Decreto-ley 3/2024, de 6 de febrero, por el que se adoptan medidas de simplificaci髇 y racionalizaci髇 administrativa para la mejora de las relaciones de los ciudadanos con la Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆 y el impulso de la actividad econ髆ica en Andaluc韆

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Sumario

El Pleno del TC, por providencia de 17 de junio de 2024, ha acordado admitir a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 3473-2024,燾ontra el Decreto-ley 3/2024, de 6 de febrero, por el que se adoptan medidas de simplificaci髇 y racionalizaci髇 administrativa para la mejora de las relaciones de los ciudadanos con la Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆 y el impulso de la actividad econ髆ica en Andaluc韆 (獴.O.E.� 21 junio).LE0000926675_20240621

D.-Ley 3/2024, 6 febrero rectificado por correcci髇 de errores (獴.O.J.A.� 22 abril).LE0000843149_20240217

D.-Ley 3/2024, 6 febrero rectificado por correcci髇 de errores (獴.O.J.A.� 6 mayo).LE0000844216_20240217

LE0000156189_20240217

V閍se la Res. de 29 de febrero de 2024, de la Secretar韆 General del Parlamento de Andaluc韆, por la que se ordena la publicaci髇 del acuerdo de convalidaci髇 del D.-ley 3/2024, de 6 de febrero, por el que se adoptan medidas de simplificaci髇 y racionalizaci髇 administrativa para la mejora de las relaciones de los ciudadanos con la Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆 y el impulso de la actividad econ髆ica en Andaluc韆 (BOJA 6 marzo).LE0000838668_20240306

I

El Decreto-ley 26/2021, de 14 de diciembre, por el que se adoptan medidas de simplificaci髇 administrativa y mejora de la calidad regulatoria para la reactivaci髇 econ髆ica en Andaluc韆, recog韆 en su exposici髇 de motivos que, a pesar de que en 2021 se hab韆 iniciado el proceso de recuperaci髇 econ髆ica, tras la excepcional ca韉a del PIB en 2020 provocada por la COVID-19, el crecimiento esperado en el conjunto del a駉 no compensar韆 la ca韉a registrada en 2020, no esper醤dose la recuperaci髇 de los niveles previos a la pandemia hasta como m韓imo el a駉 2022. Una situaci髇 a la que adem醩 se a馻d韆, como elemento condicionante y limitativo de la recuperaci髇 econ髆ica, la trayectoria inflacionista que se ven韆 observando en la segunda mitad del a駉, derivada, entre otros factores, de la subida del precio del petr髄eo en los mercados internacionales, debido al fuerte impulso de la demanda a nivel mundial despu閟 de la notable ca韉a de la actividad y el comercio en 2020, y de los m醲imos hist髍icos alcanzados por el precio de la electricidad en Espa馻. Unas tensiones inflacionistas que pod韆n llevar a lastrar la recuperaci髇 del consumo de los hogares y de la econom韆 en general, elementos todos ellos que justificaban la necesidad de seguir profundizando de manera urgente en las reformas administrativas necesarias, en materia de simplificaci髇 de tr醡ites y mejora de la regulaci髇 econ髆ica.

Todos estos factores limitantes del crecimiento econ髆ico no hicieron sino agravarse en 2022, tras el conflicto b閘ico en Ucrania, iniciado el 24 de febrero. Una guerra surgida cuando se estaba saliendo de la mayor crisis econ髆ica vivida en tiempos de paz, la crisis de la COVID-19, con consecuencias muy relevantes en materia energ閠ica y de precios, y que provoc� un ajuste en las expectativas econ髆icas y geopol韙icas a nivel mundial. De esta forma, y como consecuencia m醩 inmediata del conflicto b閘ico, se profundiz� en los problemas de suministro en las cadenas globales de producci髇, que ya se manifestaron en la segunda mitad del a駉 2021, y se produjo un agravamiento de la subida de los precios energ閠icos, llevando la inflaci髇 y la p閞dida de poder adquisitivo de los salarios a registros que no se conoc韆n en los 鷏timos cuarenta a駉s.

La tasa de inflaci髇 media del a駉 2022 de la econom韆 espa駉la y andaluza se situ� en el 8,4% y 8,7%, respectivamente, niveles que no se registraban desde 1986, a駉 en el que se produjo la entrada de Espa馻 en la actual Uni髇 Europea. Una inflaci髇 derivada en gran medida de los elevados precios de los productos energ閠icos (combustibles, gas y electricidad), pero que se fue trasladando tambi閚 pr醕ticamente al resto de bienes y servicios, llevando a la inflaci髇 subyacente, que mide el comportamiento m醩 estructural de la inflaci髇 al no tener en cuenta los precios m醩 vol醫iles como el de los alimentos no elaborados y los productos energ閠icos, a los niveles m醩 altos en la serie hist髍ica disponible (5,2% en Espa馻 y 5,5% en Andaluc韆 en media anual).

Las tensiones inflacionistas llevaron a las autoridades monetarias de nivel mundial a aplicar pol韙icas monetarias m醩 restrictivas, con subidas de tipos de intervenci髇 y reducci髇 de est韒ulos. El Banco Central Europeo (BCE) subi� en julio de 2022 el tipo de inter閟 de las operaciones principales de financiaci髇 del Eurosistema, por primera vez en 11 a駉s, en medio punto porcentual, hasta el 0,50%. Con posterioridad a esta subida ha aprobado seis subidas m醩, la 鷏tima el 14 de septiembre de 2023, hasta dejarlo situado en el 4,5%, lo que supone un cambio radical y m醩 restrictivo para la financiaci髇 de las empresas y las familias.

De hecho, el Euribor a un a駉, principal 韓dice de referencia, entre otros aspectos, de los pr閟tamos hipotecarios en Espa馻, pas� de estar situado en torno al -0,5% a principios de 2022, al 4,16% de media en octubre de 2023, si bien posteriormente se observa una cierta moderaci髇, estando situado en el 3,6% de media en enero del presente a駉 2024.

El panorama econ髆ico, por tanto, se ha visto alterado profundamente por el conflicto b閘ico entre Rusia y Ucrania, con una guerra en la misma frontera de la Uni髇 Europea (UE), que ha acentuado las tensiones inflacionistas y ha llevado a un giro de la pol韙ica monetaria, asisti閚dose a un endurecimiento de esta. Un nuevo enfoque de la pol韙ica monetaria que empieza a tener reflejo en una contenci髇 de las tasas de inflaci髇, que en 2023 se ha situado de media en el a駉 en el 3,9% en Andaluc韆 (3,5% a nivel nacional), si bien la subyacente se encuentra varios puntos por encima (6,5% en Andaluc韆, 6% en Espa馻), y est� mostrando m醩 resistencia a la baja.

Pero al mismo tiempo, las subidas de tipos de inter閟 en tan corto espacio de tiempo se han trasladado en algunos episodios puntuales de perturbaci髇 en el sistema financiero, con problemas en algunos bancos de EEUU y de Europa, que a馻dieron incertidumbre a la situaci髇 econ髆ica.

A ello se ha unido m醩 recientemente el surgimiento de un nuevo conflicto b閘ico, en este caso en Oriente Medio, entre Israel y Ham醩, generando un aumento de los problemas geopol韙icos y de la incertidumbre a nivel mundial. Esto, junto con las tensiones en el Mar Rojo, est醤 afectando al transporte mar韙imo mundial, que en el Canal de Suez, como nexo de conexi髇 entre Oriente y Occidente, tiene una de las rutas comerciales m醩 importantes del mundo.

Todos estos factores est醤 llevando a una reducci髇 de los flujos de intercambios comerciales y una desaceleraci髇 del ritmo de crecimiento econ髆ico a nivel internacional, destacando el estancamiento en la Eurozona y la UE.

Seg鷑 los 鷏timos datos publicados por Eurostat, el PIB de la UE, y de la Zona euro, ha registrado en 2023 un crecimiento interanual del 0,5% de media en el a駉, frente a los elevados crecimientos registrados en los dos a駉s anteriores (5,9% en 2021 y 3,5% en 2022). Esta desaceleraci髇 del crecimiento tambi閚 se observa en la econom韆 espa駉la y en la andaluza, aunque con menor intensidad. En Espa馻, el PIB ha registrado un ritmo de crecimiento del 2,5% en 2023; y en Andaluc韆, especialmente afectada adem醩 por la situaci髇 excepcional de sequ韆, y con una econom韆 en el que el peso del sector primario es relativamente m醩 elevado, el crecimiento tambi閚 ha sido del 2,5%, despu閟 de dos a駉s creciendo por encima del 5%.

Desde la 髉tica de la oferta productiva, el sector agrario ha registrado un descenso real del valor a馻dido, del -4,9% en Andaluc韆 en 2023 m醩 del doble que la media del sector en Espa馻 (-2%) un sector muy afectado, como se ha mencionado, por la situaci髇 de sequ韆, lo que impacta tambi閚 en la industria agroalimentaria, de significativo peso en la Comunidad Aut髇oma. De esta forma, el sector industrial en Andaluc韆 ha experimentado un descenso en 2023 del -0,7%, en contraste con el crecimiento de casi el 5% observado en 2022.

Desde la perspectiva de la demanda, y ante las condiciones m醩 restrictivas para la financiaci髇 de las familias y empresas por la subida de tipos de inter閟, el consumo se resiente y la inversi髇 crece de manera muy moderada.

En el mercado laboral, aunque la tasa de paro describe una trayectoria de cierta reducci髇 en Andaluc韆, sigue estando situada en un nivel elevado, superando de media en 2023 el dieciocho por ciento de la poblaci髇 activa (18,2%).

En este contexto, los diferentes organismos e instituciones que realizan previsiones, tanto en el 醡bito regional como en el nacional e internacional, apuntan para 2024 tasas de crecimiento inferiores a las de 2023.

Ya el Fondo Monetario Internacional (FMI), en su informe de Perspectivas de la econom韆 mundial, publicado en octubre de 2023, se馻laba que 玪os pron髎ticos de crecimiento mundial a medio plazo son los m醩 bajos en d閏adas, y las perspectivas de que los pa韘es alcancen niveles de vida m醩 altos son escasas�, y que 玪a balanza de riesgos para el crecimiento mundial permanece inclinada hacia un deterioro de las perspectivas�. En enero del presente a駉 2024 ha publicado una Actualizaci髇 de sus Perspectivas, pronosticando un crecimiento de las econom韆s avanzadas en 2024 del 1,5%, por debajo de 2023 (1,6%), siendo significativamente m醩 moderado el crecimiento esperado para la Zona Euro (0,9% en 2024). Para la econom韆 espa駉la ha recortado a la baja en dos d閏imas su pron髎tico de crecimiento en 2024 hasta el 1,5% (1,7% en su anterior informe de octubre), lo que supondr韆 crecer un punto menos que en 2023 (2,5% seg鷑 el INE).

En el 醡bito de la econom韆 andaluza, los pron髎ticos de las distintas instituciones que realizan previsiones macroecon髆icas para Andaluc韆 (BBVA Research, CEPREDE, Universidad Loyola Andaluc韆, FUNCAS, Analistas Econ髆icos de Andaluc韆, Hispalink y el Observatorio Econ髆ico de Andaluc韆) se馻lan, tambi閚, una fuerte ralentizaci髇 del ritmo de crecimiento en 2024.

Cabe a馻dir adem醩 que, en el contexto de persistente situaci髇 de sequ韆, y dada la mayor especializaci髇 agraria de Andaluc韆, algunas instituciones pronostican que el crecimiento de la econom韆 andaluza en 2024 podr韆 ser inferior al de la econom韆 espa駉la.

Todos estos elementos configuran una situaci髇 de excepcionalidad que justifica la necesidad de seguir profundizando de manera urgente en las reformas administrativas necesarias, en materia de simplificaci髇 de tr醡ites y mejora de la regulaci髇 econ髆ica, para favorecer que los proyectos de inversi髇 del sector privado se materialicen en actividad econ髆ica y generaci髇 de empleo en el menor tiempo posible.

II

Este escenario macroecon髆ico descrito, en el que el crecimiento econ髆ico se mantiene en niveles reducidos, con riesgos financieros y en el que la inflaci髇 persiste como un elemento desestabilizador de la situaci髇 econ髆ica, configura una situaci髇 de excepcionalidad que justifica la necesidad de seguir profundizando, con car醕ter urgente, en la adopci髇 de reformas normativas e implementaci髇 de todas aquellas medidas que permitan que las actividades productivas se desarrollen en un entorno que facilite la implantaci髇 de nuevas inversiones y favorezca la consolidaci髇 y crecimiento de las empresas existentes en el tejido productivo de Andaluc韆.

La mejora regulatoria, entendida como pol韙ica p鷅lica de car醕ter trasversal que ha de funcionar como premisa para que toda intervenci髇 p鷅lica garantice la consecuci髇 de sus objetivos de inter閟 p鷅lico al m韓imo coste, se convierte en un pilar fundamental para promover la productividad, la creaci髇 de empleo y un crecimiento s髄ido y estable de nuestra econom韆 y, al mismo tiempo, para contribuir a una mejora en la prestaci髇 de servicios y, consecuentemente, en el bienestar de ciudadanos y empresas.

Diversos estudios y recomendaciones de la Organizaci髇 para la Cooperaci髇 y el Desarrollo Econ髆ico avalan que aquellos pa韘es o regiones con una mejor puntuaci髇 en los indicadores de calidad regulatoria e institucional suelen mostrar un crecimiento potencial a largo plazo m醩 elevado y robusto. Asimismo, dichos pa韘es, tambi閚 cuentan con mayores tasas de productividad y, por ello, niveles de bienestar m醩 elevados para sus ciudadanos.

A su vez, las mejoras en la legislaci髇 administrativa sectorial, adem醩 de tener un impacto favorable en las actividades econ髆icas y la creaci髇 de empresas, pueden producir tambi閚 efectos significativos en el aumento de la renta per c醦ita, cuando se trata de mejoras sustanciales.

Contar con un ordenamiento que aporte seguridad jur韉ica y lograr que la Administraci髇 P鷅lica se centre en lo esencial y no consuma recursos en lo superfluo se configuran como elementos clave de competitividad. Adicionalmente, resulta preciso un cambio de cultura de la Administraci髇 que la haga m醩 醙il, accesible y proactiva y adoptar las medidas necesarias para impulsar la creaci髇 de un marco regulatorio eficiente de acceso y ejercicio a las actividades econ髆icas.

Desde un enfoque econ髆ico, el beneficio de la mejora regulatoria para el conjunto de la ciudadan韆 y las empresas es claro. Est� ampliamente contrastado que las barreras y obst醕ulos innecesarios y desproporcionados, los marcos normativos complejos, la existencia de duplicidades y la fragmentaci髇 del mercado tienen un impacto negativo directo sobre la productividad y el crecimiento. Por ello, es esencial disponer de mercados flexibles, competitivos y bien regulados para facilitar la adaptaci髇 del tejido productivo a los nuevos h醔itos y necesidades sociales, propiciar el correcto funcionamiento de las actividades econ髆icas, atraer la inversi髇, impulsar el crecimiento y desarrollo econ髆ico, la creaci髇 de empleo, y con ello, el bienestar general y la prosperidad de los ciudadanos.

Por todo ello, desde una perspectiva transversal, el compromiso pol韙ico con la mejora de la calidad de la regulaci髇 en nuestra Comunidad Aut髇oma ocupa un lugar estrat間ico en la agenda de este Gobierno, y se ha hecho patente en la presente legislatura, mediante el refuerzo institucional de esta pol韙ica, a trav閟 de la creaci髇 de la Direcci髇 General con competencias en materia de simplificaci髇 administrativa dentro de la Consejer韆 con competencias en Presidencia. Dicha Direcci髇 General, sin perjuicio de las competencias que correspondan a la Secretar韆 General de Administraci髇 P鷅lica, desarrolla una labor crucial en la definici髇 de las estrategias de simplificaci髇 administrativa en el 醡bito de la Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆, siendo adem醩 el 髍gano directivo que ha liderado el gran impulso reformista y de simplificaci髇 que se materializa en el presente Decreto-ley con m醩 de 450 medidas aprobadas, gracias al esfuerzo conjunto y al compromiso de todas las Consejer韆s.

Este compromiso se ha evidenciado con el Pacto Social y Econ髆ico por el Impulso de Andaluc韆, suscrito con los agentes econ髆icos y sociales el pasado 13 de marzo de 2023. Ese di醠ogo con la sociedad civil y con los principales afectados es indispensable para caminar hacia la transformaci髇 de la Administraci髇 p鷅lica y mejorar la calidad de los servicios p鷅licos, en general, y en particular, para la remoci髇 de las cargas administrativas y regulatorias injustificadas y desproporcionadas que afectan al acceso y ejercicio de las actividades econ髆icas.

En esta l韓ea, el presente Decreto-ley constituye una iniciativa enmarcada en la pol韙ica de mejora regulatoria y se alinea tambi閚 con la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2020-2030, una de cuyas metas es crear a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. As� pues, en este Decreto-ley se contienen una serie de medidas basadas en los principios de mejora regulatoria, que pretenden incrementar la transparencia, la seguridad jur韉ica, la racionalizaci髇 administrativa, mejorar el funcionamiento interno del sector p鷅lico y lograr una mejor coordinaci髇 administrativa, y con ello, impulsar una mayor eficiencia de la Administraci髇, y ahondar espec韋icamente en la reducci髇 de cargas administrativas a las actividades productivas, la eliminaci髇 de las duplicidades existentes y la simplificaci髇 de las relaciones de los ciudadanos y las empresas con la Administraci髇.

Un hito importante a este respecto es la novedosa regulaci髇 de la Memoria del An醠isis de Impacto Normativo (MAIN). Se trata de un instrumento esencial al servicio de la mejora regulatoria.

Desde un enfoque sectorial, y en lo que respecta a la regulaci髇 eficiente y pro competitiva de las actividades econ髆icas, tambi閚 es de m醲ima prioridad una mayor profundizaci髇 en la mejora regulatoria en los marcos normativos de los distintos sectores econ髆icos, que propicie un cambio de paradigma dentro la Administraci髇, para avanzar as� en la recuperaci髇 y transformaci髇 de nuestra econom韆, a trav閟 de la remoci髇 de las trabas y barreras innecesarias a la implantaci髇 y el desarrollo de la actividad empresarial. A tal efecto, es indispensable que la intervenci髇 p鷅lica en el 醡bito econ髆ico se someta a los principios de buena regulaci髇 econ髆ica, siendo uno de sus principales exponentes la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garant韆 de la unidad de mercado, modificada por la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creaci髇 y crecimiento de empresas, que establece la obligaci髇 de todas las Administraciones p鷅licas de respetar los principios de no discriminaci髇, cooperaci髇 y confianza mutua, necesidad y proporcionalidad de sus actuaciones, simplificaci髇 de cargas y transparencia.

Es por ello fundamental someter la normativa sectorial a un proceso de revisi髇 permanente y continua de la aplicaci髇 de tales principios, a fin de reducir al m醲imo las barreras, trabas y obst醕ulos a las actividades econ髆icas.

En este sentido, se sigue trabajando en el seguimiento y ejecuci髇 del Plan para la Mejora de la Regulaci髇 Econ髆ica en Andaluc韆-Horizonte 2024, una iniciativa pionera entre las Comunidades Aut髇omas espa駉las con la que se pretende mejorar la eficiencia y eficacia de la intervenci髇 p鷅lica en la econom韆, haci閚dola m醩 pro competitiva. Desde sus inicios, este Plan ha sido fruto del trabajo conjunto de la Agencia de la Competencia y de la Regulaci髇 Econ髆ica de Andaluc韆 y las distintas Consejer韆s, as� como de la participaci髇 de un grupo de personas expertas designadas por la Comisi髇 Delegada para Asuntos Econ髆icos y de la implicaci髇 de los agentes econ髆icos y sociales m醩 representativos de Andaluc韆.

Este Plan representa un esfuerzo integral del conjunto de la Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆 para disponer de normas eficientes y procedimientos simples que tengan garantizado su 醙il cumplimiento. Adem醩, el citado Plan, en la actual coyuntura econ髆ica, es el soporte anal韙ico que est� permitiendo que se aprueben reformas normativas orientadas a facilitar la inversi髇 empresarial y la actividad econ髆ica en Andaluc韆 y, todo ello, garantizando la defensa de los intereses generales.

Como resultado de los trabajos enmarcados en este Plan que a鷑 vienen desarroll醤dose, se han ido alcanzando numerosas propuestas de simplificaci髇 y mejora regulatoria que han sido objeto de aprobaci髇 en diversas normas, entre las que destacan el Decreto-ley 26/2021, de 14 de diciembre, el Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, y el Decreto-ley 4/2019, de 10 de diciembre. Tales iniciativas normativas, fueron incluidas en el Cat醠ogo de Buenas Pr醕ticas Regulatorias y de Clima de Negocios, aprobado por el Pleno de la Conferencia Sectorial para la Mejora Regulatoria y el Clima de Negocios, al tratarse de actuaciones dirigidas a simplificar el marco regulatorio aplicable a los operadores econ髆icos y a aumentar la competitividad de la econom韆 andaluza, fomentar la cultura emprendedora, preservar un tejido productivo solvente y atraer e impulsar inversiones.

Junto a ellas, mediante el presente Decreto-ley se sigue avanzando en las medidas tendentes a la simplificaci髇 administrativa, a la mejora de la calidad regulatoria y a la agilizaci髇 de la Administraci髇, tras el trabajo minucioso de identificaci髇 realizado en el marco del Plan para la Mejora de la Regulaci髇.

Por peque駉s que puedan parecer individualmente estos cambios, su suma consigue un efecto agregado significativo para promover la reactivaci髇 de la econom韆 en Andaluc韆. Es por ello por lo que se propone llevar a cabo todo un conjunto de reformas normativas cuya extremada urgencia determina el actual contexto econ髆ico y que, sumadas, permitan a la econom韆 andaluza progresar en la senda de la recuperaci髇 econ髆ica.

En definitiva, en las actuales circunstancias, el reto para la Junta de Andaluc韆, al que este Decreto-ley pretende dar respuesta, es realizar reformas que faciliten el acceso y ejercicio de una actividad productiva a personas emprendedoras y empresas, as� como atraer inversiones productivas, mediante la simplificaci髇 de tr醡ites y requisitos administrativos e impulsar un cambio en la cultura de la Administraci髇, que la haga m醩 醙il, accesible y proactiva de cara a las empresas y a la ciudadan韆.

III

A la coyuntura econ髆ica expuesta hay que a馻dir que Andaluc韆 est� padeciendo una de la sequias m醩 severas de los 鷏timos a駉s. Dada su especializaci髇 productiva, tiene un mayor grado de exposici髇 que la econom韆 espa駉la a la sequ韆. De manera directa, el 9,1% del valor a馻dido bruto y del empleo provienen del sector primario y de la industria de la alimentaci髇 en Andaluc韆, unos porcentajes que son casi el doble de lo que representan en Espa馻. La situaci髇 de extremada sequ韆 est� afectando a la propia supervivencia de muchas explotaciones agr韈olas y ganaderas. Las consecuencias sobre los cultivos y sobre el ganado son completamente dram醫icas, llevando a una situaci髇 l韒ite a muchos productores que vienen soportando excepcionales circunstancias los 鷏timos a駉s. Todo ello incide seriamente en la econom韆 de las zonas rurales y al desenvolvimiento de otros sectores de actividad econ髆ica relacionados con la agricultura, as� como en la producci髇 de alimentos. De hecho, la tercera parte de las exportaciones internacionales de Andaluc韆 son de productos alimenticios, tambi閚 pr醕ticamente el doble que en Espa馻.

Cuanto se ha expuesto justifica la necesidad de profundizar en los efectos econ髆icos que la situaci髇 de sequ韆 est� teniendo en la econom韆 andaluza, y que est� afectando al crecimiento econ髆ico, desde diferentes vertientes. En este sentido, se est� viendo muy afectada la producci髇 y el empleo agrarios y de la industria de la alimentaci髇; se est� perdiendo tejido empresarial asociado a los productos agroalimentarios; el sector exterior tambi閚 est� sufriendo la perdida de producci髇, que est� llevando a vender menos productos agroalimentarios a nivel internacional y a aumentar la necesidades de importaci髇 de este tipo de productos, con el consiguiente efecto negativo en la superavitaria balanza comercial internacional de productos agroalimentarios que tiene la econom韆 andaluza; y la menor oferta de productos, junto con otros factores relacionados con el encarecimiento de los costes de los insumos, est� llevando la tasa de inflaci髇 de los alimentos, tanto elaborados como no elaborados, a niveles de casi dos d韌itos.

El sector agroalimentario y las actividades m醩 vinculadas al mismo tienen un peso en la econom韆 andaluza en torno al 15%. Es decir, la cuarta parte de la econom韆 andaluza est� en mayor o menor medida expuesta a los efectos de la sequ韆. Considerando una ca韉a de la producci髇 del sector agrario del -13% en 2023 (estimaciones del 蚽dice de producci髇 agraria que elabora el IECA) y una ca韉a de la industria de la alimentaci髇 tambi閚 del -13% (el IPIAN de la industria de la alimentaci髇 cae hasta mayo un -12,3%), cabr韆 estimar un impacto global en el PIB de Andaluc韆 del -2,1%. Es decir, cada diez puntos de ca韉a de la producci髇 agraria y de la industria agroalimentaria conjuntamente, suponen casi dos puntos menos de PIB en la regi髇 (-1,6 puntos).

En definitiva, la sequ韆 nos est� restando crecimiento econ髆ico, en una magnitud relevante, dado el significativo peso que el sector agroalimentario y las actividades m醩 vinculadas al mismo tienen en Andaluc韆.

IV

El art韈ulo 110 del Estatuto de Autonom韆 para Andaluc韆 permite al Consejo de Gobierno, en caso de extraordinaria y urgente necesidad, dictar medidas legislativas provisionales en forma de decretos-leyes que no podr醤 afectar a los derechos establecidos en el Estatuto, al r間imen electoral, a las instituciones de la Junta de Andaluc韆, ni aprobar los presupuestos de Andaluc韆.

El presente Decreto-ley respeta los l韒ites previstos en el citado art韈ulo y los establecidos por la consolidada jurisprudencia del Tribunal Constitucional en su interpretaci髇 de las exigencias previstas por el art韈ulo 86.1 de la Constituci髇 Espa駉la.

Respecto del supuesto habilitante de extraordinaria y urgente necesidad, la jurisprudencia constitucional ha se馻lado que su apreciaci髇 forma parte del juicio pol韙ico o de oportunidad del Gobierno (por todas, sentencias 61/2018, de 7 de junio, FJ 4 y 142/2014, de 11 de septiembre FJ 3). En este sentido, el Tribunal Constitucional ha precisado que la figura constitucional del real Decreto-ley resulta un instrumento constitucionalmente l韈ito siempre que el fin que justifique emplear la legislaci髇 de urgencia sea el de subvenir a una situaci髇 concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, y que por razones dif韈iles de prever requiere de una acci髇 normativa inmediata en un plazo m醩 breve que el requerido por la v韆 normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitaci髇 parlamentaria de las leyes (SSTC 6/1983, de 4 de febrero, FJ 5; 11/2002, de 17 de enero, FJ 4; 137/2003, de 3 de julio, FJ 3; 368/2007, FJ 10; 31/2011, de 17 de marzo, FJ 4; 137/2011, de 14 de septiembre, FJ 6, y 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8). Y todo ello concurre en el presente caso.

Asimismo, el Tribunal Constitucional ha defendido que el real Decreto-ley es una herramienta adecuada para paliar 玞oyunturas econ髆icas problem醫icas� y sus graves efectos (seg鷑 sentencias STC31/2011, de 17 de marzo, FJ4 y STC 137/2011, de 14 de septiembre, FJ 6).

En este caso, resulta evidente que la situaci髇 actual descrita en los apartados anteriores debe considerarse como una 玞oyuntura econ髆ica problem醫ica� a la que el presente Decreto-ley pretende subvenir mediante un conjunto de medidas necesarias e imprescindibles para atender a los intereses generales afectados, existiendo 玼na conexi髇 de sentido o relaci髇 de adecuaci髇 entre la situaci髇 definida que constituye el presupuesto habilitante y las medidas que en el Decreto-ley se adoptan� (as�, desde un principio, STC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3, hasta otras m醩 recientes SSTC 96/2014, de 12 de junio, FJ 5, y 183/2014, de 6 de noviembre, FJ 4).

Todas estas medidas tienen un eje com鷑, cu醠 es, mediante la simplificaci髇 de tr醡ites o mejoras regulatorias, permitir una mayor eficiencia, aumentar la carga inversora y la actividad productiva de Andaluc韆 en el menor plazo de tiempo posible, para tratar de paliar los efectos de la situaci髇 econ髆ica.

Por su parte, las circunstancias que justifican la adopci髇 del presente Decreto-ley requieren que las medidas previstas entren en vigor con la mayor celeridad posible para dar cobertura a las distintas situaciones descritas derivadas de la crisis econ髆ica expuesta, lo que no se conseguir韆 con la tramitaci髇 mediante el procedimiento legislativo ordinario o de tramitaci髇 de urgencia ya que al no poder aprobarse en tiempo y forma conllevar韆 la p閞dida de su esperada eficacia.

V

Una de las demandas que con mayor intensidad viene dirigiendo la ciudadan韆 y los operadores econ髆icos a las Administraciones P鷅licas es la racionalizaci髇 administrativa y la simplificaci髇 de los procedimientos administrativos, la agilizaci髇 de tr醡ites y reducci髇 de cargas.

La racionalizaci髇 administrativa trata de establecer orden, simplicidad y oportunidad en la organizaci髇 y procedimientos que se realicen, para lo cual utiliza t閏nicas y m閠odos orientados a estudiar, dise馻r y simplificar estructuras, funciones, procedimientos, cargas, y la 髉tima utilizaci髇 integral de los recursos existentes.

La simplificaci髇 administrativa es un instrumento para promover la racionalizaci髇 administrativa, como proceso integral y continuo en aras de conseguir la optimizaci髇 de su organizaci髇 y de los recursos humanos y la reordenaci髇, simplificaci髇, normalizaci髇 y automatizaci髇 progresiva de los procedimientos para satisfacer las necesidades de los ciudadanos y para facilitar la reactivaci髇 de la actividad econ髆ica en Andaluc韆, reduciendo las barreras y costos que impiden una mayor eficiencia social en la interacci髇 de los ciudadanos y los agentes econ髆icos. As� mismo precisa de un sistema ad-hoc de seguimiento.

La Uni髇 Europea utiliza el concepto de simplificaci髇 en diversos documentos como equivalente a la pol韙ica de calidad normativa, as� ocurre, por ejemplo, en el Programa de Adecuaci髇 y Eficacia de la Reglamentaci髇 (REFIT). En ese programa se tienen muy en cuenta las principales fuentes de ineficacia y carga innecesaria en materia de regulaci髇, adoptando un enfoque muy cuantitativo para evaluar siempre que sea posible los costes y beneficios de las actuaciones que emprendan las Instituciones Europeas. Incluso, suele identificarse la simplificaci髇 con un concepto m醩 amplio, relacion醤dolo muy estrechamente con los procesos de mejora de las Administraciones P鷅licas articulados a su vez a trav閟 de planes o programas de acci髇 estrat間ica.

La Junta de Andaluc韆 ha desarrollado m鷏tiples normas para impulsar la reducci髇 de las trabas administrativas, la simplificaci髇 de los procedimientos administrativos, la agilizaci髇 de tr醡ites, la reducci髇 de cargas y el impulso de la administraci髇 electr髇ica. De entre estas iniciativas es preciso destacar el Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de administraci髇 electr髇ica, simplificaci髇 de procedimientos y racionalizaci髇 organizativa de la Junta de Andaluc韆. Con esta norma se persigue mejorar la eficacia y la eficiencia en la actuaci髇 administrativa, garantizar e implementar los derechos de la ciudadan韆 en sus relaciones con la Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆, y preservar la seguridad jur韉ica determinando las condiciones de validez y eficacia en el uso de los medios electr髇icos en las relaciones jur韉ico-administrativas. Este Decreto establece los principios generales y adoptar medidas de simplificaci髇 administrativa y racionalizaci髇 organizativa, as� como el uso de los medios electr髇icos por la Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆.

Posteriormente la Junta de Andaluc韆 ha aprobado los tres decretos leyes en materia de simplificaci髇 administrativa ya referidos, los cuales han estado orientados fundamentalmente a la adopci髇 de medidas sectoriales y concretas que han afectado a numerosos procedimientos, pero sin que se abordara de manera decidida la creaci髇 de un sistema de simplificaci髇 administrativa, m醩 all� de la creaci髇 de la Unidad Aceleradora de Proyectos.

Por ello, con el presente Decreto-ley, se quiere cambiar la concepci髇 para no centrarnos exclusivamente en mejoras en materias concretas, sino hacerlo tambi閚 en instrumentos gen閞icos de car醕ter transversal que coadyuven a la simplificaci髇. Se prioriza as� la necesidad de dise馻r la estrategia global de cambio, de transformaci髇 del conjunto de la cultura organizativa del sector p鷅lico, establecer el deber general de todas las entidades y 髍ganos que integran el sector p鷅lico auton髆ico de promover de forma efectiva la simplificaci髇 administrativa en sus respectivos 醡bitos competenciales, concretando, adem醩, los criterios fundamentales de simplificaci髇 que inspiran el conjunto del Decreto-ley. En definitiva, se est� buscando instaurar mecanismos por los que logremos la mayor eficiencia en la interacci髇 de los ciudadanos y los agentes econ髆icos, favoreciendo as� el crecimiento econ髆ico a la vez que una ejecuci髇 de los fondos europeos m醩 eficaz y eficiente. En esta l韓ea puede afirmarse que una organizaci髇 es eficiente cuando se muestra capaz de obtener los resultados deseados con el m韓imo empleo de los recursos disponibles.

Ahora bien, los campos econ髆icos y del gasto p鷅lico no son los 鷑icos que aspiran actualmente a la aplicaci髇 del principio de eficiencia, sino que, muy al contrario, 閟te se extiende a la total actuaci髇 de las Administraciones P鷅licas, materializ醤dose en la b鷖queda de la agilizaci髇 de los tr醡ites necesarios para obtener un pronunciamiento administrativo.

El principio de eficiencia pone el foco en la dinamizaci髇 de la econom韆 y la flexibilizaci髇 de las relaciones de las Administraciones con los ciudadanos, las empresas, los emprendedores y las organizaciones del tercer sector.

Eficacia y eficiencia son dos principios que est醤 estrechamente vinculados sin lugar a duda. Las pol韙icas de simplificaci髇 administrativa solo ser醤 eficaces, en todo caso, si se conciben y ejecutan simult醤eamente en tres 醡bitos: normativo, procedimental y organizativo. Se trata con ello de impulsar un proceso integral de transformaci髇, 鷑ica forma real de lograr los objetivos propuestos y de implantar, de forma efectiva, una Administraci髇 m醩 醙il y proactiva. El resultado es un proceso integral, que afecta a toda la organizaci髇, un proceso paralelo, y equivalente en su plano, al de transformaci髇 digital. No se trata de cambiar normas, por un lado, plantillas por otro y procedimientos, finalmente, de forma aislada o improvisada. Se trata de dise馻r una estrategia global de cambio, de transformaci髇 del conjunto de la cultura organizativa del sector p鷅lico haciendo que los nuevos principios organizativos y de funcionamiento, repetidamente proclamados, orienten de forma efectiva el rumbo futuro del sector p鷅lico, sus relaciones con la sociedad y la funci髇 de servicio a los intereses generales.

Ciertamente, como consecuencia del impulso proporcionado por las instituciones de la Uni髇 Europea los cambios van incorpor醤dose poco a poco a nuestro ordenamiento. No obstante, la sustituci髇 de autorizaciones previas por declaraciones responsables o comunicaciones, la implantaci髇 efectiva del silencio positivo, la reducci髇 de plazos, la coordinaci髇 interna de los 髍ganos implicados en un mismo procedimiento, la reducci髇 de las obligaciones de aportaci髇 de documentaci髇 o la efectividad del derecho a no aportarla cuando la Administraci髇 disponga de ella o pueda obtenerla por s� misma son cuestiones que, aun cuando est醤 presentes en la normativa administrativa general, distan mucho de estar efectivamente implantadas y, sobre todo, no lo han sido a trav閟 de un proceso global, integrado y propositivo orientado a lograr su m醲ima extensi髇 en la organizaci髇.

En definitiva, la Administraci髇 debe modernizarse, las actitudes deben modernizarse y la regulaci髇 debe, tambi閚, modernizarse. La transformaci髇 digital es hoy un imperativo absoluto, esencial, en ese proceso de modernizaci髇, que no admite m醩 demoras. La organizaci髇 y los empleados p鷅licos han de implicarse en ese proceso de transformaci髇, comprometerse con 閘 y liderarlo.

Fruto de cuanto se ha expuesto en el Cap韙ulo I, Disposiciones generales, se regula el objeto y finalidad del Decreto-ley, que se concreta en el establecimiento de instrumentos de simplificaci髇 administrativa para promover la mejora de los procesos regulatorios, de la gesti髇, y de la organizaci髇 de la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma de Andaluc韆 y su sector instrumental. Para conseguir tal fin no cabe duda de que la transformaci髇 digital es hoy un imperativo absoluto, esencial, en ese proceso de mejora,

VI

El actual contexto, de incertidumbre y dificultades en el crecimiento econ髆ico, plantea la necesidad y extraordinaria urgencia de promover una regulaci髇 eficaz, eficiente y competitiva. Como se ha se馻lado anteriormente, un hito relevante es la novedosa regulaci髇 que se introduce en este Decreto-ley de la Memoria del An醠isis de Impacto Normativo (en adelante MAIN). Se trata de un instrumento fundamental para propiciar una reflexi髇 adecuada sobre los potenciales efectos negativos de la iniciativa normativa, lo cual es clave para mejorar la calidad y la eficiencia de las normas. Resulta especialmente necesario que, cuando se proyecte la elaboraci髇 de una norma, se valore desde un principio si la misma puede introducir impactos, fundamentalmente si son negativos, valor醤dose especialmente que haya razones de inter閟 general que justifiquen esa nueva norma. En estos casos, tras el oportuno an醠isis, deber韆n mitigarse sus negativos efectos utilizando otras alternativas regulatorias m醩 eficientes.

El desarrollo sistem醫ico de este tipo de an醠isis por las Administraciones P鷅licas conduce hacia una regulaci髇 y actuaci髇 administrativa m醩 醙il y simplificada, esto es de mayor calidad, que permita dinamizar la actividad econ髆ica, simplificar procesos y reducir trabas y cargas administrativas, siendo la evaluaci髇 ex ante, a trav閟 de las Memorias de An醠isis de Impacto Normativo, uno de los instrumentos claves para alcanzar dichos objetivos.

Se busca una regulaci髇 eficiente, que alcance su objetivo regulatorio al tiempo que ofrece los incentivos adecuados para el desarrollo de la actividad econ髆ica. No cabe duda de que la evaluaci髇 previa, o an醠isis de impacto normativo tiene un papel central en las pol韙icas de mejora regulatoria por su contribuci髇 a la calidad del proceso de toma de decisiones. La evaluaci髇 ex-ante, si se quiere que tenga un efecto amplio y duradero en la formulaci髇 de las pol韙icas p鷅licas, debe ser tarea de los 髍ganos de la Administraci髇 directamente responsables y esto pasa por una efectiva comunicaci髇 con el sector privado, como destinatario final de la pr醕tica regulatoria. Se trata de identificar cu醤do es necesaria una soluci髇 regulatoria, y qu� forma debe adoptar 閟ta para la creaci髇 de un entorno econ髆ico que respete los incentivos de los agentes y favorezca la creaci髇 de riqueza, sin que se genere a los ciudadanos y empresas costes innecesarios o desproporcionados.

La disposici髇 final tercera de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de R間imen Jur韉ico del Sector p鷅lico, modifica, entre otros, el art韈ulo 26.3 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, introduciendo en la elaboraci髇 de los anteproyectos de ley y de los proyectos reglamentarios una memoria de an醠isis de impacto normativo. La Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia P鷅lica de Andaluc韆, ya establec韆 en su disposici髇 adicional segunda, la memoria de an醠isis de impacto normativo como tr醡ite preceptivo en los procedimientos de aprobaci髇 de los anteproyectos de ley, decretos legislativos y disposiciones de car醕ter general.

Andaluc韆 hasta ahora no hab韆 regulado la MAIN, sin embargo, los estudios sobre esta herramienta a lo largo de estos 鷏timos a駉s han puesto de manifiesto que es fundamental a馻dir la perspectiva econ髆ica al enfoque tradicional de las normas basados en sus aspectos formal y t閏nico jur韉ico. Desde un punto de vista econ髆ico el beneficio de la regulaci髇 eficiente es evidente. Crea condiciones m醩 favorables para la inversi髇, al incrementar la seguridad jur韉ica y la reducci髇 de cargas administrativas, fomenta la competencia y promueve el crecimiento econ髆ico. Esa perspectiva econ髆ica incorpora la preocupaci髇 por la utilidad de la norma para contribuir de modo eficaz y eficiente al crecimiento econ髆ico y al incremento del bienestar social mediante la mejora de la prestaci髇 de los servicios a la ciudadan韆, de forma que la calidad normativa adquiere un significado m醩 amplio y se convierte en una materia transversal y de car醕ter multidisciplinar. La evaluaci髇 ex ante debe asumirse como una garant韆 de la actuaci髇 p鷅lica, actuaci髇 que conviene mejorar continuamente. Es preciso superar un enfoque procedimental y llegar a uno estrat間ico.

Nuestra Comunidad Aut髇oma debe situarse entre las Comunidades m醩 avanzadas en la mejora regulatoria, lo que exige introducir modificaciones en el alcance, la metodolog韆 y la gobernanza de la evaluaci髇 ex ante, siendo el instrumento que materializa ese objetivo la MAIN. La sistematizaci髇 del an醠isis de impacto favorece el aprendizaje de c髆o anticipar el conjunto de implicaciones de las actuaciones p鷅licas, especialmente de las menos directas y visibles. Por ello, se considera imprescindible acometer dicha reforma mediante este Decreto-ley.

Adem醩, la MAIN constituye un importante avance frente a las tradicionales memorias justificativa y econ髆ica, y al informe de impacto de g閚ero. Se pretende que sea el documento 鷑ico e integrador en el que se recogen ordenadamente todas las consideraciones necesarias para ese an醠isis, incluida la valoraci髇 de las cargas administrativas. En la regulaci髇 de su contenido se presta especial atenci髇 a la valoraci髇 del impacto econ髆ico de las propuestas, que debe ser entendida como un concepto m醩 amplio que la estimaci髇 del coste presupuestario, haciendo hincapi� en el impacto sobre la competencia y unidad de mercado. En la situaci髇 actual de inflaci髇 y de desaceleraci髇 econ髆ica, el criterio m醩 efectivo, para una mejor y m醩 eficiente elaboraci髇 de esta Memoria es reforzar el an醠isis de impacto econ髆ico del proyecto normativo, estableciendo un instrumento que permita un mayor grado de an醠isis cuando se producen estos impactos. Se contribuye as� a una simplificaci髇 de la tramitaci髇 de las normas en la elaboraci髇 normativa, con la consiguiente eficacia que ello conlleva.

En aras de la racionalizaci髇 y simplificaci髇 administrativa, se regula tambi閚 una Memoria Abreviada para aquellos supuestos en que se aprecie que el proyecto no tiene un impacto relevante de car醕ter econ髆ico, presupuestario, social, sobre cargas administrativas o cualquier otro, o aun habi閚dolos, son de escasa entidad o no apreciables.

En definitiva, por todo ello, resulta de extraordinaria y urgente necesidad regular la MAIN e introducir este documento en el procedimiento de elaboraci髇 de anteproyectos de ley y de proyectos de reglamento. No se puede utilizar la tramitaci髇 ordinaria que la inclusi髇 de esta figura en el ordenamiento auton髆ico exigir韆, ni incluso aunque se tramitara por v韆 de urgencia, ya que supondr韆 una demora importante en un elemento que se considera clave para cambiar en Andaluc韆 el enfoque que desde un punto de vista estrat間ico se quiere dar a toda la elaboraci髇 normativa, al tiempo, que como ya hemos dicho, la MAIN es un elemento que coadyuva para el desarrollo de la actividad econ髆ica.

Como consecuencia de ello, es preciso modificar los art韈ulos 43.3 y 45.1.b) de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Aut髇oma de Andaluc韆, el art韈ulo 35 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y financieras, el art韈ulo 13 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia P鷅lica de Andaluc韆, el art韈ulo 139 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, los art韈ulos 4 y 6 del Decreto 17/2012, de 7 de febrero, por el que se regula la elaboraci髇 del Informe de Evaluaci髇 del Impacto de G閚ero, y el art韈ulo 7 del Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de administraci髇 electr髇ica, simplificaci髇 de procedimientos y racionalizaci髇 organizativa de la Junta de Andaluc韆, introduciendo en este 鷏timo texto un nuevo art韈ulo 7 bis y 7 ter para regular el contenido de la memoria de an醠isis de impacto normativo.

Se le da nueva redacci髇 al art韈ulo 35 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, ya que se traslada al mismo el contenido esencial del Decreto 162/2006, de 12 de septiembre, por el que se regulan la memoria econ髆ica y el informe en las actuaciones con incidencia econ髆ico-financiera, derogando 閟te, y el Decreto 22/1985, de 5 de febrero, sobre elaboraci髇 de la memoria funcional y econ髆ica justificativa de las normas legales, disposiciones administrativas y convenios, incluido sus anexos para conformar la memoria econ髆ica, introduci閚dose algunas mejoras en dicha regulaci髇.

Por una parte, se adec鷄 el 醡bito de aplicaci髇 de la norma. As�, el Decreto 162/2006, de 12 de septiembre, desde que se aprob� ha tenido como 醡bito subjetivo el sector con contabilidad presupuestaria (Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆 y sus organismos aut髇omos) pero actualmente ese sector lo comprenden la Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆, agencias y consorcios adscritos, por lo que se aprovechan las modificaciones que ahora se adoptan para recoger dicho 醡bito en este sentido. En cuanto al 醡bito objetivo, se incluyen los decretos legislativos como objeto del informe de valoraci髇 del alcance de la incidencia econ髆ica-financiera y presupuestaria.

Se aprovecha la inclusi髇 de la MAIN para hacer una importante labor de simplificaci髇 en cuanto a que se introducen excepciones para la obligatoriedad del informe econ髆ico-financiero y presupuestario. Tambi閚 se recoge un procedimiento simplificado y reducido para aquellos casos en los que de la memoria econ髆ica aportada se desprenda claramente que no tiene incidencia econ髆ica financiera o que teni閚dola est� dentro de las disponibilidades presupuestarias tanto del ejercicio corriente como de ejercicios futuros.

Para los proyectos de conciertos educativos o su renovaci髇, los proyectos de conciertos sociales y convenios o conciertos sanitarios, y las propuestas de contratos de concesi髇 de servicios que no sean informados por la Oficina Andaluza de Evaluaci髇 Financiera, se emitir� informe unificado de car醕ter anual previa memoria unificada.

Junto a estas medidas de flexibilizaci髇 y agilizaci髇 del procedimiento, se establecen medidas garantes del procedimiento administrativo y de la actividad financiera de la Administraci髇. As�, no se podr� continuar el procedimiento si no se atiende al requerimiento, y de no atenderse a la subsanaci髇 o ampliaci髇 en el plazo de tres meses, se entiende que se desiste de la petici髇 de dicho informe. Asimismo, se habilita a la Direcci髇 General con competencias en materia de presupuestos a excluir de informe en aquellos supuestos que se consideren justificados, por ejemplo, por el escaso riesgo o impacto econ髆ico-financiero. Adem醩, tambi閚 se autoriza a dicha Direcci髇 General a dictar instrucciones.

No existe duda sobre que determinados informes transversales, como es el caso del an醠isis de evaluaci髇 de impacto de g閚ero, enriquecen la documentaci髇 presupuestaria y permiten la evaluaci髇 continua de objetivos e indicadores en la materia, de modo que el instrumento presupuestario aporta herramientas muy importantes en la lucha a favor de la igualdad. Sin embargo, el coste indirecto de su consecuci髇 es, con la configuraci髇 actual, muy elevado, haci閚dose necesario desburocratizar el proceso en lo que sea posible.

Para conseguir dichos objetivos, se modifica el mencionado art韈ulo 8 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoci髇 de la igualdad de g閚ero en Andaluc韆. Un primer elemento que se ajusta en dicho precepto es que el informe de evaluaci髇 de impacto de g閚ero no lo emitir� la Comisi髇 de Impacto de G閚ero en los Presupuestos. Dicha Comisi髇 durante muchos a駉s tuvo el efecto de implicar a los 髍ganos presupuestarios y de g閚ero en la elaboraci髇 del informe de evaluaci髇 de impacto de g閚ero. La realidad es que, en los 鷏timos a駉s, los diversos instrumentos de coordinaci髇 puestos en marcha, muchos de ellos apoyados en sistemas y tecnolog韆s o en foros t閏nicos de redes sociales, llevan a la conclusi髇 de que el modelo est� agotado.

La intensa coordinaci髇 que conforma, a trav閟 de diferentes mecanismos t閏nicos, la orden anual de elaboraci髇 del Presupuesto nos hace llegar a la conclusi髇 de que los trabajos seguir醤 teniendo el mismo rigor t閏nico sin la necesidad de convocar a dicho 髍gano colegiado. Por lo tanto, se considera que se han encontrado otros instrumentos de coordinaci髇 que aportan mayor simplificaci髇, con la misma eficacia en lo que a sus resultados se refiere.

En resumen, mediante la presente norma se suprime la Comisi髇 citada, atribuyendo a la Consejer韆 competente en materia de Presupuestos la competencia para emitir el informe de evaluaci髇 de impacto de g閚ero sobre el Presupuesto, lo que deber� realizarse en coordinaci髇 con el conjunto de las Consejer韆s.

Por otra parte, se suprime de la norma la funci髇 de impulsar y fomentar en cada Consejer韆 la preparaci髇 de los anteproyectos con perspectiva de g閚ero de los estados de gastos e ingresos en el Presupuesto, algo que ya se realiza por las propias Consejer韆s y que la orden de elaboraci髇 del Presupuesto continuar� impulsando.

En el informe de evaluaci髇 de impacto de g閚ero en el Presupuesto se realiza un an醠isis del establecimiento de objetivos, tanto estrat間icos como operativos, e indicadores, relacionados con objetivos de igualdad y que as� est醤 estructurados en el Presupuesto. Las auditor韆s de g閚ero que se vienen realizando en los 鷏timos a駉s han supuesto un avance en la determinaci髇 y perfeccionamiento de dichos objetivos en un buen n鷐ero de programas. Pero una vez realizados estos trabajos, el enfoque ha de ser otro. As�, en lugar de centrarse en un conjunto de objetivos e indicadores, y dedicar gran parte de los recursos a los mismos, resulta m醩 adecuado realizar el mismo esfuerzo de perfeccionamiento para el conjunto global de todos los objetivos e indicadores del Presupuesto. Por lo que las auditor韆s de aplicaci髇 de la perspectiva de enfoque de g閚ero han de ser sustituidas por la evaluaci髇 de todos los objetivos e indicadores del Presupuesto, con una visi髇 completa e integradora de aquellos que son referentes a la consecuci髇 de los objetivos de igualdad, de la infancia, de la sostenibilidad o de cualquier otro objetivo general o instrumental.

Por 鷏timo, se suprime de la norma la previsi髇 de que la C醡ara de Cuentas de Andaluc韆 incorpore en el informe sobre la Cuenta General de la Comunidad Aut髇oma la fiscalizaci髇 del cumplimiento de la perspectiva de g閚ero en el Presupuesto de la Junta de Andaluc韆. Se entiende que no se debe encauzar el objeto y contenido del informe de la Cuenta General de la Junta de Andaluc韆. La C醡ara de Cuentas deber� decidir si este asunto ha de incluirse en su an醠isis anual o bien debe seguir otra periodicidad, o darle al mismo 閟te u otro enfoque.

El escenario macroecon髆ico que justifica la adopci髇 del Decreto-ley en el que se incardina esta propuesta, implica una situaci髇 excepcional en la que debe ser impulsada esta simplificaci髇 en el proceso de elaboraci髇 del Presupuesto, ya que tendr� una incidencia directa en las medidas que desde la Junta de Andaluc韆 se adoptan para posibilitar la reactivaci髇 econ髆ica, pues debe tenerse en cuenta que buena parte de esas medidas se financian a trav閟 del Presupuesto de la Comunidad Aut髇oma. De este modo, para que las distintas Consejer韆s puedan impulsar en sus respectivos 醡bitos competenciales las medidas que se precisen para la reactivaci髇 econ髆ica, resulta fundamental que en cada ejercicio se consiga aprobar la Ley del Presupuesto en los plazos exigidos normativamente, y de una forma eficaz y eficiente. Para lograr este fin resulta fundamental que se simplifique el procedimiento de elaboraci髇 de la Ley del Presupuesto, modific醤dose para ello los art韈ulos 35.6 y 36 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda P鷅lica.

Por su parte, las circunstancias econ髆icas ya descritas requieren que la medida propuesta entre en vigor con car醕ter urgente, ya que el proceso que conduce a la aprobaci髇 de la Ley del Presupuesto por el Parlamento de Andaluc韆 al final de cada ejercicio comienza al inicio del mismo, con el dise駉, planificaci髇 y tramitaci髇 de las normas de elaboraci髇 del Presupuesto, por lo que de tramitarse esta reforma mediante el procedimiento legislativo ordinario o de tramitaci髇 de urgencia, no podr韆 aplicarse al Presupuesto de la Comunidad Aut髇oma para 2025, lo que conllevar韆 la p閞dida de su esperada eficacia para afrontar las circunstancias econ髆icas actuales.

VII

La situaci髇 actual debe considerarse no solo como una 玞oyuntura econ髆ica problem醫ica� a la que el presente Decreto-ley pretende subvenir mediante un conjunto de medidas necesarias e imprescindibles para atender a los intereses generales afectados, existiendo 玼na conexi髇 de sentido o relaci髇 de adecuaci髇 entre la situaci髇 definida que constituye el presupuesto habilitante y las medidas que en el Decreto-ley se adoptan� (as�, desde un principio, STC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3, hasta otras m醩 recientes SSTC 96/2014, de 12 de junio, FJ 5, y 183/2014, de 6 de noviembre, FJ 4), sino tambi閚, y de manera novedosa a los anteriores decretos-leyes, como una necesidad urgente de dotar a la Administraci髇 auton髆ica de instrumentos que permitan agilizar la actuaci髇 administrativa, no solo desde el punto de vista econ髆ico, sino tambi閚 desde el punto de vista de la prestaci髇 de servicios esenciales para la ciudadan韆 y cuyo deficiente funcionamiento impide el ejercicio de derechos por parte de esta.

El art韈ulo 133 del Estatuto de Autonom韆 para Andaluc韆 contiene los principios de actuaci髇 y gesti髇 de competencias de la Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆, siendo de destacar los de eficacia, eficiencia, racionalidad organizativa y simplificaci髇 de procedimientos. Por otra parte, la Ley 9/2007, de 22 de octubre, en su art韈ulo 3, contiene los principios generales de la organizaci髇 y funcionamiento de la Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆, entre ellos, los de racionalidad organizativa mediante la simplificaci髇 y racionalizaci髇 de su estructura organizativa, y de racionalizaci髇, simplificaci髇 y agilidad de los procedimientos, adem醩 del conjunto de principios previstos en la Constituci髇 y en el Estatuto de Autonom韆. La citada Ley establece en su art韈ulo 6 que la persona titular de la Consejer韆 competente en materia de administraci髇 p鷅lica promover� actividades de investigaci髇, desarrollo y aplicaci髇 de m閠odos de simplificaci髇 y de gesti髇 telem醫ica de procedimientos administrativos, y de mejora estructural de los organigramas. El art韈ulo 7 de dicha Ley dispone que la aplicaci髇 de las tecnolog韆s de la informaci髇 a la Administraci髇 estar� orientada a mejorar su eficacia, aproximarla a la ciudadan韆 y agilizar la gesti髇 administrativa, estableciendo los principios y reglas b醩icos aplicables a la implantaci髇 y r間imen jur韉ico de la administraci髇 electr髇ica. Y su art韈ulo 33 atribuye a la Consejer韆 competente en materia de administraci髇 p鷅lica las competencias en materia de organizaci髇 administrativa, estructura org醤ica y procedimiento, de modernizaci髇 de la administraci髇 e informaci髇 administrativa, cuando no se atribuyan por ley espec韋icamente a otras Consejer韆s.

Partiendo de este contexto, la Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆, con el objetivo de mejorar la eficiencia de las actuaciones administrativas, ha definido en este Decreto-ley una serie de medidas de impulso de la simplificaci髇 normativa y procedimental dise馻das para agilizar los procesos y facilitar una gesti髇 m醩 efectiva de los recursos p鷅licos. La implementaci髇 de estas medidas no s髄o aliviar� la carga burocr醫ica a la ciudadan韆 y empresas, sino que agilizar� significativamente los tr醡ites administrativos.

Por su parte, las circunstancias que justifican las medidas propuestas para ser incorporadas al presente Decreto-ley requieren que su entrada en vigor se realice con la mayor celeridad posible, lo que no se conseguir韆 con la tramitaci髇 mediante el procedimiento legislativo ordinario o de tramitaci髇 de urgencia ya que al no poder aprobarse en tiempo y forma conllevar韆 la p閞dida de su esperada eficacia.

Una de las demandas que con mayor intensidad viene dirigiendo la ciudadan韆 a las Administraciones P鷅licas es la racionalizaci髇 administrativa y la simplificaci髇 de los procedimientos administrativos, la agilizaci髇 de tr醡ites y reducci髇 de cargas. La ciudadan韆 percibe en la regulaci髇 excesivas cargas administrativas, que lastran tanto la actividad econ髆ica como el ejercicio de los derechos y demandas.

La simplificaci髇 administrativa es una iniciativa y una decisi髇 de pol韙ica, que requiere de la institucionalizaci髇 de un sistema ad-hoc en su dise駉, para promover la racionalizaci髇 administrativa, como proceso integral y continuo la optimizaci髇 de su organizaci髇 y de los recursos humanos y la reordenaci髇, simplificaci髇, normalizaci髇 y automatizaci髇 progresiva de los procedimientos para satisfacer las necesidades de la ciudadan韆 y para facilitar la reactivaci髇 de la actividad econ髆ica en Andaluc韆, reduciendo las barreras y costos que impiden una mayor eficiencia social en la interacci髇 de la ciudadan韆 y los agentes econ髆icos. As� mismo precisa de un sistema ad-hoc de seguimiento.

Se regula tambi閚 el principio de transversalidad para la coordinaci髇 en la simplificaci髇 administrativa, as� como los deberes exigidos a la Administraci髇 Auton髆ica en relaci髇 con la promoci髇 y colaboraci髇 de la simplificaci髇 administrativa, el establecimiento de mecanismos de coordinaci髇 y colaboraci髇 y la promoci髇 de sistemas de acompa馻miento individualizado.

Se establece expresamente que todos los 髍ganos, organismos y entidades de la Administraci髇 auton髆ica promover醤 de forma efectiva la simplificaci髇 administrativa en sus respectivos 醡bitos de competencias, de manera que suponga una menor carga para la ciudadan韆.

As�, todos los 髍ganos, organismos y entidades de la Administraci髇 auton髆ica est醤 obligados a su cumplimiento efectivo, removiendo todos los obst醕ulos que lo impidan o dificulten y realizando aquellas adaptaciones que sean necesarias para ello y no requieran de una modificaci髇 legal o reglamentaria.

Hasta ahora, los decretos leyes de simplificaci髇 aprobados por la Junta de Andaluc韆 no hab韆n abordado la gobernanza p鷅lica por proyectos, entendi閚dose 閟ta como forma de asegurar un marco normativo estable y adaptado a las necesidades de la ciudadan韆 y las empresas, que contribuya a simplificar sus relaciones con la Administraci髇 auton髆ica, a mejorar la competitividad de las empresas y a fortalecer la confianza en las instituciones y en la calidad de los servicios y decisiones de la Administraci髇.

Se regulan, as� mismo, los instrumentos de la gobernanza p鷅lica por proyectos, estableci閚dose que se llevar醤 a cabo preferentemente, mediante tramitaciones conjuntas de proyectos y gesti髇 coordinada de procedimientos, todo ello sin perjuicio de aquellas otras modalidades que permita el ordenamiento jur韉ico auton髆ico o estatal y que contribuyan a la implantaci髇, desarrollo y culminaci髇 de proyectos en la Comunidad Aut髇oma de Andaluc韆.

As� mismo se impulsa la colaboraci髇 y coordinaci髇 entre Administraciones P鷅licas, estableci閚dose que esta colaboraci髇 podr� articularse a trav閟 de convenios y protocolos que concretar醤, en su caso, los servicios y recursos para realizar la actividad de intervenci髇, inspecci髇 o control.

Si bien los distintos Decretos leyes de simplificaci髇 han abordado los plazos administrativos, hasta ahora hab韆 sido un planteamiento parcial y referido a procedimientos muy concretos. Sin embargo, es necesario y urgente plantear una revisi髇 gen閞ica de los plazos establecidos en la totalidad de los procedimientos administrativos de la Administraci髇 auton髆ica, adquiri閚dose un compromiso firme por parte de la Administraci髇 para, dentro de sus posibilidades y medios, analizar los plazos m醲imos establecidos en sus procedimientos y buscar la posible reducci髇 de estos.

As�, se lleva a cabo una revisi髇 gen閞ica de los efectos del silencio administrativo en el 醡bito de la Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆 desde el prisma de la simplificaci髇 administrativa, conscientes de la repercusi髇 que para la ciudadan韆 y el ejercicio de sus derechos y deberes tiene el transcurso de los plazos m醲imos de resoluci髇 establecidos en los distintos procedimientos.

Hasta ahora, por la Administraci髇 auton髆ica andaluza no se hab韆n abordado de manera directa los mecanismos de intervenci髇 de la Administraci髇 P鷅lica en sus relaciones con la ciudadan韆, adoleci閚dose de una regulaci髇 detallada, clarificando conceptos y estableciendo los principios por los que deben regirse.

Por ello, es necesario y urgente plantear una revisi髇 gen閞ica de los mecanismos de intervenci髇 en la totalidad de los procedimientos administrativos de la Administraci髇 auton髆ica, adquiri閚dose un compromiso firme por parte de la Administraci髇 para, dentro de sus posibilidades y medios, analizar 閟tos y dar cumplimiento a los principios por los que deben regirse.

El 玴rincipio de m韓ima intervenci髇 administrativa� concretado en este Decreto-ley impide establecer medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de determinados requisitos para el ejercicio de una actividad, salvo razones de inter閟 general, respetando en todo caso los principios de necesidad y proporcionalidad.

As�, la Administraci髇 p鷅lica auton髆ica potenciar� la utilizaci髇 de declaraciones responsables o comunicaciones en sus relaciones con las personas interesadas en el seno de los procedimientos administrativos. Las declaraciones responsables y las comunicaciones podr醤 operar como t閏nicas de intervenci髇 administrativa para el reconocimiento o ejercicio de un derecho, o el inicio y desarrollo de una actividad, de forma preferente y alternativa a la solicitud de inicio de un procedimiento de autorizaci髇, licencia o de inscripci髇 en un registro. Asimismo, las declaraciones responsables y las comunicaciones podr醤 sustituir a la aportaci髇 de documentos en el seno de un procedimiento iniciado a solicitud de la persona interesada.

Tambi閚 se regulan las formas de intervenci髇 administrativa para el desarrollo de una actividad, partiendo de los principios de necesidad y proporcionalidad, recogidos en la normativa b醩ica estatal entre otras normas de rango legal, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com鷑 de las Administraciones P鷅licas, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, as� como la Ley 20/2013, de 9 de diciembre.

As�, cuando la Administraci髇 p鷅lica auton髆ica, en el ejercicio de sus competencias, establezca medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deber� aplicar el principio de proporcionalidad y elegir la medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la protecci髇 del inter閟 p鷅lico, as� como justificar su adecuaci髇 para lograr los fines que se persiguen, sin que en ning鷑 caso se produzcan diferencias de trato discriminatorias. Asimismo, deber醤 evaluar peri骴icamente los efectos y resultados obtenidos.

Por su parte, la Administraci髇 P鷅lica Auton髆ica tan solo utilizar� la autorizaci髇 o licencia previa como t閏nica de intervenci髇 administrativa cuando, de acuerdo con lo previsto en la citada Ley 20/2013, de 9 de diciembre, concurran determinadas circunstancias, justificadas y ponderadas en la misma con base a los principios de necesidad y proporcionalidad o cuando as� se establezca en su normativa sectorial.

Se regula, adem醩, el establecimiento de ciertas previsiones sobre medidas de flexibilizaci髇 y eficacia extraterritorial de las autorizaciones y licencias, basadas en el principio de equivalencia.

Comienza esta regulaci髇 estableciendo de forma expresa que la Administraci髇 P鷅lica Auton髆ica llevar� a cabo las labores de comprobaci髇 o verificaci髇 del cumplimiento de los requisitos o condiciones para el reconocimiento de un derecho o el desarrollo de un actividad, de oficio y proactivamente, sin requerir la intervenci髇 de las personas interesadas, salvo que sea estrictamente necesaria de acuerdo con la normativa de la Uni髇 Europea o la normativa b醩ica estatal, o concurran razones de inter閟 general.

Los 髍ganos, organismos y entidades que conforman la Administraci髇 P鷅lica Auton髆ica deber醤 comprobar la informaci髇 de las personas interesadas mediante los servicios o sistemas habilitados, salvo que exista oposici髇 de los mismos a acceder a esta. En estos casos, se realizar醤 los actos de comprobaci髇, inspecci髇 o control.

En todo caso, las personas interesadas tienen derecho a no aportar documentos en poder de la administraci髇, para lo cual deber醤 identificar los datos e informaciones en las solicitudes, haciendo referencia expresa al 髍gano ante quien se aport�, el n鷐ero de expediente, la fecha de presentaci髇 de la informaci髇 de que se trate y cualquier otro aspecto que se defina reglamentariamente.

La informaci髇 acreditada en un expediente respecto al cumplimiento de un requisito, situaci髇 o circunstancia para el reconocimiento de un derecho, inicio de actividad o cumplimiento de una obligaci髇, ser� v醠ida salvo que por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, resulte necesario o id髇eo.

Finalmente, se prev� que la Administraci髇 suscriba con otras Administraciones P鷅licas o entidades, convenios u otros instrumentos que permitan hacer uso de los documentos que las personas interesadas hayan dispuesto a disposici髇 ante otras Administraciones.

Para reforzar estas previsiones se regulan las entidades de colaboradoras de certificaci髇, su acreditaci髇 y registro y sus obligaciones.

Otra figura novedosa es la de las entidades habilitadas. Esta figura, competente para la realizaci髇 de transacciones electr髇icas en representaci髇 de las personas interesadas, se ha demostrada altamente eficaz en la gesti髇 de determinadas materias en el 醡bito de la Administraci髇 Auton髆ica, estableci閚dose la figura del convenio como instrumento a trav閟 del cual fijar los derechos y obligaciones de 閟tas.

Por 鷏timo, se prev� un r間imen sancionador que regula las consecuencias de la inexactitud, falsedad u omisi髇 de los datos o informaciones incorporados a las declaraciones responsables y comunicaciones, todo ello sin perjuicio de otros reg韒enes establecidos por la normativa sectorial.

Se pretende dotar de mayor seguridad jur韉ica a las declaraciones responsables y comunicaciones. Establecer un r間imen sancionador fortalece la legitimidad de la actuaci髇 de las entidades colaboradoras de certificaci髇 y entidades habilitadas y contribuye a promover la transparencia, calidad y confiabilidad en las mismas protegiendo al mismo tiempo los intereses de la ciudadan韆 en sus relaciones con la Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆.

Con todo, el establecimiento de este r間imen sancionador encuentra su amparo en el apartado 4 del art韈ulo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que dispone, entre otras consideraciones, que 玪a inexactitud, falsedad u omisi髇, de car醕ter esencial, de cualquier dato o informaci髇 que se incorpore a una declaraci髇 responsable o a una comunicaci髇, o la no presentaci髇 ante la Administraci髇 competente de la declaraci髇 responsable, la documentaci髇 que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, o la comunicaci髇, determinar� la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

VIII

La Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆 siempre ha tenido presente la oportunidad que supone la tecnolog韆 para lograr la simplificaci髇 y agilizaci髇 de los procedimientos administrativos y los servicios prestados.

El Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la informaci髇 y atenci髇 al ciudadano y la tramitaci髇 de procedimientos administrativos por medios electr髇icos (Internet), ya marc� una l韓ea de trabajo cara al futuro para reducir y simplificar los procedimientos administrativos y facilitar de este modo el acceso de a los servicios de la Administraci髇 andaluza.

Posteriormente, la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆, en su art韈ulo 7.2 incluy� la simplificaci髇 y la agilizaci髇 de tr醡ites como los dos primeros principios que rigen las relaciones con la ciudadan韆 a trav閟 de redes abiertas de telecomunicaci髇.

Esta concepci髇 de la simplificaci髇 administrativa y el impulso de los medios electr髇icos como oportunidad, en mutua colaboraci髇 y coordinaci髇, se reforz� a principios de la anterior legislatura, mediante el Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, que aun� y desarroll� en una 鷑ica norma la regulaci髇 auton髆ica en ambas materias, y en la cual la administraci髇 electr髇ica se constata como uno de los instrumentos b醩icos de simplificaci髇 administrativa, adicional y complementario a los instrumentos de mejora de la regulaci髇.

Es prop髎ito de esta legislatura profundizar definitivamente en esta concepci髇, como qued� patente a inicios de la misma con el Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 20 de septiembre de 2022, por el que se aprueba la formulaci髇 de la Estrategia Andaluza de Administraci髇 Digital centrada en las personas, concebida como una hoja de ruta que define el proceso de transformaci髇 digital de la Administraci髇 P鷅lica Andaluza y sus servicios, y entre cuyos fines figura el conseguir una Administraci髇 P鷅lica digital que sea personalizada, proactiva, 鷗il, simplificada, interoperable, f醕il de usar, 醙il y segura.

Este prop髎ito no es en absoluto ajeno a la iniciativa de simplificaci髇 administrativa que impulsa el Gobierno andaluz, sino que est� directamente relacionada con la evoluci髇 normativa que de manera conjunta permitir� seguir avanzando en la simplificaci髇, poniendo en valor y aplicando el potencial que ofrecen las nuevas tecnolog韆s para la transformaci髇 digital, la simplificaci髇, la innovaci髇, la sostenibilidad econ髆ica, la generaci髇 de conocimiento y la aportaci髇 permanente de valor.

Cabe rese馻r, como exponente de la 韓tima relaci髇 que existe entre la simplificaci髇 y la transformaci髇 digital, que entre las principales medidas que en materia de transformaci髇 digital se introducen en este Decreto-ley figura la implantaci髇 progresiva y programada, a trav閟 de la Agencia Digital de Andaluc韆, de un importante conjunto de soluciones corporativas para la tramitaci髇 electr髇ica de los procedimientos que, junto con su gobernanza operativa de apoyo, vendr醤 a satisfacer unas necesidades comunes en los diversos 醡bitos de esta Administraci髇 y a facilitar la interoperabilidad, la seguridad, las econom韆s de escala, la racionalizaci髇 y la simplificaci髇 de la actuaci髇 administrativa. En la concepci髇, dise駉, desarrollo e implantaci髇 de estas nuevas soluciones se aplicar醤, desde el inicio, todos los principios e instrumentos de simplificaci髇, de una manera com鷑 y coordinada.

En este contexto, este Decreto-ley constituye un instrumento extraordinario y necesario para poder conseguir la transformaci髇 digital de la Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆, sin la cual la gesti髇 de los procedimientos y servicios, as� como la relaci髇 con la ciudadan韆, no se ver韆 realmente impulsada y simplificada de la manera m醩 efectiva posible y aprovechando todo el valor y potencial que aportan las nuevas tecnolog韆s.

As�, se incluye una ambiciosa disposici髇 adicional referida a la implantaci髇 progresiva y programada de soluciones corporativas para la tramitaci髇 electr髇ica de los procedimientos y la atenci髇 a la ciudadan韆, con objeto de agilizar el pleno funcionamiento electr髇ico de la Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆 y culminar el proceso de dotaci髇 de medios tecnol骻icos en cuanto a que la gesti髇 de los procedimientos debe ser completamente electr髇ica.

Para avanzar de manera decidida, homog閚ea y significativa en el ejercicio de los derechos de la ciudadan韆 a trav閟 de medios electr髇icos y las obligaciones de la Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆 para su pleno funcionamiento electr髇ico, la estrategia corporativa que va a aplicar la Agencia Digital de Andaluc韆, se enfoca hacia la consolidaci髇 e impulso de elementos y servicios corporativos y el desarrollo e implantaci髇 de otros nuevos elementos y servicios corporativos.

Las nuevas soluciones corporativas que se implantar醤 estar醤 dise馻das bajo los principios de 玠ato 鷑ico� y 玠igital por defecto�. Adem醩, tendr醤 siempre presente el garantizar la interoperabilidad interna, de manera que puedan interoperar de manera normalizada con otros sistemas y plataformas. Por supuesto, estar醤 integrados con todas las plataformas tecnol骻icas transversales de administraci髇 digital y otros sistemas corporativos. Asimismo, estar醤 alineados y plenamente integrados con las plataformas tecnol骻icas de an醠isis e inteligencia de datos que la Agencia Digital de Andaluc韆 tiene en desarrollo.

Asimismo, se incluye una no menos ambiciosa disposici髇 adicional referida a la implantaci髇 de soluciones corporativas para el despliegue y homogeneizaci髇 del puesto de trabajo digital. Esta propuesta supone un impulso definitivo al cumplimiento de los prop髎itos que motivaron la creaci髇 de la Agencia Digital de Andaluc韆, en cuanto la aportaci髇 de soluciones innovadoras, la consolidaci髇 y racionalizaci髇 en la prestaci髇 de servicios, la gesti髇 de los recursos tecnol骻icos y su sostenibilidad econ髆ica, referidos en este caso al puesto de trabajo.

Los beneficios que aportar� esta propuesta pueden resumirse en la implantaci髇 del nuevo puesto de trabajo digital, homog閚eo para el empleado p鷅lico, adaptado a perfiles tecnol骻icos, independiente de aplicaciones de escritorio, securizado y con un mantenimiento y soporte 醙il, que incluir� la implantaci髇 de equipamiento como servicio, la posible virtualizaci髇 del puesto de trabajo, la adecuaci髇 al teletrabajo, el uso de herramientas de gesti髇 e inventario de la infraestructura tecnol骻ica, la implantaci髇 de herramientas colaborativas y de comunicaci髇; la implantaci髇 de un nuevo Directorio Activo corporativo, que prestar� al puesto de trabajo nuevos y mejorados servicios de autenticaci髇 y autorizaci髇, direccionamiento en la red, actualizaci髇 de software, servicios de almacenamiento y distribuci髇 de ficheros, servicios de impresi髇 y securizaci髇; y por 鷏timo, simplificaci髇, homogeneizaci髇 y estandarizaci髇 del soporte al puesto de trabajo digital, mediante una plataforma tecnol骻ica unificada de gesti髇 de peticiones, incidentes y consultas, as� como una herramienta para la administraci髇 y configuraci髇 de la infraestructura y ayuda al soporte.

En relaci髇 con los servicios de impresi髇 y digitalizaci髇 de documentos, tras un an醠isis del hist髍ico de contrataciones realizadas en este 醡bito, se puede comprobar que la necesidad de estos servicios tiene un car醕ter horizontal y que se producen numerosas contrataciones para ello. Se es consciente de la necesidad de conseguir la homogeneizaci髇 de estos servicios de uso generalizado, sus prestaciones y su coste, en aras a lograr la m醲ima eficiencia de los recursos p鷅licos y como un elemento b醩ico y de impacto a partir del cual alcanzar el definitivo despliegue y homogeneizaci髇 del puesto de trabajo digital y los servicios relacionados con el mismo.

Por ello, el primer hito en esta medida ser� proporcionar un modelo de impresi髇 y digitalizaci髇 de documentos que favorezca la homogeneizaci髇 de estos servicios, su eficiencia y su eficacia, con los objetivos de mejorar el servicio, reducir costes, garantizar la seguridad de la informaci髇 y la interoperabilidad, aumentar la productividad y disponer de la necesaria flexibilidad para asumir nuevas necesidades y cambios en el 醡bito del puesto de trabajo digital.

Asimismo, se propone la eliminaci髇 de la certificaci髇 de conformidad prevista en el art韈ulo 53 bis de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆, ya que no aporta valor a馻dido a la propia certificaci髇 realizada por la persona responsable. Esta aprobaci髇, adem醩 de no aportar valor a la certificaci髇, no aparece en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector P鷅lico para los trabajos realizados por contratistas privados, por lo que no parece id髇eo requerirlo para los medios propios. La exigencia de esta aprobaci髇 supone la realizaci髇 y firma de un documento administrativo adicional a la propia certificaci髇 de conformidad, con el consiguiente aumento del tiempo de tramitaci髇 y carga interna administrativa.

Se modifica la Orden de 23 de octubre de 2012, de la Consejer韆 de Hacienda y Administraci髇 P鷅lica, por la que se desarrollan determinados aspectos de la pol韙ica inform醫ica de la Junta de Andaluc韆, sustituyendo la solicitud de informe para los contratos menores por una comunicaci髇 a la Agencia Digital de Andaluc韆. La tramitaci髇 de estos informes introduce un retraso en la tramitaci髇 de los expedientes de contrataci髇 y supone una carga administrativa para todas las unidades TIC del sector p鷅lico andaluz. Asimismo, se reduce a 20 d韆s h醔iles el plazo en el cual el informe se entender� emitido en sentido favorable si no se hubiese emitido informe expreso. Actualmente, dicho plazo es de 30 d韆s h醔iles cuando el importe es igual o superior a 600.000 euros y de 20 d韆s h醔iles cuando es inferior a 600.000 euros. Dicho plazo se reduce a 10 d韆s h醔iles para los contratos financiados con cargo al Mecanismo de Recuperaci髇 y Resiliencia a trav閟 del Plan de Recuperaci髇, Transformaci髇 y Resiliencia, teni閚dose en cuenta que la ejecuci髇 presupuestaria de fondos europeos conlleva el cumplimiento de exigentes plazos.

Asimismo, se incluye un nuevo apartado a la disposici髇 adicional cuarta del Decreto 128/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia Digital de Andaluc韆. El prop髎ito es doble. Por una parte, impulsar y facilitar el desarrollo, la homogeneizaci髇, la garant韆 de realizaci髇 y la agilizaci髇 de los proyectos en el 醡bito de los sistemas y soluciones tecnol骻icas de an醠isis de datos, gobierno del dato, cuadros de mando, datos masivos o 玝ig data�, inteligencia de datos, generaci髇 y gesti髇 de conocimiento, facilitando as� el an醠isis y la toma de decisiones en la organizaci髇, l骻icamente con cumplimiento del principio de minimizaci髇 en las actividades de tratamiento. Por otra parte, contribuir en estos proyectos a garantizar el cumplimiento, por parte de los responsables de los tratamientos, de los principios declarados en el art韈ulo 5.1 del Reglamento general de protecci髇 de datos, para lo cual se establece expresamente que la Agencia colaborar� con los responsables de los tratamientos en la realizaci髇 de los an醠isis de riesgos y, en su caso, de las evaluaciones de impacto relativas a la protecci髇 de datos en estos proyectos. En este sentido, la medida viene a ampliar el conjunto de servicios que la Agencia Digital de Andaluc韆 presta a las Consejer韆s y entidades, favoreciendo un cumplimiento homog閚eo de las obligaciones en la materia.

Se deroga el art韈ulo 31 del Decreto 72/2003, de 18 de marzo, de Medidas de Impulso de la Sociedad del Conocimiento en Andaluc韆, que no ha sido actualizado desde su publicaci髇 inicial, hace m醩 de 20 a駉s. Esta derogaci髇 persigue facilitar el incorporar nuevas realidades del mercado, en el que han surgido modalidades de sistemas operativos en la nube que permiten una administraci髇 centralizada y on-line, o de igual forma, plataformas ofim醫icas de colaboraci髇 en la nube. El objetivo es poder abrirse con m醩 agilidad a la realidad del mercado y a las mayores posibilidades de innovaci髇 que ofrece, as� como a mayores posibilidades de colaboraci髇 con los operadores m醩 importantes e innovadores en el sector TIC. Ello va a suponer que en lo sucesivo, los suministros de equipamiento inform醫ico a los que se refiere este art韈ulo estar醤 m醩 abiertos a la innovaci髇 y el mercado, en un contexto global, siendo el estudio t閏nico y la determinaci髇 experta de las necesidades y prescripciones t閏nicas que se realicen en cada suministro de equipamiento, los que orientar醤 hacia la decisi髇 de requerir o no software libre de manera obligatoria.

Tambi閚 se incluye la derogaci髇 del art韈ulo 30 de dicha norma, por la que se establecen las condiciones para el uso del correo electr髇ico del ciudadano en el Portal andaluciajunta.es. Actualmente la evoluci髇 de la sociedad de la informaci髇 permite al ciudadano acceder a servicios de correo gratuitos muy consolidados, de amplio espectro y con funcionalidades avanzadas, adem醩 de una amplia y variada oferta de servicios de pago y, por tanto, el hueco que cubr韆 este correo andaluz ya se considera sobradamente cubierto por el mercado y sin coste para la ciudadan韆. Esto hace que el n鷐ero de usuarios que actualmente hace uso del servicio sea muy bajo. Adem醩, este correo andaluz se enfrenta a problemas de seguridad inform醫ica tales como la continua aparici髇 de vulnerabilidades y el robo de credenciales.

Asimismo, se modifica el Anexo III del Decreto 622/2019, de 27 de diciembre. Ello supone una aplicaci髇 鷗il y efectiva de un principio de proporcionalidad en los medios electr髇icos y su uso por la ciudadan韆, en cuya virtud s髄o se exigir醤 las garant韆s y medidas de seguridad adecuadas a la naturaleza y circunstancias de los distintos tr醡ites y actuaciones, con el objetivo de dotar a la ciudadan韆 de m醩 posibilidades, adicionales al certificado electr髇ico, para la actuaci髇 a trav閟 de medios electr髇icos, contribuyendo a reducir la 玝recha� digital y a simplificar y facilitar el acceso a los servicios y su usabilidad. De especial inter閟 es la posibilidad de reutilizaci髇 del sistema de firma disponible para las personas de la comunidad educativa, a trav閟 del identificador educativo andaluz (IdEA), ampliamente utilizado en los servicios del sistema educativo andaluz y circunscrito hasta ahora a ese 醡bito.

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, en su art韈ulo 38, establece que la sede electr髇ica es aquella direcci髇 electr髇ica, disponible para los ciudadanos a trav閟 de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administraci髇 P鷅lica, o bien a una o varios organismos p鷅licos o entidades de Derecho P鷅lico en el ejercicio de sus competencias. Posteriormente, el Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, estableci� la regulaci髇 de las sedes electr髇icas en nuestra Administraci髇, estableciendo una tipolog韆 de posibles sedes electr髇icas: Sede electr髇ica general de la Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆, Sedes electr髇icas de cada Consejer韆, Sedes electr髇icas derivadas y Sedes electr髇icas compartidas, y dispuso la obligatoriedad de que cada Consejer韆 cree su propia sede electr髇ica.

La sede electr髇ica general de la Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆 se cre� mediante la Orden de 25 de abril de 2022, de la Consejer韆 de la Presidencia, Administraci髇 P鷅lica e Interior. Sin embargo, no se han creado las sedes electr髇icas de cada Consejer韆, ya que finalmente no se consideran necesarias. La minimizaci髇 del n鷐ero de sedes electr髇icas contribuye decisivamente a homogeneizar la relaci髇 con la ciudadan韆, dar una visi髇 unificada de nuestra Administraci髇 a la misma, facilitar el ejercicio de los derechos de la ciudadan韆 y cumplir las obligaciones de la Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆 para su funcionamiento electr髇ico, como garant韆 de eficacia, eficiencia y seguridad jur韉ica, bajo un paradigma de organizaci髇 y aprovechamiento racional de los recursos.

Atendiendo a todo lo anterior, se modifica el articulado del Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, para suprimir el concepto de sede electr髇ica de una Consejer韆, manteni閚dose la posibilidad de crear sedes electr髇icas derivadas, conforme a criterios de especializaci髇, que lo ser醤 respecto de la sede electr髇ica general, as� como sedes compartidas en el marco de iniciativas de colaboraci髇 con otras Administraciones P鷅licas.

IX

Se aborda tambi閚 en el Decreto-ley la supresi髇 de 髍ganos colegiados de distintos 醡bitos sectoriales. La extraordinaria y urgente necesidad de la presente modificaci髇 normativa se basa precisamente en la necesidad de realizar cambios en nuestro ordenamiento jur韉ico en orden a procurar una mayor simplificaci髇 administrativa. Se trata de una medida que reforzar� el principio de seguridad jur韉ica, reduciendo el n鷐ero de 髍ganos con funciones muy semejantes o evitando duplicidades. En muchas ocasiones los cambios normativos producidos han dejado sin funcionalidad muchos de los 髍ganos colegiados existentes en el 醡bito auton髆ico, produciendo la correspondiente incongruencia entre 髍ganos que existen, pero no se re鷑en, bien porque eran 髍ganos colegiados que se crearon para una situaci髇 concreta, que ya no existe, o que ten韆n un 醡bito temporal, que ya ha pasado, o bien porque esas funciones han sido asumidas por alg鷑 centro directivo o por otro 髍gano colegiado.

Ello ha desembocado en el hecho de que a lo largo de los 鷏timos a駉s haya 髍ganos colegiados que no se han reunido en ninguna ocasi髇, incluso ni siquiera a efectos de constituirse, dando lugar a que haya sido evaluada y reconsiderada la necesidad de su existencia por las Consejer韆s a las que est醤 adscritos los mismos, sobre la premisa del cumplimiento del principio de racionalidad organizativa bajo el que ha de actuar la Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆, seg鷑 establece el art韈ulo 133 del Estatuto de Autonom韆, art韈ulo 3.n) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, y art韈ulos 1 y 3 del Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, entre otras normas.

La supresi髇 de los 髍ganos colegiados propuesta es una medida de marcado car醕ter de mejora regulatoria que debe ser tenida en cuenta en el contexto de la situaci髇 actual y como parte del conjunto de medidas de simplificaci髇 administrativa y de mejora de la regulaci髇 que se abordan de manera global en el Decreto-ley.

Es interesante traer a colaci髇 el Decreto-ley 26/2021, de 14 de diciembre, por el que se adoptan medidas de simplificaci髇 administrativa y mejora de la calidad regulatoria para la reactivaci髇 econ髆ica en Andaluc韆, que ven韆 a recoger en su Exposici髇 de Motivos que era preciso impulsar en Andaluc韆 el cambio en la mejora regulatoria e institucional y en la simplificaci髇 normativa y la reducci髇 de trabas administrativas, para contribuir a crear un entorno de seguridad jur韉ica, que facilite las inversiones productivas y el desarrollo de proyectos empresariales solventes y sostenibles que generen riqueza en nuestra comunidad, siguiendo la senda de las indicaciones dadas desde distintas instituciones como la OCDE, pionera en el estudio de la mejora de la regulaci髇 y de sus impactos positivos en el conjunto de la econom韆, desde la que se viene insistiendo en la realizaci髇 de reformas, en gran medida, centradas en la simplificaci髇 y mejora de la regulaci髇 econ髆ica. Entre estas medidas se incluy� la derogaci髇 de la normativa reguladora de algunos 髍ganos colegiados considerados como innecesarios.

En general la supresi髇 de los 髍ganos colegiados propuestos responde a la necesidad de cumplimiento de los principios generales de organizaci髇 y funcionamiento de la Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆 contemplados en la Ley 9/2007, de 22 de octubre, para su organizaci髇 y actuaci髇, en particular en relaci髇 a los principios de eficacia, eficiencia en su actuaci髇, racionalidad organizativa mediante la simplificaci髇 y racionalizaci髇 de su estructura organizativa, racionalizaci髇, simplificaci髇 y agilidad de los procedimientos y buena administraci髇 y calidad de los servicios, motivaci髇 toda ella que resulta actualmente de aplicaci髇 a la supresi髇 de los 髍ganos ahora propuesta.

Tampoco se puede obviar que la supresi髇 de los 髍ganos colegiados en muchas ocasiones supone simplificar porque se elimina la necesidad de acudir a 閟tos en determinados procedimientos o para aprobar determinada normativa, es decir, se suprimen tr醡ites que no aportan valor.

En este mismo sentido se propone la supresi髇 de la Comisi髇 de Coordinaci髇 de Espect醕ulos P鷅licos y Actividades Recreativas como 髍gano colegiado permanente para la coordinaci髇 de las actuaciones en materia de espect醕ulos p鷅licos y actividades recreativas entre la Administraci髇 Auton髆ica y los Municipios andaluces. La finalidad principal de esta Comisi髇, sin perjuicio de otras, era la elaboraci髇 de un Plan General de Inspecci髇 conjunto en la materia y su elevaci髇 al Consejo de Gobierno para su remisi髇 y seguimiento en el Parlamento. Esta Comisi髇 s髄o ha sido convocada en dos ocasiones en 20 a駉s desde su regulaci髇 reglamentaria en el a駉 2002, nunca ha llegado a abordar la elaboraci髇 ni aprobaci髇 de ning鷑 Plan General de Inspecci髇, ni adoptados acuerdos trascendentes al efecto, poniendo en evidencia la falta de voluntad pol韙ica para su funcionamiento. Estos motivos aconsejan eliminar la disposici髇 adicional tercera de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espect醕ulos P鷅licos y Actividades Recreativas de Andaluc韆 (LEPARA), ello sin perjuicio de la posibilidad de que los Ayuntamientos y la Junta de Andaluc韆 puedan suscribir los convenios pertinentes de colaboraci髇 que se precisen para la ejecuci髇 de lo dispuesto en la Ley 13/1999, de 15 de diciembre.

La Ley 1/2010, de 8 de marzo, reguladora del Derecho a la Vivienda en Andaluc韆 determina la creaci髇 del Observatorio de la Vivienda de Andaluc韆, como 髍gano colegiado consultivo y participaci髇 en materia de vivienda. Su organizaci髇 y funcionamiento se regula por Decreto 171/2014, de 9 de diciembre. Razones de eficacia y simplificaci髇 administrativa, aconsejan extinguir mediante este Decreto-ley dicho 髍gano colegiado consultivo y de participaci髇 en materia de vivienda, al no resultar operativo en el actual marco jur韉ico y en aras de una mayor coherencia.

Con la finalidad de depurar 髍ganos colegiados inoperantes, se elimina el Consejo Rector del Instituto Andaluz de la Juventud, carente de toda actividad desde su creaci髇, al punto que sus funciones vienen siendo desempe馻das por 髍ganos de la Consejer韆 a la que se encuentra adscrita la agencia administrativa en el ejercicio de las competencias que tienen asignadas como propias. As� pues, en la medida en que la subsistencia del Consejo Rector puede inducir a confusi髇 sobre el funcionamiento del Instituto Andaluz de la Juventud, se procede a modificar la disposici髇 adicional primera de Ley 9/1996, de 26 de diciembre, por la que se aprueban Medidas Fiscales en materia de Hacienda P鷅lica, Contrataci髇 Administrativa, Patrimonio, Funci髇 P鷅lica y Asistencia Jur韉ica a Entidades de Derecho P鷅lico, y se suprimen los art韈ulos 6, 7 y 8 del Decreto 118/1997, de 22 de abril, por el que se aprueba el R間imen de Organizaci髇 y Funcionamiento del Instituto Andaluz de la Juventud.

Razones de seguridad jur韉ica son las que han llevado a introducir la derogaci髇 expresa del Decreto 237/1999, de 13 de diciembre, por el que se regula el Consejo Regional y los Consejos Provinciales de la Infancia, y del Cap韙ulo II del Decreto 454/1996, de 1 de octubre, de habilitaci髇 de instituciones colaboradoras de integraci髇 familiar y acreditaci髇 de entidades colaboradoras de adopci髇 internacional, que se encuentran t醕itamente derogadas en la medida que contradicen o colisionan con la normativa actualmente en vigor.

El Decreto 429/1996, de 3 de septiembre, por el que se crea la Comisi髇 Interdepartamental de Seguridad y Salud Laboral, establece entre las funciones de esta Comisi髇 la coordinaci髇 de las acciones y los proyectos de las diferentes Consejer韆s, organismos y entidades de la Junta de Andaluc韆 que tengan alg鷑 tipo de relaci髇 con la seguridad y salud laboral, as� como la formulaci髇 de recomendaciones y propuestas de actuaci髇 que est閚 relacionadas con esta materia o el impulso a la realizaci髇 de campa馻s sectoriales sobre prevenci髇 de riesgos, entre otros aspectos.

Sin embargo, diversos cambios normativos y de organizaci髇 interna en la administraci髇 andaluza han limitado la operatividad de la Comisi髇 Interdepartamental de Seguridad y Salud Laboral, lo que ha provocado que se cuestione su sentido. As�, el Decreto 277/1997, de 9 de diciembre, por el que se crea el Consejo Andaluz de Prevenci髇 de Riesgos Laborales, configura este 髍gano como el destinado a facilitar la participaci髇 en materia de seguridad y salud laboral de las personas trabajadoras, recogiendo entre sus funciones el proponer actuaciones concretas orientadas a la prevenci髇 de riesgos laborales y plantear planes integrales de actuaci髇 en sectores, actividades o subactividades concretas. El Pleno del Consejo Andaluz de Prevenci髇 de Riesgos Laborales est� integrado por representantes de las principales organizaciones empresariales y sindicales de la comunidad andaluza, as� como por ocho integrantes de diversas Consejer韆s de la Junta de Andaluc韆, de forma similar a lo previsto para la Comisi髇 Interdepartamental de Seguridad y Salud Laboral y con fines an醠ogos.

Por otro lado, mediante la Ley 10/2006, de 26 de diciembre, del Instituto Andaluz de Prevenci髇 de Riesgos Laborales, se cre� esta agencia administrativa que tiene como fines generales fomentar la cultura preventiva en Andaluc韆, el an醠isis y el estudio de las condiciones de seguridad y salud laborales, as� como la promoci髇 y apoyo de la mejora de estas, con especial atenci髇 a las peque馻s y medianas empresas, las personas trabajadoras aut髇omas y a los sectores de mayor riesgo. Entre las previsiones de la Ley se contempla el r間imen de colaboraci髇 del Instituto, que podr� prestar su colaboraci髇 al resto de Consejer韆s de la Junta de Andaluc韆.

Por 鷏timo, tras la entrada en vigor de la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevenci髇 de riesgos laborales, se han adoptado importantes cambios organizativos en el modelo preventivo de la administraci髇 andaluza, que anteriormente concentraba toda la estructura relacionada con la seguridad y salud laboral en la Consejer韆 competente en esta materia. As�, con el objetivo de propiciar la integraci髇 de la prevenci髇 de riesgos laborales en cada una de sus Consejer韆s, agencias administrativas y agencias de r間imen especial, se aprob� el Decreto 304/2011, de 11 de octubre, por el que se regula la estructura organizativa de prevenci髇 de riesgos laborales para el personal al servicio de la Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆. La implantaci髇 progresiva del modelo recogido en este decreto ha posibilitado la existencia de unidades de prevenci髇 en cada una de las Consejer韆s que forman parte de la Comisi髇 Interdepartamental de Seguridad y Salud Laboral, participando en la gesti髇 y el normal funcionamiento de estas conforme a lo previsto en sus respectivos planes de prevenci髇.

Los cambios descritos han ido limitando en la pr醕tica las funciones y el sentido de la Comisi髇 Interdepartamental de Seguridad y Salud Laboral, que actualmente est� vac韆 de contenido ya que existen otros 髍ganos y organismos que de forma estable realizan sus funciones. De hecho, no consta que dicha Comisi髇 haya tenido actividad al menos desde el a駉 2007, sin que se prevea un cambio en esta situaci髇 ya que el modelo al que responde se encuentra sobradamente consolidado.

En consecuencia, proceder韆 la supresi髇 de la Comisi髇 Interdepartamental de Seguridad y Salud Laboral, derogando para ello el Decreto 429/1996, de 3 de septiembre, por el que se crea la Comisi髇 Interdepartamental de Seguridad y Salud Laboral.

Por 鷏timo, en el 醡bito laboral, hay que hacer referencia al Decreto 322/2009, de 1 de septiembre, por el que se crea la Comisi髇 Permanente de Seguimiento del Plan de Empleabilidad para personas con discapacidad en Andaluc韆 2007-2013 y se establece su composici髇, funciones y funcionamiento. Habiendo expirado la vigencia del citado Plan de Empleabilidad, y considerando as� mismo que la actual Direcci髇 General de Incentivos a la Contrataci髇 y Competitividad Empresarial implanta medidas de integraci髇 a trav閟 de las competencias relativas a Centros Especiales de Empleo y Empresas de Inserci髇, procede extinguir la citada Comisi髇 de Seguimiento.

En el 醡bito de la investigaci髇 biom閐ica, la Ley 16/2007, de 3 de diciembre, Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento establece, en su art韈ulo 9, la creaci髇 del Comit� de 閠ica, al objeto de sentar las bases que hagan posible el control de la actividad cient韋ica a trav閟 de un Comit� de 蓆ica y, en consecuencia, contribuyan a fomentar la confianza de la sociedad en la actividad cient韋ica. Por su parte, el Decreto 8/2020, de 30 de enero, por el que se regulan los 髍ganos de 閠ica asistencial y de la investigaci髇 biom閐ica en Andaluc韆 estableci� las funciones del Comit� Coordinador de la 蓆ica de Investigaci髇 de Andaluc韆 (en adelante CCEIBA).

La reciente promulgaci髇 de la modificaci髇 de la Ley 16/2007, de 3 de diciembre, que modifica las funciones de la Comisi髇 de Garant韆s para la Donaci髇 y Utilizaci髇 de C閘ulas y Tejidos Humanos y, consecuentemente, las de su hom髄ogo, el Comit� Andaluz de 蓆ica de la Investigaci髇 con Muestras Biol骻icas de Naturaleza Embrionaria y Semejantes, en adelante CAEMBES, y la existencia en Andaluc韆 del CCEIBA con las funciones que su normativa reguladora establece y dado que a este Comit�, de forma transitoria hasta que se produjera el desarrollo reglamentario de la regulaci髇 del CAEMBES, se le atribuyeron las funciones previstas en la disposici髇 transitoria 鷑ica de la Ley 4/2014, de 9 de diciembre, es lo que lleva a proponer la supresi髇, mediante el presente Decreto-ley, del CAEMBES y atribuir el ejercicio de la funci髇 de autorizaci髇 con c閘ulas humanas pluripotentes obtenidas mediante reprogramaci髇 celular, al CCEIBA.

La derogaci髇 del art韈ulo 6 de la Ley 7/2003, de 20 de octubre, y del Decreto 368/2015, de 4 de agosto, supone la supresi髇 del CAEMBES, como 髍gano colegiado adscrito a la Consejer韆 competente en materia de salud, con la consideraci髇 de Comit� de 閠ica de la investigaci髇, y como 髍gano hom髄ogo a la Comisi髇 de Garant韆s para la Donaci髇 y Utilizaci髇 de C閘ulas y Tejidos Humanos de car醕ter nacional al objeto de evitar duplicidades en el procedimiento, clarificarlo y simplificarlo, consiguiendo mayor celeridad y seguridad jur韉ica y evitando la proliferaci髇 de 髍ganos con funciones semejantes.

El art韈ulo 37 de la Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigaci髇 Biom閐ica, cre� la Comisi髇 de Garant韆s para la Donaci髇 y Utilizaci髇 de C閘ulas y Tejidos Humanos como el 髍gano colegiado, adscrito al Instituto de Salud 獵arlos III�, de car醕ter permanente y consultivo, dirigido a asesorar y orientar sobre la investigaci髇 con muestras biol骻icas de naturaleza embrionaria humana, y a contribuir a la actualizaci髇 y difusi髇 de los conocimientos cient韋icos y t閏nicos en esta materia. A dicha Comisi髇 le corresponde el informe previo favorable de los proyectos de investigaci髇 que versen sobre las materias que se determinan en el mismo.

Corresponde a su hom髄ogo en Andaluc韆 CAEMBES, de conformidad con lo previsto en la Ley 4/2014, de 9 de diciembre, por la que se modifican la Ley 7/2003, de 20 de octubre, por la que se regula la investigaci髇 en Andaluc韆 con preembriones humanos, no viables para la investigaci髇 in vitro, y la Ley 1/2007, de 16 de marzo, por la que se regula la investigaci髇 en reprogramaci髇 celular con finalidad exclusivamente terap閡tica, y conforme a lo previsto en el art韈ulo 6.2 que se transcribe a continuaci髇, la consulta preceptiva de los proyectos de investigaci髇 que versen sobre esas mismas materias.

En base a ello, se constata la existencia de dos 髍ganos que realizan id閚ticas funciones: el CAEMBES y la Comisi髇 de Garant韆s para la donaci髇 y la utilizaci髇 de c閘ulas y tejidos humanos, por tanto, mediante el presente Decreto-ley se procede a derogar el CAEMBES.

La urgencia viene dada por la necesidad de adaptar cuanto antes nuestro sistema de evaluaci髇 de 閠ica de la investigaci髇 a los cambios introducidos en la normativa nacional y m醩 concretamente a permitir que sea un comit� 鷑ico el que aborde los diferentes proyectos. De no usar el mecanismo del Decreto-ley nos ver韆mos abocados a meses de tramitaci髇 de un proyecto de ley que se limita a un cambio organizativo de qu� Comit� asume las evaluaciones. La existencia previa de un informe de la Comisi髇 de Garant韆s para la Donaci髇 y Utilizaci髇 de C閘ulas y Tejidos Humanos hace innecesario mantener un comit� especializado en esta materia y permite agilizar y potenciar esta actividad incorpor醤dola a un comit� como el CCEIBA.

Las propuestas detalladas dotan al Sistema Andaluz de la Ciencia, la Tecnolog韆 y la Innovaci髇 en Salud de instrumentos m醩 醙iles para permitir una inversi髇 p鷅lica y privada m醩 eficaz en los organismos y entidades que forman parte de dicho Sistema, de ah� la necesidad de llevar a cabo la ordenaci髇 expuesta. Hay que resaltar el impacto potencial y real de la organizaci髇 del Sistema Andaluz de investigaci髇 en salud en la obtenci髇 de los objetivos de los proyectos de investigaci髇 en los servicios sanitarios, en la pr醕tica cl韓ica, en los costes sanitarios y en la generaci髇 de nuevo conocimiento y nuevas l韓eas de investigaci髇 en el 醡bito de la salud.

La derogaci髇 de los art韈ulos 4, 5 y 6 del Decreto 203/2003, de 8 de julio, por el que se regula el procedimiento de acreditaci髇 de las actividades de formaci髇 continuada de las profesiones sanitarias, supone la supresi髇 del Consejo Andaluz de Formaci髇 continuada de las profesiones sanitarias. El Consejo Andaluz de Formaci髇 Continuada de las profesiones sanitarias, adscrito a la Consejer韆 competente en materia de salud, se cre� como 髍gano colegiado al que se le encomienda el asesoramiento de la pol韙ica en materia de formaci髇 continuada de las profesiones sanitarias.

Con posterioridad a dicho Decreto, se ha promulgado el Real Decreto 1142/2007, de 31 de agosto, por el que se determina la composici髇 y funciones de la Comisi髇 de Formaci髇 Continuada de las Profesiones Sanitarias y se regula el sistema de acreditaci髇 de la formaci髇 continuada. Esta normativa b醩ica estatal deja sin contenido real al Consejo Andaluz de Formaci髇 Continuada en todo lo recogido como funciones de la Comisi髇 de Formaci髇 Continuada de las Profesiones Sanitarias.

Actualmente la planificaci髇 estrat間ica en materia de formaci髇 continuada del Sistema Sanitario P鷅lico de Andaluc韆 est� desarrollada por la Estrategia de Formaci髇 del Sistema Sanitario P鷅lico de Andaluc韆 aprobada este 2022. En dicha estrategia se contempla la participaci髇 de las diferentes instituciones representadas en el Consejo Andaluz de Formaci髇 Continuada. De hecho, esta pr醕tica de interlocuci髇 en las estrategias, en materia de formaci髇, deja sin contenido al Consejo que no celebra sus reuniones desde 2006. En virtud de ello mediante el presente Decreto-ley se propone derogar dicho 髍gano colegiado.

El progresivo desarrollo de la Comisi髇 de Formaci髇 Continuada de las Profesiones Sanitarias y la necesidad de la ejecuci髇 de los fondos del Plan de Transformaci髇 y Resiliencia han evidenciado la necesidad de eliminar el Consejo Andaluz de Formaci髇 Continuada de las profesiones sanitarias, una medida de mejora regulatoria que contribuir�, de manera inmediata, a la simplificaci髇 de Organismos y de tr醡ites de gesti髇 y, consecuentemente a mejora de la gobernanza p鷅lica y a una inversi髇 p鷅lica y privada m醩 eficaz en los organismos que forman parte del Sistema de formaci髇 continuada de las profesiones sanitarias.

La simplificaci髇 respecto a los 髍ganos colegiados no s髄o se traduce en la supresi髇 expuesta y justificada, sino que tambi閚 puede suponer adoptar medidas que hagan que los 髍ganos colegiados existentes sean mucho m醩 operativos, lo que implica introducir modificaciones en sus regulaciones para que adopten decisiones con mucha m醩 agilidad, m醲ime cuando son 髍ganos con composici髇 muy extensa y con capacidad de decisiones ejecutorias. Se considera urgente por ello la modificaci髇 de los Reglamentos de organizaci髇 y funcionamiento del Consejo Andaluz del Fuego y de la Comisi髇 Protecci髇 Civil de Andaluc韆 para introducir la posibilidad de adoptar los acuerdos por el procedimiento escrito con objeto de agilizar el proceso de la toma de decisiones atendiendo a la problem醫ica que presenta su funcionamiento ya que son 髍ganos con una composici髇 bastante numerosa, as� como al hecho que las funciones de deliberaci髇 y de decisi髇 sometidas est醤 sometidas a un plazo determinado de pronunciamiento, y al gran aumento de normas, planes y documentos t閏nicos sujetos a informe u homologaci髇 por parte de los aquellos.

En este mismo sentido se propone tambi閚 la derogaci髇 del Decreto 166/2005, de 12 de julio, por el que se crea el Registro de Coordinadores y Coordinadoras en materia de seguridad y salud con formaci髇 preventiva especializada en las obras de construcci髇, de la Comunidad Aut髇oma de Andaluc韆, para evitar trabas y situaciones de desventajas en algunos contratos p鷅licos de obra para aquellos coordinadores y coordinadoras no inscritos en el mismo, as� como en la exigibilidad de inscripci髇 o valoraci髇 como m閞ito en determinados procesos selectivos de algunas administraciones p鷅licas

La Ley 6/2018, de 9 de julio, del Cine de Andaluc韆, crea, en su art韈ulo 6, el Consejo Andaluz para el Cine como 髍gano colegiado participativo y consultivo de los previstos en el art韈ulo 20 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆, en materia de estrategia, derechos, pol韙icas p鷅licas y dem醩 asuntos relacionados con la creaci髇, distribuci髇, comercializaci髇 y exhibici髇 cinematogr醘ica y de la producci髇 audiovisual de Andaluc韆. En cumplimiento de lo previsto en el apartado 7 de dicho art韈ulo, por Decreto 545/2022, de 16 de noviembre, se regularon las funciones, composici髇 y funcionamiento del Consejo Andaluz para el Cine.

El elevado n鷐ero de miembros que integran tanto el Pleno del Consejo como su Comisi髇 Permanente, as� como el complejo procedimiento establecido para la selecci髇 de las vocal韆s, en especial, para aquellas vocal韆s representativas de las asociaciones, organizaciones o empresas del sector de la producci髇, creaci髇, distribuci髇 y exhibici髇 cinematogr醘ica y audiovisual, establecidas en el art韈ulo 6.l), del Decreto por el que se regulan las funciones, composici髇 y funcionamiento del Consejo Andaluz para el Cine, hace aconsejable la modificaci髇 de la Ley 6/2018, de 9 de julio, y del Decreto 545/2022, de 16 de noviembre, al objeto de disminuir el n鷐ero de miembros que componen ambos 髍ganos del Consejo simplificando el complejo proceso para su designaci髇, garantizando igualmente la celeridad y la eficacia de su funcionamiento.

As� mismo, se modifica el p醨rafo c) del art韈ulo 6.2 de la Ley 6/2018, de 9 de julio y el p醨rafo c) del art韈ulo 4.1 del Decreto 545/2022, de 16 de noviembre, en relaci髇 con las funciones a desarrollar por el Consejo Andaluz para el Cine, sustituyendo la obligaci髇 de elaborar un 鷑ico informe anual sobre la situaci髇 del cine y el audiovisual andaluz, por la posibilidad de realizar, en cualquier momento, estudios que tengan por objeto el an醠isis de los principales problemas que afecten al sector del cine y del audiovisual en Andaluc韆, adem醩 de la formulaci髇 de recomendaciones para la mejora de las pol韙icas p鷅licas. Igualmente, se sustituye la funci髇 atribuida al Consejo de emitir informes preceptivos sobre las disposiciones de desarrollo reglamentario de la Ley del Cine de Andaluc韆, por la toma en conocimiento sobre la tramitaci髇 de dichas disposiciones, con la idea de agilizar y simplificar la tramitaci髇 administrativa de esta normativa, dejando a salvo la posibilidad de participar a trav閟 del procedimiento establecido en el art韈ulo 45 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Aut髇oma de Andaluc韆.

Finalmente, se modifica el r間imen de reuniones del Pleno y de la Comisi髇 permanente del Consejo Andaluz para el Cine, sustituyendo para el Pleno la realizaci髇 de dos reuniones ordinarias anuales por una sola. Respecto a la Comisi髇 Permanente, desaparece la limitaci髇 respecto al r間imen de sesiones ordinarias trimestrales, permitiendo sus reuniones en cualquier momento siempre que as� lo disponga la Presidencia, a iniciativa propia o a petici髇 de la mitad de las Vocal韆s.

En materia de justicia juvenil, se suprime la Comisi髇 Andaluza de Centros de Internamiento de Menores Infractores, que fue creada por el Decreto 98/2015, de 3 de marzo, por el que se regula la organizaci髇, funcionamiento y caracter韘ticas de los Centros de Internamiento de Menores Infractores de Andaluc韆 y se crea la Comisi髇 Andaluza de Centros de Internamiento de Menores Infractores. La experiencia y evaluaci髇 del Sistema de Justicia Juvenil, resultado de m醩 de ocho a駉s de vigencia de esta norma, han permitido constatar c髆o las funciones en principio atribuidas a este 髍gano colegiado son desarrolladas por el 髍gano directivo central competente en materia de justicia juvenil, por lo que se aprecia una duplicidad organizativa que viene a quebrar el esp韗itu del art韈ulo 5 de la Ley 40/2015, de 1 octubre, del art韈ulo 22.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, y del art韈ulo 8.3 del Decreto 622/2019, de 27 de diciembre. En este sentido, es de significar que la Comisi髇 Andaluza de Centros de Internamiento de Menores Infractores solo se ha reunido en una ocasi髇 desde su creaci髇, ya que no se han producido actuaciones que justificaran su convocatoria.

Por otra parte, en materia de asistencia a v韈timas, se modifica el art韈ulo 5 del Decreto 331/2011, de 2 de noviembre, por el que se crea y regula el Consejo de Ayuda a las V韈timas del Terrorismo en Andaluc韆, para establecer la periodicidad anual de sus sesiones ordinarias, lo que sin duda contribuir� a mejorar la eficacia y la eficiencia en el funcionamiento de este 髍gano colegiado de apoyo y asesoramiento en materia de asistencia a v韈timas del terrorismo.

X

La Ley 10/2018, de 9 de octubre, Audiovisual de Andaluc韆, en el ejercicio de las competencias atribuidas a la Junta de Andaluc韆 por el Estatuto de Autonom韆 sobre los medios de comunicaci髇 social en el marco de la legislaci髇 b醩ica del Estado, vino a completar el r間imen jur韉ico audiovisual ya existente en la Comunidad Aut髇oma de Andaluc韆.

La Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicaci髇 Audiovisual, ha transpuesto al ordenamiento jur韉ico espa駉l la Directiva 2018/1808, atribuyendo al Estado la competencia para dictar las normas b醩icas del r間imen de radio y televisi髇 y, en general, de todos los medios de comunicaci髇 social, sin perjuicio de las facultades que en su desarrollo y ejecuci髇 correspondan a las Comunidades Aut髇omas, salvo el Cap韙ulo 5 del T韙ulo III, el T韙ulo VIII y la disposici髇 final cuarta que no tendr韆n car醕ter b醩ico. Como consecuencia de ello, es urgente en Andaluc韆 modificar aquellos preceptos que pudieran colisionar con las novedades introducidas por la Ley 13/2022, de 27 de julio, en aras de mantener la seguridad jur韉ica y mejorar la calidad regulatoria y la simplificaci髇 administrativa en un sector productivo como el audiovisual, de reconocida trascendencia y repercusi髇 en el 醡bito de la Comunidad Aut髇oma de Andaluc韆.

La novedad introducida en el art韈ulo 75 de la Ley 13/2022, de 27 de julio, relativa a la obligatoriedad de que las Entidades Locales gestionen de forma directa la prestaci髇 del servicio p鷅lico de comunicaci髇 audiovisual local, exige la modificaci髇 del art韈ulo 46 de la Ley Audiovisual de Andaluc韆.

En cuanto a la prestaci髇 de servicios de comunicaci髇 audiovisual por las entidades sin 醤imo de lucro, se modifica el apartado 1 de la disposici髇 transitoria sexta de dicho texto legal, atendiendo a lo dispuesto en la disposici髇 transitoria tercera de la Ley estatal. Partiendo de que la industria audiovisual representa en Andaluc韆 un sector productivo estrat間ico por su dinamismo y potencialidad de crear valor a馻dido en t閞minos econ髆icos, culturales y sociales e incuestionable capacidad de generar empleo, y su vinculaci髇 a las nuevas tecnolog韆s, son de urgente necesidad las medidas de agilizaci髇 de la tramitaci髇 de los procedimientos que sirvan para impulsar actuaciones para fomentar la actividad productiva en el sector de la comunicaci髇 audiovisual en la Comunidad Aut髇oma de Andaluc韆, eliminando trabas burocr醫icas e implantando medidas que favorezcan la consolidaci髇 de la actividad econ髆ica en el sector de la comunicaci髇 audiovisual en Andaluc韆, as� como de su actividad productiva relacionada.

En tal l韓ea de simplificaci髇 administrativa de los procedimientos y eliminaci髇 de trabas administrativas, se ha modificado el art韈ulo 30 de la Ley Audiovisual de Andaluc韆, de modo que las personas prestadoras de servicios de comunicaci髇 audiovisual de 醡bito auton髆ico y local tienen derecho a actualizar el proyecto audiovisual vinculado al t韙ulo habilitante que les autoriza a prestar el servicio. Respecto de las personas prestadoras privadas de car醕ter comercial, as� como de la p鷅licas locales, se han simplificado los extremos de determinadas obligaciones contenidas en los art韈ulos 36, y 37. Respecto del r間imen jur韉ico de los concursos para el otorgamiento de licencias de prestaci髇 de servicios de comunicaci髇 audiovisual, se ha modificado el art韈ulo 60, para adaptarlo a las novedades incorporadas por la Ley 13/2022, de 7 de julio, en su art韈ulo 26.1. En el r間imen sancionador, a fin de no colisionar con la normativa b醩ica estatal, se realizan las modificaciones oportunas relativas al plazo m醲imo para notificar la resoluci髇 expresa del procedimiento sancionador.

En base al principio de seguridad jur韉ica, se adapta el Decreto 96/2017, de 27 de junio, por el que se regula la coordinaci髇 de la estrategia de imagen institucional de la Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆, a las competencias que actualmente tiene asignadas la Direcci髇 General de Comunicaci髇 Social al amparo del art韈ulo 11 del Decreto 152/2022, de 9 de agosto, por el que se establece la estructura org醤ica de la Consejer韆 de la Presidencia, Interior, Di醠ogo Social y Simplificaci髇 Administrativa. Asimismo, con la finalidad de simplificar y homogeneizar el procedimiento de informe de las acciones de comunicaci髇 institucional, se unifica la metodolog韆 a seguir, a trav閟 de una misma aplicaci髇 inform醫ica por la que se canalicen todas las solicitudes de informe en la materia, y se mejoran los modelos de solicitud, para lo que se hace necesario la modificaci髇 del Decreto 96/2017, de 27 de junio, y de la Orden de 4 de octubre de 2018, por la que se regula la emisi髇 de los informes correspondientes a las acciones de comunicaci髇 institucional de la Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆.

Se modifica el apartado 9 del art韈ulo 5 de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espect醕ulos P鷅licos y Actividades Recreativas, ya que su primer p醨rafo dispone que corresponder� a los 髍ganos de la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma 獿as funciones de polic韆 de espect醕ulos p鷅licos y actividades recreativas, sin perjuicio de las que correspondan a los municipios, as� como la inspecci髇 y control de los establecimientos p鷅licos destinados a la celebraci髇 de espect醕ulos y actividades recreativas sujetas a la intervenci髇 de la Administraci髇 auton髆ica�. El p醨rafo segundo del mismo apartado trasciende este precepto, generalizando la posibilidad de que la Junta de Andaluc韆 pueda inspeccionar cualquier establecimiento p鷅lico cuya apertura sea de la exclusiva competencia municipal y que albergue espect醕ulos o actividades no sujetos a autorizaci髇 auton髆ica, sobre la base de un requisito, como es el del aforo, que no solo no restringe las competencias de apertura municipales, sino que adem醩 no otorga ninguna atribuci髇 a la Junta de Andaluc韆 a efectos de intervenir en dicha apertura, vulnerando as� no solo la autonom韆 local, sino tambi閚 el principio 玼na administraci髇, una competencia�. Se hace por tanto necesario eliminar este p醨rafo segundo del apartado 9 del art韈ulo 5 de dicha ley, ya que no existe justificaci髇 alguna para mantener esta competencia concurrente con los municipios, de inspecci髇 y control directo auton髆ico de establecimientos p鷅licos basados exclusivamente en motivos de aforo, siendo suficiente con la existencia de los supuestos de actuaci髇 auton髆ica subsidiaria previstos en el apartado 11 del art韈ulo 5 de la propia Ley 13/1999, de 15 de diciembre, sin perjuicio de las actuaciones de vigilancia policial ordinaria.

No se puede obviar que esta modificaci髇 supone una importante reducci髇 de cargas derivadas de la actividad burocr醫ica de las Administraciones P鷅licas por cuanto supone ahorrar costos innecesarios para la ciudadan韆. La eliminaci髇 contribuye en un alto grado por tanto a la simplificaci髇 administrativa, entendida 閟ta como eliminaci髇 de tr醡ites o actuaciones innecesarias que repercuten negativamente en la ciudadan韆, ya que requerir韆n de su doble intervenci髇 y por tanto doble carga administrativa: ante la Administraci髇 Local y ante la Administraci髇 Auton髆ica.

El apartado 13 del art韈ulo 5 de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, dispone que corresponder� a los 髍ganos de la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma 獻nformar preceptivamente los proyectos de disposiciones municipales que incidan en los horarios de apertura y cierre de los establecimientos p鷅licos sometidos al 醡bito de la presente Ley, en los casos en que el Ayuntamiento sea competente para regular los mismos�. Se hace necesario eliminar este apartado por cuanto si el Ayuntamiento ostenta la competencia para regular los horarios de apertura y cierre de los establecimientos p鷅licos mismos sometidos al 醡bito de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, no se debe exigir informe preceptivo de otra Administraci髇 P鷅lica, ya que se vulneran la autonom韆 local, el principio 玼na administraci髇, una competencia� y las directrices vigentes en materia de simplificaci髇 administrativa.

A continuaci髇, interesa hacer referencia a la modificaci髇 del art韈ulo 2 del Decreto 174/2017, de 24 de octubre, por el que se establece el plazo m醲imo de resoluci髇 y notificaci髇, as� como el porcentaje aplicable a las sanciones pecuniarias de los procedimientos sancionadores en materia de animales de compa耥a, incluidos los potencialmente peligrosos, as� como de la Ley 9/2001, de 12 de julio, por la que se establece el sentido del silencio administrativo y los plazos de determinados procedimientos como garant韆s para los ciudadanos, mediante la incorporaci髇 del procedimiento sancionador en materia de animales de compa耥a, incluidos los considerados potencialmente peligrosos, como un nuevo procedimiento con plazo de resoluci髇 y notificaci髇 superior a seis meses en el Anexo I de la referida ley.

La experiencia desde la entrada en vigor de esta norma ha puesto en evidencia la insuficiencia del plazo de seis meses para la instrucci髇, resoluci髇 y notificaci髇 en estos procedimientos sancionadores, provocando que tengan que iniciarse nuevos procedimientos habida cuenta que la infracci髇 normalmente no ha prescrito en ese plazo, lo que implica mayor carga para el administrado, con un nuevo proceso y m醩 tr醡ites, lo que contraviene el principio de simplificaci髇 y agilizaci髇 administrativa, incidiendo negativamente en la calidad regulatoria. Debe tenerse adem醩 en cuenta que la entrada en vigor de la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protecci髇 de los derechos y el bienestar de los animales, ley estatal que tiene car醕ter de legislaci髇 b醩ica, ampl韆 el concepto de animal de compa耥a a todo animal dom閟tico o silvestre en cautividad, mantenido por el ser humano, siempre que su tenencia no tenga como destino su consumo o el aprovechamiento de sus producciones, cualquier uso industrial o cualquier otro fin comercial o lucrativo y que pertenezca a una especie que est� incluida en el listado positivo de animales de compa耥a, lo que eleva en un alto porcentaje, hasta ahora dif韈il de determinar, los animales sobre los que se podr醤 cometer infracciones que originen la apertura de procedimientos sancionadores, lo que adem醩 de suponer un efectivo colapso administrativo por el ingente n鷐ero de expedientes, redundar� tambi閚 en perjuicio del propio administrado, que puede ver c髆o reiteradamente se inician nuevos procedimientos sancionadores por los mismos hechos, imponi閚dose aqu� por tanto razones de extraordinaria y urgente necesidad para modificar este aspecto, extendiendo a 12 meses el plazo de caducidad desde el acuerdo de inicio.

Se entiende por tanto que se dan los presupuestos necesarios para considerar que existe una urgente y extraordinaria necesidad. El Decreto-ley es una herramienta adecuada para paliar coyunturas problem醫icas de colapso administrativo y duplicidades de actuaci髇, as� como sus graves efectos sobre la ciudadan韆, tal como ocurre en la situaci髇 actual, tras una grave crisis econ髆ica y una pandemia, y para la propia Administraci髇.

En el 醡bito de las competencias actuales de la Consejer韆 con competencias en Presidencia, se considera que el procedimiento actual de reconocimiento de la Comunidades Andaluzas, regulado en la Ley 8/2006, de 24 de octubre, se ha estimado que es muy complejo y dif韈il. Las Comunidades Andaluzas en el exterior suponen una herramienta muy valiosa para el desarrollo de la identidad andaluza en el exterior, el acercamiento de la realidad de Andaluc韆 m醩 all� de los l韒ites que impone el territorio, as� como para atender a los andaluces que viven en otras comunidades aut髇omas y en otros pa韘es. El Gobierno andaluz, partiendo del reconocimiento de este importante papel, tiene el compromiso de potenciar la creaci髇 y funcionamiento de estas entidades, para lo cual resulta necesario acometer una simplificaci髇 de la regulaci髇 del procedimiento para el reconocimiento de una entidad como Comunidad Andaluza.

Por tanto, se plantea la simplificaci髇 del procedimiento mediante la supresi髇 de tr醡ites que no aportan valor a馻dido y suponen dilaciones del mismo, as� como la desconcentraci髇 de competencias en 髍ganos jer醨quicamente dependientes, mediante la supresi髇 de la audiencia previa de la coordinadora o federaci髇 del 醡bito territorial correspondiente y otorgando a la persona titular de la Consejer韆 competente en la materia la competencia para la aprobaci髇 del reconocimiento y cancelaci髇 como Comunidad Andaluza. Todo ello redundar� sin duda en una reducci髇 del tiempo medio de resoluci髇 del procedimiento de reconocimiento.

La urgencia de esta modificaci髇 viene determinada por la contribuci髇 que la misma tendr� en el incremento de la eficiencia en el funcionamiento de la Administraci髇 andaluza para atender las necesidades de los andaluces que viven fuera de nuestro territorio, ya que contribuir� sin duda a la reducci髇 de las cargas de trabajo que supone el procedimiento y a la indudable reducci髇 de los plazos de resoluci髇 que llevar� aparejada, incrementando adem醩 la seguridad jur韉ica, teniendo en cuenta que se trata de una petici髇 reiterada por las Comunidades Andaluzas que no debe demorarse m醩.

Por los motivos antes descritos, se considera que la cancelaci髇 del reconocimiento de una Comunidad Andaluza tiene que seguir el mismo procedimiento que el de reconocimiento en s�.

Por 鷏timo, se modifica el Decreto-ley 4/2019, de 10 de diciembre, para el fomento de iniciativas econ髆icas mediante la agilizaci髇 y simplificaci髇 administrativas en la tramitaci髇 de proyectos y su declaraci髇 de inter閟 estrat間ico para Andaluc韆, para la creaci髇 de una unidad aceleradora de proyectos de inter閟 estrat間ico y por el que se modifica la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenaci髇 del Territorio de la Comunidad Aut髇oma de Andaluc韆, y la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenaci髇 Urban韘tica de Andaluc韆. En dicho Decreto-ley se cre� la denominada Unidad Aceleradora de Proyectos de Inter閟 Estrat間ico en Andaluc韆 (en adelante, UAP), que tiene funciones de impulso y coordinaci髇 de los proyectos de inversi髇 que se declaren de inter閟 estrat間ico por la Comisi髇 Delegada para Asuntos Econ髆icos. Con la creaci髇 de la UAP se trat� de dar respuesta urgente a una situaci髇 de crisis econ髆ica.

Posteriormente, a trav閟 del Decreto-ley 14/2020, de 26 de mayo, por el que se establecen con car醕ter extraordinario y urgente medidas para la reactivaci髇 del sector de la hosteler韆, restauraci髇, ocio y esparcimiento, se adoptan las medidas de apoyo a las entidades locales necesarias para contribuir a la apertura de playas seguras y otras medidas econ髆icas y tributarias, ante la situaci髇 de alerta sanitaria generada por el coronavirus (COVID-19), articul�, a trav閟 de la redacci髇 del art韈ulo 8.5 del Decreto-ley 4/2019, una segunda v韆 de asignaci髇 de proyectos a la UAP. As�, la Comisi髇 General de Viceconsejeros y Viceconsejeras, a propuesta de la Consejer韆 competente en la materia, podr韆 acordar la asignaci髇 a la UAP de todas aquellas iniciativas que por su importancia o naturaleza contribuyan al logro de los objetivos b醩icos de la Comunidad Aut髇oma de Andaluc韆 establecidos en el art韈ulo 10 del Estatuto de Autonom韆 para Andaluc韆.

Con la modificaci髇 del Decreto-ley, se pretende mejorar la regulaci髇 de la UAP, proporcionando claridad a las entidades promotoras en lo relativo al procedimiento de asignaci髇 de proyectos, y a la vez depurar los criterios de selecci髇 de estos, de manera que las iniciativas empresariales asignadas a la UAP resulten ser aquellas que m醩 y mejores beneficios econ髆icos y sociales puedan aportar a Andaluc韆.

Desde la entrada en vigor del Decreto 68/2012, de 20 de marzo, de ordenaci髇 del Bolet韓 Oficial de la Junta de Andaluc韆, el formato oficial y aut閚tico del Bolet韓 Oficial de la Junta de Andaluc韆 es el electr髇ico, lo que permite su difusi髇 como servicio p鷅lico universal y gratuito, libremente accesible en redes abiertas de telecomunicaci髇.

Hoy en d韆, es preciso tener en cuenta el incremento continuo de ataques cibern閠icos cada vez m醩 agresivos. Las experiencias recientes ocurridas en otras administraciones han puesto de manifiesto la peligrosidad de estos ataques capaces de colapsar el funcionamiento de los servicios p鷅licos y de poner en riesgo la privacidad de la ciudadan韆, con el consiguiente descr閐ito y perjuicio econ髆ico. La prevenci髇 de estos ataques, as� como la mitigaci髇 de sus efectos requiere de un mecanismo 醙il de aprobaci髇 y de difusi髇 de cuantas disposiciones sean necesarias, para la salvaguarda los derechos de los ciudadanos y de la debida transparencia. As�, la publicaci髇 de boletines complementarios o extraordinarios puede ser esencial para informar a la poblaci髇 y para dictar la normativa que proceda con las debidas garant韆s.

La ciudadan韆 espera que la Administraci髇 ofrezca todos sus servicios a trav閟 de medios digitales, y que estos servicios sean f醕iles de usar, r醦idos y 鷗iles. La Administraci髇 tiene la obligaci髇 de culminar su digitalizaci髇 plena, contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de la ciudadan韆 y a la riqueza econ髆ica de Andaluc韆.

La redefinici髇 del concepto de BOJA resulta fundamental para avanzar de manera decidida, homog閚ea y significativa en el ejercicio de los derechos de la ciudadan韆 a trav閟 de medios electr髇icos y las obligaciones de la Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆 para su pleno funcionamiento electr髇ico, y para facilitar el conocimiento oficial de las normas, actos administrativos y otros documentos emanados de las instituciones, 髍ganos y entidades en el 醡bito de la Junta de Andaluc韆 y as� el cumplimiento de los mismos. En este sentido, se plantea una redefinici髇 del concepto de BOJA denominado BOJA 3.0, y que se enfoca hacia la consolidaci髇 e impulso de los servicios que bien prestando y el desarrollo e implantaci髇 de otros nuevos elementos y servicios como puede ser la Inteligencia artificial facilitando la asistencia a la ciudadan韆 y la gesti髇 electr髇ica de los procedimientos.

Por ello se considera urgente modificar la regulaci髇 del BOJA, redefiniendo su concepto a los nuevos objetivos estrat間icos de la Estrategia Digital de Andaluc韆. Boja 3.0 implica pues la prestaci髇 a la ciudadan韆 de unos servicios m醩 din醡icos contemplando la creaci髇 del concepto de 玝olet韓 complementario�, basado en las series I (Isolated) del DOUE, que permite una gran flexibilidad y dinamismo a la hora de publicar textos que, sin tener la condici髇 de la excepcionalidad prevista en el art韈ulo 8.2 del Decreto 188/2018, de 9 de octubre, de ordenaci髇 del Bolet韓 Oficial de la Junta de Andaluc韆 no pudieron ser planificados en el bolet韓 ordinario de un determinado d韆, siendo necesaria su publicaci髇.

Desde el 醡bito de prevenci髇 y lucha contra los incendios forestales, la adaptaci髇 de la normativa auton髆ica a los preceptos establecidos en la nueva redacci髇 de la Ley 43/2003, de Montes, es urgente realizarla antes del comienzo de la presente campa馻 de riesgo alto de incendios forestales para reforzar las medidas preventivas con relaci髇 al uso del fuego.

Igualmente, es preciso acometer la regulaci髇 legal de las quemas prescritas como herramienta de gesti髇 del territorio y formaci髇 del dispositivo humano del operativo de lucha contra incendios forestales, dado que actualmente no tiene su adecuado reflejo en la normativa vigente, y su uso es cada vez m醩 habitual en la gesti髇 de las masas forestales. Su pronta aprobaci髇 permitir� ejecutar de manera m醩 醙il una mayor superficie de quemas prescritas por parte del dispositivo INFOCA, en un a駉 hidrol骻ico especialmente delicado en precipitaciones, y abordar el m醲imo posible de actuaciones preventivas antes del comienzo de la 閜oca de riesgo alto de incendios, que comienza el d韆 1 de junio del corriente a駉.

La proximidad de las 閜ocas de peligro medio y altos en los pr髕imos meses con mayor riesgo de incendios forestales, debido a la combinaci髇 del aumento de las altas temperaturas y la falta de precipitaciones del presente a駉 hidrol骻ico, unido a la extraordinaria falta de precipitaciones hace imprescindible que no se demore la adopci髇 de medidas que conducen a una regulaci髇 del uso del fuego m醩 eficiente, antes de que comiencen las 閜ocas de peligro medio y alto a partir de 1 de mayo, teniendo, en este sentido, justificaci髇 la utilizaci髇 de la figura del Decreto-ley.

La modificaci髇 clarifica el escenario del uso del fuego en la Comunidad Aut髇oma de Andaluc韆, como consecuencia de la promulgaci髇 de la Ley 30/2022, de 23 de diciembre, por el que se regulan el sistema de gesti髇 de la Pol韙ica Agr韈ola Com鷑 y otras materias conexas, que modificaba el art韈ulo 27.3 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una econom韆 circular, dando igualmente acompa馻miento a la Orden de 13 de diciembre de 2023, por la que se autoriza la quema de restos vegetales generados en el 醡bito agr韈ola en aplicaci髇 de la Ley 7/2022, de 8 de abril.

Tambi閚 se adapta los preceptos preventivos en el uso del fuego al nuevo marco establecido en el Real Decreto-ley 15/2022, de 1 de agosto, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de incendios forestales y que modificaba la Ley 43/2003, de 21 de noviembre. La nueva regulaci髇 viene a establecer un r間imen m醩 醙il, eficiente y seguro en el uso del fuego en la Comunidad Aut髇oma de Andaluc韆 que vendr� a mitigar el riesgo de incendios forestales.

Finalmente, se pretende la simplificaci髇 de los procedimientos administrativos para autorizaciones excepcionales en el uso del fuego y actividades susceptibles de ser generadoras de riesgo de incendio, mediante la implantaci髇, en aquellos casos que sea posible, de la figura de la declaraci髇 responsable, agilizando de esta forma el funcionamiento de la administraci髇 y facilitando los tr醡ites necesarios para la ciudadan韆. Con el nuevo procedimiento se resolver� la tramitaci髇 de m醩 de cincuenta mil expedientes que actualmente se tramitan por el procedimiento de autorizaci髇, haciendo garante y corresponsables a los titulares de explotaciones forestales, de la puesta en pr醕tica de medidas preventivas de car醕ter inmediato desde la publicaci髇 de la norma.

La modificaci髇 del art韈ulo 51 de la Ley 5/1999, de 29 de junio, de prevenci髇 y lucha contra los incendios forestales, a los efectos de promover la reforestaci髇 de terrenos afectados por incendios forestales y que estas actuaciones puedan ser reconocidas como proyectos de absorci髇 de emisiones a los efectos previstos en el art韈ulo 37 de la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio clim醫ico y para la transici髇 hacia un modelo energ閠ico en Andaluc韆.

Se modifica por ello el Reglamento de Prevenci髇 y Lucha contra los Incendios Forestales, aprobado por el Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, cuyo T韙ulo IV se dedica a la lucha contra incendios.

En lo referente a los usos y actividades permitidos en terrenos forestales y zona de influencia forestal, el T韙ulo III del reglamento regula el empleo del fuego en actividades agrarias en zona de influencia forestal, estableciendo la obtenci髇 de la correspondiente autorizaci髇 administrativa, como requisito previo para poder desarrollar la actividad en terrenos forestales y zonas de influencia forestal. El procedimiento actual de autorizaci髇 establecido para dichas zonas es lento y sus plazos no se ajustan a la realidad que impone la propia actividad agr韈ola, suponiendo, tanto para el interesado como para la administraci髇, una carga burocr醫ica escasamente eficiente.

Por otro lado, el reglamento establece para las quemas agr韈olas realizadas fuera de la zona de influencia forestal, la comunicaci髇 como r間imen habitual de obtenci髇 del derecho a realizar la quema. El tiempo y la experiencia han puesto de manifiesto una utilidad limitada de dichas comunicaciones de quema, generando una mayor carga burocr醫ica para la administraci髇, as� como para la ciudadan韆. Por tanto, se considera adecuado circunscribir el control administrativo de las quemas sobre aquellas a realizar en terrenos forestales y zonas de influencia forestal, por ser aquellas que representan un mayor riesgo de generaci髇 de incendio.

Por ello, la regulaci髇 de los nuevos procedimientos, atendiendo a los principios de simplificaci髇 y eficacia administrativa, introduce la declaraci髇 responsable de quemas en aquellos casos en los que as� sea posible, haciendo copart韈ipes a personas y entidades en la responsabilidad de la custodia de las superficies forestales y en la seguridad de las personas y animales, interfiriendo lo menos posible en la esfera de libertad de aqu閘las.

Las quemas prescritas, desarrolladas conforme a una serie de prescripciones t閏nicas, juegan un papel m鷏tiple, garantizando la formaci髇 de los operativos de extinci髇, contribuyendo al sostenimiento de algunos usos agropecuarios y al mantenimiento de determinados ecosistemas mediterr醤eos que requieren la presencia del fuego, as� como facilitando la gesti髇 eficiente del riesgo estructural en zonas vulnerables ante grandes incendios forestales.

Por 鷏timo hay que referirse a las competencias que la Comunidad Aut髇oma de Andaluc韆 ostenta en materia de cooperaci髇 internacional al desarrollo de conformidad con los art韈ulos 10.3.23.� y 245 del Estatuto de Autonom韆 para Andaluc韆.

En este 醡bito, es de extraordinaria y urgente necesidad que la Ley andaluza de cooperaci髇 incluya la previsi髇 legislativa que ha dispuesto el legislador estatal mediante la disposici髇 adicional tercera de la Ley 1/2023, de 20 de febrero, de Cooperaci髇 para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, en lo que se refiere a la no exigencia del inter閟 de demora para los reintegros, devoluciones y remanentes no aplicados en el 醡bito de las subvenciones y ayudas de la cooperaci髇 internacional para el desarrollo.

A este respecto, se modifica la Ley 14/2003, de 22 de diciembre, de Cooperaci髇 Internacional para el Desarrollo, introduciendo una disposici髇 adicional 鷑ica y una disposici髇 transitoria 鷑ica que permitan la adecuada aplicaci髇, que elimine cualquier duda o interpretaci髇, tanto para la Administraci髇 como para el administrado y d� cumplimiento a la inequ韛oca voluntad del legislador estatal de no exigencia, en per韔do voluntario, del inter閟 de demora que se liquida junto con el reintegro. Asimismo, dadas las peculiaridades de la cooperaci髇 internacional al desarrollo, se efect鷄 remisi髇 a la legislaci髇 estatal en la materia en t閞minos de supletoriedad, contribuyendo as� a la mejora regulatoria y a la simplificaci髇 administrativa, en t閞minos de eficiencia, eficacia y econom韆 legislativa.

XI

Se aborda la modificaci髇 del Decreto-ley 3/2021, de 16 de febrero, por el que se adoptan medidas de agilizaci髇 administrativa y racionalizaci髇 de los recursos para el impulso a la recuperaci髇 y resiliencia en el 醡bito de la Comunidad Aut髇oma de Andaluc韆. En el momento de dictarse el Decreto-ley 3/2021, de 16 de febrero, Andaluc韆 ten韆 por delante en esta nueva era 玴ost pandemia� uno de los retos m醩 importantes de la historia reciente: la reconstrucci髇 tras la crisis provocada por la pandemia y la transformaci髇 de la econom韆 en los pr髕imos a駉s.

Hoy en d韆 dicho reto no solo se mantiene, sino que las circunstancias econ髆icas lo han hecho m醩 complejo de alcanzar. El estallido de la guerra de Ucrania y el incremento de los precios de todo tipo de recursos y por ende de los suministros y de los servicios, ha generado un aumento de los costes de producci髇 que se ha trasladado finalmente a la inflaci髇 general de la econom韆 espa駉la y andaluza. Estas presiones inflacionistas est醤 ejerciendo un efecto negativo sobre la tan ansiada recuperaci髇 econ髆ica.

En este reto las licitaciones p鷅licas van a jugar un papel esencial, especialmente en lo que a la ejecuci髇 de los fondos europeos se refiere. Y por ello se requiere que las licitaciones p鷅licas sean lo m醩 醙iles y eficaces posible, manteniendo las garant韆s y controles que exige el marco normativo comunitario, la transparencia, seguridad y buena administraci髇.

De ah� que se ampl韊 la aplicaci髇 de las medidas contenidas en el Cap韙ulo IV del Decreto-ley 3/2021, de 16 de febrero, a todas las licitaciones y encargos a medios propios personificados, con independencia de si se financian con fondos europeos o con fondos propios, siempre y cuando dichas contrataciones o encargos vayan dirigidas directa o indirectamente a la gesti髇, soporte, apoyo, asistencia t閏nica y ejecuci髇 de proyectos y actuaciones financiadas con los fondos establecidos en el apartado 2 del art韈ulo 2 del citado Decreto-ley.

Asimismo, tal como puso de manifiesto el Consejo Consultivo de Andaluc韆 en su comunicaci髇 de fecha 16 de enero de 2023, es necesario introducir un plazo para la instrucci髇, resoluci髇 y notificaci髇 de los procedimientos de resoluci髇 contractual por los 髍ganos auton髆icos y locales, lo que se hace mediante la incorporaci髇 de un art韈ulo al presente Decreto-ley y la consiguiente disposici髇 transitoria. Y ello porque el Tribunal Constitucional declar� contrario al orden constitucional y, por tanto, solo aplicable a la Administraci髇 General del Estado, el fijado en el art韈ulo 212.8 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector P鷅lico, por la que se transponen al ordenamiento jur韉ico espa駉l las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. El plazo que se fija asegura que se pueda tramitar el procedimiento, el cual cuenta con numerosos tr醡ites. Todo ello en garant韆 de los contratistas, sin riesgo de que se produzca la caducidad y archivo del expediente, lo que conllevar韆 como consecuencia el tener que volver a tramitar el procedimiento.

Continuando con la materia contractual, se introducen o en su caso modifican diversos art韈ulos del Decreto 39/2011, de 22 de febrero, por el que se establece la organizaci髇 administrativa para la gesti髇 de la contrataci髇 de la Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆 y sus entidades instrumentales.

En primer lugar, se modifica el art韈ulo 55 de dicha norma reglamentaria, a efectos de agilizar el funcionamiento de las mesas evitando tramitaciones de procedimientos paralelos, como es el orientado a la obtenci髇 de un bastanteo de poderes, cuando dicha diligencia puede ser efectuada por el miembro de la mesa que tiene encomendada las funciones de asesoramiento en Derecho

En segundo lugar se a馻de un nuevo art韈ulo en dicha norma reglamentaria, orientado a introducir nuevas medidas de agilizaci髇 de procedimientos de escasa cuant韆 autofinanciados y abonados en un 鷑ico pago mediante el sistema de anticipos de caja fija u otro similar, sin disminuir el control del gasto, aplicando adem醩 un criterio homog閚eo de actuaci髇, de manera que se reduce la carga administrativa de estos contratos, pudiendo repercutir en mejorar la asignaci髇 de recursos en otros procedimientos contractuales que lo requieran.

Se incluye tambi閚 en el Decreto 39/2011, de 22 de febrero, un precepto relativo a la constituci髇 de garant韆s definitivas mediante retenci髇 del precio que permitir� a las personas contratistas optar por esta modalidad de garant韆 en lugar de recurrir a avales bancarios o seguros de cauci髇, entre otros, cuya constituci髇 genera carga burocr醫ica y lleva aparejados costes financieros para las empresas.

Otro de los preceptos que se a馻den, hace referencia a los certificados de buena ejecuci髇 de subcontratistas. Desde un punto de vista pr醕tico las Pymes, que desempe馻n un papel fundamental en la econom韆 andaluza, participan frecuentemente en las contrataciones p鷅licas como subcontratistas de una empresa adjudicataria principal. Mediante la implantaci髇 de la medida que se incluye se pretende facilitar la acreditaci髇 de su solvencia a efectos de permitir precisamente su participaci髇 directa en licitaciones p鷅licas, fomentando con ello el acceso de las Pymes a este importante mercado y generando una competencia m醩 intensa, lo que ofrecer� a los poderes adjudicadores una mejor relaci髇 calidad-precio y permitir� a estas empresas desarrollar su potencial de crecimiento e innovaci髇 con el consiguiente efecto positivo de mejora del clima de negocios y refuerzo del mercado interior espa駉l y de la econom韆 andaluza.

Por 鷏timo, en el 醡bito de la contrataci髇, se modifica el Decreto 332/2011, de 2 de noviembre, por el que se crea el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andaluc韆. El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andaluc韆 se ha erigido en la Comunidad Aut髇oma como 髍gano administrativo especializado que aglutina la mayor韆 de los recursos especiales que en materia de contrataci髇 se resuelven en dicha circunscripci髇 territorial, dando respuesta en un breve plazo de tiempo, a las cuestiones litigiosas suscitadas en el seno de los numerosos procedimientos de licitaci髇 tramitados no solo por la Junta de Andaluc韆 y sus entidades con personalidad jur韉ica independiente consideradas poderes adjudicadores, sino tambi閚 de la mayor韆 de entidades locales de Andaluc韆, sus poderes adjudicadores, as� como de las diez Universidades p鷅licas andaluzas que existen en la actualidad.

El incremento exponencial de las licitaciones que ha supuesto la puesta en funcionamiento del Mecanismo de Recuperaci髇 ha dado lugar a un correlativo incremento de la litigiosidad y, por tanto, de los recursos especiales en materia de contrataci髇 sometidos al conocimiento del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andaluc韆 pudiendo cifrarse en un aumento del 25% respecto al ejercicio 2020.

Por ello, con la intenci髇 de clarificar el r間imen normativo, adapt醤dose el Decreto 332/2021, de 2 de noviembre, a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, que no se encontraba vigente a la fecha de aprobaci髇 de dicho Decreto y con la finalidad de racionalizaci髇 e incentivo de la 醙il gesti髇 del Tribunal Administrativo se modifica el art韈ulo 10 del Decreto 332/2011, de 2 de noviembre, para introducir un segundo p醨rafo al apartado tercero que impone la obligatoriedad de suscribir un convenio con car醕ter previo en el que se contemple, en su caso, la compensaci髇 que proceda para sufragar los gastos de la carga adicional al que se condicione la competencia del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andaluc韆 para resolver el recurso especial, cuando el mismo se interponga frente a actos emanados de entidades locales de Andaluc韆 que tengan reconocida legalmente la facultad autoorganizativa de crear sus propios 髍ganos especializados, esto es, Diputaciones Provinciales y municipios de gran poblaci髇.

La segunda medida supone regular un complemento por desempe駉 que se corresponda con el incremento de exigencia para el personal que compone el 髍gano colegiado y para incentivar la resoluci髇 en el limitado plazo fijado legalmente de los recursos especiales a pesar del incesante, progresivo y exponencial aumento de aquellos, a駉 tras a駉. Es conveniente recordar que el plazo de resoluci髇 ordinario es muy limitado (dos meses). A ello se une que recientes normas con rango de ley han establecido nuevas medidas (despacho y resoluci髇 preferente y menores plazos) orientadas a agilizar m醩 si cabe, y cuando la fuente de financiaci髇 es comunitaria, la respuesta de los tribunales de recursos contractuales, incrementando el nivel de exigencia para el personal funcionario que compone el 髍gano colegiado.

El incentivo retributivo no es algo novedoso pues est� contemplado expresamente como medida agilizadora en el Decreto-ley 3/2021, de 16 de febrero, cuya disposici髇 adicional primera prev� que el personal que participe en la gesti髇 de proyectos financiables con fondos europeos, as� como en cualquier actividad de la Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆 relacionada con aquellos proyectos (esto es sin duda alguna lo que hacen los miembros del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andaluc韆, al resolver con prontitud los recursos que afectan a licitaciones financiadas con dichos fondos) podr� percibir productividades y gratificaciones extraordinarias sujetas al grado de cumplimiento de los objetivos, en funci髇 de su contribuci髇 personal al cumplimiento de estos resultados y de acuerdo con la normativa presupuestaria vigente.

La urgencia y necesidad de esta medida resulta del hecho de que otras, como podr韆 ser la modificaci髇 del propio Decreto para ampliar la composici髇 del 髍gano colegiado o la estructura del Tribunal, exigir韆 la correlativa modificaci髇 de su relaci髇 de puestos de trabajo, lo cual implica una tramitaci髇 administrativa prolongada en el tiempo.

Igualmente, por razones de coherencia con las actuales competencias de la Consejer韆 de Econom韆, Hacienda y Fondos Europeos, se modifica el art韈ulo 4 del referido Decreto-ley 3/2021, de 16 de febrero, para atribuir la Presidencia del Comit� T閏nico para el seguimiento de la ejecuci髇 de los Fondos Europeos a la persona titular de la Secretar韆 General competente en materia de Fondos Europeos. Asimismo, si la Presidencia del Comit� T閏nico corresponde a la persona titular de la Secretar韆 General competente en materia de Fondos Europeos, el personal funcionario que se designe por la misma para formar parte de los grupos de trabajo del Comit� debe estar adscrito a la Consejer韆 competente en materia de Fondos Europeos, no en materia de Hacienda. Se incorpora al mismo lo que ya fue establecido en el Acuerdo de la Comisi髇 Delegada para la Estabilidad Presupuestaria y la Sostenibilidad Financiera, sobre determinaci髇 del n鷐ero de miembros del Comit� T閏nico para el seguimiento de la ejecuci髇 de los Fondos Europeos, adoptado con fecha 27 de abril de 2021, seg鷑 el cual las personas titulares de las Secretar韆s Generales T閏nicas de todas las Consejer韆s de la Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆 ser醤 miembros del Comit� T閏nico para el seguimiento de la ejecuci髇 de los Fondos Europeos. Por 鷏timo, se aprovecha la modificaci髇 de dicho art韈ulo para introducir cambios como consecuencia de los distintos Decretos de estructura.

Por otra parte, a fin de guardar la debida coherencia con la modificaci髇 del art韈ulo 35 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y financieras, se modifica el art韈ulo 36.1 del Decreto-ley 3/2021, de 16 de febrero, por el que se adoptan medidas de agilizaci髇 administrativa y racionalizaci髇 de los recursos para el impulso a la recuperaci髇 y resiliencia en el 醡bito de la Comunidad Aut髇oma de Andaluc韆, adaptando el informe de la Direcci髇 General de Presupuestos en la tramitaci髇 de la aprobaci髇 de las bases reguladoras de subvenciones financiables con fondos europeos a los casos previstos en el art韈ulo 35 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre.

Tambi閚 se modifica sustancialmente el texto refundido de la Ley General de la Hacienda P鷅lica de la Junta de Andaluc韆, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo. Estas modificaciones normativas tienen por denominador com鷑, establecer las condiciones legales para agilizar los procedimientos de ejecuci髇 presupuestaria mediante la simplificaci髇 de estos por medio de la identificaci髇 de las competencias de ejecuci髇 presupuestaria del gasto con las propias de la gesti髇 administrativa de la que derivan. Con ello, se elimina no solo la necesidad de firmar los documentos contables que reflejen la ejecuci髇 presupuestaria del gasto, sino tambi閚 los propios actos de ejecuci髇 presupuestaria en sentido estricto, cuya eficacia quedar� subsumida en los actos de gesti髇 administrativa que la conlleven. El impacto de esta modificaci髇 se traduce, en la pr醕tica, en una reducci髇 significativa del n鷐ero de firmas de actos espec韋icos de ejecuci髇 presupuestaria del gasto y de documentos contables.

La simplificaci髇 administrativa que se persigue se pondr� de manifiesto en la simbiosis que se producir� entre los procedimientos de gesti髇 administrativa correspondientes de los que nacen las obligaciones econ髆icas a cargo de la Hacienda P鷅lica auton髆ica, y los procedimientos de gesti髇 presupuestaria necesarios para la realizaci髇 de los gastos que su cumplimiento implicar�, alcanzando tal interrelaci髇 su punto m醲imo mediante la fusi髇 de ambos procedimientos en uno solo, de modo que las actuaciones formales a realizar se reducir醤 una vez que se evitar� tambi閚 la intervenci髇 de distintos 髍ganos.

El actual art韈ulo 52 de dicho texto legal, relativo a la gesti髇 de los gastos, incluye en su redacci髇, tanto normas sobre la competencia de dicha gesti髇, como normas procedimentales de la misma. Por este motivo, y para evitar que con las modificaciones propuestas la extensi髇 del art韈ulo fuese excesivamente largo, se ha optado por separar las normas de la gesti髇 de los gastos en dos art韈ulos, por una parte, un art韈ulo que establezca la competencia, art韈ulo 52 y, por otra parte, un art韈ulo que establezca el procedimiento, art韈ulo 52 bis, con la finalidad de facilitar la comprensi髇 de sus contenidos.

Asimismo, se suprime el segundo y el tercer p醨rafo del apartado 4 del art韈ulo 52. El motivo de dicha supresi髇 obedece a que dichos p醨rafos se a馻dieron para incluir una norma particular y excepcional en la gesti髇 del gasto, solo para determinados contratos y encargos, que se apartaba del vigente procedimiento de gesti髇 del gasto. Sin embargo, aquella norma excepcional, con la modificaci髇 normativa que ahora se realiza, pasar� a convenirse en la norma general, por este motivo no resulta necesario mantener en el art韈ulo el contenido de dichos p醨rafos.

La supresi髇 del apartado 2 del art韈ulo 52 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda P鷅lica, que en parte se integra en el apartado 1 del mismo art韈ulo, implica la eliminaci髇 del 鷏timo inciso de dicho apartado 2, que se refiere a la competencia de la 玂rdenaci髇 de los pagos� de determinadas entidades. Dicho contenido que se elimina del art韈ulo 52, se considera adecuado ubicarlo en un nuevo apartado 2 del art韈ulo 54 que se refiere de forma espec韋ica a la Ordenaci髇 de pagos. Por la inclusi髇 del nuevo apartado 2, se renumeran, los actuales apartados 2 y 3, como 3 y 4.

En coherencia con la modificaci髇 que se realiza del art韈ulo 52 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda P鷅lica en materia de competencia de gesti髇 de los gastos, al unificarse en el mismo 髍gano la competencia para la aprobaci髇 del acto administrativo o negocio jur韉ico con la autorizaci髇 del gasto que conlleva su realizaci髇, es preciso suprimir toda menci髇 a la facultad de autorizaci髇 de gasto del Consejo de Gobierno, titulares de las Consejer韆s y dem醩 髍ganos que, respectivamente, contienen la actual redacci髇 de los art韈ulos 12.d), 14.c) y 15 c) de dicho texto legal.

El art韈ulo 43 se modifica s髄o por razones de elaboraci髇 t閏nica, para adecuar la referencia normativa del segundo p醨rafo a la nueva redacci髇 del art韈ulo 52.4 del texto refundido, cuyo contenido se integra en el nuevo art韈ulo 52 bis.4.

Las modificaciones de los art韈ulos 90, 92, 115, 119 y 120 bis del texto refundido son coherentes con la modificaci髇 del art韈ulo 52 y la inclusi髇 del nuevo art韈ulo 52 bis, en el sentido de sustituir toda referencia a 玡xpediente de gasto�, por 玡xpediente administrativo que conlleve gasto�, con la finalidad de eliminar la diferenciaci髇 existente hasta ahora entre el procedimiento de gesti髇 administrativa (expediente administrativo) y el procedimiento de gesti髇 presupuestaria del gasto (expediente de gasto), de tal forma que los actos de ejecuci髇 presupuestaria sean actos debidos consecuencia de los actos administrativos y, por tanto, la competencia para la ejecuci髇 presupuestaria sea accesoria a la administrativa de la que trae causa. Asimismo, se suprime toda menci髇 a la facultad de autorizaci髇 de gasto, que se sustituye por la aprobaci髇 de la realizaci髇 del mismo.

En coherencia con la denominaci髇 de las fases de gesti髇 del presupuesto que se determinan en el apartado 1 del nuevo art韈ulo 52 bis, se unifica la utilizaci髇 de la expresi髇 玜probaci髇 de la realizaci髇� del gasto y del t閞mino 玠isposici髇� suprimiendo el de compromiso, en los referidos art韈ulos que se modifican.

En este 醡bito en la disposici髇 final sobre la entrada en vigor se establece una regla especial para esta medida, porque las modificaciones que se realizan del texto refundido con la finalidad de simplificar el procedimiento de gesti髇 del gasto precisar醤 para su efectiva ejecuci髇 de la correspondiente adaptaci髇 de los sistemas y aplicaciones inform醫icas mediante los que se ejecuta dicha gesti髇 de gasto y el control interno de los mismos. Estas adaptaciones t閏nicas deben realizarse en colaboraci髇 con la Agencia Digital de Andaluc韆 de forma gradual y progresiva para asegurar la efectividad y eficacia de las mismas.

Igualmente se introducen dos disposiciones transitorias con una doble finalidad, por una parte, la pervivencia temporal de las normas que se modifican o t醕itamente se derogan, hasta que se efect鷈n las adaptaciones t閏nicas necesarias para la efectiva implantaci髇 de dichas modificaciones, y por otra parte, garantizar el tr醤sito al r間imen previsto por la nueva regulaci髇 simplificada del procedimiento de gesti髇 del gasto.

Estas medidas adem醩 de suponer una evidente simplificaci髇 de todos los procedimientos que conlleven gasto, implican una mayor agilizaci髇 de los mismos, lo cual, sin duda, redundar� en beneficio de la ciudadan韆 y de los operadores econ髆icos. No obstante, un actor principal en esta innovaci髇 normativa es la Intervenci髇 General, dado que, como 髍gano de control interno de la actividad econ髆ica financiera, su intervenci髇 es preceptiva en estos procedimientos.

Por otro lado, la actual regulaci髇 prevista en la disposici髇 adicional cuarta de la Ley 7/2023, de 24 de julio, de creaci髇 de los Cuerpo Superior y T閏nico de Intervenci髇 y Auditor韆 de la Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆, supone una notoria dificultad para cubrir las vacantes que se produzcan en las plazas del nuevo Cuerpo Superior de Intervenci髇 y Auditor韆, dado que exige hacerlo con personal funcionario que actualmente ejerza funciones interventoras. Ello supone de facto la imposibilidad de cubrirlas en el corto o medio plazo redundando en la ralentizaci髇 de los procesos de control interno, frustrando los objetivos de agilizaci髇 que pretenden cumplirse con la simplificaci髇.

Resulta, por tanto, de extrema importancia garantizar la necesaria continuidad en el ejercicio de las funciones propias de la Intervenci髇 General hasta tanto se pueda asegurar la disposici髇 de suficientes efectivos pertenecientes al nuevo Cuerpo Superior de Intervenci髇 y Auditor韆. Es necesario posibilitar que las vacantes que se vayan produciendo hasta tanto se complete, por un lado, el proceso de integraci髇 en el nuevo Cuerpo Superior de Intervenci髇 y Auditor韆, y por otro, la adscripci髇 de la totalidad de las vacantes a la relaci髇 de puestos de trabajo del citado Cuerpo Superior, conforme a lo dispuesto en la disposici髇 transitoria primera de la Ley 7/2023, de 24 de julio, se puedan cubrir no solo con personal que actualmente realice las funciones previstas en el art韈ulo 3 de la citada Ley, sino tambi閚 con personal perteneciente al cuerpo que actualmente desempe馻 las citadas funciones que no es otro que el Superior de Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆 en cualquiera de sus especialidades, evitando la eventualidad de que no se pudiesen llegar a cubrir las vacantes que se produzcan.

Esta cobertura de vacantes con personal del Cuerpo Superior de Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆 ser� posible hasta tanto queden adscritos al Cuerpo Superior de Intervenci髇 y Auditor韆 de la Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆 todos los puestos a los que se refiere la disposici髇 transitoria primera de la Ley 7/2023, de 24 de julio, momento a partir del cual su cobertura se podr� realizar 鷑icamente por personal del Cuerpo Superior de Intervenci髇 y Auditor韆. El personal del Cuerpo Superior de Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆 que en dicho momento estuviese ocupando un puesto en virtud de lo dispuesto en la disposici髇 adicional cuarta de dicha Ley conforme a la nueva redacci髇 que se introduce, continuar� desempe馻ndo dicho puesto con el mismo car醕ter de ocupaci髇.

Por otra parte, se modifican los art韈ulos 31, 32 y la disposici髇 adicional octava del Decreto 54/1989, de 21 de marzo, sobre indemnizaciones por raz髇 del servicio de la Junta de Andaluc韆, en cuanto a la supresi髇 de la autorizaci髇 por parte de la Consejer韆 competente en materia de Hacienda para el devengo de asistencias al tribunal, 髍gano o comisi髇 correspondiente y el informe previo que se emite por la Direcci髇 General con competencias en materia de Funci髇 P鷅lica, estableciendo en el 髍gano que haya de realizar la convocatoria la fijaci髇 de la categor韆 en la que quedar� clasificado el tribunal o la comisi髇, pues deviene innecesario al estar regulado en la norma el derecho al devengo de asistencias, la categor韆 e importe que se puede percibir, y estar los expedientes administrativos en los que se sustentan sujetos a fiscalizaci髇 y control por parte de la Intervenci髇 General, todo ello en el marco de las disponibilidades presupuestarias. Se trata de eliminar un procedimiento de autorizaci髇 de mera constataci髇 de datos por lo que se agiliza el devengo de asistencias de forma notable sin merma de las garant韆s y control.

Tambi閚 requiere una revisi髇 la normativa patrimonial en el 醡bito auton髆ico, Ley 4/1986, de 5 de mayo, de Patrimonio de la Comunidad Aut髇oma de Andaluc韆 y su Reglamento de aplicaci髇, aprobado mediante Decreto 276/1987, de 11 de noviembre, ya que la misma data de hace m醩 de treinta y cinco a駉s, desde dicha fecha esta normativa s髄o ha sido objeto de modificaciones puntuales referidas, exclusivamente, a aspectos muy concretos. A lo largo del tiempo transcurrido, todos los elementos integrantes del tr醘ico jur韉ico han sufrido importantes transformaciones.

Asimismo, multitud de normativa ha sido aprobada y ha afectado, directa o indirectamente, al r間imen patrimonial de la Comunidad Aut髇oma de Andaluc韆, tanto a nivel estatal, fundamentalmente, la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones P鷅licas y su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, ambas con regulaci髇 de car醕ter b醩ico y de aplicaci髇 general, como en el 醡bito local con la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andaluc韆 y su Reglamento de desarrollo, aprobado por Decreto 18/2006, de 24 de enero.

Las modificaciones de la normativa patrimonial de la Comunidad Aut髇oma persiguen de un lado, la simplificaci髇 administrativa con objeto de disminuir la carga administrativa de los expedientes patrimoniales, eliminando de los correspondientes procedimientos aquellos tr醡ites o requisitos que se consideran innecesarios o no proporcionados para, de este modo, simplificar los procedimientos, agilizar los plazos de resoluci髇 y maximizar la eficacia y eficiencia de la actuaci髇 administrativa. De otro, la mejora de la regulaci髇 introduciendo varias modificaciones de car醕ter t閏nico, destinadas a clarificar y actualizar la normativa en cuesti髇, adecu醤dola al principio de buena regulaci髇 y corrigiendo algunas lagunas normativas que obligan, en muchos casos, a una interpretaci髇 anal骻ica de la norma, lo que crea inseguridad jur韉ica y confusi髇 tanto en el seno de la Administraci髇 como a las que se relacionan con ella.

Entre las medidas de simplificaci髇, podemos destacar la eliminaci髇 de la exigencia de dep髎itos previos a las personas denunciantes o interesadas en los procedimientos de investigaci髇 y de deslinde, as� como la supresi髇, con car醕ter general, de la publicaci髇 en el Bolet韓 Oficial de la Provincia. Asimismo, cabe se馻lar la ampliaci髇 del plazo de duraci髇 de las concesiones de dominio p鷅lico y la introducci髇 de nuevos supuestos de adjudicaci髇 directa tanto para 閟tas como para la adquisici髇 a t韙ulo oneroso y enajenaci髇 de bienes inmuebles patrimoniales. Tambi閚 es objeto de modificaci髇 el r間imen de autorizaciones para la enajenar bienes tanto inmuebles como muebles. En materia de arrendamientos se elimina el informe de la Direcci髇 General de Patrimonio cuando aqu閘los tienen por objeto la organizaci髇 de conferencias, seminarios, presentaciones, participaciones en ferias y congresos u otros eventos y su plazo es inferior a tres meses. Todo este conjunto de medidas permite eliminar tr醡ites superfluos o reiterativos sin merma de las garant韆s inherentes a los procedimientos administrativos, con el consiguiente ahorro procedimental y reducci髇 de plazos.

En cuanto a la concurrencia de una situaci髇 de extraordinaria y urgente necesidad y la necesaria conciliaci髇 entre 閟ta y las medidas propuestas, la modificaci髇 de la normativa permitir� disponer de una Administraci髇 m醩 醙il y eficaz en su actuaci髇, coadyuvando de forma m醩 eficiente a la reactivaci髇 de la actividad econ髆ica en nuestra Comunidad Aut髇oma en un contexto de crisis derivada de diversos y sucesivos factores (COVID-19, guerra de Ucrania, crisis energ閠ica, etc.) y a reforzar la seguridad jur韉ica como elemento estructural y necesario del tr醘ico jur韉ico.

Ya se ha se馻lado c髆o la actual legislaci髇 en materia de patrimonio adolece de una importante falta de adecuaci髇 a la realidad del tr醘ico jur韉ico actual. Ello, comporta constantes incidencias en lo que a la gesti髇 del patrimonio de la Comunidad Aut髇oma de Andaluc韆 se refiere tales como la inexistencia de ciertas figuras necesarias y habituales en la gesti髇 patrimonial de otras Administraciones P鷅licas, el establecimiento de requisitos procedimentales que dificultan notablemente la tramitaci髇 de los expedientes, o la falta de claridad de determinados aspectos que generan inseguridad jur韉ica y confusi髇.

De este modo, suele ser habitual que la tramitaci髇 de los expedientes patrimoniales se extienda por varios a駉s a trav閟 de un procedimiento complejo, desactualizado, poco claro y con importantes trabas para la persona administrada. La conclusi髇 de estos expedientes se retrasa notablemente y, como consecuencia, tambi閚 la satisfacci髇 de los intereses p鷅licos afectados. Existen en la actualidad en la Direcci髇 General de Patrimonio m醩 de 500 expedientes patrimoniales abiertos cuya duraci髇 se extiende por varios a駉s, n鷐ero que se prev� aumente en los pr髕imos a駉s.

Debe tenerse tambi閚 en cuenta el proceso de puesta en valor del patrimonio de la Comunidad Aut髇oma en el que esta Administraci髇 se encuentra inmersa. Mediante Acuerdo de 4 de julio de 2023, del Consejo de Gobierno, se toma conocimiento del inicio de la elaboraci髇 de un Plan Estrat間ico de sedes administrativas de la Junta de Andaluc韆 cuyo objetivo fundamental es el establecimiento de una pol韙ica integral de gesti髇 del patrimonio inmobiliario de la Comunidad Aut髇oma que aborde las carencias existentes, haga frente a la situaci髇 patrimonial actual, prepare a la Junta de Andaluc韆 para los retos del futuro y reduzca el coste que supone para la Hacienda P鷅lica, siendo una de las l韓eas estrat間icas para la consecuci髇 de tal objetivo la optimizaci髇 del patrimonio de la Junta de Andaluc韆 y sus agencias.

En concreto, las medidas en materia de uso y aprovechamiento de los bienes de dominio p鷅lico, disponibilidad de los bienes patrimoniales y uso y explotaci髇 de los bienes patrimoniales tienen por objetivo fundamental potenciar la puesta en valor del patrimonio auton髆ico, permitiendo que los bienes integrantes del mismo puedan ser objeto de uso, disposici髇 y explotaci髇 a trav閟 de un r間imen jur韉ico m醩 醙il y eficaz y dotado de mejores instrumentos jur韉icos. Estas medidas coadyuvar醤 a la optimizaci髇 del patrimonio de la Comunidad Aut髇oma, incidiendo de forma directa no s髄o en la actividad econ髆ica y su recuperaci髇, sino que tambi閚 permitir醤 a la Administraci髇 dotarse de los recursos necesarios para la aplicaci髇 de sus pol韙icas p鷅licas. Lo mismo cabe predicar de las medidas relativas al procedimiento de investigaci髇, de deslinde, precisamente porque dichas medidas son tendentes a agilizar los tr醡ites administrativos afectantes a la depuraci髇 de la situaci髇 f韘ica o jur韉ica de los bienes y derechos, paso previo e imprescindible a su puesta en uso, disposici髇 o explotaci髇. Menci髇 espec韋ica requiere la ampliaci髇 del plazo de resoluci髇 del procedimiento de investigaci髇 cuyo fundamento se encuentra en una necesidad extraordinaria y urgente de dotar de seguridad jur韉ica al marco normativo aplicable. Ni la Ley del Patrimonio de la Comunidad Aut髇oma de Andaluc韆 ni la Ley 9/2001, de 12 de julio, por la que se establece el sentido del silencio administrativo y los plazos de determinados procedimientos como garant韆s procedimentales para los ciudadanos, fijan un plazo m醲imo para resolver los procedimientos de investigaci髇 patrimonial. Esto implica importantes dudas interpretativas sobre si ha de regir en estos procedimientos el plazo general fijado por la normativa administrativa o el plazo especial contemplado en la Ley del Patrimonio de las Administraciones P鷅licas. La existencia de un peligro de caducidad alto en este tipo de procedimientos y su gran importancia en lo que al patrimonio auton髆ico se refiere, fundamentan la situaci髇 de extraordinaria y urgente necesidad.

Las medidas en materia de adquisici髇 de bienes y derechos tienen an醠oga virtualidad. La adquisici髇 permite a la Administraci髇 auton髆ica dotarse de los bienes y derechos necesarios para el cumplimiento de sus fines y actuar de forma directa sobre la actividad econ髆ica tanto desde el punto de vista del propio negocio jur韉ico de adquisici髇 como desde el de la afectaci髇 de los bienes y derechos adquiridos a la satisfacci髇 de los intereses p鷅licos. El conjunto de medidas contempladas en este apartado permitir� al sector p鷅lico dotarse, tanto en compra como en arrendamiento, de dichos bienes y derechos de una forma m醩 醙il y eficaz y con instrumentos jur韉icos adaptados a la realidad del tr醘ico jur韉ico, con destino a promocionar y agilizar la actividad econ髆ica.

Tambi閚 tienen una incidencia directa sobre la actividad econ髆ica y su reactivaci髇 las normas en materia de operaciones societarias. El sector p鷅lico instrumental andaluz es uno de los agentes principales del tr醘ico jur韉ico mercantil de la Comunidad Aut髇oma. Disponer de una normativa patrimonial adaptada a la realidad del tr醘ico mercantil y con instrumentos 醙iles es esencial para su efectiva intervenci髇 como operadores de mercado. Consecuencia ineludible para mantener la seguridad jur韉ica es la inclusi髇 de una nueva disposici髇 adicional relativa al r間imen de creaci髇 y extinci髇 de las fundaciones del sector p鷅lico andaluz y de la aportaci髇 de bienes del patrimonio de la Comunidad Aut髇oma. La actual redacci髇 de los art韈ulos 82 y 94 de la Ley del Patrimonio de la Comunidad Aut髇oma se refiere a 玡ntidades privadas� incluyendo entre 閟tas, las fundaciones del sector p鷅lico andaluz. Dicha redacci髇 no resulta adecuada desde el punto de vista t閏nico-jur韉ico, pues a pesar de incluirse, como hemos se馻lado, las fundaciones del sector p鷅lico andaluz, sin embargo, el contenido de los preceptos es incompatible en ciertos puntos con la naturaleza intr韓seca de las fundaciones que, por ejemplo, no tienen un capital social dividido en acciones o participaciones. As�, se actualiza la redacci髇 de los art韈ulos 82 y 94 de la Ley del Patrimonio de la Comunidad Aut髇oma sustituyendo la referencia a entidades privadas. No obstante, con objeto de evitar una desregulaci髇 de aquellos aspectos que se consideran necesarios relativos a las fundaciones del sector p鷅lico andaluz, se incluye una nueva disposici髇 adicional espec韋ica.

Consecuencia l骻ica de todo lo anterior es la adecuaci髇, tambi閚, de la medida relativa a la inscripci髇 de los bienes y derechos de la Comunidad Aut髇oma. Todas las medidas expuestas hasta el momento y que persiguen la reactivaci髇 de la actividad econ髆ica de la Comunidad Aut髇oma, pivotan sobre la existencia de procesos 醙iles, entre ellos de inscripci髇 de los bienes y derechos auton髆icos. De este modo, la medida propuesta, tendente a la eliminaci髇 de un tr醡ite que se considera no aporta valor a馻dido al procedimiento administrativo, permitir� reducir los plazos y, con ello, la puesta en valor del patrimonio auton髆ico, agilizando su uso, disposici髇 y explotaci髇.

Y lo mismo cabe exponer respecto a las modificaciones que se contemplan del Reglamento del Patrimonio de la Comunidad Aut髇oma de Andaluc韆 que regulan tr醡ites de modificaciones legales vinculadas a combatir la situaci髇 de extraordinaria y urgente necesidad seg鷑 lo hasta ahora justificado. Como quiera que el citado Reglamento reproduce en buena medida los preceptos de la Ley del Patrimonio de la Comunidad Aut髇oma, las modificaciones de aquel derivan inmediatamente de la justificaci髇 de esta y, a mayor abundamiento, se ven fundamentadas por razones de seguridad jur韉ica de extraordinaria y urgente necesidad.

Por 鷏timo, se modifica la Ley 10/2021, de 28 de diciembre, de tasas y precios p鷅licos de la Comunidad Aut髇oma de Andaluc韆, en lo referente a determinadas tasas en materia de publicidad oficial, industria, energ韆 y minas; agricultura, ganader韆, pesca mar韙ima y medio ambiente.

Ninguna de las modificaciones previstas supone incremento en las cuotas tributarias aplicables, teniendo por objeto la mejora de la regulaci髇 normativa, que se hace precisa para la correcta delimitaci髇 de los servicios y actividades gravadas, evitando problemas interpretativos a la hora de aplicar las tasas, con lo que se consigue una mayor seguridad jur韉ica. A este respecto, pueden citarse las mejoras destinadas a aclarar supuestos en que la tasa no ser� exigible, as� como aquellas destinadas a facilitar la correcta aplicaci髇 de los beneficios fiscales establecidos. En otras ocasiones se trata de adaptar la regulaci髇 vigente a las modificaciones introducidas por el Decreto-ley 26/2021, de 14 de diciembre, por el que se adoptan medidas de simplificaci髇 administrativa y mejora de la calidad regulatoria para la reactivaci髇 econ髆ica en Andaluc韆, resultando necesario modificar la regulaci髇 de la tasa en aquellos supuestos en que la solicitud ha sido sustituida por una declaraci髇 responsable; o bien de simplificar y agilizar la gesti髇 de las tasas.

Igualmente se considera necesario y urgente corregir los problemas detectados en la gesti髇 y aplicaci髇 de las tasas desde la entrada en vigor de la Ley 10/2021, de 28 de diciembre, de tasas y precios p鷅licos de la Comunidad Aut髇oma de Andaluc韆, para posibilitar la correcta aplicaci髇 de las tasas y de los beneficios fiscales establecidos en dicha Ley, pues de lo contrario podr韆n devenir inaplicables o dar lugar a interpretaciones diversas tanto por parte de los contribuyentes como del 髍gano o entidad a la que corresponda la gesti髇 de las tasas, lo que resulta contrario a la seguridad jur韉ica.

XII

La Administraci髇 educativa andaluza ha venido asumiendo un absoluto compromiso con la simplificaci髇 de las cargas administrativas en el sistema educativo en general y en los centros educativos en particular, para lo que se ha venido trabajando en simplificar procedimientos de manera garantista con el objeto de que el sistema educativo funcione de manera m醩 eficiente y eficaz.

Se hace necesario llevar a cabo la modificaci髇 de diversas normas en el 醡bito de las autorizaciones de centros y ense馻nzas, as� como en el del procedimiento de admisi髇 del alumnado en los centros docentes p鷅licos y privados concertados con el prop髎ito de facilitar los tr醡ites tanto de los participantes en el proceso educativo como de aquellas personas que quieran formar parte del mismo en aras de la prestaci髇 de un servicio educativo de calidad y del acceso a la educaci髇 de forma 醙il, suprimiendo trabas administrativas.

En lo que respecta a los procedimientos de autorizaci髇 para la apertura y funcionamiento de centros docentes privados, as� como de escuelas de m鷖ica y danza, se encuentran regulados por los Decretos 109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones de centros docentes privados para impartir ense馻nzas de r間imen general, 193/1997, de 29 de julio, sobre autorizaciones de centros docentes privados para impartir ense馻nzas art韘ticas, y 233/1997, de 7 de octubre, por el que se regulan las escuelas de m鷖ica y danza. En el tiempo transcurrido desde la aprobaci髇 de los mismos, se han dictado numerosas normas, como la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y el Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, entre otras, que representan una importante apuesta por las medidas de simplificaci髇 administrativa y la generalizaci髇 de la administraci髇 electr髇ica, sin que estas medidas se hayan aplicado a los procedimientos de autorizaci髇 de centros privados. De ah� surge la necesidad de abordar la modificaci髇 de los decretos anteriormente mencionados, en lo que se refiere a simplificaci髇 de tr醡ites, tramitaci髇 electr髇ica y, en consecuencia, reducci髇 de plazos.

De esta forma, se ha considerado imprescindible la implementaci髇 de la tramitaci髇 electr髇ica completa de estos procedimientos, abarcando desde la presentaci髇 de solicitudes hasta la notificaci髇 de las resoluciones correspondientes. A partir de este momento, todas las solicitudes que se presenten deber醤 serlo exclusivamente por medios electr髇icos, tanto las de titulares de centros que sean personas jur韉icas, por aplicaci髇 directa del art韈ulo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, como las de titulares que sean personas f韘icas, al darse los requisitos establecidos en el art韈ulo 14.3 de la misma norma. En este sentido, cabe se馻lar que la gran mayor韆 de titulares de centros docentes son personas jur韉icas, entendi閚dose que, en el escaso margen de titulares que son personas f韘icas, 閟tas tienen suficiente capacidad econ髆ica, t閏nica y profesional como para disponer de los medios electr髇icos necesarios, por la propia naturaleza de la actividad econ髆ica y docente que desarrollan.

Adem醩 de lo anterior, se ha estimado pertinente adoptar una medida de simplificaci髇 del procedimiento de autorizaci髇 regulado por el Decreto 109/1992, de 9 de junio, que permitir� reducir las cargas administrativas, as� como los plazos para la obtenci髇 de la autorizaci髇 de apertura y funcionamiento de los centros docentes de su 醡bito de aplicaci髇, consistente en la eliminaci髇 de los dos informes previstos en el art韈ulo 7 en el supuesto de que no sea necesaria la realizaci髇 de obras. Teniendo en cuenta que estos informes se configuran como una garant韆 para la persona promotora de un centro, al contar con un pronunciamiento de la Administraci髇 educativa sobre la viabilidad de un determinado proyecto de obras con anterioridad a la inversi髇 que supone su ejecuci髇, su emisi髇 resulta del todo innecesaria en el caso de inmuebles ya existentes que no precisen obras de acondicionamiento por cumplir ya con los requisitos de instalaciones establecidos en la normativa vigente.

Por otro lado, atendiendo a los criterios de simplificaci髇 administrativa basados en la supresi髇 de tr醡ites innecesarios y reducci髇 de la documentaci髇 requerida a las personas interesadas y normalizaci髇 documental se hace necesario revisar la documentaci髇 requerida en la normativa reguladora de los criterios y el procedimiento de admisi髇 del alumnado en los centros docentes p鷅licos y privados concertados. En este sentido el art韈ulo 43.3 del Decreto 21/2020, de 17 de febrero, por el que se regulan los criterios y el procedimiento de admisi髇 del alumnado en los centros docentes p鷅licos y privados concertados para cursar las ense馻nzas de segundo ciclo de educaci髇 infantil, educaci髇 primaria, educaci髇 especial, educaci髇 secundaria obligatoria y bachillerato se dispone que: 獿a solicitud correspondiente a una persona menor de edad o mayor de edad sometida a patria potestad prorrogada y tutela deber� ser firmada por alguna de las personas que ejercen su representaci髇 legal y que ostentan la guarda y custodia. En el caso de que dicha persona no sea el padre o la madre, deber� presentarse copia autenticada del documento que acredite la tutela legal. En el caso de menores en situaci髇 de acogimiento la solicitud ser� firmada por alguna de las personas que ostentan la guarda y deber� presentarse copia autenticada del documento que acredite el acogimiento�, y el art韈ulo 17.5 de la Orden de 20 de febrero de 2020 establece que 獳 efectos de acreditar la situaci髇 de adopci髇 u otras medidas de protecci髇 de menores a que se refiere el art韈ulo 20.4 del Decreto 21/2020, de 17 de febrero, la persona solicitante deber� aportar copia autenticada del documento que acredite dichas situaciones expedido por la Consejer韆 competente en materia de protecci髇 de menores�.

En estos supuestos se considera de inter閟 que en virtud de lo dispuesto en el art韈ulo 28.2 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, sobre las personas acogedoras que solicitan la escolarizaci髇 de una persona menor de edad no recaiga la obligaci髇 de presentar, entre la documentaci髇 a aportar en el inicio del procedimiento de escolarizaci髇, copia autenticada del certificado donde conste que la persona menor de edad se encuentra bajo la tutela de la Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆 y donde conste que sobre esa persona acogedora se ha delegado la guarda.

Dado que en este supuesto de protecci髇 de menores es la propia Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆 la representante legal de la persona menor de edad puede verificar este hecho sin necesidad de que la persona solicitante tenga que acudir a otro 髍gano de la propia Administraci髇 para que le expidan esa certificaci髇 y a rengl髇 seguido presentar la copia autenticada.

La escolarizaci髇 de las personas menores de edad que son tuteladas por la Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆, lo es en muchas ocasiones mediante el procedimiento extraordinario contemplado en el art韈ulo 51 del Decreto 21/2020, de 17 de febrero, una vez finalizado el procedimiento ordinario para la escolarizaci髇. Esta situaci髇 se da cuando la Administraci髇 P鷅lica resuelve un procedimiento de situaci髇 de desamparo y adopta una medida de protecci髇, hecho que ocurre en cualquier momento del a駉 en curso, y por tanto puede darse fuera del procedimiento ordinario de escolarizaci髇. Por ello es necesario que esta medida de simplificaci髇 se adopte de forma inminente permitiendo as� agilizar el procedimiento de escolarizaci髇 de los menores tutelados.

Por todo lo expuesto y al concurrir en los procedimientos administrativos referidos las circunstancias de resultar indispensables para la protecci髇 del inter閟 general y para el funcionamiento b醩ico de los servicios, en tanto que afectan a medidas y facultades relativas al servicio p鷅lico educativo, resulta urgente y necesario adoptar las modificaciones que se proponen, en aras a la simplificaci髇 de los procedimientos regulados en la citada normativa.

XIII

El sector comercial, y en especial el de gran consumo, esto es, alimentaci髇 y productos de primera necesidad, higiene personal y del hogar, viene sufriendo desde hace m醩 de dos a駉s las consecuencias de una coyuntura extremadamente negativa por los incrementos de los precios de las materias primas e insumos, crisis energ閠ica (encarecimiento de carburantes y electricidad), sequ韆, temperaturas an髆alas, etc. Esto ha situado a toda la cadena de valor de gran consumo en una situaci髇 de m醲ima dificultad y tensi髇 inflacionista, en la que la acumulaci髇 de festivos cerrados conlleva un grave perjuicio para empresas, trabajadores y consumidores.

El incremento de los precios en el 鷏timo a駉 y medio ha alcanzado cifras r閏ord de inflaci髇 de alimentos, llegando a estar el IPC por encima del +15% de incremento y situ醤dose el pasado mes de septiembre en el +10,5%, con un acumulado desde 2021 del +26%. Adem醩, la acumulaci髇 de dos o m醩 festivos continuados provoca tambi閚 un incremento de costes a las empresas alimentarias, especialmente por el desperdicio alimentario que supone fundamentalmente en el caso de los productos frescos y perecederos, lo que suele llevar aparejado una subida de precios. El desperdicio alimentario es uno de los mayores problemas de las sociedades modernas y de los pa韘es desarrollados; concretamente en Espa馻 se desperdician 7,7 millones de toneladas de alimentos cada a駉, entre un 30% y un 50% de los alimentos comestibles acaban desechados, correspondiendo un 5% de dicho desperdicio a la distribuci髇 comercial alimentaria. Del mismo modo, tambi閚 provoca la imposibilidad de abastecimiento de las tiendas habituales, afectando especialmente a los consumidores m醩 vulnerables. Por 鷏timo, los cambios en los h醔itos de compra de las personas consumidoras, que requieren cada vez m醩 de la m醲ima inmediatez en la compra y que est醤 habituados a la presencia 24/7 de los comercios on line, hacen necesario que, los comercios f韘icos no est閚 cerrados m醩 de un d韆 seguido.

Por todo ello, y con la finalidad de favorecer la reactivaci髇 de la econom韆 andaluza y facilitar el ejercicio de la actividad comercial en nuestra regi髇, se hace necesario llevar a cabo las necesarias modificaciones normativas que deriven en una adecuada mejora de la regulaci髇 del ejercicio de esta actividad que ofrezca un marco lo menos restrictivo posible y estimule la actividad de nuestros establecimientos comerciales y permita adaptar la oferta de cada municipio a las caracter韘ticas espec韋icas de la demanda comercial. Por tanto, con esta modificaci髇 se mejora y flexibiliza el calendario de aperturas comerciales en domingos y festivos en Andaluc韆 y, el r間imen de permutas establecido en el art韈ulo 19, priorizando el criterio de la apertura obligatoria cuando se produzca la acumulaci髇 de festivos cerrados, concretando y aclarando los plazos de las permutas y la limitaci髇 para que ning鷑 caso esta figura de lugar a un aumento de d韆s de apertura. Con las modificaciones propuestas se mejora la regulaci髇 y el procedimiento, derivadas de la experiencia acumulada en la tramitaci髇 y de las demandas reiteradas del sector a trav閟, tanto de la Mesa de Di醠ogo Social de Comercio como del Consejo Andaluz de Comercio.

XIV

El presente Decreto-ley, al modificar el art韈ulo 56.1 de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud P鷅lica de Andaluc韆, y los art韈ulos 3 y 5 del Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el procedimiento de Evaluaci髇 de Impacto en Salud de la Comunidad Aut髇oma de Andaluc韆, respeta los l韒ites previstos en el citado art韈ulo del Estatuto de Autonom韆 y los establecidos por la consolidada jurisprudencia del Tribunal Constitucional en su interpretaci髇 de las exigencias previstas por el art韈ulo 86.1 de la Constituci髇 Espa駉la.

La modificaci髇 planteada, con objeto de avanzar en la simplificaci髇 administrativa, se refiere al informe de evaluaci髇 del impacto en la salud que se emite por la Consejer韆 competente en materia de salud, y en concreto por los 髍ganos determinados en el art韈ulo 5 del Decreto 169/2014 de 9 de diciembre, informe que tiene por objeto valorar los posibles efectos directos o indirectos sobre la salud de la poblaci髇 de los planes, programas, obras o actividades recogidos en el art韈ulo 56 de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, y se馻lar las medidas necesarias para eliminar o reducir hasta l韒ites razonables los efectos negativos y reforzar los efectos positivos.

En relaci髇 con esta propuesta, cabe deslindar entre lo que son los planes, programas y obras sometidos a este informe, encontr醤dose entre ellos los instrumentos de ordenaci髇 urban韘tica, de una gran trascendencia, y lo que es en s� el procedimiento de evaluaci髇 de impacto en la salud en el cual se emite el referido informe. En este sentido una mejora en el procedimiento de evaluaci髇 de impacto en la salud, facilitando su emisi髇 en un menor plazo y evitando dilaciones indebidas, y reasignando de forma eficiente las competencias para su emisi髇, tiene un efecto directo en los planes, programas y obras sometidos a informe, y en especial sobre los instrumentos de ordenaci髇 urban韘tica.

Por un lado, la aprobaci髇 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andaluc韆, ha supuesto, entre otros extremos, la determinaci髇 y simplificaci髇 de los instrumentos de ordenaci髇 territorial y urban韘tica, as� como la modificaci髇 del art韈ulo 56 de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud P鷅lica de Andaluc韆 (mediante la disposici髇 final cuarta de la Ley 7/2021), precisamente para intentar reflejar en dicho precepto los instrumentos de ordenaci髇 urban韘tica.

No obstante, tanto el tenor literal actual del art韈ulo 56 de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, como la experiencia pr醕tica al aplicar este precepto, hacen necesario proceder a la modificaci髇 urgente de este precepto y del art韈ulo 5 del Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, con el fin de aclarar y establecer de forma eficiente qu� instrumentos se someten a informe, determinando asimismo la competencia para su emisi髇, como se analiza en apartados posteriores.

Por otro lado, dado que se va a modificar en este mismo Decreto-ley, la Ley 7/2007, de 9 julio, de Gesti髇 Integrada de la Calidad Ambiental, resulta igualmente necesario reflejar este cambio en los instrumentos objeto de este informe, por las mismas razones que las indicadas respecto de la adaptaci髇 de la referida Ley 7/2021, de 1 de diciembre.

El Tribunal Constitucional ha precisado que la figura constitucional del Real Decreto-ley resulta un instrumento constitucionalmente l韈ito siempre que el fin que justifique emplear la legislaci髇 de urgencia sea el de subvenir a una situaci髇 concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, y que por razones dif韈iles de prever requiere de una acci髇 normativa inmediata en un plazo m醩 breve que el requerido por la v韆 normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitaci髇 parlamentaria de las leyes.

Estas circunstancias concurren en la propuesta de ambas modificaciones, que est醤 ligadas entre s�, ya que la primera se refiere al 醡bito de aplicaci髇 de la evaluaci髇 de impacto en salud (EIS) de instrumentos de ordenaci髇 urban韘tica as� como actividades y obras (y sus proyectos) que deban someterse al instrumento de prevenci髇 y control ambiental establecidos en el p醨rafo a) del art韈ulo 16.1 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gesti髇 Integrada de la Calidad Ambiental; y la segunda al reparto de competencias para la emisi髇 de dichos informes y por ello se considera que tramitarlas conjuntamente ayudar� a una mejor comprensi髇 de los requisitos en materia de salud de estos instrumentos y actividades, facilitando la actividad de Ayuntamientos, Administraciones p鷅licas y la sociedad en general.

El contenido propuesto est� claramente orientado a mejorar la eficiencia administrativa, a trav閟 de una mejora en el reparto del n鷐ero de informes que se deben evacuar desde los diferentes centros directivos de la Consejer韆 con competencias en materia de salud y, especialmente, de una simplificaci髇 y aclaraci髇 del 醡bito de aplicaci髇 de la evaluaci髇 de impacto en salud en el 醡bito del urbanismo, lo que redundar� en una mayor seguridad jur韉ica, una importante reducci髇 de incertidumbres en la solicitud de informes sectoriales y, en la mayor parte de los casos, la potenciaci髇 de la figura del cribado previo, lo que permitir� concretar mejor las actuaciones que deben informarse desde salud. Este cribado permitir� tambi閚 disminuir notablemente el n鷐ero de instrumentos que deben someterse a evaluaci髇 de impacto en salud, reduciendo la tramitaci髇 administrativa y contribuyendo al ahorro de costes econ髆icos y temporales.

Con la redacci髇 propuesta se ha producido una regresi髇 en la eficacia de la herramienta de cribado que permite agilizar extraordinariamente la tramitaci髇 de muchos instrumentos de planeamiento urban韘tico. En efecto, con la redacci髇 actual se ha apostado por una mayor concreci髇 en la delimitaci髇 del 醡bito de aplicaci髇, especificando m醩 las condiciones que deben cumplir los instrumentos para someterse a EIS, pero como contrapartida se ha limitado 玠e facto� la capacidad de discriminar con la herramienta de cribado.

Adem醩, hay que se馻lar que la redacci髇 tampoco est� libre de controversias, ya que se han detectado dificultades a la hora de interpretar qu� instrumentos de ordenaci髇 est醤 sometidos a EIS y cu醠es no, al depender de valoraciones t閏nicas que requieren conocimientos avanzados en urbanismo.

Efectivamente, la redacci髇 actual ha incluido una condici髇 adicional para intentar acotar el 醡bito de aplicaci髇 a instrumentos de mayor trascendencia, obligando a que s髄o se sometan a EIS los instrumentos de ordenaci髇 detallada 玵ue delimiten actuaciones de transformaci髇 urban韘tica (ATU)�. Verificar esta condici髇 genera much韘imos problemas al personal de salud que no tiene competencia para determinar si se est醤 delimitando o no ATUs. Esto conlleva un retraso significativo en los expedientes al tener que consultar a urbanismo si, en su opini髇, los mismos deben estar sometido a EIS o no. Adem醩, la cuesti髇 no tiene ning鷑 impacto diferencial en materia de impactos en salud y nos es m醩 鷗il discriminar en el cribado caso a caso que poner esta condici髇, que resulta bastante arbitraria.

Finalmente, se ha eliminado el informe EIS que se exig韆 a algunos instrumentos de ordenaci髇 detallada, los que afectasen a 醨eas urbanas socialmente desfavorecidas o cuando tengan una especial incidencia en la salud humana, porque no existe en estos momentos una normativa en vigor que delimite ese tipo de 醨eas y desde la experiencia de a駉s de aplicaci髇 de la EIS es muy poco probable que otros instrumentos de ordenaci髇 detallada (por el tipo de modificaciones que pueden llegar a realizar) puedan tener impactos sobre la salud lo suficientemente importantes como para destinar recursos a su evaluaci髇.

Asimismo, la redacci髇 del apartado 56.1.c) de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, queda justificada como consecuencia de la modificaci髇 que se va a realizar sobre la Ley 7/2007, de 9 julio, donde se propone la eliminaci髇 del actual Anexo I y en su lugar hacer referencia directamente, para los instrumentos de prevenci髇 existentes, de Autorizaci髇 Ambiental Unificada y Autorizaci髇 Ambiental Integrada, a los anexos de la normativa b醩ica estatal que en cada caso corresponda, as� como la creaci髇 un nuevo instrumento de prevenci髇 y control ambiental, que se denomina Autorizaci髇 Ambiental Unificada simplificada, que integrar� el resultado de la evaluaci髇 de impacto ambiental simplificada, y se referir� a los proyectos as� establecidos en el Anexo II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, y se crea un nuevo Anexo, que se ha denominado Anexo I (Categor韆s de actuaciones sometidas a Calificaci髇 Ambiental y a Declaraci髇 Responsable de los efectos ambientales, para incluir las actuaciones que se someter醤 a estos instrumentos de prevenci髇).

El resto de las modificaciones menores que se han introducido en el texto se refieren a correcciones de errores en la denominaci髇 de instrumentos y a una redacci髇 m醩 ordenada y sencilla de los mismos, eliminando, por ejemplo, redacciones por exclusi髇.

La modificaci髇 del Decreto 169/2014, se refiere a dos art韈ulos, el 3, referido al 醡bito de aplicaci髇, con el objetivo de que sea coherente con la ley a la que desarrolla, transcribiendo exactamente el contenido del art韈ulo 56 de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre; y el 5, relativo al 髍gano competente, con el fin de aclarar las competencias para emitir los informes de forma coherente al nuevo 醡bito de aplicaci髇. La modificaci髇 de las competencias tiene como objetivo optimizar los recursos personales de la administraci髇 sanitaria andaluza. Con la redacci髇 actual, la mayor parte de los expedientes est醤 asignados a la Direcci髇 General con competencias en materia de salud p鷅lica, lo que est� generando un cierto colapso en la tramitaci髇 de expedientes. La propuesta de competencias que se hace pretende aliviar esta situaci髇 con una distribuci髇 basada en el criterio territorial habitual en la administraci髇 andaluza. Este reparto ayuda a una mejor distribuci髇 en la carga de trabajo y reduce los plazos de contestaci髇 en aquellos casos que por la complejidad del expediente se estime oportuno, se podr� solicitar la conformidad del 髍gano directivo en materia de salud p鷅lica, sin menoscabo de las actuaciones de coordinaci髇, asesoramiento y asistencia t閏nica que de forma continua se realizan desde este 髍gano directivo.

Esto permite incrementar la eficiencia de la labor previa necesaria a realizar por la Administraci髇 Sanitaria en orden a la emisi髇 de este informe, que debe ce駃rse a aspectos estrictamente sanitarios, y ello redunda en la simplificaci髇 administrativa de las tareas necesarias para su desarrollo y ejecuci髇, a la par que supone una garant韆 de salvaguarda respecto de la salud de la ciudadan韆, al facilitar a la Administraci髇 Sanitaria la emisi髇 de estos informes centrados en ese aspecto.

La agilizaci髇 de la tramitaci髇 de instrumentos tanto de planeamiento urban韘tico como de prevenci髇 y control ambiental sometidos a evaluaci髇 de impacto en salud, tiene consecuencias inmediatas y directas sobre los operadores econ髆icos porque una buena parte de las actuaciones que se llevan a cabo tienen como objetivo primordial la habilitaci髇 de actuaciones con un gran impacto sobre la econom韆 y el empleo, desde la construcci髇 de viviendas, la implantaci髇/ampliaci髇 de actuaciones comerciales, log韘ticas la implantaci髇 de proyectos industriales e infraestructuras o la regulaci髇 de las actividades de construcci髇 o rehabilitaci髇 de inmuebles en el municipio.

La simplificaci髇 que se propone supone una importante reducci髇 de tiempos de tramitaci髇 de los expedientes de urbanismo por tres v韆s: por un lado, la ampliaci髇 del 醡bito del cribado a todos los instrumentos de ordenaci髇 urban韘tica frente a 鷑icamente las modificaciones como es el caso actual. Esto supone en t閞minos temporales que la intervenci髇 de la Consejer韆 con competencias en materia de salud pase de un plazo m醲imo de tres meses a 鷑icamente 30 d韆s. Por otro lado, supondr� la simplificaci髇 del 醡bito de actuaci髇, eliminando la comprobaci髇 de si los instrumentos delimitan actuaciones de transformaci髇 urban韘tica, y por 鷏timo, supondr� la desconcentraci髇 de la competencia de firma de los informes de una 鷑ica persona, esto es la Direcci髇 General de Salud P鷅lica y Ordenaci髇 Farmac閡tica, a las 8 personas titulares de las Delegaciones Territoriales.

Por todo lo anterior, se entiende que estas modificaciones van a suponer una importante ventaja a los operadores econ髆icos en Andaluc韆. En particular, esta ventaja ser� especialmente notoria en los casos en que las modificaciones de planeamiento s髄o est閚 sometidas a evaluaci髇 de impacto en salud, con lo que la ganancia en plazos en este tr醡ite resulta fundamental para agilizar la actuaci髇 de los Ayuntamientos y, como consecuencia de ello, mejorar醤 los plazos para resoluci髇 de expedientes promovidos por los operadores econ髆icos.

Por otro lado, debido a razones de eficacia administrativa, se considera procedente la nueva distribuci髇 de competencias. Esto redundar� tambi閚 en el acortamiento de plazos, al menos desde el punto de vista de la emisi髇 del informe EIS preceptivo.

Una interpretaci髇 extensiva y social del principio de simplificaci髇 administrativa recogido en el art韈ulo 6 del Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, conduce a eliminar la exigencia de requisitos desproporcionados en los procedimientos administrativos, o establecer la posibilidad de ampliar un plazo previa comunicaci髇, en aquellos supuestos donde se exige a las personas interesadas la actuaci髇 en un determinado sentido en ese plazo, cuando su incumplimiento conlleve consecuencias desfavorables e irreversibles para las mismas. Una plasmaci髇 de esto ser韆 la modificaci髇 pretendida del art韈ulo 40.1.b) de la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, respecto del plazo establecido para transmitir oficinas de farmacia y cuyo incumplimiento determina la caducidad de las autorizaciones de instalaci髇 y funcionamiento de esta, con su cierre definitivo, y del art韈ulo 43.1.b) de esta Ley que se refiere al requisito de antig黣dad exigido para los traslados voluntarios de oficinas de farmacia.

Sobre la base de los principios de eficiencia, racionalizaci髇 de los procedimientos administrativos y servicio efectivo a la ciudadan韆, se considera necesario tambi閚 introducir determinados elementos en lo que respecta al procedimiento de adjudicaci髇 de nuevas oficinas de farmacia, tanto en lo que se refiere a la ponderaci髇 de las necesidades de asistencia farmac閡tica a tener en cuenta en dicho procedimiento, lo que se aborda en la modificaci髇 del art韈ulo 31 de la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, y del art韈ulo 3.2.a) del Decreto 36/2018, de 6 de febrero, como al n鷐ero de las oficinas de farmacia a adjudicar en la primera fase del procedimiento y los requisitos de participaci髇 de las fases segunda y tercera, lo que se aborda en la modificaci髇 del art韈ulo 41.1.a) y 41.7.b) de la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, y de los art韈ulos 4, 8.4, 17 y 19.1.b) del Decreto 36/2018, de 6 de febrero; y finalmente los requisitos para la transmisi髇 inicial de las oficinas de farmacia adjudicadas por concurso p鷅lico, lo que se aborda en la modificaci髇 del art韈ulo 47.2 de la Ley 22/2007, de 18 de diciembre. Todos estos aspectos relativos a la planificaci髇 farmac閡tica y a las adjudicaciones, transmisiones y traslados voluntarios de oficinas de farmacia, se enmarcan dentro de la ordenaci髇 farmac閡tica, que se encuentra definida en el art韈ulo 2.o) de la Ley 22/2007, de 18 de diciembre.

La modificaci髇 de los art韈ulos 31, 40.1.b), 41.1, 41.7.b), 43.1.b) y 47.2 de la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, y de los art韈ulos 3.2.a), 4, 8.4, 17 y 19.1.b) del Decreto 36/2018, de 6 de febrero, se entiende necesaria por razones de inter閟 general y oportunidad. Se trata de medidas favorables al sector privado justificadas en cuanto a su urgencia por la actual coyuntura econ髆ica, en un momento de alza generalizada de los precios, posibilitando la pervivencia de oficinas de farmacia ampliando el plazo en que ha de transmitirse, e incrementando el margen de iniciativa de sus titulares en orden a solicitar traslados voluntarios, considerando que ambas situaciones pueden producirse con la actual situaci髇 econ髆ica, todo ello sin dejar de exigir los restantes requisitos previstos actualmente que garantizan una calidad en el servicio y una permanencia y continuidad en la prestaci髇 del mismo. Adem醩, tales medidas se integran junto con las restantes contempladas en el presente Decreto-ley con el fin de obtener un efecto favorable.

El incremento de las oficinas de farmacia reservadas a fase primera del procedimiento de adjudicaci髇 de nuevas oficinas de farmacia, recogido en el art韈ulo 41.1.a) de la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, y reflejado igualmente en el art韈ulo 4.a) del Decreto 36/2018, de 6 de febrero, se encuentra justificado, consider醤dose necesario este incremento del 20% al 50% al posibilitar una promoci髇, a trav閟 de los concursos p鷅licos para la adjudicaci髇 de nuevas oficinas de farmacia, de un mayor n鷐ero de los titulares de las oficinas de farmacia andaluzas que prestan servicio en n鷆leos con poblaci髇 que no supera los 1.000 habitantes.

El cambio de los requisitos de acceso a las fases segunda y tercera del procedimiento de adjudicaci髇 de nuevas oficinas de farmacia (que se recoge en los apartados b) y c), del art韈ulo 41.1 de la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, y se refleja en los apartados b) y c) del art韈ulo 4 y el art韈ulo 8.4 del Decreto 36/2018, de 6 de febrero), implica que en la fase tercera del procedimiento se adjudiquen las oficinas de farmacia vacantes derivadas de las ratificaciones realizadas por los titulares de oficinas de farmacia en la fase primera y la propia fase tercera del procedimiento, as� como las convocadas y no adjudicadas en las fase primera y segunda. Este cambio implica, por ello, la modificaci髇 de lo recogido en el art韈ulo 41.7.b) de la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, que se refleja a su vez en el art韈ulo 19.1.b) del Decreto 36/2018, de 6 de febrero e implica, asimismo, la modificaci髇 de las reglas procedimentales contenidas en el art韈ulo 17 del Decreto 36/2018, de 6 de febrero, sobre la oferta de oficinas de farmacia a quienes participan en la fase tercera del procedimiento.

La justificaci髇 a que responden estos cambios propuestos para las fases segunda y tercera de la convocatoria de oficinas de farmacia es que con ellos se fomenta la actividad productiva en Andaluc韆 mediante el acceso a la actividad empresarial de profesionales que trabajan por cuenta ajena, como son los farmac閡ticos adjuntos, con experiencia en la atenci髇 farmac閡tica comunitaria, as� como de otros profesionales farmac閡ticos de distintos sectores o que se encuentran actualmente en situaci髇 de desempleo, dando tambi閚 opciones de empleo y salida profesional a los titulados de nueva generaci髇.

La conjunci髇 de todos los cambios operados mediante la modificaci髇 de los art韈ulos 31, 41.1, y 41.7.b) de la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, y los art韈ulos 3.2.a), 4, 8.4, 17 y 19.1.b) del Decreto 36/2018, de 6 de febrero, vienen a configurar un marco econ髆ico y social de estabilidad en el sector en una doble vertiente: en cuanto a la solidez de las nuevas oficinas de farmacia que se abran por concurso y en cuanto a la consecuente generaci髇 por las mismas de empleo estable, favoreciendo a su vez a aquellos municipios donde abran estos establecimientos. Todo ello apoyado por la oportunidad de sopesar las necesidades reales de asistencia farmac閡tica de la poblaci髇 desde la perspectiva sanitaria.

Por tanto, estas medidas, adem醩 de considerar en la planificaci髇 farmac閡tica las necesidades reales de la poblaci髇 desde la perspectiva sanitaria, se plasman en la apertura de nuevos negocios cuya principal caracter韘tica es la durabilidad y firmeza, siendo por tanto generadores de empleo estable. La urgencia de las modificaciones propuestas responde, adem醩 de lo que ya se ha se馻lado en la presente justificaci髇, a la necesidad de establecer estas medidas para su aplicaci髇 a la inminente convocatoria de concurso p鷅lico de nuevas oficinas de farmacia que habr� de convocarse en aplicaci髇 del Decreto 36/2018, de 6 de febrero, que tuvo entrada en vigor el d韆 13 de febrero de 2018 y que prev� convocatorias al menos cada 5 a駉s, estando pendiente convocar la primera.

La modificaci髇 propuesta para el art韈ulo 43.1.b) de la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, circunscribe el requisito de permanencia exigidos a los traslados voluntarios de oficinas de farmacia, a que el local haya mantenido la misma ubicaci髇 los 鷏timos tres a駉s, suprimiendo el requisito adicional previsto actualmente de que se haya mantenido la titularidad en ese mismo plazo anterior a la fecha de solicitud de autorizaci髇 de traslado voluntario. La supresi髇 de la exigencia de una determinada permanencia en la titularidad al solicitante del traslado voluntario est� eliminando un obst醕ulo que en caso contrario determinar韆 la denegaci髇 del traslado, por lo que ampl韆 el margen de actuaci髇 y decisi髇 de los titulares de oficinas de farmacia respecto de locales que cumplen objetivamente todas las condiciones.

La modificaci髇 propuesta para el art韈ulo 47.2 de la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, se justifica porque se entiende necesario dotar de mayor continuidad a las nuevas oficinas de farmacia que se adjudiquen y abran tras la entrada en vigor de esta modificaci髇 de la Ley, a fin de consolidar su implantaci髇 a cargo de la persona adjudicataria, estableciendo un m韓imo de 10 a駉s antes de su primera transmisi髇. Se entiende que 閟te es un proyecto vital que debe ser mantenido en el tiempo, dado el car醕ter comunitario del servicio y la atenci髇 personalizada que las oficinas de farmacia prestan a sus usuarios gracias a la cercan韆 y conocimiento de las condiciones de salud, caracter韘ticas y entorno de las personas a las que atienden.

Este plazo se considera proporcionado, similar al establecido para poder participar en la fase primera de las convocatorias de concurso p鷅lico para la adjudicaci髇 de oficinas de farmacia por parte de titulares y cotitulares de oficinas de farmacia en n鷆leos o municipios de menos de 1.000 habitantes.

En aras de la simplificaci髇 administrativa, se propone la derogaci髇 de la Orden de 2 de julio de 2004, por la que se regulan los cursos de formaci髇 del personal que realiza operaciones de mantenimiento higi閚ico-sanitario de las instalaciones objeto del Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higi閚ico-sanitarios para la prevenci髇 y control de la legionelosis, y ello porque, el r間imen de autorizaciones a las que est醤 sometidas dichas entidades de formaci髇 no est� amparado por una norma de rango legal.

En materia de prevenci髇 de legionelosis se ha publicado una nueva normativa estatal b醩ica, mediante el Real Decreto 487/2022, de 21 de junio, por el que se establecen los requisitos sanitarios para la prevenci髇 y el control de la legionelosis. Dicha regulaci髇 establece, en su art韈ulo 18, nuevos requisitos en cuanto a la formaci髇 del personal, estableciendo un r間imen transitorio tanto para la vigencia de los certificados de formaci髇 como para la posibilidad de celebrar nuevas ediciones de estos por causas excepcionales. El r間imen transitorio impuesto establece, per se, la pr髍roga de la validez durante un plazo de cinco a駉s de los certificados de aprovechamiento, por lo que no tiene sentido que se celebren ediciones de cursos de actualizaci髇, toda vez que la validez del curso inicial ya se considera prorrogada durante los pr髕imos cinco a駉s.

Por todo lo anterior, se considera imprescindible habilitar durante 5 a駉s la celebraci髇 de cursos que, si bien se organizan por entidades autorizadas conforme a la normativa anterior, se adaptan en su contenido a la normativa actual. Esta medida permite garantizar la existencia de suficiente personal formado en nuestra Comunidad Aut髇oma, que cuentan con numerosas instalaciones que requieren de la participaci髇 de dicho personal en aras a hacer efectiva las medidas sanitarias contempladas en el Real Decreto 487/2022, de 21 de junio, todo ello antes de final de verano y oto駉 de este a駉, que es cuando se produce la mayor frecuencia de casos de una enfermedad, todo lo cual justifica la urgencia en la adopci髇 de este cambio normativo.

Por otro lado, se incorpora el principio de transparencia dando publicidad a la posibilidad de que el plazo de transitoriedad para celebrar los cursos pueda reducirse. Adem醩, se incorpora el principio de congruencia ya que no se puede perder de vista que la normativa ha cambiado, lo que conlleva que el contenido del curso debe ajustarse a lo que se recoja en el nuevo 醡bito normativo, no teniendo sentido que los contenidos sean seg鷑 el 醡bito normativo ya derogado. Para ello, en virtud del principio de transparencia se dar� difusi髇 de una gu韆 que establezca la actualizaci髇 de los contenidos.

La medida conjuga los derechos e intereses leg韙imos tres partes que se ven beneficiadas a corto plazo: la ciudadan韆 que es la beneficiaria final de que la existencia de suficiente personal formado en estas labores que previenen la legionelosis; las entidades autorizadas previamente que ven como este cambio normativo no impide el mantenimiento de su actuaci髇 formadora y donde solo tienen que adaptarse a los nuevos contenidos; y el personal interesado en tener esta formaci髇 a fin de realizar su desempe駉 profesional actual en estas labores de claro contenido sanitario y social, tanto los que van a querer incorporarse a este sector como aquellos que recibieron formaci髇 anterior y deben adaptarse a los nuevos contenidos exigidos.

Todo lo anterior justifica la necesidad de adoptar la medida a corto plazo, sin acudir a un desarrollo reglamentario que tardar韆 m醩 en aprobarse, lo que justifica de un lado la urgencia en adoptar la medida, y de otro, el mecanismo del Decreto-ley para incluirla citando en el mismo la normativa reglamentaria a que se refiere la misma.

En materia de polic韆 sanitaria mortuoria se aprob� en Andaluc韆 el Decreto 95/2001, de 3 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Polic韆 Sanitaria Mortuoria. Debido al tiempo transcurrido desde su aprobaci髇 y considerando los cambios experimentados en cuanto a los usos y costumbres en torno a la muerte, as� como los avances t閏nicos experimentados en la prestaci髇 de servicios por parte de las empresas del sector funerario, los cuales han contribuido a reducir los riesgos sanitarios de la actividad, se hace necesario que, se lleve a cabo una adaptaci髇 de la normativa vigente a la realidad de nuestra Comunidad Aut髇oma, mediante la simplificaci髇 administrativa y el establecimiento de los requisitos estrictamente necesarios.

Adem醩, la evoluci髇 de los desarrollos legislativos auton髆icas en el 醡bito de la sanidad mortuoria ha generado una heterogeneidad normativa que en ocasiones ha supuesto situaciones de dif韈il gesti髇 por una falta de compatibilidad entre las normas auton髆icas, por lo que la Comisi髇 de Salud P鷅lica de 24 de julio de 2018 aprob� la 獹u韆 de Consenso de Sanidad Mortuoria�, a cuyo contenido se hace necesario adaptar el Reglamento de Polic韆 Sanitaria Mortuoria de Andaluc韆.

Como consecuencia de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, que contiene el r間imen jur韉ico aplicable a las actividades econ髆icas, es necesario proceder a adecuar el r間imen administrativo para el desarrollo de la actividad de traslado de cad醰eres que, en base a la clasificaci髇 actual de la normativa, no supongan ning鷑 riesgo sanitario, proponiendo eliminar las autorizaciones para el traslado de cad醰eres del grupo 2 dentro del territorio nacional, ya que dicho requisito no comportaba una mayor seguridad ni garant韆 sanitaria en cuanto a las condiciones de traslado de cad醰eres para la protecci髇 de la salud p鷅lica.

Adem醩, dado que el traslado de restos cadav閞icos est� tambi閚 regulado en el art韈ulo 23.4 del Reglamento y plantea la actual redacci髇 una autorizaci髇 por parte de los 髍ganos responsables del cementerio, se propone una modificaci髇 en el sentido de que quede claro que dicha actividad no necesita autorizaci髇 sanitaria.

Se propone modificar, por tanto, el art韈ulo 14, eliminando de su contenido la autorizaci髇 sanitaria prevista de las Delegaciones Territoriales o Provinciales competentes en materia de salud. Asimismo, se propone modificar el contenido del art韈ulo 23.4 de dicho Reglamento para eliminar la autorizaci髇 por parte de los 髍ganos competentes del cementerio, haciendo hincapi� que la exhumaci髇, conducci髇 y traslado no necesitan de autorizaci髇 sanitaria y que el procedimiento para llevarse a cabo deber� regularse dentro de las Ordenanzas municipales, en el caso de cementerios municipales, y/o del reglamento de R間imen Interior, en el supuesto de cementerios privados y/o lugares de enterramiento. Resulta evidente que esta medida, suprimiendo por innecesaria una autorizaci髇 que no tiene justificaci髇 sanitaria, tiene al mismo tiempo una finalidad humanizadora, a la par que agiliza la labor de las empresas especializadas. En el actual contexto social y econ髆ico, y tras haber vivido una situaci髇 traum醫ica, provocada por la Covid-19, una medida a corto plazo dirigida a suprimir trabas al traslado de cad醰eres, evitando gasto econ髆ico a empresas y particulares, racionalizando recursos de la Administraci髇, y procurando una actuaci髇 r醦ida por parte de las empresas especializadas he dicho traslado, se encuentra perfectamente justificada tanto en su adopci髇 como en su urgencia, enmarc醤dose en el conjunto de medidas contempladas en este Decreto-ley.

Los Comit閟 de 蓆ica de la Investigaci髇 (CEI) representan un cap韙ulo nuclear dentro de la evaluaci髇 閠ica de las investigaciones en salud y constituyen la base fundamental de los sistemas de evaluaci髇 de investigaci髇 biom閐ica. Gran parte del cuerpo normativo internacional, como las regulaciones nacionales y auton髆icas, se ocupan de establecer criterios para su conformaci髇 y para asegurar que puedan cumplir sus funciones de manera adecuada, asegurando la protecci髇 de las personas participantes de las investigaciones y manteniendo su independencia de conflictos de inter閟 que desv韊n el objetivo de su trabajo.

Su contribuci髇 a salvaguardar la dignidad, derechos, seguridad y bienestar de los participantes actuales y potenciales de la investigaci髇, asegurando que los beneficios e inconvenientes de la investigaci髇 sean distribuidos equitativamente entre los grupos y clases de la sociedad, as� como resguardando la relevancia y correcci髇 cient韋ica del protocolo de investigaci髇 que se somete a su consideraci髇, obliga a las mejoras normativas que se acompa馻n.

En el 醡bito de los 髍ganos de 閠ica asistencial y de la investigaci髇 biom閐ica en Andaluc韆, el Decreto 8/2020, de 30 de enero, por el que se regulan los 髍ganos de 閠ica asistencial y de la investigaci髇 biom閐ica en Andaluc韆, no establece un plazo para la emisi髇 de los dict醡enes preceptivos a emitir por los Comit閟 de 閠ica de investigaci髇 ni el sentido del silencio administrativo.

La investigaci髇 biom閐ica, en muchos casos financiada por entidades p鷅licas, est� sujeta a estrictos plazos de ejecuci髇 de modo que el tiempo que tengan que esperar al dictamen podr韆 suponer una traba administrativa. Al objeto de agilizar el tr醡ite, se propone limitar el plazo para la emisi髇 de los dict醡enes de los comit閟 a tres meses frente a la actual regulaci髇 que por defecto es de seis meses.

La modificaci髇 del art韈ulo 21.5 de dicho decreto va a mejorar el funcionamiento del Sistema Andaluz de la Ciencia, la Tecnolog韆 y la Innovaci髇 en Salud y la atenci髇 de los intereses generales en materia de investigaci髇 en salud, contribuyendo a la consecuci髇 de los objetivos econ髆icos financieros, mediante la necesaria simplificaci髇 de tr醡ites de gesti髇 en las entidades que forman parte del Sistema, facilitando as� el funcionamiento de los mismos y evitando el posible colapso administrativo derivado de la no atenci髇 de las especificidades propias del funcionamiento y organizaci髇 de la investigaci髇.

Asimismo, se hace necesario enfatizar en lo previsto en la Ley 14/2007, de 3 de julio, de investigaci髇 biom閐ica, en relaci髇 con los requisitos de evaluaci髇 y autorizaci髇 de toda investigaci髇 biom閐ica que comporte un procedimiento invasivo en el ser humano. Se requiere la evaluaci髇 previa por el Comit� de 蓆ica de la Investigaci髇 correspondiente al proyecto de investigaci髇 presentado, favorable y debidamente motivada que tendr� en cuenta una serie de factores descritos en la Ley, as� como la autorizaci髇 por el 髍gano auton髆ico competente. A tal efecto, de conformidad con lo previsto en el art韈ulo 16 de la Ley 14/2007, de 3 de julio, de investigaci髇 biom閐ica, y en aras a garantizar una investigaci髇 de calidad y utilidad y preservar la seguridad jur韉ica mediante el control del cumplimiento del procedimiento conforme a los protocolos de investigaci髇 aprobados, se reformula el apartado c) del art韈ulo 7.2. del Decreto 8/2020 en relaci髇 a los objetivos y funciones del Comit� Coordinador de 蓆ica de la Investigaci髇 Biom閐ica de Andaluc韆

Adem醩, el art韈ulo 7.3 del Decreto 8/2020, de 30 de enero, relativo a los objetivos y funciones del Comit� Coordinador de 蓆ica de la Investigaci髇 Biom閐ica de Andaluc韆, atribuye a dicho Comit� la funci髇 de autorizar, dentro del 醡bito de sus competencias, los estudios observacionales prospectivos a realizar en la Comunidad Aut髇oma de Andaluc韆. Sin embargo, el Real Decreto 957/2020, de 3 de noviembre, por el que se regulan los estudios observacionales con medicamentos de uso humano ha derogado expresamente los art韈ulos 2.16, 2.18, el Cap韙ulo VI del Real Decreto 577/2013, de 26 de julio, por el que se regula la farmacovigilancia de medicamentos de uso humano y la Orden de 16 de diciembre de 2019, por la que se publican las directrices sobre estudios postautorizaci髇 de tipo observacional para medicamentos de uso humano. Por tanto, ha quedado sin efecto, de facto, la competencia de autorizaci髇 de los estudios observacionales con medicamentos de uso humano de seguimiento prospectivo prevista en la citada letra d) del apartado 3 del art韈ulo 7.

Por tanto, ha quedado sin efecto, de facto, la competencia de autorizaci髇 de los estudios observacionales con medicamentos de uso humano de seguimiento prospectivo prevista en el art韈ulo 7.3.d) por lo que procede su modificaci髇.

Por otro lado, la Ley 17/2022, de 5 de septiembre, por la que se modifica la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnolog韆 y la Innovaci髇, prev�, en su disposici髇 final primera, la modificaci髇 del art韈ulo 35 de la Ley 14/2007, de 3 de julio, introduciendo un nuevo apartado 3 donde establece que no precisar醤 informe previo de la Comisi髇 los proyectos de investigaci髇 con c閘ulas humanas pluripotentes obtenidas mediante reprogramaci髇 celular en los supuestos que dicho apartado establece. En estos supuestos la autorizaci髇 de estos proyectos corresponder� al Comit� de 蓆ica de la Investigaci髇 correspondiente, que podr� elevar consulta a la Comisi髇 de Garant韆s para la Donaci髇 y la Utilizaci髇 de C閘ulas y Tejidos Humanos de estimarlo necesario.

La Ley 16/2007, de 3 de diciembre, Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento establece, en su art韈ulo 9, la creaci髇 del Comit� de 閠ica, al objeto de sentar las bases que hagan posible el control de la actividad cient韋ica a trav閟 de un Comit� de 蓆ica y, en consecuencia, contribuyan a fomentar la confianza de la sociedad en la actividad cient韋ica y el Decreto 8/2020, de 30 de enero, por el que se regulan los 髍ganos de 閠ica asistencial y de la investigaci髇 biom閐ica en Andaluc韆 establece las funciones del Comit� Coordinador de la 蓆ica de Investigaci髇 de Andaluc韆 (en adelante CCEIBA).

La reciente promulgaci髇 de la modificaci髇 de la Ley 16/2007, de 3 de diciembre, que modifica las funciones de la Comisi髇 de Garant韆s para la Donaci髇 y Utilizaci髇 de C閘ulas y Tejidos Humanos y, consecuentemente, las de su hom髄ogo, el Comit� Andaluz de 蓆ica de la Investigaci髇 con Muestras Biol骻icas de Naturaleza Embrionaria y Semejantes, en adelante CAEMBES, y la existencia en Andaluc韆 del CCEIBA con las funciones que su normativa reguladora establece y dado que a este Comit�, de forma transitoria hasta que se produjera el desarrollo reglamentario de la regulaci髇 del CAEMBES, se le atribuyeron las funciones previstas en la disposici髇 transitoria 鷑ica de la Ley 4/2014, de 9 de diciembre, es lo que lleva a proponer la supresi髇, mediante el presente Decreto-ley, del CAEMBES y atribuir el ejercicio de la funci髇 de autorizaci髇 con c閘ulas humanas pluripotentes obtenidas mediante reprogramaci髇 celular, al CCEIBA.

A fin de adaptar el Decreto 8/2020, de 30 de enero, por el que se regulan los 髍ganos de 閠ica asistencial y de la investigaci髇 biom閐ica en Andaluc韆 a la nueva regulaci髇, se atribuye al Comit� Coordinador de la 蓆ica de Investigaci髇 de Andaluc韆 (en adelante CCEIBA) el ejercicio de la funci髇 de autorizaci髇 con c閘ulas humanas pluripotentes obtenidas mediante reprogramaci髇 celular, por lo que se a馻de dicha funci髇 en el apartado d) del apartado 3 del art韈ulo 7.

La experiencia en la aplicaci髇 del Decreto 8/2020 ha mostrado la necesidad de completar y/o modificar algunos aspectos del funcionamiento de los Comit閟 de 閠ica asistencial y de la Investigaci髇 Biom閐ica de Andaluc韆 que permitan optimizar sus recursos, clarificar sus funciones y simplificar los procedimientos vigentes.

En este sentido, se modifica el apartado h) del art韈ulo 8.2 referido al Comit� Coordinador de 蓆ica de la investigaci髇 biom閐ica de Andaluc韆 y se suprime la presencia, entre las personas miembros del Comit�, de la persona responsable de la Coordinaci髇 de la Estrategia de Bio閠ica del SSPA, y se sustituye por la presencia, como miembros vocales de dos personas a propuesta del Comit� de Bio閠ica de Andaluc韆.

Asimismo, y para una mayor eficacia, coordinaci髇 y gobernanza de los Comit閟 de 蓆ica de la Investigaci髇 de Centros (CEI) que realicen Investigaci髇 Biom閐ica, se procede a la modificaci髇 del art韈ulo 19, apartados 4 y 5 en el sentido de facilitar la constituci髇 de los CEI en las Universidades P鷅licas y aclarar la composici髇 del CEI con relaci髇 a la persona miembro del Comit� de 蓆ica Asistencial del centro o instituci髇 sanitaria adscrito a ese CEI.

Para mejorar la comunicaci髇 y las relaciones de la ciudadan韆 con la Consejer韆 competente en materia de salud, as� como la agilidad y la eficiencia en relaci髇 con la actuaci髇 administrativa relativa a los procedimientos de acreditaci髇 de los Comit閟 de 閠ica de la investigaci髇 biom閐ica, se pretende facilitar la cumplimentaci髇 de los tr醡ites en materia de acreditaci髇.

El presente Decreto-ley ordena la publicaci髇 en BOJA del modelo de solicitud referido al procedimiento de acreditaci髇 de los 髍ganos de 閠ica de investigaci髇, y en un nuevo apartado 5 al art韈ulo 23 introduce la tramitaci髇 electr髇ica y se anexan los modelos de formularios normalizados para la presentaci髇 de la solicitud de acreditaci髇 de los 髍ganos de 閠ica.

Se a馻de un nuevo apartado, el 9, al art韈ulo 25 referido a la Acreditaci髇 de los Comit閟 de 蓆ica de la Investigaci髇 de Centros que realicen Investigaci髇 Biom閐ica al objeto de simplificar el procedimiento de acreditaci髇 en el caso de renovaci髇 de la designaci髇 de los miembros interesados en formar parte del Comit� por el transcurso de cuatro a駉s.

En consecuencia, con la modificaci髇 prevista en el art韈ulo 23, se a馻de una nueva Disposici髇 Adicional, la cuarta, denominada Aprobaci髇 de los modelos y formularios para la acreditaci髇 de los Comit閟 de 閠ica de investigaci髇.

Otro cambio organizativo urge a la derogaci髇 del Decreto 69/2016, de 1 de marzo, por el que se crea y regula el Registro de personas residentes en Andaluc韆 con anomal韆s connatales causadas por talidomida, y se desarrolla el procedimiento para la evaluaci髇, y en su caso, inclusi髇 de dichas personas en ese Registro, dado que para tener acceso a las ayudas se requiere la inscripci髇 en el Registro Estatal de Enfermedades Raras, gestionado por el Instituto de Salud Carlos III, en virtud del informe de validaci髇 positivo emitido por el Comit� Cient韋ico-T閏nico de la Talidomida, por ello, y al objeto de la racionalizaci髇 administrativa, se requiere la supresi髇 del Registro regulado en el referido Decreto 69/2016, de 1 de marzo.

Procede tambi閚 por razones de urgencia y extraordinaria necesidad, al objeto de facilitar la implantaci髇 de nuevas inversiones y favorecer que los proyectos de inversi髇 del sector privado se materialicen en actividad econ髆ica y generaci髇 de empleo en el menor tiempo posible, as� como la consolidaci髇 y crecimiento de las empresas existentes en el tejido productivo, en el marco de la mejora regulatoria, la modificaci髇 de Decreto 62/2018, de 6 de marzo, por el que se ordena el sistema de formaci髇 sanitaria especializada en Ciencias de la Salud en el Sistema Sanitario P鷅lico de Andaluc韆, que deja fuera de la regulaci髇 todo el 醡bito no p鷅lico y todo el 醡bito no asistencial.

El personal residente en formaci髇 constituye el centro del sistema de formaci髇 sanitaria especializada. Esta tiene como objetivo que el personal residente en formaci髇 pueda alcanzar el nivel 髉timo de conocimientos, habilidades y aptitudes profesionales propios de la correspondiente especialidad, de forma simult醤ea a la progresiva asunci髇 de la responsabilidad inherente al ejercicio aut髇omo de la misma, en aras de una mejora continua en la atenci髇 sanitaria a la ciudadan韆.

En este sentido, el Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formaci髇 sanitaria especializada, incluye en su 醡bito de aplicaci髇 a toda la formaci髇 sanitaria especializada. Sin embargo, el Decreto 62/2018, de 6 de marzo, circunscribe su 醡bito de aplicaci髇 al Sistema Sanitario P鷅lico de Andaluc韆, dejando fuera de la regulaci髇 todo el 醡bito no p鷅lico y todo el 醡bito no asistencial, por lo que toda la formaci髇 de residentes que se desarrolle en centros de titularidad privada o centros no asistenciales, como puede ocurrir en los centros de prevenci髇 de riesgos laborales, fundaciones p鷅licas de investigaci髇, institutos de medicina legal y forense, y otros 醡bitos contemplados en sus programas formativos e itinerarios, quedan fuera del 醡bito de aplicaci髇 del Decreto 62/2018, de 6 de marzo, y por tanto, pendiente de regulaci髇.

La complejidad organizativa del modelo de formaci髇 sanitaria especializada incluyendo el 醡bito no p鷅lico y el 醡bito no asistencial, el volumen de personas tutoras y residentes, la coexistencia con otros tipos de formaci髇, la necesidad de facilitar la implantaci髇 de nuevas inversiones y favorecer que los proyectos de inversi髇 del sector privado se materialicen en actividad econ髆ica y generaci髇 de empleo en el menor tiempo posible, as� como la consolidaci髇 y crecimiento de las empresas existentes en el tejido productivo, la prioridad de aumentar el n鷐ero de plazas acreditadas de formaci髇 sanitaria especializada en Andaluc韆 y la necesidad de optimizar y adecuar los recursos disponibles nos llevan, en el marco de la mejora regulatoria, a la modificaci髇 del Decreto 62/2018, de 6 de marzo. Todo ello en aras del compromiso del Sistema Sanitario de Andaluc韆 con la formaci髇 de los profesionales sanitarios que ser醤 los futuros responsables de la atenci髇 sanitaria a la ciudadan韆.

Todo ello justifica la modificaci髇 del Decreto 62/2018, de 6 de marzo, para incluir en su 醡bito de aplicaci髇 las plazas de formaci髇 sanitaria especializada en las instituciones privadas y en instituciones no asistenciales a la vez que se dota de un marco regulatorio adecuado a estas entidades a la hora de acreditar las plazas de formaci髇 sanitaria especializada, y permite avanzar en la configuraci髇 de un modelo global de formaci髇 sanitaria especializada basado en criterios de calidad, que promueva la adquisici髇 de las competencias necesarias para un ejercicio profesional acorde a las necesidades de la organizaci髇 sanitaria y de la ciudadan韆, que apueste por la innovaci髇 docente y que articule la red de estructuras docentes que supervisan y apoyan el cumplimiento de los programas formativos, de igual modo que se garantiza una formaci髇 flexible e integrada en el conjunto de la organizaci髇 sanitaria y su entorno.

Se propone tambi閚 la modificaci髇 del art韈ulo 17.1.a) y b) de la Ley 4/1997, de 9 de julio, de prevenci髇 y asistencia en materia de droga. Dicho art韈ulo ya fue modificado en el anterior Decreto-ley de simplificaci髇 administrativa, pero contiene una aseveraci髇 err髇ea con respecto a la regulaci髇 de centros sanitarios y a la realidad ya existente a la entrada en vigor de este, y es la calificaci髇 de las comunidades terap閡ticas y centros de desintoxicaci髇 residencial como centros de internamiento, cuando en realidad se trata de centros de car醕ter residencial. En la normativa b醩ica estatal centros de internamiento es una clasificaci髇 de centros sanitarios exclusiva de aquellos a los que se les predica el car醕ter de hospital, clasificados como centros C1, conforme al Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales sobre autorizaci髇 de centros, servicios y establecimientos sanitarios. Actualmente esta tipolog韆 de centros ya existente a la actualidad de la entrada en vigor de esta modificaci髇 recoge a estos centros como C2 centros sin internamiento. Por lo que se sugiere la modificaci髇 de la expresi髇 玞on internamiento� por la de 玞on car醕ter residencial�.

Es necesario que la redacci髇 de la Ley se ajuste 韓tegramente al marco regulador que con car醕ter b醩ico prev� el citado Real Decreto, y se dote de un contexto homog閚eo en la tipolog韆 de los centros sanitarios con car醕ter urgente, habida cuenta de la situaci髇 temporal en la que se encuentra la elaboraci髇 de los protocolos de requisitos de esta tipolog韆 de centros, conforme a lo dispuesto en la disposici髇 adicional quinta de la Ley 4/1997, de 9 de julio. De esta forma se evitar醤 puntos de divergencia entre lo previsto en esta ley para este tipo de centros sanitarios y la regulaci髇 prevista por los mismos en la normativa estatal b醩ica.

Esta modificaci髇 no introduce ninguna afectaci髇 a la situaci髇 actual, dado que esta tipolog韆 de centros actualmente se encuentra incluida entre la categor韆 de centros sin internamiento, y en este sentido se ha abordado la elaboraci髇 de los protocolos de funcionamiento para esta tipolog韆 de centros.

Por 鷏timo, se modifica el art韈ulo 2 del Decreto 165/1995, de 4 de julio, por el que se regulan los procedimientos de homologaci髇 de Centros Hospitalarios y de suscripci髇 de convenios y conciertos entre la Consejer韆 o el Servicio Andaluz de Salud y entidades, tanto p鷅licas como privadas, para la prestaci髇 de asistencia sanitaria en los mencionados Centros.

Con la modificaci髇 que ahora se pretende, se trata seguir avanzando en la reforma administrativa necesaria en materia de agilizaci髇 de tr醡ites que permitan que las actividades productivas se desarrollen en un marco regulatorio que facilite la implantaci髇 y prestaci髇 de nuevos servicios.

La necesaria agilizaci髇 de procedimientos administrativos y eliminaci髇 de trabas, aconsejan, que el r間imen de autorizaci髇 y homologaci髇 de los Centros Sanitarios sea previo al momento del inicio efectivo de la prestaci髇 del servicio, y no al momento de considerarse establecimiento sanitario a convenir, todo ello sin prejuicio de las facultades de control e inspecci髇 que se reserva la Administraci髇.

Esto determina igualmente la necesaria aplicaci髇 inmediata de esta medida que se pretende con esta modificaci髇, que no debe demorarse en el tiempo, y por tanto justifica la extraordinaria y urgente necesidad de que se apruebe en este Decreto-ley, con el fin de que se agilice el proceso administrativo de concertaci髇 de Centros Sanitarios con el Servicio Andaluz de Salud, permitiendo que el proceso de homologaci髇 e inscripci髇 en el correspondiente registro de Centros sea anterior a la prestaci髇 efectiva del servicio no siendo una traba para el acceso a la concertaci髇 como Centro Sanitario susceptible de prestaci髇 de asistencia sanitaria con medios ajenos.

La presente modificaci髇 normativa permite que la ciudadan韆 tenga garant韆s de accesibilidad a los servicios p鷅licos, de seguridad jur韉ica y de adecuaci髇 a la realidad social. La ciudadan韆 podr� beneficiarse de que los centros y servicios sanitarios susceptibles de ser convenidos o concertados puedan acceder a dicha concertaci髇 y a la vez incluir en su oferta nuevas prestaciones requeridas por el Servicio Andaluz de Salud dando lugar a una mayor concurrencia en los procedimientos de contrataci髇 p鷅lica.

XV

El Real Decreto 1054/2021, de 30 de noviembre, por el que se establecen y regulan el Registro de operadores profesionales de vegetales, las medidas a cumplir por los operadores profesionales autorizados a expedir pasaportes fitosanitarios y las obligaciones de los operadores profesionales de material vegetal de reproducci髇, y se modifican diversos reales decretos en materia de agricultura, crea a nivel nacional, en su Cap韙ulo II, el Registro de Operadores Profesionales de Vegetales (ROPVEG) como un registro oficial y 鷑ico de operadores profesionales que operen en el territorio nacional. Los datos para incluir en el ROPVEG ser醤 proporcionados por las autoridades competentes de las Comunidades Aut髇omas.

El ROPVEG aglutina, a los operadores inscritos en el momento de entrada en vigor en tres Registros existentes hasta ahora, estos son: a) Registro Nacional de Productores de Semillas y Plantas de Vivero (PROSEMPLAN), b) Registro de acondicionadores de grano para siembra y c) Registro Oficial de Productores, Comerciantes e Importadores de Vegetales y Productos Vegetales (ROPCIV).

En Andaluc韆, los registros incluidos en las letras b) y c) se encuentran regulados mediante el Decreto 96/2016, de 3 de mayo, por el que se regula la prevenci髇 y lucha contra plagas, el uso sostenible de productos fitosanitarios, la inspecci髇 de equipos para su aplicaci髇 y se crea el censo de equipos de aplicaci髇 de productos fitosanitarios, por lo que dada la modificaci髇 establecida en el Real Decreto 1054/2021 que crea un registro 鷑ico para todas las actividades definidas, procede adaptar la normativa de aplicaci髇 de nuestra Comunidad Aut髇oma a la nueva regulaci髇 nacional, en aras de una mayor simplificaci髇 administrativa.

No se puede obviar que la Sanidad Vegetal es muy importante para la producci髇 vegetal, los bosques, los espacios naturales y las zonas arboladas, los ecosistemas naturales, los servicios ecosist閙icos y la biodiversidad de la Uni髇 Europea. Sin embargo, existe una grave amenaza de organismos nocivos para los vegetales y los productos vegetales, cuyo riesgo de introducci髇 y dispersi髇 en el territorio de la Uni髇 Europea se ha incrementado debido a la globalizaci髇 de los intercambios comerciales y al cambio clim醫ico. Para combatir esta amenaza, es necesario adoptar medidas relativas a la determinaci髇 de los riesgos fitosanitarios que entra馻n estas plagas y a la reducci髇 de estos riesgos a un nivel aceptable.

Entre las obligaciones de los operadores inscritos en el ROPVEG, se establecen medidas fitosanitarias con el objetivo de evitar la presencia de plagas cuarentenarias en el material vegetal que producen y/o comercializan, tal y como se ha expuesto anteriormente. Adicionalmente, para ello es fundamental asegurar la trazabilidad de este material a lo largo de la cadena de producci髇, almacenaje y comercializaci髇; permitiendo que los operadores profesionales est閚 preparados ante una eventual introducci髇 de cualquiera de estas plagas.

El ROPVEG se erige como el 鷑ico registro a nivel nacional para estos operadores, permitiendo as� identificar a operadores con instalaciones en diferentes Comunidades Aut髇omas, y por consiguiente asegurar que, ante la llegada de alguna plaga cuarentenaria, se puedan coordinar las actuaciones entre las administraciones de las diferentes Comunidades Aut髇omas llevando a cabo actuaciones de erradicaci髇 cuanto antes, con el objeto de evitar su dispersi髇.

La experiencia adquirida demuestra que los m閠odos de lucha contra las plagas deben dirigirse fundamentalmente a prevenir su incidencia sobre el material vegetal de reproducci髇, ya que el mismo act鷄 por s� mismo como fuente de dispersi髇. En consecuencia, se ha considerado necesario establecer medidas fitosanitarias espec韋icas que eviten la presencia de los mismos en el material vegetal de reproducci髇 de determinadas especies vegetales sensibles a plagas cuarentenarias.

En este sentido, los operadores profesionales est醤 obligados a su inscripci髇 en el Registro de Operadores Profesionales (ROPVEG) y est醤 sometidos a una serie de obligaciones detalladas en el Reglamento (UE) 2016/2031 y en el Real Decreto 1054/2021, de 30 de noviembre, siendo objeto de control por parte de la autoridad competente en cada caso.

A la vista de todo lo anterior, se considera que la modificaci髇 del Decreto 96/2016, de 3 de mayo, en el sentido propuesto resulta de extraordinaria y urgente necesidad, ya que con ello se producir� la adaptaci髇 de la normativa auton髆ica preexistente sobre esta materia a lo establecido por el Real Decreto 1054/2021, de 30 de noviembre, evitando incoherencias entre las obligaciones establecidas con car醕ter previo a nivel auton髆ico y las nuevas obligaciones establecidas con car醕ter nacional, lo cual resulta absolutamente necesario y perentorio dada la enorme repercusi髇 econ髆ica social y medioambiental que podr韆 suponer la llegada de plagas cuarentenarias a nuestra Comunidad Aut髇oma.

Asimismo, hay que hacer referencia al Decreto 190/2018, de 9 de octubre, por el que se crea y regula el Registro de Explotaciones Agrarias y Forestales de Andaluc韆 y el Documento de Acompa馻miento al Transporte de productos agrarios y forestales establece una serie de obligaciones a los titulares de explotaciones agrarias y forestales con el objeto principal de garantizar la seguridad y la inocuidad de los productos alimentarios producidos en Andaluc韆.

No obstante, el Real Decreto 1054/2022, de 27 de diciembre, por el que se establece y regula el Sistema de informaci髇 de explotaciones agr韈olas y ganaderas y de la producci髇 agraria, vino a establecer nuevas obligaciones a un colectivo de m醩 de 250.000 personas en Andaluc韆, caracterizado por su especial vulnerabilidad respecto al impacto de las nuevas tecnolog韆s, dadas sus caracter韘ticas de microempresas, con titulares de edad avanzada, bajo nivel formativo y dispersi髇 territorial. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el mismo no solo pueden llevar aparejadas las sanciones administrativas contempladas en la Ley 30/2022, de 23 de diciembre, por la que se regulan el sistema de gesti髇 de la Pol韙ica Agr韈ola Com鷑 y otras materias conexas, sino que este mismo texto normativo contempla la obligaci髇 de establecer una regulaci髇 espec韋ica para reducir en un porcentaje las ayudas a percibir en caso de incumplimiento de la normativa PEPAC, cuesti髇 que se desarrolla en el Real Decreto 1049/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen las normas para la aplicaci髇 de la condicionalidad reforzada y de la condicionalidad social que deben cumplir las personas beneficiarias de las ayudas en el marco de la Pol韙ica Agr韈ola Com鷑 que reciban pagos directos, determinados pagos anuales de desarrollo rural y del Programa de Opciones Espec韋icas por la Lejan韆 y la Insularidad (POSEI).

Por todo lo anterior, resulta de extraordinaria y urgente necesidad realizar las adaptaciones reglamentarias necesarias en la normativa auton髆ica preexistente sobre esta materia, esto es el referido Decreto 190/2018, de 9 de octubre, para evitar incoherencias entre las obligaciones establecidas con car醕ter previo a nivel auton髆ico y las nuevas obligaciones establecidas con car醕ter nacional, vigentes desde el 1 de julio de 2023, dada la enorme repercusi髇 econ髆ica y social que una aplicaci髇 generalizada de reducci髇 de las ayudas a percibir podr韆 provocar.

El Decreto 14/2006, de 18 de enero, por el que se crea y regula el Registro de Explotaciones Ganaderas de Andaluc韆, tiene por objeto la creaci髇 y regulaci髇 de dicho Registro, as� como establecer el procedimiento y los requisitos necesarios para la inscripci髇 en el mismo. Con la finalidad, por un lado, de simplificar los tr醡ites administrativos por parte de las personas titulares de las explotaciones ganaderas y, paralelamente, aumentar la eficacia disminuyendo los plazos de respuesta por parte de la Administraci髇, se hace necesario acometer una serie de modificaciones en dicho Decreto. Por otro lado, con la aprobaci髇 de la nueva normativa nacional de ordenaci髇 ganadera de porcino, av韈ola y bovino, se hace necesario actualizar aquellos aspectos y requisitos acorde al nuevo marco normativo.

En la l韓ea de simplificar el tr醡ite de inscripci髇 en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Andaluc韆, se procede a la modificaci髇 de las definiciones de titular de la explotaci髇 ganadera y de titular de unidad productiva especificando que tan solo es requisito el disponer del derecho al uso tanto de la base territorial, as� como de las instalaciones, construcciones o lugar donde alberga a los animales, lo que permite que, la posterior acreditaci髇, se realice mediante declaraci髇 responsable. As� mismo, se recoge la posibilidad de la comunicaci髇 en aquellos casos previstos por la ordenaci髇 sectorial espec韋ica.

En cualquier caso, la inscripci髇 previa en el registro ser� requisito indispensable para el inicio de la actividad, si bien 閟ta y la autorizaci髇 en el 醡bito de actividad ganadera pueden resolverse sin perjuicio de la obtenci髇 de cualquier otra licencia, autorizaci髇 o permiso que establezca la normativa vigente, siendo responsabilidad de la persona titular de la explotaci髇 o unidad productiva.

En cuanto a la gesti髇 de los subproductos de explotaci髇, como consecuencia de la aplicaci髇 de requisitos y terminolog韆 de la nueva normativa de ordenaci髇 ganadera (porcino intensivo, av韈ola y bovino), as� como el resto de normativa de aplicaci髇 de forma complementaria (nutrici髇 sostenible de suelos agrarios, protecci髇 frente a la contaminaci髇 por nitratos y otras), se hace necesaria una adaptaci髇 normativa por razones de claridad y seguridad jur韉ica.

Asimismo, en lo que se refiere al car醕ter del Registro de Explotaciones Ganaderas de Andaluc韆 que se constituye en la base de datos denominada Sistema Integrado de Gesti髇 Ganadera (SIGGAN) y al procedimiento de inscripci髇, es preciso actualizar el marco normativo regulador tanto del procedimiento administrativo y como de protecci髇 de datos.

Por su parte, y con objeto de simplificar y agilizar los tr醡ites en caso de transmisi髇 de la titularidad de explotaciones ganaderas, se ha procedido a la oportuna modificaci髇 a efectos de aclarar que ser� precisa la comunicaci髇 del nuevo titular, si bien debe disponer de la documentaci髇 que lo acredite.

Tambi閚, se procede a simplificar los tr醡ites de inactivaci髇 y baja en el registro, recogiendo la posibilidad de realizar anuncios, con el consiguiente ahorro de recursos a la administraci髇 y eficacia del procedimiento. En este mismo sentido, se potencia la comunicaci髇 v韆 telem醫ica acorde con la aplicaci髇 de nueva normativa que regula la comunicaci髇 con la administraci髇, as� como la posibilidad de nuevas herramientas telem醫icas.

Mediante la aplicaci髇 de nueva normativa de ordenaci髇 ganadera sectorial (porcino, av韈ola, bovino), con la aprobaci髇 del Real Decreto 1048/2022, de 27 de diciembre, sobre la aplicaci髇, a partir de 2023, de las intervenciones en forma de pagos directos y el establecimiento de requisitos comunes en el marco del Plan Estrat間ico de la Pol韙ica Agr韈ola Com鷑, y la regulaci髇 de la solicitud 鷑ica del sistema integrado de gesti髇 y control, se han unificado a nivel nacional las tablas de equivalencias en UGM de las diferentes especies ganaderas, por lo que se hace necesario suprimir el anexo del propio Decreto 14/2006, de 18 de enero, habiendo quedado desfasado, induciendo a la inevitable confusi髇.

A continuaci髇, se aborda la modificaci髇 del Decreto 65/2012, de 13 de marzo, por el que se regulan las condiciones de sanidad y zoot閏nicas de los animales, se regula el movimiento de animales de producci髇 entre los que se encuentran los 閝uidos. A efectos de facilitar la identificaci髇 por parte de los responsables de los animales que se desplacen por el territorio de la Comunidad Aut髇oma de Andaluc韆 con fines tur韘ticos, recreativos, culturales, de aprovechamiento temporal de pastos, o con fines deportivos o de asistencia a un concurso morfol骻ico, con la modificaci髇 que se propone de dicho Decreto ser� suficiente portar, bien el documento de identificaci髇 equina, o bien la tarjeta de movimiento equina.

Por otro lado, el Decreto 65/2012, de 13 de marzo, regula tambi閚 los requisitos para la obtenci髇 de la Gu韆 que acredita el cumplimiento de los requisitos sanitarios y de bienestar animal exigibles para el movimiento de animales vivos. Referente a la emisi髇 de la Gu韆 Telem醫ica, se a馻de un nuevo apartado ofreciendo la posibilidad de que el formato digital pueda sustituir al formato papel, con objeto de seguir impulsando la utilizaci髇 de la herramienta de tramitaci髇 electr髇ica, que agiliza el tr醡ite y evita desplazamientos de los usuarios las Oficinas Comarcales Agrarias, dando la posibilidad de facilitar el env韔 al transportista, siempre y cuando se mantengan las garant韆s del documento de acompa馻miento en el desplazamiento de los animales, puesto que la informaci髇 de la trazabilidad queda registrada en la base de datos SIGGAN.

Por 鷏timo, a trav閟 de la Orden de 26 de febrero de 2004, de la Consejer韆 de Agricultura y Pesca, se establecen las normas de ordenaci髇 de las explotaciones ap韈olas en la Comunidad Aut髇oma de Andaluc韆, regulando en su art韈ulo 10 el Libro de Registro de la Explotaci髇 Ap韈ola como el documento identificativo que debe tener toda explotaci髇 a efectos de control zoot閏nico y sanitario. Mediante la modificaci髇 de dicha Orden y con el objeto de facilitar los tr醡ites a los titulares de las explotaciones, se considera que debe optarse por el formato electr髇ico de forma preferente.

As� mismo, se modifica el apartado relativo a la declaraci髇 de los censos, habilitando la posibilidad de simplificar los tr醡ites, no siendo necesario la validaci髇 de forma f韘icas en las Oficinas Comarcales Agrarias, siendo sustituidas por una comunicaci髇 anual telem醫ica, con el consiguiente ahorro de tiempo y simplificaci髇 administrativa para los usuarios, as� como de econom韆 de recursos para la administraci髇, mediante el uso de tr醡ites electr髇icos.

XVI

Se propone la modificaci髇 del Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades en varios de sus art韈ulos. El primero que se propone modificar es el art韈ulo 5 de dicho texto legal con el objeto de solventar la inseguridad jur韉ica que revela la normativa sectorial aplicable en el sentido de que no se identifica qu� 髍gano administrativo debe resolver si se cumplen o no los requisitos exigidos por la normativa sectorial para, en su caso, no elevar el asunto al Consejo de Gobierno de la Junta de Andaluc韆, y por tanto, no acordar el inicio de la tramitaci髇 del anteproyecto de ley de reconocimiento de la Universidad privada. Con ello, se pretende asegurar el derecho a la tutela judicial efectiva, a trav閟 de los recursos administrativos, previstos en la norma general de procedimiento administrativo.

Es urgente terminar con esta laguna dadas las solicitudes de reconocimiento de Universidades privadas que ahora mismo est醤 en tramitaci髇, por ello se hace imprescindible cuanto antes, regular este tipo de expedientes, en los t閞minos aqu� descritos y con ello permitir a la entidad interesada la interposici髇 de los correspondientes recursos administrativos, garantizando as� el derecho a la tutela judicial efectiva. La propuesta normativa supone por un lado una medida de simplificaci髇 importante, coadyuvando al paquete de medidas de simplificaci髇 que se aprueban en este Decreto-ley, por cuanto no requiere la elevaci髇 a Consejo de Gobierno cuando una Universidad no cumple con los requisitos de la normativa, pero adem醩 supone una medida de gran importancia para las entidades que promueven la implantaci髇 de dichas Universidades al facilitar la interposici髇 de recursos administrativos. Desde un punto de vista econ髆ico el beneficio de la regulaci髇 eficiente es evidente por lo que el uso de la figura del Decreto-ley se considera apropiada para incorporar esta medida de flexibilizaci髇 y agilizaci髇.

Otra de las medidas propuestas afecta al art韈ulo 58 del referido Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero. De acuerdo con la normativa estatal, y con el Decreto 154/2023, de 27 de junio, de ordenaci髇 de ense馻nzas universitarias de la Comunidad Aut髇oma de Andaluc韆, para poder implantar un t韙ulo universitario se requiere contar con resoluci髇 positiva de verificaci髇 del Consejo de Universidades, por lo que se hace imprescindible adecuar cuanto antes la regulaci髇 dispuesta en el citado Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, a la normativa reglamentaria recientemente aprobada y a la del Estado, que, en todo caso, resulta de aplicaci髇 b醩ica.

Asimismo, resulta necesaria la modificaci髇 del art韈ulo 18 del citado Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, para dotar de mayor peso a la inspecci髇 universitaria de acuerdo con los 鷏timos cambios normativos. Con la entrada en vigor de la nueva Ley Org醤ica 2/2023, de 22 de marzo, que obliga a regular los mecanismos de inspecci髇 de las universidades privadas y la proliferaci髇 cada vez mayor de centros universitarios privados que imparten ense馻nzas universitarias sin autorizaci髇 administrativa alguna, se hace ahora urgente que la actuaci髇 inspectora garantice el nivel de calidad que precisa el sistema universitario andaluz, m醲ime cuando dos nuevas universidades privadas inician su andadura de manera inminente, lo que no podr韆 hacerse a trav閟 de la tramitaci髇 de una ley ordinaria

Por otro lado, hay que hacer menci髇 que en la Ley Org醤ica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, se incorpora, por primera vez, el T韙ulo VII dedicado a la Internacionalizaci髇 del sistema universitario, y el T韙ulo II al fomento de un sistema universitario de calidad. Se prev� la elaboraci髇 de estrategias de internacionalizaci髇 por parte de las diferentes Administraciones P鷅licas y de las propias universidades, la creaci髇 de alianzas interuniversitarias y la participaci髇 en proyectos de car醕ter internacional, supranacional y eurorregional.

Conscientes de esta realidad, es necesario poner en valor en el exterior el sistema universitario andaluz mediante la creaci髇 de una marca universitaria, incluida por primera vez en el art韈ulo 62 del Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, de tal forma que contribuya a incrementar y consolidar la presencia del Sistema Universitario Andaluz en los principales encuentros universitarios de 醡bito nacional, internacional, supranacional y eurorregional, permitiendo visibilizar la docencia e investigaci髇 de excelencia y la transferencia del conocimiento del sistema universitario andaluz.

Tambi閚 es necesario modificar el art韈ulo 76 del Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, ya que en el Consejo Andaluz de Universidades se encuentra como vocal la persona titular de la direcci髇 de la Agencia Andaluza del Conocimiento. Dicha Agencia fue extinguida por la Ley 9/2021, de 23 de diciembre, por la que se crean la Agencia Empresarial para la Transformaci髇 y el Desarrollo Econ髆ico (TRADE) y la Agencia para la Calidad Cient韋ica y Universitaria de Andaluc韆 (ACCUA).

En el nuevo Decreto 17/2023, de 14 de febrero, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia para la Calidad Cient韋ica y Universitaria de Andaluc韆 (ACCUA), la Direcci髇 de dicha Agencia corresponder� a una persona de reconocida val韆 acad閙ica y cient韋ica y que tenga la condici髇 de funcionario o funcionaria de carrera, no estando vinculado al desarrollo de las competencias en investigaci髇 de la Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆. Ello hace necesario que en el Consejo Andaluz de Universidades forme parte como vocal la persona titular que tenga atribuidas las competencias en materia de investigaci髇 en la Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆, de ah� la modificaci髇 propuesta del referido art韈ulo 76.

Con fecha 5 de agosto de 2022, se public� el Decreto 138/2022, de 2 de agosto, por el que se regulan las Academias de la Comunidad Aut髇oma de Andaluc韆. El art韈ulo 7.5 del citado Decreto dispone que, en todo caso, las academias creadas deber醤 inscribirse en el Registro Electr髇ico de Agentes del Sistema Andaluz de Conocimiento, de acuerdo con lo previsto en el T韙ulo II del Reglamento por el que se determina la clasificaci髇 y se regula el procedimiento para la acreditaci髇 y el Registro Electr髇ico de Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento, aprobado por el Decreto 223/2023, de 12 de septiembre.

El Decreto 223/2023, de 12 de septiembre, clasifica a las academias de divulgaci髇 del conocimiento como agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento y ya, desde el a駉 2009, se obligaba a 閟tas a inscribirse en el Registro de Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento. El nuevo Decreto que regula la creaci髇 de las Academias de Andaluc韆, no hace sino confirmar la obligaci髇 de inscripci髇 en el citado Registro por lo que no se ha considerado necesario regular de forma expresa la creaci髇 de un nuevo registro p鷅lico, distinto del ya citado en el que pudieran inscribirse los hitos de la vida administrativa de estas corporaciones de derecho p鷅lico, lo que hubiera impuesto m醩 cargas administrativas a estas instituciones. De ah� que se incluya una modificaci髇 del art韈ulo 35.2 de la Ley 16/2007, de 3 de diciembre, Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento, de tal forma que quede claro que no existe una obligaci髇 de crear un Registro espec韋ico para las Academias.

XVII

Desde el 醨ea de cultura se proponen, entre otras, diversas medidas relacionadas con el patrimonio hist髍ico y con las actividades arqueol骻icas. Todas ellas son medidas simplificadoras y de urgente necesidad para dar respuesta a las necesidades de la gesti髇 del patrimonio hist髍ico y el acomodo de las nuevas demandas sociales siempre con el m醲imo respeto a la protecci髇 del patrimonio hist髍ico.

En este sentido se suprime la duplicidad del registro administrativo para los bienes del patrimonio hist髍ico incluidos los cat醠ogos urban韘ticos, Registro de Instrumentos Urban韘ticos e Inventario de Bienes Reconocidos Patrimonio Hist髍ico Andaluz, suprimi閚dose la necesidad de inclusi髇 en este 鷏timo. Se modifica la tramitaci髇 de la cumplimentaci髇 del deber de visita p鷅lica gratuita para la Bienes de Inter閟 Cultural, sustituyendo la resoluci髇 de autorizaci髇 de los d韆s y horario propuestos por el interesado, por una declaraci髇 responsable con lo que se evitan dilaciones innecesarias, a la vez que se establece la obligaci髇 de que a trav閟 del Portal de la Junta de Andaluc韆 se facilite informaci髇 facilite informaci髇 sobre el r間imen de visita p鷅lica gratuita de los Bienes declarados Bien de Inter閟 Cultural.

Se limita la aplicaci髇 de los preceptos de contaminaci髇 visual a los Bienes de Inter閟 Cultural, dado que es la 鷑ica figura del Cat醠ogo General del Patrimonio Hist髍ico Andaluz que puede tener un entorno de protecci髇 o abarcar 醨eas del m醲imo valor patrimonial, y se excluyen de dicho concepto las instalaciones con car醕ter temporal o ef韒ero. As� mismo, se establece que podr醤 autorizarse instalaciones en las cubiertas de inmuebles que carezcan de protecci髇 individual espec韋ica como monumento o jard韓 hist髍ico siempre que aten鷈 su posible impacto visual. Tambi閚 se elimina el plazo para la redacci髇 de Planes de Descontaminaci髇 Visual o Perceptiva establecido con car醕ter transitorio.

Asimismo, se establece que el sentido del silencio en los informes a planes o programas ser� positivo sin perjuicio de lo establecido para la delegaci髇 de competencias en materia de patrimonio hist髍ico.

Se ampl韆 el plazo de caducidad de las autorizaciones para intervenciones en bienes de inter閟 cultural, y se prev� la posibilidad de que las autorizaciones sean plurianuales.

Se revisa la composici髇 y funciones de las Comisiones Provinciales de Patrimonio Hist髍ico al objeto de mejorar su funcionamiento interno y reducir el n鷐ero de procedimientos que tienen que conocer. Para ello se atribuyen a la ponencia t閏nica las competencias para informar las intervenciones en entornos de Monumentos y Jardines Hist髍icos, permitiendo esta medida agilizar el funcionamiento de las comisiones.

En materia de patrimonio arqueol骻ico se incorporan una serie de innovaciones que afectan tanto al r間imen de autorizaci髇 de las actividades arqueol骻icas, como al sistema de solicitudes de 閟tas, con el doble objetivo de clarificar la norma y de favorecer la actividad econ髆ica.

De tal manera que, por una parte, se sustituye la autorizaci髇 actualmente existente para las prospecciones arqueol骻icas vinculadas a los procedimientos contemplados en los art韈ulos 29 a32 y 59 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Hist髍ico de Andaluc韆, por una declaraci髇 responsable, ahondando en la supresi髇 de tr醡ites administrativos innecesarios que, sin disminuir las garant韆s de protecci髇 del patrimonio arqueol骻ico, agilizan y facilitan la relaci髇 entre la administraci髇 y los ciudadanos. Por otra parte, con la modificaci髇 del sistema de solicitudes para la autorizaci髇 de las actividades arqueol骻icas y Proyectos Generales del Investigaci髇 Arqueol骻ica, queda definido y aclarado el sistema vigente hasta ahora, que provocaba confusi髇 en el administrado.

En relaci髇 con el art韈ulo 32, referido al informe en los procedimientos de prevenci髇 y control ambiental, se modifica de forma que la persona o entidad promotora de una actividad sometida a alguno de estos instrumentos solicite de forma previa informe a la Consejer韆 con competencias en materia de patrimonio hist髍ico sobre la afecci髇 a 閟te, incluidas las posibles afecciones arqueol骻icas, de forma que podr� valorar la viabilidad de su proyecto desde un punto de vista de la afecci髇 al Patrimonio con car醕ter previo al inicio del tr醡ite ambiental.

Esta consulta previa, unida a la modificaci髇 del art韈ulo 52 por la que se sustituye la autorizaci髇 de las prospecciones arqueol骻icas vinculadas a los procedimientos contemplados en los art韈ulos 29 a 32 y 59 de la referida ley por una declaraci髇 responsable, suponen no solo una simplificaci髇 de los tr醡ites sino tambi閚 una aceleraci髇 de los tiempos de respuesta al administrado.

Por otra parte, se introduce una regulaci髇 m醩 clara del r間imen de solicitud y autorizaci髇 de las actividades arqueol骻icas y Proyectos Generales del Investigaci髇 Arqueol骻ica con la modificaci髇 de los art韈ulos 53 y 54 de la ley. La claridad de la norma facilita sin duda la comunicaci髇 entre la Administraci髇 y el administrado, lo que deriva en una reducci髇 de tr醡ites innecesarios.

En concreto, se establece una modificaci髇 e inclusi髇 en el art韈ulo 53 que establece que la solicitud se acompa馿 de una declaraci髇 responsable o, en su caso, de la autorizaci髇 de ocupaci髇 de los terrenos por parte del propietario. La inclusi髇 de esta declaraci髇 o autorizaci髇 contenida en el art韈ulo 54 en lugar del anterior, supon韆 que en la mayor韆 de los casos esta documentaci髇 no se presentaba al inicio del procedimiento y deb韆 ser reclamado por la Administraci髇 competente, con la consecuente dilaci髇 de los procedimientos.

Otra de las aportaciones m醩 significativas de este Decreto-ley es la inclusi髇 de la posibilidad de la codirecci髇 de una actividad arqueol骻ica, flexibilizando as� el r間imen de presencialidad que ha estado vigente hasta la fecha, sin perjuicio de las posibles responsabilidades que la dedicaci髇 simult醤ea a varias actividades pueden causar. No obstante, no se elimina la opci髇 vigente de actividades arqueol骻icas dirigidas por un solo director, que se seguir醤 rigiendo por lo establecido reglamentariamente, conviviendo ambas posibilidades. Es esta una de las principales demandas del sector, que reclama una mayor flexibilidad en la presencialidad de la direcci髇 con el fin de poder simultanear m醩 de una actividad, siempre dentro del cumplimiento de lo que reglamentariamente se determine.

Por 鷏timo, se da una nueva redacci髇 al art韈ulo 60 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, con la prohibici髇 del empleo de detectores de metales u otros instrumentos que permitan la localizaci髇 de vestigios arqueol骻icos, salvo para su uso en las actividades arqueol骻icas recogidas en el art韈ulo 52 de esta ley. Esta importante medida supone una firme apuesta por la protecci髇 del patrimonio hist髍ico, as� como la supresi髇 del tr醡ite de autorizaci髇 que se solicita a los 髍ganos correspondientes de la Consejer韆.

Estas modificaciones de la Ley afectan a la redacci髇 de algunos art韈ulos del Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el reglamento de actividades arqueol骻icas, y del Decreto 4/1993, de 26 de enero, por el que se aprueba el reglamento de organizaci髇 administrativa del patrimonio hist髍ico de Andaluc韆, para los que se introducen as� mismo modificaciones con el fin de buscar la coherencia con la norma.

Finalmente, se ha introducido una nueva disposici髇 adicional destinada al reconocimiento de los int閞pretes del patrimonio mediante la previsi髇 de la regulaci髇 de esta actividad en una futura ley, sin perjuicio y a salvo de las competencias de los gu韆s de turismo de conformidad con su normativa sectorial, de manera que se aborde una regulaci髇 que delimite con claridad y seguridad jur韉ica los 醡bitos de actuaci髇 que son propios de los int閞pretes del patrimonio hist髍ico, por una parte, y de los gu韆s de turismo, por otro.

A continuaci髇, es necesario abordar tambi閚 diversas medidas relacionadas con la gesti髇 documental. Se trata de medidas simplificadoras y de urgente necesidad para dar respuesta a las necesidades de la pol韙ica de gesti髇 de documentos electr髇icos y el acomodo a las nuevas demandas sociales. Para ello se propone la modificaci髇 de la Ley 7/2011, de 3 de noviembre, de Documentos, Archivo y Patrimonio Documental de Andaluc韆, para adaptar el marco normativo vigente a las medidas de transformaci髇 digital y simplificaci髇 administrativa que han surgido con posterioridad a su publicaci髇. De igual modo, se propone la inclusi髇 de una disposici髇 adicional para establecer un plazo general para la remisi髇 y custodia de los documentos y expedientes administrativos electr髇icos finalizados al sistema @rchivA, con objeto de garantizar la autenticidad, integridad y conservaci髇 de los mismos.

Igualmente, desde hace algunos a駉s se viene observando que hay un n鷐ero considerable de museos que, de facto, est醤 clausurados, no obstante, siguen inscritos en el Registro de Museos de Andaluc韆. La situaci髇 jur韉ica y legal de las instituciones muse韘ticas no es una cuesti髇 menor, m醲ime si se tratara de instituciones muse韘ticas de car醕ter arqueol骻ico. Por ello, se hace imprescindible acometer una modificaci髇 normativa que habilite a la Consejer韆 con competencias en materia de cultura para iniciar de oficio la disoluci髇 de museos y colecciones museogr醘icas, de titularidad p鷅lica o privada, cuando sea fehaciente la inexistencia de estos. Precisamente en aras de evitar el descontrol del material, sobre todo si fuera arqueol骻ico y, por tanto, un da駉 considerable a las labores de protecci髇 y tutela de dicho patrimonio, de extremada fragilidad, es por lo que se considera urgente adoptar esta medida.

Asimismo, en aras de una normalizaci髇 terminol骻ica en el 醡bito de la normativa sectorial en materia de cultura, se hace necesaria la modificaci髇 del art. 50.2 de la Ley 8/2007, de 5 de octubre, de Museos y Colecciones, en el que se hace alusi髇 a 玝ienes inscritos con car醕ter gen閞ico en el Cat醠ogo General del Patrimonio Hist髍ico Andaluz� para armonizarlo con el art韈ulo 7.1 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Hist髍ico de Andaluc韆 que los define como 玝ienes de catalogaci髇 general�.

En el 醡bito deportivo, el Decreto 205/2018, de 13 de noviembre, por el que se regula la soluci髇 de los litigios deportivos en la Comunidad Aut髇oma de Andaluc韆, en su art韈ulo 104, bajo la r鷅rica 玴rocedimiento disciplinario deportivo a las personas directivas de las federaciones deportivas andaluzas�, remite para la tramitaci髇 de este procedimiento 玜 lo contemplado para el procedimiento disciplinario ordinario en el T韙ulo I�, todo ello sin perjuicio de las particularidades que se prev閚 en el citado art韈ulo 104.

El art韈ulo 41 del Decreto 205/2018, de 13 de noviembre, al regular el citado procedimiento disciplinario ordinario, establece un tr醡ite sucesivo de alegaciones que resulta repetitivo y que poco aporta para dotar a la Administraci髇 del conocimiento suficiente para adoptar su decisi髇 a trav閟 de la resoluci髇 del procedimiento.

La modificaci髇 propuesta pretende suprimir la duplicidad detectada a fin de conseguir una mayor simplificaci髇 administrativa, mediante la supresi髇 de uno de los dos tr醡ites de alegaciones.

No se considera conveniente extender esta excepci髇 del art韈ulo 104 al procedimiento disciplinario ordinario del art韈ulo 41, en primer lugar, porque el procedimiento disciplinario ordinario se aplica fuera del 醡bito de la Administraci髇 p鷅lica, por las federaciones deportivas andaluzas, y en segundo lugar, a鷑 m醩 importante, porque dicha modificaci髇 obligar韆 a la reforma en cascada de todos los Estatutos federativos vigentes, lo que actualmente no se considera conveniente ya que trastocar韆 en exceso la vida federativa.

En lo referido a la modificaci髇 del plazo para formular la propuesta de resoluci髇 o el sobreseimiento, se trata simplemente de adecuar el precepto a la propia realidad l骻ica del procedimiento y a la pr醕tica del Tribunal Administrativo del Deporte.

Con arreglo al criterio de supresi髇 o simplificaci髇 de tr醡ites que no aporten valor a馻dido o que supongan dilaciones del procedimiento, se propone la supresi髇, en la instrucci髇 del procedimiento, de la evacuaci髇 por parte de la Comisi髇 de Valoraci髇 del informe preceptivo previsto en el art韈ulo 9.2 del Decreto 72/2017, de 13 de junio, de Municipio Tur韘tico de Andaluc韆, as� como la supresi髇 de dicho informe en la instrucci髇 del procedimiento de revocaci髇 de la declaraci髇 de Municipio Tur韘tico de Andaluc韆 previsto en el art韈ulo 22.5 de dicho texto legal. Estos informes preceptivos no aportan valor a馻dido a los procedimientos.

A mayor abundamiento, debe decirse que la supresi髇 de los tr醡ites que se propone hace innecesaria la existencia de la propia Comisi髇 de Valoraci髇. Las funciones de la comisi髇 se reducen a la emisi髇 de los informes preceptivos citados, as� como a elaborar y emitir cuantos informes facultativos sobre Municipios Tur韘ticos de Andaluc韆 le sean solicitados por las personas titulares de las Consejer韆s que formen parte de la comisi髇. Dichos informes facultativos pueden ser evacuados por el centro directivo competente en materia de turismo, sin necesidad de que exista una Comisi髇 para ello.

XVIII

En el 醡bito de las infraestructuras viarias se parte de la existencia de tr醡ites impuestos por la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andaluc韆, que han supuesto un freno a una tramitaci髇 eficaz para la aprobaci髇 y actualizaci髇 del Cat醠ogo de Carreteras de Andaluc韆, sin que su eliminaci髇 suponga menoscabo alguno de los derechos de los ciudadanos ni de la participaci髇 institucional.

En concreto, la citada Ley 8/2001, de 12 de julio, prev� en su art韈ulo 7.3 que la Comisi髇 de Carreteras de Andaluc韆 informa, entre otras cuestiones, los proyectos de Cat醠ogo de Carreteras de Andaluc韆, sus revisiones y sus actualizaciones anuales, as� como las modificaciones puntuales del mismo. Despu閟 de m醩 de veinte a駉s de vigencia de la referida Ley se ha constatado que este informe de la Comisi髇 de Carreteras de Andaluc韆 no supone una protecci髇 adicional sino, m醩 bien, una traba administrativa en el proceso de aprobaci髇 y actualizaci髇 del Cat醠ogo de Carreteras de Andaluc韆. El Cat醠ogo es un instrumento que sirve para la identificaci髇 e inventario de carreteras, recogiendo sus datos b醩icos: categor韆, clasificaci髇, titularidad, matr韈ula, origen, t閞mino, puntos kilom閠ricos inicial y final. Es, por tanto, un instrumento din醡ico que es necesario actualizar de manera constante, fruto de las obras ejecutadas, las incorporaciones y cesiones de tramos que se producen entre administraciones, etc. En consecuencia, la actualizaci髇 de este de manera 醙il supone una necesidad para la buena gesti髇 del dominio p鷅lico viario, necesidad esta que no puede dejarse de atender y a la que ha de darse respuesta con car醕ter urgente.

Por otra parte, el art韈ulo 57 de la mencionada Ley 8/2001, de 12 de julio, que regula los accesos a las carreteras, prev� que cuando la autorizaci髇 definitiva de acceso a los elementos de servicio corresponda a las Diputaciones Provinciales, con car醕ter previo, se recabar� informe vinculante de la Consejer韆 competente en materia de carreteras, en consideraci髇 al cumplimiento de la normativa e instrucciones t閏nicas en materia de accesos y a las determinaciones de la planificaci髇 viaria.

La experiencia acumulada en el desarrollo competencial que en materia de carreteras corresponde a la Comunidad Aut髇oma de Andaluc韆 permite sostener que resulta suficiente, a efectos de eficiencia, eficacia y seguridad administrativa, que el acceso a los elementos de servicio de una carretera se establezca por la Administraci髇 competente en raz髇 de la titularidad de la carretera, con sujeci髇 a la normativa e instrucciones t閏nicas que resulten de aplicaci髇, sin que se estime necesario un Informe preceptivo de la Consejer韆 competente en materia de carreteras. La eliminaci髇 de este informe preceptivo favorecer� la agilizaci髇 administrativa de estos procedimientos.

Estas dos modificaciones normativas a que se acaba de hacer referencia conllevan la notable reducci髇 del n鷐ero de informes a emitir en ambos casos, simplific醤dose, por ende, los procedimientos administrativos afectados y la agilizaci髇 de los tr醡ites de los mismos.

Tambi閚 se ha considerado oportuno, como otra medida de simplificaci髇, modificar el art韈ulo 21 de la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenaci髇 de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andaluc韆, ya que en dicho art韈ulo se condiciona la aprobaci髇 definitiva de los los planes de transporte metropolitano a la emisi髇 del previo informe de los 髍ganos consultivos de 醡bito auton髆ico en las materias de ordenaci髇 del territorio y transportes, entre las que se encuentra la Comisi髇 de Ordenaci髇 del Territorio y Urbanismo, regulada por el Decreto 36/2004, de 11 de febrero, por el que se regula el ejercicio de las competencias de la Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆 en materia de Ordenaci髇 del Territorio y Urbanismo.

Tambi閚 es importante tener en cuenta que de conformidad con el art韈ulo 48.1 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, los planes de transporte metropolitano tienen la consideraci髇 de Planes con Incidencia en la Ordenaci髇 del Territorio y se elaboran seg鷑 lo previsto en los art韈ulos 48 y 49 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre. As�, seg鷑 lo dispuesto en el art韈ulo 49.3 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre y a fin de garantizar desde el primer momento la correcta inserci髇 de los planes con Incidencia en la ordenaci髇 del territorio en el marco territorial definido por los instrumentos de ordenaci髇 territorial, en el procedimiento de aprobaci髇 de estos planes se realiza una consulta previa a la Consejer韆 competente en materia de ordenaci髇 del territorio y urbanismo, as� como a las Administraciones P鷅licas y entidades p鷅licas afectadas por raz髇 de su competencia, sobre la adecuaci髇 de las alternativas propuestas a las directrices y determinaciones establecidas por la ordenaci髇 territorial vigente.

Por otra parte, una vez redactado el plan en su versi髇 final, y antes de la aprobaci髇 definitiva por Consejo de Gobierno, el 髍gano competente en materia de ordenaci髇 del territorio y urbanismo emite, de conformidad con el art韈ulo 49.4 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, un informe preceptivo sobre la incidencia territorial de las determinaciones del plan.

De lo expuesto se colige que, en el procedimiento de tramitaci髇 de los planes de transportes metropolitanos, la emisi髇 de informes en materia de ordenaci髇 territorial seg鷑 art韈ulos 49.3 y 49.4 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, hace innecesaria la solicitud de la consulta a la Comisi髇 de Ordenaci髇 del Territorio y Urbanismo.

Adem醩, los planes de transporte metropolitano se elaboran siguiendo las directrices establecidas por el Manual de Elaboraci髇 de Planes Estrat間icos de Pol韙icas P鷅licas en la Junta de Andaluc韆, en el que se incluye la participaci髇 y cooperaci髇 ciudadana para el desarrollo de las propuestas de planes y programas de las administraciones p鷅licas. Los planes en su proceso de elaboraci髇 celebran diversas jornadas participativas con la colaboraci髇 del 醨ea de Evaluaci髇 de Pol韙icas P鷅licas y en la que son invitados los principales actores de la movilidad y transportes de cada 醡bito, incluidos aquellos con intereses en la ordenaci髇 del territorio.

De conformidad con los art韈ulos 82 y 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las propuestas de los planes de transporte metropolitanos son sometidas a tr醡ite de audiencia e informaci髇 p鷅lica y en virtud del art韈ulo 39.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, dentro de la Evaluaci髇 Ambiental Estrat間ica son consultadas los principales actores en el 醡bito de la movilidad y transporte, incluidos los relacionados con la ordenaci髇 del territorio.

Todos los argumentos que se acaban de exponer conducen a la existencia de una clara duplicidad de informes y controles sobre la cuesti髇 de la incidencia territorial de los planes de transporte metropolitano, lo que hace necesaria la modificaci髇 del art韈ulo 21 de la Ley 2/2003, de 12 de mayo, que regula el procedimiento de aprobaci髇 de los referidos planes, con objeto de eliminar tal duplicidad.

En coherencia con lo anterior se hace precisa, asimismo, la introducci髇 de una disposici髇 transitoria que regule el r間imen aplicable a este efecto para aquellos procedimientos de aprobaci髇 de planes de transporte metropolitano que se encuentren en curso de tramitaci髇 a la entrada en vigor de la modificaci髇 del art韈ulo 21 operada por este Decreto-ley.

De otro lado, se modifica la precitada Ley 2/2003, de 12 de mayo, en la redacci髇 de su art韈ulo 48.1, recientemente reformado por el Decreto-ley 8/2022, de 27 de septiembre, con el objeto de incorporar en dicho apartado la competencia atribuida a los municipios con car醕ter general para sancionar los servicios urbanos de transporte p鷅lico de viajeros en autob鷖 que se desarrolle 韓tegramente dentro de su t閞mino municipal, de acuerdo con lo dispuesto en el art韈ulo 4.1 de la Ley, y que por error no se incluy� en la anterior redacci髇.

Por otra parte, en este contexto de grave crisis econ髆ica, resulta urgente y necesario impulsar en Andaluc韆 actuaciones de simplificaci髇 administrativa que reduzcan trabas burocr醫icas desproporcionadas para los operadores econ髆icos relacionados con el sector del transporte. A tal efecto, se modifica el Reglamento de los Servicios de Transporte de Viajeros y Viajeras en Autom髒iles Turismo de Andaluc韆, aprobado por Decreto 35/2012, de 21 de febrero, para sustituir la autorizaci髇 previa del ente municipal por una comunicaci髇 previa del titular de la licencia de taxi para los supuestos de suspensi髇 de la actividad y por una declaraci髇 responsable en los procedimientos relacionados, con la publicidad y modificaci髇 de las caracter韘ticas de los veh韈ulos, as� como con la actividad de las emisoras de radio o sistema de telecomunicaciones. Esta modificaci髇 resulta esencial para incentivar y mejorar el acceso y el desarrollo de la actividad econ髆ica del taxi, haci閚dola m醩 competitiva, al tiempo que representa un avance en la mejora y agilidad de la gesti髇 y actuaci髇 auton髆ica andaluza.

Igualmente, en aras de una mayor simplicidad y uniformidad normativa, se ampl韆 el plazo para visar las licencias municipales de uno a cuatro a駉s, tal y como est� establecido para las autorizaciones de trasporte p鷅lico interurbano de viajeros de 醡bito estatal (VT). Esta medida que equipara la tramitaci髇 de ambos t韙ulos habilitantes viene siendo requerida desde hace tiempo por los Ayuntamientos andaluces.

Se introduce asimismo una mejora regulatoria en el referido Reglamento, mediante el establecimiento de la obligatoriedad de llevar un registro municipal de las licencias concedidas por resultar de vital importancia en aras de garantizar el desarrollo eficaz de las tareas administrativas y favorecer la colaboraci髇 interadministrativa.

Igualmente, resulta necesaria la simplificaci髇 administrativa con objeto de eliminar tr醡ites o informes no necesarios en materia de urbanismo, a cuyo efecto se incluyen en el presente Decreto-ley las medidas que se describen a continuaci髇.

Se modifican determinados art韈ulos de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, y su Reglamento General, aprobado mediante el Decreto 550/2022, de 29 de noviembre. La actual coyuntura econ髆ica, que afecta directamente al mercado de suelo y de vivienda en Andaluc韆, reclama urgentemente la adopci髇 de medidas legislativas de simplificaci髇 administrativa y mejora normativa en materia urban韘tica. Esta situaci髇 se deriva fundamentalmente de tres circunstancias: la inflaci髇 en el mercado de la vivienda, la escasez de una oferta de vivienda y de suelo urbanizado para satisfacer las demandas actuales y la dificultad para financiar obras de nueva urbanizaci髇.

La Ley 7/2021, de 1 de diciembre, establece en su art韈ulo 4, entre otros principios generales de la ordenaci髇 urban韘tica el deber de promover una ocupaci髇 racional del suelo, el modelo de ciudad compacta, las actuaciones de regeneraci髇 y renovaci髇 urbana y la culminaci髇 de las actuaciones urban韘ticas iniciadas. Para el desarrollo de estos principios generales la Ley da un especial protagonismo a las actuaciones de transformaci髇 urban韘tica en el suelo urbano para conseguir, como establece su art韈ulo 61, la consolidaci髇 de los n鷆leos urbanos existentes y la diversidad de usos mediante actuaciones de mejora, rehabilitaci髇, regeneraci髇 y renovaci髇 urbana.

El criterio general de la norma es que las dotaciones que se precisan en las actuaciones de mejora urbana y de reforma interior deben justificarse por los instrumentos de ordenaci髇 urban韘tica en funci髇 del nivel dotacional de la zona de suelo urbano donde se ubican. No obstante, para facilitar el desarrollo de estas actuaciones resulta conveniente establecer un l韒ite a partir del cual puede presuponerse que peque駉s incrementos de la poblaci髇 o de la edificabilidad no precisan de la mejora de dotaciones existentes. Para ello se modifican los art韈ulos 27 y 86 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, y 47 y 82 del Reglamento, estableciendo como presupuesto que si la nueva ordenaci髇 no implica un incremento de la edificabilidad superior al 10% o de la poblaci髇 superior al 20% no ser醤 necesarias nuevas dotaciones en el suelo urbano.

Con la misma finalidad de facilitar el desarrollo de las actuaciones de transformaci髇 urban韘tica en suelo urbano se regulan los supuestos en los que la reserva de espacios libres, que con car醕ter general se establece en el 10% de la superficie del 醡bito, puede reducirse cuando la superficie resultante sea de escasa entidad, cuando no resulte posible su integraci髇 en la red de espacios libres del municipio o cuando la zona de suelo en la que se act鷄 cuente con una proporci髇 de espacio verde urbano significativa. Para ello se modifica los art韈ulos 61.4 de la Ley y 82.8 del Reglamento.

En relaci髇 con el contenido documental de los instrumentos de ordenaci髇 urban韘tica, es necesario establecer unas reglas de unificaci髇 y normalizaci髇 de la documentaci髇 electr髇ica a incluir en el sistema de informaci髇 territorial y urban韘tica para que 閟ta sea accesible, reutilizable e interoperable, como establece el art韈ulo 6 del Reglamento. Esto s髄o se puede hacer efectivo si las normas directoras, adem醩 de directrices y recomendaciones, contienen normas vinculantes. Con el objeto de regular el contenido formal de los instrumentos de ordenaci髇 urban韘tica, sin que se vea afectado su contenido sustantivo. Se modifican para ello los art韈ulos 74 y 82 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, y 97 y 110 del Reglamento.

Se modifica la disposici髇 transitoria tercera del Reglamento General de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, para establecer las reservas y est醤dares dotacionales locales de actuaciones de transformaci髇 urban韘tica en suelo urbano referidas el nivel dotacional existente, pues el nivel dotacional objetivo es un concepto novedoso de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, que no est� definido en ning鷑 instrumento de planeamiento anterior a su entrada en vigor.

En la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, y su Reglamento General de desarrollo, se hace necesario introducir una nueva disposici髇 transitoria novena que tiene por objeto facilitar la recepci髇 de las obras de urbanizaci髇 de 醡bitos con proyectos de urbanizaci髇 aprobados con anterioridad a la entrada en vigor de dicha Ley.

El objetivo es permitir que los numerosos 醡bitos en proceso de ejecuci髇, con obras de urbanizaci髇 inacabadas o sin recepcionarse, puedan acogerse o adaptarse al actual marco. Se busca ahondar en el principio de ocupaci髇 sostenible que promueve la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, en su art韈ulo 4.2.c) facilitando la culminaci髇 de las actuaciones urban韘ticas y de transformaci髇 urban韘tica ya iniciadas frente a la necesidad de nuevos desarrollos y permitir culminar los procesos para poner suelo urbanizado en el mercado que permita atender las demandas de vivienda y de actividades productivas en un contexto de crisis inmobiliaria agravado por las dificultades de financiaci髇 de las obras de urbanizaci髇. Por ello, se introduce una nueva disposici髇 transitoria novena en la referida Ley y se completa el art韈ulo 197 del Reglamento General, sobre el procedimiento de recepci髇 de las obras de urbanizaci髇.

Tambi閚 se define un procedimiento propio, m醩 醙il, para definir o modificar las fases de urbanizaci髇, y se completa el r間imen de recepci髇 de las obras de urbanizaci髇 desarrollado en el Reglamento General. Para ello se modifican los art韈ulos 96 y 97 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, y, en coherencia con dicha modificaci髇, se adapta la redacci髇 del apartado 2 del art韈ulo 191 del Reglamento General.

As� mismo, se adaptan las reglas del procedimiento de aprobaci髇 del proyecto de urbanizaci髇 para favorecer la tramitaci髇 coordinada con el procedimiento ambiental. Para ello se modifica el art韈ulo 192 del Reglamento General de la LISTA.

Para dotar de una mayor seguridad jur韉ica a la ejecuci髇 de la edificaci髇 de forma simult醤ea a las obras de urbanizaci髇 y llevar a 鷏timo t閞mino la ordenaci髇 urban韘tica de una forma 醙il y viable, se modifica el art韈ulo 203 de dicho Reglamento General.

Para seguir avanzando en la eliminaci髇 de cargas innecesarias o desproporcionadas en los medios de intervenci髇 sobre los actos, se a馻den nuevas actuaciones que, por su alcance, no es necesario realizar un control 玡x-ante� pudi閚dose llevar a cabo bajo los mecanismos de declaraci髇 responsable y comunicaci髇 previa. As� se a馻den los movimientos de tierras en suelo urbano y las explanaciones y las demoliciones de edificaciones o construcciones a las actuaciones sometidas a declaraci髇 responsable.

A su vez, en aras de una mayor agilizaci髇 en los procesos de control de las actuaciones sometidas a declaraci髇 responsable y comunicaci髇 previa establecidos en la Ley 7/2021, de 1 de diciembre y su Reglamento General de desarrollo, se introducen una serie de medidas que redunden en la mejor efectividad de estos medios de intervenci髇 con la optimizaci髇 de los recursos de los Ayuntamientos. Se modifican por ello el apartado 1 del art韈ulo 157 de la citada Ley y los art韈ulos 360 y 369 de su Reglamento General de desarrollo.

Por otra parte, con el objeto de agilizar la tramitaci髇 de licencias urban韘ticas se modifica el procedimiento de otorgamiento de estas para implementar mecanismos adicionales de colaboraci髇 p鷅lico-privada. Se introduce as� la posibilidad de que, si lo prev閚 las ordenanzas municipales los informes emitidos por los Colegios Profesionales o entidades urban韘ticas certificadoras puedan tener efectos equiparables a los informes t閏nicos municipales previos al otorgamiento de las licencias, todo ello, sin renuncia a las potestades de control y verificaci髇 sobre dichos informes o certificados que corresponden al Ayuntamiento.

En aras del principio de legalidad, se introduce un nuevo p醨rafo al apartado 4 del art韈ulo 158 de la Ley. Con ello, a trav閟 una previsi髇 legal espec韋ica, se introduce en la norma sectorial un mecanismo tradicional que propicia la eliminaci髇 de aquellos actos urban韘ticos que legitimen alguna actuaci髇 contraria al ordenamiento jur韉ico, si bien acotado exclusivamente, por seguridad jur韉ica, a supuestos especialmente graves como son los incursos en alguna causa de nulidad de pleno derecho.

Se modifica tambi閚 la redacci髇 de los art韈ulos 75 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, y 107 del Reglamento para clarificar la intervenci髇 de la Consejer韆 competente en el procedimiento de aprobaci髇 de los instrumentos de ordenaci髇 urban韘tica.

Respecto a los 髍ganos colegiados con competencias en materia de ordenaci髇 del territorio y urbanismo adscritos a la Consejer韆 de Fomento, Articulaci髇 del Territorio y Vivienda se contempla la modificaci髇 del Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se regula el ejercicio de las competencias de la Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆 en materia de Ordenaci髇 del Territorio y Urbanismo, eliminando tres informes de valoraci髇 atribuidos a las Comisiones Territoriales de Ordenaci髇 del Territorio y Urbanismo y al Consejo Andaluz de Ordenaci髇 del Territorio y Urbanismo durante la tramitaci髇 de distintos procedimientos en relaci髇 a instrumentos de planeamiento general por haber devenido innecesarios y redundantes.

La aprobaci髇 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, supuso la derogaci髇 del Decreto 11/2008, de 22 de enero, por el que, entre otras cuestiones, se regulaba el procedimiento de adaptaci髇 a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenaci髇 Urban韘tica de Andaluc韆, igualmente derogada. Esta derogaci髇 conlleva la innecesariedad de la valoraci髇 que en este procedimiento de adaptaci髇 correspond韆 a las Comisiones Territoriales de Ordenaci髇 del Territorio y Urbanismo, de acuerdo con el art韈ulo 12.1.j) Decreto 36/2014, de 11 de febrero.

Esta modificaci髇 de los art韈ulos 5.2.e) y 13.2.b) del Decreto 36/2014, de 11 de febrero, ser� de aplicaci髇 a los instrumentos de planeamiento general y sus innovaciones que afecten a la ordenaci髇 estructural que contin鷈n su tramitaci髇 seg鷑 las determinaciones de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenaci髇 Urban韘tica de Andaluc韆 por haber iniciado la misma antes de la entrada en vigor de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre.

Asimismo se modifica la disposici髇 adicional octava del Decreto 36/2014, de 11 de febrero, con objeto de simplificar la tramitaci髇 ambiental de los instrumentos de ordenaci髇 urban韘tica, de modo que se otorga a las Delegaciones Territoriales en materia de medio ambiente la competencia para la instrucci髇 y formulaci髇 de la declaraci髇 ambiental estrat間ica o del informe ambiental estrat間ico, seg鷑 el caso, eliminando la intervenci髇 anteriormente establecida de la Direcci髇 General con competencia en materia de prevenci髇 y control ambiental, en el caso de los municipios identificados como ciudades Principales y Ciudades Medias de nivel 1, incluidas en el anexo del citado decreto.

El acceso a la vivienda se conforma como una de las principales cuestiones a las que los poderes p鷅licos deben atender, en la sociedad actual, en el ejercicio de sus competencias. En concreto, la promoci髇 y el fomento del acceso a la vivienda protegida, digna y adecuada, y a precio asequible, debe ser uno de los objetivos fundamentales de las administraciones p鷅licas andaluzas, a trav閟 del aumento de la oferta disponible al ciudadano.

La evoluci髇 que, por distintos motivos, ha venido teniendo el sector de la construcci髇 y, por ende, el de la vivienda, se ha visto condicionada tanto por la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, como por el conflicto b閘ico de Ucrania que, unidos a otros factores, han provocado un encarecimiento de los materiales de la construcci髇. Junto con ello, hay que tener en cuenta otras circunstancias como la ca韉a del n鷐ero de hipotecas concedidas o el encarecimiento generalizado de los alquileres, que no vienen a favorecer la consecuci髇 del principio rector del fomento del acceso a la vivienda.

La ciudadan韆 en general, y especialmente en materia de vivienda protegida, viene demandando un aumento de la posibilidad de acceso a la misma a precio asequible. En los 鷏timos cuarenta a駉s el crecimiento poblacional en Andaluc韆 se ha visto incrementado en unos 50.000 habitantes por a駉, con una ratio de ocupaci髇 de dos personas por vivienda y con un aumento de demanda de 25.000 viviendas por a駉. El desajuste entre la oferta y la demanda es palmario, cuantific醤dose en unas 13.000 viviendas al a駉, dado que la construcci髇 de viviendas en el per韔do 2011-2019 se ha constatado en 12.000 viviendas anuales. Es por ello por lo que las Administraciones P鷅licas deben atender, con medidas urgentes e inaplazables, esta necesidad de la sociedad actual.

Junto con estos datos ha de tenerse en cuenta que, de acuerdo con la valoraci髇 realizada por el Instituto de Estad韘tica y Cartograf韆 de Andaluc韆 para 2021 la renta media en Andaluc韆, como salario bruto, es de 16.284 euros al a駉. Por ello, la media del esfuerzo salarial de las familias andaluzas para el acceso a la vivienda se corresponde con el 31,3% de sus ingresos, siendo la media nacional del 32,3% y el deseable el 30%.

Por otro lado, se comprueba un encarecimiento de los importes de las hipotecas medias en Andaluc韆, evolucionando desde 108.994 euros en 2019, a los 116.820 euros en 2020, los 117.372 euros en 2021 y a los 124.562 euros en 2022. Y es que la compra de una vivienda requiere la inversi髇 de los ingresos de una unidad familiar durante siete a駉s y medio. Desde 2008 las familias andaluzas no ten韆n que dedicar un porcentaje tan alto de sus ingresos para acceder a una vivienda. Por ello, es necesario aumentar la oferta para poder poner a disposici髇 de los ciudadanos viviendas suficientes a precio asequible.

Adem醩, hay que tener en cuenta que en la franja de entre los 15 y 29 a駉s de edad la emancipaci髇 es del 15,9%, mientras que entre los 30 y los 34 a駉s, del 67,7%.

La configuraci髇 de nuevas formas de unidades familiares determina una evoluci髇 al alza de las necesidades de vivienda en el territorio de la Comunidad Aut髇oma andaluza. As�, en el a駉 2018, 8,4 millones de personas ten韆n fijada su residencia habitual en alguno de los 3,2 millones de viviendas familiares registradas en Andaluc韆, por lo que el tama駉 medio de los hogares se situ� en 2,6 personas por vivienda. Con un horizonte de proyecci髇 de veintid髎 a駉s, la estimaci髇 se concreta en 3,6 millones de hogares, unas 363.000 viviendas adicionales m醩 que en 2018. Esto supone un crecimiento de unos 17.000 hogares al a駉.

Y de entre todos los colectivos ciudadanos, adem醩, requerir醤 especial atenci髇 tanto los j髒enes, las personas en riesgo de exclusi髇 social, las personas mayores, las personas con capacidades diferentes, las v韈timas de violencia de g閚ero o terrorismo, las familias numerosas o las familias en riesgos de desahucio.

El acceso a la vivienda digna y adecuada y a precio asequible, se conforma en la actualidad como uno de los principales problemas de los ciudadanos andaluces, siendo las medidas que se establecen en el presente Decreto-ley necesarias de forma perentoria e inmediata para la actividad de fomento que se pretende y para la consecuci髇 de sus efectos en la sociedad.

En consecuencia, es preciso impulsar en Andaluc韆 el cambio en la mejora regulatoria e institucional y la simplificaci髇 normativa, para contribuir a crear un entorno de seguridad jur韉ica, que facilite la compresi髇 de los 髍ganos colegiados de participaci髇 en materia de vivienda y evitar duplicidades. En este marco, ya se ha hecho referencia con anterioridad a la supresi髇 del Observatorio de la Vivienda de Andaluc韆.

Adem醩, resultan necesarias otras modificaciones normativas. As�, en cumplimiento del mandato establecido por la Ley 1/2010, de 8 de marzo, reguladora del Derecho a la Vivienda en Andaluc韆, con fecha 3 de julio de 2020 se public� el Decreto 91/2020, de 30 de junio, por el que se regula el Plan Vive en Andaluc韆, de vivienda, rehabilitaci髇 y regeneraci髇 urbana de Andaluc韆 2020-2030 (Plan Vive). En 閘 se concretan las pol韙icas de vivienda y rehabilitaci髇 en la Comunidad Aut髇oma para el referido periodo, incorporando acciones y medidas destinadas a hacer real y efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada, base fundamental para el ejercicio del resto de derechos constitucional y estatutariamente consagrados.

Se hace necesario realizar algunos ajustes en el Decreto 91/2020, de 30 de junio, que tienen como finalidad 鷏tima, entre otras, potenciar la promoci髇 de vivienda protegida, como medida perentoria y urgente a atender por los poderes p鷅licos de Andaluc韆.

Por ello se modifica el art韈ulo 15, relativo a las 玃ersonas destinatarias de viviendas y alojamientos protegidos�, estableciendo medidas de agilizaci髇 que, a la vez, permitan a las personas promotoras de vivienda asumir estas actuaciones en un marco de mayor seguridad.

Respecto a la actualizaci髇 del m骴ulo b醩ico, que sirve de base para la definici髇 del precio de venta o alquiler de las viviendas protegidas, se modifica el art韈ulo 19 del Decreto 91/2020, de 30 de junio, incrementando el m骴ulo un 14,5% y estableciendo una actualizaci髇 anual autom醫ica en funci髇 del 蚽dice de Precios de Consumo (IPC). Para ello se ha tenido en cuenta que en julio de 2023 se han cumplido tres a駉s desde la entrada en vigor del Plan Vive y, a lo largo de este periodo de tiempo, se ha producido una notable subida de los costes de la construcci髇. Existen informes que acreditan que los precios de la vivienda protegida en Andaluc韆, ya sea en el r間imen general o en el r間imen limitado, en los municipios donde el precio es mayor, se encuentran muy por debajo del precio de la vivienda protegida en comparaci髇 con otras comunidades aut髇omas. As� ocurre respecto a Catalu馻 (un 42% por debajo en el r間imen general y un 36% por debajo en el r間imen limitado), respecto a Baleares (por debajo un 44% y un 15%, respectivamente), Madrid (por debajo un 4% y un 10%, respectivamente) o Valencia (por debajo un 17% en ambos reg韒enes, respectivamente).

Se adopta el valor de crecimiento del IPC dado que engloba las subidas de los distintos sectores, por lo que se considera m醩 correcta su aplicaci髇 que la de otros 韓dices p鷅licos, en correlaci髇 con la situaci髇 global de la econom韆, al estar tambi閚 menos sujeto a fluctuaciones particulares del sector inmobiliario. Dado que el precio de la vivienda debe adecuarse a los salarios y capacidad de acceso a la misma por parte de los ciudadanos, y aquellos no suben en la proporci髇 que el 韓dice de precios de la vivienda, es por lo que se considera el IPC el indicador m醩 adecuado, tal como lo utilizan, adem醩, otras comunidades aut髇omas.

Es, por ello, fundamental, adecuar el precio de la vivienda protegida a trav閟 del m骴ulo b醩ico y de los coeficientes territoriales contenidos en el Anexo V del Decreto 91/2020, de 30 de junio, teniendo en cuenta los costes de la construcci髇 y la necesidad de promover la colaboraci髇 p鷅lico-privada en la edificaci髇 de viviendas protegidas en los municipios andaluces, para conseguir el objetivo de una mayor producci髇 de este tipo de viviendas, especialmente las de r間imen general y de precio limitado, gener醤dose as� un aumento de las posibilidades de acceso a los ciudadanos inscritos en los registros municipales de demandantes de vivienda. En caso contrario estar韆mos ante un efecto disuasor de la promoci髇 de viviendas, que se ver韆 muy limitada en el 醡bito de la vivienda protegida. Teniendo en cuenta, como se ha indicado, las necesidades de este tipo de viviendas en Andaluc韆, se requiere una reacci髇 r醦ida por parte de los poderes p鷅licos tras las nefastas consecuencias de la crisis sanitaria del COVID-19 y de la guerra de Ucrania.

El art韈ulo 21 del Decreto 91/2020, de 30 de junio, establece en su apartado b) la forma de c醠culo de la renta m醲ima de alquiler de las viviendas protegidas, distinguiendo si est醤 amuebladas o no. En la pr醕tica esta distinci髇 no siempre es f醕il de aplicar, suponiendo la ralentizaci髇 del proceso, por lo que se estima establecer un 鷑ico precio m醲imo, del 4,5%, como precio de referencia, sin perjuicio de que el precio final se ajuste a las caracter韘ticas concretas de las viviendas.

Y es que el fomento del alquiler de la vivienda protegida es fundamental para promover el acceso a una vivienda digna y adecuada para aquellas personas que no pueden acceder a la compra de una vivienda. Con esta medida se consigue que estos colectivos s� puedan ver materializado el deseo de contar con un hogar, de una manera r醦ida y efectiva.

La disposici髇 adicional primera del citado Decreto 91/2020, de 30 de junio, establece la forma de c醠culo de los ingresos familiares y de la unidad de convivencia que permiten el acceso a la vivienda protegida. El apartado 4 establece la ponderaci髇 de los ingresos de forma que el l韒ite de ingresos que permite el acceso a la vivienda protegida pueda graduarse en base a determinadas variables. En concreto la letra a) establece la ponderaci髇 en funci髇 del n鷐ero de miembros de la unidad familiar, y resulta aconsejable aumentar la ponderaci髇 en caso de acceso de unidades de convivencia de dos o m醩 miembros.

Con esta medida se viene a facilitar el acceso a la vivienda protegida a unidades familiares, especialmente j髒enes, que con los criterios de ponderaci髇 anteriores habr韆n visto reducidas sus posibilidades de acceso.

Igual efecto se consigue con la regulaci髇 que se contempla en el segundo p醨rafo del apartado 1 del art韈ulo 15 del Decreto 91/2020, de 30 de junio. Al incrementarse, para el caso establecido en el art韈ulo 11.10 del Decreto 1/2012, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Regulador de los Registros P鷅licos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida, los l韒ites de ingresos para el acceso a viviendas protegidas de r間imen general y de precio limitado, se consigue que ciudadanos que estaban excluidos de esta opci髇 por su nivel de rentas pero que, sin embargo, tampoco contaban con poder adquisitivo suficiente para el acceso a una vivienda libre, puedan verse beneficiados de esta actividad de fomento del acceso a una vivienda protegida.

Por otra parte, para lograr el derecho a una vivienda digna y adecuada, el contenido del Plan Vive se orienta hacia la consecuci髇 de, entre otros objetivos, el de intervenir sobre los edificios de inter閟 arquitect髇ico, mediante su rehabilitaci髇, adecuaci髇 y puesta en valor, bien para seguir prestando su funci髇, o atribuy閚doles nuevos usos, entendi閚dolos como elementos transmisores de la historia viva de nuestras ciudades y de identidad de los vecinos.

Durante el per韔do de desarrollo y aplicaci髇 de las medidas del Plan se ha detectado la necesidad de revisar y modificar algunas de sus disposiciones relativas a este Programa con la finalidad, principalmente, de habilitar procedimientos m醩 醙iles que los actuales, ampliando las modalidades de participaci髇 a las entidades p鷅licas y, por otra parte, de mejorar la eficiencia en la gesti髇 administrativa y presupuestaria. As�, tambi閚 se consigue, de manera r醦ida e inmediata, una mayor reactivaci髇 econ髆ica de las entidades locales beneficiarias de las subvenciones dinerarias que, por otro lado, han venido padeciendo la crisis econ髆ica generada por el escenario global de nuestra actualidad. Se hace necesario, por tanto, poner en funcionamiento este mecanismo de la subvenci髇 dineraria para conseguir un efecto inminente en la reactivaci髇 de nuestros ayuntamientos. El beneficio de esta actividad de fomento desde la Comunidad Aut髇oma a estos entes p鷅licos es directo.

Con estas modificaciones se pretende, en definitiva, simplificar, agilizar y mejorar la tramitaci髇 del Programa de rehabilitaci髇 de edificios de inter閟 arquitect髇ico –Plan Rehabilita Patrimonio– y con ello, la aplicaci髇 de Plan Vive, otorgando mayor participaci髇 a las entidades beneficiarias y mejorando permanentemente el conocimiento adquirido, favoreciendo con todo ello la consecuci髇 del objetivo de actuar sobre los edificios de inter閟 arquitect髇ico mediante la rehabilitaci髇 y adecuaci髇 de sus espacios, como elementos transmisores de la historia viva de nuestras ciudades y de la identidad de sus vecinos.

Resulta urgente, por otra parte, simplificar el procedimiento de vivienda protegida, procedimiento este que se regula en el Reglamento de Viviendas Protegidas, aprobado por Decreto 149/2006, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Aut髇oma de Andaluc韆 y se desarrollan determinadas disposiciones de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de medidas en materia de Vivienda Protegida y el Suelo. En dicho Reglamento, se exige tanto para una primera adjudicaci髇 por el promotor, como para los segundos o posteriores contratos de arrendamiento por el promotor o gestor, un visado del contrato.

Entendiendo que resulta procedente agilizar dichos procedimientos en pro de que las viviendas protegidas lleguen a sus destinatarios con la mayor celeridad posible, siendo ello fundamental para conseguir agilizar de manera r醦ida y efectiva el acceso a una vivienda y, por tanto, necesario y urgente, se ha sustituido dicho requisito autorizatorio por una declaraci髇 responsable efectuada por el titular de la promoci髇 de las viviendas protegidas en la que se consignen determinados datos del contrato que aseguren el cumplimiento de la normativa vigente, y que en el caso de la compraventa permita adem醩 la protocolarizaci髇 notarial de la transmisi髇 de las vivienda protegida.

Se prev� una disposici髇 final segunda en el Decreto 149/2006, de 25 de julio, que regula un plazo de tres meses para la entrada en vigor de las modificaciones de los art韈ulos 12, 18, 19, 22, 23 y 24 del citado Reglamento, en coherencia con la entrada en vigor de las modificaciones efectuadas en el Plan Vive para determinados art韈ulos relativos a la vivienda protegida.

XIX

El Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre, por el que se regulan la Renta M韓ima de Inserci髇 Social en Andaluc韆 y la ayuda complementaria al Ingreso M韓imo Vital, aprob� una prestaci髇 econ髆ica espec韋ica y directa orientada a prevenir el riesgo de exclusi髇 social y la pobreza. Con vistas a facilitar el acceso a la Renta M韓ima de Inserci髇 Social y conseguir que las cuant韆s concedidas alcancen las necesidades reales de las unidades familiares, se han excluido de los ingresos computables determinadas ayudas econ髆icas puntuales de escasa cuant韆, tales como el bono social t閞mico o el cheque libro, incluy閚dose a tal fin una nueva letra n) en el art韈ulo 13.4. Asimismo, y dado que en la pr醕tica no han llegado a constituirse las Comisiones Provinciales de Coordinaci髇, se ha eliminado su previsi髇 del art韈ulo 52, que es derogado en consecuencia.

En el mencionado Decreto-ley se regula tambi閚 la ayuda complementaria al ingreso m韓imo vital, ayuda econ髆ica extraordinaria dirigida a unidades econ髆icas familiares que, aun siendo perceptoras del ingreso m韓imo vital, no pueden hacer frente a sus necesidades de subsistencia a corto plazo. Se modifica el art韈ulo 56 para adaptarlo a la realidad de la prestaci髇 que, aunque viene definida en su normativa reguladora como una cuant韆 fija, se ha visto modificada en a駉s consecutivos debido a la situaci髇 socio econ髆ica que atraviesa el pa韘, derog醤dose por tanto la referencia a los 100 euros prevista en dicho art韈ulo. Del mismo modo, se ha eliminado el plazo de tres meses de presentaci髇 de solicitudes de esta ayuda, regulado en el art韈ulo 57.2, lo que facilitar� el acceso a la ciudadan韆 y la gesti髇 a los 髍ganos tramitadores.

Adicionalmente, en aras de la simplificaci髇 y con el objetivo de reducir el n鷐ero de requerimientos de documentaci髇 en la tramitaci髇 de los procedimientos, se han llevado a cabo modificaciones de los Anexos I, VI, VIII, IX y X vinculados a ambas prestaciones.

En materia de familia numerosa, tras la publicaci髇 del Decreto-ley 14/2022, de 20 de diciembre, por el que se adoptan medidas de car醕ter extraordinario y urgente en materia de renta m韓ima de inserci髇 social, bono social t閞mico y de simplificaci髇 de los procedimientos de expedici髇 del t韙ulo de familia numerosa y de atenci髇 a las personas con discapacidad en Andaluc韆, se han detectado nuevas 醨eas de mejora en este 醡bito por lo que se propone la introducci髇 de nuevos mecanismos de simplificaci髇 que permitan agilizar la tramitaci髇 del procedimiento de renovaci髇 del t韙ulo de familia numerosa con la consiguiente reducci髇 de los tiempos de respuesta de la Administraci髇. La propuesta que se realiza se basa en la unificaci髇 de los tres formularios existentes con car醕ter previo a la publicaci髇 de este Decreto-ley, Anexos I, II y III que hasta la fecha se presentan de manera separada. Para ello se modifican los art韈ulos 4, 5.3 y 8 del Decreto 172/2020, de 13 de octubre, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la condici髇 de familia numerosa y su categor韆, la expedici髇, renovaci髇, modificaci髇 o revocaci髇 del t韙ulo y del carn� de familia numerosa, en la Comunidad Aut髇oma de Andaluc韆, as� como la disposici髇 adicional 鷑ica.

En virtud del Acuerdo de la Subcomisi髇 de Seguimiento Normativo, Prevenci髇 y Soluci髇 de Controversias de la Comisi髇 Bilateral de Cooperaci髇 Administraci髇 General del Estado-Comunidad Aut髇oma de Andaluc韆 y con objeto de resolver las discrepancias en relaci髇 con el art韈ulo 3 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protecci髇 a la Familia Numerosa y la disposici髇 transitoria segunda del Decreto-ley 14/2022, de 20 de diciembre, se incorpora al texto del presente la modificaci髇 de 閟ta.

La reforma introducida en el T韙ulo XI del Libro Primero del C骴igo Civil por la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislaci髇 civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jur韉ica, exige la adecuaci髇 de la normativa andaluza a la nueva r鷅rica y contenido de dicho T韙ulo. La reforma ha supuesto un cambio fundamental en la toma de decisiones de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jur韉ica: se pasa de un sistema basado en la sustituci髇 en la toma de decisiones de la persona con su capacidad modificada judicialmente a un sistema nuevo, en el 醡bito de la Convenci髇 Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, firmado en Nueva York, el 13 de diciembre de 2006, que se fundamenta en el respeto a la voluntad y las preferencias de la persona quien, como regla general, ser� la encargada de tomar sus propias decisiones.

La adecuaci髇 de la normativa andaluza a la Ley 8/2021, de 2 de junio, exige una modificaci髇 de los preceptos legales, reglamentarios y 髍denes todav韆 referidos al sistema anterior.

Se modifica parte del articulado de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, en lo relativo a derechos y obligaciones de la ciudadan韆 y de las personas usuarias de los servicios sociales, Sistema P鷅lico de Servicios Sociales de Andaluc韆, concierto social en la prestaci髇 de los servicios sociales, financiaci髇 de los servicios sociales e infracciones graves.

Asimismo, se modifica la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atenci髇 a las Personas con Discapacidad en Andaluc韆, en lo concerniente a las entidades tutelares y las medidas de apoyo necesarias en el proceso de toma de decisiones.

La valoraci髇 del grado de discapacidad por parte de los Centros de Valoraci髇 y Orientaci髇 (en adelante, CVO) es la puerta de entrada al Sistema de Servicios Sociales para las personas que presentan alguna discapacidad, sin dicha valoraci髇 no se puede tener acceso al mismo. Sin embargo, desde hace alg鷑 tiempo, los CVO est醤 teniendo dificultades para tramitar los expedientes pendientes debido a un exceso en la demanda, unida a retrasos que se han acentuado con la pandemia producida por el COVID y a los nuevos baremos introducidos por el Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre, por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaraci髇 y calificaci髇 del grado de discapacidad. Todo ello ha provocado demoras insostenibles en los procedimientos tramitados en los CVO.

En este momento la tramitaci髇 de una solicitud de grado de discapacidad sobrepasa ampliamente los 6 meses establecidos como m醲imo para su conclusi髇, llegando incluso a una demora de 272 d韆s. Agilizar estos tr醡ites se ha convertido en una prioridad absoluta para la Administraci髇. Por ello, es en este contexto en el que se inserta la propuesta de modificaci髇 que se ha presentado, es decir, es fundamental agilizar los tr醡ites relacionados con las actividades fundamentales que se desarrollan en los CVO, esto es, la valoraci髇 del grado de discapacidad y la tramitaci髇 y renovaci髇 de las tarjetas de estacionamiento para personas con movilidad reducida.

Por otro lado, se introducen modificaciones en el Decreto 255/2021, de 30 de noviembre, por el que se regulan la organizaci髇 y las funciones de los centros de valoraci髇 y orientaci髇 de personas con discapacidad en Andaluc韆 y se desarrolla el procedimiento para la valoraci髇 del grado de discapacidad en la Comunidad Aut髇oma, en consonancia con el Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre, por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaraci髇 y calificaci髇 del grado de discapacidad, y que afectan a la regulaci髇 de la composici髇 de los equipos de valoraci髇, que pasan a denominarse equipos multiprofesionales de calificaci髇 y reconocimiento del grado de discapacidad, a fin de ampliar el n鷐ero de profesionales del 醨ea sanitaria con titulaci髇 m韓ima de grado universitario o equivalente que podr醤 realizar la valoraci髇 del grado de discapacidad contando con un mayor n鷐ero de efectivos para abordar dichas tareas. Asimismo, se crea un equipo de refuerzo para ayudar en la valoraci髇 de expedientes en aquellos CVO que, por circunstancias excepcionales o con car醕ter coyuntural necesiten de su colaboraci髇.

Adem醩, se introducen nuevos supuestos en los que es posible llevar a cabo una valoraci髇 no presencial. Para todo ello es fundamental el acceso a los Sistemas de Informaci髇 de los servicios p鷅licos de la Consejer韆 de Desarrollo Educativo y Formaci髇 Profesional que ser醤 de gran ayuda y evitar醤 la duplicidad que existe en estos momentos a la hora de valorar el grado de discapacidad de los menores de edad. La informaci髇 de salud de la persona que solicita el reconocimiento de grado de discapacidad puede obtenerse a trav閟 de la documentaci髇 aportada junto a la solicitud; otra forma de obtener esa informaci髇 en la Comunidad Aut髇oma Andaluza es a trav閟 del Sistema Integrado de Gesti髇 e Informaci髇 para la atenci髇 sanitaria (DIRAYA).

Se hace necesaria la modificaci髇 de la Orden de 19 de septiembre 2016, por la que se regulan las tarjetas de aparcamiento de veh韈ulos para personas con movilidad reducida en Andaluc韆, a fin de agilizar y mejorar el procedimiento para su renovaci髇.

Interesa a continuaci髇 hacer referencia a la regulaci髇 de las parejas de hecho dado que el perfil de estas est� cambiando en los 鷏timos a駉s. El dato de parejas en las que uno o los dos miembros tienen nacionalidad extranjera se eleva al 43%, tendencia que va en aumento cada a駉. Esta variaci髇 en el perfil de las personas usuarias, implica la necesidad de realizar ajustes en la gesti髇 y tramitaci髇 de los expedientes de parejas de hecho por parte de los 髍ganos encargados de la instrucci髇 y resoluci髇, sobre todo por la dificultad en la obtenci髇, por parte de las personas interesadas, de parte de la documentaci髇 necesaria para la acreditaci髇 de los requisitos, puesto que en la mayor韆 de los casos requieren de la intervenci髇 de diferentes organismos y administraciones p鷅licas, incluidos los de otros pa韘es. Por ello, se plantea la modificaci髇 del plazo para dictar y notificar la resoluci髇 de inscripci髇 en el Registro de Parejas de hecho, establecida en el art韈ulo 19 del Decreto 35/2005, de 15 de febrero, por el que se constituye y regula el Registro de Parejas de Hecho, pasando de un mes a un m醲imo de tres meses, dado que el plazo de un mes previsto en la regulaci髇 actual, obliga en numerosas ocasiones a los 髍ganos competentes en la instrucci髇, a resolver expedientes en el sentido confirmatorio del silencio sin haber podido acreditarse documentalmente el cumplimiento de los requisitos exigidos por la norma reguladora.

Precisamente esta raz髇 es la que ha llevado a proponer tambi閚 el cambio en el sentido del silencio, que tiene en la actualidad car醕ter estimatorio por el mero transcurso de un mes, obligando con ello a la Administraci髇 competente a inscribir en multitud de ocasiones parejas de hecho de las que se desconoce si se cumplen todos los requisitos necesarios para dicha inscripci髇. Esta circunstancia obliga a la Administraci髇 competente a iniciar procedimientos de revisi髇 de oficio de sus propios actos, procedimientos que pueden suponer la suspensi髇 temporal de los efectos de las resoluciones que van a ser revisadas, y que a su vez dilatan los procedimientos anteriores. La urgencia en estos cambios se pone de manifiesto al considerar que en la actualidad hay algo m醩 de 4000 expedientes de inscripci髇 de altas y bajas en el Registro de Parejas de Hecho sin resolver, debiendo ser estimados la mitad por silencio administrativo, con las consecuencias expuestas.

Los a駉s de existencia del Registro de Parejas de Hecho de Andaluc韆 han puesto de manifiesto la existencia de no pocos casos de fraude, en los que las fuerzas y cuerpos de seguridad colaboran aportando informaci髇 fehaciente de la no existencia de v韓culo alguno entre las dos personas que quieren constituir la pareja de hecho, siendo 閟te un requisito b醩ico, y en algunos supuestos poniendo al descubierto la existencia de mafias al respecto, por ello se ha considerado de urgente necesidad proponer el cambio del sentido del silencio.

Los procedimientos de acogimiento y adopci髇 requieren de igual modo de una reforma urgente, tendente a disminuir las cargas administrativas que, en forma de requerimientos de aportaci髇 de documentos, soportan las personas que se ofrecen para el acogimiento familiar. Entre los objetivos de las pol韙icas p鷅licas de la Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆 se cuenta, por a馻didura, la de atender al mandato legal de procurar que las personas menores de edad que se hallan bajo la tutela o la guarda de la Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆 se encuentren en entornos familiares antes que institucionales, esto es, se establece una preferencia del r間imen de acogimiento familiar frente al residencial. Considerando el n鷐ero de personas menores de edad que contin鷄n acogidas en centros de protecci髇 de menores, que actualmente supera las dos mil, se hace doblemente necesario reducir los obst醕ulos con que se encuentran las familias con voluntad de acogida, sin merma de las garant韆s establecidas. Para el logro de esta finalidad se modifica Decreto 282/2002, de 12 de noviembre, de acogimiento familiar y adopci髇, con la intenci髇 de actualizar y simplificar la documentaci髇 requerida para la obtenci髇 de la declaraci髇 de idoneidad de las personas interesadas.

En segundo lugar, con la modificaci髇 del Decreto 355/2003, de 16 de diciembre, de acogimiento residencial de menores, se persigue coordinar de manera m醩 eficaz la distribuci髇 de competencias entre los diferentes 髍ganos que participan en la aprobaci髇 de los instrumentos generales para la planificaci髇, ejecuci髇 y evaluaci髇 de la acci髇 educativa que deben elaborar los centros de protecci髇 de menores, como el reglamento de organizaci髇 y funcionamiento del centro y el proyecto educativo.

Igualmente, se estima oportuno, la modificaci髇 de la Orden de 1 de julio de 1997, por la que se regula la acreditaci髇 de los centros de atenci髇 especializada a las personas mayores y personas con discapacidad, y de la Orden de 5 de noviembre de 2007, por la que se regula el procedimiento y los requisitos para la acreditaci髇 de los centros para personas mayores en situaci髇 de dependencia en Andaluc韆, con objeto de afrontar y mejorar la sobrecarga de tareas y trabajo administrativo existente tanto en los centros residenciales que tienen la obligaci髇 de enviar la documentaci髇, como en los Servicios de Gesti髇 de Servicios Sociales de las Delegaciones Territoriales, que son quienes actualmente recepcionan la documentaci髇. En la pr醕tica, la verificaci髇 del cumplimiento de las obligaciones de tener los documentos exigidos actualizados se lleva a cabo mediante las actuaciones inspectoras realizadas por los Servicios de Inspecci髇 Provincial de Servicios Sociales, dentro de los Planes Generales de Inspecci髇 aprobados para cada a駉, de manera que es durante el curso de dicha actuaci髇 inspectora que se realiza in situ en el propio centro, en la que se solicita la aportaci髇 de la memoria anual de actividades del centro, y las variaciones y situaci髇 de la plantilla de personal. Por ello resulta imprescindible que con la mayor urgencia la documentaci髇 est� grabada, con car醕ter previo a la realizaci髇 de las actuaciones inspectoras, en la 玃lataforma de Gesti髇 de Datos de Centros de Servicios Sociales�, con objeto de que la misma puede ser examinada por el personal inspector previamente a realizar la visita al centro de que se trate, lo que contribuir� a que las labores inspectoras se agilicen enormemente, y centrar las mismas en aspectos propiamente asistenciales y de comprobaci髇 del bienestar de las personas que son atendidas en los distintos centros de servicios sociales.

Continuando con las pol韙icas de inclusi髇 social, en materia de dependencia se modifica la Orden de 27 de julio de 2023, por la que se regula el Servicio de Ayuda a Domicilio en Andaluc韆, estableci閚dose los requisitos y obligaciones necesarios para acceder a la condici髇 de entidad prestadora del servicio y su mantenimiento, y al procedimiento de obtenci髇, renovaci髇 y p閞dida de la acreditaci髇. Asimismo, se establece un precio m韓imo al precio/hora de las adjudicaciones referidas al servicio de ayuda a domicilio, en el 醡bito del Sistema para la Autonom韆 y Atenci髇 a la Dependencia en la Comunidad Aut髇oma de Andaluc韆, que no podr� ser, en ning鷑 caso, inferior al fijado en la resoluci髇 del 髍gano competente por la que se establezca el coste/hora m醲imo del citado servicio, en tanto que, en el caso del servicio de ayuda a domicilio, al incluirse en el 醡bito de los servicios sociales integrados en el Sistema P鷅lico de Servicios Sociales de Andaluc韆, nos encontramos ante un sistema de precios regulados, por lo que los Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales que gestionen indirectamente el servicio de ayuda a domicilio mediante contratos administrativos de servicios formalizados con entidades privadas prestadoras del SAD, deben actualizar el precio/hora de los citados contratos de conformidad con la citada Resoluci髇.

Asimismo, se propone la modificaci髇 del Anexo II de la Ley 9/2001, de 12 de julio, en el que se recogen los procedimientos administrativos auton髆icos en los que el silencio administrativo tiene efectos desestimatorios, para incorporar expresamente el procedimiento de reconocimiento de la situaci髇 de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonom韆 y Atenci髇 a la Dependencia en Andaluc韆 regulado en el Cap韙ulo II del T韙ulo XI.

Se modifica el Decreto 388/2010, de 19 de octubre, por el que se regula el r間imen de acceso y traslado de personas en situaci髇 de dependencia a plazas de centros residenciales y centros de d韆 y de noche, eliminando la prioridad de las resoluciones de traslados frente a las de acceso al servicio y ponderando ambas a la vez, de acuerdo con el orden de prioridad en el acceso a los servicios establecidos en la normativa de aplicaci髇.

Se ha considerado oportuno, en aras de la simplificaci髇 administrativa, introducir una serie de cambios en los 髍ganos colegiados correspondientes al 醡bito de los servicios sociales. As� el Consejo de Servicios Sociales de Andaluc韆, creado por la Ley 9/2016, de 27 diciembre, de Servicios Sociales de Andaluc韆, tiene entre sus funciones, establecidas en Decreto 2/2018, de 9 de enero, por el que se regula la composici髇 y r間imen de funcionamiento del Consejo de Servicios Sociales de Andaluc韆, el informe, con car醕ter previo y preceptivo, de los anteproyectos de ley y proyectos de decreto del Consejo de Gobierno en materia de servicios sociales, as� como de determinados instrumentos de planificaci髇 y cat醠ogos de prestaciones. La intervenci髇 del Consejo de Servicios Sociales de Andaluc韆 en los procedimientos de elaboraci髇 de disposiciones normativas est� ocasionando una duplicidad de actuaciones de las entidades que lo conforman, que en la mayor韆 de los casos son las mismas a las que se concede tr醡ite de audiencia, bien por tratarse de entidades y organizaciones m醩 representativas cuyos fines guardan relaci髇 directa con el objeto de la norma, o bien para garantizar el acierto y la legalidad en la confecci髇 final del texto de la disposici髇. Al objeto de corregir esta disfunci髇 y de evitar la dilaci髇 de procedimientos que ya de por s� presentan alguna complejidad, resulta perentorio atribuir car醕ter facultativo a dichos informes, a cuyo fin se modifican el art韈ulo 41.4 de su ley de creaci髇 y el art韈ulo 3.1 del Decreto 2/2018, de 9 de enero.

Por el mismo motivo, se modifica el art韈ulo 57 de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, relativo a la creaci髇 de la Comisi髇 de Coordinaci髇 y Colaboraci髇 de los Servicios Sociales, la cual asume las funciones de 髍gano permanente de colaboraci髇 entre la Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆 y la de las entidades locales. Estas entidades ya cuentan con otros cauces id髇eos de participaci髇 regulados en la misma norma legal para id閚ticas funciones, al margen de las previstas en las letras a) y d) del art韈ulo 57.3, de ah� que, para eliminar la duplicidad, se supriman ambas letras.

Se introduce igualmente una variaci髇 en el funcionamiento de la Comisi髇 Permanente de Di醠ogo con la Mesa del Tercer Sector de Andaluc韆, creada por el Decreto 98/2016, de 10 de mayo, cuyo art韈ulo 4 prev� que se re鷑a tres veces al a駉. Dicha asiduidad se ha demostrado innecesaria, siendo suficiente una reuni髇 anual como se viene haciendo de facto. Se modifica, en consecuencia, el art韈ulo 4.3 del decreto para celebrar una 鷑ica sesi髇 anual, lo que resulta m醩 acorde con las necesidades del funcionamiento de la Comisi髇.

Tambi閚 en el plano institucional, se modifica el Decreto 1/1989, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento del Instituto Andaluz de la Mujer, para que quede reflejado que estar� regido por la persona que ejerce la direcci髇 del mismo.

Dentro del 醡bito de actuaci髇 del Instituto Andaluz de la Juventud, es objeto de reforma el Decreto 80/1990, de 27 de febrero, por el que se regulan los Centros de Informaci髇 Juvenil y se concretan las condiciones de apertura, funcionamiento y reconocimiento oficial de los mismos por la Comunidad Aut髇oma Andaluza, que desde la entrada en vigor del presente Decreto-ley 鷑icamente podr醤 ser promovidos por personas jur韉icas, ante la imposibilidad de las personas f韘icas de asumir los gastos en instalaciones y contrataci髇 de personal laboral estable que requiere un servicio cuya prestaci髇 es gratuita.

Por 鷏timo, se propone la derogaci髇 de la Orden de 11 de junio de 2020, de la Consejer韆 de Salud y Familias, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesi髇 de los premios 獸amilias Andaluzas�. Ello obedece a la finalidad de darle en ediciones futuras naturaleza jur韉ica de acto administrativo, en consonancia con la naturaleza de otras convocatorias que se llevan a cabo en este 醡bito, como la de los Premios Andaluc韆 + Social. Adem醩, la Orden citada presenta algunas disfunciones necesarias de corregir, puestas de manifiesto en las tres ediciones desarrolladas. Por ejemplo, se considera necesario reformular la categor韆 de familias numerosas, por considerar que se debe primar en este caso no el n鷐ero de hijos que una familia tenga reconocidos en el t韙ulo de familia numerosa en vigor, sino que ser韆 deseable otorgar este reconocimiento a una familia numerosa que destaque por su trayectoria, actuaciones, en definitiva, por su singularidad en su proceder o manera de aportar a la sociedad, por ser ejemplo de buenas pr醕ticas o ser ejemplar en alg鷑 sentido.

La Consejer韆 de Inclusi髇 Social, Juventud, Familias e Igualdad ha tramitado una Orden por la que se efect鷄 la convocatoria del Bono Carest韆 y se aprueban las bases reguladoras para su concesi髇. El Bono Carest韆, derivado del Pacto Social y Econ髆ico por el impulso de Andaluc韆, es una ayuda asistencial consistente en un pago 鷑ico de 200 euros a familias andaluzas con menores a cargo con la finalidad de generar un impacto positivo directo sobre el poder adquisitivo de 閟tas y salvaguardar su din醡ica econ髆ica, afectadas por la sobrecarga que supone el incremento generalizado de los precios de los productos y suministros, priorizando a los hogares de mayor vulnerabilidad.

El procedimiento de concesi髇 de las citadas ayudas asistenciales se iniciar� a solicitud de la persona interesada, y se tramitar� y resolver� en r間imen de concurrencia no competitiva. Con el objetivo de conseguir mayor rapidez y eficacia en la gesti髇 del Bono Carest韆, se considera fundamental que las solicitudes se presenten de manera exclusivamente electr髇ica. Al tratarse de una l韓ea de ayuda de concurrencia no competitiva, en la que se espera una gran cantidad de solicitudes con presentaci髇 simult醤ea, se hace imprescindible establecer esta obligatoriedad del uso de medios electr髇icos para optar a la ayuda.

Por otra parte, para garantizar que las personas potencialmente destinatarias tengan acceso y disponibilidad de los medios electr髇icos necesarios, la Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆 prestar� el apoyo y asistencia a las personas solicitantes que lo precisen contando con la colaboraci髇 de entidades colaboradoras.

Entrando ya en materia de atenci髇 a la dependencia, el marco normativo auton髆ico lo conforman actualmente el Decreto 168/2007, de 12 de junio, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situaci髇 de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonom韆 y Atenci髇 a la Dependencia, desarrollado por la Orden de 3 de agosto de 2007, por la que se establece la intensidad de protecci髇 de los servicios, el r間imen de compatibilidad de las Prestaciones y la gesti髇 de las prestaciones econ髆icas del Sistema de Autonom韆 y Atenci髇 a la Dependencia en Andaluc韆, as� como el Decreto 50/2013, de 23 de abril, por el que se establece el r間imen sancionador del sistema para la autonom韆 y atenci髇 a la dependencia en Andaluc韆 y se modifica el Decreto 396/2008, de 24 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Organizaci髇 y Funcionamiento de la Inspecci髇 de Servicios Sociales de la Junta de Andaluc韆.

La normativa auton髆ica citada s髄o se ha revisado de forma puntual en aspectos parciales, encontr醤dose desfasada por los sucesivos cambios normativos auton髆icos y estatales que se han producido desde su aprobaci髇. Este desfase normativo, unido a la falta de regulaci髇 de materias claves en torno al contenido de las prestaciones y a los criterios de acceso a las mismas, impiden abordar los cambios necesarios en la gesti髇 del Sistema tan demandados por la ciudadan韆 andaluza. En este sentido, la falta de adaptaci髇 de la normativa andaluza ha provocado que a鷑 existan incongruencias como, por ejemplo, que se mantengan criterios de determinaci髇 de las cuant韆s de las prestaciones en torno a la clasificaci髇 del reconocimiento de la situaci髇 de dependencia basada en grados y niveles, que se eliminaron por la normativa estatal en el a駉 2012.

Por todo ello, se hace necesaria y perentoria la formulaci髇 de un nuevo marco normativo andaluz para la dependencia, en b鷖queda de una revisi髇 integral del sistema, basado en la simplificaci髇 de los procesos y el desarrollo de las prestaciones de atenci髇 a la dependencia. De este modo, se pretende conseguir la seguridad jur韉ica que actualmente no se garantiza, recogiendo en un 鷑ico texto las medidas urgentes que permitan desburocratizar el procedimiento, agilizar y homogeneizar criterios, al tiempo que se facilita la gesti髇 eficiente de las prestaciones.

El propio Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonom韆 y Atenci髇 a la Dependencia, en su sesi髇 de 15 de enero de 2021, acord� entre otras medidas, simplificar los tr醡ites administrativos del procedimiento de reconocimiento de la situaci髇 de dependencia y reducir los plazos de resoluci髇 en todo el territorio nacional, as� como llevar a cabo posibles mejoras de las prestaciones del Sistema tanto en las cuant韆s como en las intensidades. Adem醩, en relaci髇 con la prestaci髇 econ髆ica de asistencia personal, el Consejo Territorial, el 12 de mayo de 2023, adopt� un Acuerdo por el que se definen y establecen las condiciones espec韋icas de acceso a esta prestaci髇.

Por otra parte, el pasado 20 de julio entr� en vigor el Real Decreto 675/2023, de 18 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre, por el que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonom韆 y Atenci髇 a la Dependencia, establecidas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoci髇 de la Autonom韆 Personal y Atenci髇 a las personas en situaci髇 de dependencia, en el que se modifican aspectos sustanciales de la regulaci髇 contenida en el Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre. En particular, la nueva norma modifica condiciones de acceso, aumenta cuant韆s m醲imas y garantiza cuant韆s m韓imas de prestaciones econ髆icas, al tiempo que redefine servicios.

En consecuencia, para afrontar los cambios necesarios en la gesti髇 del Sistema orientados a la mejora de la eficiencia y eficacia de los recursos y agilizaci髇 de los procesos, resulta imprescindible y acuciante reformar los tr醡ites administrativos del modelo de procedimiento dise馻do hace m醩 de 16 a駉s, as� como ampliar la regulaci髇 de las prestaciones, definiendo el contenido m韓imo de las mismas que permita abordar un desarrollo posterior acorde con la regulaci髇 b醩ica.

As�, entre las medidas previstas para agilizar los tr醡ites del procedimiento de reconocimiento de la situaci髇 dependencia y del derecho a las prestaciones, se incluye la realizaci髇 de una 鷑ica visita donde se obtendr� toda la informaci髇 necesaria para realizar la valoraci髇 del grado de dependencia y la elaboraci髇 del programa individual de atenci髇 y, en consonancia, se dispone que el procedimiento finalice con una 鷑ica resoluci髇 administrativa en la que se reconoce a la persona solicitante el grado de dependencia as� como la prestaci髇 o prestaciones concretas a las que tiene derecho.

Otra de las novedades m醩 destacadas es que tanto las valoraciones t閏nicas del grado de dependencia como la elaboraci髇 de los programas individuales de atenci髇 se atribuyen por igual a la Consejer韆 competente en materia de dependencia y a los servicios sociales comunitarios de las entidades locales, a los que tambi閚 se asigna la propuesta motivada de la tramitaci髇 preferente de las solicitudes en las situaciones de urgencia o emergencia social.

Por otra parte, junto al procedimiento se aborda de forma conjunta la regulaci髇 de las prestaciones de atenci髇 de dependencia, que engloban tanto los servicios como las prestaciones econ髆icas. En concreto, se lleva a cabo la definici髇 b醩ica del contenido de cada prestaci髇, y las reglas m韓imas que deben tenerse en cuenta para el c髆puto de la capacidad econ髆ica y participaci髇 de las personas en financiaci髇 de las prestaciones, as� como el procedimiento de reintegro de las prestaciones indebidamente percibidas.

De esta forma, acorde con la normativa estatal, se completa, y actualiza en parte, la regulaci髇 de la actual Orden de 3 de agosto de 2007, por la que se establece la intensidad de protecci髇 de los servicios, el r間imen de compatibilidad de las Prestaciones y la gesti髇 de las prestaciones econ髆icas del Sistema de Autonom韆 y Atenci髇 a la Dependencia en Andaluc韆. En particular, como novedad, se aborda la regulaci髇 de orden de prioridad en el acceso a las prestaciones, siguiendo lo dispuesto en el art韈ulo 14.6 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, que prescribe que la prioridad en el acceso a los servicios vendr� determinada por el grado de dependencia y, a igual grado, por la capacidad econ髆ica de la persona solicitante, y en consonancia con ello se prev� asimismo la existencia de listas de acceso a los servicios y las prestaciones.

La Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andaluc韆, dedica el Cap韙ulo III del T韙ulo III, integrado por los art韈ulos 83, 84, 85, 85 bis y 86, a la autorizaci髇, la acreditaci髇 administrativa y al Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales. La redacci髇 actual de los citados art韈ulos procede del Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificaci髇 de la regulaci髇 para el fomento de la actividad productiva de Andaluc韆.

El art韈ulo 83 de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, determina los supuestos en los que los servicios y centros de servicios sociales precisan de autorizaci髇 administrativa, justificando el sometimiento a dicho r間imen en funci髇 de las prestaciones que desarrollan, algunas ligadas a la salud p鷅lica, as� como a razones de inter閟 general. En dicho art韈ulo se establece de forma expresa que, reglamentariamente, se determinar醤 las condiciones de la autorizaci髇 administrativa y los supuestos, las condiciones y el procedimiento de tramitaci髇 del r間imen de declaraci髇 responsable y comunicaci髇. A continuaci髇, el art韈ulo 84 dispone que 玪as entidades que pretendan concertar plazas o servicios con la administraci髇 de servicios sociales deber醤 contar con la correspondiente acreditaci髇 administrativa, en los t閞minos que reglamentariamente se determinen�.

Si bien el marco legal que regula el r間imen de las Entidades, Centros y Servicios Sociales est� definido de acuerdo con lo establecido en el p醨rafo anterior, su desarrollo reglamentario a鷑 no se ha llevado a cabo, siendo el Decreto 87/1996, de 20 de febrero, por el que se regula la autorizaci髇, registro, acreditaci髇 e inspecci髇 de los Servicios Sociales, modificado por el Decreto 102/2000, de 15 de marzo, la norma b醩ica de rango reglamentario reguladora del r間imen de autorizaciones, acreditaciones y del registro. El r間imen que establece recoge 鷑icamente autorizaciones y acreditaciones. El procedimiento de autorizaci髇 consta de autorizaci髇 previa, autorizaci髇 de funcionamiento y posibilidad de autorizaci髇 provisional de funcionamiento, a aquellos servicios y centros que, pese a no cumplir alguna de las condiciones m韓imas reglamentariamente establecidas, no resulte afectada la seguridad y salud de los usuarios y se comprometan a realizar un plan de adecuaci髇 aprobado por el 髍gano competente.

A pesar de que ha habido varios intentos de desarrollo reglamentario de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, en esta materia, constituidos por el Decreto 187/2018, de 2 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Comunicaciones, Autorizaciones y Acreditaci髇 Administrativa y posteriormente por el Decreto 103/2022, de 14 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Autorizaci髇 administrativa, Declaraci髇 responsable, Comunicaci髇, Acreditaci髇 y Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales de Andaluc韆, ambos han sido derogados, por distintos motivos, antes de su entrada en vigor. Si la reforma del r間imen establecido por el Decreto 87/1996, de 20 de febrero en materia de autorizaciones de entidades, centros y servicios sociales resultaba obligada, al tener que adaptarse imperativamente a las modificaciones introducidas en la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, por el Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, que oper� una profunda revisi髇 del r間imen general de autorizaciones y acreditaciones, la derogaci髇 del Decreto 187/2018, de 2 de octubre, y del Decreto 103/2022, de 14 de junio, no ha hecho sino acrecentar la urgencia y hacer a鷑 m醩 apremiante la necesidad de aprobaci髇 de una nueva disposici髇, que cumpla el mandato de desarrollo reglamentario contenido en la Ley 9/2016, de 27 de diciembre. Esta situaci髇 requiere de una acci髇 normativa inmediata en un plazo m醩 breve que el requerido por la tramitaci髇 normativa reglamentaria, sea por el procedimiento ordinario o por la v韆 de urgencia.

Igualmente, tambi閚 se hace necesaria la adaptaci髇 de la regulaci髇 citada a la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el Mercado Interior traspuesta al ordenamiento jur韉ico espa駉l por la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, cuyo objetivo es establecer las disposiciones generales necesarias para facilitar la libertad de establecimiento de las personas y empresas prestadoras y la libre prestaci髇 de servicios, simplificando los procedimientos y fomentando, al mismo tiempo, un nivel elevado de calidad en 閟tos, as� como evitar la introducci髇 de restricciones al funcionamiento de los mercados de servicios que, de acuerdo con lo establecido en la propia ley, no resulten justificadas o proporcionadas.

Adem醩, el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonom韆 y Atenci髇 a la Dependencia ha acordado la fijaci髇 de criterios comunes de acreditaci髇 de centros y planes de calidad del Sistema para la Autonom韆 y Atenci髇 a la Dependencia, en el ejercicio de la competencia que le atribuye, con car醕ter de norma b醩ica, el art韈ulo 34 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoci髇 de la Autonom韆 Personal y Atenci髇 a las personas en situaci髇 de dependencia. A tal efecto, mediante Resoluci髇 de 28 de julio de 2022, la Secretar韆 de Estado de Derechos Sociales aprob� el Acuerdo sobre Criterios comunes de acreditaci髇 y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonom韆 y Atenci髇 a la Dependencia (SAAD). El acuerdo impone requisitos comunes de acreditaci髇 aplicables, entre otros, a los centros residenciales, sobre recursos materiales, equipamiento, requisitos y est醤dares sobre personal y calidad en el empleo, tanto en n鷐ero de profesionales, como en su cualificaci髇, formaci髇 y condiciones laborales, al mismo tiempo que establece mecanismos y condiciones para garantizar la participaci髇, la autonom韆 y la preservaci髇 de los derechos a las personas usuarias, as� como la personalizaci髇 de los apoyos que reciben.

Por todo lo expuesto, es indispensable el establecimiento de un modelo basado en criterios de agilidad, simplicidad, mayor eficacia y eliminaci髇 de obst醕ulos a las actividades de prestaci髇 de servicios sociales, que ofrezca un r間imen de autorizaci髇 en correspondencia con lo determinado en la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, menos restrictivo, a la vez que plenamente garantista en la salvaguarda de los derechos de las personas usuarias y, en especial de los sectores de poblaci髇 m醩 vulnerables.

La modificaci髇 que el presente Decreto-ley opera sobre la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, suprimiendo la autorizaci髇 provisional y estableciendo el sentido positivo del silencio, junto con la derogaci髇 del r間imen de autorizaci髇 previa establecido en el Decreto 87/1996, de 20 de febrero, supone una primera medida de simplificaci髇 y reducci髇 de cargas, agilizando considerablemente los procedimientos para la puesta en funcionamiento y modificaci髇 sustancial de los centros y servicios sociales que requieran de autorizaci髇 administrativa, ya que la regulaci髇 de un 鷑ico tipo de autorizaci髇 permite en la pr醕tica una reducci髇 del plazo para la concesi髇 de las mismas a tres meses como m醲imo.

Dentro del conjunto de medidas que el nuevo procedimiento de autorizaci髇 administrativa, declaraci髇 responsable, comunicaci髇, acreditaci髇 y el Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales de Andaluc韆 recoge en aras de la simplificaci髇 de los procedimientos administrativos, destaca la limitaci髇 de la reserva del r間imen de autorizaci髇 administrativa para la puesta en funcionamiento y modificaci髇 sustancial de centros y servicios de d韆, de noche y de atenci髇 residencial. Se impulsa, de este modo, la transformaci髇 del r間imen de intervenci髇 sobre las actividades de las entidades, centros y servicios sociales de Andaluc韆, en el que la declaraci髇 responsable y la comunicaci髇 pasan a tener una mayor relevancia frente al sistema anterior de autorizaciones. As� se establece el r間imen de declaraci髇 responsable para los supuestos de cambio de titularidad de cualquier centro y servicio, renovaci髇 de la acreditaci髇 administrativa y en los supuestos de puesta en funcionamiento o modificaci髇 sustancial de centros de servicios sociales comunitarios, comedores sociales para personas en situaci髇 o riesgo de exclusi髇 social y centros de baja exigencia para personas sin hogar y el r間imen de comunicaci髇 para la creaci髇, construcci髇 o modificaci髇 no sustancial de cualquier centro, para el inicio de la prestaci髇 de un servicio, el cierre de centro o cese de servicio por cualquier causa, as� como su reapertura y la puesta en funcionamiento o modificaci髇 sustancial de los centros sociales para personas con enfermedad mental, centros socioculturales gitanos y los centros de participaci髇 activa de personas mayores.

Por otro lado, las solicitudes de autorizaci髇 y acreditaci髇 administrativa, as� como las declaraciones responsables y las comunicaciones, se presentar醤 a trav閟 del Registro Electr髇ico 趎ico de la Junta de Andaluc韆 utilizando los formularios que figuran en los anexos del Reglamento. Asimismo, las entidades, los servicios y los centros de servicios sociales deber醤 facilitar la informaci髇 que les sea requerida a trav閟 de la Plataforma de Cesi髇 de Datos de Centros de Servicios Sociales de la Consejer韆 competente en materia de servicios sociales, a la que incorporar醤 toda la informaci髇 solicitada y la mantendr醤 actualizada de manera permanente, lo que permitir� conocer en tiempo real la situaci髇 de la red de centros en Andaluc韆.

Es igualmente rese馻ble, por su previsible repercusi髇, el novedoso r間imen de las autorizaciones espec韋icas que, desarrollando los art韈ulos 65 y 66 de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, est� destinado a fomentar las actividades de innovaci髇, entendidas como nuevas ideas o nuevas relaciones sociales de cooperaci髇 que incrementen la capacidad de la ciudadan韆 para actuar colectivamente, y a impulsar la gesti髇 del conocimiento y una cultura innovadora entre los distintos agentes e instituciones p鷅licas y privadas que forman parte del sistema. As� como, la determinaci髇 de los requisitos espec韋icos de calidad necesarios para la acreditaci髇 administrativa de los servicios mediante resoluci髇 del 髍gano competente. Por 鷏timo, se prev� la posibilidad de solicitar la autorizaci髇 para el funcionamiento o de modificaci髇 sustancial y la acreditaci髇 administrativa de forma simult醤ea, resolvi閚dose en este supuesto conjuntamente.

Todo lo anterior configura un modelo m醩 simple, flexible y adecuado a la realidad del sector dedicado a las actividades de prestaci髇 de servicios sociales suponiendo la eliminaci髇 de obst醕ulos a las mismas, sin olvidar, que con el r間imen de declaraci髇 responsable o comunicaci髇 previa el ejercicio de la actividad est� condicionado a que la persona interesada ponga en conocimiento de la Administraci髇, de manera preceptiva, no s髄o la intenci髇 de iniciar la actividad sino que est� en condiciones de ejercerla porque re鷑e los requisitos impuestos para el ejercicio de la misma y est� en posesi髇 de la documentaci髇 que lo acredita la cual pone a disposici髇 de la Administraci髇 para cuando le sea requerida. Corresponden a la Administraci髇 las potestades de comprobaci髇, control e inspecci髇, la cual habr� de constatar y comprobar que la actividad se desarrolla conforme al t韙ulo habilitante para el ejercicio de la misma.

En el presente caso, el fin que justifica la legislaci髇 de urgencia, es la necesidad de abordar el desarrollo reglamentario de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, tras la derogaci髇 antes de su entrada en vigor del Decreto 187/2018, de 2 de octubre, y posteriormente por el Decreto 103/2022, de 14 de junio. Esta situaci髇 requiere de una acci髇 normativa inmediata en un plazo m醩 breve que el requerido por la tramitaci髇 normativa reglamentaria, sea por el procedimiento ordinario o por la v韆 de urgencia.

Por 鷏timo hay que hacer referencia a la competencia de la Consejer韆 de Inclusi髇 Social, Juventud, Familias e Igualdad en la protecci髇 jur韉ica y social que prestan las entidades tutelares, en cuyos patronatos participa la Junta de Andaluc韆, as� como las competencias que ejerza la Comunidad Aut髇oma en relaci髇 con el desarrollo, impulso y seguimiento de la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislaci髇 civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jur韉ica.

Hasta la fecha, la Junta de Andaluc韆 ha ejercido esta competencia a trav閟 de ocho fundaciones de car醕ter privado, en las que ha participado mediante la presencia en sus patronatos, adem醩 de colaborar en su financiaci髇 mediante subvenciones nominativas anuales aprobadas por el Parlamento de Andaluc韆 en las correspondientes leyes del Presupuesto. De este modo, las Fundaciones de Apoyo han venido asumiendo los cargos de apoyo (guarda de hecho, curatela representativa o asistencial, antiguas tutelas a鷑 sin revisar o defensas judiciales) de aquellas personas que no cuentan con familiares o allegados, o bien los tienen, pero no se consideran apropiados por parte de la autoridad judicial.

No obstante, con fecha 17 de octubre de 2023, la Fundaci髇 Hispalense de Apoyos ha presentado petici髇 de concurso de acreedores voluntario, lo que supone que no est� en disposici髇 de seguir prestando servicio a las personas a las que ha venido apoyando hasta la fecha. Se trata de personas en situaci髇 de vulnerabilidad extrema, tanto por su necesidad de apoyo para poder ejercer su capacidad jur韉ica, como por la inexistencia de una red familiar o de allegados que pueda apoyarles. Esta situaci髇 ha llevado aparejada la adopci髇 de una serie de medidas de emergencia por la Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆 para garantizar la atenci髇 de dichas personas.

De ah� que se haga necesario regular y definir la prestaci髇 del servicio social especializado de apoyo a las personas con discapacidad para el ejercicio de su capacidad jur韉ica, que se incorpora al Cat醠ogo de Prestaciones del Sistema P鷅lico de Servicios Sociales y cuyo contenido se delimitar� reglamentariamente.

En la configuraci髇 del servicio se ha tenido en cuenta la reforma operada por la Ley 8/2021, de 2 de junio, en aras a que las medidas de apoyo permitan un desarrollo pleno de la personalidad y el desenvolvimiento jur韉ico de la persona apoyada.

XX

La reciente publicaci髇 del Real Decreto 445/2023, de 13 de junio, por el que se modifican los Anexos I, II y III de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluaci髇 ambiental, llevada a cabo para garantizar una adecuada transposici髇 a nuestro ordenamiento jur韉ico de la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la evaluaci髇 de las repercusiones de determinados proyectos p鷅licos y privados sobre el medio ambiente, ha supuesto que muchas actuaciones que antes estaban eximidas de evaluaci髇 de impacto ambiental pasen a estarlo, bien porque han desaparecido los umbrales exentos o porque aun estando por debajo de dichos umbrales, cumplen una serie de criterios generales recogidos en el Anexo III, que las obligan a someterse a evaluaci髇 de impacto ambiental simplificada.

La estrecha relaci髇 entre las actuaciones sometidas a evaluaci髇 de impacto ambiental y los instrumentos de prevenci髇 y control ambiental de aplicaci髇, unido a los cambios que se prev閚 en la legislaci髇 b醩ica en cuanto a instalaciones sometidas a autorizaci髇 ambiental integrada, por la modificaci髇 de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales (prevenci髇 y control integrados de la contaminaci髇), ha servido como reactivo para promover una reestructuraci髇 de dichos instrumentos y de sus 醡bitos de aplicaci髇. Todo ello unido a la necesidad de abordar actuaciones de mejora y simplificaci髇 administrativa que permitan mejorar y optimizar la tramitaci髇 de los instrumentos, conservando el concepto de 玽entanilla 鷑ica� que ya fue abordado desde su inicio en la Ley 7/2007, de 9 de julio.

De este modo, se ha creado un nuevo instrumento de prevenci髇 y control ambiental, la denominada autorizaci髇 ambiental unificada simplificada; se ha eliminado el Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, referenci醤dose las actividades sometidas a cada instrumento a los anexos que correspondan de la normativa b醩ica estatal; se ha mantenido la calificaci髇 ambiental, si bien con modificaciones, y se establece un nuevo Anexo I en la Ley 7/2007, de 9 de julio, para identificar las actuaciones sometidas a ese instrumento y a declaraci髇 responsable de los efectos ambientales.

A partir de ahora, y de acuerdo con lo establecido en el 醡bito de aplicaci髇 de cada instrumento, se someter醤 a autorizaci髇 ambiental integrada (en adelante, AAI), las instalaciones incluidas en el Anejo I del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevenci髇 y control de la contaminaci髇; a autorizaci髇 ambiental unificada (en adelante, AAU), las actuaciones incluidas en el Anexo I de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, y que no est閚 sometidas AAI; al nuevo instrumento de autorizaci髇 ambiental unificada simplificada, las actuaciones incluidas en el Anexo II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, y que no sean AAI, sin perjuicio de las que deban someterse a calificaci髇 ambiental, que se establecen en el nuevo Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, como se expone m醩 adelante. As�, cualquier cambio producido en la normativa b醩ica en estas categor韆s de actuaciones, directamente se trasladar� a los instrumentos de prevenci髇 y control.

Este nuevo instrumento, la autorizaci髇 ambiental unificada simplificada (en adelante, AAUS), se constituye como una medida de mejora y simplificaci髇 administrativa que impulse y estimule la actividad econ髆ica en Andaluc韆, permitiendo para las actuaciones en su 醡bito de aplicaci髇 una agilizaci髇 de procedimientos y cargas administrativas, integrando en una 鷑ica resoluci髇 el resultado de su evaluaci髇 ambiental y una serie de autorizaciones y pronunciamientos ambientales, que constituyen un listado m醩 reducido que en la AAU, y que permitir醤 obtener esta autorizaci髇 en un plazo de cinco meses.

Por otra parte, la modificaci髇 de los Anexos de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, ha provocado que actuaciones que antes no se somet韆n a evaluaci髇 de impacto ambiental, por no estar en dichos anexos, y en Andaluc韆 se somet韆n a calificaci髇 ambiental, ahora pasen a estar en el Anexo II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, y, por tanto, bajo el alcance de la evaluaci髇 ambiental simplificada. En estas circunstancias, y partiendo de la premisa de mantener bajo competencia municipal la evaluaci髇 de impacto ambiental de las actuaciones que antes se encontraban en calificaci髇 ambiental, se ha elaborado un nuevo Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, denominado 獵ategor韆s de actuaciones sometidas a Calificaci髇 Ambiental y a Declaraci髇 Responsable de los efectos ambientales�. Tanto en el articulado de la modificaci髇 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, como en este nuevo Anexo I, se hace una distinci髇 entre las categor韆s de calificaci髇 ambiental, diferenciando aquellas actuaciones que deban integrar el resultado de la evaluaci髇 de impacto ambiental simplificada, por encontrarse incluidas en el Anexo II de la Ley 21/2013, de 9 diciembre. En este caso, ser� de aplicaci髇 lo establecido en la Secci髇 2.� de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, con las adaptaciones de la Ley 7/2007, de 9 de julio, y sus desarrollos reglamentarios. Como informaci髇 complementaria, indicar que no hay ninguna categor韆 de actividad sometida a calificaci髇 ambiental que deba integrar el resultado de la evaluaci髇 de impacto ambiental ordinaria.

Como ya se ha explicado, en este nuevo Anexo I se han incluido b醩icamente las mismas categor韆s de actuaciones que ya estaban sometidas a calificaci髇 ambiental y a declaraci髇 responsable de los efectos ambientales en el Anexo I de la Ley 7/2007, vigente antes de la actual modificaci髇, si bien, ha sido necesaria la modificaci髇 de la redacci髇 de cada ep韌rafe, para adecuarlo a la redacci髇 del Anexo II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, por existir actividades sometidas a calificaci髇 ambiental que deben integrar el resultado de la evaluaci髇 de impacto ambiental simplificada, ya que en el anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, antes de su modificaci髇, algunas de las actuaciones sometidas a calificaci髇 ambiental no ten韆n redacci髇 propia, sino que se referenciaban a otros ep韌rafes del mismo, de modo que ciertas actividades se somet韆n a AAI y/ AAU y/o CA, seg鷑 umbrales.

As� pues, se acomete una modificaci髇 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, que facilita la tramitaci髇 de los procedimientos para la obtenci髇 y modificaci髇 de las autorizaciones ambientales sobre actividades que tienen un gran impacto sobre el desarrollo econ髆ico y social, se promueven inversiones productivas y el desarrollo de proyectos empresariales solventes y sostenibles que generan riqueza en nuestra comunidad, conjugando la debida protecci髇 del medio ambiente y los intereses generales de la ciudadan韆.

Junto a la restructuraci髇 de los instrumentos de prevenci髇 y control ambiental, se efect鷄n diversas modificaciones que inciden directamente en la mejora de la calidad regulatoria y en la seguridad jur韉ica; se ajusta la alineaci髇 con la normativa b醩ica estatal y se simplifica la normativa aplicable, reduci閚dose en la medida de lo posible plazos y trabas administrativas.

En consonancia con lo anteriormente descrito, dentro del T韙ulo III de la Ley 7/2007, de 9 de julio, se modifica el art韈ulo 16, mediante la inclusi髇 de la AAUS entre los instrumentos de prevenci髇 y control ambiental. Por otra parte, se a馻de un art韈ulo 16 bis que regula la 獻ntegraci髇 del procedimiento de evaluaci髇 de impacto ambiental� en las actuaciones sometidas a AAI, AAU y AAUS con la del respectivo procedimiento de otorgamiento de dichos instrumentos, de acuerdo con la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, y las adaptaciones a esta norma establecidas en la Ley 7/2007, de 9 de julio, y sus desarrollos reglamentarios. Dicho precepto establece que en las actuaciones sometidas a AAI, AAU y AAUS, las funciones atribuidas al 髍gano sustantivo y al 髍gano ambiental en el art韈ulo 11 de la norma estatal, ser醤 ejercidas en el 醡bito de la Comunidad Aut髇oma de Andaluc韆, por la Consejer韆 competente en materia de medio ambiente, que llevar� a cabo la instrucci髇 y resoluci髇 de dichos procedimientos, salvo en los casos establecidos en el art韈ulo 27.4 de la Ley 7/2007, de 9 de julio.

Asimismo, se modifica con car醕ter general el art韈ulo 19, relativo a definiciones, para adaptar su contenido a la legislaci髇 b醩ica estatal tanto en materia de prevenci髇 y control de la contaminaci髇 como en materia de evaluaci髇 de impacto ambiental. Igualmente, se adapta la norma a la distribuci髇 de competencias establecida tras la aprobaci髇 del Decreto del Presidente 10/2022, de 25 de julio, sobre reestructuraci髇 de Consejer韆s, y m醩 concretamente, mediante el Decreto 157/2022, de 9 de agosto, por el que se establece la estructura org醤ica de la Consejer韆 de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, destacando la asignaci髇 a esta Consejer韆 de las competencias en materia de agua que hasta este momento ven韆n correspondiendo a la Consejer韆 competente en materia de medio ambiente. Adem醩, se introduce en dicho art韈ulo 19, la definici髇 del nuevo instrumento de prevenci髇 y control ambiental de AAUS y que consiste en una resoluci髇 de la Consejer韆 competente en materia de medio ambiente en la que se determina, a los efectos de protecci髇 del medio ambiente, la viabilidad de la ejecuci髇 y las condiciones en que deben realizarse las actuaciones sometidas a dicha autorizaci髇 conforme a lo previsto en esta ley. En la AAUS se integrar醤 las autorizaciones y pronunciamientos ambientales que correspondan a la Consejer韆 competente en materia de medio ambiente, de acuerdo con lo que se determine reglamentariamente, e incluir� el resultado de la evaluaci髇 de impacto ambiental.

En la Secci髇 2.� del Cap韙ulo II del T韙ulo III de la Ley 7/2007, de 9 de julio, que regula la AAI se lleva a cabo una actualizaci髇 del contenido haciendo referencia expresa al texto refundido de la Ley de prevenci髇 y control integrados de la contaminaci髇, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre.

La Secci髇 3.� del Cap韙ulo II del T韙ulo III de la Ley 7/2007, de 9 de julio, se modifica a lo largo de su articulado, estableciendo las determinaciones normativas tanto para la AAU como para la AAUS y en consonancia con ello, pasa a denominarse 玈ecci髇 3.� Autorizaci髇 ambiental unificada y autorizaci髇 ambiental unificada simplificada�.

Destaca, asimismo, la adici髇 de un nuevo apartado 4 en el art韈ulo 27 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, que regula el procedimiento de AAU y AAUS en actuaciones promovidas por la Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆 o entidades de derecho p鷅lico dependientes de la misma, as� como las declaradas de utilidad e inter閟 general, en el que se introduce la posibilidad de aplicaci髇 de esta particularidad procedimental tambi閚 a aquellas actuaciones en las que el otorgamiento de la autorizaci髇 sustantiva corresponda a la Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆.

En el procedimiento de AAU desarrollado en el art韈ulo 31 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, se modifican varios aspectos, entre los que cabe mencionar el referido al informe de compatibilidad con el planeamiento urban韘tico, como parte de la documentaci髇 que se debe presentar junto con la solicitud de AAU cuando se trate de actuaciones promovidas por la Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆 o entidades de derecho p鷅lico dependientes de la misma, en cuyo caso no se tendr� que presentar el informe de compatibilidad urban韘tica ante el 髍gano ambiental, sino ante el 髍gano sustantivo .

Por otra parte, en relaci髇 con la valoraci髇 de impacto en la salud a acompa馻r junto a la solicitud de autorizaci髇 de AAU, se modifica el texto normativo para adaptarlo a lo regulado al respecto en la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud P鷅lica de Andaluc韆, y su normativa de desarrollo. En cuanto al procedimiento de la AAUS, se incluye una nueva redacci髇 del art韈ulo 32 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, para incluir la descripci髇 del mismo.

El art韈ulo 35 se renombra para incluir el 玦nicio de la actividad�. A este respecto, se modifica el apartado 2 del mismo exigiendo, para iniciar la actividad, la presentaci髇 de una declaraci髇 responsable y eliminando la obligaci髇 de presentar una certificaci髇 acreditativa del t閏nico director de la actuaci髇.

En la Secci髇 4.� del Cap韙ulo II del T韙ulo III de la Ley 7/2007, de 9 de julio, se adec鷄 el contenido del art韈ulo 38 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, corrigiendo as� la errata introducida con motivo de la modificaci髇 de este precepto por la disposici髇 final segunda de la Ley 3/2023, de 30 de marzo, de Econom韆 Circular de Andaluc韆.

En la Secci髇 5.� se modifican los art韈ulos 41 a 44, ambos inclusive, completando los instrumentos de prevenci髇 y control ambiental con la calificaci髇 ambiental, cuya competencia corresponde a los Ayuntamientos, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonom韆 local de Andaluc韆. Asimismo, se clarifica la norma adaptando las cuestiones relativas a la regulaci髇 del procedimiento de acuerdo con la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, en cuanto a la integraci髇 del procedimiento de evaluaci髇 de impacto ambiental de actuaciones y proyectos en los casos en los que sea de aplicaci髇. En concreto, en el art韈ulo 44 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, se mejora la redacci髇 del apartado 2; se modifica el apartado 3 que determina la regulaci髇 para los casos en los que las actuaciones sometidas a calificaci髇 ambiental requieran de autorizaci髇 sustantiva por parte de un 髍gano de otra Administraci髇 p鷅lica; se establece, en el apartado 6, el plazo de resoluci髇 de la calificaci髇 ambiental, indicando, in fine, que la falta de emisi髇 de la calificaci髇 ambiental en el plazo legalmente establecido, en ning鷑 caso podr� entenderse que equivale a una calificaci髇 ambiental favorable y, se determina, en el apartado 7, que el contenido 韓tegro de la calificaci髇 ambiental estar� a disposici髇 de los administrados en la p醙ina web del Ayuntamiento, y se publicar� en el Bolet韓 Oficial de la Provincia.

Adem醩, se incorpora un nuevo art韈ulo 44 bis que regula, las especificaciones del procedimiento de calificaci髇 ambiental que debe incluir el resultado de la evaluaci髇 de impacto ambiental simplificada. Este procedimiento contiene un an醠isis de las repercusiones ambientales que una determinada actuaci髇 pueda ejercer sobre el medio ambiente, prev� la participaci髇 e informaci髇 a trav閟 del tr醡ite de consultas a las administraciones p鷅licas afectadas, regula el contenido de la solicitud y contempla un pronunciamiento expreso del 髍gano ambiental.

Asimismo, se modifican los art韈ulos 122, 123, 124, 158 y 159.1 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, para adaptar las disposiciones sobre responsabilidad medioambiental a las previsiones de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, en lo referente a la regulaci髇 de las obligaciones y garant韆s financieras, la integraci髇 del r間imen sancionador de dicha Ley en el 醡bito de aplicaci髇 de la misma y la determinaci髇 de la competencia de la Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆, a trav閟 de la Consejer韆 competente, para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia de responsabilidad medioambiental, entre otros aspectos.

Por otro lado, dentro de la Secci髇 1.� del Cap韙ulo III del T韙ulo VIII de la Ley 7/2007, de 9 de julio, se modifican los art韈ulos relativos a infracciones y sanciones con el fin de alinear los instrumentos de AAUS y calificaci髇 ambiental a lo dispuesto en la normativa b醩ica en esta materia, y en particular al incorporar en las actuaciones sometidas a calificaci髇 ambiental, cuando proceda, el resultado de la evaluaci髇 de impacto ambiental simplificada.

Por cuanto respecta a la disposiciones adicionales de la Ley 7/2007, de 9 de julio, se modifica la disposici髇 adicional sexta, relativa a actividades que usan disolventes org醤icos, incorporando una referencia expresa a la AAUS, y se incluye, una nueva disposici髇 adicional octava, estableciendo en relaci髇 con los instrumentos de control de la contaminaci髇 ambiental que se regulen reglamentariamente, que 閟tos integrar醤 en su desarrollo el instrumento de AAUS para aquellas actividades a las que les sea de aplicaci髇, seg鷑 lo dispuesto en el apartado 2 del art韈ulo 27 de esta Ley.

Por 鷏timo, y como antes qued� avanzado, se suprime el Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, que estaba vigente hasta ahora cre醤dose un nuevo Anexo I referente a las categor韆s de actuaciones sometidas a calificaci髇 ambiental y a declaraci髇 responsable de los efectos ambientales.

Como consecuencia de la modificaci髇 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, realizada mediante este Decreto-ley, se lleva a cabo la del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorizaci髇 ambiental unificada, se establece el r間imen de organizaci髇 y funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevenci髇 y control ambiental, de las actividades potencialmente contaminadoras de la atm髎fera y de las instalaciones que emitan compuestos org醤icos vol醫iles, y se modifica el contenido del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gesti髇 Integrada de la Calidad Ambiental.

As�, con respecto a su Cap韙ulo III se adec鷄 su contenido tras las modificaciones realizadas de los art韈ulos 31 玃rocedimiento de la autorizaci髇 ambiental unificada� y 32 玃rocedimiento de la autorizaci髇 ambiental unificada simplificada� de la Ley 7/2007, de 9 de julio. Asimismo, se renombra el cap韙ulo para introducir el nuevo instrumento de AAUS. El art韈ulo 16, sobre documentaci髇, se modifica en sus apartados 1 y 3 para adaptarlo tanto a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, como a las modificaciones que se acometen en el antes citado art韈ulo 31 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, en relaci髇 con la valoraci髇 de impacto en salud, la cual deber� acompa馻rse a la solicitud de AAU con el contenido establecido en la Ley de Salud P鷅lica y su normativa de desarrollo.

Asimismo, se destaca la modificaci髇 operada en el art韈ulo 17.1 respecto de la solicitud de Informe de compatibilidad con el planeamiento urban韘tico, de modo que para adecuarse a la Ley 7/2007, de 9 de julio, se excluye la presentaci髇 del referido informe como parte de la documentaci髇 que se debe presentar junto con la solicitud de AAU y/o AAUS cuando se trate de actuaciones promovidas por la Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆 o entidades de derecho p鷅lico dependientes de la misma, en cuyo caso no se tendr� que presentar el informe de compatibilidad urban韘tica ante el 髍gano ambiental, sino ante el 髍gano sustantivo.

Como parte del conjunto de medidas de simplificaci髇 administrativa y de mejora de la regulaci髇, entre otros preceptos, se modifica el art韈ulo 22 relativo al tr醡ite de audiencia, disminuyendo el plazo establecido de 玵uince� a 玠iez� d韆s, en consonancia con lo establecido en el art韈ulo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com鷑 de las Administraciones P鷅licas.

Por otro lado, se lleva a cabo la modificaci髇 del art韈ulo 25, referente al contenido de la AAU, en el sentido de a馻dir la obligaci髇 de comunicaci髇 a las Consejer韆s competentes en materia de medio ambiente y en materia de agua, en su caso, con la periodicidad que se determine, los datos necesarios para comprobar el cumplimiento del contenido de la autorizaci髇, conforme a los establecido en la Ley 7/2007, de 9 de julio, lo cual aporta mayor seguridad jur韉ica, en torno a esta importante cuesti髇.

Se modifica el t韙ulo de la Secci髇 4.� del Decreto, que pasa a denominarse 玃rocedimiento de autorizaci髇 ambiental unificada simplificada� en consonancia con la modificaci髇 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, en ese sentido. Esta secci髇 constaba de un solo art韈ulo, el art韈ulo 27, que desarrollaba el procedimiento abreviado, el cual desaparece, lo que ha llevado a la modificaci髇 de dicho art韈ulo y a la inclusi髇 de los nuevos art韈ulos 27 bis, ter, qu醫er, quinquies, sexies, septies y octies, para regular la autorizaci髇 ambiental unificada simplificada, desarrollando su contenido de manera independiente y ordenando todas las fases de dicho procedimiento, esto es, solicitud, documentaci髇, compatibilidad con la normativa ambiental, consulta, finalizaci髇 de la AAUS, resoluci髇, contenido de la AAUS y concurrencia con otros instrumentos administrativos, respectivamente.

El Cap韙ulo IV, del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, pasa a denominarse 獳ctuaciones promovidas por la Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆, as� como las declaradas de utilidad e inter閟 general de Andaluc韆 o aquellas en las que el otorgamiento de la autorizaci髇 sustantiva corresponda a la Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆�, que se modifica con el objetivo de introducir la aplicaci髇 de este procedimiento tambi閚 a aquellas actuaciones a las que el otorgamiento de la autorizaci髇 sustantiva corresponda a la Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆 y, extender la aplicaci髇 del mismo, para las actividades en 閘 descritas, en el caso de AAUS.

En ese sentido, se modifica el art韈ulo 30, relativo a cuestiones generales, para incluir la referencia al nuevo procedimiento de AAUS y ampliar su contenido abarcando aquellas actuaciones cuya autorizaci髇 sustantiva corresponda a la Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆. En la misma l韓ea, se modifica el art韈ulo 32 ampliando, por una parte, su alcance a las actuaciones privadas declaradas de utilidad e inter閟 general de Andaluc韆, as� como a las que el otorgamiento de la autorizaci髇 sustantiva corresponda a la Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆, y por otra, reduciendo, en su apartado 3, el plazo del tr醡ite de audiencia del dictamen ambiental en concordancia con lo establecido en el art韈ulo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com鷑 de las Administraciones P鷅licas y como medida de simplificaci髇 administrativa y de mejora de la regulaci髇. Por otra parte, se incluyen los nuevos preceptos 31 bis y 32 bis, al objeto de regular las distintas especificidades del nuevo procedimiento de AAUS en el articulado de la norma.

En el t韙ulo del art韈ulo 40 se sustituye la expresi髇 玴uesta en marcha� por 玦nicio de actividad�, por coherencia y adecuaci髇 a los t閞minos empleados en el Decreto 5/2012, de 17 de enero y en la nueva modificaci髇 de art韈ulo 35 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, el cual regula la comprobaci髇 e inicio de la actividad, y se modifican tambi閚 los art韈ulos 41 獵ontrol de actuaci髇� y 48 獷structura del Registro�, para incluir, siguiendo la misma l韓ea a lo largo del texto normativo, la oportuna referencia al nuevo instrumento de prevenci髇 y control ambiental de AAUS.

Asimismo, se introduce una modificaci髇 respecto de la disposici髇 final segunda 獺abilitaci髇 y ejecuci髇 para la adecuaci髇 de anexos�, para regular las competencias para el desarrollo y ejecuci髇 que en todo caso recaen sobre la persona titular de la Consejer韆 competente en medio ambiente.

Por 鷏timo, respecto a las modificaciones realizadas en el Decreto 356/2010, de 3 de agosto, se ven modificados tambi閚 sus diferentes anexos. As�, se suprime el Anexo I por los motivos que ya han sido expuestos, y se introduce un nuevo Anexo I denominado 獳utorizaciones ambientales que se integran, en su caso, en la autorizaci髇 ambiental unificada simplificada�. Se elimina el Anexo III para su adaptaci髇 a la modificaci髇 que se acomete de la Ley 7/2007, de 9 de julio, a este respecto, as� como del Anexo IV tras la supresi髇 del procedimiento abreviado de autorizaci髇 ambiental unificada. Se modifica el Anexo VI, referido a la documentaci髇 de autorizaciones sectoriales, mediante la supresi髇 de los apartados 3, 4 y 9 del mismo, y finalmente, se eliminan en el Anexo VIII una serie de autorizaciones sectoriales relacionadas con las autorizaciones en dominio p鷅lico hidr醬lico y zona de polic韆, autorizaci髇 de actividades en espacios naturales protegidos de Andaluc韆 o relacionadas con el litoral, biodiversidad o v韆s pecuarias, con objeto de dotar de una mayor agilizaci髇 el procedimiento de autorizaci髇 ambiental unificada.

Igualmente se aborda la modificaci髇 del Decreto 5/2012, de 17 de enero, por el que se regula la autorizaci髇 ambiental integrada y se modifica el Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorizaci髇 ambiental unificada , para aportar seguridad jur韉ica para los operadores al adaptar la normativa auton髆ica a la normativa estatal b醩ica, evitando interpretaciones perjudiciales y posibilitando la adaptaci髇 t閏nica de los anexos de una manera m醩 醙il, facilitando as� la tramitaci髇 de los procedimientos para la obtenci髇 y modificaci髇 de la autorizaci髇 ambiental integrada sobre actividades que en gran medida tienen o pueden tener un impacto importante sobre el desarrollo econ髆ico y social.

En este 醡bito tiene car醕ter de normativa estatal b醩ica, el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevenci髇 y control integrados de la contaminaci髇, cuyas modificaciones requieren la adaptaci髇 del Decreto 5/2012, de 17 de enero, a fin de adecuar el procedimiento de la autorizaci髇 ambiental integrada. As�, entre los art韈ulos que se modifican con tal finalidad, se se馻lan los art韈ulos 2.1.a) y 2.2 mbito de aplicaci髇�, 3 獸inalidad de la AAI�, y 6 玀odificaci髇 de instalaciones con AAI�.

Por otro lado, se modifica el art韈ulo 14 獶ocumentaci髇� para eliminar la necesidad de presentar la solicitud de licencia municipal y en conexi髇 con ello, se suprime tambi閚 dicho aspecto del apartado 2 del art韈ulo 18 獻nformaci髇 p鷅lica� para separar el tr醡ite de la licencia municipal de actividad de la informaci髇 p鷅lica de la AAI, al ser la obtenci髇 de la licencia municipal una obligaci髇 del promotor, independientemente de la AAI y su normativa de aplicaci髇. En ese sentido, expresamente se se馻la en la normativa de AAI que 閟ta no exime al titular de la obligaci髇 de obtener las licencias/autorizaciones que correspondan en base a otra legislaci髇 que le resulte aplicable.

Tambi閚 se modifican los art韈ulos 19 y 20 para agilizar la petici髇 de informes, principalmente al organismo de cuenca intercomunitaria, lo cual redunda en la idea de aportar mayor agilidad, eficacia y eficiencia al procedimiento. En la misma l韓ea, se modifica el art韈ulo 22, relativo al 玹r醡ite de audiencia�, en el que actualmente el plazo para el tr醡ite de audiencia en el procedimiento de AAI se establece en m韓imo de 15 d韆s y, al no contemplarse en la normativa b醩ica estatal sobre el procedimiento de AAI plazo alguno, se reduce a 10 d韆s, conforme a lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com鷑 de las Administraciones P鷅licas.

Por otro lado, se ampl韆 el contenido del art韈ulo 24.3 como consecuencia de la modificaci髇 del Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevenci髇 y control integrados de la contaminaci髇, aprobado por Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, indicando respecto a la resoluci髇 por la que se otorga, modifica o revisa la AAI que se enviar� a los ayuntamientos el anuncio de la puesta a disposici髇 del p鷅lico de las resoluciones de otorgamiento, modificaci髇 sustancial o revisi髇 de la autorizaci髇, para su exhibici髇 en los tablones de anuncios de los ayuntamientos en los que est閚 ubicadas las instalaciones por un plazo m韓imo de veinte d韆s naturales.

Igualmente se modifican de los art韈ulos 28 獻niciaci髇 del procedimiento�, 29 玈olicitud de autorizaci髇 ambiental integrada y tr醡ites de informaci髇 p鷅lica y consulta� y 30 獸ormulaci髇 y remisi髇 de la declaraci髇 de impacto ambiental�, con objeto de adaptar el procedimiento de la autorizaci髇 ambiental integrada a la actual legislaci髇 b醩ica en la materia, para una mejora de la regulaci髇, as� como tambi閚 solventar divergencias y evitar interpretaciones.

Por otra parte, se modifican los anexos del Decreto y se elimina el Anexo I referente a las instalaciones afectadas por AAI seg鷑 el Anexo I la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gesti髇 Integrada de la Calidad Ambiental, quedando sin contenido. Se lleva a cabo una modificaci髇 del Anexo II en relaci髇 con las autorizaciones ambientales que se integran, en su caso, en la autorizaci髇 ambiental del integrada, y se elimina el Anexo VI, relativo a la documentaci髇 para el Estudio de Impacto Ambiental, quedando sin contenido. Se suprimen los apartados 3,5, y 9 del Anexo VII, en cuanto a documentaci髇 para autorizaciones sectoriales y, tambi閚 en relaci髇 con estos anexos, se modifica la disposici髇 final segunda del Decreto con el objeto de facultar a la persona titular de la Direcci髇 General competente en materia de prevenci髇 y control ambiental para la modificaci髇 de los Anexos II, III, IV, V, y VII.

Por 鷏timo, respecto a las modificaciones de normas reglamentarias relacionadas con la modificaci髇 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, se modifica el Reglamento de Calificaci髇 Ambiental aprobado mediante Decreto 297/1995, de 19 de diciembre. En concreto, se modifica el art韈ulo 16, que viene a regular el plazo para la resoluci髇 del procedimiento y los efectos del silencio administrativo, teniendo en cuenta el art韈ulo 10 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, se cambia el sentido del silencio administrativo, recogi閚dose en la norma expresamente que, transcurrido el plazo previsto sin haberse dictado resoluci髇 expresa de calificaci髇 ambiental, en ning鷑 caso podr� entenderse que equivale a una calificaci髇 ambiental favorable. Finalmente, al desaparecer la figura de la calificaci髇 ambiental presunta por silencio positivo, se elimina dicha menci髇 en el apartado 3 y se suprime el apartado 4 de este art韈ulo 16.

Finalmente, se contempla el correspondiente r間imen transitorio a aplicar a las actuaciones que cuenten con instrumentos de prevenci髇 y control ambiental a la fecha de entrada en vigor del Decreto-ley, as� como para los procedimientos para la obtenci髇 de instrumentos de prevenci髇 y control ambiental iniciados con anterioridad a dicha entrada en vigor, que continuar醤 su tramitaci髇 conforme a la normativa anterior.

Tambi閚 se recoge dentro de este Cap韙ulo I la modificaci髇 de otras nomas. As�, se modifica el Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad del medio ambiente atmosf閞ico y se crea el Registro de Sistemas de Evaluaci髇 de la Calidad del Aire en Andaluc韆, en concreto su Disposici髇 final cuarta para habilitar que la modificaci髇 de sus Anexos III, IV, VII y VIII recaiga en un 髍gano administrativo de menor rango y facilitar as� la gesti髇 administrativa de los procedimientos administrativos correspondientes.

Se modifica tambi閚 el Reglamento de Residuos de Andaluc韆, aprobado mediante Decreto 73/2012, de 22 de marzo, en concreto su art韈ulo 72, ante la necesidad de aumentar la vigencia de los convenios relativos a la gesti髇 de los residuos, y ello porque la reciente Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una econom韆 circular, dedica su T韙ulo IV a la 玆esponsabilidad ampliada del productor del producto�, regulando entre otros aspectos, los mecanismos de colaboraci髇 de los sistemas con otros intervinientes en la gesti髇, es decir, los convenios con las administraciones p鷅licas que intervienen en la gesti髇 de los residuos, y los acuerdos con otros operadores para la organizaci髇 y financiaci髇 de la gesti髇 de los residuos, pero sin establecer de manera espec韋ica la duraci髇 que han de tener tales Convenios lo que llevar韆 a aplicar lo dispuesto en el art韈ulo 49.h) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de R間imen Jur韉ico del Sector P鷅lico, es decir, un plazo de cuatro a駉s que resulta insuficiente para posibilitar a las partes acordar un marco jur韉ico m醩 estable y duradero.

Por otro lado, se incluye en las disposiciones derogatorias la derogaci髇 de la Orden de 14 de mayo de 1999, por la que se establece el procedimiento para la obtenci髇 del certificado de convalidaci髇 de inversiones destinadas a la protecci髇 del medio ambiente, al haber quedado obsoleta e inaplicable por la modificaci髇 de la normativa b醩ica de la que tra韆 causa.

El Cap韙ulo II de este T韙ulo recoge modificaciones normativas en materia de cambio clim醫ico. Y es que en el contexto actual de crisis energ閠ica, se hace m醩 necesaria y urgente que nunca la adopci髇 de medidas que faciliten la transici髇 hacia un nuevo modelo energ閠ico en Andaluc韆 en el que la ejecuci髇 de proyectos de absorci髇 de carbono pueden ser una herramienta clave para contribuir a la conservaci髇 y restauraci髇 de nuestro medio natural y su biodiversidad, aumentando la capacidad de sumidero de nuestros h醔itats y, por otro lado, solucionando cierta desventaja competitiva de Andaluc韆 en la ejecuci髇 de este tipo de proyectos frente al resto del territorio nacional. A esta finalidad responde la modificaci髇 del art韈ulo 37 de la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio clim醫ico y para la transici髇 hacia un modelo energ閠ico en Andaluc韆, con el objetivo de incluir la posibilidad de que se puedan articular la ejecuci髇 de proyectos de absorci髇 de emisiones a trav閟 de la suscripci髇 por la Consejer韆 competente en materia de medio ambiente de convenios de colaboraci髇 p鷅lico-privada, los cuales podr醤 tener una duraci髇 acorde a la vida 鷗il de dichos proyectos, en funci髇 de sus distintas tipolog韆s, atendiendo as� la demanda de organizaciones y empresas que, de manera voluntaria, dentro de sus programas de responsabilidad corporativa, quieren reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y est醤 interesadas en la ejecuci髇 de estos proyectos bajo esta f髍mula para la compensaci髇 que ha crecido exponencialmente en los 鷏timos a駉s.

El Cap韙ulo III se dedica a las medidas en materia forestal, de v韆s pecuarias y sobre espacios naturales protegidos. Y es que el rico patrimonio forestal con que cuenta Andaluc韆, m醩 de 4,6 millones de hect醨eas, producto de la 韓tima relaci髇 que ha mantenido el ser humano con su entorno natural, debe hacer frente al reto de conjugar de manera equilibrada y compatible la multiplicidad de intereses que pueden existir en cuanto a su gesti髇 para satisfacer las demandas que la sociedad requiere de sus montes en cada momento, sin comprometer el futuro de las masas, ni el derecho de nuestros descendientes a poder seguir disfrutando de ellos.

As�, se introducen varias modificaciones en la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andaluc韆, para facilitar la inversi髇 p鷅lica mediante la ejecuci髇 de actuaciones en los montes por parte de las Administraciones P鷅licas implicadas en su gesti髇 lo que, en definitiva, conlleva la creaci髇 de empleo verde y la dinamizaci髇 de las zonas rurales, a la vez que se contribuye al buen estado de los bosques de Andaluc韆. Por un lado, se modifica su art韈ulo 1 de la Ley para determinar la exclusi髇 del car醕ter forestal de aquellos terrenos sobre los que se hubieren implantado plantaciones de especies forestales de turno corto en r間imen intensivo en los que previamente existieran usos agr韈olas autorizados antes de la implantaci髇 de dichas especies, cuando el titular de los terrenos decidiera revertir los mismos al uso agr韈ola. Esta modificaci髇 conlleva la del art韈ulo 2 del Reglamento Forestal de Andaluc韆, aprobado mediante Decreto 208/1997, de 9 de septiembre. Por otro lado, en relaci髇 con los montes p鷅licos se modifica el art韈ulo 23 de la citada Ley 2/1992, de 15 de junio, a fin de recoger expresamente la no sujeci髇 de los montes de dominio p鷅lico a tributos que graven su titularidad, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la normativa estatal b醩ica. Por otro lado se modifican los art韈ulos 26 y 70 de la Ley para posibilitar que el plazo m醲imo de duraci髇 de los convenios de cooperaci髇 para la gesti髇 de montes sea de diez a駉s, sin perjuicio de su posible pr髍roga, al considerar dicho plazo como el m韓imo para poder realizar una correcta y adecuada planificaci髇 de las actuaciones necesarias para una buena gesti髇 de los montes, evitando as� al aplicaci髇 de la norma general de duraci髇 de los convenios de cuatro a駉s que contempla la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de R間imen Jur韉ico del Sector P鷅lico, y en este mismo sentido se modifican tambi閚 los art韈ulos 66 y 109 del Reglamento Forestal.

Asimismo, se modifica la disposici髇 transitoria primera de la Ley 2/1992, de 15 de junio, para resolver la problem醫ica existente con relaci髇 a la liquidaci髇 de un elevado n鷐ero de consorcios o convenios suscritos por la administraci髇 forestal del Estado al amparo de la legislaci髇 preconstitucional sobre montes, ya derogada, con el objetivo de promover la repoblaci髇 forestal de terrenos con especies maderables, sobre todo de con韋eras, y en los que se subrog� la administraci髇 auton髆ica, posibilitando ahora que los mismos se rescindan a saldo cero sin liquidaci髇 siempre que medie el consentimiento de los propietarios y concurra alguna de las condiciones que establece la normativa aplicable.

Por otro lado, los montes andaluces suelen presentar una marcada vocaci髇 multifuncional caracterizada habitualmente por una menor importancia relativa de la funci髇 productora frente a las funciones ecol骻ica, protectora, paisaj韘tica y recreativa, sin perjuicio de la existencia de importantes aprovechamientos forestales tales como la caza, corcho, madera, le馻, pastos, frutos, biomasa, setas y trufas, apicultura, plantas arom醫icas, etc., lo que a馻de un alto grado de complejidad a su gesti髇. En este sentido, el antes citado Reglamento Forestal de Andaluc韆, presta especial atenci髇 a la ordenaci髇 de los distintos usos y aprovechamientos que se realizan en los terrenos forestales con el fin de que se lleven a cabo de forma racional permitiendo la obtenci髇 del m醲imo beneficio presente para el conjunto de la sociedad compatible con su preservaci髇 para las generaciones venideras, estableci閚dose a tal fin las correspondientes medidas de conservaci髇 y protecci髇. Posteriormente, la Ley 1/2008, de 27 de noviembre, de medidas tributarias y financieras de impulso a la actividad econ髆ica de Andaluc韆 y de agilizaci髇 de procedimientos administrativos, modific� en su Disposici髇 final cuarta la redacci髇 del art韈ulo 64.1 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andaluc韆, indicando que reglamentariamente se podr韆n excepcionar del r間imen de autorizaci髇 aquellos usos y aprovechamientos que no pusiesen en peligro la conservaci髇 y funcionalidad de los recursos y terrenos forestales, estableciendo en cada caso las condiciones en que podr醤 realizarse. Por otro lado, y a nivel nacional, la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, introduce en su art韈ulo 37.2.b) excepciones al r間imen general de autorizaciones, transfiriendo al r間imen de comunicaci髇 los aprovechamientos maderables o le駉sos a turno corto o dom閟ticos de menor cuant韆. En coherencia con lo expuesto y para reducir cargas administrativas innecesarias, se modifica el Reglamento Forestal con la inclusi髇 de los nuevos art韈ulos 96 bis y 97 bis con el objetivo de sustituir un r間imen de autorizaci髇 previa por una mera comunicaci髇 para determinados usos y aprovechamientos que implican la ejecuci髇 de actuaciones que presentan escaso riesgo ambiental.

Por 鷏timo, en lo que se refiere a la materia forestal, se modifica la Orden de 26 de septiembre de 1988, por la que se dan instrucciones para la ejecuci髇 de determinados trabajos en montes, en r間imen privado, poblados con encinas y alcornoques, ya que desde su aprobaci髇 se ha avanzado sustancialmente en el conocimiento de las masas de alcornocal de Andaluc韆, en su gesti髇 y en su actividad productiva, lo que ha permitido constatar las diferencias fenol骻icas que se producen en funci髇 de sus localizaciones bioclim醫icas, y que afectan a la propia fenolog韆 de los 醨boles. De esta experiencia se ha extra韉o la conclusi髇 de que el vigente periodo de descorche establecido hasta ahora en el art韈ulo 17 de la citada orden, entre el 1 de junio y el 1 de septiembre de cada a駉, es demasiado restrictivo y genera que en dichas zonas se disponga de menor tiempo para la extracci髇 de corcho, aumentando en muchos casos los da駉s en los 醨boles, y suponiendo una limitaci髇 al plazo en que se permite el descorche para los propietarios de monte alcornocal. Por ello, se adelanta este per韔do al 15 de mayo en las comarcas cuyas condiciones clim醫icas as� lo aconsejen, buscando con ello arbitrar medidas racionalizadoras en aras al mantenimiento e incremento de sus producciones en cantidad y calidad y, al mismo tiempo, a la conservaci髇 y persistencia de estas masas forestales.

En materia de v韆s pecuarias, dada la necesidad del medio rural de contar con una red de infraestructuras verdes, que mejore las comunicaciones existentes en este 醡bito y, con ello, de la actividad productiva, interconectando los n鷆leos de producci髇 con los de poblaci髇, comercializaci髇 y destino, se modifica el Reglamento de v韆s pecuarias de la Comunidad Aut髇oma de Andaluc韆, aprobado mediante Decreto 155/1998, de 23 de marzo, en concreto sus art韈ulos 15 y 36 a los efectos de agilizar la tramitaci髇 administrativa de los expedientes de clasificaci髇 y deslinde de v韆s pecuarias reduciendo plazos en los tr醡ites de audiencia e informaci髇 p鷅lica y facilitando el posible acceso telem醫ico de los interesados a los expedientes, y de su art韈ulo 48 para aclarar que en los expedientes de ocupaci髇 de v韆s pecuarias cuyas actuaciones se integren en procedimientos de prevenci髇 ambiental, los tr醡ites de audiencia e informaci髇 p鷅lica se sustanciar醤 conforme a lo dispuesto en la normativa espec韋ica de estos 鷏timos procedimientos.

Por 鷏timo, en lo que a v韆s pecuarias se refiere, se incluye en la Disposici髇 derogatoria del presente Decreto-ley la derogaci髇 expresa de la Orden de 23 de diciembre de 2003, por la que se restringe el uso de determinadas v韆s pecuarias a su paso por el Parque Natural Sierra de And鷍ar (Ja閚), al quedar obsoleta y urgir que se puedan habilitar estas v韆s pecuarias como senderos de uso p鷅lico u otros equipamientos, para fomento del esparcimiento ciudadano y las actividades de tiempo libre, tales como el paseo, el senderismo, la cabalgada, el cicloturismo y otras formas de ocio y deportivas, siempre que no conlleve la utilizaci髇 de veh韈ulos motorizados.

Por lo que se refiere a espacios naturales protegidos, se modifica la Ley 8/1999, de 10 de octubre, del Espacio Natural de Do馻na, ya que la redacci髇 actual de algunos de sus preceptos relacionados con el r間imen sancionador necesita ser adecuada a la realidad actual otorgando a la norma la necesaria claridad, coherencia y seguridad jur韉ica de cara, fundamentalmente, a la ciudadan韆 del 醨ea de influencia socioecon髆ica de este espacio natural. As� la actual redacci髇 del art韈ulo 48 relativo a la cuantificaci髇 de las sanciones sigue utilizando como par醡etro para la gradaci髇 de las multas, para establecer los umbrales m韓imo y m醲imo, referencias al Salario M韓imo Interprofesional (SMI), y a la peseta como moneda, en vez del euro. Se considera necesario adem醩 adaptar el articulado de la Ley del Espacio Natural de Do馻na a la legislaci髇 estatal y auton髆ica siempre bajo el principio de guarda de la debida adecuaci髇 entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracci髇 y la sanci髇 aplicada. Por ello se pretende que la infracci髇 establecida en el art韈ulo 44.b) 獿a circulaci髇 a pie, con tracci髇 animal o con medios motorizados fuera de los lugares habilitados para ello en el Plan Rector de Uso y Gesti髇, y que se realice sin la autorizaci髇 expedida por el 髍gano administrativo competente del Espacio Natural de Do馻na�, pase a ser una infracci髇 leve en vez de grave modificando a tal efecto los apartados 2 y 3 del art韈ulo 45. Por otro lado, se pretende adecuar el importe de las sanciones mediante la modificaci髇 del art韈ulo 48.

Por otro lado, se incluye una Disposici髇 adicional a los efectos de determinar el plazo de vigencia de los Planes Rectores de Uso y Gesti髇 de los espacios naturales protegidos de Andaluc韆 que se hayan aprobado antes de la entrada en vigor del Decreto-ley, de forma que este plazo se extienda hasta que sean aprobados los planes que los sustituyan, evitando as� la falta de cobertura para el ejercicio de actividades econ髆icas importantes para la reactivaci髇 econ髆ica del medio rural vinculado a estos espacios naturales.

Por 鷏timo, a los efectos de eliminar trabas administrativas, se deroga el segundo p醨rafo del apartado 3 del art韈ulo 6 de la Orden de 15 de diciembre de 2004, por la que se regula el R間imen Jur韉ico y el Procedimiento de Concesi髇 de Licencia de Uso de la marca Parque Natural de Andaluc韆, eliminando la obligatoriedad de vincular la concesi髇 de cualquier certificado de calidad, incluida la Carta Europea de Turismo Sostenible con la Marca Parque Natural de Andaluc韆.

El Cap韙ulo IV del T韙ulo XII aborda modificaciones normativas relacionadas con sectores tan importantes para Andaluc韆 como la caza y la pesca continental en cuanto actividades con un significativo campo de actividad de dimensi髇 social, deportiva, cultural, ecol骻ica y econ髆ica, que moviliza a un amplio colectivo que cuenta con organizaciones deportivas asentadas territorialmente, constituyendo tambi閚 un claro ejemplo de actividad que se desarrolla en el medio natural permitiendo un uso compatible de los recursos naturales y asegurando pautas de desarrollo sostenible en el medio rural. As�, se modifica la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres, en concreto su art韈ulo 40 a los efectos de permitir la comercializaci髇 y transporte de especies objeto de caza y pesca en per韔dos de veda cuando dichas piezas de caza sean procedentes de terrenos cineg閠icos cuyo Plan T閏nico de Caza vigente incluya la caza selectiva y el control poblacional y /o control de da駉s. Dicha modificaci髇 conlleva la del art韈ulo 72.4 del Reglamento de Ordenaci髇 de la Caza, aprobado mediante Decreto 126/2017 de 25 de julio. Asimismo, se except鷄 de la prohibici髇 de transporte a las especies de peces pertenecientes a especies ex髏icas introducidas es una modificaci髇 en l韓ea con las vigentes pol韙icas de erradicaci髇 y control de las especies ex髏icas invasoras contenidas en la normativa europea, nacional y auton髆ica.

Por otro lado, se modifica el art韈ulo 47.2 de la Ley relativo a los Cotos deportivos de caza para eliminar del mismo la exigencia de que las pr醕ticas deportivas cineg閠icas tengan que estar previamente contempladas en los planes t閏nicos de caza de los cotos. Por ello se modifica tambi閚 el art韈ulo 91.2 del Reglamento.

En cuanto a la modificaci髇 de los art韈ulos 53 y 61 de la Ley y del art韈ulo 75.1 del Reglamento, relacionados con la documentaci髇 que debe portar la persona cazadora y pescadora durante la pr醕tica de la caza y la pesca, se elimina la tarjeta acreditativa de la habilitaci髇 como persona cazadora o pescadora al recoger la misma informaci髇 que la correspondiente licencia que s� debe estar vigente y portar consigo la persona cazadora o pescadora en el momento de la acci髇 de cazar o pescar. Asimismo, se aprovecha la modificaci髇 para adecuar el lenguaje utilizado de acuerdo con lo previsto en el art韈ulo 4.10 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoci髇 de la igualdad de g閚ero en Andaluc韆.

Por otra parte, y en relaci髇 con la acuicultura continental, se modifica el art韈ulo 63.1 de la Ley para facilitar que toda la gesti髇 relacionada con acuicultura, sea acuicultura marina o continental, quede unificada y dependiente de un mismo y 鷑ico departamento u organismo, la consejer韆 competente en materia de acuicultura, lo cual simplifica y unifica criterios y procedimientos adem醩 de poder movilizar los recursos econ髆icos de los Fondos Europeos destinados a la acuicultura de manera simplificada, dentro de los presupuestos y bajo las convocatorias de una misma consejer韆, sin perjuicio de el establecimiento de un informe previo por parte de la consejer韆 competente en materia de medio ambiente para las autorizaciones de puesta en funcionamiento de piscifactor韆s o instalaciones de acuicultura continental.

Por otro lado se modifica el art韈ulo 65 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, para introducir la nueva figura del 獹uarda Jurado de Caza� a la que podr� acceder cualquier ciudadano que acredite estar habilitado como Guarda Rural, con especialidad caza, y sea habilitado por la Consejer韆 competente en la materia, con la finalidad de dar una mejor respuesta a la situaci髇 generada por la confluencia entre las figuras del actual guarda de coto de caza y la de guarda rural con la especialidad de guardas de caza, regulada esta 鷏tima en el art韈ulo 34 de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, y a la que corresponde el ejercicio de las funciones de vigilancia y protecci髇 en las fincas de caza en cuanto a los distintos aspectos del r間imen cineg閠ico. Esta modificaci髇 conlleva la del art韈ulo 65 de la Ley y de los art韈ulos 46, 51 y 98 del Reglamento, as� como la introducci髇 de un nuevo art韈ulo 98 bis para regular las funciones de este colectivo. Tambi閚 se incluye el correspondiente r間imen transitorio necesario que permita mantener la vigencia de la regulaci髇 actual de los guardas de coto de caza hasta tanto se habilite el procedimiento para la obtenci髇 de la acreditaci髇 del nuevo t韙ulo de guarda jurado de caza, as� como que los guardas de coto de caza actuales puedan seguir ejerciendo sus funciones durante el per韔do de 10 a駉s. Asimismo, se modifica el art韈ulo 58.9 del Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la conservaci髇 y el uso sostenible de la flora y fauna silvestres y sus h醔itats para incluir como objeto de inscripci髇 en la Secci髇 de Aprovechamientos Cineg閠icos del Registro Andaluz de Aprovechamientos de Flora y Fauna Silvestre, a los guardas jurados de caza.

Asimismo, se modifica el Anexo III de la citada Ley 8/2003, de 28 de octubre, para actualizar la denominaci髇 de dos especies en relaci髇 con los cambios que se han sucedido en el 醡bito cient韋ico, en lo que afecta exclusivamente a las especies de perdiz y liebre.

Entrando ya en las modificaciones espec韋icas del Reglamento de Ordenaci髇 de la Caza, se modifica el art韈ulo 18 en relaci髇 con la zona de reserva de un coto, para adecuar la regulaci髇 a los cambios de uso de suelo y las nuevas tendencias de aprovechamientos y usos de los terrenos r鷖ticos o la proliferaci髇 de las instalaciones de plantas fotovoltaicas, que tienen la consideraci髇 de zonas de seguridad pero que no impiden el desarrollo de poblaciones de especies cineg閠icas y no cineg閠icas bajo sus estructuras, siendo necesario y apropiado poder considerar que estas zonas de seguridad puedan considerarse compartibles con la funci髇 de zona de reserva en determinados casos y circunstancias que deben ser estudiadas y valoradas por los t閏nicos de la Delegaci髇 Territorial donde se ubica el coto, a solicitud presentada por el titular cineg閠ico.

En cuanto a los escenarios de caza en coto, se elimina la prohibici髇 general de poder establecer m醩 de un escenario por coto. Se permite tener dos escenarios simult醤eamente en un mismo coto, siempre que uno de ellos sea de adiestramiento y entrenamiento de perros y/o aves de cetrer韆. Por otra parte, y dado que en los escenarios de adiestramiento de perros y aves de cetrer韆 no se utilizan armas, las limitaciones establecidas sobre la ubicaci髇 de los escenarios por motivos de seguridad no tienen un sentido pr醕tico y, sin embargo, s� puede ser de utilidad que se puedan establecer en lugares donde la propia caza no se puede realizar y en lugares generalmente m醩 cercanos a las poblaciones, lo que sin duda facilitar� el acceso al adiestramiento y al entrenamiento de los animales. Por ello se modifican los apartados 1 y 5 del art韈ulo 48 del Reglamento.

Tambi閚 en relaci髇 con los escenarios de caza se modifican los art韈ulos 49 y 51 para introducir en la normativa la posibilidad de autorizar escenarios de caza en los cotos incluidos en Espacios Naturales Protegidos, excluyendo de los mismos a los espacios designados o declarados como Zona de Especial Protecci髇 para las Aves, previa evaluaci髇 caso a caso para permitir dinamizar la acci髇 cineg閠ica, favoreciendo as� el desarrollo socioecon髆ico de algunas zonas rurales.

Se modifica igualmente el art韈ulo 86 del Reglamento, y ello porque la Ley 10/2021, de 28 de diciembre, de Tasas y Precios P鷅licos de Andaluc韆, elimin� la tasa por comunicaci髇 de monter韆s, ganchos, batidas y batidas de gesti髇 y ojeos de perdiz, y en coherencia debe ser eliminada la exigencia de aportar el resguardo de haber realizado el abono de la misma.

Igualmente se ha entendido necesaria la modificaci髇 concreta de los art韈ulos 81 y 90 del Reglamento en relaci髇 con el n鷐ero m醲imo de perros a utilizar en la modalidad de caza menor conocida como 玜 diente en mano� para posibilitar la utilizaci髇 de hasta 5 perros por persona cazadora en esta modalidad sin tener que acreditar la edad de los perros, al suponer esta acreditaci髇 una carga administrativa innecesaria.

Por otro lado, resulta necesario introducir instrumentos de evaluaci髇 de la calidad cineg閠ica con el objetivo de asegurar que el manejo de las poblaciones y de los recursos naturales se adec鷈 efectivamente a las exigencias de sostenibilidad y a la defensa de los bienes jur韉icos que deben ser conservados y protegidos. En este sentido, son notorios los problemas que el jabal� est� causando en el medio natural por su prolificidad y proliferaci髇, en los cotos localizados en el 醡bito territorial de las Sierras de Cazorla, Segura, Las Villas y Sierra M醙ina, que presentan una topograf韆 muy abrupta y quebrada, con fuertes pendientes y barrancos profundos, con densa cubierta vegetal dominada en muchos casos por extensos pinares, donde encontramos un matorral mediterr醤eo de cabecera muy tupido y de porte muy elevado, lo que proporciona una enorme seguridad en la pr醕tica de la modalidad de caza con el uso de arma larga rayada, revel醤dose como una excelente manera, certera y precisa, de realizar un control poblacional de este animal. A los efectos de permitir esta modalidad de caza con arma rayada en determinadas circunstancias se modifica el art韈ulo 82.2 del Reglamento, as� como el su art韈ulo 93.3 para recoger los condicionantes o requisitos de seguridad que deben tenerse en cuenta.

Finalmente se modifica el Anexo III del Reglamento para incluir entre las especies comercializables a la especie paloma brav韆 Columba livia, que es una especie ampliamente criada en establecimientos y granjas cineg閠icas.

En materia de econom韆 azul se modifica la Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de R間imen Jur韉ico y Econ髆ico de los Puertos de Andaluc韆, a los efectos de recoger la posibilidad de adjudicaci髇 directa de las concesiones sobre bienes de dominio p鷅lico en determinados supuestos, cuando se den circunstancias excepcionales, o en otros supuestos establecidos en las leyes, agilizando el otorgamiento de las concesiones en casos determinados y justificados. En gran medida las destinatarias de esta medida son las entidades locales, actores esenciales del escenario portuario andaluz cuyo impulso contribuye a una recuperaci髇 social y econ髆ica m醩 ajustada a las necesidades del municipio, con el objetivo de implementar medidas de integraci髇 puerto–ciudad que incrementan la competitividad del sector portuario.

Por otro lado, se recoge en la Disposici髇 derogatoria del Decreto-ley la supresi髇 del art韈ulo 37 de la citada Ley 21/2007, de 18 de diciembre, que otorgaba a los titulares de concesiones portuarias de gesti髇 indirecta continuar con la explotaci髇 de 閟tas m醩 all� del plazo establecido en el t韙ulo, mediante un derecho de tanteo tras la celebraci髇 de un concurso, siendo 閟ta una modificaci髇 que tiene como objetivo claro el de incrementar la competitividad del sector portuario apoyando la econom韆 y el empleo del sector y, por ende, del sistema productivo, con una mayor participaci髇 de agentes econ髆icos sin barreras que impidan el acceso en igualdad de condiciones con ofertas econ髆icas m醩 ventajosas y mejoras en las condiciones de prestaci髇 del servicio.

XXI

La industria se presenta como una actividad fundamental para que Andaluc韆 pueda lograr un crecimiento equilibrado y sostenible, ya que su aportaci髇 a la econom韆 no se reduce solo a la riqueza y al empleo generado por el propio sector, sino que tiene un efecto arrastre en toda la cadena de valor permitiendo acelerar la convergencia regional.

En este contexto de postpandemia no resulta posible obtener cotas de crecimiento que permitan la recuperaci髇 de la econom韆 sin considerar la aportaci髇 del sector industrial, en tanto que la actividad industrial constituye uno de los pilares estrat間icos sobre los que se asienta el crecimiento econ髆ico de cualquier sociedad, por su capacidad para generar empleo, atraer inversiones, promover el desarrollo de la I+D+i y, en definitiva, configurar una econom韆 competitiva y resistente a los ciclos adversos.

Andaluc韆 busca impulsar una pol韙ica industrial que pretende su transformaci髇 mediante la diferenciaci髇 como regi髇 industrial. Precisamente el plan de acci髇 CRECE Industria en Andaluc韆, que contiene las l韓eas generales, las medidas y la l骻ica de intervenci髇 que aplica el Gobierno andaluz para el impulso de dicha pol韙ica, contempla como un elemento esencial en la b鷖queda de la referida diferenciaci髇 el disponer de un marco institucional y social comprometido con el desarrollo industrial, que cree un entorno favorable para la inversi髇 y la iniciativa empresarial. Las medidas de simplificaci髇 y agilizaci髇 administrativa incluidas en el presente Decreto-ley contribuyen de manera notable a conseguir el marco institucional adecuado.

Ello implica, igualmente, un empuje a la diversificaci髇 econ髆ica, por cuanto Andaluc韆 necesita consolidar el desarrollo de la industria orient醤dola hacia los objetivos de la Uni髇 Europea en materia de energ韆 y clima, as� como fomentar su mayor relevancia en t閞minos de aportaci髇 al Producto Interior Bruto regional.

En efecto, Andaluc韆, es especialmente vulnerable a coyunturas desfavorables como la que estamos atravesando tras la crisis COVID-19, los actuales conflictos b閘icos en Ucrania y Oriente Medio, y lo es por rasgos estructurales como la menor renta per c醦ita, una tasa de paro elevada y un bajo nivel de industrializaci髇.

Por tanto, ante el impacto en la industria mostrado en los indicadores econ髆icos, es necesario desplegar urgentemente medidas que refuercen el tejido productivo andaluz. En este sentido, ha de encontrar en el marco regulatorio aplicable en Andaluc韆 facilidades para el acceso y el ejercicio de la actividad, siempre con plenas garant韆s de seguridad. Para ello, se incorporan en este Decreto-ley medidas que estimulan la actividad de nuestros establecimientos industriales, y que fomentan asimismo las inversiones.

En este sentido, en dicho 醡bito, se establecen modificaciones dirigidas a la simplificaci髇 de normas vigentes, entre las cuales se encuentra, en primer lugar, la modificaci髇 del Decreto 25/2001, de 13 de febrero, por el que se regulan las actuaciones de los organismos de control en materia de seguridad de los productos e instalaciones industriales, y de su orden de desarrollo. Dicha modificaci髇 est� destinada a eliminar los requisitos auton髆icos no contemplados en la normativa b醩ica estatal para el ejercicio de la actividad de los organismos de control y a potenciar la relaci髇 electr髇ica entre estas entidades y la Administraci髇. Ello, con el objeto final de aumentar su competitividad, reduciendo al mismo tiempo los costes trasladados al sector industrial que afectan asimismo a la competitividad de todo el sector.

En segundo lugar, se modifica el Decreto 59/2005, de 1 de marzo, por el que se regula el procedimiento para la instalaci髇, ampliaci髇, traslado y puesta en funcionamiento de los establecimientos industriales, as� como el control, responsabilidad y r間imen sancionador de los mismos, y su orden de desarrollo. Con las medidas que se introducen, de gran relevancia para el sector industrial, tanto por su trascendencia para la efectiva implantaci髇 de las actividades como por el volumen de tramitaciones, se persigue habilitar la integraci髇 en el mismo sistema registral de las diversas comunicaciones reglamentarias asociadas a las instalaciones puestas en servicio, que actualmente se tramitan de manera dispersa y sin un procedimiento electr髇ico asociado. Ello facilitar� y agilizar� la realizaci髇 de esos tr醡ites y posibilitar� a la industria el acceso a unos registros 鷑icos y completos de sus instalaciones.

En l韓ea con lo anterior, en tercer lugar, se simplificar� y agilizar� el tr醡ite de cambio de titularidad de las instalaciones industriales, que genera actualmente una gran carga administrativa tanto a las propias empresas como a la propia Administraci髇, potenciando as� la actualizaci髇 de los registros de instalaciones y su uso a efectos informativos.

Por otro lado, en cuarto lugar, se habilita, asimismo, un procedimiento 醙il y sencillo para la regularizaci髇 de instalaciones existentes, permitiendo as� a los titulares de esas instalaciones su regularizaci髇 administrativa sin necesidad de tener que rehacerlas conforme a la actual normativa, lo que con frecuencia conlleva unos costes muy elevados que la hacen inviable, generalizando y sistematizando as� lo ya establecido para algunos tipos concretos de instalaciones. Adem醩, se elimina la aportaci髇 de datos o documentos innecesarios en el tr醡ite de puesta en servicio de las instalaciones.

A su vez, se habilita un periodo transitorio, en concreto, respecto a las instalaciones de protecci髇 contra incendios, frigor韋icas y t閞micas de edificios, complementando as� las medidas similares que se han habilitado a nivel nacional para otros tipos de instalaciones. Se facilita as� la regularizaci髇 administrativa de esas instalaciones, potenciando su registro, mantenimiento e inspecci髇 y, por tanto, el control de su seguridad, reduciendo, al mismo tiempo, las cargas administrativas del sector industrial y generando al mismo tiempo una actividad econ髆ica en el sector de los servicios de seguridad industrial en torno a la adaptaci髇 de esas instalaciones y su mantenimiento en condiciones de seguridad.

El registro integrado industrial de Andaluc韆, regulado por Decreto 83/2016, de 19 de abril, supone un elemento central en el sistema de informaci髇 industrial, por lo que las medidas de simplificaci髇 asociadas con dicho registro tienen una gran trascendencia para el sector y su competitividad. Por ello, en quinto lugar, con las modificaciones introducidas se pretende precisamente reducir las trabas administrativas asociadas a dicho registro, fundamentalmente a trav閟 de la eliminaci髇 del 醡bito del Registro Industrial de actividades e instalaciones distintas de las manufactureras que disponen ya de una regulaci髇 y registro propios y diferenciados, evitando as� un doble tr醡ite administrativo y un efecto distorsionador en la informaci髇, as� como la simplificaci髇 del tr醡ite de cambio de titularidad de los establecimientos industriales.

En sexto lugar, se introducen modificaciones en la regulaci髇 de los laboratorios de contraste de objetos fabricados con metales preciosos para eliminar ciertos requisitos e introducir mejoras en aspectos, como el equipamiento, el proceso de an醠isis por muestreo o las tarifas, que suponen un obst醕ulo para un mayor y mejor desarrollo de la actividad y del sector.

En s閜timo lugar, respecto a la Orden de 12 de noviembre de 2008, por la que se regulan las convocatorias y las bases a las que deber醤 ajustarse los ex醡enes para la obtenci髇 de los carn閟 profesionales en materia de industria, energ韆 y minas, se introduce una flexibilizaci髇 en los plazos de cumplimiento de los requisitos, para facilitar la concurrencia a los ex醡enes, que suponen la v韆 de incorporaci髇 al mercado laboral para el ejercicio de determinadas profesiones industriales reguladas, para las que existen actualmente carencias importantes en el mercado.

En el 醡bito del sector industrial, en octavo lugar, se ha advertido la necesidad de establecer un plazo m醲imo para un grupo reducido de procedimientos de gran complejidad, y en particular los expedientes sancionadores, para los que el plazo por defecto de tres meses es manifiestamente insuficiente y provoca con frecuencia la caducidad de los procedimientos y su eventual reinicio, con la mayor carga administrativa que esto supone. Ello de conformidad con el art韈ulo 21.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com鷑 de las Administraciones P鷅licas.

Respecto a los centros formativos habilitados en materia de industria, en noveno lugar, se introducen unos requisitos armonizados para su funcionamiento que hagan la actuaci髇 de estos centros en un r間imen de declaraci髇 responsable que les libera de cargas administrativas innecesarias y facilita el funcionamiento 醙il del sector bajo el efectivo control de las autoridades competentes.

Por otra parte, y en d閏imo lugar, el establecimiento efectivo de la obligaci髇 de comunicarse electr髇icamente con la Administraci髇 en determinados procedimientos en materia de industria y energ韆, conforme a lo previsto en el art韈ulo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, permitir� agilizar y racionalizar la actuaci髇 de la Administraci髇 en estos procedimientos.

Se habilita, adem醩, en und閏imo lugar, un mecanismo 醙il para la aprobaci髇 de protocolos t閏nicos y formularios en materia de industria, con objeto de armonizar, facilitar y racionalizar el funcionamiento del sector y su relaci髇 con la Administraci髇, eliminando as� trabas para el ejercicio de su actividad y potenciando su competitividad.

Finalmente, con objeto de disponer de una marco legal y reglamentario racional, que aporte claridad y seguridad jur韉ica en el desarrollo de las actividades industriales, se procede a la derogaci髇 expresa de disposiciones que hab韆n devenido inaplicables por efecto de la revisi髇 posterior de la normativa estatal de la que derivaban.

Por ende, se establece un marco claro y actualizado para el desarrollo de la labor de supervisi髇 y control administrativo de las estaciones ITV que prev� la normativa b醩ica estatal en la materia, facilitando as� el 醙il funcionamiento del servicio.

En el 醡bito minero procede a modificarse la disposici髇 adicional novena del Decreto-ley 26/2021, de 14 de diciembre, por el que se adoptan medidas de simplificaci髇 administrativa y mejora de la calidad regulatoria para la reactivaci髇 econ髆ica en Andaluc韆, relativa a la explotaci髇 sostenible de recursos minerales, ampliando el plazo contemplado en la misma a tres a駉s, clarific醤dose, igualmente, la redacci髇 del mismo. Dicha disposici髇 se encontraba destinada a evitar que los derechos se otorguen sobre extensiones de terreno que no son objeto posterior de actividades mineras, y responden a fines ajenos que pueden dar lugar a especulaci髇, dinamizando la investigaci髇 y aprovechamiento de los recursos minerales.

Los acontecimientos de los 鷏timos a駉s, como la pandemia del COVID-19 o la crisis energ閠ica derivada de la invasi髇 de Ucrania por parte de Rusia tambi閚 han tenido un especial impacto en el conjunto del sector energ閠ico, y han venido acompa馻dos de una respuesta coyuntural por parte de las distintas instituciones internacionales, europeas y nacionales.

As�, el marco de la pol韙ica clim醫ica y energ閠ica en Andaluc韆 viene determinado por este contexto, en particular por la pol韙ica de la Uni髇 Europea recogida principalmente en el paquete legislativo Fit for 55 que persigue acelerar la descarbonizaci髇 del continente europeo y el plan REPowerEU, para impulsar la transici髇 energ閠ica y mejorar la seguridad de suministro como respuesta al conflicto b閘ico en Ucrania. A ello se suma que la Uni髇 Europea est� reforzando la necesidad de acelerar el proceso de concesi髇 de autorizaciones para proyectos de energ韆s renovables, como refleja la nueva Directiva sobre Fuentes de Energ韆 Renovables aprobada en octubre de 2023. Adem醩, la propuesta de Reglamento del Consejo de noviembre de 2023 establece un marco para acelerar el despliegue de energ韆s renovables.

A su vez, el marco para Andaluc韆 tambi閚 viene determinado por la pol韙ica de Espa馻, establecida en el Plan Nacional Integrado de Energ韆 y Clima (PNIEC) 2023-2030, cuya propuesta de actualizaci髇 es m醩 ambiciosa en sus objetivos, con un total de energ韆s renovables sobre el consumo final del 48%, frente al 42% actual.

En este marco, Andaluc韆 viene apostando por un modelo energ閠ico basado en la riqueza de sus recursos naturales, en las energ韆s limpias como motor de desarrollo de su econom韆, que contribuya al logro de los objetivos anteriores, siendo adem醩 en la actualidad y debido a la normativa b醩ica estatal que obliga a cumplir unos hitos en la tramitaci髇 de las instalaciones de generaci髇, la comunidad aut髇oma que asume el mayor n鷐ero de proyectos o potencia en tramitaci髇 de energ韆s renovables, especialmente de fotovoltaica y e髄ica.

La energ韆 procedente de fuentes de energ韆 renovables puede reducir la demanda de combustibles f髎iles y, gracias a sus bajos costes operativos, incrementar las energ韆s renovables en el sistema energ閠ico puede reducir los precios de la energ韆. Sin embargo, los procedimientos administrativos largos y complejos suelen ser un obst醕ulo para el ritmo de inversi髇 en energ韆s renovables e infraestructuras conexas.

El tejido empresarial andaluz adem醩 se muestra m醩 vulnerable ante las continuas variaciones del precio de la energ韆 y, si bien la dependencia energ閠ica y los altos costes de la energ韆 afectan al territorio espa駉l en su conjunto, no incide de igual forma en todas las regiones. De esta manera, la actual coyuntura econ髆ica y su incidencia en la econom韆 productiva aconseja la puesta en marcha de medidas que ayude a preservar la competitividad del tejido productivo andaluz.

En este escenario, se hace urgente y necesario disponer en Andaluc韆 de nuevas medidas normativas que, sumadas a las aprobadas en los 鷏timos a駉s, contribuyan a reducir barreras en las tramitaciones administrativas de los proyectos de energ韆s renovables e infraestructuras de redes.

Es necesario por tanto abordar un conjunto de medidas que faciliten la tramitaci髇 de los proyectos energ閠icos, generando en el inversor un marco de confianza y mejorando la calidad del servicio que se presta, que no ser韆 posible alcanzar si las mismas se introdujeran a trav閟 de los procedimientos ordinarios de aprobaci髇 o modificaci髇 de una norma legal o reglamentaria, ya que al no poder aprobarse en tiempo y forma conllevar韆 la p閞dida de su esperada eficacia.

En primer lugar, se modifica la disposici髇 adicional 鷑ica del Decreto-ley 2/2018, de 26 de junio, de simplificaci髇 de normas en materia de energ韆 y fomento de las energ韆s renovables en Andaluc韆 en tres aspectos, a trav閟 de la modificaci髇 del apartado segundo y de la redacci髇 de dos nuevos apartados.

Por un lado, se modifica su apartado segundo y ello porque el Gobierno de la naci髇, con el fin de facilitar la construcci髇 de plantas de generaci髇 de energ韆 el閏trica de origen renovable, introdujo en el Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, por el que se aprueban medidas de refuerzo de la protecci髇 de los consumidores de energ韆 y de contribuci髇 a la reducci髇 del consumo de gas natural en aplicaci髇 del 玃lan + seguridad para tu energ韆 (+SE)�, as� como medidas en materia de retribuciones del personal al servicio del sector p鷅lico y de protecci髇 de las personas trabajadoras agrarias eventuales afectadas por la sequ韆, nuevas medidas de simplificaci髇 administrativa para las instalaciones de producci髇 de peque馻 potencia.

Andaluc韆 se suma a esa simplificaci髇 y modifica el apartado segundo del Decreto-ley 2/2018, de 26 de junio, para elevar la potencia de las instalaciones que se pueden beneficiar de una tramitaci髇 de la autorizaci髇 de explotaci髇 m醩 sencilla, esto es, 500 kW, lo cual contribuir� a un mayor y m醩 r醦ido desarrollo de plantas de generaci髇 de energ韆 el閏trica de origen renovable.

No obstante se excepciona de lo anterior y se mantienen las autorizaciones previas y de construcci髇, para cada una de las instalaciones de producci髇 de energ韆 el閏trica que tengan la l韓ea de evacuaci髇 com鷑 y est閚 en la misma referencia catastral o a menos de 3.000 metros entre s�, siempre que la suma total de potencia instalada supere los 500 kW, a fin de evitar que instalaciones de mayor tama駉, que podr韆n tener mayor impacto en el territorio, se puedan fraccionar evitando as� determinadas tramitaciones administrativas a las que en otro caso estar韆n sometidas y comunic醤doselo al 髍gano ambiental competente.

Por otro lado, se a馻den a la disposici髇 adicional dos nuevos apartados con el fin de agilizar la tramitaci髇 administrativa de las instalaciones de generaci髇 con renovables, as� como de las infraestructuras de evacuaci髇 asociadas y de otras infraestructuras de redes.

Un nuevo apartado tercero, que permita al promotor de una instalaci髇 de energ韆 el閏trica realizar las consultas a las administraciones p鷅licas, organismos y empresas a las que se refieren los art韈ulos 123 y 130 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribuci髇, comercializaci髇, suministro y procedimientos de autorizaci髇 de instalaciones de energ韆 el閏trica; y aportar mediante declaraci髇 responsable la informaci髇 de las mismas, junto a su anteproyecto o/y proyecto para el que solicita autorizaci髇. Esta medida les facilita presentar los anteproyectos o proyectos m醩 maduros, lo que contribuye a agilizar el procedimiento de autorizaci髇 administrativa y a reducir la carga de trabajo del 髍gano competente, ya que los informes favorables o los condicionados de los 髍ganos consultados, en respuesta a las separatas.

Con la misma finalidad, se incluye un nuevo apartado cuarto para que el promotor compruebe y pueda declarar en su caso que la actuaci髇 para la que solicita autorizaci髇, no est� afectada por los supuestos establecidos en el art韈ulo 71 del Reglamento General de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andaluc韆, aprobado por Decreto 550/2022, de 29 de noviembre, en el que se definen las actuaciones con incidencia en el territorio.

En Andaluc韆, la publicaci髇 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, conllev� que las actuaciones de generaci髇 de energ韆 mediante fuentes renovables en Andaluc韆 y las infraestructuras energ閠icas en general, se considerasen actuaciones ordinarias en suelo r鷖tico con las implicaciones subsiguientes en los procedimientos administrativos para su tramitaci髇, entre ellas, la eliminaci髇 del informe de compatibilidad urban韘tica al que previamente estaban sometidas estas actuaciones. Esto ha permitido la simplificaci髇 de la tramitaci髇 de las autorizaciones de estas instalaciones, si bien al mismo tiempo la LISTA, incluy� en su art韈ulo 52, que estas actuaciones deber醤 someterse a un informe preceptivo y vinculante de coherencia territorial, cuando se consideren que tienen incidencia en el territorio, de la Consejer韆 competente en materia de Ordenaci髇 del Territorio y Urbanismo, que, de no emitirse en un plazo de dos meses, se considerar� desfavorable. Este nuevo informe en la pr醕tica supone un nuevo tr醡ite en un procedimiento ya de por s� extenso y burocr醫ico.

En la actualidad, existen un gran n鷐ero de proyectos de infraestructuras energ閠icas en Andaluc韆, que se est醤 viendo afectados por este nuevo tr醡ite administrativo. Con el fin de agilizar la obtenci髇 del mismo y dado que la documentaci髇 para ello requerida en cualquier caso, la tiene que aportar el promotor de la actuaci髇 al 髍gano competente de la autorizaci髇 administrativa, es por lo que se considera necesario y urgente regular que, junto a la solicitud de dicha autorizaci髇 se pueda presentar bien una declaraci髇 responsable si su proyecto carece de incidencia territorial o en caso contrario, se acompa馿 de la documentaci髇 requerida en el art韈ulo 72 del mismo Decreto, que se remitir� al 髍gano en materia de ordenaci髇 del territorio competente para valorar la incidencia previsible en el territorio y el paisaje mediante la emisi髇 del preceptivo informe de incidencia territorial.

Para una mayor eficiencia de esta medida, se incluye adem醩 una disposici髇 transitoria a fin de que las solicitudes que se encuentren en tramitaci髇 puedan beneficiarse de estas medidas de simplificaci髇.

A la finalidad que se viene describiendo contribuye de una forma significativa el autoconsumo, por lo que urge seguir fomentando estas instalaciones en Andaluc韆 que supera ya las 112.000.

Para ello, se modifica el art韈ulo 12.3 de la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energ韆s renovables y del ahorro y eficiencia energ閠ica de Andaluc韆, para elevar de 100 kW hasta 500 kW, las instalaciones de autoconsumo el閏trico con energ韆s renovables, que en suelo urbano quedan sujetas a declaraci髇 responsable. Esta medida favorecer� la tramitaci髇 de grandes instalaciones de autoconsumo, m醩 propias del sector industrial y empresarial, ampliando as� su protecci髇 de cara a contrarrestar el incremento de precios de la energ韆.

Asimismo, es necesario adaptar el texto de dicho apartado 12.3 de la Ley 2/2007, de 27 de marzo, a lo establecido en el art韈ulo 3 del Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el 醡bito energ閠ico para el fomento de la movilidad el閏trica, el autoconsumo y el despliegue de energ韆s renovables que establece que para la instalaci髇 de puntos de recarga, no podr� exigirse por parte de las administraciones p鷅licas competentes la obtenci髇 de licencia o autorizaci髇 previa de obras, instalaciones, de funcionamiento o de actividad, de car醕ter medioambiental ni otras de clase similar o an醠ogas, que ser醤 sustituidas por declaraciones responsables.

Por otro lado, es necesario actuar con medidas que favorezcan el desarrollo de las redes que faciliten la evacuaci髇 de la generaci髇 con renovables, lo que contribuir� a la mejora de la calidad del suministro el閏trico de los consumidores y a alcanzar los actuales retos de descarbonizaci髇.

Por ello se incluye una disposici髇 adicional para la puesta en funcionamiento en bloque de nuevas instalaciones de distribuci髇 de energ韆, competencia de la Comunidad Aut髇oma de Andaluc韆. As�, con el fin de agilizar la tramitaci髇 administrativa de las autorizaciones de determinadas instalaciones de distribuci髇 el閏trica, se establecen unos criterios para que se pueda presentar una 鷑ica solicitud para tramitar las autorizaciones administrativas previa y de construcci髇 de varias instalaciones en lugar de hacerlo para cada una de ellas. Adem醩, se establece un plazo de un mes para su resoluci髇 de la autorizaci髇 de explotaci髇.

Esta medida supone una mejora en la tramitaci髇 de estas autorizaciones, que repercuta en disminuci髇 de trabas y en tiempos m醩 醙iles. Adem醩, esto supone una reducci髇 de costes administrativos indirectos a los promotores. Resulta de extraordinaria y urgente necesidad su inclusi髇 dado el n鷐ero de proyectos que se est醤 tramitando actualmente a nivel auton髆ico.

Por 鷏timo, se incluye una medida dirigida a la dinamizaci髇 de la actividad econ髆ica, con la modificaci髇 de la Orden de 24 de octubre de 2005, por la que se regula el procedimiento electr髇ico para la puesta en servicio de determinadas instalaciones de baja tensi髇 eliminando para los instaladores la obligaci髇 de presentar presencialmente determinada documentaci髇 en el alta inicial en el sistema, habilitando su presentaci髇 telem醫ica, reduciendo la informaci髇 a presentar. Esta medida viene a agilizar la tramitaci髇 de las instalaciones de baja tensi髇, favoreciendo la actividad del sector el閏trico y las relaciones de las empresas con la administraci髇 p鷅lica.

XXII

En materia de funci髇 p鷅lica, de acuerdo con lo establecido en su disposici髇 final quinta, la Ley de la Funci髇 P鷅lica de Andaluc韆 est� en vigor desde el 14 de diciembre de 2023, a excepci髇 de los t韙ulos y disposiciones que en la misma se enumeran y que tuvieron una entrada en vigor inmediata. Se han detectado determinadas cuestiones reguladas en la ley que precisan, por tanto, de una modificaci髇 urgente para ajustarlas al marco normativo vigente, as� como para garantizar la coherencia interna en la regulaci髇 de la propia ley.

En relaci髇 con la urgencia y necesidad de incluir ahora en un Decreto-ley la modificaci髇 de determinadas titulaciones reguladas en la disposici髇 adicional quinta de la Ley de la Funci髇 P鷅lica de Andaluc韆, hay que poner de manifiesto que, ciertamente, el Decreto-ley 10/2023, de 13 de diciembre, ha a馻dido un nuevo apartado 3 a la disposici髇 final quinta de dicha ley, de forma que �3. Las previsiones de esta ley relativas a los cuerpos y especialidades en los que se agrupa el personal funcionario de la Administraci髇 General de la Junta de Andaluc韆 reguladas en la disposici髇 adicional quinta no producir醤 efectos para todos los cuerpos, especialidades y opciones de la Administraci髇 General de la Junta de Andaluc韆 existentes con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley prevista en el apartado 2 hasta la finalizaci髇 del plazo otorgado por la disposici髇 transitoria quinta del Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, para la adaptaci髇 de la adscripci髇 de los t韙ulos universitarios oficiales a los 醡bitos de conocimiento prevista en dicha norma, si閚doles de aplicaci髇 la agrupaci髇 y requisitos de titulaci髇 vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley�.

Tambi閚 hay que tener en cuenta que esta previsi髇 es, por su propia naturaleza, de car醕ter temporal, solo para conjugar la entrada en vigor de la ley con la regulaci髇 estatal sobre titulaciones acad閙icas y 醡bitos de conocimiento. Por eso resulta necesario modificar las cuestiones relativas a las titulaciones, el texto legal debe contener la regulaci髇 que es ajustada al marco normativo vigente. Por otra parte, hay que tener en cuenta que, si bien el plazo otorgado por el citado Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, es de cuatro a駉s a contar desde su entrada en vigor, plazo que en este momento puede considerarse amplio, no puede dejar de tomarse en consideraci髇 que dicho plazo est� incluido en una norma estatal, que puede ser modificada sin intervenci髇 alguna de nuestra Comunidad Aut髇oma, avocando a una situaci髇 de incertidumbre que se evita con la inclusi髇 de las modificaciones correspondientes en este Decreto-ley.

Y tambi閚 es urgente por razones de seguridad jur韉ica para las personas aspirantes al empleo p鷅lico, con el fin de que conozcan sin equivocaci髇 cu醠es son los requisitos de acceso a los cuerpos y especialidades. La seguridad jur韉ica no se garantiza de forma adecuada con amparo en una aplicaci髇 diferida, sino con una certeza respecto de cu醠es son los requisitos que se van a exigir. Adem醩, con la regulaci髇 contenida en este decreto-ley se garantiza la coherencia interna de la Ley de la Funci髇 P鷅lica de Andaluc韆, para eludir cualquier error o confusi髇 en su interpretaci髇, m醩 all� de que la aplicaci髇 de determinados preceptos de la misma se vaya a retrasar en el tiempo.

Se aborda tambi閚 en este T韙ulo la modificaci髇 del Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, y la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆.

El avance de la tecnolog韆 y el desarrollo continuo y constante de la administraci髇 electr髇ica hace necesario una actualizaci髇 de las funciones que debe asumir la Comisi髇 Interdepartamental de Coordinaci髇 y Racionalizaci髇 Administrativa (CICRA), a cuyo efecto se reforma sensiblemente el art韈ulo 5 del decreto.

Dentro de la modificaci髇 operada en el art韈ulo 5 se ha procedido tambi閚 a incluir a otros miembros dentro de la Comisi髇 Interdepartamental por considerase su concurso necesario e imprescindible en atenci髇 a las funciones que tiene encomendada esta Comisi髇, a la vez que se ajusta a la nueva estructura de la Administraci髇 auton髆ica.

Se modifica tambi閚 el art韈ulo 6, relativo a los criterios para la simplificaci髇 de procedimientos, agilizaci髇 de tr醡ites y reducci髇 de cargas, a fin de darle un contenido ajustado a lo regulado en el Decreto-ley de simplificaci髇.

A las modificaciones ya vistas hay que incluir la de determinados art韈ulos del citado Decreto en orden a adecuarlo a la nueva realidad recogida en este Decreto-ley.

En otro orden de cosas, y dentro del marco establecido por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, para las oficinas de registro y su transformaci髇 en oficinas de asistencia en materia de registros, as� como la puesta en servicio de las nuevas funciones de asistencia al ciudadano en el uso de medios electr髇icos en su relaci髇 con la administraci髇 ha requerido un importante esfuerzo de adaptaci髇 en la Junta de Andaluc韆, tanto por parte de los organismos y entidades responsables de estas oficinas, como de los propios empleados p鷅licos, que realizan la atenci髇 al p鷅lico y la asistencia en el uso de medios electr髇icos en ellas.

En el transcurso de los 鷏timos a駉s, se ha observado la desigual capacidad de adaptaci髇 de estas oficinas, as� como de la dotaci髇 y medios de cada una de ellas.

Tomando en consideraci髇 el derecho de la ciudadan韆 a optar por la relaci髇 presencial con la Administraci髇 y a obtener la asistencia en el uso de medios electr髇icos o para la identificaci髇 y firma, cuando carezca de los medios para relacionarse electr髇icamente con la Administraci髇, el modelo actual de Oficinas de asistencia en materia de registros, basado en lo dispuesto en el art韈ulo 82 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, se ha revelado como no lo suficientemente eficaz y operativo, provoc醤dose en determinadas situaciones desigualdades de acceso y disponibilidad de servicios entre la ciudadan韆, no solo entre provincias, sino incluso entre oficinas del mismo 醡bito competencial.

Como consecuencia de lo anterior, se hace necesario llevar a cabo una modificaci髇 de la regulaci髇 que, del Registro Electr髇ico 趎ico, se hace en la Ley 9/2007, de 22 de octubre, as� como del r間imen de las propias oficinas de asistencia en materia de registro.

Por todo lo anterior se hace urgente y necesario cambiar el modelo actual de oficinas de asistencia en materia de registros asociadas a una determinada Consejer韆 o de las entidades de derecho p鷅lico del Sector P鷅lico Instrumental, en unidades de servicios comunes de car醕ter permanente, constituidas en red y bajo la coordinaci髇 del 髍gano de la Administraci髇 con competencias en la atenci髇 a la ciudadan韆, as� como en el seguimiento y evaluaci髇 de la calidad, eficiencia y desempe駉 de los servicios p鷅licos.

La implantaci髇 de este modelo tendr韆 como resultado inmediato el ofrecimiento al completo de la cartera de servicios de las oficinas de asistencia en materia de registros de manera homog閚ea, garantizando el acceso a los servicios en condiciones de igualdad de oportunidades en todas las provincias, as� como la adecuaci髇 constante y flexible de la oferta a las necesidades puntuales de la ciudadan韆.

Por otra parte, dentro del sector servicios de la econom韆 destaca el segmento de los servicios profesionales por su particular importancia en el sector productivo, su especial intensidad en el empleo cualificado y su impacto en los servicios de calidad de las empresas.

Como ya se ha expuesto, en el actual contexto de inestabilidad y ralentizaci髇 econ髆ica, propiciada por la elevada inflaci髇 y por la subida de tipos del Banco Central Europeo, que augura un deterioro econ髆ico importante en los trimestres que vienen con repercusi髇 en los niveles de empleo, se hace necesaria una intervenci髇 urgente tanto en t閞minos de simplificaci髇 y agilizaci髇 administrativa de los procedimientos como de reducci髇 de trabas administrativas, que reduzca la carga econ髆ica y burocr醫ica a los colegios profesionales, que cumplen la importante misi髇 de velar por la calidad de los servicios profesionales, al exigir el cumplimiento de una serie de normas deontol骻icas, 閠icas y morales, pero que, a la misma vez, pueden ser un elemento motor de una sociedad mejor y generan crecimiento en t閞minos de productividad, competencia y asignaci髇 eficiente de recursos.

La urgencia de esta modificaci髇 viene determinada por la importancia de las profesiones colegiadas en la econom韆, que se manifiesta en aspectos como una elevada contribuci髇 cuantitativa a la producci髇, un fuerte dinamismo en la generaci髇 de empleo, una dinamizaci髇 y reactivaci髇 de la econom韆 y una aportaci髇 fundamental de capital humano; caracter韘ticas favorables para mejorar el mercado de trabajo y la naturaleza de los servicios prestados.

En este sentido, se considera conveniente modificar determinados aspectos de la regulaci髇 de los colegios profesionales prevista en la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andaluc韆, y en el Reglamento de Colegios Profesionales de Andaluc韆, aprobado por el Decreto 216/2006, de 12 de diciembre, con la finalidad de eliminar trabas, facilitar y simplificar el procedimiento de creaci髇 de estas corporaciones profesionales.

Por una parte, se posibilita las iniciativas de creaci髇 de colegios profesionales para aquellas profesiones en las que, sin contar con una titulaci髇 universitaria oficial, se exija una habilitaci髇 administrativa para su ejercicio. En la actualidad, los profesionales de determinadas actividades se encuentran en algunas situaciones imposibilitados para promover la creaci髇 de un colegio profesional, con el evidente perjuicio que supone para la profesi髇 en general y para toda la sociedad, as� como la indefensi髇 que conlleva para los profesionales andaluces que no pueden contar con un colegio que defienda sus leg韙imos intereses profesionales. Esto puede provocar que acudan a otras comunidades aut髇omas donde s� existen esas corporaciones y, por tanto, sean en 閟tas en las que desarrollen sus actividades profesionales. Por este motivo se modifica el apartado tercero del art韈ulo 10 de la Ley 10/2003, de 6 de noviembre.

Por otra parte, tambi閚 respecto a los supuestos de creaci髇 de nuevos colegios profesionales, se introduce una modificaci髇 del art韈ulo 14 de la referida ley cuando esta creaci髇 pueda tener lugar por segregaci髇 de otros colegios ya existentes. Con la medida propuesta, se va a posibilitar las iniciativas de creaci髇 de nuevos colegios profesionales por segregaci髇 de otros ya existentes cuando se trate de profesiones o de titulaciones que, si bien eran secciones o especialidades de otras m醩 antiguas o de car醕ter m醩 general, gozan ahora de autonom韆 propia y est醤 reconocidas como tales. La creaci髇 de un colegio propio redundar� en beneficio de las respectivas profesiones, ordenando su ejercicio, aprobando normas deontol骻icas de la profesi髇 dentro de la legalidad vigente y, en definitiva, garantizando su representaci髇 y defensa desde la perspectiva del inter閟 p鷅lico.

Como consecuencia de esta modificaci髇 de la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, procede acometer la modificaci髇 del Reglamento de Colegios Profesionales de Andaluc韆, que establece los requisitos para la iniciaci髇 del procedimiento de creaci髇 de los colegios profesionales.

Asimismo, se ha considerado oportuno reducir los tr醡ites exigidos en el procedimiento de modificaci髇 de los estatutos de las corporaciones cuando se trate tan s髄o de la variaci髇 del domicilio o sede del colegio profesional o del consejo andaluz de colegios profesionales.

En la actualidad existen dos registros para este tipo de corporaciones, el Registro de Colegios Profesionales de Andaluc韆, creado por la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, y el Registro de Consejos Andaluces de Colegios, creado por la Ley 6/1995, de 29 de diciembre, de Consejos Andaluces de Colegios Profesionales. A la vista de esta duplicidad de normas para estas instituciones de similar naturaleza, y en un ejercicio de simplificaci髇 administrativa, avanzando en la reducci髇 de cargas administrativas y burocr醫icas, en la disminuci髇 de los plazos, en la agilizaci髇 de los tr醡ites, en la mejora de las comunicaciones y en la optimizaci髇 de los recursos, se considera oportuno integrar la regulaci髇 de ambos registros en uno 鷑ico, que pasar� a denominarse Registro de Colegios Profesionales de Andaluc韆 y de Consejos Andaluces de Colegios Profesionales. De este modo, se introduce una nueva regulaci髇 del Registro, ya que muchos de los preceptos han quedado obsoletos o bien son inaplicables conforme a su actual configuraci髇 en soporte electr髇ico. En este sentido, se reduce el n鷐ero de art韈ulos y se simplifica el propio procedimiento de inscripci髇 registral.

Finalmente, es necesario resaltar que las modificaciones introducidas por el Decreto-ley en el Reglamento de Colegios Profesionales de Andaluc韆 y en el Reglamento de Consejos Andaluces de Colegios Profesionales, se hacen precisas por razones de seguridad jur韉ica en la medida en que son consecuencia directa de su adaptaci髇 a los cambios en la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, y en la Ley 6/1995, de 29 de diciembre.

Por otra parte, se hace necesario, una intervenci髇 urgente que reduzca la carga econ髆ica y burocr醫ica para contribuir a que las fundaciones, como operadores econ髆icos y entidades que persiguen fines de inter閟 general, se encuentren en mejores condiciones para sobrellevar este periodo de desaceleraci髇 econ髆ica.

Las medidas de simplificaci髇 propuestas para el sector de las fundaciones en Andaluc韆 van a suponer una reducci髇 de las cargas administrativas lo que va a redundar en menores costes y menor tiempo de tramitaci髇 de los expedientes. Sirva como ejemplo de reducci髇 en costes y tiempo de tramitaci髇, la inclusi髇 de la firma electr髇ica como forma de acreditaci髇 formal de la aceptaci髇 de la condici髇 de patrono, lo que evita tener que acudir ante notario para legitimar la firma manuscrita o la elevaci髇 a documento p鷅lico notarial de dicha aceptaci髇; la fijaci髇 de un l韒ite inferior que exima de la obligaci髇 de comunicaci髇 de los actos de disposici髇 de bienes y derechos o la eliminaci髇 de la obligaci髇 de incluir la liquidaci髇 del presupuesto de ingresos y gastos del a駉 anterior en el procedimiento de dep髎ito de cuentas anuales.

Por otra parte, como medida que redunda directamente en la ciudadan韆, concretamente en el colectivo de v韈timas del terrorismo, se modifica la Orden de 31 de octubre de 2013, por la que se desarrollan las competencias de la Consejer韆 de Justicia e Interior establecidas en la Ley 10/2010, de 15 de noviembre, relativa a medidas para la asistencia y atenci髇 a las v韈timas del terrorismo de la Comunidad Aut髇oma de Andaluc韆 respecto a las indemnizaciones por da駉s f韘icos o ps韖uicos y por situaci髇 de dependencia. El procedimiento para la concesi髇 a las v韈timas del terrorismo de las indemnizaciones por da駉s f韘icos o ps韖uicos y por situaci髇 de dependencia requiere actualmente del dictado de dos resoluciones sucesivas por parte de la persona titular de la Consejer韆 competente en la materia. Con la modificaci髇 propuesta se unifica ambas resoluciones en una sola, recogi閚dose en ella el reconocimiento de la condici髇 de persona beneficiaria y de concesi髇 de la indemnizaci髇.

Por 鷏timo, se ha considerado necesario ordenar las competencias de las Delegaciones del Gobierno en aras de la simplificaci髇 en la gesti髇 administrativa. El Decreto 41/2008, de 12 de febrero, por el que se regula la remisi髇 de actos y acuerdos de las Entidades Locales a la Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆 establece en su art韈ulo 7 que para el ejercicio de la competencia recogida en el art韈ulo 37.1.e) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, la Delegaci髇 Provincial competente por raz髇 de la materia solicitar� de la persona titular de la Delegaci髇 del Gobierno la formulaci髇 del oportuno requerimiento de anulaci髇 a la Entidad Local andaluza.

La intervenci髇 de las personas titulares de las Delegaciones del Gobierno en este procedimiento, en virtud de las normas citadas en el p醨rafo anterior, se justifica porque en la fecha que se aprob� el citado Decreto 41/2008, de 12 de febrero, las Delegaciones del Gobierno depend韆n de la entonces Consejer韆 de Gobernaci髇 y ejerc韆n, entre otras, las competencias en materia de administraci髇 local. Sin embargo, las distintas modificaciones operadas desde 2008 en los sucesivos Decretos de estructura de las Consejer韆s han tra韉o como consecuencia que, en la actualidad, las Delegaciones de Gobierno sean 髍ganos directivos perif閞icos de la Consejer韆 de la Presidencia, Interior, Di醠ogo Social y Simplificaci髇 Administrativa, mientras que las competencias en materia de administraci髇 local, con excepci髇 de los sectores materiales del 醡bito local sobre los que dicha Consejer韆 tiene competencias, residen en la Consejer韆 de Justicia, Administraci髇 Local y Funci髇 P鷅lica.

As� pues, hoy d韆 puede entenderse inadecuado que la persona titular de la Delegaci髇 del Gobierno de la Junta de Andaluc韆 participe en la tramitaci髇 de expedientes en materias sobre las que no ostenta competencias, por lo que se modifica la Ley 9/2007, de 22 de octubre, el Decreto 512/1996, de 10 de diciembre, por el que se crean y regulan las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andaluc韆, y el Decreto 41/2008, de 12 de febrero, para que la formulaci髇 del oportuno requerimiento de anulaci髇 a la Entidad Local andaluza se realice por la Delegaci髇 del Gobierno o por Delegaci髇 Territorial o Provincial competentes por raz髇 de la materia sobre la que verse el acto o acuerdo.

XXIII

En cuanto a la estructura, el Decreto-ley consta de doscientos setenta y siete art韈ulos, distribuidos en catorce t韙ulos, treinta disposiciones adicionales, treinta y siete disposiciones transitorias, una disposici髇 derogatoria y once disposiciones finales.

Mediante el mismo se incorporan m醩 de cuatrocientas medidas de simplificaci髇 administrativa y medidas de mejora de la regulaci髇 en materia de comunicaci髇 audiovisual, interior, Comunidades Andaluzas, proyectos de inter閟 estrat間ico, hacienda, contratos y registros, desarrollo educativo, comercio, salud, agricultura y desarrollo rural, universidades y academias, cultura y turismo, formato, articulaci髇 del territorio y vivienda, inclusi髇 social, familias numerosas y dependencia, medio ambiente, industria energ韆 y minas, justicia juvenil, colegios profesionales, fundaciones, v韈timas del terrorismo, entidades locales y administraci髇 p鷅lica as� como un amplio plan de introducci髇 de medidas transversales para la mejora del funcionamiento interno de la Junta de Andaluc韆. Todas ellas necesarias e imprescindibles para una mejora de las relaciones con la ciudadan韆 y para favorecer la reactivaci髇 econ髆ica en Andaluc韆.

Finalmente, el Decreto-ley atiende al cumplimiento y respeto de los principios de buena regulaci髇, exigibles en todo texto normativo, y que se contemplan en el art韈ulo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com鷑 de las Administraciones P鷅licas.

Por todo ello, en ejercicio de la facultad conferida por el art韈ulo 110 del Estatuto de Autonom韆 para Andaluc韆, a propuesta del Consejero de la Presidencia, Interior, Di醠ogo Social y Simplificaci髇 Administrativa de conformidad con lo previsto en el art韈ulo 27.3 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, previa deliberaci髇 del Consejo de Gobierno, en su reuni髇 celebrada el d韆 6 de febrero de 2024,

DISPONGO

T蚑ULO I

CAP蚑ULO I
Disposiciones generales

CAP蚑ULO II
Memoria de An醠isis de Impacto Normativo y medidas de impulso de la Administraci髇 digital

Art韈ulo 7 Modificaci髇 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y financieras

Se modifica el art韈ulo 35 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y financieras, que queda redactado como sigue:

獳rt韈ulo 35 Actuaciones con incidencia econ髆ico-financiera y presupuestaria

1. Los anteproyectos de ley, proyectos de decretos legislativos y disposiciones reglamentarias, las propuestas de planes con contenido econ髆ico-financiero, de contratos y de convenios y cualquier otra actuaci髇 de la Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆 y de sus agencias y consorcios adscritos que afecte o pudiera afectar a los ingresos y gastos p鷅licos, deber醤 valorar sus repercusiones y efectos sobre los ejercicios presupuestarios a los que se extienda su vigencia, y atenerse a las disponibilidades presupuestarias.

2. La Consejer韆 competente en materia de Hacienda, a trav閟 de la Direcci髇 General de Presupuestos, informar� preceptivamente sobre la incidencia econ髆ico-financiera y presupuestaria de los proyectos o propuestas de actuaciones, en el plazo de diez d韆s h醔iles, en los siguientes supuestos:

• a) Los anteproyectos de Ley y proyectos de Decretos Legislativos.
• b) Los proyectos de disposiciones reglamentarias competencia del Consejo de Gobierno.
• c) Los proyectos de disposiciones reglamentarias competencia de las personas titulares de las Consejer韆s. Se except鷄n las bases reguladoras de subvenciones financiadas con Fondos Europeos que sean informadas por la Direcci髇 General de Fondos Europeos, conforme a la normativa de aplicaci髇 correspondiente, siempre que su financiaci髇 se realice exclusivamente con cargo a dicha fuente de financiaci髇.
• d) Las propuestas de planes o estrategias con contenido econ髆ico-financiero. En particular, no tendr醤 esta consideraci髇 los acuerdos del Consejo de Gobierno mediante los que se insta o aprueba la formulaci髇 de planes o estrategias; as� como los textos ya formulados en aquellos casos en los que estos contengan un ep韌rafe espec韋ico en el que se haga constar expresamente que no presentan incidencia econ髆ica-financiera y presupuestaria.
• e) La propuesta de resoluci髇 de las convocatorias para acogerse al r間imen de conciertos educativos y la renovaci髇 de estos; los proyectos de conciertos sociales y convenios o conciertos sanitarios y la modificaci髇 de los mismos; y la propuesta de contratos de concesi髇 de servicios en los 醡bitos sanitarios y sociales que no sean informados por la Oficina Andaluza de Evaluaci髇 Financiera. En estos supuestos se emitir� un informe unificado de car醕ter anual, siempre que la incidencia econ髆ica-financiera y presupuestaria de cada una de ellas sea cuantificable individualmente.
  Si en el transcurso del a駉, una vez emitido el informe unificado, se solicita informe para un concierto o contrato de concesi髇 de servicios, se informar� este en coherencia con el informe unificado emitido y dentro de las disponibilidades presupuestarias existentes.
• f) Los dem醩 proyectos o propuestas de acuerdos, de convenios y de cualquier compromiso que adquieran la Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆 y sus agencias y consorcios adscritos que tengan o pudieran tener incidencia econ髆ico-financiera sobre futuros ejercicios presupuestarios, siempre que no consten en el expediente administrativo documentos contables de imputaci髇 a cr閐itos presupuestarios por las autorizaciones o compromisos de gastos del ejercicio corriente o futuros. En especial se excluyen, dada la existencia de documentos contables para las autorizaciones o compromisos de gastos, todos aquellos derivados de convenios; contratos p鷅licos o privados; encargos de ejecuci髇 a medios propios; gastos derivados de la aplicaci髇 de los mecanismos de financiaci髇 de las entidades del sector p鷅lico andaluz con cargo a aportaciones del Presupuesto de la Comunidad Aut髇oma; subvenciones excepcionales; y las convocatorias de subvenciones y ayudas p鷅licas, salvo las tramitadas con cargo al Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA).

3. El 髍gano administrativo correspondiente valorar� el impacto econ髆ico-financiero y presupuestario en la Memoria de An醠isis de Impacto Normativo, en el caso de anteproyectos de ley y proyectos de decretos legislativos y de disposiciones reglamentarias, o en una memoria econ髆ica cuando se trate de propuestas de planes o estrategias con contenido econ髆ico-financiero y para cualquier otra actuaci髇 que requiera informe de acuerdo con los p醨rafos e) y f) anteriores. Dichas memorias pondr醤 de manifiesto al menos, una estimaci髇 de su incidencia sobre los ingresos y gastos p鷅licos, valorando sus repercusiones y efectos sobre los ejercicios presupuestarios a los que se extienda su vigencia, con referencia a las disponibilidades presupuestarias.

Las memorias ser醤 elaboradas conforme a la Gu韆 Metodol骻ica para la elaboraci髇 de la Memoria de An醠isis de Impacto Normativo y remitidas por el 髍gano administrativo designado por cada Consejer韆, agencia o consorcio adscrito a la Direcci髇 General de Presupuestos.

4. Analizada por la Direcci髇 General de Presupuestos la memoria, si de ella se desprende que el proyecto o propuesta no tiene incidencia econ髆ica o que teni閚dola est� dentro de las disponibilidades presupuestarias existentes tanto en el ejercicio corriente como en ejercicios futuros, se emitir� informe simplificado en el plazo de cinco d韆s h醔iles, que se limitar� a constatar la ausencia de incidencia econ髆ica o la existencia de disponibilidad presupuestaria.

5. En todo caso, el plazo de emisi髇 del informe quedar� interrumpido cuando por la Direcci髇 General de Presupuestos se solicite subsanaci髇 de deficiencias, ampliaci髇 de la informaci髇 o aportaci髇 de documentos necesarios para emitir el mismo. De no atenderse a la subsanaci髇 o ampliaci髇 en el plazo de tres meses, se entender� que el 髍gano proponente desiste de la petici髇 de dicho informe.

6. Se habilita con car醕ter excepcional a la Consejer韆 competente en materia de Hacienda, a trav閟 de Resoluci髇 dictada por la Direcci髇 General de Presupuestos, a excluir de informe por su escaso impacto econ髆ico o cualquier otra circunstancia debidamente motivada, actuaciones contempladas en el apartado 2. Asimismo, se autoriza a la Direcci髇 General de Presupuestos a dictar instrucciones en ejecuci髇 de lo previsto en la presente norma.�

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Art韈ulo 9 Modificaci髇 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas

Se modifica el art韈ulo 139 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas, que queda redactado como sigue:

獳rt韈ulo 139 Informe de evaluaci髇 de impacto de g閚ero y de evaluaci髇 de enfoque de los derechos de la infancia, la adolescencia y la familia

Todos los proyectos de ley y dem醩 disposiciones de car醕ter reglamentario que apruebe el Consejo de Gobierno y las dem醩 disposiciones generales dictadas en desarrollo de las anteriores deber醤 tener en cuenta, de forma efectiva, el objetivo de la igualdad por raz髇 de g閚ero y del respeto a los derechos de las ni馻s, ni駉s y adolescentes, seg鷑 la Convenci髇 de los Derechos del Ni駉 de Naciones Unidas, de 20 de noviembre de 1989, y su concreci髇 en el resto de la normativa internacional, as� como en la estatal y la auton髆ica que son aplicables en materia de menores. A tal fin, en la Memoria de An醠isis de Impacto Normativo se incluir� el informe de evaluaci髇 del impacto por raz髇 de g閚ero y de evaluaci髇 de enfoque de los derechos de la infancia, la adolescencia y la familia sobre el contenido de estas.�

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Art韈ulo 11 Modificaci髇 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia P鷅lica de Andaluc韆

Se modifica el apartado 1 d) del art韈ulo 13 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia P鷅lica de Andaluc韆, que queda redactado como sigue:

• 玠) La Memoria de An醠isis de Impacto Normativo, as� como cualquier otro informe que conforme los expedientes de elaboraci髇 de los textos normativos con ocasi髇 de la publicidad de estos.�

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Art韈ulo 14 Modificaci髇 del Decreto 128/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia Digital de Andaluc韆

Se a馻de un apartado 6 a la disposici髇 adicional cuarta del Decreto 128/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia Digital de Andaluc韆, que queda redactado como sigue:

�6. En su condici髇 de encargado del tratamiento de datos personales, la Agencia Digital de Andaluc韆 est� autorizada, de manera general, a realizar las actividades de tratamiento necesarias para el desempe駉 de sus funciones y competencias, conforme al p醨rafo f) del art韈ulo 6.3 de sus Estatutos, aprobados por el presente Decreto 128/2021, de 30 de marzo, y contribuir a garantizar que el responsable del tratamiento de datos cumpla con los principios establecidos en el art韈ulo 5.1 del Reglamento General de Protecci髇 de Datos, para lo cual la Agencia colaborar� con el responsable del tratamiento de datos en la realizaci髇 del an醠isis de riesgos y, en su caso, de la evaluaci髇 de impacto relativa a la protecci髇 de datos.�

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CAP蚑ULO III
Gobernanza P鷅lica por Proyectos

Secci髇 1
Disposiciones generales de la Gobernanza P鷅lica por Proyectos

Secci髇 2
Tramitaciones conjuntas de proyectos

Secci髇 3
Medidas de impulso para la gesti髇 coordinada de procedimientos

CAP蚑ULO IV
Medidas de Impulso de la Gesti髇 Administrativa y de Simplificaci髇 de Procedimientos

Art韈ulo 21 Revisi髇 de efectos del silencio administrativo

1. Como regla general, en todos los procedimientos de competencia de la Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆 y de sus entidades instrumentales iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio de la obligaci髇 de dictar resoluci髇 expresa, el vencimiento del plazo m醲imo sin haberse notificado esta, legitima al interesado o interesados para entenderla estimada por silencio administrativo.

2. Se except鷄n de lo establecido en el apartado 1 de este art韈ulo, los procedimientos recogidos en la Ley 9/2001, de 12 de julio, por la que se establece el sentido del silencio administrativo y los plazos de determinados procedimientos como garant韆s procedimentales para los ciudadanos.

3. Asimismo, se except鷄n de la regla general los siguientes procedimientos:

• a) Aquellos en los que una norma con rango de ley, cuando sea de directa aplicaci髇 o b醩ica, o una norma de derecho de la Uni髇 Europea o de derecho internacional aplicable en Espa馻 establezcan lo contrario. Cuando el procedimiento tenga por objeto el acceso a actividades o su ejercicio, la ley que disponga el car醕ter desestimatorio del silencio deber� fundarse en la concurrencia de razones de inter閟 general.
• b) Los relativos al ejercicio del derecho de petici髇 a que se refiere el art韈ulo 29 de la Constituci髇.
• c) Aquellos cuya estimaci髇 tuviera como consecuencia que se transfirieran, al solicitante o a terceros, facultades relativas al dominio p鷅lico o al servicio p鷅lico.
• d) Los que impliquen el ejercicio de actividades que puedan da馻r el medio ambiente o el patrimonio hist髍ico y cultural.
• e) Los de responsabilidad patrimonial de la Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆.
• f) Los de impugnaci髇 de actos y disposiciones. No obstante, cuando se haya interpuesto recurso de alzada contra la desestimaci髇 por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se entender� estimado el mismo si, llegado el plazo de resoluci髇, el 髍gano administrativo competente no dictase y notificase resoluci髇 expresa, siempre que no se refiera a las materias enumeradas en las letras b) a e) anteriores.
• g) Los de revisi髇 de oficio iniciados a solicitud de los interesados.
• h) Los procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constituci髇 de derechos u otras situaciones jur韉icas individualizadas del obligado al pago de ingresos no tributarios.
• i) Los procedimientos en materia de personal de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constituci髇 de derechos u otras situaciones jur韉icas individualizadas.

4. Excepcionalmente, podr� tambi閚 establecerse el sentido desestimatorio del silencio mediante norma con rango de ley por razones de inter閟 general. La memoria del an醠isis de impacto normativo de la norma con rango de ley deber� concretar expresamente las razones de inter閟 general que justifiquen el sentido desestimatorio del silencio, en los supuestos en los que el procedimiento tenga por objeto el acceso a actividades o su ejercicio, especificando los da駉s para los intereses generales ponder醤dolos con los leg韙imos intereses de sus destinatarios.

LE0000921098_20240525N鷐ero 4 del art韈ulo 21 redactado por el apartado dos del art韈ulo 5 del D.-ley 5/2024, de 21 de mayo, por el que se da cumplimiento a los Acuerdos de 30 de diciembre de 2022 y de 13 de febrero de 2024, de la Subcomisi髇 de Seguimiento Normativo, Prevenci髇 y Soluci髇 de Controversias de la Comisi髇 Bilateral de Cooperaci髇 Administraci髇 General del Estado-Comunidad Aut髇oma, y se modifican otras disposiciones normativas (獴.O.J.A.� 24 mayo).Vigencia: 25 mayo 2024

5. En los procedimientos de competencia de la Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆 y de sus entidades instrumentales iniciados de oficio, el sentido del silencio se regir� por lo establecido en la normativa b醩ica estatal y en la normativa sectorial aplicable.

6. Cada Consejer韆 deber� revisar el sentido del silencio, siempre que resulte procedente, cada vez que modifique una norma de su competencia. Para el resto de normativa en vigor se establecer醤 los plazos de revisi髇 en el Plan de Calidad y Simplificaci髇 Administrativa.

Art韈ulo 23 Transcurso y suspensi髇 del plazo para la emisi髇 de informes y dict醡enes en los procedimientos administrativos

1. El plazo de emisi髇 de informes y dict醡enes sectoriales cuya emisi髇 corresponda a la Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆 y a sus entidades instrumentales ser� de diez d韆s, excepto que la normativa de la Uni髇 Europea, estatal o auton髆ica establezcan otro plazo. En todos los procedimientos de competencia de la Junta de Andaluc韆 y de sus entidades instrumentales, podr� establecerse un plazo superior mediante norma por razones suficientemente motivadas. La memoria del an醠isis de impacto normativo de la norma deber� concretar expresamente las razones de inter閟 general que justifiquen el plazo que establezca, especificando los da駉s para los intereses generales ponder醤dolos con los leg韙imos intereses de sus destinatarios, conforme a lo previsto en el art韈ulo 7bis.1.b).4� del Decreto 622/2019, de 27 de diciembre.

LE0000921098_20240525N鷐ero 1 del art韈ulo 23 redactado por爀l apartado爐res del art韈ulo 5 del D.-ley 5/2024, de 21 de mayo, por el que se da cumplimiento a los Acuerdos de 30 de diciembre de 2022 y de 13 de febrero de 2024, de la Subcomisi髇 de Seguimiento Normativo, Prevenci髇 y Soluci髇 de Controversias de la Comisi髇 Bilateral de Cooperaci髇 Administraci髇 General del Estado-Comunidad Aut髇oma, y se modifican otras disposiciones normativas (獴.O.J.A.� 24 mayo).Vigencia: 25 mayo 2024

2. Lo se馻lado en el apartado anterior no se aplicar� a los informes econ髆icos financieros, ni a los informes o dict醡enes que deban emitir la Intervenci髇 General de la Junta de Andaluc韆, el Gabinete Jur韉ico de la Junta de Andaluc韆, el Consejo Consultivo de Andaluc韆 y el Consejo Econ髆ico y Social de Andaluc韆, que se regir醤 por su normativa espec韋ica.

3. Transcurrido el plazo m醲imo fijado para la emisi髇 de los informes y dict醡enes preceptivos necesarios para la resoluci髇 de un procedimiento administrativo sin pronunciamiento expreso y motivado del 髍gano competente para su evacuaci髇, se podr醤 proseguir las actuaciones del procedimiento, sin que pueda dictarse resoluci髇 sin la previa emisi髇 de los informes preceptivos. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto por la normativa b醩ica respecto a la suspensi髇 del plazo m醲imo para resolver.

4. La suspensi髇 del plazo m醲imo para la tramitaci髇 de un procedimiento administrativo por la necesidad de someterlo a informes preceptivos internos se acordar� por resoluci髇 expresa del 髍gano llamado a resolver el expediente concreto.

CAP蚑ULO V
Racionalizaci髇 del r間imen general de intervenci髇 administrativa

Secci髇 1
Principios generales

Secci髇 2
Declaraciones responsables y comunicaciones

Secci髇 3
Autorizaciones, licencias y registros

Secci髇 4
Eficacia extraterritorial

Secci髇 5
Actuaciones de comprobaci髇 o verificaci髇

Secci髇 6
Entidades colaboradoras de certificaci髇

Secci髇 7
Entidades habilitadas

CAP蚑ULO VI
R間imen sancionador

T蚑ULO II

CAP蚑ULO I
Medidas en materia de comunicaci髇 audiovisual

CAP蚑ULO II
Medidas en materia de interior

Art韈ulo 62 Modificaci髇 del Decreto 75/2021, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Organizaci髇 y Funcionamiento del Consejo Andaluz del Fuego

Se introduce un nuevo art韈ulo 9 en el Decreto 75/2021, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Organizaci髇 y Funcionamiento del Consejo Andaluz del Fuego, que queda redactado del siguiente modo:

獳rt韈ulo 9 Adopci髇 de acuerdos mediante procedimiento escrito

1. El Pleno y la Comisi髇 Permanente del Consejo Andaluz del Fuego podr醤 adoptar acuerdos mediante el procedimiento escrito que se regula en este art韈ulo, con la finalidad de agilizar su funcionamiento.

2. La decisi髇 de utilizar este procedimiento ser� adoptada, por delegaci髇 de la Presidencia, por la Secretar韆 del Consejo Andaluz del Fuego, a solicitud del 髍gano solicitante del informe, a la vista de la urgencia del mismo y de las previsiones de convocatoria de sesi髇 presencial.

3. Recibida la solicitud de informe, la Secretar韆 del Consejo Andaluz del Fuego remitir� toda la documentaci髇 recibida a los miembros del Consejo que deban adoptar el acuerdo, junto con un formulario de votaci髇.

4. Los miembros del Consejo dispondr醤 de un plazo de 20 d韆s para emitir su parecer, expresando sus observaciones, si las hubiera, as� como el sentido de su voto, que podr� ser favorable, desfavorable o abstenci髇.

5. El formulario de votaci髇 deber� ser debidamente firmado y remitido a la Secretar韆 del Consejo Andaluz del Fuego dentro del plazo establecido en el punto anterior.

6. Si no se formularan observaciones, el acuerdo se considerar� adoptado por el Consejo, emiti閚dose certificaci髇 del mismo.

7. Si se formulan observaciones, ser醤 remitidas por la Secretar韆 del Consejo Andaluz del Fuego al 髍gano solicitante del informe, al objeto de su consideraci髇, que deber� notificar a la Secretar韆 en el plazo de 15 d韆s. La nueva propuesta, si la hubiere, ser� remitida a los miembros del Consejo para que en el plazo de 15 d韆s emitan su voto. Transcurrido este plazo, el acuerdo se considerar� adoptado por el Consejo, emiti閚dose certificaci髇 del mismo.

8. El 髍gano solicitante del informe podr� solicitar en cualquier momento de este procedimiento escrito el sometimiento de este al procedimiento ordinario.�

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Art韈ulo 63 Modificaci髇 del Decreto 10/2020, de 3 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organizaci髇 y Funcionamiento de la Comisi髇 de Protecci髇 Civil de Andaluc韆

Se introduce un nuevo art韈ulo 11 bis en el Decreto 10/2020, de 3 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organizaci髇 y Funcionamiento de la Comisi髇 de Protecci髇 Civil de Andaluc韆, que queda redactado del siguiente modo:

獳rt韈ulo 11 bis Adopci髇 de acuerdos mediante procedimiento escrito

1. El Pleno y la Comisi髇 Permanente de la Comisi髇 de Protecci髇 Civil de Andaluc韆 podr醤 adoptar acuerdos mediante el procedimiento escrito que se regula en este art韈ulo, con la finalidad de agilizar su funcionamiento.

2. La decisi髇 de utilizar este procedimiento ser� adoptada, por delegaci髇 de la Presidencia, por la Secretar韆 de la Comisi髇 de Protecci髇 Civil de Andaluc韆, a solicitud del 髍gano solicitante del informe u homologaci髇, a la vista de la urgencia del mismo y de las previsiones de convocatoria de sesi髇 presencial.

3. Recibida la solicitud de informe o de homologaci髇, la Secretar韆 de la Comisi髇 de Protecci髇 Civil de Andaluc韆 remitir� toda la documentaci髇 recibida a los miembros de la Comisi髇 que deban adoptar el acuerdo, junto con un formulario de votaci髇.

4. Los miembros de la Comisi髇 dispondr醤 de un plazo de 20 d韆s para emitir su parecer, expresando sus observaciones, si las hubiera, as� como el sentido de su voto, que podr� ser favorable, desfavorable o abstenci髇.

5. El formulario de votaci髇 deber� ser debidamente firmado y remitido a la Secretar韆 de la Comisi髇 de Protecci髇 Civil de Andaluc韆 dentro del plazo establecido en el punto anterior.

6. Si no se formularan observaciones, el acuerdo se considerar� adoptado por el 髍gano correspondiente, emiti閚dose certificaci髇 del mismo.

7. Si se formulan observaciones, ser醤 remitidas por la Secretar韆 de la Comisi髇 de Protecci髇 Civil de Andaluc韆 al 髍gano solicitante del informe o de la homologaci髇, al objeto de su consideraci髇, que deber� notificar a la Secretar韆 en el plazo de 15 d韆s. La nueva propuesta, si la hubiere, ser� remitida a los miembros de la Comisi髇 para que en el plazo de 15 d韆s emitan su voto. Transcurrido este plazo, el acuerdo se considerar� adoptado por el 髍gano correspondiente, emiti閚dose certificaci髇 del mismo.

8. El 髍gano solicitante del informe podr� solicitar en cualquier momento de este procedimiento escrito el sometimiento de este al procedimiento ordinario.�

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CAP蚑ULO III
Procedimiento sancionador en materia de animales de compa耥a

Art韈ulo 65 Modificaci髇 del art韈ulo 2 del Decreto 174/2017, de 24 de octubre, por el que se establece el plazo m醲imo de resoluci髇 y notificaci髇, as� como el porcentaje aplicable a las sanciones pecuniarias de los procedimientos sancionadores en materia de animales de compa耥a, incluidos los potencialmente peligrosos

Se modifica el art韈ulo 2 del Decreto 174/2017, de 24 de octubre, por el que se establece el plazo m醲imo de resoluci髇 y notificaci髇, as� como el porcentaje aplicable a las sanciones pecuniarias de los procedimientos sancionadores en materia de animales de compa耥a, incluidos los potencialmente peligrosos, que queda redactado del siguiente modo:

獷l plazo m醲imo para resolver y notificar la resoluci髇 expresa en los procedimientos sancionadores tramitados en materia de animales de compa耥a, incluidos los considerados potencialmente peligrosos, ser� de doce meses a contar desde la fecha del acuerdo de iniciaci髇 del procedimiento sancionador�.

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CAP蚑ULO IV
Medidas en relaci髇 con las Comunidades Andaluzas

CAP蚑ULO V
Medidas en relaci髇 con los proyectos de inter閟 estrat間ico

CAP蚑ULO VI
Medidas en relaci髇 con el Bolet韓 Oficial de la Junta de Andaluc韆

CAP蚑ULO VII
Medidas en materia de incendios forestales

Art韈ulo 69 Modificaci髇 de la Ley 5/1999, de 29 de junio, de prevenci髇 y lucha contra los incendios forestales

Se modifica el apartado 4 del art韈ulo 51 de la Ley 5/1999, de 29 de junio, de prevenci髇 y lucha contra los incendios forestales, que queda redactado como sigue:

�4. En el caso de que el Plan de Restauraci髇 incluya la reforestaci髇 de los terrenos afectados, 閟ta se llevar� a cabo con arreglo a lo previsto en la legislaci髇 forestal. Con objeto de promover la adopci髇 de este tipo de actuaciones activas de restauraci髇, las actuaciones de reforestaci髇 que se lleven a cabo podr醤 ser reconocidas como proyectos de absorci髇 de emisiones a efectos del art韈ulo 37 de la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio clim醫ico y para la transici髇 hacia un nuevo modelo energ閠ico en Andaluc韆.�

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CAP蚑ULO VIII
Medidas en materia de cooperaci髇

T蚑ULO III
MEDIDAS DE SIMPLIFICACI覰 Y RACIONALIZACI覰 ADMINISTRATIVA EN MATERIA ECON覯ICA-FINANCIERA, DE ATENCI覰 A LA CIUDADAN虯 Y DE ORDENACI覰 EN EL REQUERIMIENTO A ENTIDADES LOCALES EN CASO DE INFRACCI覰