modifica la letra e) del artículo 164, que queda redactada de la siguiente manera:

«Artículo 164 Procedimiento para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva

[…]

e) Una vez efectuada la comprobación anterior, se procederá a la convocatoria de la subvención mediante resolución. En el caso de que las bases tengan naturaleza de acto administrativo se podrán aprobar conjuntamente las bases y la convocatoria cuando así lo considere el centro directivo proponente, previo informe justificativo, en atención a la especificidad, material o temporal, de las ayudas a otorgar.»

LE0000546067_20251230

Tres. Se modifican los apartados 1 y 3 del artículo 165, que quedan redactados de la siguiente manera:

«Artículo 165 Bases reguladoras de la concesión de subvenciones

1. Cuando las bases reguladoras prevean un contenido normativo que desarrolle o complemente una ley sectorial o norma comunitaria tendrán naturaleza de disposición normativa de carácter general y serán aprobadas mediante orden de la persona titular de la conselleria competente por razón de la materia. Todos los trámites de dicho procedimiento serán evacuados por vía de urgencia, en atención a su especial naturaleza. El resto de las bases reguladoras tendrán naturaleza de acto administrativo y se aprobarán por resolución de la persona titular de la conselleria competente por razón de la materia, sin que sus efectos puedan superar la vigencia del plan estratégico de subvenciones en el que se integre. En todo caso, será preceptivo el informe de la Abogacía y de la Intervención Delegada.

[…]

3. Las bases reguladoras de ayudas pueden establecer que para su concesión solo sea necesaria una declaración responsable del cumplimiento de todos o parte de los requisitos exigidos para solicitar la subvención, siempre que la concesión no implique un pago anticipado superior al porcentaje del 30 por ciento previsto en el artículo 171.3 a) y b). No obstante, lo anterior, en el caso de que las ayudas se concedan por razón de un estado, situación o hecho imprevisible, las bases reguladoras podrán establecer que para su concesión solo sea necesaria una declaración responsable del cumplimiento de los requisitos exigidos para solicitar la subvención, con independencia del porcentaje de anticipo. Todo ello sin perjuicio de las verificaciones y controles que se puedan efectuar con posterioridad al pago.»

LE0000546067_20251230

Cuatro. Se modifica la letra a del artículo 166, que queda redactada de la siguiente manera:

«Artículo 166 Contenido de la convocatoria

[…]

a) Indicación de las bases reguladoras y del diario oficial en el que están publicadas.»

LE0000546067_20251230

Cinco. Se modifica la disposición adicional décimo segunda, que queda redactada de la siguiente manera:

«Disposición adicional décimo segunda Personas interventoras habilitadas

1. Cuando las necesidades del servicio lo requieran, la persona titular de la Intervención General de la Generalitat podrá habilitar a personal funcionario de la Administración de la Generalitat, del grupo A1 de titulación, que posea el nivel de titulación exigido para ingresar en el cuerpo superior de Intervención y Auditoría de la Generalitat, a efectos de que pueda realizar determinadas actuaciones en sustitución de estos en el ejercicio de las funciones de control interno que legalmente les corresponden.

Esta posibilidad también se dará respecto del personal funcionario con destino definitivo en la Administración de la Generalitat, aunque no esté integrado en los cuerpos o escalas propios de esta, siempre que además pertenezca a alguna de las escalas, subescalas, clases o cuerpos superiores de Intervención de cualquier Administración Pública.

En cualquier caso, las personas interventoras habilitadas actuarán bajo la dirección y coordinación de la persona titular de la Dirección General de la Intervención.

La habilitación prevista en el párrafo anterior lo será tan solo para actuaciones o clases de las mismas concretas y determinadas, relacionadas con las funciones ordinarias de las personas habilitadas, y tendrá carácter temporal. Este personal continuará percibiendo las retribuciones correspondientes al puesto de trabajo que ocupa. No obstante, cuando la habilitación exija la dedicación exclusiva durante toda su jornada laboral para la realización de las mencionadas funciones y las retribuciones de su puesto de trabajo fueran de nivel inferior, el personal habilitado tendrá derecho a percibir las retribuciones asignadas a los puestos de trabajo de nivel mínimo reservados al cuerpo superior de Intervención y Auditoría de la Generalitat, por medio del abono de las correspondientes diferencias retributivas.

2. La habilitación será conferida previo informe favorable de la persona titular de la subsecretaría del departamento al que pertenezca tal funcionario o funcionaria y podrá ser revocada en cualquier momento por la persona titular de la Intervención General de la Generalitat.

3. En todo caso, las personas habilitadas actuarán bajo la expresa denominación de “interventores habilitados o interventoras habilitadas de la Intervención General de la Generalitat.»

LE0000546067_20251230

Seis. Se añade un nuevo apartado 4 a la disposición transitoria novena, que queda redactado de la siguiente manera:

«Disposición transitoria novena Subvenciones por razones de interés público, social o humanitario

[…]

4. Las bases reguladoras de subvenciones, cuyo contenido sean concursos escolares, premios, o convocatorias de sentido similar, cuyo destinatario final sea alumnado en edad escolar o personas menores sometidas a tutela, podrán prever que no será exigible el requisito de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la seguridad social para obtener la condición de persona beneficiaria de las ayudas, cualquiera que será la naturaleza y características de estas. Igualmente, las mencionadas bases podrán prever el pago, y en su caso, abonos a cuenta y pagos anticipados, aun cuando los solicitantes de la subvención no estén al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y ante la seguridad social, tengan la condición de sujeto deudor por resolución de procedencia de reintegro o se encuentren incursas en alguna de las situaciones establecidas en el apartado 6 del artículo 171 de esta ley.

El régimen excepcional previsto en el párrafo anterior se aplicará con independencia de que la solicitud se haya realizado por las personas tutoras, responsables o coordinadoras de los centros educativos, deportivos o entidades jurídicas similares en nombre de los equipos o grupos participantes que estén formados por las personas beneficiarias finales, menores de edad o sometidas a tutela.»

LE0000546067_20251230

Siete. Se añade una nueva disposición adicional décimo quinta, que queda redactada de la siguiente manera:

«Disposición adicional décimo quinta Deber de colaboración de las personas auditoras internas de las entidades del sector público instrumental de la Generalitat con la Intervención General de la Generalitat

Las personas auditoras internas de las entidades del sector público instrumental de la Generalitat colaborarán con la Intervención General de la Generalitat, en los términos establecidos en la normativa del sector público, debiendo ajustarse a las normas e instrucciones que a estos efectos determine aquella.»

LE0000546067_20251230

Ocho. Se añade una nueva disposición adicional décimo sexta, que queda redactada de la siguiente manera:

«Disposición adicional décimo sexta Régimen de control interno y contabilización aplicable a las prestaciones económicas en materia de dependencia y renta valenciana de inclusión

La fiscalización e intervención de las prestaciones económicas en materia de dependencia y renta valenciana de inclusión se realizará, en cada una de las fases del procedimiento de gasto, en el momento de la contabilización una vez examinada la documentación justificativa.»

Artículo 92 Modificación del Decreto ley 1/2011, de 30 de septiembre, del Consell, de medidas urgentes de régimen económico-financiero del sector público empresarial y fundacional

El Decreto ley 1/2011, de 30 de septiembre, del Consell, de medidas urgentes de régimen económico-financiero del sector público empresarial y fundacional, queda modificado como sigue:

Único. Se modifica el apartado 2 del artículo 9, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 9 Auditoría interna

[…]

2. El auditor interno colaborará con la Intervención General de la Generalitat en las tareas de control interno asignadas a esta en el título VI de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, y verificará el buen funcionamiento de los sistemas y de los procedimientos de ejecución del presupuesto del ente, así como el adecuado equilibrio y correspondencia entre gastos e ingresos.»

LE0000462304_20241210

Artículo 93 Modificación de la Ley 20/2017, de 28 de diciembre, de la Generalitat, de tasas

La Ley 20/2017, de 28 de diciembre, de la Generalitat, de tasas, queda modificada como sigue:

Uno. Se modifica el apartado 3 del artículo 13.1-1, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 13.1-1 Hecho imponible

[…]

3. No se realizará el hecho imponible cuando la ocupación, el uso común especial o el uso privativo de los bienes de dominio público autonómico lleven aparejados el despliegue o explotación de una red pública de telecomunicaciones que permita ofrecer servicios de banda ancha.

Cualquier referencia en el artículo 13.1-7 sobre la cuota íntegra de esta tasa, a la apertura de zanjas y cruzamiento, utilización de infraestructuras, colocación o cualquier otra actuación para la construcción o instalación de conducciones o líneas de telecomunicaciones o comunicaciones, se entenderá que se refiere a conducciones o líneas que no estén dedicadas a la prestación de servicios de banda ancha.»

LE0000611766_20251230

Dos. Se modifica el apartado d) del artículo 14.4-2, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 14.4-2 Exenciones

[…]

d) En los supuestos de los puntos 7 y 8 del artículo 14.4-5, las personas contribuyentes que se encuentren inscritas como demandantes legales de empleo, con una antigüedad mínima de tres meses, referida a la fecha de la respectiva inscripción, y aquellas contempladas en el proceso de acreditación por el Instituto Valenciano de Cualificaciones Profesionales, en tanto sus comisiones de acreditación estén financiadas con los fondos del Plan de Modernización de Formación Profesional, en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, asociado al programa de cooperación territorial C20.I01.P01 Evaluación y acreditación de competencias profesionales.»

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CAPÍTULO II
Economía

CAPÍTULO III
Administración pública

Artículo 96 Modificación de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la función pública valenciana

La Ley 4/2021, de 16 de abril, de la función pública valenciana, queda modificada como sigue:

Uno. Se modifica, en el preámbulo, el párrafo quinto del apartado II y los párrafos primero y tercero del apartado III, que quedan redactados de la siguiente manera:

«Preámbulo

II […]

La ley finalmente no obvia que una reforma de esta índole, para ser efectiva, además de establecer nuevas reglas del juego debe proporcionar las capacidades organizativas que son imprescindibles. Para ello, se establece un potente órgano de gestión horizontal de la función pública de la Generalitat, se aseguran los mecanismos de coordinación necesarios entre los diversos sectores, se dota a la Administración de la Generalitat, sus organismos autónomos y consorcios de la posibilidad de contar con una dirección pública profesionalizada, basada en los requerimientos de idoneidad, competencia y publicidad, se refuerza el papel del Institut Valencià d’Administració Pública o, en fin, se posibilita una mayor comunicación del empleo público en la Comunitat Valenciana.

III La ley se promulga en desarrollo del texto refundido de la Ley del Estatuto básico del empleado público, aprobado por el Real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, cuyos límites materiales y formales respeta conforme el Tribunal Constitucional ha determinado en esta materia (Sentencia número 39/2014, de 11 de marzo, fundamento 5.º), y en los términos del artículo 50.1 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, que otorga a la Generalitat la competencia en materia de desarrollo legislativo del régimen estatutario de sus funcionarios, del artículo 49.1.8.º, conforme al cual la Generalitat tiene competencia exclusiva en “régimen local, sin perjuicio de lo que dispone el número 18 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución Española» y del artículo 73 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. Su texto se estructura en once títulos, con 190 artículos, treinta y una disposiciones adicionales, once transitorias, una derogatoria y cuatro finales. En su redacción incorporan de modo transversal principios, valores y reglas que persiguen hacer real y efectiva la igualdad de mujeres y hombres en todas las esferas y ámbitos de la gestión.

[…]

El título II busca dotar al sistema de empleo público de órganos coordinados y suficientemente regulados en sus competencias. Se crea la Comissió Intersectorial de l’Ocupació Pública de la Generalitat, órgano de coordinación e interlocución entre los ámbitos de la Administración de la Generalitat, sanidad, educación y justicia y el sector público instrumental de la Generalitat. Asimismo, se contempla de modo innovador la cooperación técnica en materia de empleo público entre la Generalitat y las entidades locales.»

LE0000695063_20251230

Dos. Se modifica el apartado 1 del artículo 8, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 8 La consellera o conseller competente en materia de función pública

1. Corresponde a la consellera o conseller competente en materia de función pública:

• a) Proponer al Consell la aprobación de los proyectos de ley y decretos en materia de personal, función pública y, conjuntamente con la consellera o conseller competente en materia de hacienda, del sistema retributivo; así como dictar el resto de las disposiciones y directrices que le correspondan en estas materias, de acuerdo con la normativa vigente.
• b) Informar con carácter preceptivo los anteproyectos de ley y proyectos de disposiciones generales elaborados por la Presidencia de la Generalitat o las consellerias que se refieran a estructura orgánica, métodos de trabajo y personal correspondientes a la Administración de la Generalitat.
• c) Otorgar los títulos de personal funcionario de la Generalitat.
• d) Aprobar las relaciones de puestos de trabajo y otros instrumentos complementarios de gestión de la Administración de la Generalitat.
• e) Aprobar las relaciones de puestos de trabajo del personal directivo público profesional de la Presidencia de la Generalitat, de cada una de las consellerias, así como de sus organismos autónomos y consorcios.
• f) Aprobar las agrupaciones de puestos de trabajo de la Administración de la Generalitat con el fin de ordenar el sistema de carrera profesional, la movilidad y la formación del personal empleado público.
• g) Proponer la oferta de empleo público y los instrumentos de planificación de personal de la Administración de la Generalitat que tenga que aprobar el Consell.
• h) Clasificar los puestos de trabajo de la Administración de la Generalitat mediante el sistema que se determine reglamentariamente.
• i) Diseñar y organizar los procesos de evaluación del desempeño.
• j) Promover y coordinar la elaboración de los planes y medidas en materia de igualdad en el ámbito de la Administración de la Generalitat.
• k) Intervenir en las negociaciones con las organizaciones sindicales, según se disponga reglamentariamente.
• l) Impulsar, coordinar y, en su caso, establecer y ejecutar la formación, así como los planes y medidas en materia de personal de la Administración de la Generalitat.
• m) Establecer los programas y el contenido de las pruebas de selección de personal, convocarlas y designar sus órganos técnicos de selección, en los términos establecidos en el capítulo I del título V de esta ley. Corresponde organizarlas al órgano competente en materia de selección de personal.
• n) Crear, mantener y gestionar el Registro de Personal de la Administración de la Generalitat y el Registro de Personal Directivo Público Profesional.
• o) Efectuar o autorizar, en su caso, los nombramientos del personal funcionario y la contratación del personal laboral, de acuerdo con lo establecido reglamentariamente.
• p) Resolver las jubilaciones del personal de la Administración de la Generalitat.
• q) Resolver la pérdida de la condición de personal funcionario, sea de carrera o interino, excepto a consecuencia de separación del servicio. Así mismo, le corresponde extinguir los contratos del personal laboral de la Administración de la Generalitat.
• r) Ejercer la supervisión, control interno y evaluación del personal de la Administración de la Generalitat.
• s) Impulsar que, por el órgano competente, se desarrolle y ejecute la actividad preventiva en materia de salud laboral del personal de la Administración de la Generalitat.
• t) Impulsar la investigación, estudio, información y difusión de las materias relacionadas con la administración y la gestión pública.»

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Tres. Se suprime el artículo 11.

Cuatro. Se modifica el apartado 3 del artículo 40, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 40 Agrupación de puestos de trabajo (APT)

[…]

3. A los efectos de la provisión de los puestos de trabajo y sin perjuicio de lo establecido en la presente ley en la regulación de cada forma de provisión, se entenderá cumplido el requisito para poder participar en los procesos de provisión de puestos adscritos a una agrupación de puestos de un cuerpo, escala o agrupación profesional funcionarial, cuando el personal funcionario de carrera pertenezca al mismo cuerpo, escala o agrupación profesional funcionarial en que estén clasificados los puestos convocados y acredite la superación de los cursos específicos de formación que a tal fin sean organizados por el órgano competente en materia de formación.

Asimismo, se entenderá cumplido el requisito para poder participar en los procesos de provisión de puestos adscritos a un cuerpo, escala o agrupación profesional funcionarial desde un puesto adscrito a una agrupación de puestos de trabajo perteneciente al mismo cuerpo, escala o agrupación profesional funcionarial en que estén clasificados los puestos convocados, cuando el personal funcionario de carrera acredite la superación de los cursos específicos de formación que a tal fin sean organizados por el órgano competente. No será necesaria la superación de los cursos específicos cuando el personal haya acreditado estos conocimientos en las correspondientes pruebas de acceso.»

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Cinco. Se modifica el apartado 2 del artículo 62, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 62 Requisitos de acceso

[…]

2. Asimismo, quienes superen las pruebas selectivas aportarán una declaración responsable en la que manifestarán poseer las capacidades y aptitudes físicas y psíquicas necesarias para el desempeño de las funciones o tareas que correspondan al puesto de trabajo. Dicha declaración constituirá presunción de disponer de tales capacidades y requisitos de aptitud por parte de la persona declarante y podrá ser verificada, en su caso, con los informes médicos que emita el servicio de prevención correspondiente.»

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Seis. Se modifica el artículo 66, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 66 Ayudas para el acceso al empleo público

La Administración de la Generalitat impulsará, mediante el órgano competente en materia de formación, una política de ayudas económicas destinadas a fomentar la preparación de personas jóvenes que aspiran a ingresar en los cuerpos, escalas o agrupación profesional funcionarial, que posean un buen expediente académico y carezcan de recursos para la preparación de las pruebas selectivas, priorizándose a quienes se encuentren en situación de violencia de género, o hayan estado tutelados o tuteladas por una entidad pública. Esta política de ayudas se aplicará en el marco de los principios de igualdad, mérito y capacidad consagrados por los artículos 23.2 y 103.3 de la Constitución para orientar el acceso de la ciudadanía a las funciones públicas, y con el fin de atender el mandato del artículo 9.2 de la Constitución que obliga a los poderes públicos a remover los obstáculos que impidan o dificulten que las condiciones de igualdad de los individuos sean reales o efectivas. A dicho efecto, se elaborará un programa de ayudas para la preparación de oposiciones para el acceso a un cuerpo, escala o agrupación profesional funcionarial, mediante la aprobación de las bases reguladoras de la concesión de ayudas económicas, y de sus correspondientes convocatorias, para contribuir en los gastos ocasionados por la preparación de los procesos selectivos.»

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Siete. Se modifican los apartados 2 y 7 del artículo 67, que quedan redactados de la siguiente manera:

«Artículo 67 Órganos técnicos de selección

[…]

2. En el ámbito de la Administración de la Generalitat, corresponderá a la persona titular de la dirección general con competencias en materia de función pública la propuesta de designación de los miembros de los órganos técnicos de selección. La composición y funcionamiento de dichos órganos se establecerá reglamentariamente.

En cualquier caso, se garantizará la imparcialidad de sus miembros, su idoneidad y profesionalidad en cuanto al conocimiento del contenido funcional propio de los puestos de los cuerpos, escalas, agrupación profesional funcionarial, agrupación de puestos de trabajo o grupo profesional, de las técnicas de selección, de las materias que son objeto de las pruebas, su formación en igualdad de género y en discapacidad, a los efectos de lo previsto en el artículo 64 y de la adopción de adaptaciones y dispositivos de apoyo, así como la presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas.

[…]

7. En el ámbito de la Administración de la Generalitat, y adscrito a la dirección general con competencias en materia de función pública, se podrá constituir una comisión especializada y permanente para la selección de su personal.»

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Ocho. Se modifica la letra d) del apartado 1 del artículo 76, que queda redactada de la siguiente manera:

«Artículo 76 Derechos individuales

1. El personal empleado público tiene los siguientes derechos individuales en correspondencia con la naturaleza jurídica de su relación de servicio:

[…]

d) A la orientación y asesoramiento profesional para avanzar en el curso de su carrera, a fin de que pueda visualizar sus opciones y los itinerarios de desempeño, promoción y formación necesarios. A tal fin, el órgano competente en materia de formación elaborará un protocolo de actuaciones a seguir para cuando se produzca, tanto el ingreso de un nuevo empleado público, como un cambio de destino o la provisión de un nuevo puesto.»

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Nueve. Se modifica el artículo 104, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 104 La formación en el empleo público

1. Las políticas de formación son parte integrante de las políticas de recursos humanos de la Administración de la Generalitat.

2. Se entiende por formación el aprendizaje planificado para la adquisición, retención y transferencia de conocimientos, destrezas, actitudes y valores que mejoren el servicio público y el desarrollo del personal empleado público. La formación perseguirá los objetivos de mejora del desempeño del puesto de trabajo y desarrollo y promoción profesional del personal empleado público.

3. El órgano competente para la coordinación, programación y ejecución de la formación será la dirección general que tenga atribuidas las competencias en materia de función pública, a través del Institut Valencià d’Administració Pública (IVAP).

EL IVAP será el centro encargado de gestionar las acciones formativas de la Administración de la Generalitat, así como de coordinar estas con las planificadas por otros centros de formación de personal empleado público existentes en la Generalitat.

4. A tal fin, para el cumplimiento de sus objetivos, corresponderá al IVAP:

• a) Diseñar, organizar, coordinar y homologar las acciones formativas del personal empleado público de la Administración de la Generalitat, que incluirán los cursos de habilitación necesarios para el desempeño de determinados puestos de trabajo, los cursos específicos de formación para la pertenencia a una agrupación de puestos, la capacitación por competencias profesionales, así como los cursos de capacitación para el desempeño de nuevas funciones en los casos que proceda, fomentando y priorizando la formación en línea para su aprovechamiento por todo el personal empleado público en igualdad de oportunidades.
• b) Coordinar y, en su caso, homologar las acciones formativas impartidas por otros órganos o centros de la Generalitat con competencias en materia de formación, así como de otras administraciones públicas y de las organizaciones sindicales que suscriban los correspondientes acuerdos.
• c) Coordinar y desarrollar, en su caso, directa o indirectamente, actividades de preparación de aspirantes a participar en las pruebas selectivas para la promoción interna o el acceso a la función pública.
• d) Planificar, convocar y gestionar los cursos de formación derivados de los procesos de selección y promoción del personal empleado público de la Administración de la Generalitat.
• e) Colaborar en la formación y perfeccionamiento del personal laboral propio al servicio de los entes del sector público instrumental de la Generalitat, así como de las Instituciones de la Generalitat mencionadas en el artículo 20.3 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana y de otras administraciones públicas, en los términos que se establezcan en los instrumentos de colaboración que pudieran suscribirse o por encomienda del Consell.
• f) Gestionar y coordinar las ayudas destinadas a la financiación de planes de formación para el empleo promovidas por las entidades locales de la Comunitat Valenciana, en el marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas (AFEDAP).

5. La formación del personal directivo público profesional previsto en el artículo 21.1 de la presente ley, será competencia del IVAP, que diseñará, convocará, gestionará y homologará acciones de formación específica de conformidad con la normativa que resulte de aplicación y de acuerdo con las directrices que al respecto establezca la conselleria competente en materia de función pública. En su caso, dicha formación se podrá realizar también a través de programas previamente homologados por el IVAP. La formación del restante personal directivo público profesional podrá ser así mismo organizada y certificada por el IVAP previo convenio suscrito al efecto.

6. En los supuestos en que las entidades locales prevean una fase de formación como parte del proceso selectivo de su personal empleado público, podrán convenir, con la conselleria competente en materia de función pública la participación del IVAP en la realización de tales cursos selectivos, que podrán ser comunes para varios ayuntamientos.

7. El IVAP fomentará la colaboración con las entidades locales de la Comunitat Valenciana y los entes del sector público instrumental en la formación y perfeccionamiento de su personal empleado público.

8. Asimismo, para facilitar el acceso de la ciudadanía a la formación especializada en las materias relacionadas con la administración, la gestión y las políticas públicas, y sin perjuicio de los convenios y acuerdos que se establezcan con las universidades públicas valencianas, el IVAP ofrecerá en sus planes de formación la posibilidad de acceder a su oferta formativa a quienes no ostenten la condición de personal empleado público, pudiendo para ello percibir las tasas y precios públicos que se determinen en su momento.

9. El IVAP fomentará la formación en igualdad tanto en el acceso al empleo público como a lo largo de la carrera profesional. Para ello la formación deberá incluir contenidos sobre igualdad efectiva y prohibición de cualquier tipo de discriminación de mujeres y hombres.

10. Para la mejor consecución de sus fines el IVAP podrá convocar y otorgar becas, ayudas y otras medidas de fomento, así como promover la colaboración de personal docente y de profesionales ajenos a la Administración de la Generalitat para el desarrollo de sus acciones formativas o divulgativas.

11. Todo el personal empleado público tendrá la oportunidad de realizar aportaciones en el diseño de los planes formativos para la mejora de los métodos de trabajo y de los procesos administrativos, a través de un mecanismo de participación libre y no jerarquizado.

12. La selección de los profesores y profesoras que impartan cursos en el IVAP se regirá por los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad. La convocatoria y resultados de dichos procedimientos de selección se publicarán en la web de la conselleria, así como la evaluación anual del cumplimiento de los objetivos del plan estratégico.

13. El IVAP pondrá en marcha un plan de transferencia de conocimiento que contenga medidas eficaces para transferir y retener el conocimiento de los empleados y de las empleadas con más experiencia, en particular, de aquellos empleados que tengan más próxima su jubilación.»

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Diez. Se modifica el apartado 2 del artículo 105, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 105 Derecho a la formación

[…]

2. A tal efecto, y como elemento de interés público destinado a mejorar su eficacia y eficiencia, la Administración de la Generalitat programará y regulará con cargo a sus presupuestos acciones formativas para mejorar la eficiencia y la calidad del servicio público y para la promoción profesional del personal.

La oferta, programación, contenidos, profesorado o personal destinatario de las actividades formativas no incurrirán en discriminación directa o indirecta por razón de sexo, orientación sexual o cualquier tipo de discriminación.

El IVAP elaborará su programación formativa en función de las necesidades del servicio y de los perfiles de competencias de los puestos de trabajo como elementos principales de su diagnóstico de necesidades. En los planes de formación deberá garantizarse un adecuado equilibrio territorial, debiendo realizarse periódicamente la oportuna evaluación de racionalidad, eficacia, eficiencia e impacto de la política de formación del personal empleado público.»

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Once. Se modifica el apartado 2 del artículo 106, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 106 Deber de formación

[…]

2. Corresponderá al IVAP la acreditación de los cursos y acciones formativas, que incluirán, como regla general, una evaluación final a realizar por el personal formador, que podrá consistir, bien en la elaboración de un trabajo, memoria o similar, bien en la superación de pruebas de conocimientos, teóricos o prácticos.»

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Doce. Se modifica la letra i) del apartado 2 del artículo 111, que queda redactada de la siguiente manera:

«Artículo 111 Concurso

[…]

2. En los términos que se disponga reglamentariamente, se podrán valorar, entre otros, los siguientes méritos:

[…]

i) La acreditación del aprovechamiento de los cursos de formación y perfeccionamiento adecuados al puesto de trabajo. En la Administración de la Generalitat, se otorgará una mayor valoración a las acciones formativas organizadas u homologadas por el IVAP, por centros de formación del personal empleado público de la Generalitat o en el marco de los acuerdos de formación para el empleo de las administraciones públicas, valorándose especialmente la formación oficial acreditada en materia de igualdad de oportunidades.»

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Trece. Se modifica el apartado 1 del artículo 114, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 114 Convocatorias de concurso

1. Las convocatorias para proveer puestos de trabajo por los procedimientos de concurso ordinario o concurso específico, así como las correspondientes resoluciones, deberán hacerse públicas en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, o boletín oficial correspondiente, por la dirección general competente en materia de función pública.»

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Catorce. Se modifica el apartado 1 del artículo 127, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 127 Reasignación de efectivos

1. El personal funcionario cuyo puesto sea objeto de supresión como consecuencia de un plan de ordenación de personal u otras medidas de racionalización de la organización administrativa y de personal, podrá ser destinado a otro puesto de trabajo por el procedimiento de reasignación de efectivos. La reasignación de efectivos se realizará a puestos de trabajo adscritos a su cuerpo, escala o agrupación profesional funcionarial.

En el caso de que los puestos estén adscritos a una agrupación de puestos de trabajo, para que la reasignación pueda realizarse será necesaria la previa realización de los cursos específicos de formación que a tal fin sean organizados por el IVAP, salvo que el personal afectado haya acreditado dichos conocimientos en las correspondientes pruebas de acceso.

La reasignación de efectivos como consecuencia de un plan de empleo se efectuará, previa negociación con las organizaciones sindicales, aplicando criterios objetivos relacionados, entre otros, con las aptitudes, formación, experiencia y antigüedad que se concretarán en el mismo.

La adscripción al puesto adjudicado por reasignación tendrá carácter definitivo para el personal titular de puestos afectados.»

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Quince. Se suprime la disposición transitoria primera.

Dieciséis. Se suprime la disposición transitoria séptima.

Diecisiete. Se modifica la disposición final primera, que queda redactada de la siguiente manera:

«Disposición final primera Cursos específicos de formación

En el plazo de un año se realizarán los cursos específicos de formación previstos en el artículo 40.3 de esta ley para el personal funcionario de carrera de los cuerpos, escalas o agrupaciones profesionales funcionariales que incluyan una agrupación de puestos de trabajo. Cada año el IVAP, programará un número suficiente de cursos para que el personal funcionario de carrera pueda participar.»

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Dieciocho. Se modifica la disposición final segunda, que queda redactada de la siguiente manera:

«Disposición final segunda Política de formación del personal empleado público valenciano

El Consell, previa negociación o debate, según proceda, en las mesas o foros de diálogo correspondientes, desarrollará reglamentariamente la participación y cooperación del IVAP en la coordinación de las políticas de formación de todo el personal de la Generalitat, de las entidades locales y del sector público instrumental, así como la concreción de las estrategias formativas transversales y la detección de necesidades y definición de los modelos formativos comunes al personal empleado público valenciano.»

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Diecinueve. Se modifica la disposición adicional decimoquinta de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la función pública valenciana, que pasa a tener la siguiente redacción:

«Disposición adicional decimoquinta Supuestos especiales de movilidad entre escalas de un mismo cuerpo

Excepto en los cuerpos A1-04, cuerpo superior facultativo, y A2-02, cuerpo técnico facultativo, el personal funcionario podrá acceder a otras escalas de su mismo cuerpo mediante los procedimientos de provisión de puestos de trabajo previstos en la presente ley, siempre que la titulación que le sirvió de acceso a la escala a la que pertenece figure como requisito de acceso de aquella. En ningún caso, el desempeño provisional de puestos de trabajo de otras escalas por este procedimiento implicará la integración del personal funcionario en las mismas».

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Veinte. Se añade un nuevo cuerpo en el apartado 2. Cuerpos especiales del subgrupo A1, con la letra j, del anexo I, cuerpos y escalas de la administración de la Generalitat, de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la función pública valenciana, con la siguiente redacción:

«Anexo I

Cuerpos y escalas de la administración de la Generalitat

[…]

2. Cuerpos especiales del subgrupo A1

[…]

j) A1-11. Cuerpo de comunicación y relaciones informativas.»

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Veintiuno. Se añade un nuevo apartado 10 en la disposición adicional tercera de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la función pública valenciana, con la siguiente redacción:

«10. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, para el régimen de integración en el cuerpo A1-11, cuerpo de comunicación y relaciones informativas, deberá atenderse a que el personal funcionario de carrera que pertenecía al extinto cuerpo A1-05, superior técnico de comunicación y relaciones informativas de la administración de la Generalitat de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de ordenación y gestión de la función pública valenciana, se integrará en el nuevo cuerpo A1-11, de comunicación y relaciones informativas.»

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Veintidós. Se modifica el apartado a) 1.º del anexo III, Agrupaciones de puestos de trabajo de la administración de la Generalitat, de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la función pública valenciana, se suprime la APT-A1-01-02, de comunicación y relaciones informativas, y se renumeran las restantes, con la siguiente redacción:

«Anexo III

Agrupaciones de puestos de trabajo de la administración de la Generalitat

[…]

a) Cuerpos generales

1.º Subgrupo A1

APT-A1-01-01, de relaciones laborales. Constituida por los puestos de trabajo que actualmente están clasificados para su provisión por el cuerpo A1-10. Superior técnico en relaciones laborales de la administración de la Generalitat.

APT-A1-01-02, de fondos europeos. Constituida por los puestos de trabajo que actualmente están clasificados para su provisión por el cuerpo A1-01, superior técnico de administración general de la administración de la Generalitat, y adscritos orgánicamente a los departamentos con competencias en materia de fondos europeos de la Generalitat y que se encargan de la adecuada coordinación y gestión para la ejecución de los fondos estructurales y de inversión europeos (fondos EIE) en la Comunitat Valenciana.»

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CAPÍTULO IV
Administración electrónica

Artículo 97 Modificación del Decreto 220/2014, de 12 de diciembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de administración electrónica de la Comunitat Valenciana

El Decreto 220/2014, de 12 de diciembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de administración electrónica de la Comunitat Valenciana, queda modificado como sigue:

Único. Se modifica el apartado 1 del artículo 94 que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 94 El informe preceptivo. Procedimiento y requisitos

1. La aprobación o modificación de toda normativa reguladora de un procedimiento administrativo competencia de la Generalitat y de las bases reguladoras de ayudas o subvenciones, relativas a los sujetos referidos en el número 1 del artículo 2, requerirá informe preceptivo de coordinación informática con el fin de asegurar la regulación, la coordinación y la planificación de las consecuencias informáticas derivadas de dichos proyectos y actos. Dicho informe será emitido:

• a. Por el órgano directivo con competencias horizontales en materia de tecnologías de la información cuando el proyecto de norma comporte impactos tecnológicos transversales o que afecten o puedan afectar a aplicaciones de uso común en varias consellerias.
• b. Por los órganos directivos en materia de tecnologías de la información de las consellerias con competencias en materia de sanidad o educación si existieran cuando el proyecto de norma comporte un impacto tecnológico que afecte o pueda afectar únicamente a aplicaciones propias de los ámbitos sanitario o educativo no universitario.
• c. Por el órgano directivo con competencias horizontales en materia de tecnologías de la información y por los órganos directivos en materia de tecnologías de la información de las consellerias con competencias en materia de sanidad o educación cuando el proyecto de norma comporte impacto tecnológico que afecte o pueda afectar a aplicaciones de uso común en varias consellerias y a las propias de los ámbitos sanitario o educativo. En este supuesto ambos informes deberán estar coordinados para asegurar una planificación coherente y eficaz de las consecuencias informáticas derivadas de la entrada en vigor de las normas».

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TÍTULO VI
Medidas en materia de interior

Artículo 98 Modificación de la Ley 8/2012, de 23 de noviembre, por la que se regulan los organismos de certificación administrativa

La Ley 8/2012, de 23 de diciembre (sic), de la Generalitat, por la que se regulan los organismos de certificación administrativa queda modificada como sigue:

Uno. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 1, que quedan redactados de la siguiente manera:

«Artículo 1 Objeto y ámbito de aplicación

1. Es objeto de la presente norma la regulación de las condiciones, requisitos y funciones y la creación del registro de los organismos de certificación administrativa (OCA) que, con independencia del lugar de su domicilio, efectúen las funciones de comprobación, informe y certificación en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana.

2. El ámbito de actuación de los OCA atenderá a lo dispuesto en Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos, en la Ley 6/2014, de 25 de julio, de prevención, calidad y control ambiental de actividades en la Comunitat Valenciana y en el resto de normativa que les resulte aplicable.»

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Dos. Se modifica el apartado 1 y se añaden los nuevos apartados 3, 4 y 5 en el artículo 2, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 2 Concepto

1. A los efectos de esta norma, se entenderá por organismo de certificación administrativa (OCA) toda persona física o jurídica con capacidad de obrar que ejerza funciones de comprobación, informe y certificación dentro del ámbito de aplicación de la presente ley.

2. Los OCA, además de lo establecido en la presente ley sobre sus medios personales y materiales, deberán estar acreditados por organismo oficial para cada uno de los ámbitos y actuaciones que constituyan su contenido de actuación atendiendo a los requisitos y condiciones que disponga cada una de estos.

3. Los OCA, una vez atendido a lo indicado en el apartado anterior, deberán inscribirse en el registro oficial que se cree al efecto. Dicha inscripción tendrá carácter constitutivo.

4. Los OCA podrán comprobar y certificar todas o parte de las condiciones o ámbitos de control de los establecimientos, espectáculos, actividades, instalaciones y demás elementos que constituyan su objeto.

5. Las funciones de los OCA no sustituyen las potestades de comprobación propias de la administración. En este sentido, tanto la Administración local como la autonómica podrán, en cualquier momento, verificar las funciones y actuaciones desarrolladas por aquellos.»

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Tres. Se modifica la letra a) del apartado 2 del artículo 9, que queda redactada de la siguiente manera:

«Artículo 9 Funciones de los OCA

[…]

2. Son funciones de los OCA las siguientes:

• a) Realizar las comprobaciones, informes y certificaciones que constituyan su objeto, de acuerdo con lo establecido en la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos, y en la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de prevención, calidad y control ambiental de actividades en la Comunitat Valenciana y en el resto de normativa aplicable incluida en su ámbito de aplicación de acuerdo con lo indicado en el artículo 1 de esta Ley.

El informe derivado de la visita de comprobación deberá ir firmado por persona técnica competente de acuerdo con la titulación exigida.

El certificado derivado de la comprobación y el informe estará firmado por persona técnica competente que efectúe la comprobación y por la persona gerente o máxima responsable del OCA.

En el supuesto de los establecimientos regulados en el artículo 10 de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, y las actividades contenidas en los artículos 24 y 51 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de prevención, calidad y control ambiental de actividades en la Comunitat Valenciana, este certificado constituirá título habilitante suficiente a efectos de la apertura y funcionamiento de las actividades, instalaciones y establecimientos.»

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Cuatro. Se modifica el artículo 11, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 11 Supuestos de comprobación

Serán supuestos de comprobación, a los efectos de certificación por parte de los OCA a los que se refiere la presente norma, los referidos a condiciones de seguridad de utilización y accesibilidad en las actividades, establecimientos y espectáculos, protección contra incendios activa y pasiva, evacuación, dotaciones higiénico-sanitarias, aforo, compatibilidad urbanística, impacto ambiental si procede, contaminación acústica y seguridad industrial, sin perjuicio de lo indicado en el artículo 9, así como los demás elementos exigidos por la normativa sectorial para la apertura de los establecimientos públicos.»

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Cinco. Se modifica el artículo 13, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 13 Contenido mínimo del documento resumen emitido por el OCA

El contenido mínimo del documento resumen previsto en el artículo 9.2.b de esta ley es el siguiente:

• 1. Nombre, razón social y domicilio de las personas titulares o promotoras.
• 2. Emplazamiento del establecimiento, industria o instalación.
• 3. Objeto, actividad o espectáculo que se preste.
• 4. En su caso, aforo máximo del establecimiento.
• 5. El resto de los requisitos y condiciones consideradas esenciales según la tipología del establecimiento, industria o instalación.»

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Seis. Se modifica el apartado 1 del artículo 16, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 16 Incompatibilidades

1. En ningún caso, el OCA podrá tener relación de dependencia o asociación respecto a las personas, entidades o empresas que lo contraten, a los efectos del menoscabo de su capacidad o independencia profesional. Esta circunstancia será aplicable, asimismo, respecto a la persona redactora del proyecto de actividad, a la ejecutora de las obras y a las entidades u organismos de control en materia de contaminación acústica y seguridad industrial que, en su caso, se subcontraten, garantizándose que a título personal o societario el OCA o alguno de sus componentes no podrá ser coincidente o tener alguna relación de dependencia o intereses societarios con la persona técnica o sociedad redactora del proyecto o ejecutora de las obras. A tal efecto, se considerará que existe tal dependencia cuando se den las causas de abstención y recusación previstas en la normativa reguladora del régimen jurídico del sector público.»

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Siete. Se modifica el artículo 17, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 17 Control de los OCA

De acuerdo con lo indicado en esta norma, los órganos competentes de las administraciones local y autonómica podrán requerir al OCA, en cualquier momento, y a los efectos de la verificación y el control oportunos, información sobre la actividad objeto de certificación efectuada. El OCA deberá permitir el acceso de las personas representantes de la Administración autonómica o local a sus instalaciones y oficinas y facilitarles la documentación requerida.»

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Ocho. Se introduce una disposición transitoria, con la siguiente redacción:

«Disposición transitoria única

En tanto no se adapte el Decreto 7/2014, de 10 de enero, del Consell, a lo dispuesto en la presente ley, las entidades colaboradoras OCA podrán realizar las funciones previstas en la Ley 6/2014, de 25 de julio, de prevención, calidad y control ambiental de actividades de la Comunitat Valenciana.»

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TÍTULO VII
Medidas en materia de sanidad

CAPÍTULO I
Personal del Sistema Valenciano de Salud

CAPÍTULO II
Farmacia

Artículo 101 Modificación de la Orden de 1 de junio de 2000, de la Conselleria de Sanidad, por la que se regulan los botiquines farmacéuticos de la Comunitat Valenciana

La Orden de 1 de junio de 2000 de la Conselleria de Sanidad por la que se regulan los botiquines farmacéuticos de la Comunitat Valenciana, queda modificada como sigue:

Único. Se modifica el apartado 1 del artículo 4, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 4 Condiciones de funcionamiento de los botiquines

4.1. El local, dedicado a uso exclusivo del botiquín, será apropiado a su finalidad, dispondrá de una superficie mínima de 30 metros cuadrados, en el que deberá diferenciarse las zonas de dispensación y de almacenamiento, debiendo contar con las medidas adecuadas de seguridad y condiciones de almacenamiento y conservación de medicamentos.

En los municipios, entidades locales menores y pedanías, con población inferior a 500 habitantes, la superficie del local propuesto podrá ser de 20 metros cuadrados, pudiendo ser compartida la zona destinada a dispensación, con el local destinado al consultorio auxiliar del municipio siempre que no coincidan las actividades de ambos en el tiempo.»

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TÍTULO VIII
Medidas en materia de educación y empleo

CAPÍTULO I
Centros docentes

CAPÍTULO II
Trabajo, cooperativismo y seguridad laboral

Artículo 103 Modificación de la Orden 28/2016, de 28 de noviembre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a los sindicatos y organizaciones sindicales, en proporción a su representatividad, en el ámbito de la Comunitat Valenciana

La Orden 28/2016, de 28 de noviembre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a los sindicatos y organizaciones sindicales, en proporción a su representatividad, en el ámbito de la Comunitat Valenciana, se modifica como sigue:

Único. Se modifica la letra b) del apartado 1 del artículo 7, que queda redactada de la siguiente manera:

«Artículo 7 Documentación

1. Las solicitudes deberán acompañarse de los siguientes documentos:

[…]

b) Respecto de los resultados obtenidos en las elecciones a órganos de representación del personal al servicio de otras administraciones públicas en el ámbito territorial de esta comunidad autónoma, el total de representantes atribuidos a la solicitante se acreditará mediante certificado emitido, de oficio, por la Oficina Pública Autonómica de Registro de Actas de Elecciones Sindicales, respecto de los mandatos válidos vigentes y no prorrogados en la fecha indicada en el artículo 2 de las presentes bases, por lo que no deberá ser aportado por la persona solicitante.»

LE0000586165_20241210

Artículo 104 Modificación de la Orden 5/2020, de 10 de septiembre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se aprueban las bases reguladoras y se establece el procedimiento de concesión de las ayudas del Programa de fomento del trabajo autónomo en la Comunitat Valenciana

La Orden 5/2020, de 10 de septiembre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se aprueban las bases reguladoras y se establece el procedimiento de concesión de las ayudas del Programa de fomento del trabajo autónomo en la Comunitat Valenciana, modificada por la Orden 5/2023, de 10 de julio, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, se modifica como sigue:

Único. Se modifica el artículo 23 de la Orden 5/2020, de 10 de septiembre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se aprueban las bases reguladoras y se establece el procedimiento de concesión de las ayudas del Programa de fomento del trabajo autónomo en la Comunitat Valenciana, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 23 Documentación que debe acompañarse a la solicitud

1. La solicitud general de subvención y anexo I a la misma. Tras su respectiva cumplimentación ambos formularios web han de firmarse electrónicamente en el propio trámite telemático.

2. Para la tramitación de la ayuda es necesaria la siguiente documentación:

• a) Certificado de situación censal de actividades económicas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), en el que conste el domicilio fiscal y el lugar de desarrollo de la actividad de la persona solicitante, actualizado a fecha de la publicación de la correspondiente convocatoria. En el caso del autónomo/a colaborador/a, se aportará el certificado de situación censal de la persona trabajadora autónoma titular del negocio.
• b) Datos de domiciliación bancaria que, en todo caso, han de indicarse en el formulario web de solicitud general de subvención del trámite telemático.
  Deberá formalizarse a través del trámite telemático denominado “Procedimiento para tramitar las altas, modificaciones y bajas de las domiciliaciones bancarias (Domiciliación bancaria). Trámite automatizado», en el caso de que no se hayan presentado los datos de domiciliación bancaria con anterioridad ante la Generalitat, o si con posterioridad esos datos han experimentado cualquier variación.
• c) La documentación que, en su caso, permita a la persona solicitante acreditar que se encuentra en alguno de los supuestos incluidos en el artículo 19.1.a), conforme a lo que en ello se indique.

3. Si en el formulario web de estas ayudas, la persona interesada se opone o no autoriza a que el órgano instructor obtenga de forma directa el informe de vida laboral, el certificado de empadronamiento, actualizados a la fecha de la convocatoria, así como la declaración de IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) del ejercicio anterior a la fecha de la convocatoria, la persona interesada deberá anexar la citada documentación junto a la solicitud de subvención.

4. La persona solicitante deberá acompañar, así mismo, las declaraciones responsables relativas a los siguientes extremos:

• a) Cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 13 de la LGS para obtener la condición de persona beneficiaria de subvenciones públicas.
• b) Concurrencia de cualquier otra ayuda recibida o solicitada con el mismo objeto.
• c) Compromiso de comunicar cuantas solicitudes de subvención tramite en cualquier organismo público, relacionadas con la actividad subvencionada en la presente convocatoria, a partir de la fecha de solicitud.
• d) Ayudas recibidas o solicitadas en concepto de minimis durante los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso.
• e) Compromiso de comunicar las ayudas en concepto de minimis recibidas de cualquier organismo público a partir de la fecha de solicitud.

5. El órgano instructor podrá, así mismo, recabar en cualquier momento la documentación original o complementaria que considere necesaria para acreditar el exacto cumplimiento de las condiciones exigidas en las presentes bases reguladoras.»

LE0000675003_20241210

TÍTULO IX
Medidas en materia de agricultura, ganadería y pesca

CAPÍTULO I
Agricultura y ganadería

Artículo 105 Modificación de la Ley 5/2019, de 28 de febrero, de estructuras agrarias de la Comunitat Valenciana

La Ley 5/2019, de 28 de febrero, de estructuras agrarias de la Comunitat Valenciana, se modifica como sigue:

Único. Se modifica el apartado 6 del artículo 4, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 4 Definiciones

[…]

6. Persona agricultora profesional: la persona física que, siendo titular de una explotación agraria, obtenga al menos el 50 % de su renta total de actividades agrarias o de actividades agrarias complementarias, siempre y cuando la parte de renta procedente directamente de la actividad agraria realizada en su explotación no sea inferior al 25% de su renta total, el tiempo de trabajo dedicado a actividades agrarias o agrarias complementarias sea igual o superior a la mitad de una unidad de trabajo agrario (UTA), y que deberá estar dada de alta en el régimen de la seguridad social que le corresponda en función de su actividad agraria.»

LE0000639255_20250601

Artículo 106 Modificación del Decreto 99/2012, de 22 de junio del Consell, por el que se crea la Comisión Técnica de Seguridad de Balsas para Riego de la Comunitat Valenciana

El Decreto 99/2012, de 22 de junio del Consell, por el que se crea la Comisión Técnica de Seguridad de Balsas para Riego de la Comunitat Valenciana, queda modificado como sigue:

Uno. Se modifica el apartado 5 del artículo 3, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 3 Competencia y funciones de la Comisión

[…]

5. Conocer los planes de emergencia y normas de explotación aprobados por el órgano competente en materia de seguridad de balsas para riego.»

LE0000484423_20241210

Dos. Se modifica el apartado 1 del artículo 4, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 4 Composición de la Comisión

1. La Comisión Técnica estará presidida por la persona titular de la dirección general con competencias en materia de seguridad de balsas para riego de la Generalitat. Actuará como secretario o secretaria de la Comisión una de las personas vocales designadas por la persona titular de la dirección general con competencias en materia de seguridad de balsas para riego que para tal fin será nombrado/a por ésta.

La Comisión tendrá los siguientes vocales:

• a) Dos vocales que se designarán por la persona titular de la dirección general con competencias en materia de seguridad de balsas para riego.
• b) Dos vocales que se designarán por la persona titular de la dirección general con competencias en materia de protección civil y gestión de emergencias
• c) Dos vocales que se designarán por la persona titular de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.
• d) Dos vocales que se designarán por la persona titular de la Federación de Comunidades de Regantes de la Comunitat Valenciana.

Por cada una de las personas miembros de la Comisión se nombrarán las correspondientes personas miembros suplentes.

El régimen jurídico y actuación de la Comisión se ajustará a lo dispuesto en la sección tercera del capítulo II, del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.»

LE0000484423_20241210

Artículo 107 Modificación del Decreto ley 10/2024, de 24 de septiembre, del Consell, por el que se adoptan medidas urgentes de ayuda en materia agraria en respuesta al agravamiento de las condiciones del sector primario derivado del conflicto bélico en Ucrania y de las condiciones climatológica

El Decreto ley 10/2024, de 24 de septiembre, del Consell, por el que se adoptan medidas urgentes de ayuda en materia agraria en respuesta al agravamiento de las condiciones del sector primario derivado del conflicto bélico en Ucrania y de las condiciones climatológica, se modifica como sigue:

En el punto 4 del artículo 2. Ayudas directas a sectores ganaderos

Donde dice:

4. Las ayudas tendrán un importe global máximo a conceder de 2.000.000 euros,

Debe decir:

4. Las ayudas tendrán un importe global a conceder de 2.000.000 euros. No obstante lo anterior, este importe se podrá modificar tal como prevé el apartado 1 del artículo 5 del decreto ley.

En el punto 5 del artículo 2. Ayudas directas a sectores ganaderos

Donde dice:

5. La cuantía reflejada en el apartado anterior se distribuirá entre los beneficiarios de ayudas concedidas y abonadas en el 2023 en base al Real decreto ley 4/2023, de 11 de mayo, en los términos de cuantías estimadas de acuerdo con los siguientes criterios e importes máximos de acuerdo con el censo en ovino y caprino según la declaración censal anual del 2024 en REGA, y en el ganado bovino el censo que conste en el RIIA a fecha 1 de enero de 2024. El ajuste de la ayuda se realizará con los siguientes importes:

a) 84,22 euros por vaca de carne (nodriza).

b) 9,66 euros por oveja y cabra de carne.

c) 32,72 euros por vaca de leche.

d) 5,90 euros por oveja y cabra de leche.

No se concederán ayudas cuando el importe a percibir por beneficiario resulte inferior a los 200 euros. Asimismo, el importe máximo de la ayuda a percibir por beneficiario no podrá ser superior a 18.000 euros.

En caso de insuficiencia de crédito, se reducirán proporcionalmente los importes a percibir,

Debe decir:

• 5. La cuantía reflejada en el apartado anterior se distribuirá entre los beneficiarios de ayudas concedidas y abonadas en el 2023 en base al Real decreto ley 4/2023, de 11 de mayo, en los términos de cuantías estimadas de acuerdo con los siguientes criterios e importes máximos de acuerdo con el censo en ovino y caprino según la declaración censal anual del 2024 en REGA, y en el ganado bovino el censo que conste en el RIIA a fecha 1 de enero de 2024. El ajuste de la ayuda se realizará con los siguientes importes estimativos:
  • a) 84,22 euros por vaca de carne (nodriza).
  • b) 9,66 euros por oveja y cabra de carne.
  • c) 32,72 euros por vaca de leche.
  • d) 5,90 euros por oveja y cabra de leche.

No se concederán ayudas cuando el importe a percibir por beneficiario resulte inferior a los 200 euros. Asimismo, el importe máximo de la ayuda a percibir por beneficiario no podrá ser superior a 18.000 euros.

En caso de insuficiencia de crédito, se reducirán proporcionalmente los importes a percibir.

En el punto 1 del artículo 5. Financiación

Donde dice:

1. El importe global máximo de las ayudas a conceder derivadas de este decreto ley asciende a 17.000.000 euros con cargo a fondos propios de la Generalitat, con la siguiente distribución:

– 2.000.000 € para las ayudas al sector ganadero

–15.000.000 € para las ayudas al sector agrícola,

Debe decir:

• 1. El importe global máximo de las ayudas a conceder derivadas de este decreto ley asciende a 17.000.000 euros con cargo a fondos propios de la Generalitat, con la siguiente distribución:
  • – 2.000.000 € para las ayudas al sector ganadero
  • –15.000. 000 € para las ayudas al sector agrícola

No obstante, cualquier remanente de las ayudas de uno de los dos sectores, en su caso, podrá transferirse al importe global previsto para las ayudas del otro.

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CAPÍTULO II
Pesca

Artículo 108 Modificación del Decreto 41/2013, de 22 de marzo, del Consell, por el que se establecen las normas sobre la pesca marítima de recreo de la Comunitat Valenciana

El Decreto 41/2013, de 22 de marzo, del Consell por el que se establecen las normas sobre la pesca marítima de recreo de la Comunitat Valenciana queda modificado como sigue:

Único. Se modifica el artículo 14, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 14 Expedición de las licencias

1. Las solicitudes de expedición de las licencias y la documentación que las acompaña se presentarán preferentemente por medios electrónicos a través de la sede electrónica de la Generalitat, conforme a lo previsto en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

2. Las licencias para la pesca marítima de recreo desde tierra serán expedidas una vez presentada la solicitud y pagada la tasa que en su caso corresponda, pudiéndose realizar mediante actuaciones administrativas automatizadas, en los términos previstos en la normativa básica sobre régimen jurídico del sector público.

Las personas menores de edad que practiquen la pesca marítima de recreo desde tierra podrán realizar dicha actividad:

• a) Amparados por la licencia de la persona que ejerza la patria potestad y/o tutela cuando vayan acompañados de ésta.
• b) Amparados por una licencia a su nombre solicitada por el propio menor, con autorización expresa de la persona que ejerza la patria potestad y/o tutela, o bien, solicitada en representación del menor por la persona que ejerza dicha patria potestad y/o tutela.

3. Las licencias para la pesca marítima de recreo desde embarcación serán expedidas una vez presentada la solicitud y pagada la tasa que en su caso corresponda. La solicitud deberá ir acompañada de la documentación acreditativa de la titularidad o uso de la embarcación, del certificado del Registro marítimo español y del certificado de navegabilidad, o documentación equivalente.

4. Las licencias para la pesca marítima de recreo submarina serán expedidas una vez presentada la solicitud, junto con el certificado médico justificativo previsto en el artículo 10.2 del presente decreto, y pagada la tasa que en su caso corresponda.

5. Las licencias para la pesca marítima de recreo serán expedidas por la persona titular de la dirección territorial de la conselleria competente en materia de pesca marítima de recreo de la provincia en la que se tramiten, en el plazo de tres meses desde la presentación de la solicitud por parte de la persona interesada. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 24.1, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, el vencimiento del plazo máximo indicado anteriormente sin haberse dictado y notificado resolución expresa se entenderá como silencio administrativo negativo, dado que la estimación de dichas solicitudes implicaría un posible daño o afección sobre el medio ambiente.

6. Tendrán plenos efectos en la Comunitat Valenciana, para la modalidad o modalidades autorizadas, según la normativa que los establezca, las licencias de pesca marítima recreativa emitidas por otras comunidades autónomas, o por otros países de la Unión Europea, sin perjuicio de que sus titulares deban cumplir, en el ejercicio de la pesca recreativa en las aguas interiores de la Comunitat Valenciana, las disposiciones autonómicas que la regulen.»

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TÍTULO X
Medidas en materia de medio ambiente, infraestructuras y territorio

CAPÍTULO I
Calidad ambiental

Artículo 109 Modificación de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de prevención, calidad y control ambiental de actividades en la Comunitat Valenciana

La Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de prevención, calidad y control ambiental de actividades en la Comunitat Valenciana, queda modificada como sigue:

Uno. Se modifica el párrafo octavo del apartado V y el párrafo quinto del apartado VII del preámbulo, que quedan redactados de la siguiente manera:

«Preámbulo

[…]

V […]

Por ello, con la presente ley se pretende dar un paso más en cuanto a eficacia y racionalización de procedimientos, que precisen obtener la declaración de interés comunitario o, en su caso, la licencia urbanística municipal en relación con los usos y aprovechamientos urbanísticos, con carácter previo a la solicitud de autorización o licencia ambiental o a la formalización de los restantes instrumentos de intervención ambiental regulados en la ley.

[…]

VII […]

La ley regula también íntegramente el procedimiento de concesión de la licencia ambiental, aplicable a aquellas actividades no sujetas a autorización ambiental integrada, y cuya tramitación y resolución compete a los ayuntamientos. En dicho procedimiento se incluye un trámite de dictamen ambiental que debe preceder al otorgamiento de la licencia ambiental, dictamen que ha de emitir el propio ayuntamiento en el caso de municipios con población de derecho igual o superior a 50.000 habitantes. Dicho dictamen será también formulado por los ayuntamientos con población de derecho inferior a 50.000 e igual o superior a 10.000 habitantes, si bien se prevé, con carácter excepcional, que puedan solicitar su emisión por la dirección territorial con competencias en materia de medio ambiente, en el caso de carecer de medios personales y técnicos precisos para su emisión. Para los municipios de población inferior a 10.000 habitantes el dictamen ambiental lo emite la mencionada dirección territorial, salvo que se solicite, la delegación del ejercicio de dicha competencia en el caso que se acredite disponer de los medios personales y técnicos suficientes. El dictamen ambiental ha de completarse con el pronunciamiento del correspondiente ayuntamiento en las materias de su competencia»

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Dos. Se modifica el título y el contenido del artículo 7, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 7 Acceso a la información sobre instalaciones de la Comunitat Valenciana. Registro Ambiental de Instalaciones

1. El contenido de las autorizaciones ambientales integradas y las licencias ambientales será público, con las únicas excepciones relativas a la protección de datos y confidencialidad.

2. El órgano con competencias para el otorgamiento de la autorización ambiental integrada será el competente parala inscripción, gestión y mantenimiento del Registro Ambiental de Instalaciones de la Comunitat Valenciana.

Los ayuntamientos habilitarán un espacio en su página web donde se de publicidad a los instrumentos de intervención ambiental de su competencia, con actualización, revisión y/o modificación de las licencias y altas y bajas.

3. Será objeto de inscripción en el registro la siguiente información:

• a) Instalaciones y autorizaciones ambientales integradas otorgadas (con el contenido mínimo establecido en el anexo IV del Real decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas, o normas que los sustituyan) o, en su caso, actualización, revisión y/o modificación de la autorización, altas y bajas causadas en el registro.
• b) Las principales emisiones y los focos generadores de las mismas.
• c) Los informes de inspección medioambiental de las visitas “in situ» con las conclusiones pertinentes respecto al cumplimiento de las condiciones de la autorización ambiental integrada por parte de la instalación, así como las actuaciones en relación con cualquier ulterior actuación que fuera necesaria.
• d) El número de identificación medioambiental (Nima) generado en el procedimiento correspondiente previo a cualquier autorización ambiental.

4. La inscripción, así como las modificaciones y actualizaciones de los asientos que proceda efectuar se realizaron de oficio. La inscripción será objeto de cancelación cuando concurra cualquier causa de extinción del correspondiente instrumento de intervención ambiental, declarada por resolución firme en vía administrativa o resolución judicial firme.

5. Los titulares de las instalaciones con autorización ambiental integrada notificarán al órgano Sustantivo ambiental, al menos una vez al año los datos sobre las emisiones correspondientes a la instalación, con especificación de la metodología empleada en las mediciones, su frecuencia y los procedimientos empleados para evaluar las mediciones, y en todo caso la información incluida en la autorización concedida respecto a los valores límite de emisión.

6. La información regulada en este artículo será pública de acuerdo con lo previsto en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

7. Se habilitarán las herramientas precisas para la interoperabilidad del Registro Ambiental de Instalaciones de la Comunitat Valenciana con otros registros ambientales autonómicos, en particular en materia de residuos, emisiones a la atmósfera, compuestos orgánicos volátiles, e instalaciones sujetas a comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, con la finalidad de reducir cargas y evitar a los operadores económicos la remisión de información que ya obre en poder de la Administración.

[…]»

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Tres. Se modifica el título y el contenido del artículo 20, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 20 Órgano colegiado

1. Comisión de Análisis Ambiental Integrado

a) La Comisión de Análisis Ambiental Integrado es el órgano superior colegiado en materia de prevención y control ambiental, compuesto por representantes de los distintos órganos y administraciones públicas intervinientes en el procedimiento de autorización ambiental integrada, adscrito a la conselleria competente en materia de medio ambiente a través de la dirección general con competencias en prevención y control integrados de la contaminación y dependiente de esta.

b) Corresponde a la Comisión de Análisis Ambiental Integrado formular el dictamen ambiental del proyecto en su conjunto y elevar propuesta de resolución al órgano sustantivo ambiental competente para resolver el procedimiento de autorización ambiental integrada y, en su caso, revisión de la misma.

Son también funciones de esta comisión las siguientes:

• – En caso de modificación sustancial de la autorización ambiental integrada, las indicadas en el apartado b del presente artículo.
• – Evaluar y proponer las medidas a incluir en la autorización ambiental integrada para la concesión de excepciones temporales de los valores límite de emisión aplicables, en los casos en que proceda de conformidad con lo establecido en la normativa vigente en la materia.
• – Establecer los criterios de elaboración de los dictámenes ambientales de las direcciones territoriales y evacuar las consultas que les eleven.
• – Cualesquiera otras que guarden relación con el análisis ambiental del proyecto en su conjunto.

c) La Comisión de Análisis Ambiental Integrado podrá designar ponencias técnicas en su seno para la formulación de propuestas de dictamen ambiental.

2. Composición de la Comisión de Análisis Ambiental Integrado

La Comisión de Análisis Ambiental Integrado tendrá la siguiente composición:

• 1. Presidente: la persona titular de la dirección general de la conselleria con competencias en materia de prevención y control integrado de la contaminación.
• 2. Vicepresidente: el jefe de área o el subdirector con competencias en materia de prevención y control integrado de la contaminación.
• 3. Vocales:
  • a) Seis miembros de la conselleria con competencias en cada caso, que serán designados o designadas por la persona titular de la dirección general correspondiente, una persona de cada una de las siguientes áreas funcionales: residuos, atmósfera, aguas, impacto ambiental, inspección, además del jefe de servicio competente en materia de prevención y control integrado de la contaminación, que será quien actúe como secretario.
  • b) Una persona representante de la conselleria con competencias en materia de patrimonio cultural, designada por esta.
  • c) Una persona representante de la dirección general con competencias en materia de planificación y ordenación del territorio, designada por esta.
  • d) Una persona representante de la conselleria competente en materia de sanidad, designada por esta.
  • e) Una persona representante de la Confederación Hidrográfica del Júcar, designada por esta.
  • f) Una persona representante de la Confederación Hidrográfica del Segura, designada por esta.
  • g) Una persona representante de la Confederación Hidrográfica del Ebro, designada por esta.
  • h) Una persona representante de la conselleria competente en materia de agricultura y ganadería, designada por esta.
  • i) Una persona representante de la conselleria competente en materia de industria, designada por esta.
  • j) Una persona representante de la conselleria competente en materia de emergencias, designada por esta.
  • k) Una persona representante de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana.
• 4. En función de la naturaleza de las materias a tratar por la comisión, se podrá convocar a representantes de otros órganos que deban expresarse en orden a las competencias que tienen asignadas.

3. Régimen de suplencias

En los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, la persona titular de la presidencia será sustituida por la persona titular de la vicepresidencia o, en su caso, por una persona vocal de la comisión, según el orden establecido en el artículo 20.2.

En los supuestos de vacante, ausencia, o enfermedad, la persona titular de la secretaría será sustituida por una persona funcionaria de la administración general designada por la presidencia.

Las distintas administraciones con representación en la comisión designarán, en su caso, a las personas suplentes que deban intervenir en el caso de que, por motivos justificados, no pudieran acudir las personas miembros designadas.

4. Régimen de funcionamiento

El régimen de funcionamiento del órgano colegiado contemplado en el presente artículo será el previsto con carácter general por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, sin perjuicio de las normas de funcionamiento que puedan establecerse de acuerdo con el artículo 15.2 de dicha ley».

LE0000534353_20251230

Cuatro. Se modifica el apartado 1 del artículo 23, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 23 Certificación documental acreditada

1. Con la finalidad de agilizar los trámites de autorización ambiental integrada, con carácter previo a la presentación de la solicitud, podrá obtenerse Certificación Documental Acreditada de la documentación, emitida por los colegios profesionales, institutos tecnológicos de la Comunitat Valenciana (REDIT) y Entidades Colaboradoras en Materia de Calidad Ambiental, de acuerdo con el procedimiento que reglamentariamente se establezca. En defecto de este, se deberán suscribir los oportunos convenios con los colegios profesionales y los institutos tecnológicos.»

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Cinco. Se modifica el apartado 3 del artículo 37, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 37 Otros informes

[…]

3. En particular, si durante la tramitación del expediente de autorización ambiental integrada se observase alguna discrepancia entre el proyecto sometido a autorización y la declaración de interés comunitario, el órgano sustantivo ambiental remitirá copia del proyecto y solicitará del órgano competente en materia de urbanismo y ordenación del territorio la emisión de informe en el plazo máximo de veinte días.

El informe se pronunciará sobre la conformidad del proyecto con la declaración de interés comunitario emitida y, en su caso, la necesidad o no de su revisión y documentación que haya de presentar el solicitante a tal efecto.

La necesidad de revisión y los términos en que proceda efectuar la adecuación de la declaración de interés comunitario será comunicada por el órgano sustantivo ambiental a las personas interesadas en el procedimiento.»

LE0000534353_20251230

Seis. Se modifican los apartados 3 y 8 del artículo 46, que quedan redactados de la siguiente manera:

«Artículo 46 Modificación de la instalación

[…]

3. Cuando el titular considere que la modificación proyectada no es sustancial podrá llevarla a cabo, siempre que el órgano que hubiese otorgado la autorización ambiental integrada no manifieste lo contrario en el plazo de un mes, ni la modificación implique actividades que puedan dañar el medio ambiente. En caso de que sea necesaria una modificación de la autorización ambiental integrada, como consecuencia de la modificación no sustancial de la instalación, el órgano sustantivo ambiental publicará una reseña de la misma en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, indicando la dirección de la página web donde podrá ser consultada.

[…]

8. Cuando la modificación de una instalación suponga una disminución de su capacidad de producción hasta quedar por debajo de los umbrales del anexo I dejará de ser exigible la autorización ambiental integrada. El titular lo comunicará al órgano que otorgó la autorización ambiental integrada para que proceda a remitir al ayuntamiento copia del expediente instruido y de la resolución de autorización ambiental integrada otorgada, de lo cual se generará apunte en el Registro ambiental de instalaciones de la Comunitat Valenciana, hasta la obtención de la licencia ambiental o la formalización del instrumento de intervención ambiental correspondiente, que causará baja en el citado registro. Tales modificaciones serán objeto de publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Para la adaptación al régimen de intervención administrativa ambiental que corresponda, se estará a lo establecido en la disposición adicional sexta de la presente ley.»

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Siete. Se añade la letra j) al subapartado 2.1 del artículo 53, que queda redactada de la siguiente manera:

«Artículo 53 Solicitud

[…]

2. Documentación anexa a la solicitud.

2.1. La solicitud se acompañará, como mínimo, de la siguiente documentación, sin perjuicio de la que puedan establecer los ayuntamientos mediante ordenanza:

[…]

j) Número de identificación medioambiental (NIMA) obtenido con la presentación de la Comunicación previa al inicio de actividades de producción de residuos, para los residuos peligrosos y no peligrosos generados en la actividad.»

LE0000534353_20251230

Ocho. Se suprimen los apartados 2 y 3 del artículo 57 bis.

Nueve. Se modifican los apartados 2, 4 y 5, y se añaden los apartados 7 y 8 en el artículo 58, que quedan redactados de la siguiente manera:

«Artículo 58 Dictamen ambiental

[…]

2. En los municipios con población de derecho igual o superior a 50.000 habitantes, se procederá a ratificar la propuesta de dictamen ambiental emitida por un OCA, junto con el informe técnico de la administración competente, o el dictamen ambiental será elaborado por la ponencia de carácter técnico del ayuntamiento.

Dicho dictamen será también formulado por los ayuntamientos de municipios con población de derecho inferior a 50.000 habitantes y superior o igual a 10.000 habitantes. No obstante, excepcionalmente, cuando carezcan de medios personales y técnicos precisos para su emisión, podrán, bien solicitar que el dictamen ambiental sea formulado por la dirección territorial de la conselleria con competencias en materia de medio ambiente conforme a lo dispuesto en el apartado 4 del presente artículo, o bien ratificar la propuesta de dictamen ambiental emitida, por un OCA, junto con el informe del técnico de la administración competente.

[…]

4. En los municipios con población de derecho inferior a 10.000 habitantes el dictamen ambiental será emitido con carácter preceptivo por la dirección territorial de la conselleria con competencias en materia de medio ambiente, previo informe del ayuntamiento en que vaya a ubicarse la instalación o actividad en el que se valores la incidencia de la actividad sobre las materias que son de competencia municipal. Emitido este informe, se remitirá a la dirección territorial de la conselleria con competencias en materia de medio ambiente acompañando copia del expediente completo, incluyendo certificado acreditativo de la compatibilidad del proyecto con el planeamiento urbanístico y los informes sectoriales recabados por el ayuntamiento en calidad de órgano sustantivo para otorgar la licencia. La dirección territorial verificará que se han emitido las autorizaciones ambientales sectoriales o informes ambientales exigibles para el ejercicio de la actividad, efectuará un análisis ambiental del proyecto en su conjunto y emitirá dictamen ambiental, pudiendo determinar la imposición de medidas correctoras para garantizar las condiciones ambientales de la instalación o actividad objeto de licencia.

Cuando los municipios referidos en el presente apartado acrediten suficiencia de medios personales y técnicos, podrán solicitar la delegación del ejercicio de la competencia para la emisión del dictamen ambiental por los propios servicios técnicos municipales. La delegación deberá ser solicitada por el órgano competente del ayuntamiento conforme a la normativa básica de régimen local, y será remitida al Consell a través de la conselleria competente en materia de medio ambiente. La autorización de la delegación corresponderá al Consell, mediante decreto, a propuesta de la conselleria mencionada, debiendo publicarse en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Dicho decreto incluirá las medidas de control que se reserva la Generalitat.

5. En los casos en que la emisión del dictamen ambiental corresponda a la dirección territorial de la conselleria con competencias en materia de medio ambiente, este se emitirá en el plazo máximo de dos meses desde que reciba la documentación remitida por el ayuntamiento. Este plazo se entenderá suspendido cuando deba requerirse a la persona interesada para la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios, por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario.

[…]

7. El dictamen ambiental no será objeto de recurso, sin perjuicio de los que, en su caso procedan en vía administrativa y judicial, frente al acto por el que se autoriza el proyecto.

8. Cuando de la revisión del expediente se compruebe que no se han solicitado las autorizaciones o efectuado las comunicaciones o notificaciones en materia de residuos o contaminación atmosférica, se pondrá en conocimiento del órgano competente.»

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Diez. Se modifica el apartado 5 del artículo 60, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 60 Resolución y notificación

[…]

5. El ayuntamiento deberá notificar la resolución de licencia ambiental a las personas interesadas, a la dirección territorial con competencias en materia de medio ambiente cuando esta haya emitido o intervenido en la emisión del dictamen ambiental y, en su caso, al órgano competente en materia de accidentes graves cuando haya emitido informe vinculante en el procedimiento.»

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Once. Se modifica el apartado 9 del artículo 63, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 63 Modificación de la instalación

[…]

9. Cuando la modificación de una instalación suponga una disminución de su capacidad de producción hasta quedar por debajo de los umbrales del anexo II dejará de ser exigible la licencia ambiental, procediendo, por parte del ayuntamiento, a la adaptación al régimen de intervención ambiental que corresponda conforme a la disposición adicional sexta de la presente ley.»

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Doce. Se modifica la disposición adicional cuarta, que queda redactada de la siguiente manera:

«Disposición adicional cuarta Régimen aplicable a las instalaciones ganaderas

1. Debido a las características especiales de estas instalaciones, se excluye de la obligación de efectuar estudio acústico y auditoría recogida en la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de protección contra la contaminación acústica y el Decreto 266/2004, de 3 de diciembre, que la desarrolla parcialmente, o normas que las sustituyan.

2. En cuanto al análisis y evaluación de los proyectos técnicos presentados de instalaciones ganaderas porcinas, se deberán tener en cuenta para la autorización o licencia de nuevas instalaciones, modificaciones o ampliaciones, las siguientes condiciones:

• a) En municipios designados como zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes agrarias por parte del organismo competente autonómico, únicamente se podrán ampliar instalaciones existentes o autorizar nuevas en los siguientes casos:
  • i) Cuando los estiércoles generados se destinen a un gestor autorizado de residuos.
  • ii) Cuando practique la autogestión si se dispone de parcelas agrícolas suficientes para asumir la producción total de estiércoles, de acuerdo con la normativa vigente al objeto de no agravar la vulnerabilidad de la zona.
  • iii) Cuando se produzca la valorización de los estiércoles mediante agrocompostaje, producción de biogás u otros similares.
  • iv) Cuando concurra más de una de las causas anteriores.
• b) En municipios distintos de los designados como zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes agrarias por parte del organismo competente autonómico, se podrán ampliar instalaciones existentes o autorizar nuevas, aplicando las mejores técnicas disponibles de tratamiento de los estiércoles generados.

3. La conselleria competente en materia de ganadería, adoptará las medidas necesarias para incentivar la implantación de sistemas de geolocalización por GPS o similar en las cubas de aplicación de purines, así como el desarrollo de una aplicación de sistema de información geográfica para el ámbito de la Comunitat Valenciana que permita su seguimiento.

4. La Administración de la Generalitat, en el ámbito de sus competencias, promoverá el incremento de gestores autorizados de residuos que permitan valorizar de manera adecuada los estiércoles de la cabaña porcina en la Comunitat Valenciana, de forma sostenible desde la perspectiva ambiental y económica.

Los estiércoles podrán gestionarse de manera combinada con otros efluentes y residuos compatibles, de modo que generen las economías de escala suficientes que permitan el sostenimiento de las nuevas instalaciones de gestión de residuos, así como la sostenibilidad del sector ganadero porcino en la Comunitat Valenciana.

5. Las condiciones indicadas en el apartado 2 de esta disposición resultarán exigibles a partir del 1 de enero de 2023, con el fin de permitir la adaptación de los ganaderos a dichas restricciones.»

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Trece. Se suprime la disposición adicional octava.

Catorce. Se modifican los apartados 1 y 5 de la disposición adicional sexta, que quedan redactados de la siguiente manera:

«Disposición adicional sexta Cambio de régimen de intervención administrativa ambiental aplicable

1. Cuando en una instalación con autorización ambiental integrada concedida se produzca una modificación de las características o del funcionamiento, o cualquier reducción o disminución que implique que la actividad deje de alcanzar los umbrales de capacidad establecidos en el anexo I de la presente ley, y por tanto pase a estar sometida a un instrumento de intervención ambiental inferior, el titular lo comunicará al órgano que otorgó la autorización ambiental integrada para que proceda a remitir al ayuntamiento copia del expediente instruido y de la resolución de autorización ambiental integrada otorgada, generando apunte en el Registro ambiental de instalaciones de la Comunitat Valenciana.

En este caso, se conservarán por el ayuntamiento todos los trámites e informes realizados por el órgano autonómico con anterioridad a la remisión del expediente de concesión de la autorización ambiental integrada, si bien se realizará en los términos establecidos en el artículo 63, nuevo dictamen ambiental a los efectos de adaptar, en su caso, a las nuevas capacidades y características de la actividad las condiciones y medidas correctoras que se determinaron en la autorización ambiental integrada concedida. Hasta que transcurra el plazo de resolución de la licencia ambiental, la actividad continuará en funcionamiento amparada por la autorización ambiental integrada concedida, tras lo que se dictará resolución por la que se dejará sin efecto la autorización ambiental integrada. Realizada la adaptación al nuevo instrumento jurídico de intervención ambiental que proceda, el ayuntamiento lo comunicará al órgano sustantivo ambiental.

[…]

5. En el caso de instalaciones con autorización ambiental integrada otorgada conforme al anexo II de la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de prevención de la contaminación y calidad ambiental, la actividad podrá continuar en funcionamiento amparada por dicha autorización en tanto no se produzca ninguna modificación, ni en la actividad ni en el título habilitante, y no haya transcurrido el plazo de ocho años de vigencia contemplado en la citada ley. El transcurso de dicho plazo, así como cualquier modificación, ya sea de oficio o a instancia de la propia persona interesada, conllevará la obligatoriedad de adaptarse al nuevo régimen jurídico contemplado en la presente ley. Una vez iniciada la tramitación, hasta que transcurra el plazo de resolución de la licencia ambiental, las facultades de vigilancia, control, inspección y sanción se llevarán a cabo por la conselleria competente en medio ambiente de acuerdo con la presente ley. Transcurrido dicho plazo, se declarará la caducidad de la autorización ambiental integrada, siendo objeto de publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y dándose de baja en el Registro ambiental de instalaciones de la Comunitat Valenciana.»

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Quince. Se añade la disposición adicional undécima.

«Disposición adicional undécima Régimen aplicable al control preventivo de los Proyectos de Interés Autonómico

La admisión a trámite, por parte de la conselleria competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo, de una iniciativa, como Proyecto de Interés Autonómico, supondrá su sometimiento al régimen establecido en el título II de esta ley para autorizaciones ambientales integradas con despacho preferente y trámite de urgencia.»

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Dieciséis. Se modifica el apartado 2 de la disposición derogatoria única, que queda redactado de la siguiente manera:

«Disposición derogatoria única

[…]

2. Asimismo, quedan derogados:

• – El Decreto 54/1990, de 26 de marzo, del Consell, por el que se aprueba el nomenclátor de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.
• – Los anexos del Decreto 40/2004, de 5 de marzo, del Consell, que desarrollaba el régimen de prevención y control integrados de la contaminación en la Comunitat Valenciana, que permanecían en vigor en virtud de la disposición transitoria segunda del Decreto 127/2006, de 15 de septiembre, del Consell, por el que se desarrolla la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de la Generalitat, de prevención de la contaminación y calidad ambiental.
• – El Decreto 127/2006, de 15 de septiembre, del Consell, por el que se desarrolla la Ley 2/2006, de prevención de la contaminación y calidad ambiental.»

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Diecisiete. Se modifica el contenido del anexo II, que queda redactado de la siguiente manera:

«Anexo II.
Categorías de actividades sujetas a licencia ambiental

1. Industrias energéticas/energía.

1.1. Instalaciones de combustión con una potencia térmica nominal total superior a 2 MW y hasta 50 MW:

• a) Instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen ordinario o en régimen especial, en las que se produzca la combustión de combustibles fósiles, residuos o biomasa.
• b) Instalaciones de cogeneración, calderas, hornos, generadores de vapor o cualquier otro equipamiento o instalación de combustión existente en una industria, sea esta o no su actividad principal.

1.2. Generadores de vapor de capacidad superior a 4 toneladas por hora.

1.3. Generadores de calor de potencia superior a 2.000 termias por hora.

1.4. Instalaciones industriales, y de otros tipos, para la producción de energía eléctrica, vapor y agua caliente con una potencia térmica superior a 0,5 MW y hasta 50 MW.

1.5. Secado con lecho fluido, horno rotatorio y otros. Instalaciones con una potencia superior a 1.000 termias por hora.

1.6. Instalaciones cuya actividad principal sea el almacenamiento de productos petrolíferos o combustibles con una capacidad superior a 100 toneladas.

1.7. Instalaciones en las que exista almacenamiento a la intemperie de combustibles sólidos con una capacidad superior a 50 toneladas.

1.8. Fabricación de briquetas de hulla y de lignito, cuya actividad se realice con fines comerciales.

1.9. Producción de carbón vegetal cuando se trate de una actividad fija.

2. Producción y transformación de metales.

2.1. Producción de fundición o de aceros brutos (fusión primaria o secundaria), incluidas las correspondientes instalaciones de fusión continua de una capacidad de hasta 2,5 toneladas por hora.

2.2. Transformación de metales ferrosos:

• a) proceso de laminado en caliente con una capacidad de hasta 20 toneladas de acero en bruto por hora;
• b) proceso de forjado con martillos cuya energía de impacto sea hasta 50 kilojulios por martillo o cuando la potencia térmica utilizada sea hasta 20 MW;
• c) aplicación de capas de protección de metal fundido con una capacidad de tratamiento de hasta 2 toneladas de acero en bruto por hora.

2.3. Proceso de fundición de metales ferrosos con una capacidad de producción superior a 2 toneladas por día y hasta 20 toneladas por día.

2.4. Transformación de metales no ferrosos:

Fusión de metales no ferrosos, inclusive la aleación, incluidos los productos de recuperación y otros procesos en las fundiciones de metales no ferrosos (refinado, moldeado en fundición) con una capacidad de fusión de hasta 4 toneladas diarias para el plomo y el cadmio, y superior a 2 toneladas y hasta 20 toneladas diarias para todos los demás metales.

2.5. Tratamiento de superficie de metales y materiales plásticos por procesos electrolíticos o químicos, cuando el volumen de las cubetas utilizadas o de las líneas completas destinadas al tratamiento sea de hasta 30 m³.

2.6. Tratamiento de escoria siderúrgica y de fundición, cuya actividad se realice con fines comerciales.

2.7. Preparación, almacenaje a la intemperie, carga, descarga y transporte de minerales dentro de las plantas metalúrgicas.

2.8. Electrólisis de zinc.

2.9. Instalaciones para el aislamiento o el recubrimiento de hilos, superficies y conductores de cobre o similares, mediante resinas o procesos de esmaltado.

2.10. Aleaciones de metal con inyección de fósforo.

2.11. Forja, estampación, embutición de metales, sinterización, troquelado, corte y repulsado a cuya actividad se realice con fines comerciales.

2.12. Decapado de piezas metálicas a cuya actividad se realice con fines comerciales mediante procesos térmicos.

2.13. Fabricación de armas y/o municiones.

2.14. Fabricación de electrodomésticos.

2.15. Fabricación de acumuladores eléctricos, pilas y baterías.

2.16. Fabricación de maquinaria y/o productos metálicos diversos, incluidos elementos estructurales.

2.17. Fabricación de calderería (cisternas, recipientes, radiadores, calderas de agua caliente y generadores de vapor).

2.18. Fabricación de materiales, maquinaria y equipos eléctricos, electrónicos y ópticos, joyería y bisutería a cuya actividad se realice con fines comerciales.

2.19. Fabricación de motores, vehículos a motor y similares.

2.20. Instalaciones para la construcción y la reparación de aeronaves.

2.21. Instalaciones de construcción y reparación naval.

2.22. Fabricación de material ferroviario móvil.

3. Industrias minerales.

3.1. Producción de cemento y/o clínker en hornos rotatorios, producción de cal y/o yeso en hornos, y producción de óxido de magnesio en hornos, sea cual sea su capacidad de producción, siempre que no se encuentre incluida en el anexo I.

3.2. Fabricación de vidrio incluida la fibra de vidrio, con una capacidad de fusión de hasta 20 toneladas por día.

3.3. Fundición de materiales minerales, incluida la fabricación de fibras minerales con una capacidad de fusión superior a 1 tonelada por día y hasta 20 toneladas por día.

3.4. Fabricación de productos cerámicos mediante horneado, en particular de tejas, ladrillos, ladrillos refractarios, azulejos, gres cerámico o productos cerámicos ornamentales o de uso doméstico no incluidos en el anexo I.

3.5. Explotaciones y frentes de una misma autorización o concesión a cielo abierto de yacimientos minerales y demás recursos geológicos de las secciones A, B, C y D cuyo aprovechamiento está regulado por la Ley de Minas y normativa complementaria, cuando se dé alguna de las circunstancias siguientes:

• a) Explotaciones de sustancias que puedan sufrir alteraciones por oxidación, hidratación, etc., y que induzcan, en límites superiores a los incluidos en las legislaciones vigentes, a acidez, toxicidad u otros parámetros en concentraciones tales que supongan riesgo para la salud humana o el medio ambiente, como las menas con sulfuros, explotaciones de combustibles sólidos, explotaciones que requieran tratamiento por lixiviación in situ y minerales radiactivos.
• b) Explotaciones que se hallen ubicadas en terreno de dominio público hidráulico o en zona de policía de un cauce cuando se desarrollen en zonas especialmente sensibles, designadas en aplicación de las Directivas 79/409/CEE y 92/43/CEE, o en humedales incluidos en la lista del Convenio Ramsar.

3.6. Actividades extractivas e instalaciones de los recursos explotados no incluidas en los epígrafes anteriores.

3.7. Extracción de petróleo y gas natural con fines comerciales.

3.8. Instalaciones industriales en el exterior para la extracción de carbón, minerales y pizarras bituminosas.

3.9. Instalaciones de atomización de productos minerales.

3.10. Extracción de sal marina.

3.11. Fabricación de hormigón y/o elementos de hormigón, yeso y cemento.

3.12. Fabricación de productos de fibrocemento.

3.13. Plantas de aglomerado asfáltico.

3.14. Plantas de preparación y ensacado de cementos especiales y/o morteros.

3.15. Almacenaje de productos pulverulentos o granulados, con una capacidad superior a 1.000 toneladas.

3.16. Corte, aserrado y pulido por medios mecánicos de rocas y piedras, con una capacidad de producción superior a 50 Toneladas por día.

3.17. Fabricación de materiales abrasivos a base de alúmina, carburo de silicio y otros productos similares.

3.18. Tratamientos superficiales de vidrio, por métodos químicos.

3.19. Actividades de clasificación y tratamiento de áridos cuando la actividad se desarrolla fuera del recinto minero.

3.20. Fabricación de elementos para la construcción no incluidos en otro epígrafe específico.

4. Industria química.

4.1. Instalaciones químicas para la fabricación de biocombustibles, cuya actividad se realice con fines comerciales.

4.2. Fabricación de pinturas, tintas, lacas, barnices y revestimientos similares a partir de productos químicos de base, cuya actividad se realice con fines comerciales.

4.3. Fabricación de mezclas bituminosas a base de asfalto, betún, alquitranes y breas.

4.4. Fabricación de jabones, detergentes y otros productos de limpieza y abrillantado, cuya actividad se realice con fines comerciales.

4.5. Fabricación de perfumes y productos de belleza e higiene, cuya actividad se realice con fines comerciales.

4.6. Fabricación de material fotográfico virgen y preparados químicos para la fotografía.

4.7. Fabricación de productos de materias plásticas termoestables.

4.8. Tratamiento químico de aceites y grasas.

4.9. Fabricación, extracción y/o preparación de otros productos químicos no incluidos en otros epígrafes de este anexo ni en el anexo I.

5. Gestión de residuos.

5.1. Instalaciones de valorización y/o eliminación de residuos peligrosos y/o no peligrosos no incluidos en el anexo I, excluyendo las incluidas en el Real Decreto ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas.

5.2. Instalaciones para el almacenamiento de residuos, peligrosos y/o no peligrosos, no incluidas en el anexo I, excluido el almacenamiento temporal en espera de recogida en el lugar en que el residuo es generado (almacenamiento en el ámbito de la producción).

Se excepcionan de lo anterior las instalaciones denominadas “áreas de aportación» previstas en la normativa sectorial de residuos para el almacenamiento temporal de residuos no peligrosos en espera de recogida, con una capacidad máxima de almacenamiento de 60 m³, que se sujetan a declaración responsable ambiental.

5.3. Instalaciones de tratamiento de deyecciones ganaderas líquidas (purines) por incineración o coincineración, compostaje, eliminación en vertedero o utilización en planta de biogás.

5.4. Cualesquiera otras instalaciones de tratamiento de residuos no incluidas en los epígrafes anteriores ni en el anexo I.

6. Industria del papel, cartón, corcho, madera y muebles.

6.1. Fabricación, cuya actividad se realice con fines comerciales, de:

• a) Papel o cartón con una capacidad de producción superior a 5 y hasta 20 toneladas diarias.
• b) Tableros derivados de la madera: tableros de virutas de madera orientadas, tableros aglomerados o tableros de cartón comprimido, con una capacidad de producción de hasta 600 m³ diarios.

6.2. Producción y tratamiento de celulosa con una capacidad de producción de hasta 20 toneladas diarias, cuya actividad se realice con fines comerciales.

6.3. Elaboración de productos de papel y cartón con una capacidad de producción de más de 20 toneladas al día.

6.4. Fabricación de celofán y linóleos, cuya actividad se realice con fines comerciales.

6.5. Aserrado, despiece y preparación industrial de la madera y del corcho.

6.6. Impregnación o tratamiento de la madera con aceite de creosota o alquitrán u otros conservantes no incluidos en otros epígrafes.

6.7. Fabricación de muebles en instalaciones con una superficie superior a 2.500 m².

6.8. Fabricación de chapas, tablones y demás elementos de madera, cuya actividad se realice con fines comerciales, no incluidos en otros epígrafes.

6.9. Fabricación de artículos diversos de junco, caña, corcho, cestería, brochas, cepillos, etc., cuya actividad se realice con fines comerciales.

6.10. Acabado de muebles y elementos de madera, junco, caña, corcho, cestería, brochas, cepillos, etc., (barnizado, tapizado, dorado, pintado, etc.), cuya actividad se realice con fines comerciales.

7. Industria textil.

7.1. Tratamiento previo (operaciones de lavado, blanqueo, mercerización) o para el tinte de fibras textiles o de productos textiles, cuando la capacidad de tratamiento sea superior a 2 y hasta 10 toneladas diarias.

8. Industria del cuero.

8.1. Curtido de cueros y pieles con capacidad de tratamiento de hasta 12 toneladas de productos acabados por día.

8.2. Talleres de confección de artículos de cuero, piel y similares con una superficie superior a 1.000 m².

9. Industrias agroalimentarias y explotaciones ganaderas.

9.1. Mataderos con una capacidad de producción de canales superior a 2 y hasta 50 toneladas por día.

9.2. Tratamiento y transformación, distintos del mero envasado, de las siguientes materias primas, tratadas o no previamente, destinados a la producción de alimentos o piensos procedentes de:

• i) solo materia prima animal (que no sea exclusivamente la leche), con una capacidad de producción de productos acabados superior a 10 toneladas por día y hasta 75 toneladas por día,
• ii) solo materia prima vegetal, con una capacidad de producción de productos acabados superior a 5 toneladas por día y hasta 300 toneladas por día, o 600 toneladas por día en caso de que la instalación funcione durante un período no superior a 90 días consecutivos en un año cualquiera,
• iii) materias primas animales y vegetales, tanto en productos combinados como por separado, con una capacidad de producción de productos acabados en toneladas por día hasta:
  • – 75 si A es igual o superior a 10, o
  • – [300 – (22,5 × A)] en cualquier otro caso, donde A es la porción de materia animal (en porcentaje del peso) de la capacidad de producción de productos acabados.

El envase no se incluirá en el peso final del producto.

La presente subsección no será de aplicación cuando la materia prima sea solo leche.

Materia prima animal (porcentaje de capacidad de producción de productos acabados)

9.3. Tratamiento y transformación de leche solamente, cuando la cantidad de leche recibida sea superior a 2 y hasta 200 toneladas por día (valor medio anual).

9.4. Eliminación o aprovechamiento de canales o desechos de animales con una capacidad de tratamiento igual o inferior a 10 toneladas por día.

9.5. Instalaciones para la cría intensiva de aves de corral o de cerdos que dispongan:

• a) entre 2.000 y hasta 40.000 plazas para aves de corral si se trata de gallinas ponedoras o del número equivalente para otras orientaciones productivas de aves;
• b) de más de 800 y hasta 2.000 plazas para cerdos de cría de más de 30 kg;
• c) de más de 800 y hasta 2.500 plazas para cerdos de cría de más de 20 kg;
• d) de más de 280 y hasta 750 plazas para cerdas;
• e) de más de 200 y hasta 530 plazas para cerdas en ciclo cerrado (530 cerdas en ciclo cerrado equivalen a las 750 reproductoras);
• f) de más de 75 UGM (1 UGM = 1 plaza de vacuno de leche).

En el caso de explotaciones mixtas, en las que coexistan animales de los apartados b a e de este epígrafe, el número de animales para considerar la inclusión de la instalación en este anexo se determinará de acuerdo con las equivalencias en Unidad Ganadera Mayor (UGM) de los distintos tipos de ganado porcino, recogidas en el anexo I del Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas, o norma que le sustituya.

9.6. Instalaciones para la cría intensiva de otros animales que alberguen:

• – Plazas de lechones a partir de 1.500 plazas inclusive.
• – Plazas de vacuno de engorde por encima de 100 plazas.
• – Plazas de vacuno de leche por encima de 75 plazas.
• – Plazas de ovino y/o caprino por encima de 500 plazas.
• – Plazas de equino por encima de 75 plazas.
• – Plazas de conejos por encima de 10.000 plazas.
• – Plazas de cualquier otra especie animal, incluso instalaciones mixtas de la misma o diferente especie, no especificadas en los anteriores epígrafes, a partir de 75 unidades ganaderas mayores (UGM) (1 UGM = 1 plaza de vacuno de leche).

9.7. Instalaciones para la acuicultura intensiva (excluidas las instalaciones de mar abierto) que tenga una capacidad de producción superior a 25 toneladas año.

9.8. Instalaciones para el almacenamiento o acondicionamiento de materias fecales y otras enmiendas orgánicas independientes de la actividad principal, con superficie superior a 100 m².

9.9. Tratamiento, manipulación y procesado de productos del tabaco, con una capacidad de producción superior a 1 tonelada por día.

9.10. Desmontaje de algodón, cuya actividad se realice con fines comerciales.

9.11. Tratamiento y transformación de materia prima animal y/o vegetal no incluidos en otros epígrafes con una capacidad de producción superior a 10 toneladas por día.

9.12. Almazaras e instalaciones para elaborar grasas y aceites vegetales y/o animales, cuya actividad se realice con fines comerciales.

9.13. Instalaciones para la elaboración de vino, cuya actividad se realice con fines comerciales.

9.14. Instalaciones para la elaboración de cerveza y/o malta cervecera, cuya actividad se realice con fines comerciales.

9.15. Instalaciones para la obtención de féculas, harina o aceite de pescado, cuya actividad se realice con fines comerciales.

9.16. Instalaciones para elaborar confituras y almíbares, cuya actividad se realice con fines comerciales.

9.17. Instalaciones para el secado de grano y otras materias vegetales por medio de procedimientos artificiales, cuya actividad se realice con fines comerciales

10. Consumo de disolventes.

10.1. Tratamiento de superficie de materiales, de objetos o productos con utilización de disolventes orgánicos, en particular para aprestarlos, estamparlos, revestirlos y desengrasarlos, impermeabilizarlos, pegarlos, laquearlos, limpiarlos o impregnarlos, con una capacidad de consumo de disolventes orgánicos igual o inferior al establecido en el anexo I.

11. Conservación de maderas y productos derivados.

11.1. Conservación de la madera y de los productos derivados de la madera utilizando productos químicos, con una capacidad de producción igual o inferior a 75 m³ diarios, distinta del tratamiento para combatir la albura exclusivamente.

12. Proyectos de gestión del agua.

12.1. Instalaciones de desalación o desalobración de agua excluyendo las de interés comunitario.

13. Otras actividades no incluidas en epígrafes anteriores.

13.1. Aquellas actividades que requieran autorización sectorial, de cualquier otra administración, previa a la apertura, como las siguientes:

• 13.1.1. Las actividades sujetas a previa evaluación de impacto ambiental de acuerdo con los dispuesto en la normativa estatal y autonómica, a excepción de las infraestructuras hidráulicas de interés comunitario.
• 13.1.2. Actividades sujetas a la aplicación del Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban las medidas de control de riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.
• 13.1.3. Actividades e instalaciones que se pretendan implantar en la zona de servidumbre de protección que requieran autorización de acuerdo con la legislación estatal de costas.
• 13.1.4. Las actividades que se pretendan implantar en edificios que estén catalogados o en trámite de catalogación como bien de interés cultural e impliquen cambio de uso.
• 13.1.5. Actividades relacionadas en el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes.
• 13.1.6. Las actividades sujetas a autorización previa de la Delegación del Gobierno por estar comprendido en el control de explosivos y armas.
• 13.1.7. Actividades sujetas a autorización previa relacionadas como actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
• 13.1.8. Cualquier otra que por la legislación estatal o autonómica exigiese autorización sectorial previa.

No obstante, las actividades relacionadas anteriormente podrán tramitarse mediante el procedimiento de declaración responsable ambiental si junto a dicha declaración y la documentación exigible la persona interesada aportase la correspondiente autorización o instrumento de intervención sectorial previa.

13.2. Por implicar cierto grado de riesgo, estarán también sometidas a licencia ambiental las siguientes:

• 13.2.1. Actividades con carga térmica ponderada superior a 200 Mcal/m² (800 MJ/ m² según CTE DB-SI y RSIEI 800 MJ/m²).
• 13.2.2. Comercios y grandes almacenes de superficie comercial superior a 2.500 m².
• 13.2.3. Actividades de uso hospitalario (hospitales, clínicas, centros de asistencia primaria u otros establecimientos sanitarios) cuya altura de evacuación sea superior a 20 metros o la superficie total construida sea mayor de 2.000 m².
• 13.2.4. Actividades de uso administrativo cuya altura de evacuación sea superior a 28 metros o la superficie total construida sea mayor de 5.000 m².
• 13.2.5. Actividades de uso docente cuya altura de evacuación sea superior a 28 metros o la superficie total construida sea mayor de 5.000 m².
• 13.2.6. Actividades de uso residencial público (residencias y centros de día) cuya altura de evacuación sea superior a 28 metros o la superficie total construida sea mayor de 1.500 m².
• 13.2.7. Hoteles, establecimientos de alojamiento turístico rural, bloques y conjuntos de apartamentos turísticos, establecimientos de restauración y establecimientos de turismo, cuya altura de evacuación sea superior a 28 metros o la superficie total construida sea mayor de 1.500 m², salvo que se incluyan en normativa específica.
• 13.2.8. Cualquier otra que por la legislación estatal o autonómica así se determine.

13.3. [Suprimido]

13.4. Otras actividades.

13.4.1. Aplicación, a cuya actividad se realice con fines comerciales, de barnices no grasos, pinturas, lacas y tintes de impresión sobre cualquier soporte, y la cocción y el secado correspondientes.

13.4.2 Instalaciones de lavado con disolventes clorados que utilizan más de 1 tonelada por año de estos disolventes.

13.4.3. Fabricación de hielo, cuya actividad se realice con fines comerciales.

13.4.4. Envasado en forma de aerosoles que utilicen, como propelente, gases licuados del petróleo.

13.4.5. Talleres y/o instalaciones en las que se realicen operaciones de pintura y/o tratamiento de superficies.

13.4.6. Venta al detalle de carburantes/estaciones de servicio.

13.4.7. Industria de manufactura de caucho y similares.

13.4.8. Laboratorios de análisis y de investigación con una superficie superior a 75 m² (excluyendo despachos, almacenes y otras áreas auxiliares).

13.4.9. Laboratorios industriales de fotografía.

13.4.10. Hornos crematorios

13.4.11. Campings y similares.

13.4.12. Lavanderías industriales.

13.4.13. Instalaciones para la limpieza en seco, con una superficie superior a 500 m².

13.4.14. Fabricación de circuitos integrados y circuitos impresos.

13.4.15. Instalaciones y actividades para la limpieza de vehículos utilitarios.

13.4.16. [Suprimido]

13.4.17. Depuración de gas natural.

13.4.18. Depuradoras de aguas residuales no incluidas en el anexo I, excluidas las estaciones depuradoras de aguas residuales de interés comunitario.

13.4.19. Fabricación de lámparas y material de alumbrado, cuya actividad se realice con fines comerciales.

13.4.20. Plantas embotelladoras, envasadoras, y/o dosificadoras, cuya actividad se realice con fines comerciales.

13.4.21. Impresión gráfica y/o edición, cuya actividad se realice con fines comerciales.

13.4.22. Instalaciones para el lavado y engrase de camiones, vehículos pesados y maquinaria industrial.

13.4.23. Actividad de explotación para el estacionamiento de camiones, vehículos pesados y maquinaria industrial.»

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