Ley 11/2026, de 9 de julio, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público

«3.6. Otros servicios facultativos:

• 3.6.1. Por informes y certificados relacionados con los análisis de los productos: 133,76 euros.
• 3.6.2. Por dictámenes sobre productos: 292,82 euros.
• 3.6.3. Por el registro y la autorización de laboratorios privados: 157,34 euros.
• 3.6.4. Por la inspección periódica de laboratorios: 114,30 euros.»

«12. Para los servicios correspondientes al control y la supervisión de la expedición del pasaporte para desplazamientos, sin ánimo comercial, de perros, gatos y hurones, previstos por el Reglamento UE 576/2013, del Parlamento y del Consejo, de 12 de junio de 2013, relativo a los desplazamientos sin ánimo comercial de animales de compañía: 7,75 euros.»

• «a) Transportistas con carácter comercial o lucrativo:
  • – 20,85 euros por la tramitación de la solicitud de inscripción inicial, la tramitación de la solicitud de la inscripción para la modificación de los datos registrales del transportista y por la emisión de duplicados de la autorización de transportista.
  • – 10,40 euros por la tramitación de la solicitud de inscripción de renovación.»

• «b) Medios de transporte por carretera:
  • – 10,30 euros por la tramitación de la solicitud de inscripción inicial, por la modificación de los datos registrales y por la renovación de los medios de transporte que realizan trayectos con carácter comercial o lucrativo de hasta 8 horas.
  • – 100,00 euros por la tramitación de la solicitud de inscripción inicial, por la modificación de los datos registrales y por la renovación de los medios de transporte que realizan trayectos con carácter comercial o lucrativo de más de 8 horas.
  • – 10,30 euros por la emisión de duplicados de los certificados de aprobación de los medios de transporte.»

«Capítulo XVII

Tasa por la autorización de los centros de distribución e inspección para verificar el cumplimiento de las buenas prácticas de distribución y por la autorización de los centros de dispensación de medicamentos veterinarios»

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los servicios administrativos relativos a la autorización de los centros de distribución e inspección para verificar el cumplimiento de las buenas prácticas de distribución y para la autorización de los centros de dispensación de medicamentos veterinarios.»

La cuota de la tasa es la siguiente:

• 1. Por la autorización e inspección para verificar las buenas prácticas de distribución de centros de distribución de medicamentos veterinarios:
  • 1.1. Autorización e inspección inicial del almacén para verificar el cumplimiento de las buenas prácticas de distribución: 300 euros.
  • 1.2. Inspecciones ulteriores periódicas para evaluar el cumplimiento de las buenas prácticas de distribución: 200 euros.
• 2. Por la autorización de comerciales minoristas de medicamentos veterinarios: 51,50 euros.»

«Capítulo VI
Tasa por la prestación de los servicios de resultados específicos por la explotación de estadísticas de interés de la Generalidad y de atención a la investigación y evaluación de políticas públicas

Artículo 6.6-1 Hecho imponible

Constituyen el hecho imponible de la tasa el servicio de resultados específicos de estadísticas de interés de la Generalidad, en los términos establecidos por el artículo 19.c de la Ley 23/1998, de 30 de diciembre, de estadística de Cataluña, y el servicio de atención a la investigación y evaluación de políticas públicas en los términos establecidos por el artículo 30.2 de la Ley 23/1998, de 30 de diciembre, de estadística de Cataluña.

Artículo 6.6-2 Sujeto pasivo

Son sujetos pasivos de esta tasa las personas físicas o jurídicas que solicitan el servicio.

Artículo 6.6-3 Exenciones

Están exentos de pagar la tasa los órganos estatutarios y la Administración de la Generalidad y los órganos, organismos y entes públicos que dependen de ella o están vinculados a ella, así como los centros de investigación adscritos a las universidades públicas de Cataluña.

Artículo 6.6-4 Bonificaciones

Pueden disfrutar de una bonificación del 50% de la cuota resultante las otras administraciones públicas de Cataluña y los entes que dependen de estas administraciones o que están vinculados a las mismas.

Artículo 6.6-5 Acreditación

La tasa se acredita en el momento de realización del hecho imponible y es exigible cuando el Instituto de Estadística de Cataluña entrega la información solicitada.

Artículo 6.6-6 Cuota

La cuota de la tasa se determina multiplicando las horas de dedicación del personal estadístico a la prestación del servicio solicitado por el precio hora de dedicación del personal estadístico, que es de 68,20 euros por hora.»

«7 bis.2-1. Hecho imponible

1. Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de servicios y la realización de actuaciones administrativas de inspección a las empresas prestadoras de servicios básicos, de acuerdo con la definición dada por el artículo 251-2 de la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de consumo de Cataluña, en relación con las reclamaciones recibidas durante el año natural en la Agencia Catalana del Consumo. Se excluyen las reclamaciones que no hayan sido presentadas previamente por la persona consumidora en la empresa prestadora de servicios básicos.

2. La actividad inspectora consiste en la verificación, control y supervisión de la actividad llevada a cabo por la empresa prestadora de servicios básicos en la gestión de las reclamaciones formuladas por las personas consumidoras en relación con la observancia de las obligaciones de atención que establece la normativa vigente en materia de consumo. A partir de las primeras cincuenta reclamaciones recibidas durante el año natural en la Agencia Catalana del Consumo, presentadas contra una misma empresa prestadora de servicios básicos, habrá que realizar las inspecciones que sean necesarias para la comprobación de la gestión de todas las reclamaciones recibidas dentro del año natural.»

«6. Tarifas para usos comerciales de las reproducciones

En caso de que el usuario o usuaria destine las reproducciones de documentos a un uso comercial, debe pagar al archivo correspondiente, además de las tarifas de reproducción, las establecidas por este apartado, si es titular de los derechos de explotación. Si el contrato de cesión de derechos de explotación al archivo correspondiente establece alguna remuneración para el autor o autora del documento, el usuario o usuaria debe satisfacer esta remuneración directamente al autor o autora.

6.1. Fotografía, documentación textual y documentación gráfica

Uso editorial y exposiciones: 31,90 euros.

Páginas web: 31,90 euros.

Producciones audiovisuales: 47,80 euros.

Uso publicitario: 159,20 euros.

6.2. Imagen móvil, audiovisual

Uso editorial y exposiciones: 63,70 euros/minuto.

Páginas web: 63,70 euros/minuto.

Producciones audiovisuales: 79,65 euros/minuto.

Uso publicitario: 159,20 euros/minuto.

6.3. Sonido

Uso editorial y exposiciones: 31,90 euros/minuto.

Páginas web: 31,90 euros/minuto.

Producciones audiovisuales: 47,80 euros/minuto.

Uso publicitario: 79,65 euros/minuto.

A las entidades sin ánimo de lucro se les aplica una bonificación del 25% en las tasas para usos comerciales. A los medios públicos de comunicación se les aplica una bonificación del 50% en las tasas para usos comerciales si la finalidad del uso de las reproducciones solicitadas es la difusión y divulgación de los fondos y las actividades relacionadas con el Archivo Nacional de Cataluña.»

«Capítulo XII
Tasa por la utilización de espacios en inmuebles de dominio público asignados al Departamento de la Presidencia o a las entidades adscritas a este departamento

Artículo 8.12-1 Hecho imponible

Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización privativa de espacios en inmuebles de dominio público asignados al Departamento de la Presidencia o a las entidades adscritas a este departamento por la realización de reportajes fotográficos, filmaciones, grabaciones sonoras, ferias, congresos, actos protocolarios, desfiles de moda, reuniones, cursos, seminarios, coloquios, conferencias, presentaciones y otros usos similares.

Artículo 8.12-2 Sujetos pasivos

Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas, las personas jurídicas, las comunidades de bienes y otras entidades que, sin tener personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado, que sean titulares de autorizaciones de uso de espacios en inmuebles de dominio público asignados al Departamento de la Presidencia o a las entidades adscritas a este departamento, independientemente de la posterior utilización de estos espacios, en los términos establecidos por el artículo 8.12-1.

Artículo 8.12-3 Exenciones

Quedan exentos del pago de la tasa los departamentos de la Administración de la Generalidad y los entes que integran la Administración local de Cataluña, así como los organismos autónomos administrativos y las fundaciones del sector público de cada una de estas administraciones públicas, y también las entidades sin ánimo de lucro si el acto o la actividad que debe llevarse a cabo tiene fines sociales o de interés general.

Artículo 8.12-4 Acreditación

La tasa se acredita cuando se autoriza la utilización privativa de espacios en inmuebles de dominio público asignados al Departamento de la Presidencia o a las entidades adscritas a este departamento en los términos establecidos por el artículo 8.12-1.

Artículo 8.12-5 Cuota

1. El importe de la tasa debe resultar de la aplicación de los siguientes elementos y criterios:

• a) La relevancia social del espacio y la conexión del acto o de la actividad con las atribuciones propias del Departamento de la Presidencia o de las entidades adscritas a este departamento.
• b) La incidencia en la difusión pública de los valores vinculados a las atribuciones propias del Departamento de la Presidencia o de las entidades adscritas.
• c) El predominio de los fines sociales o comerciales del acto o la actividad que se debe llevar a cabo.
• d) La duración, en horas por día, de la utilización del espacio.
• e) La dimensión del acto o actividad.

2. La identificación de los espacios susceptibles de utilización privativa en los inmuebles de dominio público asignados al Departamento de la Presidencia o a las entidades adscritas, y el establecimiento y la modificación de las cuantías de la cuota se efectúan mediante orden del consejero o consejera de la Presidencia, de acuerdo con el procedimiento establecido en la normativa reguladora de la elaboración de disposiciones reglamentarias, y previo informe favorable de la Intervención Delegada. En la documentación que acompaña al expediente debe justificarse que las cuantías propuestas resultan de la aplicación de los criterios establecidos por el apartado 1 y que cumplen el principio de equivalencia al que se refiere el artículo 1.2-8.

Artículo 8.12-6 Bonificaciones

Disfrutan de una bonificación del 50% de la cuota resultante las entidades autónomas comerciales, industriales o financieras, las entidades de derecho público sometidas al derecho privado, las entidades de derecho público de naturaleza singular, los consorcios y las sociedades mercantiles del sector público de la Administración de la Generalidad y de la Administración local de Cataluña, así como las entidades privadas sin ánimo de lucro siempre que no perciban ningún ingreso como consecuencia de la utilización privativa de los espacios de los inmuebles asignados al Departamento de la Presidencia o a las entidades adscritas a este departamento en los términos establecidos por el artículo 8.12-1.»

«3.3. Inscripción en la prueba para la obtención directa del título de técnico o técnica de formación profesional, por crédito o módulo: 14,80 euros.

3.4. Inscripción en la prueba para la obtención directa del título de técnico o técnica superior de formación profesional, por crédito o módulo: 20,45 euros.»

«Artículo 9.10-2 Aplicación de las bonificaciones y exenciones

Las bonificaciones y exenciones establecidas en el título IX se aplican en el momento del pago de las tasas, con la justificación documental previa correspondiente. La justificación posterior al pago no da lugar a devolución de ingresos.»

1. Quedan exentos de pagar la tasa exigida por el concepto de expedición de licencias de caza los sujetos pasivos mayores de 65 años; las personas entre 14 y 25 años; las mujeres; las personas que acrediten tener una discapacidad igual o superior al 33% reconocida por el departamento competente en materia de discapacidad o por el órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente; los guardas de reservas de fauna; los técnicos especialistas en medio natural, especialidad de gestión cinegética y piscícola; y los agentes rurales que por razones de los servicios que les son propios requieren el uso de armas de caza.

2. Están exentas de pago de matrícula las áreas de caza incluidas dentro de zonas definidas como «de actuación urgente, de alerta o de vigilancia o bien de riesgo máximo o fase de emergencia» de los planes de control poblacional que se publiquen para reducir el impacto de las especies cinegéticas, las incluidas en una declaración de emergencia cinegética y las que tengan un mínimo del 25% de la superficie forestal afectada por los incendios forestales producidos durante el año anterior, de acuerdo con la información que conste en la dirección general competente en materia de prevención de incendios forestales.»

«1. Expedición de licencias de caza:

• 1.1. Para cazar con armas (de fuego y procedimientos autorizados) durante quince días seguidos en todo el territorio de Cataluña: 13,65 euros.
• 1.2. Para cazar con armas (de fuego y procedimientos autorizados) durante un año en todo el territorio de Cataluña: 29,40 euros.
• 1.3. Para cazar por cualquier procedimiento autorizado salvo armas de fuego durante un año en todo el territorio de Cataluña: 14,75 euros.
• 1.4. Para tener jaurías: 54,50 euros.
• 1.5. Para cazar con armas (de fuego y procedimientos autorizados) durante tres años seguidos en todo el territorio de Cataluña: 79,60 euros.
• 1.6. Para cazar con armas (de fuego y procedimientos autorizados) durante cinco años seguidos en todo el territorio de Cataluña: 132,45 euros.»

«1.1. En el caso de cazador o cazadora local de las zonas de caza controlada, considerados como tales:

• a) Las personas que tienen la vecindad administrativa en alguno de los términos municipales en los que se incluye la zona de caza controlada correspondiente.
• b) Las personas propietarias de un mínimo de cinco hectáreas de terreno rústico dentro de la zona citada de caza controlada.
• c) Las personas nacidas en alguno de los municipios incluidos en la zona de caza controlada correspondiente.
• d) Los socios de las sociedades de cazadores locales que hayan tenido la consideración de cazadores locales en la zona de caza controlada correspondiente durante un mínimo de cinco años:

Aves cinegéticas de la familia Anatidae: 30 euros.

Focha común: 6 euros

[...].»

«1.2. En caso de cazador no local:

Aves cinegéticas de la familia Anatidae: 60 euros.

Focha común: 12 euros.

[...].»

«1. Los cazadores que participan en cacerías autorizadas para capturar corzos, ciervos, gamos y muflones dentro de las zonas de caza controlada con la finalidad de controlar los daños que estas especies han causado o pueden causar están exentos de pagar las cuotas de entrada y complementarias de los ejemplares abatidos de estas especies.»

«1.2 Aves cinegéticas de la familia Anatidae y focha común:

Aves cinegéticas de la familia Anatidae: 150,00 euros.

Focha común: 30,00 euros.»

«2.1. Corzo:

Caza selectiva por pieza herida o no cobrada: 41,65 euros.

Caza selectiva de hembras: 48,95 euros.

Caza selectiva de machos: 99,95 euros.

Si la pieza tiene una puntuación de 95 puntos o superior debe valorarse como trofeo.

Caza de trofeo:

Por pieza herida y no cobrada: 239,20 euros.

Por pieza cobrada:

«2.2. Rebeco:

Caza selectiva:

Por pieza cobrada: 164,40 euros.

Por pieza herida o no cobrada: 148,80 euros.

Si la pieza tiene una puntuación de 75 puntos o superior debe valorarse como trofeo.

Caza de trofeo:

Por pieza herida y no cobrada: 191,45 euros.

Por pieza cobrada:

«2.4. Ciervo:

Caza selectiva de hembras y machos de primer año:

Por pieza cobrada: 60,40 euros.

Por pieza herida y no cobrada: 19,80 euros.

Caza selectiva de machos de más de un año:

Por pieza cobrada hasta 75 puntos: 98,85 euros.

Por pieza cobrada entre 76 y 100 puntos: 143,60 euros.

Por pieza cobrada entre 101 y 140 puntos: 364,15 euros.

Si la pieza tiene una puntuación de 140 puntos o superior debe valorarse como trofeo.

Por pieza herida y no cobrada: 94,90 euros.

Caza de trofeo:

Por pieza herida y no cobrada: 191,45 euros.

Por pieza cobrada:

«3. A los efectos de la aplicación de esta tasa, se establecen las siguientes definiciones:

• 3.1. Corzo
  • 3.1.1. Selectivo: cualquier corzo con un máximo de 94,9 puntos.
  • 3.1.2. Trofeo: cualquier corzo con una puntuación de 95 puntos o superior.
• 3.2. Rebeco
  • 3.2.1. Selectivo: cualquier rebeco con un máximo de 74,9 puntos.
  • 3.2.2. Trofeo: cualquier rebeco con una puntuación de 75 puntos o superior.
• 3.3. Cabra montés
  • 3.3.1. Selectivo: cualquier hembra o los machos de edad igual o superior a los cinco años con una puntuación máxima de 204 puntos.
  • 3.3.2. Trofeo: cualquier macho con una puntuación superior a 204 puntos.
• 3.4. Ciervo
  • 3.4.1. Selectivo: cualquier ciervo hembra y los machos con alguna anomalía o defecto visible y/o con una puntuación inferior a 140 puntos.
  • 3.4.2. Trofeo: cualquier ciervo con una puntuación de 140 puntos o superior.
• 3.5. Gamo
  • 3.5.1. Selectivo: hembras de gamo y jóvenes con cuerno sin puntas.
  • 3.5.2. Trofeo: cualquier ejemplar macho sin anomalías ni defectos visibles.
• 3.6. Muflón
  • 3.6.1. Selectivo: cualquier ejemplar hembra y los ejemplares machos hasta cinco años aproximadamente que no tengan un desarrollo adecuado respecto de la media de la población y con alguna anomalía o defecto visible.
  • 3.6.2. Trofeo: cualquier ejemplar macho de más de cinco años.

Todas las puntuaciones referenciadas son las obtenidas en referencia con la medida realizada en el campo, una vez abatido y cobrado el animal.»

«3. Tienen la condición de cazador o cazadora local, a los efectos de la aplicación de esta tasa, las personas que tienen la vecindad administrativa o que hayan nacido en alguno de los términos municipales al que pertenece la reserva nacional o la reserva de caza correspondiente, las personas propietarias de un mínimo de cinco hectáreas de terreno rústico dentro de dicha reserva, las personas que determine la junta consultiva de la reserva y los cazadores o cazadoras que hayan sido socios de una sociedad de cazadores local durante un mínimo de cinco años.»

«6. Los cazadores o cazadoras que participan en cacerías autorizadas para capturar corzos, ciervos, gamos y muflones dentro de las reservas nacionales de caza con la finalidad de controlar los daños que estas especies hayan causado o puedan causar están exentos de pagar las cuotas de entrada y complementarias de los ejemplares abatidos de estas especies.»

«12.7-1. Hecho imponible

Constituye el hecho imponible de esta tasa la ocupación de terrenos forestales propiedad de la Generalidad y la ocupación de los caminos ganaderos en virtud del otorgamiento de las concesiones o las autorizaciones pertinentes, siempre que sean compatibles con la persistencia de los valores naturales de los terrenos.»

«12.7-2. Sujeto pasivo

Son sujetos pasivos de la tasa las personas que solicitan la ocupación de los terrenos forestales y de los caminos ganaderos.»

«1. La cuota de la tasa de las ocupaciones de terrenos forestales propiedad de la Generalidad se determina aplicando los siguientes criterios generales de valoración:»

• «a) Instalación de tendidos aéreos de líneas eléctricas, telefónicas y otras líneas de naturaleza similar, con sobrevuelo de la línea: la tasa se establece, con carácter anual, en función de los metros cuadrados de sobrevuelo, con parte proporcional de ocupación de soportes, postes o torres y elementos auxiliares. A los efectos del cálculo de la cuota, en el caso de líneas eléctricas, la superficie se determina considerando la anchura del corredor definida en el anexo 2 del Decreto 268/1996, de 23 de julio, por el que se establecen medidas de corta periódica y selectiva de vegetación en la zona de influencia de las líneas aéreas de conducción eléctrica para la prevención de incendios forestales y la seguridad de las instalaciones. La anchura considerada no puede ser en ningún caso inferior a dos metros. Los soportes, transformadores y otros elementos accesorios de las líneas eléctricas se entiende que están incluidos siempre y cuando la base o su proyección quede incluida en la superficie mencionada. En caso contrario, se computa la superficie adicional con la misma cuota.»

• «b) Parques eólicos: la tasa se establece, con carácter anual, en función de los metros cuadrados de sobrevuelo del aerogenerador y parte proporcional de la superficie de soportes. Las líneas de evacuación necesarias deben valorarse aparte, tanto si son líneas aéreas como soterradas, así como las subestaciones de transformación y las vías o caminos de nueva construcción o la ampliación de los existentes. A los efectos del cálculo de la cuota, la superficie corresponde a la que ocupa la proyección de las aspas en todo su recorrido.»

«3. La cuota de la tasa se determina por la aplicación de las bases imponibles y los tipos de gravamen siguientes:

• a) Instalación de tendidos aéreos de líneas eléctricas, telefónicas y otras líneas de naturaleza similar, con sobrevuelo de la línea: 0,37 euros/m²/año.
• b) Parques eólicos: 1,09 euros/m²/año.
• c) Antenas, postes y otros soportes de elementos de medida o para la reemisión de señales:
  • c.1) Torres anemométricas: 1.223,55 euros/ut/año.
  • c.2) Torres para antenas de reemisión de telefonía móvil: 5.438,02 euros/ut/año.
  • c.3) Antenas de reemisión de radio y televisión: 4.078,51 euros/ut/año.
• d) Tendidos de líneas eléctricas subterráneas, tuberías soterradas de agua o gas y otras instalaciones subterráneas: 0,37 euros/m²/año.
• e) Carteles y señales informativos, indicativos y publicitarios: 67,98 euros/m² de cartel/año.
• f) Balsas de regulación y de abastecimiento de agua: 2,72 euros/m²/año.
• g) Otras instalaciones con ocupación superficial como depósitos, subestaciones eléctricas o similares: 6,80 euros/m²/año.
• h) Depósito de materiales de construcción o de otro tipo y áreas de estacionamiento de vehículos o maquinaria: 0,26 euros/m²/año.
• i) Construcción de nuevos caminos o ampliación y mejora de accesos a fincas colindantes: 0,47 euros/m²/año.
• j) Usos recreativos, deportivos, de guía y similares de carácter privativo, campings y otros usos similares:
  • j.1) Usos recreativos con valla: 0,26 euros/m²/año.
  • j.2) Usos recreativos sin valla: 0,16 euros/m²/año.
• k) Ocupaciones por cultivos agrícolas: 0,47 euros/m²/año.
• l) Canteras y actividades extractivas: 0,68 euros/m²/año.»

«5. Se establece, en cualquier caso, una cuota única mínima de 557 euros por expediente tramitado.»

1. La cuota de la tasa de las ocupaciones de los caminos ganaderos se determina aplicando los siguientes criterios generales de valoración:

• a) El valor del terreno ocupado, que se obtiene teniendo en cuenta el ámbito de protección del espacio en el que se ubique, los valores de los terrenos colindantes y el beneficio esperado por el sujeto pasivo.
• b) Los daños sobre los diferentes valores ambientales y sobre los aprovechamientos del camino ganadero, así como los usos que se puedan ver afectados por la ocupación o concesión.

2. Deben aplicarse los siguientes parámetros específicos de valoración:

• a) Cruce subterráneo o aéreo para la ejecución o instalación de líneas eléctricas, redes de telecomunicaciones, o de conducciones de líquidos o gases.
• b) Paralelismo subterráneo o aéreo para la ejecución o instalación de líneas eléctricas, redes de telecomunicaciones, o de conducciones de líquidos o gases.

3. La tasa consiste en el pago de una cuota única, cuya base imponible se determina según los siguientes criterios de valoración:

• a) Cualquier cruce subterráneo: 557,00 euros/cruce.
• b) Cruce aéreo:
  • b.1) Por líneas eléctricas de un circuito con una tensión superior a 66 kV: 750,00 euros/cruce.
  • b.2) Por líneas eléctricas de un circuito con una tensión comprendida entre 1 kV y 66 kV: 650,00 euros/cruce.
  • b.3) Por redes de telecomunicaciones y líneas eléctricas de dos o más circuitos con una tensión inferior o igual a 1 kV: 557,00 euros/cruce.
• c) Cualquier paralelismo:
  • c.1) Subterráneo: 16,00 euros/metro lineal.
  • c.2) Aéreo: 21,00 euros/metro lineal.
• d) Ocupación del suelo: 105,00 euros/metro cuadrado.

4. Se establece, en cualquier caso, una cuota única mínima de 557 euros por expediente tramitado.»

«2. No están sujetos a la tasa las actividades y los proyectos siguientes:

• a) Las actividades que requieren autorización ambiental, de acuerdo con lo establecido por la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de las actividades.
• b) Los proyectos promovidos por las administraciones públicas de Cataluña.
• c) Los proyectos de conservación y restauración ambiental.
• d) Los proyectos relativos a actividades de turismo rural y actividades agrícolas, forestales y ganaderas situados en espacios incluidos en la red Natura 2000 o en el Plan de espacios de interés natural.»

«2. Por inspección de las obras y las acciones de restauración de la explotación de actividades extractivas y emisión del informe técnico sobre la inspección: 1.000 euros.»

«1. La cuota en concepto de estudio documental por el hecho imponible de los apartados a, b y e del artículo 12.14-1 debe liquidarse una vez se ha comprobado que la solicitud y la documentación aportadas son correctas y suficientes para acreditar el cumplimiento de los requisitos exigibles para la habilitación de la entidad.»

«2.1. Cuota en concepto de estudio documental:

• a) Por las entidades que se habilitan de acuerdo con el artículo 5.1.b del Decreto 60/2015: 306,75 euros. En el caso de laboratorios de análisis, este importe se liquida para cada grupo de hasta 10 parámetros a habilitar.
• b) Por las entidades que se habilitan de acuerdo con el artículo 5.2.b del Decreto 60/2015, incluida la evaluación de los requisitos de independencia e imparcialidad, si procede: 154,51 euros.»

«Capítulo XXX
Tasa por la emisión de la conformidad con los cambios en los datos del registro de mediciones de los equipos conectados a la Red de Emisiones Atmosféricas de Cataluña que establece el artículo 33.4 del Decreto 139/2018, de 3 de julio, sobre los regímenes de intervención ambiental atmosférica de los establecimientos donde se desarrollen actividades potencialmente contaminantes de la atmósfera

Artículo 12.30-1 Hecho imponible

Constituye el hecho imponible de la tasa el servicio de la emisión de la conformidad con las solicitudes de cambios en los datos del registro de mediciones de los equipos conectados a la Red de Emisiones Atmosféricas de Cataluña.

Artículo 12.30-2 Sujeto pasivo

Son sujetos pasivos de esta tasa las personas físicas o jurídicas titulares de establecimientos que dispongan de focos emisores y antorchas con equipos de medición conectados a la Red de Emisiones Atmosféricas de Cataluña.

Artículo 12.30-3 Acreditación

La tasa se acredita con la prestación del servicio y es exigible por anticipado desde el momento en que se formula la solicitud, que no puede tramitarse si no se ha hecho efectivo el ingreso de la tasa.

Artículo 12.30-4 Cuota

La cuota para cada solicitud de conformidad con los cambios en los datos del registro de mediciones de la Red de Emisiones Atmosféricas de Cataluña es de 100,43 euros.»

«5.3.4. Expedición de la tarjeta de la inspección técnica de vehículos a prototipos o preseries que pertenezcan a proyectos en fase de desarrollo por parte de un fabricante de vehículos: 214,00 euros.»

«Capítulo IX

Tasa por la autorización de reacuñación del número de identificación de vehículo»

El hecho imponible de esta tasa es la actividad administrativa que genera la tramitación del expediente de autorización de reacuñación del número de identificación de vehículo.»

La tasa se acredita mediante la autorización de reacuñación del número de identificación de vehículo. La tasa debe ser abonada en el momento de solicitar la autorización. Corresponde al titular de la estación de inspección técnica de vehículos que efectúe la reacuñación cobrar esta tasa en el momento que reciba la petición e ingresarla al órgano competente de la Generalidad.»

La cuota de la tasa por la autorización de reacuñación del número de identificación de vehículo, que debe liquidarse para cada uno de los expedientes de autorización, es de 35,25 euros.»

«Capítulo XVII
Tasa por la autorización y el control de las actuaciones de los centros técnicos de tacógrafos y de las entidades de instalación y mantenimiento de dispositivos de limitadores de velocidad

Artículo 14.17-1 Hecho imponible

El hecho imponible de esta tasa es la actividad administrativa que genera la autorización y el control de las actuaciones de los centros técnicos de tacógrafos y de las entidades de instalación y mantenimiento de dispositivos de limitadores de velocidad, por parte del órgano de la Administración de la Generalidad competente en materia de seguridad industrial.

Artículo 14.17-2 Sujeto pasivo

Los sujetos pasivos de esta tasa son los centros técnicos de tacógrafos y de las entidades de instalación y mantenimiento de dispositivos de limitadores de velocidad que han sido previamente autorizados.

Artículo 14.17-3 Acreditación

La tasa se acredita mediante la inscripción en el Registro de agentes de la seguridad industrial de Cataluña (RASIC).

Artículo 14.17-4 Cuota

La cuota de esta tasa, que debe liquidarse por cada uno de los expedientes de autorización o de modificación de la autorización de los centros técnicos de tacógrafos y de las entidades de instalación y mantenimiento de dispositivos de limitadores de velocidad, es la siguiente:

• – Autorización de alta en el RASIC de los centros técnicos de tacógrafos y de las entidades de instalación y mantenimiento de dispositivos de limitadores de velocidad: 51,80 euros.
• – Modificación de la autorización de los centros técnicos de tacógrafos y de las entidades de instalación y mantenimiento de dispositivos de limitadores de velocidad: 18,85 euros.
• – Renovación de la autorización de los centros técnicos de tacógrafos: 51,80 euros.»

«Título XVI
Patronato de la Montaña de Montserrat

Capítulo I
Tasa por la utilización privativa del aparcamiento de vehículos del Patronato de la Montaña de Montserrat

Artículo 16.1-1 Hecho imponible

Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización privativa del aparcamiento de vehículos del cual es titular el organismo autónomo Patronato de la Montaña de Montserrat, cuando no esté afectado al servicio del Patronato.

Artículo 16.1-2 Sujeto pasivo

Son sujetos pasivos de la tasa las personas que acceden en vehículo a Montserrat.

Artículo 16.1-3 Acreditación

La tasa se acredita en el momento en que se accede al aparcamiento.

Artículo 16.1-4 Cuota

El importe de la cuota es:

• 1. Tiempo máximo (1/2 h):
  Tipo A: 0 euros. Tipo B: 0 euros. Tipo C: 10 euros. Tipo D: 50 euros.
• 2. Tiempo máximo (todo el día):
  Tipo A: 4 euros. Tipo B: 8 euros. Tipo C: 30 euros. Tipo D: 100 euros.
• 3. Tiempo máximo (3 días):
  Tipo A: 8 euros. Tipo B: 12 euros. Tipo C: 35 euros. Tipo D: 115 euros.
• 4. Tiempo máximo (7 días):
  Tipo A: 10 euros. Tipo B: 15 euros. Tipo C: 40 euros. Tipo D: 120 euros.
• 5. Tiempo máximo (15 días):
  Tipo A: 12 euros. Tipo B: 18 euros. Tipo C: 45 euros. Tipo D: 125 euros.
• 6. Tiempo máximo (30 días):
  Tipo A: 15 euros. Tipo B: 20 euros. Tipo C: 50 euros. Tipo D: 130 euros.
• 7. Tiempo máximo (60 días):
  Tipo A: 18 euros. Tipo B: 23 euros. Tipo C: 55 euros. Tipo D: 135 euros.

Artículo 16.1-5 Exenciones y bonificaciones

1. Queda exenta la primera media hora de uso del aparcamiento para cualquier tipo de vehículo, excepto los de los tipos C y D.

2. Quedan exentos de pago los vehículos estacionados en los aparcamientos privados dentro del recinto del monasterio de Montserrat.

3. Se establecen las siguientes bonificaciones en la cuota establecida por el artículo 16.1-4:

• a) Las personas que se alojan en establecimientos del recinto urbano del monasterio de Montserrat disfrutan de una bonificación única de 4 euros por vehículo. Esta bonificación no es acumulable a otras.
• b) Los vehículos del tipo C y del tipo D que usan los servicios de pastoral, de visitas culturales y de servicios de hotelería dentro del recinto del monasterio de Montserrat mediante una reserva en la Central de Reservas de Montserrat disfrutan de una bonificación de 50 euros por vehículo del tipo D y servicio, con una bonificación máxima de 70 euros por vehículo del tipo D y de 10 euros por vehículo del tipo C y servicio, con una bonificación máxima de 20 euros por vehículo del tipo C. Esta bonificación no es acumulable a otras.
• c) Disfrutan de una bonificación de 120 minutos por vehículo del tipo A y del tipo B las personas que se acrediten como «Amigos de Montserrat». Esta bonificación no es acumulable a otras.

4. Quedan exentos de pago los vehículos del tipo B y del tipo C estacionados acreditados con tarjeta de aparcamiento individual o de transporte colectivo para personas con movilidad reducida y los que acrediten la condición de familia numerosa o monoparental.

Artículo 16.1-6 Afectación de la tasa

De conformidad con lo establecido por el artículo 1.1-3 de esta ley, los ingresos derivados de la tasa quedan afectados a la financiación del coste de los servicios prestados por el Patronato de la Montaña de Montserrat.

Artículo 16.1-7 Determinación de los tipos de vehículo

El sistema de identificación de vehículos que acceden a Montserrat distingue cuatro tipos de vehículo según el parámetro dimensional de altura.

Tipo A: motocicletas con o sin sidecar.

Tipo B: vehículos con altura inferior a 1,75 m.

Tipo C: vehículos con altura superior a 1,75 m.

Tipo D: vehículos con altura superior a 3,00 m.»

«Capítulo I

Tasa por los derechos de inscripción en las pruebas para la obtención de los certificados de conocimientos de catalán que convoca el departamento competente en materia de política lingüística»

Constituye el hecho imponible de la tasa la inscripción en las pruebas para la obtención de los certificados de conocimientos de catalán que convoca el departamento competente en materia de política lingüística.»

• «c) Pruebas para la obtención del certificado de nivel inicial: 5 euros.»

La tasa tiene carácter finalista, por lo que los ingresos que derivan de la misma quedan afectados a la financiación de las actuaciones del departamento competente en materia de política lingüística.»

Constituye el hecho imponible de la tasa la inscripción en las pruebas convocadas por el departamento competente en materia de política lingüística para la obtención de la habilitación para la traducción e interpretación juradas de otras lenguas al catalán.»

Constituye el hecho imponible de la tasa la tramitación de la habilitación para la traducción o interpretación juradas del catalán a otra lengua y viceversa y, en su caso, la inscripción en el Registro de traductores e intérpretes jurados, que no sean consecuencia de la superación de las pruebas de traducción e interpretación juradas del departamento competente en materia de política lingüística.»

La tasa tiene carácter finalista, por lo que los ingresos que se derivan de la misma quedan afectados a la financiación de las actuaciones del departamento competente en materia de política lingüística.»

«22.2-1. Hecho imponible

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los servicios docentes del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña en los cursos de promoción y en el curso de agente interino o agente interina destinados a miembros de los cuerpos policiales y en los cursos de promoción de los cuerpos de bomberos, no dependientes del Departamento de Interior y Seguridad Pública, descritos en el artículo 22.2-4.»

El importe de la cuota es:

• a) Curso de cabo de policía: 1.729,02 euros.
• b) Curso de sargento de policía: 1.965,88 euros.
• c) Curso de subinspector o subinspectora de policía: 2.459,94 euros.
• d) Curso de inspector o inspectora de policía: 5.219,82 euros.
• e) Curso de intendente, intendente mayor y superintendente de policía: 12.934,24 euros.
• f) Curso de agente interino o agente interina de policía: 832,31 euros.
• g) Curso de cabo bombero o cabo bombera o categoría funcional equivalente: 5.066,53 euros.
• h) Curso de sargento bombero o sargento bombera o categoría funcional equivalente: 5.622,86 euros.
• i) Curso de oficial bombero u oficial bombera o categoría funcional equivalente: 6.866,80 euros.
• j) Curso de subinspector bombero o subinspectora bombera o categoría funcional equivalente: 10.789,43 euros.
• k) Curso de inspector bombero o inspectora bombera o categoría funcional equivalente: 11.931,31 euros.»

• «a) Habilitación acreditativa para ejercer la función de bombero de empresa: 65,21 euros.»

• «c) Acreditación de centros de formación de técnicos en la elaboración de planes de autoprotección en el ámbito de la protección civil: 1.648,38 euros.»

• «d) Homologación de centros para formar a bomberos de empresa: 1.648,38 euros.»

• «e) Inscripción al examen libre para obtener la certificación técnica necesaria para la habilitación como técnico o técnica para actuar en el ámbito de la prevención y seguridad en caso de incendio mediante las entidades colaboradoras de la Administración: 123,50 euros.»

«1. La tasa, en el caso de las autoescuelas, centros de sensibilización y reeducación vial y otros centros de formación, debe exigirse según las siguientes tarifas:

• a) Autorización de apertura, funcionamiento o actividad: 460,45 euros.
• b) Modificación de la autorización:
  • – Sin inspección: 40,05 euros.
  • – Con inspección: 118,60 euros.»

• «f) Alta de curso o modalidad de curso de conducción segura y eficiente, o de cualquier otro curso que deba autorizar el Servicio Catalán de Tráfico: 40,05 euros.»

• «k) Retirada, por parte del Servicio Catalán de Tráfico o una entidad contratada, de vehículos pesados (vehículos de más de 3.500 kg de masa máxima autorizada) que puedan quedar averiados o accidentados en un carril de circulación u ocupando cualquier parte de la plataforma de la AP-7 y ello comporte un riesgo vial. El importe de la cuota se establece en función de la factura emitida por la empresa contratada para hacer la retirada. Esta tasa solo se aplica en los casos siguientes:
  • – Si el vehículo pesado no dispone de un seguro de asistencia en carretera que permita la retirada, el remolque o el salvamento.
  • – Si la persona obligada a retirar el vehículo pesado no lo hace por propia voluntad.»

«4. La tasa de modificación de la autorización de apertura de una autoescuela establecida por la letra b del apartado 1 se reduce en un 50% si la autoescuela acredita que dispone del distintivo de calidad en los centros de formación vial, de acuerdo con el Decreto 189/2015, de 25 de agosto, por el que se establece el procedimiento de acreditación de las escuelas particulares de conductores como centros de formación de calidad.»

«Capítulo VII
Tasa por la emisión de informes preceptivos en el procedimiento de homologación de los planes de autoprotección

Artículo 22.7-1 Hecho imponible

Constituye el hecho imponible de la tasa la emisión de informes preceptivos para la homologación de los planes de autoprotección de las actividades y centros de interés para la protección civil de Cataluña, que son las que determina el anexo IA del Decreto 30/2015, de 3 de marzo, por el que se aprueba el catálogo de actividades y centros obligados a adoptar medidas de autoprotección y se fija el contenido de estas medidas.

Artículo 22.7-2 Sujeto pasivo

Son sujetos pasivos de la tasa las personas titulares de las actividades y centros de interés para la protección civil de Cataluña.

Artículo 22.7-3 Exenciones

Quedan exentos del pago de la tasa la Administración general del Estado, la Generalidad de Cataluña y los entes locales de Cataluña, así como las entidades del sector público de estas administraciones.

Artículo 22.7-4 Acreditación

La tasa se acredita en el momento de la presentación por parte de la persona titular de la solicitud de homologación del plan de autoprotección en la plataforma HERMES.

Artículo 22.7-5 Cuota

El importe de la cuota es de 775,30 euros.»

«1. Los sujetos pasivos en situación de desempleo, las personas jubiladas, las personas que acrediten una discapacidad igual o superior al 33%, las personas internas de los centros penitenciarios que cumplen condena en régimen ordinario y las personas que estén cursando el cuarto curso de la educación secundaria obligatoria o lo hayan acabado en el año de presentación de la solicitud de la ACTIC están exentos de esta tasa, con la justificación documental previa de encontrarse en alguna de las situaciones mencionadas.»

«Artículo 25.2-5 Exenciones

En el caso de que el hecho imponible afecte actuaciones en las zonas de protección de las carreteras, quedan exentos del pago de las tasas:

• a) La Administración general del Estado, la Administración de la Generalidad de Cataluña y las entidades que integran la Administración local, así como los respectivos sectores públicos institucionales vinculados o dependientes.
• b) Las empresas concesionarias de la red de carreteras de la Generalidad de Cataluña.»

«Artículo 26.2-5 Cuota

Las cuotas por la tramitación de las autorizaciones iniciales de trabajo por un periodo igual o superior a seis meses son las siguientes:

• 1. Autorizaciones de trabajo por cuenta ajena:
  • a) Autorización inicial de trabajo por cuenta ajena:
    • – Retribución inferior a dos veces el salario mínimo interprofesional: 203,84 euros.
    • – Retribución igual o superior a dos veces el salario mínimo interprofesional: 407,71 euros.
  • b) Modificación de autorización de trabajo por cuenta ajena: 81,54 euros.
  • c) Modificación desde otras situaciones a una situación con autorización de trabajo por cuenta ajena:
    • – Retribución inferior a dos veces el salario mínimo interprofesional: 203,84 euros.
    • – Retribución igual o superior a dos veces el salario mínimo interprofesional: 407,71 euros.
• 2. Autorizaciones de trabajo por cuenta propia:
  • a) Autorización inicial de trabajo por cuenta propia: 203,81 euros.
    Modificación de la autorización de trabajo por cuenta propia: 81,54 euros.
    Modificación desde otras situaciones a una situación con autorización de trabajo por cuenta propia: 203,81 euros.
• 3. Autorizaciones de trabajo para trabajadores transfronterizos:
  • a) Autorización inicial de trabajo por cuenta ajena:
    • – Retribución inferior a dos veces el salario mínimo interprofesional: 203,84 euros.
    • – Retribución igual o superior a dos veces el salario mínimo interprofesional: 407,71 euros.
  • b) Autorización inicial de trabajo por cuenta propia: 203,84 euros.
  • c) Prórroga: 81,54 euros.
• 4. Autorizaciones de trabajo para titulares de autorización de estancia de larga duración por estudios, movilidad de alumnos, servicios de voluntariado o actividades formativas:
  • a) Autorización inicial de trabajo por cuenta ajena: 122,30 euros.
  • b) Autorización inicial de trabajo por cuenta propia: 122,30 euros.
• 5. Otras autorizaciones iniciales de trabajo:
  • a) Retribución inferior a dos veces el salario mínimo interprofesional: 203,84 euros.
  • b) Retribución igual o superior a dos veces el salario mínimo interprofesional: 407,71 euros.»

Constituyen el hecho imponible de la tasa la tramitación de las solicitudes de inscripción y renovación en el Registro de empresas acreditadas de Cataluña, así como la tramitación de las solicitudes de variación de datos.»

• «a) Por la tramitación de la solicitud de inscripción: 43,35 euros.»

• «b) Por la tramitación de la solicitud de renovación: 43,35 euros.»

«5. En el proceso de la emisión del informe previo a la autorización de los centros que se quieran establecer en Cataluña para impartir, bajo cualquier modalidad, enseñanzas que conducen a la obtención de títulos de educación superior universitaria no homologados a los títulos universitarios oficiales, se establecen los importes siguientes:

• – Por la revisión de la solicitud y el análisis de la documentación inicial, con el objetivo de determinar si el centro dispone de los requisitos mínimos necesarios para iniciar el proceso de evaluación: 3.000 euros.
• – Por la realización de la evaluación externa y la emisión del informe, incluyendo hasta un máximo de tres titulaciones: 6.000 euros.
• – Adicionalmente, 1.000 euros por cada titulación de más presentada por el centro que supere el límite inicial de las tres titulaciones inicialmente evaluadas.»

• «b) Las entidades sin finalidades lucrativas legalmente constituidas cuya actividad esté exclusivamente vinculada a la atención de tripulantes y pasajeros, así como las cofradías de pescadores, corporaciones de derecho público sin ánimo de lucro, por el espacio destinado a las oficinas, las lonjas pesqueras, y otras instalaciones necesarias para el ejercicio de la actividad pesquera.»

«47.3. Sin perjuicio de lo que establecen el artículo 47.1.a y el artículo 48, los entes locales pueden aportar los fondos necesarios para financiar la contribución económica de los beneficiarios hasta alcanzar el 100% del presupuesto total de ejecución de las infraestructuras de riego.»

• «d) La financiación de actuaciones de gestión forestal sostenible en espacios fluviales y forestales vinculadas directamente a mejorar la disponibilidad de agua dulce para la población y a la prevención de incendios forestales.»

• «i) El consumo de agua para el uso doméstico de masías y casas rurales de fincas de dedicación forestal, siempre y cuando dispongan de instrumento de ordenación forestal aprobado, no estén conectadas a la red pública de abastecimiento y se haya efectuado la regularización administrativa ante la Agencia Catalana del Agua de captaciones e instalaciones de agua existentes.»

• «b) Por estimación objetiva, para contribuyentes determinados de manera genérica según el uso que hacen del agua y el volumen de captación, teniendo en cuenta las características y las circunstancias del aprovechamiento, y de acuerdo con las siguientes fórmulas de cálculo:
  • – Para cualquier tipo de uso y en caso de captaciones subterráneas que no tengan instalados dispositivos de medición directa de caudales de suministro, el consumo mensual se evalúa de acuerdo con la potencia nominal del grupo elevador mediante la siguiente fórmula:
    Q = 37.500 x p/(h + 20)
    En la que:
    Q = es el consumo mensual facturable, expresado en metros cúbicos,
    p = es la potencia nominal del grupo o de los grupos elevadores, expresada en kilovatios,
    h = es la profundidad dinámica mediana del acuífero en la zona considerada, expresada en metros.
  • – En caso de suministro mediante contratos de aforo, en función del volumen contratado.
  • – En caso de establecimientos con suministro mixto, la base se determina por estimación objetiva, de acuerdo con las fórmulas anteriores, más la media de los volúmenes entregados o facturados por la entidad suministradora en el año anterior al de la opción por este sistema.
  • – En el caso de usos de agua para el abastecimiento a terceros, según la siguiente fórmula:
    Volumen total utilizado = volumen de agua correspondiente a la facturación neta/0,7

Para aplicar los coeficientes que establece el apartado 10 del artículo 71, hay que considerar el volumen de agua no entregado a terceros, que es el que resulta de aplicar al volumen total usado, determinado según la fórmula anterior, un porcentaje de pérdidas de la red de abastecimiento del 30%.»

«5. Los usuarios industriales de agua para la producción de energía eléctrica deben presentar una declaración de la energía producida en el trimestre anterior dentro de los primeros veinte días naturales de cada trimestre.»

«71.5. La reutilización directa de aguas residuales queda afectada por un coeficiente de 0,25 siempre y cuando las aguas no se viertan a un colector de salmueras. Este coeficiente se aplica, si procede, de manera ponderada al porcentaje de agua consumida.»

• b) Coeficiente de volumen entregado (CL), en función de la relación entre el volumen de agua correspondiente a la facturación neta de los últimos dos años que se hace constar en las declaraciones de facturación a las que se refieren los artículos 75 y 76, y el volumen de agua utilizado para ese uso en los mismos años.
  De acuerdo con ello, el canon del agua resultante de la aplicación de los coeficientes recogidos en los apartados a y b responde a la siguiente expresión:
  (CL) x (Vcaptado x C2 + Vcomprado x C3) x tipo de gravamen general + (1-CL) x (Vcomprado + Vcaptado) x C1 x tipo de gravamen general

1. El derecho humano al agua es un derecho indispensable para garantizar un nivel de vida adecuado, tal como establece la Resolución A/RES/64/292 de la Asamblea General de Naciones Unidas, de julio de 2010. De acuerdo con ello, los operadores de abastecimiento y saneamiento deben garantizar a todas las personas el acceso básico a los servicios de abastecimiento y saneamiento, independientemente de su capacidad económica. Las administraciones públicas, en el ámbito de las competencias respectivas, y los entes locales mediante sus reglamentos del servicio, deben adoptar las disposiciones y las medidas necesarias para garantizar a todas las personas, sin discriminación, un acceso seguro a la cantidad mínima indispensable de agua potable que constituya el mínimo vital suficiente para satisfacer en condiciones dignas las necesidades básicas de consumo humano, preparación de alimentos e higiene personal y doméstica.

2. La cantidad del mínimo vital para el suministro de agua lo deben establecer las disposiciones reglamentarias correspondientes de los entes locales, y se debe situar entre los sesenta y los cien litros por persona y día.

3. Los gastos asociados al mínimo vital de agua tienen que ser asequibles para todas las personas. Estos gastos no pueden limitar o comprometer, en ningún caso, la capacidad de las personas para adquirir otros bienes y servicios básicos. A tal efecto, el mínimo vital de agua debe tener un precio reducido, aplicado de manera universal.

4. En el caso de los hogares vulnerables, según lo establecido por el artículo 6 de la Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, así como el Código de consumo de Cataluña, el mínimo vital tiene que quedar cubierto por una tarificación social que bonifique el recibo al 100%, y también otras prestaciones relacionadas, como el alta del servicio, los contadores y el alcantarillado. La aplicación de este mínimo vital de agua tiene que velar, en cualquier caso, por que no se ponga en riesgo la sostenibilidad económica de la entidad suministradora.

5. Queda prohibida la interrupción o desconexión de las instalaciones o servicios de agua por incapacidad de pago, por lo que no se puede privar en ninguna circunstancia a una persona o unidad familiar en riesgo de exclusión residencial del mínimo vital de agua. Las administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben adoptar las medidas necesarias para impedir la interrupción de estos servicios, mientras dure la situación de riesgo de exclusión residencial.

6. Para garantizar el acceso de todas las personas al mínimo esencial de agua o mínimo vital, las administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben desarrollar los protocolos oportunos para identificar a las personas afectadas por la incapacidad de pago, y deben establecer los acuerdos necesarios con las entidades suministradoras de agua potable para garantizar el derecho a las personas y unidades familiares en situación de riesgo de exclusión residencial.

7. Las administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben desarrollar los protocolos oportunos para identificar a las personas afectadas en riesgo de exclusión residencial, y deben establecer los acuerdos necesarios con las entidades suministradoras de agua potable para garantizar el derecho de acceso al agua.

8. Las administraciones públicas deben garantizar la transparencia en la gestión de los servicios de abastecimiento y saneamiento, y también el acceso de la ciudadanía a la información oportuna y su participación en los procesos de toma de decisiones relativas a esta gestión. Deben establecerse por reglamento los indicadores y mecanismos de vigilancia necesarios para evaluar la adecuación y eficacia de las medidas adoptadas, los progresos alcanzados y, en su caso, realizar los ajustes pertinentes.

9. Las administraciones competentes, siempre que se considere pertinente, deben habilitar los mecanismos adecuados y eficaces para garantizar la correcta coordinación entre los entes suministradores y los servicios sociales, y garantizar así el acceso efectivo al mínimo vital de agua.»

• «a) El importe máximo del recargo para cada categoría de establecimiento se fija en 8 euros, excepto en la categoría de las embarcaciones de crucero hasta doce horas o menos, en que el importe puede llegar al triple del importe máximo establecido en este precepto para el resto de categorías.»

1. Pueden aplicarse una deducción en la cuota íntegra autonómica los contribuyentes que integren en la base imponible general el importe correspondiente a la ayuda pública destinada a las personas afectadas por la talidomida en España en el periodo 1950-1985.

2. El importe de la deducción es el resultado de aplicar los tipos medios de gravamen al importe de la ayuda pública que se integre en la base liquidable.

3. La deducción es aplicable a las ayudas públicas percibidas e integradas por el contribuyente en las bases imponibles generales de los ejercicios 2023 y sucesivos.

4. Para aplicar la deducción en las autoliquidaciones de los ejercicios 2023, 2024 y 2025 es necesario que el contribuyente inste a su rectificación de acuerdo con lo establecido por la normativa tributaria.»

1. Los contribuyentes pueden aplicarse, junto con la reducción porcentual que corresponda sobre el importe total de las deducciones de la cuota establecidas por la ley del Estado reguladora del impuesto, una deducción del 15%, con el límite máximo del 5% de la cuota íntegra autonómica, de las cantidades invertidas por inversiones no productivas y por prevención de incendios a titulares de terrenos forestales con un instrumento de ordenación forestal aprobado y vigente.

2. Esta deducción queda condicionada a la justificación documental adecuada y suficiente de los presupuestos de hecho y de los requisitos que determinen su aplicabilidad. En particular, las personas interesadas en esta deducción deben solicitar al Centro de la Propiedad Forestal, dentro de los primeros veinte días de cada año, un certificado que acredite las inversiones para remitirlo a la Agencia Tributaria de Cataluña.»

1. Los contribuyentes pueden aplicar una deducción de 250 euros por cada persona integrante de su unidad familiar que tenga enfermedad celiaca diagnosticada.

2. A los efectos exclusivos de la deducción por enfermedad celiaca diagnosticada, se consideran personas integrantes de la unidad familiar del contribuyente el propio contribuyente, su cónyuge y las personas que den derecho a la aplicación del mínimo por ascendientes o descendentes regulado por la normativa estatal del impuesto sobre la renta de las personas físicas.

3. Cuando dos o más contribuyentes tengan derecho a la aplicación de la deducción por enfermedad celiaca diagnosticada por razón de una misma persona, su importe se distribuirá por partes iguales.

4. La condición de enfermedad celiaca debe acreditarse mediante un certificado médico que recoja el diagnóstico definitivo de acuerdo con los criterios reconocidos por la comunidad científica. Este certificado debe ser emitido por un médico en activo, y deben constar en él su identificación completa, incluido el número de colegiado y la especialidad, y la fecha de emisión y de diagnóstico.»

«2. La base sobre la que se aplica esta reducción comprende tanto el valor del terreno como, en su caso, el de las construcciones situadas en la finca forestal y que sean para utilidad exclusiva de la misma. Cuando la superficie forestal ordenada supera el cincuenta por ciento de la finca se aplica, en su caso, al valor de las construcciones con usos residenciales, con exclusión de los usos turísticos.»

«2. La base sobre la que se aplica esta bonificación comprende tanto el valor del terreno como, en su caso, el de las construcciones situadas en la finca forestal y que sean para utilidad exclusiva de la misma. Cuando la superficie forestal ordenada supera el cincuenta por ciento de la finca se aplica, en su caso, al valor de las construcciones con usos residenciales, con exclusión de los usos turísticos.»

• «a) Se considera gran tenedor la persona física o jurídica que sea propietaria de más de diez inmuebles urbanos de uso residencial o con una superficie construida de más de 1.500 m² de uso residencial situados en Cataluña. También tiene esta consideración la persona física o jurídica que sea titular de cinco o más inmuebles urbanos de uso residencial situados en alguno o algunos de los municipios declarados de mercado residencial tensionado, con independencia de que los municipios pertenezcan a zonas de mercado residencial tensionado diferentes.»

«6. Sin perjuicio de lo establecido por el apartado 5, en el resto de casos en los que se efectúe la transmisión de un edificio entero de viviendas a favor de una persona física o jurídica el tipo aplicable es el 20%.

En el caso de que la transmisión total del edificio se realice de manera progresiva en el tiempo, se aplican las siguientes reglas:

• 1.º Las autoliquidaciones que ha presentado el contribuyente en cada una de las transmisiones parciales, aplicando la tarifa del apartado 1 de este artículo, se entienden provisionales.
• 2.º En el plazo de un mes a contar desde la transmisión de la última vivienda, el contribuyente debe regularizar la situación presentando una autoliquidación complementaria por cada autoliquidación provisional presentada, con aplicación del tipo del 20%.
  Se excluyen de la aplicación de este tipo de gravamen las siguientes transmisiones:
  • a) Las que establece el apartado 5.b.
  • b) La transmisión en que concurran conjuntamente las siguientes circunstancias:
    • – Que el adquirente sea una persona física.
    • – Que el edificio tenga un máximo de cuatro viviendas.
    • – Que todas estas viviendas deban constituir la vivienda habitual de la persona adquirente y de familiares de esta hasta el segundo grado de parentesco.

A tal efecto, para considerar que las viviendas constituyen la vivienda habitual del contribuyente y familiares, respectivamente, es necesario que entren a residir en ellas de forma efectiva y permanente en el plazo de doce meses a contar desde la fecha de la transmisión y que residan en ellas durante un periodo continuado de tres años. Se entiende que la vivienda tuvo también este carácter cuando, a pesar de no haber transcurrido el plazo de tres años, concurran circunstancias que necesariamente exijan el cambio de vivienda, como la celebración de matrimonio, la separación matrimonial, la constitución de pareja estable, la extinción de pareja estable, el traslado laboral, la obtención del primer trabajo o de una ocupación más ventajosa u otras análogas.»

Pueden disfrutar de una bonificación del 100% en la cuota del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, en la modalidad de actos jurídicos documentados, las escrituras públicas que documenten actos y contratos en los que intervengan cooperativas de vivienda sin ánimo de lucro y de iniciativa social relacionados con la promoción y explotación de viviendas en régimen de cesión de uso, bien para uso habitual y permanente o bien destinados a residencias para personas mayores o con discapacidad.»

• «c) El 0,1%, en el caso de documentos que formalicen la constitución y la modificación de derechos reales a favor de una sociedad de garantía recíproca.»

1. Pueden disfrutar de una bonificación del 90% de la cuota gradual de la modalidad de actos jurídicos documentados las escrituras públicas que documenten actos de división, segregación, agregación y agrupación de fincas de dedicación forestal que dispongan de un instrumento de ordenación forestal aprobado por la Generalidad de Cataluña.

2. Esta bonificación se aplica a los hechos imponibles devengados hasta el 31 de diciembre de 2030.»

1. Pueden disfrutar de una bonificación del 100% de la cuota gradual de la modalidad de actos jurídicos documentados las escrituras públicas que documenten la declaración de obra nueva de antiguas construcciones situadas en fincas de dedicación forestal que dispongan de un instrumento de ordenación forestal aprobado por la Generalidad de Cataluña.

2. A efectos de esta bonificación, se considera antigua construcción la construcción respecto de la cual se pueda acreditar que existía antes del 1 de enero del 2000.

3. Esta bonificación se aplica a los hechos imponibles devengados hasta el 31 de diciembre de 2030.»

• «a) Fiscalizar las propuestas de los actos administrativos que den lugar al reconocimiento y a la liquidación de derechos y obligaciones de contenido económico, o que tengan repercusión financiera o patrimonial en los casos establecidos por las disposiciones vigentes, e intervenir los ingresos y los pagos que se deriven. Estos actos pueden someterse a fiscalización en la fase de resolución por causas debidamente justificadas y siempre que no hayan producido efectos.
  La Intervención debe fiscalizar los expedientes de tramitación ordinaria en el plazo de diez días, o de cuatro si han sido declarados de tramitación urgente.
  En caso de que el expediente haya sido devuelto al órgano gestor para que lo revise o lo enmiende, la Intervención dispone de un nuevo plazo para fiscalizarlo equivalente a la mitad del inicial.
  En el supuesto de que la Intervención pida antecedentes o informes complementarios por escrito sin devolver el expediente, el plazo debe interrumpirse hasta que le sean entregados.»

• «b) Intervenir y comprobar materialmente el gasto realizado con los caudales públicos, o cualquier actuación que comporte una variación del patrimonio de la Generalidad, requiriendo, en su caso, la ayuda de funcionarios especializados para la emisión de informes razonados sobre la comprobación material de servicios, suministros, obras y otras inversiones, las adquisiciones patrimoniales de bienes o derechos, y el resto de tipos de gasto.

Esta comprobación debe efectuarse de acuerdo con las instrucciones anuales que apruebe la Intervención General a estos efectos, que deben que fundamentarse en un análisis de riesgos del ámbito u operaciones a controlar o en una obligación legal, así como en los medios disponibles y el tiempo necesario para realizarla.»

• «d) Asistir a las licitaciones que se realicen para la contratación de servicios, suministros, obras y otras inversiones, las concesiones, las adquisiciones patrimoniales de bienes o derechos y su alienación, y los arrendamientos.
  La asistencia a las mesas es potestativa y se concreta de acuerdo con los criterios que establezca la Intervención General.»

«3. La responsabilidad del representante de la Intervención General en ejercicio de la comprobación material debe valorarse proporcionalmente a los medios personales y materiales disponibles para efectuar el acto de comprobación y no debe llegar a los defectos o las faltas de adecuación de la inversión hecha que no den lugar a un resultado tangible, susceptible de comprobación, o a los vicios o elementos ocultos, imposibles de detectar en el momento de efectuar la comprobación material. En los supuestos en los que no se haya designado a un asesor técnico, porque no se ha considerado necesario, la responsabilidad exigible al representante designado queda limitada a los aspectos y las deficiencias que se puedan detectar que no necesiten una calificación técnica en un sector específico correspondiente al objeto de comprobación.»

«1. El interventor o interventora general ejerce, respecto a los funcionarios del Cuerpo de Intervención de la Generalidad de Cataluña, las funciones a las que se refieren las letras g y h del artículo 6 del Decreto Legislativo 1/1997, de 31 de octubre, por el que se aprueba la refundición en un texto único de los preceptos de determinados textos legales vigentes en Cataluña en materia de función pública.»

• «b) Intervenir y comprobar el gasto realizado con caudales públicos o cualquier actuación que comporte una variación del patrimonio de la Generalidad.»

• «d) Asistir a las licitaciones que se hagan para la contratación de servicios, suministros, obras y otras inversiones, las concesiones, las adquisiciones patrimoniales de bienes o derechos y su alienación, y los arrendamientos.»

• «f) Intervenir y comprobar el gasto efectuado con caudales públicos o cualquier actuación que comporte una variación del patrimonio de la Generalidad.»

«3. El contenido y la duración de las pruebas selectivas y de los cursos selectivos de formación para el acceso a las escalas del Cuerpo de Intervención de la Generalidad de Cataluña, el contenido del temario que debe regir la fase de oposición y las reglas sobre la composición y el sistema de designación de los tribunales calificadores deben determinarse de acuerdo con la normativa aplicable.»

El acceso a las escalas del Cuerpo de Intervención de la Generalidad de Cataluña, tanto por el turno libre como por el turno de promoción interna, se realiza de acuerdo con los procesos y requisitos regulados en el artículo 11 de esta Ley, salvo el requisito relativo al turno de promoción interna sobre la acreditación de la antigüedad mínima que, para los procesos selectivos que se convoquen hasta el 31 de diciembre de 2027 se computarán, a los efectos de acreditar la antigüedad mínima exigida para participar en el turno de promoción interna al que se refiere el artículo 11.2, los servicios prestados en puestos de trabajo adscritos a la Intervención General.»

• «c) Gastos en bienes y servicios derivados de contratos establecidos por la Ley de contratos del sector público.»

1. La Intervención de la Generalidad, con plena autonomía respecto de los órganos y las entidades sujetos a fiscalización, tiene las siguientes facultades:

• a) Ser el centro de control interno de acuerdo con las modalidades de control establecidas por el artículo 68.
• b) Ser el centro directivo de la contabilidad pública atribuida a la Generalidad de Cataluña.
• c) Ser el centro directivo en la gestión de subvenciones y ayudas en el ámbito de la Administración de la Generalidad y su sector público, y hacer su seguimiento y control.

2. La Intervención General se dota de un conjunto de personas, datos, procesos, sistemas y herramientas tecnológicas que interactúan para desarrollar sus funciones respecto de los órganos y las entidades.»

1. Si la objeción del artículo 65 afecta la disposición de gastos, el reconocimiento de obligaciones o la propuesta de pagos, la Intervención debe emitir un acto de fiscalización desfavorable y se suspende la tramitación del expediente mientras no se resuelva, en los siguientes casos:

• a) Si existe insuficiencia o inadecuación del crédito.
• b) Cuando el gasto se proponga a un órgano que no tenga competencia para aprobarlo.
• c) Si faltan requisitos esenciales en el expediente, se aprecian graves irregularidades en la documentación justificativa del reconocimiento de la obligación o no se acredita lo suficiente el derecho del perceptor.
• d) Si la objeción deriva de comprobaciones materiales de servicios, suministros, obras y otras inversiones, concesiones y adquisiciones patrimoniales de bienes o derechos, o de cualquier actuación que comporte una variación del patrimonio de la Generalidad.

2. No corresponde a la Intervención pronunciarse sobre la justificación de la oportunidad de la propuesta hecha por el órgano competente por razón de la materia.»

• «c) La intervención de la aplicación de las cantidades destinadas a servicios, suministros, obras y otras inversiones, concesiones y adquisiciones patrimoniales de bienes o derechos, así como el resto de gasto realizado con caudales públicos o cualquier actuación que comporte una variación del patrimonio de la Generalidad, que incluye también el correspondiente examen documental.»

«5. Una vez finalizado el procedimiento establecido por el apartado 4, las unidades o entidades del sector público controladas no pueden interponer, en caso de discrepancia, ningún recurso o reclamación administrativa o jurisdiccional.»

«6. La Intervención General, sin perjuicio de las competencias que corresponden al departamento competente en materia de administración pública establecidas por el artículo 173.2 de la Ley 5/2017, de 28 de marzo, de medidas fiscales, administrativas y del sector público y de creación y regulación de los impuestos sobre grandes establecimientos comerciales, sobre estancias en establecimientos turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas envasadas y sobre emisiones de dióxido de carbono, ejerce la supervisión continua de las entidades del sector público de la Generalidad, para evaluar:

• a) La subsistencia de las circunstancias que justificaron la creación de estas entidades.
• b) La sostenibilidad financiera de estas entidades.
• c) La concurrencia de la causa de disolución por el incumplimiento de las finalidades que justificaron la creación de la entidad o si la subsistencia de la entidad es el medio más idóneo para su consecución.

La aplicación del sistema de supervisión continua se tiene que llevar a cabo por el procedimiento establecido por el control financiero.»

«7. En el marco de los controles a los que se refiere el apartado 1, las autoridades y los responsables de las entidades sujetas a control financiero deben garantizar que se preste la debida colaboración y el apoyo necesario al personal de la Intervención General y de las sociedades de auditoría, o a los auditores de cuentas contratados para llevar a cabo el control, y facilitarles los documentos, los antecedentes, los datos y toda la información que soliciten en los plazos que la planificación correspondiente establece. A estos efectos, el personal de la Intervención tiene la consideración de agente de la autoridad.

En caso de que el interventor que dirige un control encuentre resistencia a la entrega de la información necesaria para llevarlo a cabo por parte de la entidad sujeta a control financiero o se produzca un retraso injustificado en la puesta a disposición de esta información, debe poner inmediatamente esta circunstancia en conocimiento del interventor general, que deberá trasladarla al titular del departamento de adscripción de la entidad para que tome las medidas necesarias y exija, en su caso, las responsabilidades necesarias. En estos supuestos, el interventor general debe aplicar lo que establece el apartado 5 del artículo 81 de esta Ley en relación con la suspensión de la entrega de subvenciones y transferencias.»

• «h) Centralizar, cuando lo determine, la información contable de todas las entidades clasificadas como Administración pública de la Generalidad según el sistema europeo de cuentas, para facilitar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, así como el cumplimiento de las obligaciones de información que establece la normativa vigente. Con esta finalidad y la de control, puede establecer la composición, el formato y la periodicidad de los datos contables y de gestión económica y financiera que deben remitir las entidades mencionadas. Asimismo, con este objetivo puede establecer el acceso permanente y directo a la información necesaria en los sistemas de información contable de las entidades, tanto en los sistemas corporativos como en los singulares de cada entidad.»

«2. Las entidades del sector público sujetas a fiscalización previa deben presentar a la Intervención las cuentas y estados contables provisionales antes del 31 de marzo del año posterior al del cierre y deben ser aprobados antes del 30 de junio por el órgano competente, de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable a la entidad o, si no hay, por parte del director o directora general o cargo equivalente de la entidad.

El resto de entidades del sector público de la Generalidad deben formular sus cuentas anuales de acuerdo con los principios contables que les son aplicables y se deben comunicar a la Intervención General y poner a disposición de los responsables de la auditoría antes del 31 de marzo del año posterior.»

«5. Si las entidades del sector público incumplen el deber de remitir a la Intervención General la documentación que establecen los apartados 2 y 3 o la información complementaria de esta documentación, una vez dado el trámite de audiencia, sin que se haya acreditado ninguna causa justificada del incumplimiento, la Intervención General debe comunicarlo al departamento competente en materia de finanzas públicas, para que se adopten las medidas destinadas a suspender a la entidad que corresponda la entrega de subvenciones o transferencias a las que tenga derecho con cargo a los presupuestos de la Generalidad, siempre que no provengan de otras administraciones. Esta suspensión se mantiene hasta que se acredite la remisión de las cuentas, y no genera, en ningún caso, derecho a compensación financiera.»

• «c) Autorizar gastos sin los créditos presupuestarios correspondientes o con crédito insuficiente o infringiendo de alguna otra forma las disposiciones vigentes sobre la materia, incluido el hecho de comprometer créditos como consecuencia de pactos, acuerdos o negocios jurídicos con terceros ajenos a la Generalidad de Cataluña si son susceptibles de implicar el reconocimiento de obligaciones no previstas en el presupuesto de gastos aprobado por ley o si los créditos previstos no son suficientes y los compromisos conllevan efectos en ejercicios futuros, sin que se disponga de autorización previa de los órganos competentes en materia de finanzas para la aprobación de este tipo de gasto.»

«2. El régimen aplicable a las subvenciones y las ayudas es el establecido por esta ley, las leyes especiales aprobadas por el Parlamento y las respectivas leyes de presupuestos de la Generalidad, y supletoriamente las normas de derecho administrativo y, si los no hay, las de derecho privado, salvo las subvenciones financiadas con fondos europeos y gestionadas por la Generalidad de Cataluña, en que prima la normativa de la Unión Europea. Las materias propias del ámbito de las subvenciones y las ayudas se desarrollan por orden de la persona titular del departamento competente en materia de finanzas.»

«3. Las bases reguladoras deben someterse, antes de que sean aprobadas, al informe del servicio jurídico y al informe de fiscalización preceptivo y vinculante de la intervención delegada del ente concedente de la subvención o ayuda. Esta aprobación debe hacerse por orden del consejero o consejera correspondiente, o del órgano competente, en los supuestos especificados por las letras b y c del artículo 93, y deben publicarse en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.»

«Primera. El procedimiento de concesión sigue los siguientes parámetros:

• 1.º El procedimiento de concesión es, preferentemente, el de concurrencia competitiva.
• 2.º Las bases reguladoras pueden considerar el otorgamiento mediante un procedimiento de concurrencia no competitiva simple, en el que el único criterio para establecer el orden de prelación de las solicitudes de subvención sea su fecha de presentación.
  • – Con este procedimiento, el órgano instructor, sin necesidad de una comisión de valoración, formula una propuesta única de concesión para las solicitudes presentadas válidamente dentro de un plazo limitado y que cumplan los requisitos que se establecen en las respectivas bases reguladoras hasta agotar el crédito disponible en la convocatoria, y la denegación para el resto de solicitudes.
  • – No es necesario establecer una prelación entre las solicitudes cuando, una vez finalizado el plazo de presentación, el crédito consignado en la convocatoria sea suficiente para atender todas las solicitudes presentadas válidamente y que cumplan los requisitos establecidos en las bases reguladoras respectivas.
• 3.º De forma excepcional y siempre de forma razonada, las bases reguladoras pueden prever el otorgamiento de la subvención mediante un procedimiento de concurrencia no competitiva con concesión sucesiva en que la concesión de las subvenciones únicamente exige el cumplimiento de los requisitos previamente establecidos en las bases reguladoras de las solicitudes válidamente presentadas dentro de un plazo limitado, sin efectuar entre ellas ninguna evaluación comparativa ni consideración conjunta.
  • – En este supuesto, las solicitudes que se formulen son resueltas ordenadamente en función del momento en que el respectivo expediente esté completo y hasta agotar el crédito consignado en la convocatoria.
  • – Cuando por el fin o naturaleza de la subvención se utilice este procedimiento de concesión sucesiva, debe recogerse expresamente en las bases reguladoras el carácter limitado de los fondos públicos destinados al programa subvencional correspondiente, y establecer las consecuencias derivadas del agotamiento de los mencionados fondos.
  • – En todo caso, una vez agotados los fondos, debe hacerse pública, mediante un anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, esta circunstancia, a los efectos de la suspensión o denegación de la concesión de nuevas subvenciones.
  • – A pesar del carácter limitado de los fondos, la convocatoria puede prever una cuantía adicional aplicable a la concesión sin que requiera una nueva convocatoria. Es admisible la fijación de una cuantía adicional que, excepcionalmente pueda prever la convocatoria, cuando los créditos a que resulta imputable no estén disponibles en el momento de la convocatoria pero cuya disponibilidad se prevea obtener en cualquier momento anterior a las resoluciones de concesión dentro del ejercicio presupuestario de la propia convocatoria. En este caso, el órgano concedente debe publicar la declaración de créditos disponibles, dentro del límite de la cuantía adicional fijada en la convocatoria y con carácter previo a las resoluciones de concesión, en los mismos medios que la convocatoria, sin que esta publicidad implique la apertura de un nuevo plazo para presentar nuevas solicitudes ni el inicio de un nuevo cómputo de plazo para resolver.»

«2. Excepcionalmente, se pueden conceder subvenciones excluidas de concurrencia, siempre que se acredite la imposibilidad de concederlas en el marco de una convocatoria pública por las especificidades del subvencionado o de las actividades a desarrollar. Esta concesión debe cumplir los siguientes requisitos:»

• «d) Si el importe a conceder es superior a 300.000 euros o a lo que determine la Ley de presupuestos, es necesaria la autorización previa del Gobierno, salvo que se trate de una subvención con cargo a partidas nominativas.»

En las subvenciones y las ayudas otorgadas en el ámbito de la cooperación internacional al desarrollo no es de aplicación la exigencia del interés de demora para los reintegros, las devoluciones y los remanentes no aplicados.»

«Artículo 16

1. La adquisición a título oneroso de cuotas, partes alícuotas o títulos representativos del capital de empresas constituidas de acuerdo con el derecho civil o el mercantil debe hacerse por compra o por suscripción.

2. Corresponde al Gobierno acordar la adquisición por parte de la Administración de la Generalidad y conceder las autorizaciones para esta finalidad a las entidades de su sector público, de acuerdo con lo establecido por el Estatuto de la empresa pública catalana.

3. En el caso de sociedades mercantiles, la participación en conjunto de la Administración de la Generalidad y de las entidades de su sector público en el capital de la empresa como resultado de la adquisición no puede ser inferior al 5% del capital, salvo en los casos en que por tratarse de inversiones en sociedades que se consideren estratégicas, por el carácter sucesivo de la adquisición o la venta de los títulos representativos del capital, o por razón del impacto de la operación en las disponibilidades presupuestarias, el porcentaje sea inferior, pero como mínimo del 1% del capital social.»

«2. Un alto cargo no puede pertenecer a más de dos consejos de administración u órganos de gobierno, salvo que una norma lo establezca por razón del cargo. Si concurren razones justificativas, el Gobierno, mediante una resolución motivada, puede autorizar, de forma excepcional, que un alto cargo pertenezca a más de dos consejos de administración de organismos u órganos de gobierno de empresas o entidades. Los altos cargos al servicio de la Generalidad pueden pertenecer a más de dos consejos de administración u órganos de gobierno sin necesidad de autorización excepcional del Gobierno de la Generalidad siempre que no perciban ningún tipo de derecho de asistencia por la participación en las reuniones de estos consejos de administración u órganos de gobierno.»

1. Los altos cargos al servicio de la Generalidad pueden compatibilizar su cargo con el ejercicio de funciones docentes universitarias retribuidas, de carácter reglado y en régimen de dedicación a tiempo parcial. Son igualmente compatibles, siempre que no sean retribuidas, las actividades de investigación, asesoramiento científico y de investigación que deriven de la ejecución de proyectos científicos o de investigación de los que el alto cargo había sido beneficiario, como autor o coautor, con anterioridad a la toma de posesión. La compatibilidad comprende las tareas de producción y creación literarias, artísticas, científicas o técnicas y las publicaciones derivadas de estas actividades.

Queda expresamente prohibida la presentación de nuevas solicitudes o candidaturas para la financiación, tanto de carácter público como privado, de nuevos proyectos científicos o de investigación de los que el alto cargo sea investigador principal, coautor o actúe como miembro del equipo investigador y de investigación solicitante.

2. El ejercicio de las funciones a que se refiere el apartado 1 requiere la autorización expresa de la persona titular del departamento competente en materia de función pública, que debe valorar que estas funciones no se ejercen en detrimento de la dedicación al ejercicio del cargo público y que no concurre conflicto de interés. Se considera, entre otros, que van en detrimento de la dedicación al ejercicio del cargo público las dedicaciones superiores a ciento veinte horas anuales lectivas de docencia o de actividad de investigación.»

«Artículo 4

1. El personal comprendido en el ámbito de aplicación de esta Ley solo puede tener un segundo puesto de trabajo o una segunda actividad en el sector público si lo exige el interés del propio servicio público.

2. Se puede autorizar, una vez cumplidas las prescripciones de esta Ley, la compatibilidad para ocupar un puesto de trabajo como profesor universitario asociado en régimen de dedicación a tiempo parcial.

3. Se puede autorizar, cumplidas las prescripciones de esta Ley, la compatibilidad del personal docente e investigador de universidades para ocupar un segundo puesto de trabajo en el sector público sanitario o de carácter exclusivamente de investigación, en centros públicos de investigación, incluyendo el ejercicio de funciones de dirección científica en un centro o una estructura de investigación, dentro del área de especialidad de su departamento universitario, y siempre que los dos puestos estén autorizados como de prestación a tiempo parcial.

4. Quienes ocupan un cargo de los definidos como segundo puesto por el apartado 3 pueden ser autorizados para compatibilizar uno de los puestos docentes universitarios a los que hace referencia.

5. Los profesores titulares de escuelas universitarias de enfermería pueden ser autorizados a compatibilizar un segundo puesto de trabajo en el sector público sanitario, en los términos y las condiciones indicados por los apartados 3 y 4.

6. Se puede autorizar, cumplidas las prescripciones de esta Ley, la compatibilidad para el ejercicio de un segundo puesto de trabajo o actividad a tiempo parcial en el sector público cultural, salvo la prohibición establecida en el artículo 14, al siguiente personal:

• a) Al personal funcionario y laboral de las administraciones locales de las enseñanzas establecidas en el artículo 45 de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación.
• b) Al profesorado de los cuerpos de catedráticos y profesores de enseñanzas artísticas profesionales o de enseñanzas artísticas superiores que preste servicio en los centros públicos que impartan estas enseñanzas.

7. Se puede autorizar al profesorado de los cuerpos de catedráticos y profesores de enseñanza secundaria, al del cuerpo de profesores especialistas en sectores singulares de formación profesional, al del cuerpo a extinguir de profesores técnicos de formación profesional y al resto de profesorado de formación profesional, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 95 de la Ley orgánica 2/2006, la compatibilidad para el ejercicio de sus funciones, a tiempo parcial y cumpliendo las exigencias de esta Ley, salvo la prohibición establecida en el artículo 14, en los centros de titularidad pública con oferta integrada, e impartir todas las modalidades del sistema de formación profesional de conformidad con su perfil académico y profesional, siempre que cumplan los requisitos para impartir los módulos incluidos en los títulos, cursos de especialización, certificados profesionales, certificados de competencia y acreditaciones parciales de competencia correspondientes, así como en acciones formativas de las otras modalidades del ámbito del sistema de la formación profesional.

8. En general, se considera que este interés público se da si se trata de un segundo puesto de trabajo directamente relacionado con las tareas docentes que son objeto del puesto de trabajo principal. Se presupone también el interés público si la función docente objeto de la segunda actividad está directamente relacionada con la función o la actividad que se considera principal.

9. En principio se considera también de interés público la realización habitual de funciones docentes para la formación, la formación para el acceso al empleo público o el perfeccionamiento del personal en centros de formación de funcionarios.

10. Se considera también que existe interés público para ejercer un segundo cargo o actividad si así lo determina el Gobierno.

11. En los supuestos señalados por los apartados 8, 9 y 10, corresponde al Gobierno de determinar la existencia de interés público, que es condición necesaria para el otorgamiento de la autorización de compatibilidad. Los departamentos interesados deben elevar al Gobierno las propuestas correspondientes a fin de que este declare la posible existencia de interés público.»

1. Los puestos de trabajo pueden agruparse en áreas de especialidad en función de los conocimientos, las competencias, los perfiles profesionales y las funciones que sean necesarias para su desarrollo, con el objeto de racionalizar la gestión de recursos humanos.

2. Las áreas de especialidad son instrumentos para la ordenación de los procesos de selección y provisión, y para la formación, la carrera profesional y la movilidad del personal.

3. Se deben regular, mediante acuerdo de Gobierno, las áreas de especialidad en el ámbito de la Generalidad, el procedimiento de asignación a cada puesto y los efectos en materia de selección, provisión, movilidad y formación.

4. La adscripción de un puesto de trabajo en un área o más áreas de especialidad debe constar en la relación de puestos de trabajo y, en su caso, en los instrumentos de gestión de los puestos de trabajo.

5. La adscripción a un área de especialidad no tiene efectos retributivos automáticos ni conlleva la modificación del nivel de clasificación del puesto de trabajo, y cualquier cambio retributivo está sujeto al régimen general de valoración y clasificación de puestos.»

• «e) El complemento variable por servicios efectivos en horario nocturno o en día festivo, por asistencia operativa inmediata y por guardias de presencia física y guardias localizadas.»

• «f) El complemento de carrera profesional, que retribuye la progresión alcanzada, sin cambiar de puesto de trabajo, dentro del sistema de carrera profesional horizontal establecido legalmente.»

«2. Las administraciones locales, en el marco de la autonomía local y en función de su disponibilidad presupuestaria, pueden establecer la aplicación de la garantía retributiva del salario mínimo interprofesional a los funcionarios que tengan en prácticas en los términos del apartado 1.»

«3. Las medidas establecidas por esta ley se aplican tanto al personal que tiene un vínculo matrimonial como a las parejas estables acreditadas de acuerdo con lo establecido en el libro segundo del Código civil de Cataluña, relativo a la persona y la familia. Las medidas se aplican también tanto en los supuestos de filiación biológica o adoptiva como en los de acogimiento permanente o preadoptivo, sin perjuicio de las especialidades que establece la ley en relación con el cómputo de plazos. Mediante la negociación colectiva estas medidas se pueden extender a otras modalidades de acogimiento.»

«3. Las administraciones locales, previa negociación colectiva, pueden extender las medidas que se establezcan en las otras modalidades de acogimiento distintas al acogimiento permanente o preadoptivo.»

1. El ayuntamiento que, en el marco de un proceso selectivo, nombre como miembro de su policía local a una persona que haya superado el Curso de formación básica para policías, en el caso de la categoría de agente, o los cursos de promoción, en el caso de las demás categorías, de acuerdo con el artículo 24, impartidos por el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña en los últimos tres años, y que en el momento de seleccionarla forme parte de la plantilla de otro ayuntamiento, debe satisfacer a este último una indemnización equivalente a las retribuciones legalmente establecidas que este policía haya percibido durante los cursos mencionados, y el gasto de los cursos de promoción y de formación continuada que haya realizado en el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña dentro del mismo periodo y, en su caso, los de especialización.

2. El periodo de tres años al que se refiere el apartado 1 se computa desde la fecha de finalización del curso correspondiente hasta la fecha del nombramiento por parte del ayuntamiento que debe satisfacer la indemnización.»

• «b bis) El acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad o edad y el acoso laboral, moral, sexual y por razón de sexo, orientación sexual o identidad de género.»

• «w) El acoso sexual y también el acoso laboral, que consiste en la reiteración de actos de acoso psicológico o hostilidad en el marco de una relación de servicio.»

• «q) El hecho de acceder indebidamente, con dolo o negligencia grave, a datos personales de titularidad municipal, o permitir, facilitar o autorizar que terceros accedan a estos datos sin autorización, incluidos los tratados con fines policiales, contraviniendo la normativa en materia de protección de datos personales, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda al responsable o al encargado del tratamiento.»

«1. No pueden imponerse sanciones por faltas graves o muy graves si no es en virtud de un expediente instruido al efecto; la tramitación del expediente debe regirse por los principios de sumariedad y de celeridad, pero en ningún caso puede existir indefensión. La sanción por faltas leves puede imponerse sin ningún otro trámite que el de audiencia a la persona interesada. La duración máxima del expediente no puede ser superior a seis meses, salvo que la Administración justifique una prórroga expresa o exista una conducta dilatoria de la persona inculpada.»

«2. Las faltas muy graves prescriben al cabo de seis años, las graves al cabo de dos años y las leves al cabo de tres meses, a contar desde la fecha de la comisión de la falta.»

• «b) Ninguna de las candidatas mujeres seleccionadas en virtud de este criterio de preferencia puede tener un diferencial negativo superior al 15% respecto a los candidatos hombres postergados, en la puntuación global de la fase de oposición si el proceso consiste únicamente en una oposición, o en la puntuación global del concurso oposición si el proceso consiste en un concurso oposición.»

1. Para reducir al máximo el nombramiento de personal interino y la temporalidad estructural de las plantillas de los cuerpos de las policías locales, promover la simplificación administrativa y fomentar la promoción interna y la cobertura de los puestos de trabajo con funcionarios de carrera, las convocatorias de pruebas selectivas de todas las categorías de las policías locales pueden incluir, además de las plazas autorizadas en las ofertas de empleo público, un número de plazas adicionales para cubrir futuras vacantes, a cargo de las ofertas de empleo público de los dos años siguientes.

2. Las convocatorias deben justificar debidamente el número de plazas adicionales que incluyen, de acuerdo con el fin al que se refiere el apartado 1, y, en ningún caso, pueden obstaculizar ni impedir la convocatoria ordinaria de las ofertas de empleo previstas para los dos años siguientes, de acuerdo con el apartado 2 de la disposición adicional trigésima de la refundición en un texto único de los preceptos de determinados textos legales vigentes en Cataluña en materia de función pública, aprobada por el Decreto legislativo 1/1997, de 31 de octubre.

3. Si las bases y la convocatoria así lo regulan, las personas aspirantes que hayan aprobado la fase previa de oposición o de concurso oposición pero no hayan sido propuestas para hacer el Curso de formación básica para policías en el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña pueden ser propuestas para hacerlo en la edición siguiente, respetando el orden de puntuación que hayan obtenido en esta fase previa. Si las bases o la convocatoria así lo establecen, también deben realizar el periodo de prácticas. Las personas aspirantes que aprueben todas las fases del proceso selectivo serán nombradas funcionarias de carrera, y la fecha de la toma de posesión del puesto de trabajo será la fecha a partir de la cual el nombramiento desplegará todos los efectos.

4. La relación de personas aspirantes que hayan aprobado la fase de oposición o de concurso oposición pero no hayan sido propuestas para realizar el Curso de formación básica para policías en el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña queda automáticamente sin efecto una vez transcurridos tres años a contar desde la fecha de publicación de la convocatoria del proceso selectivo correspondiente o cuando el ayuntamiento resuelva una convocatoria posterior de otro proceso selectivo del mismo cuerpo, escala y categoría.

5. Sin perjuicio de lo establecido esta disposición, las bases de los procesos selectivos pueden disponer que la superación de pruebas selectivas en el marco de convocatorias anteriores, correspondientes únicamente a la fase de oposición y, por tanto, correspondientes a la fase selectiva anterior al Curso de formación básica para policías, pueda eximir de realizar alguna prueba o ejercicio, o bien que se puedan valorar dichas pruebas selectivas como mérito en la fase de concurso.»

«2. Las condiciones profesionales del personal técnico de las bibliotecas del Sistema de Lectura Pública deben determinarse por reglamento. En todo caso, excepto en las bibliotecas filiales, el personal bibliotecario debe tener una titulación universitaria específica del ámbito de la biblioteconomía, la información y la documentación.»

«El acceso a la categoría de cabo se hace por promoción interna, a través de un concurso oposición, que debe incluir la superación de un curso selectivo en el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña. Para participar en él, las personas aspirantes deben pertenecer a la categoría de bombero o bombera de primera de la escala técnica y acreditar una antigüedad mínima de cuatro años de servicio activo en la categoría de bombero o bombera de primera de la escala técnica, o bien una antigüedad mínima de dos años de servicio activo en esta categoría cuando se haya accedido desde la categoría de bombero o bombera de la escala básica.»

1. Los bomberos y bomberas voluntarios tienen derecho a disfrutar de un seguro que cubra los accidentes que se puedan producir en acto de servicio; a disfrutar de la defensa jurídica necesaria en las causas instruidas como consecuencia de actuaciones llevadas a cabo en el ejercicio de sus funciones, y recibir compensaciones que indemnicen su dedicación en la forma y cuantía que se determine reglamentariamente.

1 bis. Se crea el plan de ahorro de los bomberos y bomberas voluntarios de la Generalidad, en el que la Administración debe efectuar aportaciones. La naturaleza de estas aportaciones es estrictamente indemnizatoria en el marco del reconocimiento de la actividad de este voluntariado. Los requisitos de acceso, las condiciones de consolidación y la cuantía y los límites para percibirlo deben determinarse mediante la resolución de la persona titular del departamento competente en materia de prevención, extinción de incendios y salvamentos.

2. Los bomberos y bomberas voluntarios que, por su actuación en servicio, sufran secuelas de carácter permanente reconocidas de conformidad con lo que determine el departamento competente en materia de prevención, extinción de incendios y salvamentos también tienen derecho a recibir una aportación dineraria a cargo de la Generalidad.

2 bis. La aportación a la que se refiere el apartado 2 tiene carácter exclusivamente indemnizatorio y su cuantía es equivalente a la que en circunstancias idénticas perciba el personal funcionario integrado en el Cuerpo de Bomberos de la Generalidad al que se haya reconocido una situación de incapacidad permanente total o absoluta o de gran invalidez.

3. Los bomberos y bomberas voluntarios deben ser distinguidos o recompensados cuando se aprecie alguna de las circunstancias o alguno de los supuestos que sean determinados por reglamento.»

«1. El acceso a las categorías de facultativo o facultativa y de técnico o técnica de la escala de apoyo del Cuerpo de Mossos d'Esquadra se hace por convocatoria de libre acceso, mediante oposición o concurso oposición.

Las convocatorias de acceso a la categoría de facultativo o facultativa pueden incluir un turno de promoción interna para las personas funcionarias de carrera de la categoría de técnico o técnica de la escala de apoyo del Cuerpo de Mossos d'Esquadra, si cumplen los requisitos de titulación, tienen una antigüedad mínima de dos años en la categoría de técnico o técnica y cumplen el resto de requisitos exigidos en la convocatoria.»

1. La carrera horizontal del Cuerpo de Mossos d'Esquadra supone el reconocimiento individualizado del desarrollo profesional de acuerdo con un modelo de competencias y habilitaciones operativas y la consecución de diferentes niveles de expertez y experiencia, validados a través de la evaluación del rendimiento y de las competencias profesionales.

2. Mediante una orden de la persona titular del departamento competente en materia de seguridad pública y previa negociación colectiva, se debe establecer por reglamento un sistema de itinerarios profesionales estructurados en niveles de expertez profesional en el mismo puesto de trabajo y en la provisión de los puestos de trabajo de las diferentes especialidades. Este sistema debe incluir:

• a) Los grados o niveles que se reconocerán, con el complemento de carrera horizontal correspondiente, que tiene la consideración de retribución complementaria de las personas funcionarias del Cuerpo de Mossos d'Esquadra.
• b) Los requisitos para acceder a cada grado o nivel, los tiempos y las condiciones de permanencia, así como las circunstancias que pueden resultar en la pérdida de estos grados o niveles.
• c) Los mecanismos y criterios para evaluar la trayectoria y la actuación profesional, la calidad de los trabajos realizados, los conocimientos adquiridos y el resultado de la evaluación del desarrollo, así como otros méritos y aptitudes en función de la especificidad del puesto de trabajo desarrollado.

3. El Instituto de Seguridad Pública de Cataluña, en colaboración y coordinación con la Dirección General de Policía, debe elaborar un plan formativo que desarrolle el Plan de carrera profesional del Cuerpo de Mossos d'Esquadra.»

«2. A los efectos del ejercicio de la función de negociación colectiva en relación con la letra b del apartado 1, se pueden constituir en el Consejo de la Policía - Mossos d'Esquadra uno o varios grupos de negociación, integrados por los representantes de la Administración que designe la presidencia del Consejo y por miembros que sean designados por las organizaciones sindicales representativas del Cuerpo de Mossos d'Esquadra. Se entiende por organizaciones sindicales representativas las organizaciones que en las últimas elecciones al Consejo de la Policía - Mossos d'Esquadra hayan obtenido, al menos, una persona en representación del Consejo, o en dos de las escalas el 10% de los votos emitidos en cada una de estas.

3. Los grupos de negociación a los que se refiere el apartado 2 pueden tratar las cuestiones relativas a la participación en el establecimiento de las condiciones propias de la prestación del servicio del personal funcionario del Cuerpo de Mossos d'Esquadra y, en todo caso, las relativas a la jornada y el horario, las retribuciones, las vacaciones y las licencias y los permisos.

4. Las propuestas de acuerdo o pacto a las que se llegue en los grupos de negociación a los que se refiere el apartado 2 se deben elevar al pleno del Consejo de la Policía para ser aprobadas.»

El asesoramiento en derecho y la representación y la defensa jurídicas de las entidades del sector público institucional son ejercidos en los términos establecidos por reglamento por la abogacía de la Generalidad, salvo que estas entidades estén dotadas de servicios jurídicos propios, por disposición legal exprés o por decreto del Gobierno, o bien, en el caso de los consorcios, por acuerdo del Gobierno, sin perjuicio de la posibilidad que establece el artículo 7.2.»

«2. La representación y la defensa del Gobierno, de la Administración y de las entidades del sector público institucional pueden ser encargadas, justificadamente, a un abogado o abogada colegiado cuando el presidente o presidenta de la Generalidad, la persona titular del departamento competente o el presidente o presidenta de la entidad lo decidan, por la naturaleza de la cuestión debatida o de la entidad afectada o por las circunstancias especiales que concurran, con un informe de la dirección del Gabinete Jurídico de la Generalidad, sin perjuicio de lo establecido por el artículo 61 de la Ley 15/1990, de 9 de julio, de ordenación sanitaria de Cataluña.»

«1. El Gobierno de la Generalidad debe aprobar la relación de puestos de trabajo que deben ser ocupados por los abogados y abogadas de la Generalidad, de acuerdo con las disponibilidades de las plantillas presupuestadas cada año.»

«Artículo 7 Competencia para imponer sanciones

1. Corresponde a la persona titular del Departamento de Economía y Finanzas de imponer las sanciones por faltas muy graves, salvo que la multa supere la cantidad de 180.303,63 euros, caso en el cual la imposición de la sanción corresponde al Gobierno.

2. Corresponde a la persona titular de la Dirección General de Tributos y Juego de imponer las sanciones por faltas graves, si superan la cantidad de 6.010,12 euros o pasan de los seis meses de suspensión de la autorización o de cierre o inhabilitación del local.

3. Corresponde a la persona titular de la Dirección General de Tributos y Juego de imponer las sanciones por faltas graves, si no superan la cantidad de 6.010,12 euros o no pasan de los seis meses de suspensión de la autorización o de cierre o inhabilitación del local, y las sanciones por faltas leves.»

1. Los planes de protección civil pueden ser territoriales, especiales y de autoprotección. Estos planes deben ser aprobados y homologados de acuerdo con la legislación vigente.

2. Todos los planes de protección civil deben estar coordinados e integrados de forma eficaz para dar respuesta a las situaciones de grave riesgo colectivo, a las catástrofes o a las calamidades públicas que se produzcan.

3. La homologación de un plan requiere que este incorpore la estructura de los contenidos mínimos, los riesgos de acuerdo con el Mapa de protección civil, las emergencias que se pueden producir, los avisos a las autoridades de protección civil, los procedimientos de respuesta y los datos de contacto en caso de emergencia, y también que sea elaborado por la persona o el ente competente.»

«2. Los municipios con una población superior a los veinte mil habitantes y los que, sin llegar a esta población, tienen la obligación de elaborar un plan de actuación municipal por riesgos especiales de acuerdo con lo establecido por el artículo 18, deben elaborar y aprobar planes básicos de emergencia municipal que garanticen la coordinación y la aplicación correctas en su territorio del Plan de protección civil de Cataluña. Los planes básicos de emergencia municipal son aprobados por los plenos de las respectivas corporaciones municipales, previa información pública e informe de la comisión municipal de protección civil, si existe, y son homologados por la Comisión de Protección Civil de Cataluña.»

• «h) Los niveles de aplicación del plan, que deben corresponderse con situaciones de alarma y emergencia, con las medidas asociadas a cada uno de los niveles.»

«3. Para los municipios de menos de veinte mil habitantes se debe determinar por reglamento un modelo de planificación simplificado, en lo que concierne tanto al plan territorial como a los planes de actuación por riesgos especiales.»

• «b) Participar en la elaboración de los planes de protección civil, integrar en los mismos los recursos y servicios propios y formar parte de los órganos de coordinación y asesoramiento correspondientes en caso de establecerlo así los propios planes.»

«3. Son funciones de la Comisión:

• a) Emitir informes sobre las normas técnicas y las disposiciones legales relacionadas con la protección civil que se dicten en Cataluña.
• b) Participar en la coordinación de las actuaciones de los órganos relacionados con la protección civil.
• c) Homologar los planes de autoprotección y los planes de protección civil de ámbito municipal y supramunicipal que le correspondan.
• d) Emitir informes sobre el Plan de protección civil de Cataluña y los planes especiales que deban ser aprobados por el Gobierno de la Generalidad.
• e) Ser informada del funcionamiento material de los planes y las actuaciones de respuesta, evaluar sus resultados y formular las propuestas adecuadas.
• f) Verificar el funcionamiento de los planes de protección civil tras producirse incidencias de relevancia, basándose en el informe emitido por el órgano competente del departamento responsable en materia de protección civil.
• g) Las demás que le atribuya la normativa vigente.»

El Gobierno debe aprobar por decreto la normativa general sobre organización y funcionamiento de las juntas locales de seguridad. Estos órganos pueden aprobar su reglamento de funcionamiento interno, atendiendo a los preceptos de la presente ley y las normas que la desarrollen.»

«2. Los convenios pueden establecer la creación de comisiones y grupos de trabajo para llevar a cabo las actuaciones previstas. En general, sin perjuicio de las particularidades derivadas de su objeto o su composición, estos órganos se deben vincular a las juntas locales de seguridad.»

«9. El consejero o consejera del departamento con competencias en materia de seguridad pública debe comunicar la aprobación de planes de seguridad supramunicipales y regionales a las juntas locales de seguridad que resulten afectadas por los mismos y a los órganos superiores de coordinación y participación, para que tengan conocimiento de los mismos y, si procede, para que hagan la adecuación de sus actuaciones a los mismos.»

«1. Los ciudadanos tienen derecho a participar en las tareas de seguridad pública mediante las asociaciones y entidades que tienen representación en el Consejo de Seguridad de Cataluña y en las juntas locales de seguridad.»

«Artículo 17 bis Plan de carrera profesional

1. El plan de carrera profesional de los miembros del Cuerpo de Agentes Rurales conlleva el reconocimiento individualizado del desarrollo profesional de acuerdo con unos procesos selectivos de promoción interna y de progresión de la carrera profesional que garanticen el cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Este plan de carrera profesional debe ser aprobado por el Gobierno, a propuesta de la persona titular del Departamento de Interior.

2. Reglamentariamente, a través de una orden de la persona titular competente en materia de seguridad pública y previa negociación colectiva, se debe establecer un sistema de itinerarios profesionales estructurados en niveles de expertez profesional en el mismo puesto de trabajo y en la provisión de puestos de trabajo de los grupos funcionales que se creen, así como las condiciones de acceso, los periodos mínimos de permanencia y la salida de cada grupo.

3. Los niveles de especialidad, una vez reconocidos, deben ser objeto de consolidación de acuerdo con las reglas generales de consolidación y reconocimiento del grado personal, salvo en los supuestos en los que no se acrediten las aptitudes y capacidades requeridas, y sin perjuicio de lo dispuesto por la regulación del régimen disciplinario para la sanción de demérito.

4. El Instituto de Seguridad Pública de Cataluña, en colaboración y coordinación con la dirección general competente de agentes rurales, debe elaborar el plan formativo que dé respuesta al plan de carrera profesional del Cuerpo de Agentes Rurales.

5. Dentro de las retribuciones complementarias de los miembros del Cuerpo de Agentes Rurales se incluye el complemento de carrera profesional correspondiente a las retribuciones asociadas al plan de carrera profesional, de acuerdo con lo establecido en este artículo.»

«Capítulo VII
Cuerpos tributarios

Artículo 217-1 Cuerpos tributarios de la Agencia Tributaria de Cataluña

Son cuerpos tributarios de adscripción exclusiva a la Administración tributaria de la Generalidad, de acuerdo con la definición del artículo 121-2:

• a) El cuerpo superior de inspectores tributarios de la Generalidad de Cataluña.
• b) El cuerpo superior de técnicos tributarios de la Generalidad de Cataluña.
• c) El cuerpo técnico de gestores tributarios de la Generalidad de Cataluña.
• d) El cuerpo de agentes tributarios de la Generalidad de Cataluña.
• e) El cuerpo superior de informática tributaria de la Generalidad de Cataluña.»

• «i) Auditar y certificar el cumplimiento de los requisitos que establece la normativa vigente respecto de los sistemas de información incluidos en el ámbito de actuación de la Agencia.»

«6. Los órganos de gestión del Instituto Catalán de la Salud son:

• a) Los servicios corporativos, que son a la vez estructura de apoyo del director o directora gerente y de los centros, servicios y establecimientos del Instituto.
• b) Las unidades de gestión de los centros, los servicios y los establecimientos del Instituto que establezca el Consejo de Administración, en amparo de las competencias que le atribuye el artículo 8.2.b.»

«1. Los centros, los servicios y los establecimientos del Instituto Catalán de la Salud se pueden organizar a través de los órganos que establezca el Consejo de Administración entre los siguientes:

• a) Gerencias territoriales como unidades de gestión conjunta de la atención primaria, la atención hospitalaria y otros servicios sociosanitarios.
• b) Unidades de gestión de atención primaria.
• c) Unidades de gestión de atención hospitalaria.
• d) Otras unidades de gestión.»

1. La Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña tiene el objetivo de generar conocimiento relevante para contribuir a la mejora de la calidad, seguridad y sostenibilidad del sistema de salud de Cataluña que faciliten la toma de decisiones a la ciudadanía, a los y las profesionales y a los gestores y las gestoras del ámbito de la salud, y a los órganos responsables de la planificación en salud, así como facilitar la integración de las y de los profesionales sanitarios en el sistema y su corresponsabilidad en la consecución de las finalidades comunes y la calidad de la atención.

Sin perjuicio de este objetivo principal, la Agencia también puede asumir, con sujeción a la normativa aplicable y con la financiación correspondiente, funciones relativas a la generación de conocimiento, evaluación y apoyo a la toma de decisiones en el ámbito de los servicios sociales de Cataluña, así como en el desarrollo del modelo de atención integrada social y sanitaria en Cataluña.

La Agencia se adscribe al departamento competente en materia de salud.»

Para lograr sus objetivos, corresponden a la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña las funciones siguientes:

• a) Definir, de acuerdo con las directrices del departamento competente en materia de salud, impulsar y desplegar la estrategia del sistema de información para el sistema de salud que facilite a la administración competente la información necesaria para la toma de decisiones y para la evaluación de la calidad de la asistencia sanitaria, y gestionarla generando conocimiento del sistema.
• b) Desarrollar la evaluación de la estructura, de los procesos, de la eficacia, de la seguridad, de la eficiencia y de las consecuencias de la introducción de tecnologías médicas y asistenciales, así como de nuevos tratamientos, intervenciones, procedimientos organizativos y asistenciales y de las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la atención sanitaria. Esta evaluación debe abordar también el análisis de la variabilidad de los resultados y de la calidad de los servicios, identificando las mejores prácticas en el ámbito clínico, trabajando estrechamente con los y las profesionales del sistema de salud y fomentando la práctica óptima y el uso eficiente de los recursos.
• c) Elaborar herramientas que permitan integrar en los procesos de evaluación la perspectiva de la atención centrada en las personas, incluyendo la perspectiva de género y mediante la participación de la ciudadanía en los procesos de evaluación y de gobernanza de su atención.
  Esta perspectiva incluye el desarrollo de herramientas y marcos de evaluación adecuados para analizar el efecto conjunto de la acción de las diferentes líneas de actividad y proveedores de los servicios de salud sobre los resultados conseguidos por la calidad de vida de las personas, en línea con la filosofía de red integrada de provisión y atención integral a las personas.
• d) Medir, evaluar y difundir de forma pública y transparente los resultados globales conseguidos en salud y en el ámbito de la asistencia sanitaria por los diferentes agentes que integran el sistema de salud, a través del Sistema Integrado de Información de Salud en Cataluña, configurado por la información de naturaleza administrativa y estadística que contienen los registros y sistemas de información del departamento y de los organismos competentes en materia de salud, los de los centros, servicios y establecimientos sanitarios y los de sus profesionales sanitarios, para facilitar una toma de decisiones corresponsable al servicio de la calidad de la atención prestada a los ciudadanos.
• e) Gestionar el acceso a la reutilización de datos de los sistemas de información del sistema sanitario, bajo las directrices del departamento competente y de acuerdo con las condiciones de protección de datos vigentes en cada momento, para la investigación, la planificación y la evaluación con el fin último de generar conocimiento para mejorar la salud de la población. A tal efecto, la Agencia debe disponer de la oportuna estructura de gestión y analítica de datos y de metodología avanzada en ciencia de datos para la investigación y la innovación.
• f) Apoyar la planificación, el desarrollo y la aplicación de la investigación mediante su evaluación, con el objetivo de orientar la investigación a obtener resultados de mayor y mejor impacto en la salud y la calidad de vida de las personas, de acuerdo con las directrices del departamento competente en materia de salud. Esta orientación de la investigación debe promover la sensibilidad hacia las diferencias entre mujeres y hombres, e incluir a ambos sexos en los parámetros de análisis a tal efecto.
• g) Liderar y desarrollar, en el ámbito de la investigación evaluativa y metodológica, programas y líneas de investigación e innovación, como agente del sistema de investigación, desarrollo e innovación de Cataluña, con el objetivo de avanzar en el conocimiento y contribuir al progreso en los ámbitos que le son propios al amparo del artículo 75 de la Ley 9/2022, de 21 de diciembre, de la ciencia:
  • 1.º Ciencia de datos para desarrollar metodologías y herramientas para fines de evaluación y monitorización del impacto de las políticas públicas y los servicios de salud.
  • 2.º Desarrollo de nuevas metodologías y marcos conceptuales para la evaluación y la adopción de nuevos productos y servicios o tecnologías en general por parte de los sistemas de salud en las mejores condiciones de calidad, seguridad y sostenibilidad, como pieza clave del sistema en la transferencia del conocimiento en la práctica clínica.
  • 3.º Identificación y análisis de los factores determinantes de la salud y el bienestar de las personas y los grupos, incluyendo adelantos en el conocimiento sobre variaciones injustificadas, sean territoriales, por razón de sexo, de nivel económico o cualquier otra circunstancia social, en el acceso a servicios de calidad, prestaciones y financiación para avanzar en la equidad en el diseño y la implantación de los programas y políticas públicas.
  • 4.º Mejora de metodologías y herramientas para medir la efectividad y la eficiencia comparadas de modelos organizativos y de compra y financiación en relación con la adopción de innovación y la consecución de resultados de salud y bienestar de las personas en el ámbito de los servicios de salud.
  • 5.º Identificación y análisis de los factores determinantes del alcance adecuado en la implementación de innovación en servicios sanitarios.
  • 6.º Propuesta e impulso de medidas de fomento de la investigación sanitaria, así como su seguimiento, metaevaluación, asesoramiento, difusión de resultados, y apoyo a las políticas de investigación e innovación en salud.
  • 7.º Participación en proyectos de innovación en las áreas de actividad propias de la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña, y apoyo a la adopción y aplicación generalizada de innovaciones por parte de las entidades del Sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña (Siscat) para favorecer la mejora en el ámbito de la salud de los resultados, la calidad de la atención y la seguridad de las personas atendidas y de los profesionales. El rol de la Agencia en el ámbito de la innovación se circunscribe a todas aquellas iniciativas que, como agencia de calidad y evaluación, pueden facilitar la adopción de la innovación por parte del sistema y sus integrantes, sin perjuicio de las competencias de otras instituciones relacionadas con la innovación.
  • 8.º Promoción y divulgación del conocimiento científico y tecnológico en Cataluña, fomentando el interés de la sociedad por la investigación, el desarrollo, la innovación y la evaluación en el ámbito de la salud.
• h) Apoyar la mejora de resultados de investigación mediante la evaluación de esta utilizando metodologías de gestión de resultados e impacto alineados con los principios de investigación e innovación responsable y de igualdad de género.
• i) Cooperar con organismos homónimos otras comunidades autónomas, de ámbito estatal, europeo e internacional a los efectos de lograr sinergias y difundir los conocimientos respectivos.
• j) Ejercer, con sujeción a la normativa aplicable y con la dotación presupuestaria correspondiente, las funciones establecidas en este artículo en relación con el sistema de servicios sociales y con el modelo de atención integrada social y sanitaria.
• k) Desarrollar todas las actividades que sean necesarias para el cumplimiento de sus objetivos, de acuerdo con los estatutos que se dicten en desarrollo de este decreto ley, así como las actuaciones en relación con las funciones mencionadas que le sean encomendadas.»

«3. El director o directora es la persona que asume la dirección y gestión ordinaria de la Agencia, de acuerdo con los criterios de actuación fijados por el Consejo de Administración. El director o directora se vincula mediante un contrato laboral de alta dirección.»

«5. Las entidades que tengan por objeto la prestación de asistencia sanitaria con carácter transfronterizo que sean cofinanciadas por la administración sanitaria de otro estado también se rigen por el principio de autonomía de gestión. En todo caso, estas entidades deben cumplir las disposiciones aplicables a las entidades con autonomía de gestión, sin perjuicio de la necesidad de continuar cumpliendo las disposiciones autonómicas relativas a la determinación inicial y la modificación de las retribuciones del personal directivo. Estas entidades tienen reconocida la autonomía en la toma de decisiones relativas al destino de sus remanentes de tesorería respecto a la financiación procedente de otro estado para el desarrollo de sus funciones.»

• «g) Dos vocales con la condición de miembros independientes de conformidad con los criterios específicos establecidos para la incorporación, la designación y la renovación de miembros independientes en los órganos de gobierno de las entidades del sector público de la Administración de la Generalidad, designados por la persona titular del departamento competente en materia de salud.
  Estos miembros deben tener una trayectoria profesional reconocida en el ámbito de la gestión pública o de la salud pública y no pueden mantener ningún vínculo laboral o profesional con la Administración de la Generalidad o con los entes locales representados en el Consejo Rector.»

• a) Elaborar las iniciativas normativas, en el marco de las competencias de la Generalidad, en materia de eficiencia energética y energías renovables.
• b) Elaborar la prospectiva energética de Cataluña a largo plazo y la planificación energética de Cataluña a medio y corto plazo, y realizar su seguimiento. Integrar y coordinar la prospectiva y la planificación energética con otras planificaciones y políticas sectoriales que desarrolle la Generalidad.
• c) Elaborar planes de acción energética sectorial, en colaboración con las diferentes unidades de la Generalidad, y promover acuerdos de descarbonización con los sectores económicos, conjuntamente con el departamento competente en el ámbito de la empresa.
• d) Diseñar, elaborar y difundir los indicadores y las estadísticas energéticas de Cataluña asignadas al departamento competente en materia de energía de acuerdo con lo establecido por la Ley 23/1998, de 30 de diciembre, de estadística de Cataluña, y el Plan estadístico de Cataluña en vigor, y elaborar sus previsiones numéricas de futuro a medio y largo plazo.
• e) Planificar las infraestructuras energéticas correspondientes al ámbito territorial de Cataluña.
• f) Impulsar la eficiencia energética y las energías renovables en todos los sectores económicos y para toda la ciudadanía, y ejecutar y coordinar las actuaciones del departamento competente en energía en materia de eficiencia energética y energías renovables.
• g) Promover la gestión activa de la demanda de energía y la creación de un mercado consolidado de empresas de servicios energéticos con garantía de ahorro.
• h) Impulsar las comunidades ciudadanas de energía y las comunidades de energías renovables.
• i) Desarrollar programas de apoyo y asesoramiento de ámbito global en materia de energía a la industria, al sector de la edificación, al sector del transporte, al sector primario y a la ciudadanía.
• j) Ejercer de órgano competente en materia de certificación energética de edificios, incluyendo la gestión del Registro de certificados de eficiencia energética de los edificios, la supervisión del Registro de técnicos competentes y el establecimiento y aplicación de un sistema de control e inspección del Registro de certificados de eficiencia energética.
• k) Ejercer como gestor autonómico del sistema de certificados de ahorro energético (CAE) en Cataluña.
• l) Gestionar la asignación y el control de subvenciones y movilizar la financiación necesaria para la promoción de la eficiencia energética y las energías renovables y para el impulso de la transición energética.
• m) Fomentar la investigación y el desarrollo de tecnologías y sistemas energéticos y hacer su seguimiento. Participar en proyectos de innovación y demostración de tecnologías energéticas eficientes.
• n) Evaluar el potencial de los recursos energéticos y del ahorro energético.
• o) Llevar a cabo estudios, encuestas y otros trabajos para mejorar el conocimiento de la producción, transformación, transporte y consumo de la energía.
• p) Establecer marcos de cooperación y coordinación con las administraciones locales para lograr los objetivos de la transición energética y para desarrollar e implantar sus planes de acción de energía sostenible dentro del marco del Pacto de las alcaldías para la energía y el clima.
• q) Aumentar la concienciación y la participación de la sociedad catalana en la transición energética. Desarrollar campañas y acciones de información, formación y promoción en el ámbito energético dirigidas tanto a las empresas y a los profesionales como la ciudadanía.
• r) Promover la participación y la colaboración en red de las entidades, los colegios y las asociaciones profesionales de ámbito energético en Cataluña.
• s) Desarrollar acciones y proyectos de cooperación de ámbito estatal e internacional.
• t) Realizar propuestas para asegurar una transición energética justa.
• u) Cualquier otra destinada al cumplimiento de sus objetivos.»

«2. El Consejo de Administración está integrado por:

• a) El presidente o presidenta, que es el consejero o consejera competente en materia de energía.
• b) El vicepresidente o vicepresidenta, que asiste al presidente o presidenta, coordina y controla el ejercicio de las funciones delegadas por el Consejo de Administración y preside las reuniones del Consejo en caso de ausencia o de imposibilidad de asistir del presidente o presidenta.
• c) Cinco vocalías en representación de la Administración de la Generalidad, pertenecientes a los departamentos competentes en las materias de energía, industria y otras relacionadas con la materia energética.
• d) Una persona con la condición de miembro independiente de conformidad con la regulación vigente de los órganos colegiados de gobierno de las entidades del sector público de la Administración de la Generalidad, designada por el Gobierno.
• e) El director o directora del Instituto, con voz y sin voto.

La composición del Consejo de Administración debe garantizar la presencia paritaria de mujeres y hombres con la capacitación, competencia y preparación adecuadas y debe incluir, como mínimo, una persona conocedora de la perspectiva de género interseccional.»

1. El Instituto Catalán de Energía está dotado de servicios jurídicos propios, los cuales deben llevar a cabo el asesoramiento en derecho y la representación y la defensa jurídicas de esta entidad y velar por la legalidad de todos sus actos, de acuerdo con la normativa que regula los servicios jurídicos de la Administración de la Generalidad.

2. Los servicios jurídicos del Instituto Catalán de Energía deben actuar coordinadamente con la asesoría jurídica del departamento de adscripción en los términos establecidos por el Reglamento de los servicios jurídicos de la Administración de la Generalidad de Cataluña, aprobado por el Decreto 106/2024, de 11 de junio.»

• «h) Una persona con la condición de miembro independiente de conformidad con la normativa de órganos colegiados de gobierno de las entidades del sector público de la Administración de la Generalidad, designada por la Presidencia del Patronato de la Montaña de Montserrat.»

• «b) Sin perjuicio de las causas de reintegro establecidas por la normativa de subvenciones, las subvenciones también deben reintegrarse en función de los rendimientos de explotación o de otros indicadores de éxito del proyecto, con los límites y en los términos que determinen las bases reguladoras.»

1. El órgano de gobierno de la Agencia Catalana del Patrimonio Cultural es el Consejo de Administración.

2. Los órganos de dirección y gestión de la Agencia Catalana del Patrimonio Cultural son la Dirección y la Gerencia.»

• «e) Supervisar la gestión del director o directora y del gerente o la gerente en los términos establecidos por los estatutos.»

«3. El director o directora de los equipamientos culturales adscritos a la Agencia Catalana del Patrimonio Cultural a los que se refieren las letras a, b, c, d y e del artículo 72.2 y el gerente o la gerente se vinculan al ente en virtud de un contrato laboral de alta dirección.»

«2. La Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural tiene como objeto concentrar las iniciativas de apoyo y fomento de la Generalidad de Cataluña en materia de cultura y política lingüística. Se excluyen las siguientes iniciativas:

• a) Las que sean competencia del Instituto Catalán de las Empresas Culturales.
• b) Los premios que se otorguen sin la solicitud previa de la persona beneficiaria y los premios que no comporten una disposición dineraria o en especie.»

Corresponden a la Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural las siguientes funciones:

• a) Aprobar las bases reguladoras y las convocatorias de ayudas en materia cultural y de política lingüística, a propuesta de los departamentos o de las entidades competentes por razón de la materia.
• b) Tramitar y resolver los procedimientos de concesión de ayudas en materia cultural y de política lingüística.»

• «j) Realizar el estudio y la investigación en el ámbito de las políticas de juventud mediante la compilación de datos y el tratamiento estadístico, incorporando la perspectiva de género y desagregando por género los datos referidos a personas.»

• «k) Fomentar la formación continua de los profesionales de las políticas de juventud.»

«1. Los órganos de la Agencia Catalana de Turismo son:

• a) El Consejo de Dirección.
• b) El Consejo General de Participación.
• c) La Presidencia.
• d) La Vicepresidencia Primera.
• e) La Vicepresidencia Segunda.
• f) La Vicepresidencia Ejecutiva.
• g) La Dirección.»

«2. El Consejo de Dirección está integrado por los siguientes miembros, que deben ser como mínimo diez y como máximo veinte:

• a) El presidente o presidenta.
• b) El vicepresidente primero o vicepresidenta primera.
• c) El vicepresidente segundo o vicepresidenta segunda.
• d) El vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva.
• e) El director o directora de la Agencia Catalana de Turismo.
• f) Representantes del departamento competente en materia de turismo, nombrados por el consejero o consejera de este departamento.
• g) Representantes de las entidades de promoción turística más representativas de carácter territorial y sectorial, y en especial de las entidades titulares de las marcas turísticas más significativas.
• h) Representantes del Consejo General de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de Cataluña, representativos de las empresas turísticas de alojamiento, de restauración y de mediación y del resto de las principales ramas del sector turístico.
• i) Una persona independiente, de conformidad con la regulación vigente de los órganos colegiados de gobierno de las entidades del sector público de la Administración de la Generalidad de Cataluña, en calidad de vocal.
• j) Un secretario o secretaria, con voz pero sin voto, nombrado por el presidente o presidenta del Consejo de Dirección.

La composición del Consejo de Dirección debe garantizar la presencia paritaria de mujeres y hombres con la capacitación, competencia y preparación adecuadas y debe incluir, como mínimo, una persona conocedora de la integración de la perspectiva de género interseccional. En este sentido, puede proponerse a los miembros del Consejo la posibilidad de delegar su participación en el Consejo a favor de una persona del sexo infrarrepresentado para lograr la paridad y cumplir lo establecido por la Ley 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva de mujeres y hombres.»

«2. El Consejo General de Participación está integrado por los siguientes miembros:

• a) El presidente o presidenta.
• b) El vicepresidente primero o vicepresidenta primera.
• c) El vicepresidente segundo o vicepresidenta segunda.
• d) El vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva.
• e) El director o directora de la Agencia Catalana de Turismo.
• f) Representantes del departamento competente en materia de turismo, nombrados por el consejero o consejera de este departamento.
• g) Representantes de otros departamentos u organismos cuya competencia tenga relación con el turismo, de forma directa o indirecta.
• h) Representantes de las entidades de promoción turística de carácter territorial y sectorial, y en especial de las entidades titulares de las marcas turísticas.
• i) Representantes del Consejo General de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de Cataluña, de modo que se garantice una presencia territorial equitativa de las mismos.
• j) Representantes de los colectivos profesionales, las empresas y las entidades más representativos del sector turístico.
• k) Representantes de los sindicatos de trabajadores más representativos del sector turístico.
• l) Dos representantes de las entidades municipalistas de Cataluña.
• m) Un secretario o secretaria, con voz pero sin voto, nombrado por el presidente o presidenta del Consejo General de Participación.

La composición del Consejo General de Participación debe garantizar la presencia paritaria de mujeres y hombres con la capacitación, competencia y preparación adecuadas y debe incluir, como mínimo, una persona conocedora de la integración de la perspectiva de género interseccional. En este sentido, puede proponerse a los miembros del Consejo la posibilidad de delegar su participación en el Consejo a favor de una persona del sexo infrarrepresentado para lograr la paridad y cumplir lo establecido por la Ley 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva de mujeres y hombres.»

«3. El presidente o presidenta de la Agencia Catalana de Turismo puede delegar el ejercicio de sus funciones en el vicepresidente primero o vicepresidenta primera, en el vicepresidente segundo o vicepresidenta segunda, en el vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva, o en el director o directora de la Agencia Catalana de Turismo.»

1. La vicepresidencia primera recae en el secretario o secretaria general competente en materia de turismo, que puede sustituir al presidente o presidenta en el Consejo de Dirección y en el Consejo General de Participación.

2. La vicepresidencia segunda recae en el secretario o secretaria sectorial competente en materia de turismo, que puede sustituir al presidente o presidenta en el Consejo de Dirección y en el Consejo General de Participación, así como al vicepresidente primero o vicepresidenta primera.

3. La vicepresidencia ejecutiva recae en el director o directora general competente en materia de turismo, que debe adoptar las medidas adecuadas para impulsar, garantizar y velar por la efectividad de los acuerdos y las decisiones tomados en el ámbito de este órgano, así como por el cumplimiento de los objetivos de la Agencia.

4. El decreto de desarrollo de la presente ley debe establecer las funciones concretas necesarias para atender el mandato expresado por los apartados 1 y 2.»

• «j) Ejecutar los acuerdos del Consejo General de Participación y del Consejo de Dirección, sin perjuicio de las potestades que a tal efecto corresponden a la Presidencia, a la Vicepresidencia Primera, a la Vicepresidencia Segunda y a la Vicepresidencia Ejecutiva en ejercicio de sus funciones.»

• «a) La Junta de Gobierno del Instituto Catalán de Finanzas, con el informe previo favorable de la comisión de nombramientos y retribuciones a la que se refiere el artículo 9, debe aprobar la política de remuneraciones de los órganos de gobierno del Instituto. Los miembros de la Junta de Gobierno del Instituto que tengan la consideración de personal al servicio de la Administración de la Generalitat de Catalunya y su sector público quedan en cualquier caso sometidos a las disposiciones dictadas para este personal con carácter general.»

• «b) Aprobar los contratos, los convenios y las operaciones que firma el Instituto.»

«1. La Junta de Gobierno puede constituir una o más comisiones ejecutivas, en las que puede delegar algunas o todas las competencias a las que se refieren las letras b, c y d del artículo 11.»

«2. Son funciones del consejero delegado o consejera delegada:

• a) La dirección y ejecución material de los acuerdos y las directrices de actuación aprobados por la Junta de Gobierno.
• b) La coordinación y el control del ejercicio de las funciones delegadas por la Junta de Gobierno en los comités, las comisiones y las direcciones a los que se refiere la letra e.
• c) La representación del Instituto Catalán de Finanzas en las juntas generales de las sociedades mercantiles en las que participe directa o indirectamente, sin perjuicio de la representación del propio Instituto en los otros ámbitos que se acuerden.
• d) La dirección superior y la contratación del personal del Instituto Catalán de Finanzas, así como la libre designación de los responsables de las distintas áreas funcionales.
• e) La organización y estructuración internas del Instituto Catalán de Finanzas, de acuerdo con las directrices aprobadas por la Junta de Gobierno, en las direcciones funcionales y los servicios, los comités ejecutivos y los comités de inversiones que considere más adecuadas para que se cumpla mejor la actividad ordinaria, con el nombramiento de las personas titulares y la determinación del régimen laboral.
• f) El ejercicio de las competencias propias como órgano de contratación, de acuerdo con lo establecido por la normativa de contratos del sector público.
• g) El ejercicio de las facultades que le delegue la Junta de Gobierno.

El consejero delegado o consejera delegada puede delegar en las direcciones a las que se refiere la letra e las facultades establecidas en las letras d y f.»

«3. El consejero delegado o consejera delegada puede delegar en las direcciones a las que se refiere la letra e las facultades establecidas en las letras d y f.»

«4. Los miembros de la Comisión deben ejercer el cargo en régimen de dedicación absoluta y les son de aplicación las normas sobre incompatibilidades de los altos cargos al servicio de la Generalidad de Cataluña. Sus retribuciones deben ser fijadas anualmente en la ley de presupuestos.»

«3 bis. Se crea la Junta de Gobierno para los Residuos Industriales, que debe administrar los recursos procedentes del impuesto sobre la deposición de residuos en depósitos controlados, la incineración y la coincineración relativos a los residuos industriales y las actuaciones derivadas del Fondo de gestión de residuos, con la siguiente composición:

• a) El presidente o presidenta, que es designado por el presidente o presidenta de la Agencia de Residuos de Cataluña.
• b) Tres vocales designados por la Agencia de Residuos de Cataluña.
• c) Cuatro vocales del sector asociativo industrial y de gestión de residuos designados por la Asociación Catalana de Instalaciones de Tratamiento de Residuos Especiales, la Pimec, Fomento del Trabajo y el Gremio de Recuperación de Cataluña.
• d) El secretario o secretaria, designado por la Agencia de Residuos de Cataluña, con voz y sin voto.»

• «u) El Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña por su actividad de investigación, desarrollo e innovación en cartografía, geología y el resto de funciones que le son encomendadas.»

Servicios científico-técnicos y otras infraestructuras de apoyo y de cooperación entre agentes y de apoyo a la transferencia tecnológica»

«4. Los agentes Tecnio, definidos como los grupos o conjuntos de grupos de investigación del sistema universitario de Cataluña, tanto público como privado, y los centros de investigación del sistema CERCA, los centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas situados en Cataluña y otras entidades de derecho público radicadas en Cataluña, que dispongan de capacidades tecnológicas propias y diferenciadas y de experiencia demostrable en la colaboración en proyectos de investigación y desarrollo con el tejido empresarial y que se regulan según la normativa de acreditación Tecnio establecida por el Gobierno mediante la Agencia para la Competitividad de la Empresa.»

El Gobierno, mediante el departamento competente en la regulación de la acreditación Tecnio, debe presentar, en el plazo de seis meses a contar desde la entrada en vigor de la presente ley, una propuesta de norma reglamentaria para definir el modelo de desarrollo que los agentes Tecnio deben cumplir en materia de transferencia de conocimiento, tecnología e innovación en función de las necesidades del tejido económico, industrial y social de Cataluña, y deben garantizar una financiación estructural basal a cargo de los presupuestos de la Generalidad con el objetivo de asegurar la suficiencia financiera y el cumplimiento de los objetivos establecidos.»

1. Con el fin de contribuir a la autonomía estratégica europea y a los objetivos de liderazgo económico de Cataluña en el marco de la estrategia Catalunya Lidera, y de reforzar el desarrollo y la transferencia de conocimiento en el ámbito estratégico de las tecnologías profundas, se aplica a la Fundación InnoFAB el régimen de autonomía establecido para los centros CERCA en el artículo 46.

2. También es de aplicación a la Fundación InnoFAB el régimen específico establecido para los centros CERCA del sector público de la Generalidad por la sección segunda del capítulo II del título IV, mientras mantenga su condición de fundación del sector público de la Generalidad.

3. La aplicación de este régimen tiene por objeto dotar a la Fundación InnoFAB de la flexibilidad organizativa, económica y de gestión necesaria para el desarrollo de sus finalidades en el ámbito estratégico mencionado, y no comporta, por sí misma, la adquisición de la condición de centro CERCA, que se rige por los requisitos y el procedimiento de reconocimiento establecidos por la presente ley.»

1. Se crea la Oficina de la Víctima de la Desaparición Forzada de Menores de Cataluña.

2. Mediante un decreto del Gobierno debe determinarse el órgano competente para el reconocimiento de la condición de víctima a los efectos de lo establecido por la presente ley y la integración de la Oficina de la Víctima de la Desaparición Forzada de Menores de Cataluña en el órgano administrativo del departamento competente por razón de la materia.

3. La Oficina de la Víctima de la Desaparición Forzada de Menores de Cataluña debe realizar la propuesta de reconocimiento de la condición de víctima a las personas que se ajusten a la definición establecida por el artículo 2 y cuando los hechos sucedieron presuntamente en el territorio de Cataluña, para obtener el apoyo necesario, público y gratuito, para investigar los casos hasta su total dilucidación total y, en su caso, acompañar a las víctimas en el reencuentro con sus familiares.

Este reconocimiento debe extenderse a los actos que se organicen en memoria de las personas afectadas por estos hechos.

4. La Oficina de la Víctima de la Desaparición Forzada de Menores de Cataluña debe informar a los usuarios, debe orientarlos hacia los responsables de cada servicio y debe supervisar las actuaciones para poder garantizar los derechos de las víctimas.»

«2. Las normas necesarias para el desarrollo de la presente ley deben aprobarse en el plazo de un año a contar desde su entrada en vigor.»

• «f) Una persona con la condición de miembro independiente designada por la persona titular del departamento competente en materia de agricultura, en conformidad con la normativa de órganos colegiados de gobierno de las entidades del sector público de la Administración de la Generalidad.»

• «g) Un secretario o secretaria, con voz y sin voto, que es nombrado por el presidente o presidenta y que debe ser personal funcionario adscrito al Instituto. Le corresponden las funciones establecidas por la normativa vigente en materia de órganos colegiados.»

• «n) Las funciones de valorización de los servicios ecosistémicos mediante el fomento de la gestión forestal sostenible de los terrenos privados que el departamento competente en políticas ambientales le delegue.»

• «o) La administración, el seguimiento y el control de los aprovechamientos, las actuaciones y los usos de los terrenos privados sin instrumento de ordenación forestal, incluyendo el otorgamiento de las autorizaciones y de los actos administrativos que correspondan y la recepción de las comunicaciones previas de las actuaciones que lo requieran.»

Las funciones que establecen las letras n y o del artículo 4 deben desarrollarse de forma progresiva hasta el 31 de diciembre de 2028. Hasta esta fecha, el ejercicio efectivo de estas funciones debe adecuarse a la disponibilidad de medios personales, técnicos y organizativos, de acuerdo con la planificación que establezca el departamento competente en materia forestal.»

Las funciones establecidas por las letras n y o del artículo 4, relativas a la valorización de los servicios ecosistémicos mediante la administración, el seguimiento y el control de los aprovechamientos, actuaciones y usos sobre terrenos forestales privados sin instrumento de ordenación forestal, incluyendo el otorgamiento de autorizaciones y de los actos administrativos que correspondan y la recepción de comunicaciones previas de las actuaciones que lo requieran, deben desarrollarse de forma progresiva hasta el 31 de diciembre de 2028. Hasta esa fecha, el ejercicio efectivo de estas funciones debe adecuarse a la disponibilidad de medios personales, técnicos y organizativos, de acuerdo con la planificación que establezca el departamento competente en materia forestal.»

«4. El Pleno del Jurado se reúne, como mínimo, una vez al año.»

«Artículo 33 Naturaleza y objeto de la Oficina de Igualdad de Trato y No Discriminación

1. La Oficina de Igualdad de Trato y No discriminación tiene naturaleza de órgano administrativo unipersonal que actúa con plena independencia en el ejercicio de sus funciones. Esta independencia implica que no puede estar sujeta a ningún vínculo jerárquico ni sometida a instrucciones de ninguna autoridad administrativa.

2. La Oficina de Igualdad de Trato y No Discriminación es la encargada de velar por el cumplimiento de los preceptos de la presente ley, con el objetivo de evitar cualquier forma de discriminación, directa o indirecta, por cualquiera de los motivos y en los ámbitos a los que se refiere el artículo 1, tanto en el sector público como en el ámbito privado, sin perjuicio de las competencias del Síndic de Greuges, de la Inspección de Trabajo de Cataluña y de otros organismos encargados de hacer cumplir la normativa sobre igualdad de trato y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en materia de trabajo y de empleo.

3. La Oficina de Igualdad de Trato y No Discriminación se adscribe al departamento competente en materia de igualdad, sin integrarse en su estructura jerárquica, y debe rendir cuentas directamente ante el Parlamento de Cataluña, como garantía de transparencia y control democrático.

4. La persona titular de la Oficina de Igualdad de Trato y No discriminación debe ser seleccionada entre funcionarios de carrera con expertez acreditada en materia de no discriminación y mediación, mediante una convocatoria pública bajo los principios de igualdad, publicidad, transparencia, mérito y capacidad, a fin de garantizar su objetividad, imparcialidad e independencia durante el mandato.

5. El estatuto personal de la persona titular de la Oficina de Igualdad de Trato y No Discriminación es el siguiente:

• a) El nombramiento corresponde a la persona titular del departamento competente en materia de igualdad.
• b) El cargo se ejerce en régimen de dedicación exclusiva y se le aplican las normas sobre incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas.
• c) La resolución de nombramiento debe establecer las retribuciones a percibir, que deben asimilarse a las correspondientes al personal funcionario de la Administración de la Generalidad.
• d) El nombramiento da lugar a la declaración de la situación administrativa de servicios especiales.
• e) La persona que la sustituya debe reunir los mismos requisitos exigidos para la persona titular y debe ejercer sus funciones en las mismas condiciones.
• f) El mandato tiene una duración de cinco años, a contar desde la toma de posesión, que debe llevarse a cabo una vez publicado el nombramiento en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. La persona titular puede ser reelegida por periodos sucesivos de la misma duración sin necesidad de ningún proceso de selección nuevo.
• g) La persona titular pierde esta condición en los siguientes casos:
  • 1.º Expiración del mandato.
  • 2.º Renuncia escrita dirigida a la persona titular del departamento competente en materia de igualdad y aceptada por esta.
  • 3.º Incompatibilidad sobrevenida.
  • 4.º Pérdida de la condición de funcionario o funcionaria.
  • 5.º Incumplimiento grave de sus obligaciones.
  • 6.º Pérdida de la nacionalidad.
  • 7.º Condena, por sentencia firme, a pena privativa de libertad o de inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos.
  • 8.º Incapacidad sobrevenida para el ejercicio del cargo.
  • 9.º Defunción.

La remoción por las causas a las que se refieren los puntos 3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 7.º y 8.º es acordada por la persona titular del departamento competente en materia de igualdad, una vez hecha la instrucción del expediente correspondiente con audiencia a la persona interesada.

El cese o la remoción se produce cuando se da la circunstancia o cuando tiene efectos el acto que la determina, y debe publicarse en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

6. La Administración de la Generalidad debe garantizar la disponibilidad de los medios personales y materiales necesarios para que la Oficina de Igualdad de Trato y No Discriminación lleve a cabo sus funciones de forma adecuada, respetando siempre su independencia funcional.

7. La organización, el régimen de personal, el régimen económico y el funcionamiento de la Oficina de Igualdad de Trato y No Discriminación deben ser desarrollados por reglamento.»

«3. La Autoridad Catalana de Protección de Datos debe elaborar anualmente el anteproyecto de presupuesto de ingresos y de gastos, de acuerdo con las normas que dicte el departamento competente en materia de economía y finanzas para elaborar los presupuestos de la Generalidad, y debe remitirlo al departamento con el que se relaciona para que el Gobierno lo integre en los presupuestos de la Generalidad.»

«3. Los importes provenientes de las sanciones impuestas por la Oficina Antifraude de Cataluña en aplicación de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, deben destinarse a acciones que tengan por objeto la protección de estas personas y la lucha contra la corrupción, efectuadas por la Autoridad Independiente de Protección del Informante en Cataluña.»

«3. Las entidades sujetas a fiscalización tienen el deber de colaboración y el de suministro de todos los datos, documentos antecedentes o informes que la Sindicatura de Cuentas les solicite. En este sentido, el personal de la Sindicatura, en el ejercicio de las funciones de fiscalización, debe tener acceso directo a la documentación requerida, mediante el acceso a las bases de datos y aplicaciones informáticas en las que se archiva esta documentación. El personal también debe poder revisar los sistemas informáticos de gestión de las entidades sometidas a fiscalización.

Del mismo modo, la Sindicatura, en virtud de esta obligación de colaboración, puede obtener directamente de cualquier entidad, persona física o jurídica, ya sea pública o privada, la información y la documentación que necesite y que esté relacionada con los trabajos que tiene encomendados.

La Sindicatura, en el acceso a los datos necesarios de acuerdo con los criterios a los que se refiere este apartado, debe garantizar el cumplimiento de los principios establecidos en la normativa de protección de datos y de la política de seguridad y los protocolos vigentes en materia de seguridad de la información.

4. Las autoridades, los responsables de las entidades y personas jurídicas, así como las personas físicas a las que se refiere el apartado 3, deben garantizar que se preste la colaboración y el apoyo debidos al personal de la Sindicatura de Cuentas, y deben facilitar el acceso a la información que les solicite en los plazos establecidos de acuerdo con la normativa reguladora de la Sindicatura.»

1. El personal de la Sindicatura de Cuentas se rige por las disposiciones contenidas en los Estatutos del régimen y el gobierno interiores del Parlamento de Cataluña, y con las especificidades contenidas en la presente ley y las modificaciones que se establezcan por acuerdo del Pleno de la Sindicatura.

1 bis. El Pleno de la Sindicatura, en virtud de su autonomía organizativa y presupuestaria, puede adaptar el contenido de las previsiones que los Estatutos del régimen y el gobierno interiores del Parlamento de Cataluña realicen en materia de personal a las necesidades específicas de la institución. Igualmente, teniendo en cuenta estas necesidades, puede decidir no aplicar al personal de la Sindicatura preceptos de los Estatutos del régimen y el gobierno interiores del Parlamento de Cataluña que contengan previsiones en materia de personal que no estén recogidas también en la normativa básica ni en la normativa de aplicación al personal de la Administración de la Generalidad.

2. En cuanto al personal de la Sindicatura de Cuentas, las competencias que, en relación con los funcionarios del Parlamento, los Estatutos del régimen y el gobierno interiores del Parlamento de Cataluña confieren a la Mesa, al presidente o presidenta y al secretario o secretaria general del Parlamento, corresponde ejercerlas al órgano de la Sindicatura que tenga estas competencias de acuerdo con la presente ley.»

1. Las familias en las que se produce el nacimiento, la adopción, la tutela o el acogimiento de uno o más niños tienen derecho, por cada uno de ellos, a una prestación económica sometida al nivel de ingresos de la unidad familiar, de acuerdo con las condiciones y el procedimiento establecidos por reglamento.

2. Para las familias que tienen el título de familia numerosa o monoparental, la prestación económica puede incrementarse de acuerdo con lo que se establezca por reglamento.

3. Son beneficiarios de la prestación económica establecida por el presente artículo el padre y la madre o la persona o personas que tienen al niño a su cargo.

4. Esta prestación puede solicitarse durante los tres meses siguientes al nacimiento, la adopción, la tutela o el acogimiento. El reconocimiento de la prestación también puede realizarse de oficio, si el órgano competente dispone de los datos para poder hacerlo y comprueba que pueden concurrir los requisitos para ser beneficiario de la misma.

5. Los ingresos límite de la unidad económica de convivencia establecidos para acceder a la prestación económica se determinan de acuerdo con el importe del indicador de renta de suficiencia de Cataluña en las veces que determine la ley de presupuestos de la Generalidad vigente. Cuando la unidad familiar sea de más de tres miembros debe aplicarse un incremento de 0,30 por cada miembro adicional.

6. La Ley de presupuestos puede modificar anualmente la cuantía de la prestación económica y diferenciar los importes en función del número de niños nacidos, adoptados, tutelados o acogidos de manera simultánea.»

1. En el desarrollo reglamentario de la presente Ley, el Gobierno debe tener en cuenta la problemática específica de las familias monoparentales y de las familias numerosas, con el fin de hacer efectivo el principio de igualdad establecido por el artículo 8.2 del Estatuto de autonomía de Cataluña.

2. El procedimiento para la renovación o cancelación del título de familia numerosa o monoparental puede iniciarse a solicitud de la persona interesada, o de oficio por la misma administración, si dispone de los datos necesarios.

3. El órgano competente en materia de apoyo a las familias puede ofrecer un servicio proactivo y personalizado para informar a las familias afectadas sobre el trámite de iniciación del procedimiento para el reconocimiento y la expedición del título de familia numerosa o monoparental de acuerdo con lo establecido por la disposición adicional decimosexta de la Ley 12/2007, de 11 de octubre, de servicios sociales.»

1. A efectos de la iniciación de oficio del procedimiento para el otorgamiento de la prestación económica sometida al nivel de ingresos de la unidad familiar para familias en las que se ha producido un nacimiento, una adopción, una tutela o un acogimiento, el departamento competente en materia de protección a las familias puede obtener del registro central de asegurados del Departamento de Salud, del Registro Civil y del órgano competente en materia de adopción y acogimiento información sobre los nacimientos, adopciones, tutelas o acogimientos que se produzcan, para constatar el hecho del nacimiento.

2. Una vez constatado el nacimiento, la adopción, la tutela o el acogimiento de acuerdo con lo establecido por el apartado 1, y con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos para la percepción de la prestación económica para familias en las que se ha producido un nacimiento, una adopción, una tutela o un acogimiento, el departamento competente en la materia puede acceder, en relación con las familias donde se haya producido, a la siguiente información estrictamente necesaria que esté en poder de las administraciones públicas:

• a) Información sobre el nacimiento con los datos administrativos del niño y del resto de la familia destinataria de la prestación económica que conste en el registro central de asegurados del Departamento de Salud (nombre y apellidos del bebé y de los progenitores; número de documento nacional de identidad de los progenitores; fecha del nacimiento; lugar del nacimiento).
• b) Información que conste en el Registro Civil sobre la filiación, la tutela o la adopción del bebé, la adopción de medidas de asistencia a la capacidad de los progenitores, y la información sobre la situación de convivencia que conste en el censo de población o en el padrón municipal de habitantes.
• c) Información sobre guarda y custodia del niño causante que conste en los registros de la Administración de justicia para determinar el progenitor al que corresponde percibir la prestación, y la información sobre la existencia de situación de privación de libertad de alguno de los progenitores que conste en el Departamento de Justicia a efectos de acreditar la concurrencia de la excepción a la necesidad de convivencia de los progenitores con el niño.
• d) Información que conste en la administración tributaria, para determinar el nivel de ingresos de la unidad familiar.
• e) Información en poder del órgano competente en materia de discapacidad, acogimiento y apoyo a las familias, para comprobar la existencia de un acogimiento, de una situación de discapacidad de alguno de los miembros de la unidad familiar, o si se trata de una familia numerosa o monoparental.
• f) Información para verificar los datos relativos al documento nacional de identidad, número de identidad de extranjero, pasaporte o equivalente, y a la situación de residencia legal.

3. El departamento competente en la materia, a efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos para la renovación o cancelación del título de familia numerosa o familia monoparental, puede acceder a la siguiente información estrictamente necesaria que esté en poder de las administraciones públicas:

• a) Información que conste en el Registro Civil sobre la filiación, tutela o adopción de los hijos que formen parte de la unidad familiar, e información sobre la situación de convivencia que conste en el censo de población o en el padrón municipal de habitantes.
• b) Información que conste en la declaración de la renta de las personas físicas del último ejercicio disponible de los miembros de la unidad familiar.
• c) Información en poder del órgano competente en materia de discapacidad, acogimiento y apoyo a las familias, para comprobar la existencia de la adopción o el acogimiento, de una situación de discapacidad.
• d) Información del órgano competente en materia de educación y universidades sobre la matriculación de los miembros de la unidad familiar mayores de veintiún años.
• e) Información que conste en los registros de la Administración de justicia sobre medidas de guarda, pensiones de alimentos, situaciones de violencia o situaciones de abandono en la unidad familiar.
• f) Información para verificar los datos relativos al documento nacional de identidad, número de identidad de extranjero, pasaporte o equivalente, y a la situación de residencia legal.

4. A efectos de lo establecido por el presente artículo, las administraciones públicas, las autoridades y los órganos administrativos implicados pueden subscribir un convenio o un protocolo marco que recoja con más especificidad las finalidades, las funciones, los ámbitos funcionales y los datos concretos de esta comunicación.»

«4. Las solicitudes de las prestaciones sociales de carácter económico de derecho subjetivo pueden pedirse en cualquier momento. Salvo que la norma de creación establezca otra cosa, la concesión de la prestación económica, en su caso, tiene efectos económicos desde el primer día del mes siguiente al de la fecha de la solicitud.»

«2. Los beneficiarios de una pensión no contributiva por invalidez o jubilación del sistema de la Seguridad Social tienen derecho a una prestación complementaria a cargo de la Generalidad, siempre que cumplan el resto de requisitos que marca la presente ley y acrediten unas rentas o unos ingresos anuales que no excedan el importe resultante de aplicar el porcentaje legalmente establecido en la pensión no contributiva máxima vigente, en cómputo anual.

La cuantía máxima anual de esta prestación se fija en el importe resultante de aplicar el porcentaje legalmente establecido a la pensión no contributiva máxima vigente en cómputo anual. En cualquier caso, la cuantía máxima del complemento no puede ser superior al importe resultante de aplicar el porcentaje establecido por el artículo 364.2 del texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social, aprobado por el Real decreto legislativo 8/2015, de 30 de octubre, que determina el límite de las rentas o ingresos compatibles con la pensión no contributiva de jubilación e invalidez.

El importe anual otorgado de la prestación es el equivalente a la diferencia entre la cuantía máxima obtenida en el párrafo anterior y los ingresos anuales percibidos por el beneficiario.

La suma de la pensión máxima anual más el importe máximo anual del complemento obtenido de acuerdo con el párrafo anterior no puede ser inferior en ningún caso al indicador de renta de suficiencia vigente en cómputo anual. Si esta suma diera como resultado un importe superior al indicador de renta de suficiencia vigente en cómputo anual, la cuantía máxima anual de esta prestación complementaria conservaría el mismo importe que el obtenido en el año anterior.»

1. El Sistema de Información Social garantiza la disponibilidad de la información relativa a las prestaciones y a la Cartera de servicios sociales y el ejercicio de las competencias atribuidas a las administraciones públicas en materia de servicios sociales. La Administración de la Generalidad debe garantizar que sea un sistema de uso común, compartido e integrado, así como la coordinación de este sistema, debiendo establecer los criterios comunes a los que deben ajustarse el contenido y las condiciones de acceso. La organización y el funcionamiento del Sistema de Información Social debe regularse mediante una orden del departamento competente en materia de servicios sociales, de acuerdo con los principios establecidos por el presente artículo y en coordinación con los departamentos competentes en materia de administración digital y atención ciudadana.

2. Los agentes que configuran la red de servicios sociales de atención pública y que intervienen en la prestación de servicios sociales y las personas usuarias de los servicios sociales tienen derecho a acceder al Sistema de Información Social y a utilizarlo, de acuerdo con la normativa de aplicación. Los profesionales autorizados del sistema deben acceder a la información estrictamente necesaria para llevar a cabo sus funciones.

3. El Sistema de Información Social se fundamenta en los principios de descentralización en el suministro de los datos y en el tratamiento que de los mismos realizan las administraciones y las entidades implicadas, de interoperabilidad y de fiabilidad. En el acceso y la utilización del Sistema se debe garantizar la confidencialidad de los datos y la seguridad de las comunicaciones en el intercambio de información entre los agentes del Sistema. Deben aplicarse las medidas técnicas y organizativas apropiadas al carácter sensible de la información, a fin de garantizar y verificar periódicamente la confidencialidad, la integridad, la trazabilidad, la disponibilidad y la autenticidad de la información, así como el ejercicio de derechos por parte de las personas interesadas. La trazabilidad debe permitir el control de los accesos al Sistema de Información Social por los perfiles de usuarios autorizados, la identidad y categoría profesional del usuario, la fecha y hora en que tuvo lugar el acceso, la acción realizada, los datos afectados y el motivo del acceso.

4. El Sistema de Información Social integra los datos relativos a la atención social del sector público y de las entidades proveedoras de la Red de Servicios Sociales de Atención Pública, con los objetivos de evitar duplicidades y mejorar la atención a los destinatarios de los servicios sociales.

El Sistema debe incorporar todos los datos necesarios para la intervención social, el reconocimiento y la gestión de las prestaciones y los servicios de la Cartera de servicios sociales y para el ejercicio de las otras funciones atribuidas a las administraciones competentes en materia de servicios sociales, y debe incluir indicadores de impacto que permitan medir la efectividad, detectar mejoras y orientar la planificación y la toma de decisiones sobre los servicios.

5. Se habilita al departamento competente en materia de servicios sociales, los equipos de atención social de las administraciones locales y las entidades proveedoras de la Red de Servicios Sociales de Atención Pública para acceder y tratar con fines de intervención social, gestión, tratamiento y explotación de datos, los datos de los usuarios de los servicios sociales de sus territorios de intervención. El tratamiento de datos debe limitarse a los necesarios en función de la finalidad prevista. Los datos del Sistema de Información Social se integran, de acuerdo con las previsiones y los criterios establecidos, en el modelo de gobierno de los datos de la Administración de la Generalidad y su sector público.

6. Para poder explotar los datos del Sistema de Información Social con finalidad de investigación científica, análisis estadístico y planificación y evaluación de políticas públicas, los datos deben ser recogidos, compilados, analizados y presentados de forma anonimizada y se deben poder desagregar por sexos. Los datos deben ser útiles, válidos, fiables, comprobables, comparables y actualizados.

7. También pueden emplearse con las finalidades a las que se refiere el apartado 6 datos del Sistema de Información Social siempre que sean sometidos previamente a un proceso de pseudonimización con las siguientes garantías:

• a) La separación funcional entre quien realiza la investigación o estudio y quien realiza la pseudonimización.
• b) La imposibilidad de reidentificación por el equipo investigador o por terceras personas.
• c) La realización de una evaluación de impacto relativa a la protección de datos.
• d) La emisión de un informe por parte del Comité de Ética los Servicios Sociales de Cataluña.

8. Todas las comunicaciones y actuaciones con las personas usuarias del sistema de servicios sociales deben realizarse preferentemente por medios electrónicos. Con el fin de incentivar el uso de los medios electrónicos en las relaciones de la Administración con las personas usuarias del sistema de servicios sociales, los agentes del Sistema deben disponer de los trámites electrónicos adecuados para recibir las solicitudes, las comunicaciones o la documentación de la ciudadanía y, como mínimo, de un buzón de correo electrónico de atención ciudadana. Las oficinas de atención presencial asisten en la presentación de escritos, en la identificación y firma electrónica y en la tramitación dada a los usuarios de los servicios sociales que lo soliciten. La Administración competente debe poner a disposición de la ciudadanía un sistema de carpeta digital que permita a las personas interesadas acceder, en cualquier momento, a sus expedientes y tramitaciones y recibir y almacenar las comunicaciones electrónicas de los agentes del sistema que se quieran comunicar con ellas. El desarrollo y el funcionamiento de la carpeta debe ser regulado por una orden del departamento competente en materia de servicios sociales, de acuerdo con la estrategia y los criterios por el desarrollo del servicio del área privada de la Administración de la Generalidad, establecidos por el departamento competente en materia de atención ciudadana.

9. La Administración de la Generalidad debe poner a disposición de los entes locales y otras entidades agentes del Sistema de Información Social las plataformas tecnológicas y los servicios digitales necesarios para garantizar el desarrollo y el funcionamiento de los servicios digitales a los que se refiere el presente artículo.

10. Se crea el Consejo de Gobernanza del Sistema de Información Social como órgano consultivo que vela por las condiciones de interoperabilidad del Sistema de Información Social y la mejora continua del mismo. Deben formar parte del Consejo representantes de los departamentos y organismos de la Generalidad afectados, de los entes locales, de la Autoridad Catalana de Protección de Datos y de los otros organismos o entidades que se establezca mediante el decreto que regule el Consejo.

11. La Administración de la Generalidad debe emplear las soluciones corporativas para garantizar la disponibilidad, el intercambio y la interoperabilidad de los datos y la información, sin perjuicio de los casos en los que, por la especificidad sectorial o por la complejidad de los datos que se gestionan, se disponga de sistemas de información o plataformas de gestión específicos que garanticen la interoperabilidad con las soluciones tecnológicas corporativas.»

1. El departamento competente en materia de servicios sociales debe crear un registro de personas interesadas en recibir información personalizada, a partir de la información que conste en el Sistema de Información Social, sobre los servicios, las prestaciones y las ayudas del sistema de servicios sociales, incluida la información vinculada a las ayudas, los servicios y las prestaciones en materia de apoyo a las familias. La inscripción en este registro requiere el consentimiento expreso de las personas interesadas y debe incorporar la dirección de correo electrónico, el número de teléfono móvil y, en su caso, otros medios electrónicos para recibir, por sistemas de mensajería electrónica, información personalizada adaptada a su situación.

2. El registro, con el consentimiento explícito y específico a estos efectos, puede incorporar también la información socioeconómica adecuada y pertinente para su finalidad y que los ciudadanos quieran introducir voluntariamente, así como aquella que estos autoricen consultar. La información debe estar siempre relacionada con los servicios, las prestaciones y las ayudas a que se refiere el apartado 1 y la consulta debe ser necesaria para ofrecer información a las personas afectadas.

3. Previamente a la obtención del consentimiento, las personas afectadas deben ser informadas de todo lo establecido por la normativa de protección de datos, especialmente en cuanto a la elaboración de perfiles, la lógica aplicada y las consecuencias que puedan derivarse.

4. Las personas afectadas tienen derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento y darse de baja del registro, así como a ejercer los derechos que les reconoce la normativa de protección de datos personales.

5. Las personas que no hayan otorgado el consentimiento para recibir información mediante servicios proactivos y personalizados tienen derecho a acceder de una manera fácil y a recibir información general sobre los servicios, las prestaciones y las ayudas del departamento, así como a recibir información específica vinculada a los servicios, las prestaciones o las ayudas que han solicitado o de los que ya disfrutan.

6. La creación del registro requiere la elaboración previa de una evaluación de impacto relativa a la protección de datos de las personas afectadas y la formulación, en su caso, de una consulta previa a la Autoridad Catalana de Protección de Datos.

7. La creación del registro y la aprobación de los formularios y las cláusulas para la recogida del consentimiento de las personas afectadas necesita el informe previo del Comité de Ética de los Servicios Sociales de Cataluña.

8. La información anonimizada y agregada del registro puede utilizarse también para estudios estadísticos y proyectos de investigación.»

«Disposición adicional novena Informes en el ámbito de la legislación de extranjería

1. Corresponde al departamento competente en materia de migraciones y refugio emitir los informes a los que se refieren los artículos 18.2, 31.7 y 68.3 de la Ley orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, en los términos previstos en esta ley y su normativa de desarrollo, y comunicarlos a la Administración general del Estado.

2. Para elaborar estos informes, el departamento competente en materia de migraciones y refugio debe contar con una propuesta de informe del ayuntamiento del municipio en el que la persona extranjera solicitante de la autorización de residencia está empadronada o, en su caso, el ente local supramunicipal que la asista. Estas propuestas de informe y los informes de adecuación de vivienda, de esfuerzo de integración y de integración, y cualquier otro tipo de informe relativo a estas materias, deben emitirse de acuerdo con los criterios comunes, técnicos y de tramitación que establezca el departamento competente en materia de migraciones y refugio, mediante instrucciones, previa consulta a la Comisión Mixta Paritaria Generalidad - Entes Locales. Si el sentido del informe que emite la Generalidad difiere del sentido de la propuesta de informe emitida por el ayuntamiento o, en su caso, el ente local supramunicipal, debe motivarlo expresamente.»

«2. El servicio al que se refiere el presente artículo incluye las unidades integradas de atención a niños y adolescentes víctimas de violencias sexuales, en las que deben participar profesionales de todos los departamentos e instituciones implicadas en la investigación, la atención, la asistencia y el tratamiento a niños y adolescentes víctimas y testigos de violencias sexuales, y a sus familias, tutores y guardadores. Los servicios de las unidades integradas de atención a niños y adolescentes víctimas de violencias sexuales deben instalarse en equipamientos únicos adaptados a las necesidades de los niños y adolescentes atendidos y sus familias, deben ser accesibles y deben constituir el espacio adecuado para garantizar la protección efectiva ante la victimización secundaria a la que se refiere el artículo 87.»

«1.1. Se habilitan las administraciones públicas competentes en materia de servicios sociales para que puedan comprobar, de oficio y sin previo consentimiento de las personas interesadas, los datos declarados por las personas solicitantes de las prestaciones o los servicios de los que tengan atribuida la competencia legalmente o reglamentariamente, con el fin de comprobar si se cumplen en todo momento las condiciones necesarias para la percepción de las prestaciones y los servicios, con el objetivo de atender a las personas solicitantes o beneficiarias de estos de manera integral y coordinada, poder medir el impacto de la intervención social y garantizar el buen uso de los fondos públicos a fin de evitar la obtención o el disfrute indebido o fraudulento de las prestaciones, los servicios o las ayudas económicas que puedan recibir los sujetos que participen en el sistema de servicios sociales o que sean beneficiarios de los mismos.

La comprobación debe limitarse a los datos necesarios, según la finalidad y el objetivo al que se quiere dar cumplimiento y según los requisitos y las condiciones del servicio o la prestación de que se trate y pueda incluir. La comprobación puede incluir los datos declarados por las personas afectadas, que pueden ser, entre otros, los siguientes:

• a) Los datos identificativos.
• b) La situación administrativa de residencia.
• c) El parentesco.
• d) La situación de discapacidad o dependencia.
• e) La situación laboral.
• f) Los ingresos y las deudas públicas o privadas, las ayudas públicas o privadas percibidas y la carga de las deudas judiciales de los miembros de la unidad económica de convivencia, con impacto económico o sobre la vivienda.
• g) Los datos de los suministros básicos.

La Administración de la Generalidad debe emplear las soluciones corporativas para garantizar la disponibilidad, el intercambio y la interoperabilidad de los datos y la información, sin perjuicio de los casos en los que, por la especificidad sectorial o por la complejidad de los datos que se gestionan, se disponga de sistemas de información o plataformas de gestión específicos. La creación y el desarrollo de los sistemas y los servicios digitales específicos para la interoperabilidad de los datos previstos en esta disposición deben realizarse de acuerdo con el modelo de gobierno de los datos de la Administración de la Generalidad de Cataluña y de su sector público, en coordinación con los departamentos competentes en administración digital.»

«2. El órgano competente para la gestión de la renta garantizada debe realizar una revisión bienal, como mínimo, del cumplimiento de los requisitos por parte de los beneficiarios de la prestación, sin perjuicio de la supervisión permanente y de las revisiones que se consideren oportunas. La revisión bienal debe realizarse mediante los mecanismos de interoperabilidad disponibles. Si el resultado de la revisión confirma el cumplimiento de los requisitos, debe considerarse prorrogada la vigencia de la prestación de forma automática. En caso contrario, debe iniciarse un expediente de extinción o de modificación de la prestación, previa audiencia al beneficiario.»

«Disposición adicional decimoséptima Financiación de las escuelas maternales y guarderías municipales para cubrir la parte del coste del servicio de escolarización que satisfacen las familias

1. La financiación a cargo del departamento competente en materia de educación correspondiente a la parte del coste del servicio de escolarización que satisfacen las familias por plaza escolar del tercer curso del primer ciclo de educación infantil (I2, anteriormente conocido como P2), en escuelas maternales y guarderías de titularidad municipal, se establece en los siguientes términos:

• - 1.600 euros por plaza y año para los cursos escolares 2022-2023, 2023-2024 y 2024-2025.
• - 1.800 euros por plaza y año para el curso escolar 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029, 2029-2030, 2030-2031, 2031-2032, 2032-2033 y 2033-2034.
  Esta financiación se distribuirá por ejercicios presupuestarios de acuerdo con el siguiente calendario:

En el ejercicio presupuestario 2022: financiación del primer cuatrimestre del curso 2022-2023.

En el ejercicio presupuestario 2023: financiación de dos cuatrimestres del curso 2022-2023 y un cuatrimestre del curso 2023-2024.

En el ejercicio presupuestario 2024: financiación de dos cuatrimestres del curso 2023-2024 y un cuatrimestre del curso 2024-2025.

En el ejercicio presupuestario 2025: financiación de dos cuatrimestres del curso 2024-2025 y un cuatrimestre del curso 2025-2026.

En el ejercicio presupuestario 2026: financiación de dos cuatrimestres del curso 2025-2026 y un cuatrimestre del curso 2026-2027.

En el ejercicio presupuestario 2027: financiación de dos cuatrimestres del curso 2026-2027 y un cuatrimestre del curso 2027-2028.

En el ejercicio presupuestario 2028: financiación de dos cuatrimestres del curso 2027-2028 y un cuatrimestre del curso 2028-2029.

En el ejercicio presupuestario 2029: financiación de dos cuatrimestres del curso 2028-2029 y un cuatrimestre del curso 2029-2030.

En el ejercicio presupuestario 2030: financiación de dos cuatrimestres del curso 2029-2030 y un cuatrimestre del curso 2030-2031.

En el ejercicio presupuestario 2031: financiación de dos cuatrimestres del curso 2030-2031 y un cuatrimestre del curso 2031-2032.

En el ejercicio presupuestario 2032: financiación de dos cuatrimestres del curso 2031-2032 y un cuatrimestre del curso 2032-2033.

En el ejercicio presupuestario 2033: financiación de dos cuatrimestres del curso 2032-2033 y un cuatrimestre del curso 2033-2034.

En el ejercicio presupuestario 2034: financiación de dos cuatrimestres del curso 2033-2034.

2. La financiación a que se refiere el apartado 1 se reconoce a todos los ayuntamientos de Cataluña titulares de escuelas maternales y guarderías y es incompatible con la exigencia del precio público del servicio de escolarización por parte del ayuntamiento.

3. El número de plazas de escuela maternal por ayuntamiento es el que resulte de los datos que anualmente sean comunicados al departamento competente en materia de educación.»

• «a) A partir del primer día del mes natural siguiente a la fecha de la resolución que acuerda la modificación del importe o la extinción, en caso de que sea perjudicial para el titular.»

«5 bis. El departamento competente en materia de infraestructuras y servicios de transporte, con el informe de la dirección general competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo, puede establecer, por razones geográficas o socioeconómicas, distancias inferiores a las establecidas por el presente artículo 13 para los suelos urbanizables y no urbanizables, con el fin de delimitar la zona de dominio público ferroviario, así como la de protección, siempre que no se perjudique la regularidad, la conservación y el libre tráfico del ferrocarril. En ningún caso la distancia correspondiente a la zona de dominio público ferroviario puede ser inferior a dos metros, contados de la forma que establece el presente artículo.»

«13 bis. Los titulares de las fincas colindantes con la infraestructura ferroviaria son responsables de mantener los árboles plantados en su finca en condiciones que no comporten peligro para el servicio ferroviario. Si el titular de la infraestructura ferroviaria, o el ente que tenga atribuida su administración, es conocedor de un incumplimiento de esta obligación, debe requerir al titular de la finca para que lo corrija. Si se incumple este requerimiento, el titular de la finca tiene la obligación de permitir su acceso con el fin de que se puedan efectuar, a su cargo, por parte del titular de la infraestructura ferroviaria, ente administrador ferroviario o empresa que estos contraten, las actuaciones que sean necesarias.»

«3. El órgano competente para resolver el procedimiento sancionador puede, en cualquier momento, de oficio o a instancia de parte, adoptar, mediante acuerdo motivado, las medidas provisionales que considere oportunas para asegurar la eficacia de la resolución final que se pueda dictar, evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción y garantizar la correcta prestación del servicio afectado.

Cuando, por motivos de urgencia, se adopten medidas provisionales antes del inicio del procedimiento sancionador, este deberá iniciarse en el plazo de quince días y el acuerdo de inicio debe pronunciarse sobre el mantenimiento, modificación o finalización de las medidas. En otro caso, las medidas provisionales adoptadas quedarán sin efecto.

Las medidas provisionales deben ser proporcionales, en cuanto a intensidad y condiciones, a los objetivos que se pretende garantizar y pueden consistir en la suspensión de actividades, la prestación de fianzas, la paralización o derribo de obras e instalaciones, la clausura temporal de las infraestructuras afectadas, la retirada de material rodante, la suspensión temporal del servicio, la reposición de terrenos, instalaciones o elementos alterados a su estado anterior o, en general, cualquier otra medida que tienda a garantizar la prestación correcta del servicio afectado. Si cambian las circunstancias que dieron lugar a la adopción de una medida provisional, esta puede ser modificada o levantada en cualquier momento durante la tramitación del procedimiento sancionador.

En el caso de infracciones relativas al transporte de mercancías peligrosas o perecederas, se puede acordar la inmovilización del material rodante afectado, hasta que sea enmendada la causa que justifica la infracción, y ordenar a este efecto la adopción de las medidas de seguridad oportunas, salvo que la inmovilización conlleve un incremento del riesgo existente.»

1. Los accidentes graves y los incidentes que se produzcan en las infraestructuras del sistema ferroviario de Cataluña deben ser investigados por la Comisión Catalana de Investigación de Accidentes Ferroviarios.

2. La Comisión Catalana de Investigación de Accidentes Ferroviarios es el órgano responsable de la investigación técnica de los accidentes e incidentes ferroviarios y ejerce sus funciones con plena independencia funcional, orgánica y de decisión respecto de la Administración de la Generalidad, así como de cualquier entidad u operador con intereses que puedan entrar en conflicto con su cometido, y no está sometida a instrucciones de ninguna autoridad administrativa en el ejercicio de sus funciones.

3. La Comisión Catalana de Investigación de Accidentes Ferroviarios dispone de autonomía en su funcionamiento y actúa con plena imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.

4. La composición, la organización, el régimen de funcionamiento, el sistema de designación de los miembros, el régimen del personal investigador y los medios materiales y económicos necesarios para el funcionamiento de la Comisión deben determinarse por decreto, de acuerdo con lo establecido por la normativa de la Unión Europea sobre seguridad ferroviaria.»

1. El Gobierno, en el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor de la Ley de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público para el 2026, debe dictar las normas reglamentarias necesarias para la transposición y aplicación de la normativa de la Unión Europea en materia de seguridad e interoperabilidad ferroviaria establecida por la Directiva 2012/34/UE, de 21 de noviembre de 2012; la Directiva (UE) 2016/797, de 11 de mayo de 2016; la Directiva (UE) 2016/798, de 11 de mayo de 2016, y el Reglamento delegado (UE) 2018/762, de 8 de marzo de 2018.

2. Hasta que no entren en vigor las normas reglamentarias a las que se refiere el apartado 1, es aplicable a las infraestructuras del Sistema Ferroviario de Cataluña que sean traspasadas a la Generalidad la normativa estatal de seguridad ferroviaria vigente en la fecha de entrada en vigor del real decreto de traspasos, en la forma y con el alcance que se establezcan.

La persona titular del departamento competente en materia de infraestructuras ferroviarias debe publicar, mediante una orden, la relación de las disposiciones que integren la normativa estatal aplicable temporalmente, incluida también su actualización.

3. Los apartados 1 y 2 no son aplicables a las infraestructuras del Sistema Ferroviario de Cataluña que ya sean de titularidad de la Generalidad en la fecha de entrada en vigor de la presente disposición adicional.»

• «c bis) Un dictamen sobre los medios aceptables de cumplimiento de la normativa de seguridad operacional y un estudio aeronáutico de seguridad, si es necesario de acuerdo con la normativa.
• c ter) Un manual del aeródromo o del aeropuerto que, entre otros aspectos, prevea el registro de las operaciones que se lleven a cabo, con identificación del tipo y la matrícula de la aeronave y la hora, la fecha y el tipo de operación de entre las tipologías comercial, privada, trabajo aéreo, formación, turística, paracaidismo y servicios públicos y de emergencias.»

• «b bis) Un estudio de compatibilidad del espacio aéreo.
• b ter) Un dictamen sobre los medios aceptables de cumplimiento de la normativa de seguridad operacional y un estudio aeronáutico de seguridad, si es necesario de acuerdo con la normativa mencionada.
• c quater) (sic) Un manual del aeródromo o del aeropuerto que, entre otros aspectos, prevea el registro de las operaciones que se lleven a cabo, con identificación del tipo y la matrícula de la aeronave y la hora, la fecha y el tipo de operación de entre las tipologías comercial, privada, trabajo aéreo, formación, turística, paracaidismo y servicios públicos y de emergencias.»

Son infracciones leves:

• a) El incumplimiento de las condiciones establecidas en los planes directores urbanísticos aeroportuarios, en las autorizaciones y en las habilitaciones preceptivas, si no tienen el carácter de graves o muy graves.
• b) El incumplimiento por los usuarios de las normas generales de policía aplicables a las infraestructuras aeroportuarias y, específicamente, de los deberes que determina la presente ley.
• c) El incumplimiento de las normas de operación establecidas por la persona física o jurídica responsable de la gestión de la infraestructura aeroportuaria que estén reflejadas en publicaciones oficiales, el manual del aeródromo o del campo de aviación, o en procedimientos establecidos como obligatorios.
• d) La realización de cualquier actividad, actuación o comportamiento no autorizado dentro del ámbito de una infraestructura aeroportuaria que afecte a la seguridad operacional, si no tiene el carácter de muy grave.»

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«Sección segunda. Autoridad Aeroportuaria de Cataluña

1. Se crea la Autoridad Aeroportuaria de Cataluña como un ente de derecho público de la Generalidad con personalidad jurídica propia, que tiene por objeto desarrollar una visión integral y coordinada de las cuestiones que afectan el desarrollo de las infraestructuras aeroportuarias de Cataluña.

2. La Autoridad Aeroportuaria de Cataluña, en el marco de las competencias a las que se refiere el artículo 2, tiene plena capacidad de obrar y patrimonio propio para alcanzar sus objetivos, las funciones, los principios rectores y la gobernanza establecidos por la presente ley.

Los principios rectores que determinan la actuación de la Autoridad Aeroportuaria de Cataluña en su ámbito competencial son los siguientes:

• a) El impulso y la consolidación de un sistema aeroportuario de Cataluña que opere de forma coordinada, eficiente y complementaria, que potencie especializaciones y sinergias y garantice un desarrollo equilibrado del conjunto del sistema.
• b) La cooperación institucional, que conlleva que la Autoridad Aeroportuaria de Cataluña debe actuar de acuerdo con los principios de cooperación y coordinación entre administraciones públicas, incluida la cooperación en materia de sostenibilidad, calidad del aire y gestión del ruido aeroportuario.
• c) La sostenibilidad y la transición ecológica, con actuaciones que, por un lado, deben integrar los objetivos de mitigación y adaptación al cambio climático, la protección de la biodiversidad, la calidad del aire y la gestión responsable de los recursos y, por otro, deben velar por la minimización y la gestión adecuada del ruido aeroportuario, garantizar la evaluación de los impactos sobre la salud y promover medidas para reducirlo de acuerdo con los estándares ambientales.
• d) El interés general y servicio público, con un desarrollo aeroportuario que debe contribuir al progreso económico, la cohesión territorial y la calidad de vida de la ciudadanía.
• e) La seguridad aeronáutica y civil y la protección operacional, como pilar esencial que debe orientar todas las actuaciones de la Autoridad Aeroportuaria de Cataluña limitadas a su ámbito competencial en la materia.
• f) La transparencia y la rendición de cuentas, con garantía de la publicidad de la información relevante y el establecimiento de mecanismos de rendición de cuentas periódicas.
• g) La participación territorial y el diálogo social con los entes locales y los agentes económicos y sociales.
• h) La calidad y la excelencia del sistema aeroportuario y su competitividad.
• i) La coherencia territorial y urbanística, de modo que el desarrollo aeroportuario debe alinearse con la planificación territorial, urbanística y de movilidad.
• j) La proporcionalidad y la adecuación jurídica de acuerdo con el marco competencial vigente, con la aplicación de criterios de proporcionalidad y seguridad jurídica.
• k) La innovación tecnológica y la eficiencia energética, con el impulso de la digitalización en el sector aeroportuario.
• l) La generación y la gestión del conocimiento estratégico, con la promoción de la recogida, el análisis y la difusión de datos y estudios para reforzar la capacidad de Cataluña de diseñar sus estrategias y mantener una posición sólida en la interlocución con actores del sector.
• m) La promoción de la actividad y la conectividad aeroportuaria y aeronáutica que genere valor añadido para el tejido productivo, la innovación y la proyección internacional de Cataluña.
• n) La representación institucional y la interlocución de Cataluña en el sector aeronáutico, con un papel activo en los espacios de diálogo y cooperación.
• o) El fomento de la intermodalidad y del transporte público, impulsando la integración eficiente de los aeropuertos en el sistema de movilidad de Catalunya.
• p) La suficiencia y la estabilidad presupuestarias, con disposición de los recursos económicos, humanos y materiales necesarios para ejercer con eficacia las competencias que le atribuye esta ley, con una dotación presupuestaria que debe establecerse con criterios de suficiencia, estabilidad y previsibilidad, y debe garantizarse mediante los presupuestos de la Generalidad, de acuerdo con los principios de autonomía financiera, eficiencia en la gestión y adecuación de los medios a los fines públicos atribuidos.

La Autoridad Aeroportuaria de Cataluña tiene las siguientes funciones, de acuerdo con el marco competencial vigente en cada momento:

• a) Elaborar el plan estratégico del Sistema Aeroportuario de Cataluña.
• b) Efectuar el seguimiento del desarrollo de los planes directores.
• c) Ordenar el sistema de aeropuertos, de aeródromos y de helipuertos.
• d) Planificar la accesibilidad aeroportuaria, incluida su intermodalidad e integración en la red de infraestructuras y servicios de transporte de Cataluña.
• e) Implementar las herramientas tecnológicas que permitan un seguimiento cuidadoso y transparente de las políticas aeroportuarias de la Generalidad y de la labor operativa de los gestores aeroportuarios.
• f) Regular la actividad de las infraestructuras aeroportuarias de titularidad de la Generalidad.
• g) Promover la actividad aeronáutica sostenible, la transición ecológica del sector y la conectividad internacional de los aeropuertos de Cataluña.
• h) Impulsar los desarrollos industriales y logísticos ligados a la actividad aeronáutica.
• i) Evaluar y efectuar propuestas en relación con el marco tarifario de los aeropuertos.
• j) Elaborar, coordinadamente con los instrumentos actuales, los planes correspondientes de comercialización de los aeropuertos, y realizar el seguimiento de los mismos.
• k) Monitorizar el impacto económico, social y ambiental de los aeropuertos, los aeródromos y los helipuertos.
• l) Coordinar políticas ambientales, de medio natural, de clima y salud.
• m) Monitorizar la calidad del servicio y la capacidad operativa.
• n) Supervisar los límites en los valores de ruido, establecer un máximo de emisiones anuales de acuerdo con las normativas europeas sobre calidad del aire y establecer sus mecanismos de control y seguimiento.
• o) Desarrollar políticas de formación y empleo vinculadas a las infraestructuras aeroportuarias y el transporte aéreo.
• p) Evaluar y supervisar los efectos territoriales y socio-económicos.
• q) Convertirse en un interlocutor especializado que participe en todos los procesos de planificación de los aeropuertos (DORA, planes directores).
• r) Representar a Cataluña ante AESA, AENA, EASA, DGAC y la Unión Europea.
• s) Convertirse en un punto central de interacción con operadores, municipios y áreas de influencia aeroportuaria.
• t) Cualquier otra función que pueda atribuirle la normativa de aplicación o el Gobierno.

Los órganos de gobierno de la Autoridad Aeroportuaria de Cataluña son:

• a) La presidencia.
• b) La vicepresidencia.
• c) El Consejo de Gobierno.

1. El presidente o presidenta de la Autoridad Aeroportuaria de Cataluña es la persona titular del departamento competente en materia aeroportuaria.

2. Corresponden al presidente o presidenta de la Autoridad Aeroportuaria de Cataluña las siguientes funciones:

• a) Ejercer la representación de la entidad y del Consejo de Gobierno.
• b) Convocar, presidir y dirigir las reuniones del Consejo de Gobierno.
• c) Autorizar, con su visto bueno, el acta de las reuniones y supervisar las certificaciones de los acuerdos.
• d) Fijar el orden del día de las reuniones, dirigir las deliberaciones y dirimir los empates con su voto de calidad.
• e) Ejercer, en nombre de la entidad, todo tipo de acciones y recursos y dar cuenta de ello al Consejo de Gobierno.
• f) Velar por el cumplimiento de los acuerdos del Consejo de Gobierno.
• g) Otorgar poderes generales o especiales, previa autorización del Consejo de Gobierno.
• h) Decidir, por razones de urgencia, sobre asuntos de competencia del Consejo de Gobierno y dar cuenta de ellos posteriormente para su ratificación.
• i) Cumplir todas las funciones que el Consejo de Gobierno le delegue.

1. La Autoridad Aeroportuaria de Cataluña dispone de un órgano de gobierno formado por una presidencia, una vicepresidencia y catorce vocalías.

2. La presidencia corresponde a la persona titular del departamento competente en materia aeroportuaria.

3. La vicepresidencia corresponde a la persona titular de la secretaría competente en materia de empresa y de competitividad de la economía catalana.

4. Las vocalías corresponden a las siguientes personas:

• a) Una persona en representación del departamento competente en materia de coordinación interdepartamental.
• b) Una persona en representación del departamento competente en materia de transportes e infraestructuras de movilidad.
• c) Una persona en representación del departamento competente en las materias de seguridad y política interior.
• d) Una persona en representación del departamento competente en materia de planificación territorial y urbanística.
• e) Una persona en representación del departamento competente en materia de medio ambiente.
• f) Una persona en representación del departamento competente en materia de turismo.
• g) Una persona en representación del departamento competente en materia de economía y hacienda.
• h) Dos personas nombradas por las asociaciones municipalistas Federación de Municipios de Cataluña y Asociación Catalana de Municipios y Comarcas.
• i) Una persona en representación del Consejo General de Cámaras de Cataluña.
• j) Dos personas en representación de las organizaciones económicas y sociales.
• k) Dos personas en representación del sector del transporte aéreo.

5. Los vocales en representación de los departamentos de la Generalidad tienen rango mínimo de director o directora general o asimilado y son designados por la persona titular del departamento competente en materia de aeropuertos a propuesta de los departamentos y entidades mencionados. Las designaciones deben indicar la persona suplente de cada departamento y entidad, con rango mínimo de subdirector o subdirectora general o asimilado.

6. En los casos de vacante, ausencia o enfermedad y, en general, cuando se dé alguna causa justificada, la persona que ocupa la presidencia es sustituida por la persona que ocupa la vicepresidencia.

7. En la designación de las personas que integran el Consejo de Gobierno debe respetarse el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos colegiados.

8. El Consejo de Gobierno debe reunirse cada vez que el presidente o presidenta lo convoque. Como mínimo, debe reunirse tres veces al año.

9. El presidente o presidenta puede convocar a las sesiones del Consejo de Gobierno a otras personas expertas o asesoras en las materias que deben tratarse, así como a otras personas en representación de los departamentos de la Administración de la Generalidad y su sector público, a iniciativa propia o a propuesta de otros miembros, cuando los temas lo aconsejen, que participarán con voz y sin voto.

10. El presidente o presidenta puede invitar a las sesiones al personal técnico de la Administración de la Generalidad y su sector público, de cualquier ámbito, que considere oportuno, en función de los temas que deben tratarse, que tendrá voz pero no voto.

11. El funcionamiento del Consejo de Gobierno se rige por lo establecido por la presente ley y, supletoriamente, por la normativa general reguladora de los órganos colegiados de la Administración de la Generalidad.

12. La asistencia a las sesiones del Consejo de Gobierno no genera ningún derecho económico en concepto de indemnizaciones o de dietas para ninguna de las personas miembros, ni para las personas que asistan con la condición de personas invitadas.

1. Corresponden al Consejo de Gobierno de la Autoridad Aeroportuaria de Cataluña las siguientes funciones:

• a) Fijar las directrices generales de actuación de la entidad, de conformidad con los objetivos de la política aeroportuaria de la Generalidad.
• b) Aprobar el proyecto de presupuesto de la entidad y presentarlo al departamento competente en materia aeroportuaria.
• c) Aprobar el balance anual, la memoria y la liquidación del presupuesto de la entidad.
• d) Aprobar la propuesta de plan económico y financiero de la entidad o de contrato programa con la Generalidad, si procede, de conformidad con la normativa vigente de aplicación.
• e) Aprobar el programa de actuación anual de la entidad.
• f) Autorizar las operaciones de crédito y otras operaciones de endeudamiento que la entidad deba formalizar, en los términos que establezcan los estatutos de la entidad y la normativa vigente de aplicación.
• g) Aprobar la constitución de sociedades, empresas o entidades de otros tipos o la participación en otras ya constituidas relacionadas con las actividades propias del objeto de la entidad, de acuerdo con lo establecido por la normativa de aplicación a la empresa pública catalana.
• h) Informar sobre las propuestas de adjudicación de los contratos, sobre los convenios y sobre los negocios jurídicos de cualquier tipo que sean necesarios para el cumplimiento de las funciones que tiene atribuidas la Autoridad Aeroportuaria de Cataluña.
• i) Comunicar y proponer al departamento competente en materia aeroportuaria la elaboración de proyectos normativos relativos a las infraestructuras aeroportuarias y al sector del transporte aéreo y espacial, así como emitir un informe en todos los proyectos normativos que incidan en sus competencias.
• j) Proponer al departamento competente en materia aeroportuaria la ejecución de nuevas infraestructuras aeroportuarias o la modificación o supresión de las existentes.
• k) Acordar la enajenación y compra de los bienes inmuebles y de los bienes muebles de la entidad.
• l) Conferir y revocar poderes generales y especiales a miembros del Consejo de Gobierno o a terceras personas.

Corresponden al director ejecutivo o directora ejecutiva de la Autoridad Aeroportuaria de Cataluña las siguientes funciones:

• a) Gestionar y dirigir la entidad en los aspectos administrativos y técnicos.
• b) Velar por el cumplimiento de las directrices de funcionamiento de la entidad que establezca el Consejo de Gobierno.
• c) Ejecutar los acuerdos que apruebe el Consejo de Gobierno.
• d) Impulsar y presentar al Consejo de Gobierno, conjuntamente con el presidente o presidenta, los proyectos y las propuestas sobre los asuntos que requieren el pronunciamiento del Consejo de Gobierno.
• e) Dirigir, coordinar, gestionar, inspeccionar y controlar las instalaciones y los servicios de la entidad.
• f) Contratar al personal de la entidad y ejercer la dirección superior del mismo.
• g) Cumplir todas las funciones que el Consejo de Gobierno o el presidente o presidenta le deleguen.
• h) Cumplir cualquier otra función que la presente ley no atribuya a otro órgano.

1. La Autoridad Aeroportuaria de Cataluña puede constituir comisiones técnicas de aeropuerto para tratar los aspectos específicos de cada uno de los aeropuertos comerciales de Cataluña: Barcelona, Girona, Reus, Lleida-Alguaire, Sabadell y Andorra - La Seu.

2. La Autoridad Aeroportuaria de Cataluña, complementariamente, debe designar a una persona coordinadora para cada una de las comisiones técnicas a las que se refiere el apartado 1, que debe cumplir las funciones de interlocución con la Autoridad y la oficina técnica y velar por la consecución de los objetivos y los resultados programados.

3. La comisión técnica de cada aeropuerto debe estar integrada por la persona coordinadora y un mínimo de seis vocales: dos en representación de la Administración de la Generalidad, dos en representación de los municipios del entorno aeroportuario, uno en representación de los sectores económicos y sociales y un miembro independiente experto del sector.

Los recursos económicos de la Autoridad Aeroportuaria de Cataluña son los siguientes:

• a) Los ingresos ordinarios o extraordinarios que se deriven del ejercicio de su actividad.
• b) Los procedentes de la enajenación de sus activos y el rendimiento de los bienes y valores que forman parte de su patrimonio.
• c) Las dotaciones que se consignen, a tales efectos, en los presupuestos de la Generalidad.
• d) Los procedentes de créditos, préstamos y otras operaciones financieras que pueda concertar, de conformidad con la normativa de aplicación.
• e) Las subvenciones, aportaciones y donaciones que pueda percibir de conformidad con las leyes.
• f) Las demás aportaciones que le sean atribuidas.

1. El presupuesto de la Autoridad Aeroportuaria de Cataluña debe ajustarse al régimen establecido para las entidades de derecho público sujetas al derecho privado, de conformidad con la normativa de la empresa pública catalana.

2. El control financiero de la Autoridad Aeroportuaria de Cataluña se somete a lo establecido por los artículos 71 y concordantes del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre.

3. La Autoridad Aeroportuaria de Cataluña queda sometida al régimen de contabilidad pública, de acuerdo con lo establecido en los artículos 72 y concordantes del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña.

1. El patrimonio de la Autoridad Aeroportuaria de Cataluña está constituido por los bienes que tiene adscritos y los que adquiera en virtud de cualquier título de acuerdo con la presente ley.

2. La gestión del patrimonio de la Autoridad Aeroportuaria de Cataluña se ajusta a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley 4/1985, del Estatuto de la empresa pública catalana, aprobado por el Decreto legislativo 2/2002, de 24 de diciembre, y la legislación sobre el patrimonio de la Generalidad.

1. Las relaciones entre la Autoridad Aeroportuaria de Cataluña y su personal se rigen por el derecho laboral y por el resto de normativa de aplicación, excepto en el caso de los puestos de trabajo que, por la naturaleza de las funciones que se cumplen, deben ser ocupados por funcionarios, que se rigen por el régimen jurídico propio del personal funcionario al servicio de la Administración de la Generalidad.

2. La selección del personal de la Autoridad Aeroportuaria de Cataluña se rige por los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad, objetividad, no discriminación por razón de sexo e igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres.

3. El personal funcionario de la Administración de la Generalidad puede ser adscrito al ente público en los términos y las condiciones que establece la legislación sobre función pública.

4. La Autoridad Aeroportuaria de Cataluña debe elaborar un plan de igualdad que incorpore los objetivos que deben alcanzarse en materia de promoción del principio de igualdad de oportunidades de mujeres y hombres entre el personal a su servicio.

1. La Autoridad Aeroportuaria de Cataluña tiene la consideración de medio propio de la Administración de la Generalidad a los efectos de lo que determina la normativa de aplicación en materia de contratos del sector público.

2. La contratación de la Autoridad Aeroportuaria de Cataluña se rige por la normativa de aplicación en el sector público y debe garantizar los principios de publicidad y libre concurrencia.

1. Los actos de la Autoridad Aeroportuaria de Cataluña sometidos al derecho administrativo pueden ser objeto de recurso de alzada ante la persona titular del departamento competente en materia aeroportuaria.

2. El recurso extraordinario de revisión de actos de la Autoridad Aeroportuaria de Cataluña se interpone ante la persona titular del departamento competente en materia aeroportuaria.

3. Las reclamaciones previas a la interposición de acciones civiles y laborales de la Autoridad Aeroportuaria de Cataluña se presentan ante la persona titular del departamento competente en materia aeroportuaria y se rigen por lo dispuesto en la legislación sobre el régimen jurídico de las administraciones públicas y el procedimiento administrativo común.»

• «b) Incumplir las condiciones esenciales de la licencia o la autorización, o las condiciones de prestación del servicio de taxi, en los términos que se determinen por reglamento y que no estén tipificados expresamente por ningún otro apartado de este artículo ni sean calificados de infracción muy grave, de acuerdo con el artículo 39. A estos efectos, se considera un incumplimiento de las condiciones de prestación del servicio de taxi, por contravención de lo determinado por los artículo 21 y 22, la realización de servicios iniciados en un término municipal distinto al que corresponde la licencia de transporte urbana, así como la realización del servicio de taxi mediante cobro individual.»

«1. Los agentes de la inspección del transporte y los cuerpos de seguridad encargados de su vigilancia deben ordenar la inmovilización inmediata del vehículo en caso de que se detecten conductas que constituyan infracciones muy graves, de acuerdo con lo establecido por el artículo 39, así como la infracción grave tipificada por el artículo 40.c.

A Los efectos de lo establecido por este apartado, los miembros de la inspección de transporte o los agentes encargados de la vigilancia del transporte deben retener la documentación del vehículo, incluida, en su caso, la correspondiente licencia o autorización para la prestación del servicio, hasta que se enmienden las causas que han dado lugar a la inmovilización.

Es responsabilidad del denunciado, en cualquier caso, la custodia del vehículo, de sus pertenencias y los gastos que dicha inmovilización pueda ocasionar, así como buscar los medios alternativos necesarios para hacer llegar los viajeros a su destino. En caso de que no lo haga, dichos medios pueden ser establecidos por la Administración; los gastos que genere la adopción de estas medidas corren, en cualquier caso, por cuenta del denunciado, y no se puede levantar la inmovilización hasta que este los abone.»

«3. La inmovilización de los vehículos debe hacerse del siguiente modo:

• a) Los agentes de la inspección del transporte y los cuerpos de seguridad encargados de su vigilancia deben formular la denuncia correspondiente y fijar provisionalmente la cuantía de la sanción.
• b) El importe de la sanción debe ser abonado en el momento de la denuncia en concepto de depósito y debe entregarse al denunciado el recibo de depósito de la cantidad correspondiente. En caso de que se efectúe el depósito, este debe constituirse en metálico, en euros, o mediante tarjeta de crédito o una transferencia efectuada de acuerdo con las condiciones y garantías que establezca la autoridad competente. La cantidad debe ser entregada como resultado del acuerdo que en definitiva adopte la autoridad competente, a la que debe remitirse dicha cantidad con la denuncia.
• c) Si se deja sin efecto la denuncia o se reduce el importe de la multa, debe ponerse a la disposición del interesado o de su representante la cantidad que proceda en cada caso.
• d) En ningún caso se puede devolver la documentación del vehículo o dejar sin efecto la medida cautelar de inmovilización del vehículo si no se ha hecho efectivo el importe provisional, en concepto de depósito, de la sanción.»

• «a) Áreas de servicio: las zonas colindantes con las carreteras, afectas al servicio y al dominio público viario, destinadas a facilitar la seguridad y la comodidad de las personas usuarias de la red de carreteras de la Generalidad.»

• «d) Elemento funcional de la carretera: cualquier elemento o equipamiento, permanente o provisional, vinculado a la conservación, el mantenimiento, la explotación y la movilidad de la red viaria de transporte terrestre o al uso del servicio público viario, como los parques de conservación, los centros de control de carreteras, las áreas de servicio y descanso, las zonas de estacionamiento, los servicios de control del tráfico, las instalaciones de generación y almacenamiento de energía renovable para las infraestructuras de movilidad, las instalaciones para la explotación de la red viaria, los equipamientos para el auxilio y la atención médica de urgencia, las canalizaciones públicas para la instalación de redes de telecomunicaciones, las áreas de peaje, las estaciones y paradas de autobuses, o los elementos destinados a la señalización.»

• «e) Estación de servicio: las instalaciones destinadas al suministro de carburantes o de energías para la automoción que disponen de los elementos determinados a este efecto por la normativa aplicable en esta materia y que se sitúan separadas de la carretera dejando libre el dominio público, salvo de lo que sea necesario para los accesos.»

• «f) Instalaciones o equipamientos adicionales de la carretera: los destinados a la mejora de aspectos parciales de la circulación, tanto de vehículos como de peatones, como la iluminación, las aceras, las calzadas laterales, los pasos de peatones, los carriles bici, los carriles para peatones o para maquinaria agrícola, la señalización complementaria, las obras de paso de servicios, las plantaciones u otros.»

«15.2. La elaboración del estudio informativo previo es preceptiva, a menos que se trate de ejecutar actuaciones que tengan por objeto el acondicionamiento, el ensanchamiento de plataforma o mejoras puntuales de trazado de la carretera existente en una longitud inferior a 10 km, o la mejora o la modificación de un nudo, intersección o enlace existente, o cualquier otra actuación relacionada con la mejora, la rehabilitación, el mantenimiento y la conservación del firme y de los elementos funcionales y los equipamientos o instalaciones adicionales de la carretera, y la construcción o modificación de estos elementos e instalaciones o equipamientos adicionales, la señalización de la vía o la ejecución de elementos técnicos complementarios.

En estos supuestos, en que no es preceptiva la elaboración de un estudio informativo previo, en función del alcance de la actuación, el proyecto puede someterse a audiencia de las personas afectadas.

Asimismo, en los supuestos en los que sea preceptiva la elaboración de un estudio informativo previo, pero la naturaleza o circunstancias de la actuación concreta de la que se trate hagan difícil la definición de alternativas distintas al problema viario que debe resolverse, la Generalidad puede optar por redactar un proyecto de trazado en lugar de un estudio informativo previo. En tal caso, el proyecto de trazado queda sujeto a la misma tramitación y a las mismas consecuencias que si se tratara de un estudio informativo previo, pero no requiere una definición, análisis y valoración de alternativas distintas.»

29.1. La financiación de las inversiones y los gastos derivados de la construcción, la explotación, la mejora, la conservación, la ordenación de accesos, los elementos funcionales, instalaciones o equipamientos adicionales y, en general, las actuaciones exigidas para el buen funcionamiento de las carreteras reguladas por la presente ley, puede adoptar una o más de una de las siguientes modalidades:

• a) Con cargo a las consignaciones que se incluyan en los presupuestos públicos y a las transferencias, subvenciones o aportaciones recibidas con este fin.
• b) Mediante los mecanismos previstos por la legislación urbanística.
• c) Con capital público, privado o mixto, financiado mediante el pago de peaje u otras fórmulas de explotación de la vía, como el contrato de concesión de obra pública.
• d) Mediante la imposición de contribuciones especiales a las personas físicas o jurídicas que resulten especialmente beneficiadas por la actuación, en los términos determinados por el artículo 30.
• e) Mediante los ingresos generados por la tasa por el uso de las carreteras por parte de los vehículos, legalmente establecida, en los términos y supuestos normativamente establecidos.
• f) Mediante la contraprestación establecida a favor de la Administración en los contratos de gestión y explotación de áreas de servicio, estaciones de servicio, de recarga o abastecimiento de combustible, instalaciones destinadas a la eficiencia energética o cualquier otro elemento funcional propio de la red viaria de titularidad de la Generalidad.
• g) Mediante los importes que, en virtud de los contratos de concesión de carreteras, deban ser abonados a la Administración concedente en concepto de gastos administrativos o de gestión contractual, penalizaciones, deducciones, devoluciones de ingresos indebidos, cánones, derechos de compensaciones financieras, ganancias de refinanciación, reequilibrios económicos favorables a la Administración concedente o cualquier otra figura contractual de naturaleza análoga.

29.2. Los ingresos a los que se refieren las letras f y g del apartado 1 tienen carácter finalista y generan crédito dentro del estado de gastos directos o indirectos (incluidos los del personal directamente vinculado) del presupuesto del departamento competente en materia de carreteras, tanto si provienen de contratos propios del mismo departamento como de las empresas o entidades que estén adscritas a la Administración de la Generalidad. En este último caso, los ingresos se transfieren al departamento competente en materia de carreteras mediante la fórmula de retorno que la persona titular de dicho departamento determine, una vez deducidos los gastos de gestión, mantenimiento e inversiones realizadas.

29.3. La secretaría competente en materia de movilidad e infraestructuras debe aprobar un programa específico de actuaciones de mejora y modernización de la red viaria y de sus elementos funcionales, financiado con dichos ingresos, una vez deducidos los gastos de los contratos correspondientes y de gestión del sistema, incluidos los de personal.

29.4. Por razones de eficacia y eficiencia, el departamento competente en materia de carreteras puede asignar la ejecución total o parcial de las actuaciones previstas en el programa específico al que se refiere el apartado 3 a empresas públicas adscritas a dicho departamento, siempre que lo prevean así sus estatutos, y a cargo de los ingresos que estas obtengan por la contraprestación de la explotación de las infraestructuras de la red viaria indicadas, o eventualmente, por las aportaciones que pueda hacer el departamento. Esta asignación puede comprender cualquier inversión del programa y no debe limitarse al ámbito de actuación propio o a los elementos funcionales gestionados por cada empresa pública adscrita.»

32.1. Las áreas de servicio deben estar dotadas, como mínimo, de:

• a) Instalaciones destinadas al suministro de carburantes o de energías para la automoción.
• b) Zona de estacionamiento y descanso de acceso público y gratuito.
• c) Servicios sanitarios de uso público y gratuito.

Adicionalmente, pueden incluir talleres de reparación, establecimientos hoteleros, restaurantes y otros servicios similares o complementarios.

32.2. Las áreas de servicio deben situarse, preferentemente, en vías segregadas. Sin embargo, de acuerdo con las características de la red, los accesos, el tráfico y las necesidades del servicio público, pueden emplazarse en el resto de carreteras de titularidad de la Generalidad.

32.3. Las áreas de servicio deben disponer de acceso directo desde la carretera o por una calzada lateral. En el caso de vías segregadas, el acceso debe ser exclusivo y el recinto debe estar cerrado y separado de las fincas colindantes, excepto cuando, por razones técnicas o para garantizar su adecuada explotación, se justifique una solución diferente, siempre que esta no afecte la seguridad vial.

32.4. Las áreas de servicio pueden ser construidas y explotadas directamente por la Administración o mediante cualquier modalidad de gestión indirecta establecida por la legislación de contratos del sector público. El pliego de condiciones administrativas debe fijar los requisitos relativos a la ocupación, la gestión y la conservación de las áreas de servicio.

Por razones de eficiencia y eficacia en la gestión, el departamento competente en materia de carreteras puede adscribir las áreas de servicio a empresas o entidades de derecho público que estén adscritas a este departamento.

32.5. El departamento competente en materia de carreteras debe promover proyectos de nuevas áreas de servicio y estaciones de recarga necesarias para garantizar la comodidad de las personas usuarias y el funcionamiento correcto del servicio público de la red viaria de la Generalidad.

Esta promoción puede incluir proyectos de:

• a) Modernización y mejora de las áreas de servicio existentes.
• b) Creación de nuevas áreas de servicio en el marco de actuaciones de ampliación o modificación de la red viaria.
  En este caso, los proyectos de nuevas carreteras, desdoblamientos o variantes deben incluir, a menos que se justifique la imposibilidad de crearlas, la previsión de las áreas mencionadas.
• c) Implantación de nuevas áreas de servicio en vías de titularidad de la Generalidad, que pueden aprovechar elementos existentes, tales como áreas de descanso, espacios en desuso o compatibles con otros elementos funcionales auxiliares de acceso directo desde la carretera, o bien se pueden emplazar en nuevos terrenos adyacentes a las carreteras, siempre que sean adecuados y compatibles con la seguridad vial y la protección del entorno.
• d) Transformación de estaciones de servicio existentes destinadas a la venta de combustibles tradicionales en nuevas áreas de servicio con instalaciones de recarga con accesos a la red viaria de la Generalidad.
• e) Nuevas estaciones de titularidad pública de recarga o repostaje de energías para la automoción, situadas de forma anexa a estaciones de servicio existentes destinadas a la venta de combustibles tradicionales con accesos a la red viaria de la Generalidad.

Excepcionalmente, también se pueden emplazar instalaciones de recarga o repostaje de energías para la automoción de titularidad pública en terrenos situados a una distancia de conducción no superior a tres kilómetros desde la salida más cercana a una carretera de la red de titularidad de la Generalidad, siempre que sean adecuados y compatibles con la seguridad vial y la protección del entorno.

La aprobación de cualquiera de estos proyectos produce los efectos determinados por el artículo 19, sin perjuicio de las indemnizaciones que correspondan de acuerdo con la legislación de expropiación forzosa.

32.6. Cualquier interesado puede solicitar la concesión para la explotación o para la construcción y explotación de un área de servicio, o de alguno de sus elementos integrantes, mediante la presentación de la solicitud de iniciativa privada correspondiente ante el departamento competente en materia de carreteras y en los términos de la legislación en materia de contratos.

32.7. Las áreas de servicio, las estaciones de servicio y el resto de elementos funcionales de la carretera deben adaptar sus instalaciones a lo dispuesto por la Ley 13/2014, de 30 de octubre, de accesibilidad, y a los requisitos técnicos de la normativa sectorial que les sea de aplicación.»

«1. La línea de edificación se establece a ambos lados de la carretera. En la franja comprendida entre la arista exterior de la explanación y la línea de edificación se prohíbe cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación. Se exceptúan de esta prohibición las obras estrictamente necesarias para la conservación, el mantenimiento y la adecuación a la normativa vigente de las edificaciones existentes legalmente implantadas, incluidas las actuaciones indispensables por razones medioambientales, de seguridad, accesibilidad, infraestructuras de telecomunicaciones, salubridad, higiene y eficiencia energética.

Estas obras exceptuadas de la prohibición no pueden conllevar, en ningún caso, un incremento del volumen edificatorio, de la superficie construida o del techo, ni la realización de obras en edificaciones en estado de ruina.»

«44 bis. Desvío temporal del tráfico

• 44 bis 1. La Administración de la Generalidad puede ordenar el desvío temporal del tráfico de vehículos por la totalidad o una parte del recorrido de una vía explotada en régimen de concesión si concurren circunstancias excepcionales que motiven su necesidad. Este desvío debe mantenerse durante el tiempo estrictamente necesario para garantizar la seguridad vial, la fluidez del tráfico y el restablecimiento de las condiciones ordinarias de circulación en la vía afectada por dichas circunstancias.
• 44 bis 2. En las vías de peaje explícito de titularidad de la Generalidad el desvío puede conllevar, si las circunstancias lo justifican y por el tiempo estrictamente indispensable, el establecimiento de la exención temporal del pago del peaje a los vehículos que circulen por el recorrido o tramo de la vía de peaje afectados, con la compensación que corresponda al concesionario por los perjuicios causados, por el concepto y calculada en la forma que dispone el apartado 3, sin que sea aplicable lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley del Estado 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y explotación de las autopistas en régimen de concesión.
• 44 bis 3. El concesionario tiene derecho a la percepción de un importe igual a la suma de los peajes no percibidos y correspondientes a los vehículos que habrían circulado por el tramo afectado en circunstancias ordinarias, estimado como la media de vehículos –según categoría tarifaria– que hayan circulado por el mismo tramo o barrera de peaje, durante el mismo lapso de tiempo y día de la semana consecutiva anterior y posterior al desvío. En el caso de que entre los días mencionados en las semanas consecutivas estén afectados por la estacionalidad del tráfico –como días festivos o vísperas de festivo– se toma como referencia un día comparable de entre las dos semanas anteriores y posteriores al desvío.
• 44 bis 4. En los episodios de desvío de hasta cuarenta y ocho horas, por la corta duración, el número de vehículos inducidos es marginal respecto al tráfico anual de la autopista, por lo que no se consideran más gastos de conservación, mantenimiento y explotación. En caso contrario, a dicho importe debe añadírsele la compensación económica de los gastos de conservación, mantenimiento y explotación mayores determinados como el 5% del valor del peaje generado por el tráfico inducido.
• 44 bis 5. A efectos de lo establecido en este artículo, son circunstancias excepcionales:
  • a) Las restricciones totales o parciales de tráfico motivadas por accidentes de circulación, manifestaciones, fenómenos naturales de excepcional gravedad (inundaciones, terremotos, movimientos del terreno o incendios), siempre que estas restricciones se produzcan en las carreteras situadas en el entorno cercano de las vías de peaje en régimen de concesión y que, por su naturaleza, provoquen afectaciones viarias de gravedad en la red y en sus usuarios.
  • b) Las restricciones en una de las calzadas de la vía de peaje, siempre que se estime de forma objetiva que pueden provocar un riesgo para la seguridad de las personas y, en general, para la seguridad vial.
  • c) La activación de planes de protección civil, estatal, autonómico o municipal, en que sea necesario utilizar las vías de peaje para facilitar la evacuación, de forma rápida, ordenada, urgente y segura, de la población afectada.
  • d) La activación de planes o situaciones de emergencia derivadas de cualquiera de las incidencias anteriores, así como de otras situaciones excepcionales y de especial gravedad que conlleven una drástica caída, sobrevenida y no previsible, de la oferta infraestructural de los sistemas de transporte del corredor afectado, siempre que dicha caída genere afectaciones muy graves a la movilidad y no sea posible garantizarla mediante otras medidas alternativas.»

«45.5. En las carreteras convencionales, incluidas las de la red básica fuera de travesías, se admiten instalaciones semafóricas en accesos o intersecciones existentes con cruces a nivel, siempre que no se vea comprometida la funcionalidad de los accesos o de las intersecciones. Esta admisión también es de aplicación cuando la intensidad media diaria de la vía principal supere los cinco mil vehículos.»

«55.3. Los ingresos generados por dicho concepto tienen carácter finalista y quedan afectados a las partidas correspondientes del departamento competente en materia de carreteras para la conservación y mejora de las infraestructuras viarias.»

«4. La gestión de las estaciones de viajeros y de otros elementos infraestructurales vinculados a la prestación del servicio de transporte de viajeros puede ser encargada por la dirección general competente en materia de transportes a las empresas o entidades públicas encargadas de la gestión de infraestructuras de transporte.»

«En todo caso se consideran incluidos en este apartado los incumplimientos de lo que determina la disposición adicional cuarta de la presente ley.»

1. Las empresas concesionarias de servicios públicos de transporte de viajeros por carretera deben garantizar el ejercicio efectivo de los derechos lingüísticos de las personas usuarias en la prestación del servicio, de acuerdo con la normativa lingüística aplicable, según los cuales el catalán, como lengua propia de Cataluña, es también la lengua de los servicios públicos y debe poder ser empleado con normalidad en la prestación del servicio.

2. El personal que desarrolle funciones de conducción, inspección, información, atención a los usuarios, gestión de incidencias o cualquier otra función que implique relación directa y habitual con el público adscrito a los servicios públicos regulares de transporte de viajeros por carretera de competencia de la Generalidad debe acreditar, como mínimo, el conocimiento de la lengua catalana correspondiente al nivel B1 del Marco europeo común de referencia, mediante la presentación de certificados expedidos por el órgano competente en materia de política lingüística o mediante títulos, diplomas o certificados reconocidos como válidos para la acreditación de conocimientos de catalán por la normativa vigente, de acuerdo con las funciones que desempeñan de atención a las personas usuarias.

3. A los efectos de lo establecido por esta disposición adicional, el requisito lingüístico al que se refiere el apartado 2 es una de las condiciones esenciales de prestación del servicio y, por tanto, su incumplimiento, especialmente si afecta la atención directa a las personas usuarias, la gestión de incidencias, la información del servicio o el ejercicio de los derechos lingüísticos de la ciudadanía, puede dar lugar, con la tramitación previa del procedimiento contradictorio correspondiente, a la adopción de medidas correctoras y a la imposición de las sanciones correspondientes.»

1. El personal que desarrolle funciones de conducción que pueda acreditar que ha ejercido esta actividad en Cataluña con anterioridad a la entrada en vigor de la disposición adicional cuarta de la presente ley dispone de un plazo de tres años para acreditar el requisito.

2. Cuando la acreditación del conocimiento de la lengua catalana exigida por la presente ley cause un impacto significativo y debidamente acreditado en la disponibilidad de personas conductoras que puedan ejercer la actividad, o cuando sea necesario para llevar a cabo organizativamente la realización de las pruebas o la expedición de los correspondientes certificados acreditativos, excepcionalmente y de forma motivada, el departamento competente en materia de transportes puede autorizar temporalmente el ejercicio de la actividad por parte de personas conductoras que aún no hayan acreditado el requisito lingüístico establecido por la disposición adicional cuarta, con la condición de que puedan obtenerlo en el plazo de tres años.»

• «n) Compromiso de garantizar los derechos lingüísticos de las personas usuarias en la prestación del servicio, de acuerdo con la normativa lingüística de aplicación. Este compromiso debe incluir, como mínimo, la previsión de que el personal que desarrolle funciones de conducción, inspección, información, atención a las personas usuarias, gestión de incidencias o cualquier otra función que implique relación directa y habitual con el público disponga de un nivel de conocimiento de lengua catalana adecuado, proporcional y suficiente para atender a las personas usuarias en esta lengua y para garantizar su uso normal en la prestación del servicio.»

«8.2. El incumplimiento de los compromisos lingüísticos asumidos por la empresa concesionaria, especialmente cuando afecta la atención directa a las personas usuarias, la gestión de incidencias, la información del servicio o el ejercicio de los derechos lingüísticos de la ciudadanía, puede dar lugar a la adopción de las medidas correctoras y a la imposición de las correspondientes sanciones, en los términos de la disposición adicional cuarta de la Ley 12/1987, de 28 de mayo, de regulación del transporte de viajeros por carretera mediante vehículos de motor.»

1. La prestación de los servicios de transporte público interurbano de viajeros por carretera debe garantizar la continuidad y la calidad del servicio, la sostenibilidad ambiental y la información adecuada a las personas usuarias, así como el ejercicio efectivo de los derechos lingüísticos de estas personas.

2. Las empresas concesionarias, en cuanto operadoras de un servicio público esencial de competencia de la Administración de la Generalidad, quedan vinculadas a los principios que informan la normativa sobre política lingüística, de acuerdo con los cuales la lengua catalana, como lengua propia de Cataluña, es también la de los servicios públicos y debe poder ser empleada con normalidad en la prestación de estos servicios.»

«4. Los titulares de los terrenos situados en la zona de influencia de una instalación de transporte por cable y de los terrenos colindantes con dicha zona son responsables de mantener los árboles plantados en su finca en condiciones tales que no comporten peligro para la instalación ni para la correcta explotación. Si el titular o propietario de la instalación, o el responsable de la prestación del servicio de transporte, es conocedor de un incumplimiento de esta obligación, debe requerir al titular de la finca para que lo corrija en los términos reglamentariamente indicados. Si se incumple este requerimiento, el titular de la finca tiene la obligación de permitir su acceso con el fin de que se puedan efectuar, a su cargo, por parte del titular o propietario de la instalación, o del responsable de la prestación del servicio de transporte, las actuaciones que sean necesarias.»

1. Las personas que realizan actividades de conducción o de mantenimiento de las instalaciones de transporte por cable y las que realizan actividades con repercusión sobre la seguridad del transporte por cable no pueden llevarlas a cabo con tasas de alcohol superiores a 0,2 gramos por litro o niveles de alcohol en aire espirado superiores a 0,10 miligramos por litro o si presentan en el organismo cualquier sustancia depresora, estimulante o perturbadora que pueda alterar o disminuir sus facultades psicofísicas. La detección positiva de la tasa de alcohol indicada o de la presencia de dichas sustancias constituye una infracción muy grave.

2. Las personas que realizan actividades de conducción o de mantenimiento de las instalaciones de transporte por cable y las que realizan actividades con repercusión sobre la seguridad del transporte por cable están obligadas, si se lo requiere la empresa, a someterse a pruebas de alcoholemia o a cualquier otra prueba destinada a detectar si han consumido las sustancias a las que se refiere el apartado 1. La negativa a someterse a estas pruebas constituye una infracción muy grave.

3. Las empresas gestoras de las instalaciones de transporte por cable pueden llevar a cabo, antes del inicio o durante la jornada laboral del personal al que se refiere el presente artículo, las actuaciones adecuadas de prevención, control y seguimiento para la detección de niveles de alcohol, de estupefacientes, de sustancias tóxicas o de otras sustancias, y deben aplicar las correspondientes medidas disciplinarias si el personal se niega a someterse a las pruebas y en los casos de detecciones positivas.»

• «g bis) Ejecutar obras en terrenos situados en la zona de influencia de una instalación de transporte por cable sin autorización administrativa cuando esta sea preceptiva.
• g ter) Mantener los árboles situados en la zona de influencia de una instalación de transporte por cable o en terrenos colindantes con dicha zona en condiciones tales que puedan comportar peligro para la instalación o para su correcta explotación.»

• «b bis) A las personas físicas o jurídicas que lleven a cabo las actuaciones y actividades, en el caso de las infracciones tipificadas por las letras g bis y g ter del artículo 40.»

El Aeri de Montserrat, dada su singularidad, queda sometido al régimen de autorización administrativa al que se refiere el artículo 30, una vez finalice el plazo concesional.»

«7. Corresponde a Puertos de la Generalidad el ejercicio de las funciones que se deriven una vez declarada la situación de abandono de los barcos, las embarcaciones, los vehículos y otros objetos.»

• «s) Gran tenedor:
  • 1.º Las entidades financieras, las filiales inmobiliarias de estas entidades, los fondos de inversión y las entidades de gestión de activos, incluidos los procedentes de la reestructuración bancaria, de acuerdo con la legislación mercantil.
  • 2.º Las personas jurídicas que, por sí mismas o mediante un grupo de empresas, tengan la propiedad, el derecho de uso, disfrute o explotación de más de diez inmuebles urbanos de uso residencial situados en territorio del Estado, o de cinco o más situados en Cataluña, con las siguientes excepciones:
    • – Los promotores sociales a los que se refieren las letras a y b del artículo 51.2.
    • – Las personas jurídicas que tengan en propiedad más de un 15% de la superficie residencial útil de su parque de viviendas en Cataluña calificado como viviendas con protección oficial destinadas a alquiler.
    • – Las entidades privadas sin ánimo de lucro que proveen de vivienda a personas y familias en situación de vulnerabilidad residencial.
  • 3.º Los fondos de capital riesgo y de titulización de activos.
  • 4.º Las personas físicas que tengan la propiedad, el derecho de uso, disfrute o explotación de diez inmuebles urbanos de uso residencial situados en territorio del Estado, o de cinco o más situados en Cataluña.»

«2. A los efectos del cómputo de propiedades para la definición de gran tenedor, deben tenerse en cuenta las siguientes reglas:

• 1.ª Las participaciones individuales en regímenes de comunidad solo computan a los efectos de este límite en la medida que, de forma acumulada, logren el equivalente a la titularidad completa, el derecho de uso, disfrute o explotación de inmuebles urbanos de uso residencial.
• 2.ª En el caso de viviendas con más de un titular, cuando al menos uno de ellos tenga la condición de gran tenedor, la vivienda queda sujeta a las obligaciones y limitaciones establecidas a tal efecto.
• 3.ª En el caso de que una finca registral comprenda un edificio formado por varias unidades susceptibles de uso residencial, se entiende que cada una de estas unidades constituye un inmueble independiente a los efectos del cómputo, con independencia de que no haya división horizontal inscrita. En tal caso, la acreditación se puede hacer mediante una certificación del Registro de la Propiedad complementada con otros documentos públicos o administrativos que acrediten la existencia de estas unidades de vivienda.»

• «h) La incorporación de un programa de convenios especiales de financiación de adhesión voluntaria para actuaciones de conservación, mejora y rehabilitación de inmuebles situados en el área. Estos convenios pueden incluir la exigencia de cuotas que materialicen la devolución de la financiación según las condiciones establecidas en cada convenio. Las cuotas deben ajustarse a lo establecido por los artículos 39 ter a 39 quinquies de la presente ley.»

«9. Los convenios de rehabilitación pueden incorporar de forma anexa convenios especiales de financiación que permitan a las personas propietarias o a las comunidades de propietarios acceder a financiación para sufragar actuaciones de conservación, mejora y rehabilitación en sus inmuebles, y, en su caso, complementar las ayudas públicas de los planes de rehabilitación o regeneración urbana.

10. Los convenios especiales de financiación deben concretar las condiciones de obtención de la financiación y de su retorno. Estos convenios deben incluir los elementos necesarios para individualizar y cuantificar las cuotas en las que se materialice dicho retorno.»

1. Los convenios especiales de financiación son acuerdos subscritos entre el ayuntamiento y las personas propietarias o las comunidades de propietarios de inmuebles situados dentro del área de conservación y rehabilitación que establece el artículo 36 y que permiten el acceso a instrumentos de financiación destinados a la realización de actuaciones de conservación, mejora y rehabilitación.

2. Las actuaciones susceptibles de ser incluidas en un convenio especial de financiación comprenden todas las obras de mejora relacionadas con la accesibilidad, la habitabilidad, la adecuación de los inmuebles a las necesidades de personas con discapacidad o en situación de dependencia, la mejora de la eficiencia energética, la instalación de sistemas de autoconsumo energético y de almacenamiento, así como cualquier otra actuación que contribuya a la conservación, la modernización o la puesta al día del edificio.

3. La adscripción al convenio es voluntaria para las personas propietarias y las comunidades de propietarios. La no adscripción al convenio no implica ninguna renuncia ni limitación a otras posibles actuaciones o ayudas de carácter público o privado.

4. Los préstamos, las ayudas u otros instrumentos de financiación concedidos en el marco de estos convenios deben devolverse mediante las cuotas que establecen los artículos 39 ter a 39 quinquies.

5. El convenio especial de financiación debe incluir, como mínimo:

• a) los tipos de obras admisibles;
• b) los requisitos del inmueble y de la propiedad;
• c) los requisitos de las entidades financiadoras;
• d) los costes elegibles que pueden integrar la financiación.

6. Los convenios especiales de financiación se ejecutan mediante el ente gestor establecido por el artículo 37 o el órgano que asuma sus funciones.

7. Corresponde al ayuntamiento:

• a) aprobar la ordenanza que regule el convenio especial de financiación y la exigencia de las cuotas;
• b) autorizar los acuerdos con las entidades gestoras y financiadoras;
• c) homologar las empresas habilitadas para ejecutar las obras de rehabilitación;
• d) supervisar los programas garantizando la transparencia, la calidad del servicio y la protección de las personas consumidoras;
• e) identificar y acompañar en su obligación de cumplir el convenio de financiación a las personas o unidades familiares titulares de viviendas que se encuentren en situación de exclusión residencial, definida en el artículo 5.10 de la Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética.

8. La Generalidad de Cataluña, directamente o mediante convenio con el ayuntamiento, debe promover instrumentos de apoyo económico, como por ejemplo ayudas retornables o anticipos reintegrables, destinados a prevenir situaciones de morosidad de las personas o unidades de convivencia en situación de exclusión residencial, definida por el artículo 5.10 de la Ley 24/2015, que estén obligadas al pago de las cuotas de los convenios especiales de financiación.»

1. La aprobación de un convenio especial de financiación conlleva la obligación de satisfacer las cuotas de retorno de la financiación recibida.

2. Estas cuotas tienen la naturaleza de prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario.

3. Deben satisfacer estas cuotas las personas físicas o jurídicas que se hayan adherido voluntariamente a un convenio especial de financiación, en los términos establecidos en cada convenio.

4. El importe de las cuotas se determina a partir del coste total de la financiación obtenida, incluyendo los gastos de gestión y los costes financieros asociados.

5. Las cuotas se meritan a partir del momento en el que las actuaciones hayan sido ejecutadas, o se encuentren en el grado de ejecución que determine la ordenanza.

6. La ordenanza fija el mecanismo de cuantificación de las cuotas, la periodicidad del pago y la duración de la obligación de satisfacerlas.»

1. El ayuntamiento asume la gestión y la recaudación de las cuotas en los términos establecidos por la ordenanza municipal.

2. Para cobrar dichas cuotas, el ayuntamiento disfruta de las prerrogativas establecidas por el artículo 2.2 del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y debe actuar de acuerdo con los procedimientos administrativos correspondientes.

3. Las deudas derivadas de estas cuotas pueden exigirse mediante el procedimiento administrativo de constreñimiento, con la aplicación de los intereses de demora y de los recargos establecidos en la Ley del Estado 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria, y en los reglamentos que la desarrollen.

4. Los ingresos obtenidos por el ayuntamiento de las cuotas de retorno de la financiación recibida deben entregarse al ente gestor para el pago que corresponde a cada una de las personas o entidades que han aportado la financiación.

5. El ayuntamiento no garantiza en ningún caso el pago de las cuotas ni responde en caso de impago.»

1. Los inmuebles en los que se hayan llevado a cabo las actuaciones previstas en un convenio especial de financiación quedan afectos al pago de las cuotas correspondientes y disfrutan de la garantía de afección que establece el artículo 79 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria.

2. La afección de los inmuebles y la obligación garantizada pueden constar en el Registro de la Propiedad a instancia del ayuntamiento o del ente gestor.

3. La garantía subsiste hasta el pago íntegro de la deuda y se transmite automáticamente a los nuevos titulares del inmueble.»

«6. Quedan prohibidas la comercialización y la publicidad de arrendamiento de inmuebles destinados a uso residencial, directamente o mediante un intermediario, si no se dispone de la cédula de habitabilidad.»

En toda publicidad, debe hacerse constar necesariamente:

• a) La localización de la vivienda.
• b) El estado de la vivienda ofrecida, y si ya está terminada, en fase de construcción o solo proyectada, en caso de obra nueva.
• c) El número y la fecha de caducidad de la licencia de obras, en el caso de la primera transmisión de viviendas en edificios terminados o en obras.
• d) La superficie útil y la superficie construida, en el caso de viviendas de nueva construcción. Si existen anexos, su superficie debe hacerse constar de forma diferenciada.
• e) El número de referencia del registro de homologación, el distintivo colegial y el número de colegiación del agente, en su caso.
• f) El responsable de la comercialización de la promoción, con la dirección y el teléfono de contacto, en caso de obra nueva.
• g) En el caso de que la vivienda esté situada en una zona de mercado residencial tensionado, el precio máximo de alquiler que resulta de aplicar el sistema de referencia de los precios de alquiler o, en su caso, la última renta del contrato de alquiler que haya estado vigente en los últimos cinco años.
• h) La condición de gran tenedor de la propiedad de la vivienda, siempre que la vivienda esté situada en una zona de mercado residencial tensionado, dentro del periodo de vigencia de la declaración de la zona mencionada.
• i) La referencia del certificado de eficiencia energética.»

1. A los efectos de la aplicación del régimen de contención de rentas establecido por la presente ley, se entiende por arrendamiento de habitación cualquier negocio jurídico o relación jurídica que, con independencia de su denominación, atribuya a una persona arrendataria, cesionaria, ocupante o usuaria, a cambio de una contraprestación económica, el uso residencial exclusivo de una habitación situada en la vivienda con derecho de utilización de espacios comunes.

2. A los efectos de lo establecido por el presente artículo, se incluyen expresamente el arrendamiento, la cesión de uso y el subarrendamiento de habitaciones o cualquier otra fórmula jurídica que produzca un efecto equivalente.

3. En caso del arrendamiento de habitación, cesión de uso, subarrendamiento o cualquier negocio jurídico que habilite el uso residencial, debe depositarse la fianza, inscribir los datos del contrato e informar de la finalidad en el Registro de fianzas.»

1. A los efectos de la aplicación del régimen de contención de rentas establecido por la presente ley, se entiende por renta, precio o contraprestación económica cualquier importe dinerario o económicamente valorable que la persona arrendataria, cesionaria, ocupante o usuaria deba satisfacer, de forma directa o indirecta, como contraprestación por el uso, disfrute o disponibilidad de la vivienda o la habitación.

Se incluyen, entre otros, las cantidades asimiladas a la renta, los gastos generales, los servicios individualizados, las cuotas, las repercusiones de gastos, los servicios obligatorios o cualquier otro concepto contractualmente exigible vinculado al uso residencial.

2. En materia de contención de rentas, no se pueden repercutir los gastos de gestión inmobiliaria o los gastos de formalización del contrato a la parte arrendataria, cesionaria o usuaria.

No se pueden utilizar negocios jurídicos, pactos, cláusulas o estructuras contractuales con el fin de eludir la aplicación del régimen de contención de rentas establecido por la presente ley.»

«2. Para acceder a una vivienda con protección oficial o a cualquier otra vivienda que sea titularidad o esté gestionada por una administración pública o entidad del sector público, es necesario estar inscrito en el Registro de Solicitantes de Vivienda con Protección Oficial. Se exceptúan de este requisito las adjudicaciones destinadas a hacer frente a las situaciones de emergencia en el marco de las prestaciones que corresponden a los servicios de asistencia y bienestar sociales.»

• «d) Constituir la base operativa para adjudicar las viviendas con protección oficial o cualquier otra vivienda que no tenga este carácter que sea titularidad de una administración pública o entidad del sector público, en régimen de alquiler, sea en primeras adjudicaciones de estas viviendas o en posteriores.»

«7. Las personas inscritas en el Registro de Solicitantes de Vivienda con Protección Oficial tienen derecho a optar a la adjudicación de una vivienda con protección oficial o de una vivienda que sea titularidad o esté gestionada por una administración pública o entidad del sector público, según las condiciones específicas que se determinen para cada promoción y de acuerdo con los principios, los procedimientos y los criterios establecidos por la presente ley. La inscripción, por sí misma, no da lugar a ningún otro derecho ni conlleva la adjudicación automática de ninguna vivienda con protección oficial o de ninguna vivienda que sea titularidad o esté gestionada por una administración pública o entidad del sector público.»

«7. Para ofrecer posibilidades de obtención de viviendas para la inclusión social a entidades sociales sin ánimo de lucro, en todas las promociones de viviendas de alquiler con protección oficial sobre suelos públicos y en todas las promociones sobre suelos de equipamiento de alojamiento dotacional de viviendas con protección oficial, pueden ampliarse los contingentes especiales de reserva de los apartados anteriores hasta los porcentajes que los ayuntamientos consideren necesarios.

Las adjudicatarias de las viviendas que tengan esta finalidad pueden ser directamente las entidades sociales sin ánimo de lucro que gestionen viviendas de inclusión social destinadas a personas y colectivos vulnerables, que deben satisfacer al propietario de las viviendas las mismas rentas previstas para las viviendas que formen parte del contingente general.»

«2 bis. En el caso de promociones públicas de viviendas con protección oficial, u otras viviendas que estén gestionadas por una administración pública o entidad del sector público o sean de su titularidad, corresponde a la administración promotora, o la administración o entidad del sector público titular o que gestiona las viviendas, aprobar las bases y gestionar el procedimiento de adjudicación. En el caso de que la administración promotora o la administración o entidad del sector público titular o que gestiona las viviendas no sea la municipal, las bases deben elaborarse teniendo en cuenta los criterios y las necesidades que indique la Administración municipal.»

«2 ter. En el supuesto de promociones privadas de viviendas con protección oficial en régimen de alquiler, sin ayudas públicas, sobre terrenos destinados urbanísticamente al uso de vivienda de protección pública, corresponde a los promotores privados gestionar el proceso de adjudicación a partir de la lista proporcionada por la administración competente de personas inscritas en el Registro de Solicitantes de Viviendas con Protección Oficial y de acuerdo con el procedimiento que establezca el reglamento acordado con la administración que gestione el registro de solicitantes. En caso de que se produzcan vacantes o renuncias, la adjudicación posterior de las viviendas afectadas a otros solicitantes debe llevarse a cabo de acuerdo con el artículo 103.»

1. En el supuesto de promociones privadas de viviendas con protección oficial en régimen de compraventa del pleno dominio, sin ayudas públicas y sobre terrenos destinados urbanísticamente al uso de viviendas de protección pública, los promotores que gestionen el procedimiento de adjudicación de las viviendas deben concertar el procedimiento de selección de los adjudicatarios con la administración que gestione el registro de solicitantes, teniendo en cuenta que dicho procedimiento debe respetar los criterios establecidos por el artículo 101 y debe tener en cuenta la necesidad de que las personas seleccionadas obtengan el préstamo para comprar las viviendas.

2. En el caso de promociones privadas en régimen de compraventa del pleno dominio que tengan ayudas públicas, se aplica lo establecido por el apartado 1 del artículo 101 bis. En el caso de que no se transmita el pleno dominio, el procedimiento de adjudicación y los criterios de selección deben ser fijados por la administración que, en su caso, otorgue estas ayudas o por la que permanezca como titular del suelo o de cualquier otro derecho real sobre las viviendas.»

«1 bis. Deben determinarse por reglamento las normas sobre la creación, el registro y la utilización del número de identificación profesional del personal de inspección en materia de vivienda que sustituya la identificación personal para garantizar su seguridad y la protección de su identidad.»

• «d) La rectificación del precio de alquiler y devolución del exceso en zonas de mercado residencial tensionado.»

1. Si en el ejercicio de las funciones inspectoras a las que se refiere el artículo 108 se constata que el precio total satisfecho por la parte arrendataria supera hasta un 5% el importe máximo admisible de acuerdo con el régimen de contención de rentas, la administración competente puede requerir a la parte arrendadora la regularización voluntaria de la situación.

2. La regularización conlleva:

• a) La adecuación del contrato al precio máximo legalmente aplicable.
• b) La devolución a la parte arrendataria de las cantidades percibidas en exceso.
• c) La acreditación ante la Administración del cumplimiento íntegro del requerimiento en el plazo otorgado.

3. En los supuestos a los que se refiere el presente artículo, no se incoa procedimiento sancionador por las infracciones tipificadas por los artículos 123.4.a y 124.4.a cuando:

• a) No exista reincidencia.
• b) La regularización se produzca dentro del plazo concedido.
• c) La parte arrendadora haya restituido íntegramente las cantidades percibidas en exceso.

4. La notificación del requerimiento de regularización interrumpe el plazo de prescripción de la posible infracción administrativa.»

«4. Son infracciones muy graves en materia de arrendamientos y de contención de rentas:

• a) Establecer o repercutir, en un contrato de arrendamiento, de cesión de uso, de subarrendamiento o en cualquier otro negocio jurídico sujeto al régimen de contención de rentas, una renta, precio u otras contraprestaciones económicas que ultrapasen los importes máximos admisibles de acuerdo con la normativa aplicable, cuando la diferencia sea superior al treinta por ciento.
• b) No hacer constar la finalidad del contrato de arrendamiento o hacer constar una finalidad simulada, falsa o fraudulenta.
• c) Repercutir en el arrendatario, cesionario o usuario los gastos de gestión inmobiliaria o los gastos de formalización del contrato en materia de contención de rentas.
• d) Establecer o repercutir, en un contrato de arrendamiento, de cesión de uso, de subarrendamiento o en cualquier otro negocio jurídico que atribuya, de forma habitual y a cambio de una contraprestación económica, el uso residencial de la vivienda sujeta al régimen de contención de rentas, cuotas, gastos, servicios u otros conceptos económicos que no hayan sido repercutidos de forma expresa en el contrato inmediatamente anterior vigente sobre la misma vivienda o habitación.»

• «c) No disponer de la cédula de habitabilidad en el momento de formalizar el contrato de arrendamiento, la cesión de uso, el subarrendamiento o cualquier negocio jurídico que habilite el uso residencial de la vivienda.»

• «f) Incumplir las obligaciones de comunicación, en tiempo y forma, de los datos que deben ser objeto de inscripción en el Registro de viviendas vacías y de viviendas ocupadas sin título habilitante y en el Registro de grandes tenedores de vivienda.»

• «h) No constituyó la fianza exigida por el artículo 66.3 o por el artículo 66 quater.»

«4. Son infracciones graves en materia de arrendamientos y de contención de rentas:

• a) Establecer o repercutir, en un contrato de arrendamiento, de cesión de uso, de subarrendamiento o en cualquier otro negocio jurídico sujeto al régimen de contención de rentas, una renta, precio u otras contraprestaciones económicas que ultrapasen los importes máximos admisibles de acuerdo con la normativa de aplicación, cuando la diferencia sea igual o inferior al treinta por ciento.
• b) No hacer constar en los contratos de arrendamiento, de cesión de uso, de subarrendamiento o en cualquier otro negocio jurídico sujeto al régimen de contención de rentas, el precio máximo de alquiler que resulta de aplicar el sistema de referencia de los precios del arrendamiento de viviendas o, en su caso, el precio de la última renta del contrato de arrendamiento anterior, o hacer constar un precio máximo de alquiler o última renta que sea superior a la legalmente aplicable.
• c) No hacer constar en los contratos de arrendamiento, de cesión de uso, de subarrendamiento o en cualquier otro negocio jurídico sujeto al régimen de contención de rentas la condición de gran tenedor de la propiedad de la vivienda.»

«5. Es una infracción grave por obstrucción de la labor inspectora, negarse a suministrar datos requeridos por la Administración, obstruir o no facilitar las funciones de información, comprobación, control o inspección, o incumplir las obligaciones de comunicación, en tiempo y forma, ejercidas en aplicación de la presente ley.»

• «f) No disponer de la cédula de habitabilidad en el momento de la publicidad, la comercialización y la oferta de la vivienda.»

Las administraciones públicas de Cataluña, así como los organismos y las entidades que dependen de estas, pueden concertar o delegar la gestión de vivienda social y acompañamiento social, incluyendo paquetes de viviendas sociales, mediante una convocatoria pública o acuerdo directo, en las instituciones privadas de iniciativa social que tienen por finalidad posibilitar que las personas más desfavorecidas accedan a una vivienda digna que les permita salir de la exclusión residencial y, al mismo tiempo, hacerles un acompañamiento social que les facilite la inclusión social, así como en las uniones temporales de empresas y las entidades de base asociativa con personalidad jurídica constituidas por dichas instituciones, de acuerdo con el régimen aplicable a los instrumentos de provisión del sistema público de servicios sociales.»

La condición de gran tenedor a efectos de las obligaciones que se introducen con la modificación de la letra s del artículo 3 no es de aplicación a los contratos suscritos antes del 31 de julio de 2026.»

«El capítulo IV establece el régimen jurídico de la Agencia, en una clara manifestación de la flexibilidad que se le atribuye para poder contratar a otras empresas, organismos y consorcios, o participar en ellos, y dispone el régimen de impugnación de actos, consecuencia de las potestades de resolución, inspección y sanción que también se le atribuyen.»

• «l) Colaborar con el departamento competente en materia de vivienda en las actuaciones de control y verificación del cumplimiento de la normativa de vivienda y comunicarle los hechos que puedan ser constitutivos de infracción administrativa.»